Prensa 27 abril

TEMARIO:

1. EL MILLONARIO PRESUPUESTO EN SALUD MENTAL PARA NIÑOS DEL SENAME QUE EL GOBIERNO IGNORÓ 2. PDI INVESTIGA USO DE NIÑOS PARA INSTALAR EXPLOSIVOS EN LA MINERÍA 3. ATROPELLOS A LOS DERECHOS HUMANOS DE COMUNIDADES MAPUCHE EN LA ARAUCANÍA 4. MACHI FRANCISCA LINCONAO SEGUIRÁ DETENIDA PESE A GRAVE ESTADO DE SALUD 5. PREPARAN MARCHA PRO CONTROL PREVENTIVO EN PLAZA ITALIA 6. ARCHIVOS SECRETOS DE COLONIA DIGNIDAD PERMITIRÁN CONOCER RED DE COLABORADORES EN DICTADURA 7. MUJERES PERIODISTAS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (MÉXICO) 8. INDIGNANTE: TAXISTA HOMOFÓBICO AGREDE E INSULTA A UNA JOVEN EN BELLAVISTA 9. CUBA Y LOS DERECHOS HUMANOS: 21 PRISIONEROS POLÍTICOS LLEVAN 13 AÑOS RECLUIDOS

EL MILLONARIO PRESUPUESTO EN SALUD MENTAL PARA NIÑOS DEL SENAME QUE EL GOBIERNO IGNORÓ EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/26/el-millonario-presupuesto-en-salud-mentalpara-ninos-del-sename-que-el-gobierno-ignoro/

Lo primero que dice Juan Andrés Mosca –psiquiatra infanto juvenil– es que su defensa no es partidista ni tiene que ver con atacar a un gobierno u otro. Actualmente es director de un centro en Til Til para menores infractores de ley, ha sido asesor del Sename y durante el gobierno de Sebastián Piñera ayudó a empujar una serie de proyectos que buscaban dar contención emocional a los pequeños privados de libertad o que necesitaban protección.

Sin embargo –dice Mosca– a pesar de que esos dineros se aprobaron vía Presupuesto, nunca se utilizaron para los fines que fueron destinados: 10 residencias polivalentes de tratamientos de seis meses ligadas a hospitales públicos. Además, una unidad para desintoxicación de menores condenados (UDAC) al interior del Psiquiátrico Dr. Horwitz –que se financió con dineros de la Ley de Alcoholes– y dos unidades de mediana estadía, una en Santiago y otra en Concepción.

En 2008, y en el contexto de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Mosca cuenta que se hizo cargo de la primera unidad de corta estadía en el hospital psiquiátrico, que según él fue un “éxito”.

También le tocó vivir la implementación de unidades similares en otros hospitales públicos que paulatinamente les cerraron la puerta a los menores.

-¿Resultó esa convivencia?

-En 2012 había mucha tensión entre el poder judicial y la red de salud porque los hospitales empezaron a negarse a recibir a los niños. Fue un proceso gradual: en 2008 las unidades se instalan.

Al principio sí los recibían, en 2009 ya no mucho, en 2010 menos. En 2011 ya se estaban negando y los jueces de familia empezaron a dictar órdenes para meter preso al médico o director de hospital que se negara a hospitalizar al niño. Entonces en 2012 la relación estaba muy tensa entre Salud y el Poder Judicial.

-¿Cómo se solucionó?

-En una mesa de trabajo entre el presidente de la Corte Suprema y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se estableció que se iba a hacer una mesa de trabajo intersectorial para poder dar una salida a este tema construyendo nuevas unidades especializadas. Ahí me llamaron del Minsal porque yo era el único experto que trabajaba en esta área en el hospital psiquiátrico. Yo no tenía nada que ver con política ni nada, me llamaron como asesor experto y diseñamos el modelo polivalente. Participamos en mesas de trabajo con Senda, Sename, Minsal, Poder Judicial y Unicef.

Todos estuvieron de acuerdo, transversalmente. Si bien no era una solución profunda, era una respuesta urgente para los niños del Sename. Finalmente esto se aprueba en el Presupuesto 2013.

-¿Qué significa que fueran residencias polivalentes?

-Se refiere a que no solo se trata de una unidad de salud, sino que involucra un trabajo intersectorial en el cual participan otros organismos, con el sentido de brindar un abordaje integral a los problemas que tienen estos niños. No es un problema solo de salud. Se requiere abordar el problema del derecho, del trabajo comunitario, del apoyo social a las familias.

-¿Y hay algunos de esas unidades que servían para tratar no solo adicciones sino problemas psiquiátricos agudos, como habría sido el caso de la niña que murió en un centro del Sename hace unas semanas?

-Claro, perfectamente. El diagnóstico parte de la base de que el Sename tiene a 150 mil niños en programas de protección, otros 33 mil en programas de justicia penal juvenil y de ellos el 70% tiene enfermedades mentales. De ese 70%, el 10% tiene enfermedades psiquiátricas graves por las que requieren ser internados. Estos datos son de un estudio de 2007 sobre prevalencia de enfermedades mentales en los usuarios de la red Sename en la Región Metropolitana de la Fundación de Canalistas del Maipo, del cual yo mismo participé.

-¿Tú crees que esa cifra se mantiene?

-Sí, es un 70%. Y los estudios que se han hecho en privados de libertad o en población infractora del Sename dicen lo mismo. Y es equivalente también a los estudios internacionales. No es distinto en población de alta vulnerabilidad social. El 70% tiene enfermedades mentales. El 10% es tan grave que requiere internación. Si tú extrapolas los números, que son 150 mil niños en protección y 33 mil de responsabilidad penal juvenil, y calculas que de ellos el 10% requiere internación hospitalaria, terminas con que son miles de niños.

-El Presupuesto que se aprobó para la ejecución de los 10 centros de corta estadía estaban contemplados en el presupuesto nacional, ¿vía qué sector se transferían los recursos?

-Salud. Ese ministerio pidió $1.400 millones en PPI (Programa de Prestaciones Institucionales) para poder hacer diez residencias de salud mental polivalentes, y además tratamiento de alcohol y drogas para fortalecer el área forense. Esto en el Presupuesto 2013.

Se suponía que Sename también iba a pedir por su parte la plata para poder financiar esas mismas residencias. Pero el Sename tiene muy poca plata para eso. Son $5 millones por 20 plazas mensuales.

UDAC femenino del Hospital Psiquiátrico Horwitz -¿Y el Sename solicitó esos recursos?

-Sí, de hecho los tienen disponibles hace muchos años, pero no tienen oferentes porque con $5 millones no te alcanza para hacer una unidad de ese tipo.

-¿Esto era a nivel nacional?

-A nivel nacional. La idea era implementar diez centros y se distribuyeron los recursos para partir en Arica, acuérdate de que con la comisión Jeldres (el informe que lideró la jueza Mónica Jeldres) apareció en Arica un tema súper grave en un hogar de niñas por abuso sexual, entonces se definió que era prioridad partir ahí. Otro en el Cread Pudahuel, otro en el Cread Capullo y el resto se iba a ver en el camino. En Coquimbo había un fondo de desarrollo regional que estaba hace muchos años ahí parado, que se había pedido para hacer un tipo de diseño que tenía Sename antes y que ya no existe. Eran una especie de hogares para jóvenes infractores, antes de que entrara en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil... Ese Fondo de Desarrollo Regional estaba asignado al proyecto. Nosotros modificamos el proyecto y dijimos “esta va a ser una residencia polivalente” y también asignamos los recursos para hacerlo ahí.

-¿Nada de esto existe ahora?

-O sea, los recursos existen, porque de hecho fueron asignados, lo que pasa es que nunca funcionaron, nunca los echaron a andar. La construcción se hizo, se hizo la inversión. Ahora, si tú vas a la calle San Pablo ¿qué es lo que hay ahí? No tengo idea. A lo mejor no hay nada. Quizás está cerrado con un candado y está la construcción nueva adentro…no sé. Quizás pusieron un programa de cualquier cosa. Piensa que son $1.400 millones en PPI, sólo para el funcionamiento de las unidades residenciales de corta estadía todos los años. Además se contemplaron $1.000 millones para cada una de las dos unidades polivalentes hospitalarias de mediana estadía y ese monto se entregó una sola vez. En Concepción yo no sé si se usaron los $1.000 millones en infraestructura o se usaron para pagar deuda hospitalaria, no tengo idea. Para recursos humanos en las dos unidades de mediana estadía se destinaron $400 millones anuales. Eso es todos los años con continuidad. El 30% de los gastos de recursos humanos se destinó a gastos operacionales: medicamentos, luz, agua, gas, alimentación, etc. Las unidades polivalentes de mediana estadía iban a estar una en el Hospital Guillermo Grant Benavente, de Concepción y la otra en Santiago, dependiente del Hospital Félix Bulnes, en una infraestructura que se habilitó especialmente para eso en la zona poniente de la capital. Eran para hombres y para mujeres e incluían la modalidad ambulatoria.

-¿Quiere decir que estos recursos se aprobaron por Ley de Presupuesto, pero no se ejecutaron en el gobierno actual?

-Se ejecutaron. O sea, la plata se ha gastado, no es que esté guardada en un cofre, pero se gastó en otras cosas.

LA INDEFENCIÓN DE LOS NIÑOS PROTEGIDOS -¿Tú piensas que las diez unidades, más las dos de mediana estadía, más el UDAC del Horwitz, habrían servido para paliar en algo este 70% de niños con enfermedades psiquiátricas en el Sename?

-Sí, de todas maneras. Los casos de responsabilidad penal juvenil no son tan graves como los de protección. Los primeros tienen acceso a salud mental, porque adentro tienen programas de drogas ambulatorios, tiene psiquiatras, tienen unidades de corta estadía en la cárcel, tienen tratamiento.

En la realidad, el acceso que tienen ellos y el nivel de salud mental al que acceden, es mucho mejor que el que hay en protección. En protección no tienen acceso y no son cientos los niños que

necesitan tratamiento, son decenas. No es inabordable. Estos proyectos habrían solucionado esos problemas con creces.

UDAC femenino del Hospital Psiquiátrico Horwitz -Casos como el de la menor muerta hace unas semanas, por ejemplo…

-No tengo el detalle de lo que le pasó a ella, aparte de lo que salió en la prensa. Pero lo que yo veo es que su caso es bien típico de lo que pasa con muchos niños en protección de derechos. Llevan muchos años en el circuito de hogares de menores, tienen trastornos del ánimo y de conducta asociados. Son muy inestables y requieren un ambiente y una terapia integrativa que tiene que ser de alto nivel. O sea, no es cosa de tenerla en un hogar de menores, sino que ella debió haber estado en una residencia polivalente, con personal especializado, con terapia familiar, con otro nivel de recursos. No es un problema de que el hogar sea bueno o malo, lo que pasa es que no son para un hogar, son niños que deberían estar en dispositivos especializados en salud mental.

-Con la realidad actual, ¿debiera la salud mental ser un foco importante en el accionar del Sename?

-Sí y yo creo que lo ha sido desde el año 2012 y a la fecha también. El problema es que la solución no la tiene el Sename. A quién pongan en el Sename da un poco lo mismo. Los últimos cuatro directores han salido por la puerta trasera y uno los ve hasta el día de hoy y desaparecieron del mundo laboral, es como que haber sido director del Sename fuera un karma que los sigue y realmente no tienen nada que hacer. No han sido malos directores, yo los conocí y sé sus trayectorias y era gente que trabajaba en el área, no eran nominados políticamente simplemente.

-¿Hay falta de voluntad política entonces?

No, yo creo que lo que ha faltado es la respuesta de Salud. El Sename tiene que preocuparse de darle acceso a los niños a todo lo que necesiten: educación, salud, justicia, pero no puede el Sename ponerse a hacer colegios para los niños con necesidades especiales, para niños con discapacidad severa u hogares para niños con enfermedades mentales, porque no es su giro. Eso requiere un gran grado de experticia que hasta a Salud le cuesta tener: ni Salud tiene ese grado de experticia.

-Pero Salud contaba con los recursos y los proyectos estaban andando.

-Claro, y yo creo que la tarea que le toca al Sename ahora es exigir que se cumplan los compromisos. ¿Qué es lo que el Sename tiene que poner como prioridad? Exigir los derechos de los niños. Y ahí es donde hace falta que la autoridad del Sename tenga el empoderamiento desde La Moneda para pararse frente a los otros ministerios y exigir lo que le corresponde. No es estar pidiendo por favor.

Hay un marco legal. Si la Corte Suprema no ha sido más enfática, o el ministro Carreño, o el Centro de Medidas Cautelares, o los jueces de familia de todo Chile no han sido más enfáticos en exigirlo, yo creo que han cometido un error. El Ministerio de Salud tiene el deber de darles respuesta. Esa cartera ha adoptado una posición súper cómoda porque se ha mantenido al margen de la discusión, absolutamente al margen, como si no tuvieran nada que ver, como si el problema fuera del Sename, que es solamente el mediador entre las necesidades de los niños y los servicios públicos. Tiene el rol de velar y garantizar los derechos de los niños, no brindar todas las prestaciones que necesitan los niños porque eso es imposible. Eso, además, significaría volver a una política antigua como lo fue la Ciudad del Niño en su tiempo, que fue un fracaso porque lo único que logró fue sacar a los niños de su contexto cultural y social y no lograba integrarlos a la sociedad.

-Con tantos proyectos de ley postergados o en trámite... ¿Qué falta para avanzar en la protección de la infancia?

-Hay conciencia sobre lo que hay que hacer. Lo que ha faltado es que ningún gobierno ha priorizado el presupuesto necesario para este ítem. Porque la ley de protección integral de la infancia, sin presupuesto asociado, no tiene ningún sentido. El Congreso se ha negado permanentemente a promulgar una ley que no quede en papel muerto. El presupuesto tiene que venir asociado a la ley y eso tiene que venir desde el poder Ejecutivo. Esto requiere mucho presupuesto. Chile tiene una población vulnerada de derechos que es muy grande. Nosotros calculamos que los usuarios del Sename son alrededor de un 10% de la población infantil, entonces estamos hablando de muchos niños. Y la distribución por servicio de salud en Chile es más o menos uniforme. O sea, en todo Chile hay un 10% de los niños que tienen estas condiciones de vulnerabilidad social y están asociados a proyectos del Sename de distinto tipo; ambulatorio, de intervención breve, etc.

UDAC femenino del Hospital Psiquiátrico Horwitz

-¿Quiere decir que los niños no le han importado a ningún gobierno?

-No los han priorizado. Es un tema entre el discurso político por un lado; el decir “sí, es importante, los derechos humanos”... y por otro lado se trata de decir “bueno, a qué vamos a destinar los recursos”. Los niños del Sename han sido siempre los más postergados.

-¿Y cómo evalúas tú en ese sentido el gobierno de Michelle Bachelet?

Yo creo que no han tenido la capacidad técnica para poder hacer un análisis del problema.

-Pero si los recursos están asignados...

-Se entramparon en un tema de veredas políticas, diciendo que todo lo que venía del gobierno anterior estaba malo porque venía de la derecha. Eso es falso porque estos proyectos fueron construidos en conjunto y la gente que trabajó en ellos era transversal.

PDI INVESTIGA USO DE NIÑOS PARA INSTALAR EXPLOSIVOS EN LA MINERÍA EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/26/pdi-investiga-uso-de-ninos-para-instalarexplosivos-en-la-mineria/

La Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia presentó una inédita publicación desarrollada por la PDI que contó con la colaboración de 24 autores que en 16 capítulos dieron vida a “Huellas.

Cuadernos de criminodinámicas y fenómenos emergentes”.

Una obra en la cual participaron intelectores de la Subsecretaría del Trabajo, OIT, FISEC Internacional, Fundación Telefónica, Vicaría de Pastoral Social, ONG Raíces y la Fundación San Carlos de Maipo.

En la investigación, aparece el flajelo de la explotación sexual infantil y otro, que hasta el momento estaba muy oculto: el uso de los niños para la instalación de explosivos en la minería.

En el documento de 211 páginas "se muestra la escabrosa realidad que viven nuestros niños que realizan actividades económicas remuneradas y sus múltiples propuestas para erradicar estas prácticas de nuestro país".

De acuerdo a la publicación, los menores son introducidos, completamente, en los piques de minas de oro, con la misión de prender la mecha de los explosivos y después arrancar.

"En general, se trata de familias completas que subsisten gracias al trabajo informal en la minería y, a pesar de que los niños no reciben lucas por arriesgar su vida, se trata de una explotación infantil a través de un trabajo intolerable", señala el informe.

Según comenta Erick Bellido, comisario de la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia de la PDI, "esta es una realidad que se da entre las regiones de Arica y Tarapacá y de Coquimbo, fundamentalmente en pueblos fantasmas como Inca de Oro, en la Región de Atacama, donde lamentablemente se han encontrado varios casos".

Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que más de nueve millones de personas dependen de la actividad minera artesanal y una parte importante de ellas son mujeres y niños.

Cerca de 50 mil niños y niñas peruanos están vinculados a la extracción del oro, en Colombia las cifras del Gobierno indican que son alrededor de 400 mil y en Bolivia cerca de 13 mil.

En todos estos casos, los niños y niñas presentan cuadros de desnutrición y retraso en su crecimiento, situaciones que se suman a casos de intoxicación crónica con sustancias.

ATROPELLOS A LOS DERECHOS HUMANOS DE COMUNIDADES MAPUCHE EN LA ARAUCANÍA EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/26/279922/atropellos-a-los-derechos-humanos-decomunidades-mapuche-en-la-araucania66/ Preocupantes son, a lo menos, las conclusiones del informe “Los impactos en Derechos Humanos de los proyectos de inversión hidroeléctrica en el territorio mapuche de la región de la Araucanía”, publicado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos, a inicios de este año.

El estudio indaga en el avance -y consecuencias- de los proyectos energéticos sobre los territorios y sus comunidades, panorama que se constata no sólo en La Araucanía sino en las vecinas regiones de BíoBío y Los Ríos. Cada proyecto significa una vulneración de derechos, no importando las dimensiones de este. Sea una central hidroeléctrica de pasada (es decir, sin retención de caudal) o un parque eólico. A estos habría que sumar las plantaciones forestales y las salmoniculturas.

El rol del estado es cuestionado. No sólo la legislación ambiental se muestra insuficiente ante el modelo extractivista, propugnado desde aquel y ejecutado por las empresas, sino que normativas como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios, ratificada como legislación de la República desde 2009, y la Ley 19.253, más conocida como “Ley Indígena” (1993), son neutralizadas en los hechos por otros aparatajes legales. Se trata de una actuación que ha seguido fielmente el libreto de la Constitución de 1980 y los Códigos de Aguas, Minería y la Ley General de Servicios Eléctricos, entre otras. La normativa heredada desde la dictadura (y administrada brillantemente por los gobiernos democráticos) permite privatizar los recursos y transarlos como cualquier bien. De este modo, es posible hoy en Chile, separar ríos y lagos de los territorios y las comunidades indígenas que los habitan.

En un escenario complejo, actualmente, para la economía chilena, no son pocos desde gobierno y privados quienes miran al sector energético como un emprendimiento a potenciar. Los primeros días de febrero, Máximo Pacheco, ministro de Energía, anunciaba la primera exportación de electricidad hacia Argentina, desde la zona norte.

El estado facilitador

Alfredo Seguel y Hernán Silva El Informe, elaborado durante 2015, fue financiado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Unión Europea. Es la continuación de “Los impactos de las empresas en los derechos humanos del pueblo mapuche en Chile”. Junto con aportar una mirada amplia en materia legal, la investigación esta vez aborda 3 casos de proyectos hidroeléctricos que han sido fuertemente resistidos por las comunidades mapuche. Se trata de las centrales hidroeléctricas El Rincón, en Melipeuco; Los Aromos, emplazada en terrenos de las comunas de Freire y Pitrufquén; y Añihuerraqui, en Curarrehue (ver PF 839). Este fue el único caso donde se aplicó el Proceso de Consulta Indígena, consagrado en el Convenio 169. Pese a lo anterior, fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía en julio pasado.

Al leer el Informe, puede apreciarse que sus autores se basaron en los testimonios desde las comunidades: Lonkos, lawentuchefes (encargadas/os de la medicina tradicional) y comuneros que han participado en defensa de los territorios. Llama la atención que, pese a que uno de los objetivos del estudio era abordar también a los representantes de organismos públicos, sólo tuvieron éxito al reunirse con Marco Pichunman, Seremi del Medio Ambiente y Vivianne Fernández, Directora Regional de Aguas (DGA) ¿Y el resto? “Con Ricardo Moreno, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se pidió reunión y ni siquiera respondió los correos”, explica Hernando Silva, abogado del Observatorio de Derechos y coordinador de la investigación. “Para ellos nuestra opinión no es relevante. Tampoco explicar por qué permiten el actuar libre de la empresas en los territorios y ponen a su disposición recursos públicos para la materialización de los proyectos”. El profesional del Observatorio acota que el SEA es percibido, desde las comunidades, como “representante de las empresas en terreno”.

La destitución del intendente Francisco Huenchumilla, en agosto de 2015, es otro factor. Alfredo Seguel, miembro del equipo de investigación, explica: “Creemos que hay una intervención bastante grotesca desde los ministerios de Interior y de Energía que cambia totalmente el escenario político.

Previo a esto, la Red de Defensa de los Territorios había sostenido un ciclo de encuentros con el ex intendente, así como con seremías, que habían aceptado conversar e incluso tomado posición respecto a que se cumplan las normas internacionales de derechos indígenas, particularmente sobre los lugares sagrados y que se respetara la vocación de desarrollo de las comunidades. Después de la salida de Huenchumilla, se comienza a dar luz verde a proyectos de energía, que han sido aprobados por unanimidad”.

Hasta septiembre del 2015 habían ingresado 66 proyectos hidroeléctricos al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Se trata de aquellos cuya capacidad de generación es superior a los 3 MW. Se los puede encontrar prácticamente en todas las comunas de la región. También hay emprendimientos eólicos (como Los Trigales, de Atacama Energy, muy resistido en Pailahueque, Ercilla);

termoeléctricos (aprovechamiento energético de biomasa, como el Rakun Spa, en la comuna de Freire, ya aprobado), así como las líneas de trasmisión y las numerosas minicentrales hidroeléctricas de pasada, que al producir menos de 3 MW no entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Mucho menos consideran lo expresado en el Convenio 169 sobre consulta a las comunidades mapuche.

Todo en una región que muestra los porcentajes de pobreza (CASEN 2013: 27,9%) y extrema pobreza (CASEN 2013: 10,6%) más elevados de Chile.

Las comunidades afectadas por la invasión de proyectos hidroeléctricos han padecido una historia de usurpaciones. Se trata de personas que fueron sacadas de sus tierras en los valles y obligadas a establecerse en la precordillera cuando la mal llamada Pacificación de la Araucanía, a fines del siglo XIX. Hoy por hoy, es en esos sitios, como Melipeuco y Curarrehue, donde radica “la riqueza” de la zona: En sus cursos de agua, generadores de energía.

Si llegamos a acuerdo, bien…

Una de las constataciones del Informe es que los proyectos, sean extractivos, productivos o de infraestructura “han sido promovidos y autorizados por el estado y sus autoridades públicas sin llevar a cabo procesos adecuados de consulta indígena y sin la obtención del consentimiento previo e informado de las comunidades mapuche afectadas” (pág 5).

“La forma en la cual es recepcionado el derecho a consulta indígena por el estado de Chile siempre ha estado por debajo de los estándares”, indica Hernando Silva. “Desde que se ratifica el Convenio 169, el ministro Viera-Gallo (en esa época Coordinador de Asuntos Indígenas del primer gobierno de Bachelet. Nota de PF) aprueba el Decreto 124 que restringe el ámbito de aplicación del derecho a consulta. Tras una serie de manejos, se llega a la materialización del concepto de consulta en los decretos 40 (2012) y 66 (2014) con una premisa bien sencilla: ‘Hacemos la consulta, si llegamos a acuerdo, bien y si no, mala suerte’. Porque los mismos decretos establecen que si en la consulta no hay acuerdo no hay vulneración del derecho a consulta, por lo cual los proyectos pueden seguir adelante. Esta es la muestra más evidente de la forma en que el estado chileno entiende la consulta”.

En su artículo 7, el Convenio 169 establece que los pueblos originarios “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan”.

Por eso, es incomprensible la ausencia del Proceso de Consulta en un proyecto hidroeléctrico como El Rincón, en Melipeuco, donde se interviene el río Truful Truful, altamente significativo para 18 comunidades de la zona de Lifko.

“Lo que nosotros planteamos es que hay un derecho superior al de la consulta, que es el derecho a la definición en materia de desarrollo desde los territorios”, indica Hernando Silva.

El cambio silencioso Pese a lo difícil del escenario, Hernando Silva y Alfredo Seguel indican que, justamente, en la resistencia al modelo extractivo desde las comunidades emerge un nuevo modo de desarrollo. “Está actuando localmente, está articulando con formas de producción local, concentrada en las

personas, con la naturaleza; está levantando las ferias, los mercados con identidad; está haciendo circuitos de economía. Eso ocurre, en medio de esta crisis capitalista que aflora en la región”, comenta Seguel. “Hay un proceso de resistencia social mucho mayor que antes no ocurría. Desde los jóvenes, por ejemplo. En las universidades, hay gente que se cuestiona para qué están estudiando”.

Pero también está la intervención política por parte de las organizaciones socioambientales. Los emplazamientos al Ministerio de Energía, a comisiones de la Cámara de Diputados para que actúen a nivel de fiscalización e investigación; a los ministerios para que respondan a las interpelaciones. Y, claro, las movilizaciones que siguen en aumento.

“Es necesario replantearnos y reestructurarnos como sociedad. Acá entra lo de los modelos de desarrollo. Es lo que dice la gente en Curarrehue o en Neltume: La hidroeléctrica no me va a hacer más rico, va a enriquecer al que tiene una cuenta corriente en otro lado, y me va a dejar todas las externalidades”, señala Silva. *En Temuko *El informe es posible descargarlo desde la pestaña de “Publicaciones” en www.observatorio.cl MACHI FRANCISCA LINCONAO SEGUIRÁ DETENIDA PESE A GRAVE ESTADO DE SALUD EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/26/280100/machi-francisca-linconao-dseguira-detenidapese-a-grave-estado-de-salud-grave/

La Segunda sala penal del máximo tribunal de justicia del país, finalmente cambió la medida cautelar antes solicitada por la defensa y adoptó la decisión de fijar lo resuelto por el Tribunal de Garantía de Temuco, después de formalizar a los once imputados, entre los que también se encuentra -en un estado delicado de salud- la Machi Francisca Linconao.

Esta determinación mantiene la prisión preventiva en contra de 10 de los 11 comuneros mapuche que han sido sindicados por el Ministerio Público como los responsables del incendio que en enero

del 2013, provocó la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, en la localidad de Vilcún, en la región de La Araucanía. El Fiscal Regional de la novena región, Cristián Paredes, confirmó la información y destacó que la sentencia que dictó la Sala, fue luego resuelta por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Paredes manifestó que los cuatro recursos de amparo que se interpusieron por las defensas fueron rechazados por la Corte Suprema y que ya cuentan con el pronunciamiento de tres tribunales distintos, todos ellos ordenados de acuerdo a la seriedad de la investigación que lleva por su lado la fiscalía.

Revisión de la causa

Después de que la defensa de los comuneros recurriera al máximo tribunal para ver la posibilidad de revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual -como habíamos descrito- rechazó el recurso de amparo de los imputados el pasado 8 de abril, confirmando lo resuelto por el Tribunal de Garantía.

Mientras ocurrían los alegatos de la semana pasada, la defensa de los comuneros mapuche argumentó ante la Corte Suprema que la Fiscalía estaba basando su persecución penal solo en el testimonio que prestó uno de los imputados, José Peralino, quien había relatado que fue víctima de extorsiones y amenazas por parte de la Policía de Investigaciones, destacando entonces que aquellas declaraciones fueron obtenidas de una manera forzada e ilegal.

En este escenario, el fiscal Paredes afirmó a Publimetro, que el testimonio cuestionado es legal y que las apreciaciones frente al mismo tema son “ligeras y carentes de todo asidero en la investigación y los hechos”. La autoridad de justicia dijo que Peralino declaró bajo un estatuto, que siempre le leyeron los derechos y también que siempre estuvo informado de aquellos, argumentando que el comunero habría renunciado a su opción de guardar silencio. “Es más, su

declaración la rindió ante dos fiscales del Ministerio Público y ante dos policías”, recalcó Paredes para demostrar que todo el tiempo hubo un resguardo a los derechos de Peralino.

La Machi Francisca Linconao y su grave estado de salud Desde un comienzo la detención de la autoridad espiritual fue motivo para que muchas comunidades y organizaciones simpatizantes con la causa mapuche se movilizaran e hicieran el llamado a rechazar las medidas tomadas por la justicia chilena en contra de Linconao.

En este sentido muchas redes de apoyo han señalado que el estado de salud de la Machi Francisca se está viendo seriamente afectado tras su encarcelamiento en la nueva escalada antimapuche que mantiene el Gobierno.

Las organizaciones han afirmado que la autoridad ha bajado considerablemente de peso y su debilidad es cada vez más notoria. Además, confirmaron que la machi ha sido implicada junto a los otros diez dirigentes en una mentira judicial relacionada con el famoso incendio. Recordemos que el 2013, Linconao ya había sido perseguida y víctima de montajes del Estado chileno, oportunidad en la cual se ganó una demanda de Derechos Humanos y a la Tierra. Debido a eso desde los pueblos originarios sustentan la idea de que el Gobierno de la Nueva Mayoría está desprendiendo una especie de venganza racista y continúa también dando pruebas de, según Mapuexpress, “su servilismo con el latifundio, sus multigremiales y los intereses de las transnacionales”.

El domingo pasado se convocó a distintos referentes a la cárcel de mujeres, en solidaridad con la Machi teniendo una importante asistencia de quienes exigían su libertad inmediata junto a la de los presos políticos mapuche y además denunciaron la criminalización racista del Gobierno y el Estado chileno contra el movimiento mapuche.

Finalmente la familia de Linconao se encuentra realizando un llamado urgente a “todos los LOF, autoridades tradicionales pu Machi, pu Lonko, pu Werken, pu Kona, a todos quienes solidarizan con el pueblo Mapuche para reunirse el próximo viernes 29 a las 9 de la mañana en frente del Centro Penitenciario Femenino en Temuco (Callejón Carmine 0249) en donde se realizará Gnillaimawin, necesario para fortalecer a la machi y lograr su libertad”.

Estado actual de las cosas En resumen, los comuneros, siendo todos del sector de Tres Cerros, en la comuna de Padre Las Casas, fueron arrestados por su presunta participación en el ataque a la casa patronal del matrimonio Luchsinger-Mackay. Diez de estas personas permanecen en prisión, mientras que quien fue presentado como testigo por la policía está con arresto domiciliario tras indicar en el estrado la responsabilidad de los demás detenidos. Esto en pleno alegato por las presiones y chantajes a los que fue expuesto por parte de la PDI con el fin de inculpar a los demás comuneros.

Se decretaron dos meses para la investigación, dejando aún detenidos durante el proceso a José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf

Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Córdova Tránsito y Francisca Linconao Huircapan.

El machi Celestino Córdova sigue siendo el único sentenciado en el caso, con una pena de 18 años de cárcel por su participación en el delito de incendio con resultado de muerte, en donde se desestimó la agravante de terrorismo en el citado incendio donde falleció el matrimonio Luchsinger Mackay.

PREPARAN MARCHA PRO CONTROL PREVENTIVO EN PLAZA ITALIA LA SEGUNDA http://impresa.lasegunda.com/2016/04/26/A/fullpage#slider-16

Unas dos mil personas espera reunir el próximo sábado en Plaza Italia el técnico en refrigeración Rodrigo Torres, principal organizador de la Manifestación No + Violencia, a la cual han adherido una serie de organizaciones vecinales de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Huechuraba que reciben denuncias de vecinos víctimas de atracos —entre otras— que buscan protestar contra la delincuencia.

Torres —que el año pasado lideró una protesta en homenaje a carabineros fallecidos en servicio— dice que la marcha convocada para el mediodía del sábado incluirá un homenaje frente al monumento a los mártires de esa institución policial (a un costado del Crowne hotel Plaza), y luego seguirá hasta la Plaza de la Ciudadanía, donde se cerrará probablemente con la participación de los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD).

La marcha —asegura Torres— cuenta con la autorización de la Intendencia. "El motivo es el rechazo a que bajen el control preventivo de identidad en la ley de agenda corta y es una convocatoria transversal, de todos los sectores políticos. Hemos ido contactándonos las organizaciones de vecinos que están preocupadas de la delincuencia, y surgió esto", dice Torres.

Las Condes y Vitacura A la convocatoria —que está circulando por las redes sociales— al menos adhieren una decena de organizaciones.

Patricio Boop, creador hace ocho meses de la plataforma Las Condes Activa —con cuentas en Facebook, Twitter e Instagram— es una de ellas. Asegura que han tenido un aumento de las denuncias de delitos graves el último tiempo: "Vamos entre nueve y diez al día y eso que de alguna manera filtramos lo que nos llega, porque es poco lo que podemos hacer en casos como un robo de celular, pero sí es más preocupante un robo de auto o un asalto con armas de fuego", explica.

En Facebook tienen 11.300 seguidores, mientras que en twitter, 9 mil. Y, según dicen, han contribuido a organizar unos diez grupos de WhatsApp de vecinos en distintos sectores de la comuna. "Hace menos de un mes apuñalaron a un estudiante arriba de una micro del Transantiago.

Hace cuatro días hubo otro apuñalamiento en calle Jorge VI. Y a eso se suma el asalto que ocurrió al Apumanque: los actos de violencia están fuera de control", dice.

Más experiencia en información delictual de tipo digital tiene Cristián Araya, creador de Denuncia Vitacura (existen hace casi dos años) que también apoya la convocatoria a la marcha.

"Recibimos entre tres y cuatro denuncias al día por el tema de delincuencia. La última, fue ayer. Por Facebook contribuimos a identificar a un par de tipos que estaban asaltando en Vitacura con Vespucio y que habían intentado pasar inadvertidos, más tarde, en el subcentro de Escuela Militar", dice. Ellos tienen 14 mil seguidores en Facebook y 5 mil en twitter.

"En nuestros portales vemos cómo la violencia aumenta sin control", asegura.

"Hemos decidido organizar esta primera manifestación del año frente a la pasividad de las autoridades del gobierno. ¡No podemos mantenernos tranquilos viendo que no pasa nada después de que un joven murió apuñalado en un bus!", dice.

ARCHIVOS SECRETOS DE COLONIA DIGNIDAD PERMITIRÁN CONOCER RED DE COLABORADORES EN DICTADURA RADIO BÍO BÍO http://www.biobiochile.cl/2016/04/27/archivos-secretos-de-colonia-dignidad-permitiran-conocerred-de-colaboradores-en-dictadura.shtml “Los chilenos reconocemos la decisión del Gobierno Alemán que dio a conocer la canciller Angela Merkel, de adelantar la entrega de documentos”, así se refirió el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, tras el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores alemán de desclasificar archivos secretos sobre el centro de torturas de Colonia Dignidad.

El ministro Frank-Walter Steinmeier, anunció que el Gobierno de su país publicará de forma anticipada los archivos secretos de Colonia Dignidad entre los años 1986 y 1996. Steinmeir agregó que este fue un periodo negro de la historia de la diplomacia de su país en el que Chile y Alemania no hicieron lo suficiente para ayudar a los afectados.

Mediante un comunicado el canciller Heraldo Muñoz valoró el anuncio del Gobierno alemán y reiteró su compromiso en seguir trabajando para esclarecer la verdad en relación a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura.

Gabriel Rodríguez, ex preso político de Colonia Dignidad, señaló que este es un pequeño triunfo para todos los sufrieron abusos en el centro de torturas, pero criticó la falta de consciencia de los chilenos respecto a este tema.

El diputado PPD y abogado del caso de Colonia Dignidad en aquella época, Guillermo Ceroni, afirmó que esta es una información muy importante que permitiría conocer la red de apoyo que tenían los integrantes de la colonia.

El abogado y cofundador de la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos de Colonia Dignidad, Roberto Celedón, señaló que si bien esta noticia es un gran paso, el periodo dado a conocer es muy limitado.

Colonia Dignidad fue creada en los 70′ a 350 kilómetros de Santiago y su fundador fue el pederasta Paul Schäfer. Entre 1973 y 1990 fue utilizada además como centro de torturas por parte de la dictadura de Augusto Pinochet.

MUJERES PERIODISTAS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/27/280156/mujeres-periodistas-victimas-de-violencia-degenero/

En México seis mujeres son asesinadas al día, 22 más sufren acoso sexual. Por ello, organizaciones y sociedad civil Convocaron a la Movilización Nacional contra las Violencias Machistas en la que articularán más de 27 ciudades en el país.

La organización en defensa de la libertad de expresión ARTICLE 19 manifestó en la necesidad de luchar por un contexto que favorezca el ejercicio de derechos y libertades de la mujer. Durante el primer trimestre del 2016, esta organización documentó 19 ataques contra mujeres, derivado de su ejercicio de la libertad de expresión, de éstos, siete fueron con violencia de género. Donde el mecanismo más efectivo para la difusión del mensaje, fueron las redes sociales.

Las entidades con más agresiones contra mujeres fueron la Ciudad de México, con cinco agresiones, Puebla y Veracruz donde se registraron cuatro agresiones. En cuanto a los perpetradores en ocho

casos se registró un particular, en seis funcionarios públicos, en dos un partido político, y en tres elementos no se pudo determinar.

Derivado de este contexto donde se agrede a las mujeres que ejercen su libertad de expresión, ARTICLE 19 señala que es necesario que las autoridades garanticen un contexto para el debido ejercicio del derecho a la manifestación, así como para que este tipo de movilizaciones que denuncian la violencia contra la mujer, se puedan seguir dando sin repercusiones o agresiones posteriores.

INDIGNANTE: TAXISTA HOMOFÓBICO AGREDE E INSULTA A UNA JOVEN EN BELLAVISTA Carabineros no ayudó MQLTV http://mqltv.com/indignante-taxista-homofobico-agrede-e-insulta-una-joven-bellavista/

Un muy desafortunado y reprochable incidente ha sido denunciado por una joven en las redes sociales. María José Cabezas sufrió una injustificada agresión física y verbal de parte de un taxista que ronda por el sector de Bellavista, quien además la quiso estafar y la discriminó por ser homosexual a la salida de un local nocturno de Santiago.

El hecho fue denunciado desde su cuenta de Facebook, relatando como sucedió todo luego de una tranquila noche en un bar. “Ese día terminada la noche, salí del bar para volver a mi departamento, y tomé un taxi fuera del local. Me subo y el tipo con voz poco amable me pregunta donde me dirijo.

Le indico mi dirección y me dice que la tarifa era de $5000 hasta allá. Yo le digo que prefiero tomar otro taxi ya que era un robo puesto que la tarifa habitual en mi trayecto y según taxímetro no

alcanzan los $2000. Acto seguido el tipo, activa el cierre centralizado del automóvil y me deja encerrada en el vehículo“.

De una forma enfermiza, el taxista no dejó bajar a la joven y siguió en marcha agrediendo y golpeando la espalda de María José. “El taxista comenzó a agredirme y golpearme por la espalda insultando y aludiendo a mi opción sexual por el bar en el que estaba. La agresión no se detuvo allí logré abrir la puerta y le pedí nuevamente que parara para bajarme, el taxista terminó lanzándome con el auto en movimiento, pasando la rueda trasera en mi pie y apretándome tres dedos de la mano en la puerta, aceleró y se dio a la fuga”.

Ante este hecho, Cabezas aún en estado de shock fue hasta un retén de Carabineros para constatar lesiones, encontrándose con otra situación desafortunada. “Les cuento lo sucedido y en un acto machista, cerdo y vergonzoso me prestan atención haciéndose los lindos y machos alfa, hasta que les cuento la parte en que fui agredida por homofobia al salir de un bar gay, automáticamente el trato cambió y no me prestaron ayuda”. Acto seguido, a pesar de contar todos los detalles y contar con la patente del taxista, los 9 funcionarios que se encontraban presentes sólo se burlaron, la dejaron abandonada y se dirigieron al bar donde se encontraba antes para “hostigar a la clientela del local donde yo estaba tras mi reproche por no ser asistida”.

CUBA Y LOS DERECHOS HUMANOS: 21 PRISIONEROS POLÍTICOS LLEVAN 13 AÑOS RECLUIDOS LA SEGUNDA http://impresa.lasegunda.com/2016/04/26/A/fullpage#slider-24

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que Cuba tiene al día de hoy 93 presos políticos y que 21 de ellos llevan más de 13 años encarcelados. Según el organismo que lidera Elizardo Sánchez, consideró como "otro indicador del empeoramiento" de la situación de los derechos civiles y políticos en la isla socialista.