Prensa 18 mayo

TEMARIO: 1. CORTE SUPREMA SOLICITA A EEUU LA EXTRADICIÓN DE IMPLICADOS EN HOMICIDIO DE CARMELO SORIA 2. CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE MIGRACIONES CELEBRÓ SU PRIMERA SESIÓN 3. LATINOAMÉRICA: ABORTO Y DERECHOS HUMANOS. OPINIÓN: PÍO IVÁN GÓMEZ SÁNCHEZ 4. AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE RECHAZAR LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA EN EL PERÚ

CORTE SUPREMA SOLICITA A EEUU LA EXTRADICIÓN DE IMPLICADOS EN HOMICIDIO DE CARMELO SORIA EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/17/corte-suprema-solicita-a-eeuu-laextradicion-de-implicados-en-homicidio-de-carmelo-soria/

La Corte Suprema solicitó a Estados Unidos la extradición del chileno Armando Fernández Larios, el estadounidense Michael Vernon Townley Welch y del ciudadano cubano Virgilio Paz Romero, procesados en Chile como coautores del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país -integrada por los ministros Guillermo Silva, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado (i) Jean Pierre Matus- aprobó la solicitud de tramitar la extradición activa de los tres procesados que residen,

actualmente, en EE.UU., realizada por el ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas.

La resolución de la Sala Penal consideró que es procedente realizar la petición de acuerdo al tratado de extradición existente entre Estados Unidos y Chile.

"Que en el caso del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, todas las exigencias consignadas en los fundamentos anteriores aparecen debidamente cumplidas. En efecto, el delito de homicidio, comprendiendo el asesinato, se enumera en el artículo II del Tratado. Los múltiples antecedentes consignados por el tribunal instructor permiten tener por establecidas presunciones suficientes para afirmar que a los requeridos le cupo participación culpable en los hechos investigados en la causa, los cuales se perpetraron en esta ciudad, Santiago de Chile; se trata de un delito común, no político ni relacionado con uno de ellos, y a cuyo respecto la acción penal no está prescrita como lo consigna el tribunal instructor en el N° 8 del pedido de extradición y el Fiscal Judicial en su informe por tratarse de un delito de lesa humanidad. Finalmente, se encuentra establecido que los requeridos mantienen residencia en Estados Unidos de Norteamérica, según se consigna en sus respectivas declaraciones acompañadas a la solicitud de extradición", sostiene el fallo del máximo tribunal.

Resolución que agrega: "En lo específicamente referido al requisito de que los requeridos se encuentren "acusados" o "condenados", cabe aclarar que el Código de Procedimiento Penal que rige esta investigación, fue promulgado y publicado en el año 1906, esto es, con posterioridad a la ratificación, promulgación y publicación del Tratado, publicado en el Diario Oficial el año 1902, por lo que no cabe entender que con el término "acusación" se alude exclusivamente a la resolución dictada luego del cierre del sumario de conformidad al artículo 424 de dicho Código. Sentado lo anterior, cabe advertir que el artículo I del Tratado prescribe que la acusación o condena contra las personas cuya entrega se persigue, debe haberse hecho "en virtud de pruebas tales de culpabilidad que, según las leyes del lugar donde el prófugo o la persona acusada se encuentre, habría habido mérito para su aprehensión y enjuiciamiento, si allí se hubiera cometido el crimen o delito" y, por su parte, el inciso segundo del artículo III del Tratado dispone que "si el prófugo estuviere simplemente acusado del crimen, se exhibirá una copia debidamente autenticada de la orden de arresto expedida en el país donde se ha cometido el crimen, y de las declaraciones u otras pruebas que han dado mérito a dicha orden", lo que, en el contexto de lo expresado en el párrafo anterior, demuestra que, más allá de la denominación legal de la actuación judicial -distinta a la sentencia condenatoria- que se invoque por el Estado requirente, lo capital es que se trate de una actuación o resolución que, de acuerdo al ordenamiento local, se practique o dicte conforme a pruebas que justifican la aprehensión y enjuiciamiento de la persona requerida.

En la especie, como ya se ha mencionado, los requeridos fueron sometidos a proceso el diecinueve de agosto del año dos mil quince, lo que conlleva, de conformidad al artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, que está justificada la existencia del delito que se investiga, y que aparecen presunciones fundadas para estimar que los inculpados han tenido participación en éste como autores. Además, según los artículos 275 y 277 del Código de Procedimiento Penal, salvo que proceda el beneficio de libertad provisional, la dictación del auto de procesamiento conlleva generalmente la prisión preventiva del reo. Por otro lado, atendido que el artículo 424 del código en comento no exige para la dictación de la acusación que se hayan reunido elementos adicionales

a los del auto de procesamiento ni que el juez alcance un estándar de convicción superior al conseguido en dicha resolución, de ello cabe colegir que el auto acusatorio no importa un cambio cualitativo en la condición procesal del reo, sino sólo el paso a la etapa de discusión y rendición de prueba del procedimiento. En razón de lo explicado, en el presente caso se cumple el requisito en estudio para acceder a la extradición solicitada".

"En consecuencia –continúa–, como se advierte del pronunciamiento ejecutoriado mediante el cual se sometió a proceso a los requeridos, así como del informe del Sr. Fiscal Judicial y, en consideración, además, a las reflexiones precedentes, todas las exigencias para efectos de requerir la entrega de los procesados por el delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de extradición y continuar con su tramitación".

Por lo anterior, concluye, "(…) se declara que es procedente solicitar al Gobierno de Estados Unidos de América la extradición de Armando Fernández Larios, Michael Vernon Townley Welch y Virgilio Paz Romero, sólo por la responsabilidad que se les atribuye como coautores del delito de Homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y quinta, del Código Penal, por el que fueran procesados".

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE MIGRACIONES CELEBRÓ SU PRIMERA SESIÓN El Ciudadano http://www.elciudadano.cl/2016/05/17/287335/consejo-consultivo-nacional-de-migracionescelebro-su-primera-sesion/ Instancia de diálogo pluralista decidió partir su tarea analizando el proyecto de Ley de Migraciones que próximamente ingresará al Congreso.

Tras varios meses de trabajo, y una elección en la que se registró una masiva participación, hoy quedó constituido formalmente el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones. Integrado por 18

personas elegidas por sus pares -representantes de organizaciones de migrantes, ONGs que trabajan con extranjeros y de la academia-, el Consejo busca democratizar la toma de decisiones y asegurar la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas relativas al tema de la migración.

La instancia sesionó, por primera vez, en el Salón Entre Patios del Palacio de la Moneda. Allí, recibieron el saludo del director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Camilo Ballesteros, y del jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval. “La participación es fundamental para este gobierno, pues no es sólo cumplir con los requisitos de la Ley 20.500 de participación ciudadana, sino que además se trata de cumplir con el compromiso moral con la democracia y con los ciudadanos”, dijo Sandoval.

Los integrantes eligieron a Tatiana Albuja, del Movimiento Acción Migrante (MAM) como presidenta del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones. Formaron asimismo comisiones de trabajo y una de ellas es para analizar el proyecto de Ley de Migraciones. Para ello pidieron contar con la última versión de la iniciativa para estudiarla y comentarla en la próxima sesión.

El Consejo Consultivo –que recoge la voz de la ciudadanía- es parte de la nueva institucionalidad del Sistema Nacional de Migraciones, que la Presidenta Bachelet ordenó instaurar a partir del Instructivo Presidencial N°5, de noviembre de 2015. A la cabeza está el Consejo de Política Migratoria –integrado por 11 ministerios liderados por Interior- y le sigue el Consejo Técnico de Política Migratoria, que estudia los puntos focales de cada ministerio y tiene entre sus tareas el desarrollo de un Plan Nacional de Acción transversal en materia migratoria.

Según los datos del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, actualmente residen en Chile unos 600 mil extranjeros, considerando a los 460 mil que cuentan con permanencia definitiva y las 160 mil visas temporales emitidas en 2015. Esto representa entre el 2,3% y el 2,7% de la población, dependiendo de la medición. El promedio mundial es 3,2%. Y el

de los países de la OCDE es de 10%, aunque algunos llegan a tener tasas incluso superiores a eso, como Canadá, Francia o Australia.

Sólo para trazar un panorama: tres de cada cuatro migrantes son sudamericanos; la mayoría está en plena edad productiva (sólo entre los 20 y 35 años representan un 43,3%); residen principalmente en Santiago y en el Norte Grande, donde en términos relativos su presencia es más importante; es ligeramente superior entre mujeres; en promedio presentan más años de escolaridad que los chilenos; tienen una mayor tasa de ocupación; tienen menores porcentajes de población inactiva; proporcionalmente trabajan más como empleador que los chilenos; tienen similares tasas de afiliación a AFP y mayores al sistema de isapre, y tienen una mejor percepción de su estado de salud y de satisfacción con su vida.

El Consejo Consultivo Nacional de Migraciones tiene por misión institucionalizar el análisis y la discusión de la sociedad civil respecto de la situación de las migraciones en Chile, a través de la participación de la ciudadanía en el ciclo de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, aplicando en su gestión un enfoque multicultural, en virtud del cual se prohíbe la discriminación por motivos de raza o cultura, celebrando y reconociendo la diferencia cultural así como el derecho a ella, realizando acciones afirmativas, disgregando cifras y datos que aseguren la participación y el poder de decisión de los migrantes.

LATINOAMÉRICA: ABORTO Y DERECHOS HUMANOS PÍO IVÁN GÓMEZ SÁNCHEZ http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/05/18/latinoamerica-aborto-y-derechoshumanos/ Es incomprensible que en pleno siglo XXI exista debate sobre si las mujeres pueden o no legalmente interrumpir un embarazo. Lamentablemente, a veces este se enfoca solo en el aborto sobre la falsa dicotomía de “pro-vida” (antiderechos) versus “pro-aborto” (pro derechos). Nadie está en contra de la vida, todas las personas estamos a favor de la vida, pero de la vida digna, con calidad y con la posibilidad de hacer elecciones.

Nuestra región, en la que más de 20 millones de mujeres tienen demanda insatisfecha en anticoncepción, tiene algunas de las leyes más restrictivas sobre aborto en el mundo y el 95 % de los abortos son inseguros, lo que conlleva morbilidad y mortalidad materna. Las investigaciones han demostrado que los países sin barreras a la anticoncepción, educación sexual y acceso legal al aborto han reducido sustancialmente la tasa de mortalidad materna e infantil y presentan la menor tasa de abortos inducidos.

Quienes llevamos varios años trabajando en Salud Sexual y Salud Reproductiva, hemos asistido a innumerables congresos, foros, comités, etc., tendientes a reducir la mortalidad materna y hoy, si contrastamos con la realidad del momento, nos embarga una sensación de impotencia, nos angustia la inequidad, la negligencia e injusticia social y es cuando más cobran vigencia las palabras del ex presidente de la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO), profesor Mahmould

Fathalla: "Las mujeres no están muriendo por causas que no podemos evitar... están muriendo debido a que la sociedad considera que sus vidas no valen el precio de salvarlas".

La mortalidad materna es apenas la punta visible de un gran iceberg que representa una problemática mucho más compleja. Como profesionales de la salud nos ha tomado mucho tiempo comprender este fenómeno dentro de un contexto más amplio de Derechos Humanos y cambio social. Estamos comprometidos en la lucha contra las actitudes injustas y desiguales acerca del valor de las vidas humanas, particularmente, las vidas de las mujeres. Es una lucha en la cual las mujeres son las víctimas, pero también pueden ser protagonistas para hacer el cambio.

Ahora entendemos mejor el tema de la morbi-mortalidad materna en este contexto más global, y hemos comprendido que somos parte de una lucha más amplia, que necesita perspectivas nuevas para problemas que nos aquejan hace mucho tiempo, como la mortalidad materna.

Como profesionales de la salud, avalamos las recomendaciones internacionales y entendemos la salud como un derecho social, el cual se expresa en las diversas obligaciones que los estados deben cumplir de conformidad con las convenciones, protocolos y declaraciones internacionales que han suscrito. El enfoque actual de salud se basa en los Derechos Humanos, reconociendo que las personas somos titulares de derecho, lo que implica que hay otras personas obligadas a asegurar la vigencia de los mismos: los gobiernos deben ser garantes de los derechos, las personas podemos reivindicarlos y las comunidades deben participar en los procesos de adopción de decisiones.

Los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la titularidad de estos señala que toda persona posee derechos naturales que deben ser reconocidos, respetados y garantizados por los gobiernos de manera obligatoria. En el ámbito internacional, los diversos acuerdos alcanzados sobre Derechos Humanos tienen una mayor jerarquía que la legislación nacional. Lo establecido en el derecho internacional pasa a ser una obligación de los estados con la ciudadanía y es un deber de los países el garantizar su efectivo cumplimiento.

La Organización Mundial de la Salud propuso los conceptos de Salud Sexual y de Salud Reproductiva, los cuales fueron aprobados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994, y ratificados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. El concepto de Salud Sexual y de Salud Reproductiva está centrado en las personas, hombres y mujeres, como sujetos activos en el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, participando en el logro de una mejor calidad de vida personal, de sus parejas, de su familia y de la sociedad en general.

La salud materna, neonatal e infantil, constituye un tema altamente relevante para las sociedades, y constituye el centro de los derechos a la salud. Desde hace más de un siglo, las políticas de salud en el mundo han privilegiado la maternidad segura y la supervivencia infantil.

Actualmente se considera a la salud materna como un Derecho Humano y a las muertes maternas como una grave violación a los Derechos Humanos de las mujeres. En este contexto, es obligación de los gobiernos proteger los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la igualdad.

Por lo anterior, es incomprensible que en pleno siglo XXI exista debate sobre si las mujeres pueden o no legalmente interrumpir un embarazo. Lamentablemente, a veces este se enfoca solo en el

aborto sobre la falsa dicotomía de “pro-vida” (antiderechos) versus “pro-aborto” ( pro derechos).

Nadie está en contra de la vida, todas las personas estamos a favor de la vida, pero de la vida digna, con calidad y con la posibilidad de hacer elecciones.

Se nace con una serie de derechos que el Estado no le otorga, sino que tiene que reconocérselos, constituyéndose estos derechos en límites al ejercicio del poder político.

Con un trabajo no finalizado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estamos ahora embarcados en el Desarrollo sostenible, cuyo concepto lo definió en 1988 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo como: el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

La Agenda de Desarrollo Post-2015 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El quinto es lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y así garantizar el acceso universal a la salud sexual y salud reproductiva en un marco de derechos sexuales y derechos reproductivos de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de seguimiento.

Monique Witting escribió: “Las mujeres aunque extremadamente visibles como seres sexuales permanecen invisibles como seres sociales”. Ya es hora de que nuestra sociedad tome conciencia de los derechos y que la Autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo sea una realidad en todos nuestros países sin excepción alguna.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE RECHAZAR LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA EN EL PERÚ TERRA http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/amnistia-internacional-pide-rechazar-lahomofobia-y-la-transfobia-en-el-peru,560046a0a151b65b88dd50a671b1d26ezzfbpu2t.html

Amnistía Internacional (AI) hizo hoy un llamado a rechazar la homofobia y la transfobia mediante un "flashmob" en Lima como parte de su campaña "Amar es un derecho" para enfrentar la discriminación a lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Un grupo de activistas se reunió en un céntrico parque del distrito de Miraflores para bailar y transmitir el mensaje de la campaña contra los delitos de género y discriminación sexual, en el día Internacional Contra la Homofobia y Transfobia.

De acuerdo a la organización defensora de los derechos humanos, esta es una oportunidad de movilizar a la sociedad en contra de la homofobia y la transfobia, oponerse a la discriminación y tender puentes con la sociedad en general.

Asimismo, de "enviar claramente a las autoridades el mensaje de que tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las personas".

Según AI, muestras claras de la falta de voluntad política para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) son la ausencia de protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos de 2014; y la decisión del Congreso de no aprobar el proyecto de ley de unión civil para parejas del mismo sexo, vulnerando de esta forma su derecho a la igualdad ante la ley.

Perú no tiene normativas que protejan a las personas LGBTI de situaciones como los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género y tampoco se cuenta con cifras oficiales sobre estos delitos, agregó la organización.

AI recomendó al Congreso peruano no dejar fuera del nuevo Código Penal la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas frente a los delitos de discriminación, incitación a la discriminación y persecución.

Un grupo de activistas se reunió hoy, martes 17 de mayo del 2016, en un céntrico parque del distrito de Miraflores en la ciudad de Lima (Perú) para bailar y transmitir el mensaje de la campaña contra los delitos de género y discriminación sexual, en el día Internacional Contra la Homofobia y Transfobia. EFE