Prensa 17 marzo

TEMARIO: 1. FAMILIARES PIDEN FRENAR DURAS GOLPIZAS Y TORTURAS A INTERNOS 2. DENUNCIAN GOLPIZA DE GENDARMERÍA A REO EN CÁRCEL DE VALDIVIA POR TENER UN CELULAR 3. FELIPE HARBOE DESESTIMÓ CRÍTICAS A AGENDA CORTA ANTIDELINCUENCIA 4. ATAQUES A PRENSA EN MÉXICO AUMENTAN 22 % EN 2015 CON 392 CASOS Y 7 ASESINATOS 5. ASESINATOS DE PERIODISTAS SE DUPLICARON EN ÚLTIMO AÑO EN AFGANISTÁN, DICE ONG 6. CIDH VERIFICARÁ MEDIDAS CAUTELARES A FAMILIARES DE BERTA 7. SECRETARIO DE LA OEA CONDENA EL ASESINATO DEL LÍDER INDÍGENA DEL COPINH 8. RELATORA DE LA ONU: Comunidades indígenas viven en ambiente de violencia 9. LA CEJIL CONDENA EL ASESINATO DEL LÍDER INDÍGENA HONDUREÑO NELSON NOÉ GARCÍA 10. CENSURA A REVISTA PAULA: CORTE DECLARÓ ADMISIBLE RECURSO CONTRA PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE SANTIAGO

FAMILIARES PIDEN FRENAR DURAS GOLPIZAS Y TORTURAS A INTERNOS ESTRELLA CONCE http://www.estrellaconcepcion.cl/impresa/2016/03/17/full/cuerpo-principal/2/texto/ Una serie de videos, que muestran a internos del Manzano siendo víctimas de golpizas y tortura por parte de otros reclusos, tienen con el alma en un hilo a los familiares de la población penal. En la cárcel, Gendarmería confirmó que inició una investigación para identificar a los responsables, sancionarlos y separarlos.

DETALLES DE VIDEOS Las imágenes, comenzaron a circular a través de Whatsapp y fueron rápidamente compartidas por las visitas que acuden al centro penitenciario.

Ayer, en horario de visita, la angustia entre las madres y parejas de los internos, era evidente. Con teléfono en mano, muchas observaban el ataque contra, al menos, dos reos.

En el primer registro, se ve cómo un interno es golpeado en incontables ocasiones, desnudado y encerrado en un tacho de la basura con ruedas, el que acarrean y azotan en repetidas oportunidades. En el segundo video, dado a conocer ayer por familiares de la víctima, queda constancia de otra golpiza y posterior tortura con una toalla mojada sobre el rostro del reo.

ANGUSTIA DE FAMILIAS La mujer que entregó este último video, señaló que "a ellos los están agrediendo en forma brutal. Esto es tortura y los están matando en vida. Les están poniendo hasta corriente y cosas que ni siquiera quiero recordar. Temo por los dos jóvenes a los que les pasó esto. Al primero lo ubico y el segundo es un familiar".

Según argumentó la preocupada mujer, "ellos son primerizos y les están

haciendo esto por encargo, por problemas que tuvieron afuera, los esperan adentro para cobrárselas. Después los graban y mandan esos videos por Whatsapp, los tienen como un trofeo".

INVESTIGACIÓN Respecto al primer caso, la comandante Romina Campos, alcaide del Complejo Penitenciario Concepción, indicó que "pudimos indagar y establecer que el video fue grabado al interior del penal, específicamente, en el Módulo 2. El interno, inmediatamente, fue derivado al hospital, hasta donde llegó con lesiones leves. Él se encuentra separado del resto de la población penal y en observación".

Según confirmó Campos, lo que habría gatillado la primera agresión fue que "el interno primerizo tenía rencillas anteriores con el resto de reos que se encuentran también en dicho Módulo. Él había ingresado, recién, el viernes pasado y las lesiones se las produjeron el sábado".

Como una forma de frenar este tipo de hechos de violencia, la alcaide señaló que "ya tenemos identificados a ocho de los agresores, además hicimos un procedimiento con el cual incautamos elementos contundentes, así como prohibidos en el centro penitenciario". Añadió que el Ministerio Público, instruyó el aislamiento de los reos, medida que fue cumplida por Gendarmería e informada al resto de la comunidad penal, para evidenciar la sanción aplicada.

SEGUNDO CASO Respecto a la segunda serie de videos, que muestra la tortura con una toalla mojada sobre el rostro de un interno, la alcaide apuntó a que "no tenemos una denuncia al respecto. Nuestro llamado es, para todos los internos, a que denuncien las agresiones de las que puedan estar siendo víctimas. No amparamos ningún hecho de violencia dentro de nuestros penales". Explicó, eso sí, que de igual forma, se analizarán los antecedentes.

"Pudimos indagar y establecer que el video fue grabado al interior del penal".

Alcaide Romina Campos 8 internos acusados, por su participación en las golpizas, ya fueron sancionados.

DENUNCIAN GOLPIZA DE GENDARMERÍA A REO EN CÁRCEL DE VALDIVIA POR TENER UN CELULAR RADIO BIOBIO http://www.biobiochile.cl/2016/03/16/denuncian-golpiza-de-gendarmeria-a-reo-en-carcel-devaldivia-por-tener-un-celular.shtml Una denuncia de maltrato contra un interno presentó la pareja del imputado del módulo 12 del recinto penitenciario en Valdivia, medida en la cual estuvo acompañada por la Fundación Marco en Libertad.

Según indican, el hombre llegó al recinto desde el hospital, en donde estuvo dos semanas, por una cirugía en su aorta, con la prescripción de guardar reposo. Agregan que un cabo de Gendarmería lo habría golpeado para quitarle un celular.

La directora de la Fundación, Gloria Moneny, lamentó la agresión, esperando que la institución tome acciones al respecto.

El organismo recordó el decreto 518 con su artículo 28 señala que a través del director regional se deben adoptar medidas que garanticen la vida e integridad física de los internos e internas.

Radio BíoBío llamó telefónicamente al director regional, sin hasta ahora obtener respuesta.

FELIPE HARBOE DESESTIMÓ CRÍTICAS A AGENDA CORTA ANTIDELINCUENCIA COOPERATIVA.CL http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/agenda-legislativa/felipe-harboe-desestimocriticas-a-agenda-corta-antidelincuencia/2016-03-17/091539.html

El presidente de la comisión especial de Seguridad Ciudadana del Senado, Felipe Harboe (PPD), desestimó en El Diario de Cooperativa las críticas a la agenda corta antidelincuencia esbozadas por el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz y el INDH, afirmando que apuntan sólo al control de identidad.

"La agenda corta es mucho más que el control de identidad", afirmó Harboe, quien explicó que "el control de identidad es una de las normas de esta agenda corta. La agenda corta se hace cargo de que hoy tenemos más de un millón de hogares que han sido víctimas de robos y hurtos".

El parlamentario detalló que ocho de cada 10 robos ocurren en casas de los sectores C y D, por lo que "la agenda corta se hace cargo de un drama social que está viviendo la gente que no tiene plata para tener alarma ni seguridad privada".

"La agenda corta lo que hace es que recoge los problemas prácticos que los fiscales y las policías nos están señalando que tienen problemas para poder muchas veces probar los hechos ilícitos", remarcó.

Como respuesta al ministro Muñoz, Harboe aseguró que "la opinión de la Corte Suprema estuvo recogida en todo el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tuvimos permanentemente la presencia de un ministro de la Corte Suprema, el ministro Milton Juica, el propio presidente actual de la Corte Suprema ha manifestado que es favorable a determinadas normas".

"Muchas de las normas que estamos aplicando, por ejemplo, que las policías tengan la posibilidad efectiva de identificar testigos, son normas que están vigentes en la legislación internacional", continuó el senador.

El legislador resaltó que "el proyecto en su conjunto lo que hace es que desde la práctica misma hace un conjunto de modificaciones. (...) Se van haciendo modificaciones que son prácticas y que

van a significar, con el debido respeto a las garantías, como corresponde, también darle mayores facultades al Ministerio Público y a las policías para hacerse cargo de estos problemas".

Críticas a trabajo de inteligencia en Arauco Sobre la solicitud de estado de excepción en la zona de conflicto en La Araucanía, el senador Harboe, que representa a la provincia de Arauco, enfatizó que "es una petición basada muchas veces en la ignorancia de cuáles son las implicancias de esto".

"Declarar un estado de excepción significa reconocer que la policía no tiene capacidad para solucionar un problema y pedirle a una institución que no está preparada para el control del orden público, como son las Fuerzas Armadas, salgan a la calle", explicó.

Según el parlamentario, "si es un grupo reducido de 30, 40, 50 personas las que participan activamente en estos hechos ilícitos, lo que se requiere es que el trabajo de inteligencia logre detectarlos y una vez identificados que tenga la capacidad de transformar esa información en prueba".

"Lo que corresponde es que el sistema de inteligencia mejore sus tácticas para poder transformar la información que debieran tener, identificar a esas personas y no estigmatizar a un conjunto de comunidades", remarcó.

Harboe concluyó que "no parece lógico que después de 17 atentados en la provincia de Arauco, todavía no se sepa quiénes son los responsables, me parece que ha habido tiempo suficiente para que el sistema de inteligencia sea capaz de identificar a esas personas y perseguir con nombre y apellido".

ATAQUES A PRENSA EN MÉXICO AUMENTAN 22 % EN 2015 CON 392 CASOS Y 7 ASESINATOS TERRA http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/ataques-a-prensa-en-mexico-aumentan-22-en-2015con-392-casos-y-7-asesinatos,5bc7f2a14e10b0a7efd2db0eb3e17b3d1g6p2udj.html Las agresiones contra la prensa en México aumentaron un 21,8 % en 2015 respecto a 2014, con siete muertos y 397 casos, uno cada 22 horas, según un informe de la ONG Artículo 19, que revela que en el 41,5 % de los ataques hubo funcionarios implicados.

Estas cifras son una muestra "clara de la gravedad de la situación: las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y de información, así como las agresiones a periodistas, van de la mano de la ausencia de voluntad por parte del Estado y la consecuente impunidad", señaló la organización en su informe anual.

De los 397 casos registrados, 165 fueron protagonizados por funcionarios, seguidos por 78 actos de particulares, 35 del crimen organizado, 34 de partidos y 85 sucesos en los que no se pudo identificar el agresor.

En 2015 murieron siete periodistas en el país, frente a los seis casos registrados en 2014 y a los cuatro de 2013, en el que supone el año más mortífero para la prensa en México desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto a finales de 2012, según Artículo 19.

Destacó la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa junto a cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, en un brutal asesinato cometido en la Ciudad de México.

Tanto Vera como Espinosa habían denunciado amenazas y afirmado que temían por su vida por su labor en el oriental estado de Veracruz, de donde huyeron meses antes del crimen.

La organización resaltó "la saña" con la que fueron cometidos los siete homicidios y la "falta de voluntad política de las autoridade s para prevenir" estos delitos.

En total, desde 2009 hasta 2015 murieron 55 comunicadores, convirtiendo el país en uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

Además de las siete muertes del pasado año, se contaron cinco desplazamientos forzados, una desaparición a manos de fuerzas de seguridad públicas que derivó en un asesinato, siete allanamientos a domicilios de periodistas y 37 casos de privación ilegal de la libertad.

También se perpetraron 109 ataques físicos/materiales, 84 amenazas y 5 ataques a instalaciones de medios de comunicación con explosivos y armas de fuego, entre otras agresiones.

En este escenario, cabe señalar el aumento de ataques dirigidos contra mujeres periodistas, 84 casos en 2015, el 21 % del total y superior al 19 % del año anterior.

Sobresalió el caso de Luisa Velázquez, comunicadora y activista feminista, quien desde octubre de 2014 ha sido víctima de amenazas en las redes sociales.

Titulado M.I.E.D.O. (Medios.Impunidad.Estado.Democracia.Opacidad), el informe identificó el mayor número de agresiones en la Ciudad de México y Veracruz (67 cada uno), Guerrero (56), Puebla (38) y Oaxaca (35).

En esos estados "el ejercicio del periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo", aseveró Artículo 19.

En otras zonas antes tranquilas como Guanajuato se pasó de una agresión por año en 2013 y 2014, a 13 en 2015, entre ellas un asesinato.

ASESINATOS DE PERIODISTAS SE DUPLICARON EN ÚLTIMO AÑO EN AFGANISTÁN, DICE ONG TERRA http://noticias.terra.cl/mundo/medio-oriente/asesinatos-de-periodistas-se-duplicaron-en-ultimoano-en-afganistan-dice-ong,0fa39b24a444f0ee6ddc09f57ec3cd72dc8v05wr.html Al menos doce periodistas fueron asesinados en Afganistán durante el último año, el doble que en el periodo anterior y la cifra más alta desde el comienzo del conflicto en 2001, según un informe de la ONG Nai presentado hoy en Kabul.

"Fue el año más sangriento para los periodistas en Afganistán", manifestó el presidente de Nai, Sediqulah Tawhidi, en la presentación del estudio que cubre de abril de 2015 a marzo de 2016, según el año lunar musulmán.

Siete de los periodistas perdieron la vida el pasado enero en un ataque talibán contra el vehículo de una productora audiovisual en Kabul, mientras que otros cuatro lo fueron en ataques perpetrados por personas no identificadas.

Otro reportero murió en un bombardeo de las fuerzas internacionales contra un hospital de la ONG Médicos Sin Fronteras durante la toma de la ciudad de Kunduz (norte), detalla el informe de Nai. Otros 23 periodistas resultaron heridos, 15 fueron golpeados o sufrieron intentos de asesinato, tres fueron detenidos y 63 recibieron amenazas o insultos.

El gremio sufrió 116 casos de violencia, el 55 % perpetrados por los talibanes, el 23 % por el Gobierno y las fuerzas de seguridad, y un 0,8 % por las tropas de las OTAN. Tawhidi advirtió de que, a diferencia de años anteriores, los talibanes atacaron "intencionada y sistemáticamente" a los medios de comunicación, y agregó que un gran número de periodistas abandonaron el país por razones de seguridad.

En cuanto a las reporteras, el número cayó "significativamente" en el último año debido a las dimisiones y marcha del país ante la creciente inseguridad.

"Queremos que el Gobierno tome medidas preventivas para garantizar la seguridad de los periodistas", pidió el presidente de Nai, al lamentar que en los últimos 14 años la gran mayoría de los casos de violencia en el sector quedaron sin investigar.

CIDH VERIFICARÁ MEDIDAS CAUTELARES A FAMILIARES DE BERTA LA TRIBUNA (HONDURAS) http://www.latribuna.hn/2016/03/15/cidh-verificara-medidas-cautelares-familiares-berta/

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido al Estado de Honduras el peligro que corría la ambientalista Berta Cáceres ultimada el 3 de marzo, así como la necesidad de cumplir a cabalidad las medidas de resguardo de su integridad, puesto que habían detectado “falencias en cuanto al cumplimiento de las medidas cautelares de protección”.

LA TRIBUNA tuvo acceso al documento que establece las medidas cautelares que decretó la Comisión a varios miembros del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y a los familiares de Cáceres, como al testigo de la muerte de la lideresa indígena, en el cual se informa que el Estado Hondureño había identificado una serie de incumplimientos en la protección de Cáceres.

La lideresa indígena fue ultimada en su casa en la residencial El Líbano en La Esperanza, Intibucá, en horas de la madrugada, día en el que albergaba al mexicano Gustavo Castro Soto, quien daría unas charlas en las horas posteriores, quien recibió dos disparos, pero sobrevivió al atentado y se convirtió así en el testigo del crimen.

El documento establece que “tanto la Comisión Interamericana y otros organismos de Naciones Unidas han manifestado su repudio y consternación por el asesinato de Berta Cáceres y por el hecho que haya ocurrido, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a su favor”.

Las autoridades de la Comisión lo hicieron saber al gobierno hondureño en una reunión de trabajo sostenida en la sede del organismo el 21 de octubre de 2015. “En efecto, en dicha reunión la CIDH llamó la atención a la delegación del Estado sobre la situación de riesgo de Berta Cáceres y sobre las falencias en la implementación de las medidas de protección a su favor”, indica el documento.

De esa manera agrega que “la CIDH consultó sobre las razones por las cuales no se adelantaba una investigación efectiva destinada a remover los factores de riesgo que perpetuaron los continuos hechos de violencia y hostigamientos en su contra”.

MEDIDAS CAUTELARES La familia de Cáceres, miembros del Copinh y el testigo del crimen, Gustavo Castro tienen medidas cautelares de precaución.

Ante esa situación que había sido prevista por la Comisión, el 5 de marzo mandó al Estado hondureño decretar medidas cautelares de protección a la familia de Cáceres, a varios miembros del Copinh, como al mexicano Castro Soto.

“Tomando en consideración las características del presente asunto y el contexto en el cual se presenta, la CIDH considera que se ha establecido ´prima facie´ que la vida e integridad personal de los integrantes de Copinh, familiares de Berta Cáceres y del señor Gustavo Castro se encontrarían en riesgo”.

La Comisión Interamericana revisará las medidas cautelares aplicadas a la familia de la ambientalista Berta Cáceres ultimada el 3 de marzo, en las próximas horas luego que el gobierno hondureño presente el informe de la aplicación, a la vez tratará el tema durante el 157 periodo de sesiones donde el Estado de Honduras deberá presentar los resultados de las investigaciones del caso.

La medida cautelar de protección decretada por la Comisión fue numerada bajo expediente 112-16 y mediante resolución 8/2016, a los miembros del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y familiares de Cáceres.

LA TRIBUNA tuvo acceso al documento que establece las medidas cautelares, que en su parte resolutiva indica que “la Comisión también solicita al gobierno de Honduras que tenga a bien informar, dentro del plazo de 10 días contados a partir de la fecha de la emisión de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica”.

La resolución de la Comisión fue emitida el sábado 5 de marzo y en un periodo de 10 días el Estado deberá informar sobre las medidas y de allí en adelante hacerlo de manera periódica para confirmar que se está cumpliendo.

Se informa además que la CIDH convocó a las partes (Copinh y familiares de Cáceres) para estar presentes en una reunión de trabajo del próximo periodo de sesiones de la Comisión.

Berta había denunciado en varias oportunidades la amenaza que vivían los líderes indígenas que defendían los recursos naturales.

“Será durante el 157 periodo de sesiones de la CIDH, a fin de recibir información sobre la implementación de las medidas cautelares y las investigaciones realizadas sobre los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares”.

Los miembros de la Comisión realizaron un análisis exhaustivo de la situación de los familiares de Cáceres como miembros del Copinh y el testigo del crimen el mexicano y coordinador de la organización ambientalista “Otros Mundos”, Gustavo Castro Soto, así como de la solicitud de protección realizada y los antecedentes que rodean el caso.

SITUACIÓN URGENTE “El Artículo 25.2 de su Reglamento, la Comisión considera que: a) la “gravedad de la situación”, reza en la parte resolutiva.

Para la CIDH “la urgencia de la situación” se determina por “la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar”.

Refiere que la gravedad del caso, existe y se cumple el requisito, por lo que la Comisión Interamericana estima que se encuentra cumplido en vista de los continuos actos de violencia, hostigamientos y amenazas que estarían enfrentando los miembros de Copinh, así como de las circunstancias especiales que genera el asesinato de la lideresa Berta Cáceres en la situación de su núcleo familiar y del señor Gustavo Castro, testigo inmediato del asesinato”.

Las medidas fueron contempladas por la Comisión, luego de observar que “la información aportada por los solicitantes sería consistente con información, de carácter general, que la CIDH recibió en su visita a Honduras en diciembre de 2014, sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos”.

En ese año, los miembros de la Comisión dijeron en su informe preliminar que constataron “la grave situación que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos”, a quienes identificó como “blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos”.

SECRETARIO DE LA OEA CONDENA EL ASESINATO DEL LÍDER INDÍGENA DEL COPINH LA TRIBUNA http://www.latribuna.hn/2016/03/16/secretario-la-oea-condena-asesinato-del-lider-indigena-delcopinh/

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó hoy el “asesinato” del líder indígena hondureño Nelson García y pidió el fin de la impunidad en el país centroamericano.

“Enérgica condena al asesinato del líder indígena y de derechos humanos Nelson García en Honduras. ¡Basta de impunidad!”, escribió hoy Almagro en su cuenta de la red social Twitter.

García, de 38 años, murió ayer por heridas de bala en un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad durante el “desalojo violento” de unas 150 familias de la etnia lenca que estaban en supuestas tierras privadas en el norte de Honduras, según información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

El suceso ocurre doce días después del asesinato a tiros dentro de su casa de la dirigente lenca Berta Cáceres, una de las fundadoras en 1993 del Copinh y destacada defensora de los recursos naturales del país frente a la construcción de proyectos hidroeléctricos.

Según la organización, los enfrentamientos de ayer se registraron por el “desalojo violento” de 150 familias adheridas al Copinh en la comunidad de Río Chiquito, departamento norteño de Cortés, cuyas tierras son reclamadas por tres personas, no identificadas.

Hasta el momento, la Policía hondureña no ha informado sobre el hecho criminal.

El Copinh exigió ayer al Gobierno hondureño que ponga “fin de una vez por todas a los ataques y hostigamiento constante” contra los miembros de esa organización y cumpla “su obligación de garantizar tanto su seguridad como su derecho a defender (los) derechos humanos”.

En Honduras, la violencia criminal causa un promedio de 13 muertes diarias, según fuentes oficiales.

La OEA firmó en enero con el Gobierno de Honduras su primera misión contra la corrupción y la impunidad en un país miembro, un convenio de cuatro años en el que el organismo se reserva el derecho a retirarse si hay incumplimientos.

RELATORA DE LA ONU: Comunidades indígenas viven en ambiente de violencia LA TRIBUNA (HONDURAS) http://www.latribuna.hn/2016/03/15/cidh-verificara-medidas-cautelares-familiares-berta/ La experta en derechos humanos de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz advirtió sobre la crítica situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas de Honduras con respecto a sus derechos sobre sus territorios y recursos naturales, y su falta de acceso a la justicia, educación y salud. También expresó su preocupación sobre el ambiente generalizado de violencia e impunidad que sufren muchas comunidades indígenas.

“Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales”, dijo la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas al finalizar su primera visita oficial al país.

En septiembre próximo será presentado un nuevo informe de la relatoría de la ONU. La Relatora Especial señaló que el acceso a la justicia de los pueblos indígenas se ve obstaculizado por varios factores, entre ellos, la falta de conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por los operadores de justicia, la falta de recursos de instituciones como la Fiscalía de Etnias y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos; barreras lingüísticas, culturales y económicas; racismo y discriminación e impunidad.

“Lamentablemente, ésta no es una situación aislada y se me ha informado de abusos similares a los derechos humanos en el contexto de otros proyectos hidroeléctricos que afectan al pueblo lenca, de concesiones madereras y mineras que afectan al pueblo Tolupán, o proyectos de turismo e infraestructuras en tierras garífuna”, lamentó.

La relatora llamó la atención sobre el ambiente general de violencia e impunidad que afecta a muchas comunidades indígenas, al referirse a casos como los asesinatos de miembros del pueblo Tolupán que defienden sus tierras y la impunidad generalizada para los perpetradores de estos crímenes.

“Existe la urgente necesidad de mecanismos legales, administrativos o de otro tipo que permitan a los pueblos indígenas presentar demandas por la violación de sus derechos territoriales, culturales y fundamentales para obtener reparación”, observó. La falta de estos mecanismos ha llevado, en ocasiones, a los pueblos indígenas a la protesta pacífica, lo que desgraciadamente ha resultado en la criminalización de quienes defienden sus tierras”. ¿Será delito defender recursos naturales?

La pastoral social Cáritas emitió ayer un comunicado en el que lamenta la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, pero se pregunta si acaso ¿es delito defender los recursos naturales?

“El asesinato de Berta Cáceres, mujer empeñada en defender los derechos del pueblo indígena y su entorno natural, trajo a la memoria a muchos líderes indígenas y pobres asesinados por defender sus recursos naturales. Este hecho ha detonado en la conciencia nacional la crudeza de un problema no resuelto: la inseguridad, la ficción del derecho a la vida, pues al mismo tiempo que se entierra a

alguien con rostro y nombre, se asesina a personas anónimas, sin rostro, ni nombre, comunes y corrientes pero cuya vida también es sagrada y valiosa”.

En el documento hace una serie de cuestionantes: ¿Seguirá siendo un delito defender los recursos naturales y los bienes de los pueblos originarios? ¿Tendremos que pagar con vidas humanas la custodia de los bienes de la creación, que pertenecen a todos y que unos pocos desean apropiárselos? ¿Por qué tenemos una sociedad tan violenta? ¿Se estará confirmando el estigma que los hondureños somos violentos? ¿O existen otras explicaciones?

La pastoral considera que “El afán de poder y de riqueza ha degradado a la sociedad quitando todo respeto por la vida y la dignidad de los demás, instaurando una sociedad dividida y fragmentada, una familia en declive y quitando del horizonte todo sueño de paz y armonía”.

LA CEJIL CONDENA EL ASESINATO DEL LÍDER INDÍGENA HONDUREÑO NELSON NOÉ GARCÍA HOLACIUDAD! (EEUU) http://www.holaciudad.com/noticias/politica/Cejil-hondureno-Nelson-NoeGarcia_0_899010415.html La organización defensora de los derechos humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó hoy el asesinato del líder indígena hondureño Nelson Noé García y lamentó que el Estado de Honduras no adopte las "medidas necesarias" para evitar estos hechos.

García, de 38 años y padre de cinco hijos, formaba parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), al igual que la líder indígena Berta Cáceres, quien también fue asesinada el pasado 3 de marzo.

"Condenamos enérgicamente este nuevo hecho ocurrido cuando apenas han transcurrido doce días del asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Isabel Cáceres. Es preocupante que el Estado siga sin adoptar las medidas necesarias y suficientes a efectos de que se garantice la vida e integridad de las personas que integran el Copinh", dijo en un comunicado la directora de Cejil para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz.

García murió el pasado martes por heridas de bala en un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad durante el desalojo de unas 150 familias de la etnia lenca que estaban en supuestas tierras

privadas en el norte hondureño, según denunció el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), algo que la Policía desmintió.

La Policía de Honduras indicó en un comunicado que García, de 38 años, fue atacado por "dos desconocidos cuando salía de su casa" en la aldea El Naranjal, ubicada a unos 20 kilómetros de distancia del sitio donde ocurrió el desalojo.

"Este nuevo asesinato demuestra que la espiral de violencia contra los pueblos indígenas que luchan por sus territorios en Honduras permanece, así como la impunidad. Con este tipo de actuaciones, se envía un mensaje más de intimidación hacia toda la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos en este país, aumentando su situación de riesgo", afirmó Cejil.

Cejil solicitó al Gobierno hondureño que acepte la participación de una comisión internacional conformada por personas expertas en la investigación de los asesinatos Nelson García y Berta Cáceres, y exigió medidas de protección para las familias de estas víctimas.

"También pedimos al Estado de Honduras que responda la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionada con el testigo (del crimen de Berta Cáceres) Gustavo Castro Soto, de manera que se encuentre una forma alternativa de cooperación que le permita regresar a México, país donde reside y a donde le han prohibido volver", concluyó Cejil.

Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo dentro de su casa en la occidental ciudad de La Esperanza, fue una destacada defensora de los recursos naturales del país frente a la construcción de proyectos hidroeléctricos.

CENSURA A REVISTA PAULA: CORTE DECLARÓ ADMISIBLE RECURSO CONTRA PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE SANTIAGO EL MOSTRADOR

Cinco días tienen los jueces Gloria Miranda y Daniel Leiva del Primer Juzgado de Familia de Santiago para explicar las razones que motivaron la prohibición de publicar un reportaje de la Revista Paula que revelaba la situación de las niñas residentes de un hogar para madres adolescentes del Sename.

El 11 de marzo Constanza López, directora de la Revista Paula, acusó en su última edición censura previa de un reportaje de la periodista Carolina Rojas que revelaba la complicada situación que viven las niñas del programa “Residencias de Protección para Madres Adolescentes” del Sename, que la publicación quincenal no pudo divulgar porque una resolución judicial del Primer Juzgado de Familia de Santiago lo prohibió.

"Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de cualquier dato que dé cuenta de la situación de vida de las adolescentes que se encuentran en el Hogar Refugio de Misericordia, y en particular de la joven y su hija -las identifica con las iniciales en ambos casos-, a través de cualquier reportaje o nota periodística de Revista Paula", decía la resolución del juzgado de Familia que resolvió a partir de las presentaciones de Jimena Briones, directora del hogar que menciona el documento, en cinco ocasiones en los juzgados de Familia de San Miguel, Arica y Santiago. Los jueces de todas esas instancias rechazaron prohibir la publicación. Sólo el Primer Juzgado de Familia de Santiago estuvo a favor y la dictaminó.

El reportaje muestra “no sólo la dura realidad socioeconómica, familiar y de vulneración de sus derechos que viven estas niñas, sino también las crudas condiciones a las que pueden enfrentarse una vez internadas en estas instituciones”, dijo Constanza López.

El viernes pasado al mediodía y tras socializar su carta “No podemos publicar”, la directora de la revista presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. “Se ha materializado una prohibición de informar que impide arbitraria e ilegalmente a Revista Paula ejercer la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”, dice el recurso.

El texto argumenta que los jueces del Primer Juzgado de Familia de Santiago, Daniel Leiva y Gloria Miranda, actuaron arbitrariamente, fuera de las facultades que les confiere la ley y contra las normas de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Chile.

El vicepresidente del Colegio de Periodistas, Patricio Segura, dijo que ningún tipo de censura previa es aceptable para el gremio y eso está establecido en distintas legislaciones internacionales. “Es algo que no se puede permitir en un sistema democrático”, señaló y agregó que los medios de comunicación no son aliados de los servicios públicos, sino que deben fiscalizar a las instituciones del Estado, sumado a que en este caso puntual existe un interés público que los periodistas tienen el derecho y la obligación de difundir.

El Sename afirmó que colaboró con la investigación facilitando fuentes e información, pero la controversia se produjo cuando Revista Paula entrevistó a una adolescente residente de un centro dependiente de su organismo quien habría entregado su testimonio sobre malos tratos que habría sufrido en el hogar. Entrevista que, de acuerdo al servicio dependiente de Justicia, transgrede el artículo 57 de la ley de menores. Una tesis que se baraja es que el Sename quería tapar el testimonio y aprovecharon que tenían tiempo, pues la publicación es quincenal, para lograr que se prohibiera la difusión.

Tras la presentación del recurso de protección de Revista Paula, sin embargo, las autoridades del Servicio Nacional del Menor anunciaron que acatarán lo que decidan los tribunales. La Corte de Apelaciones de Santiago admitió a trámite el recurso y la primera sala del Tribunal de Alzada presidida por la ministra Dobra Lusic solicitó a los jueces Leiva y Miranda que en un plazo de cinco días informen todos los antecedentes en su poder sobre el asunto que motivó el recurso. La resolución de la corte podría demorar al menos un par de semanas en darse a conocer.