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Elmonopolio fallido

¿Por qué los organismos operadores en México son deficitarios en su gran mayoría? La respuesta es clara: se debe a un modelo de gestión erróneo, resultado de decisiones en las que predomina un enfoque político-electoral, no de política pública en función del interés colectivo con base en información técnica y profesional; se debe también a la muy frecuente rotación de los funcionarios encargados, que permanecen en sus puestos muy poco tiempo, a la falta de controles y a los desvíos que se tienen en todos los niveles de las organizaciones.

RAMÓN AGUIRRE DÍAZ Consultor especialista en agua y saneamiento.

Los organismos operadores encargados de la prestación de los servicios de agua y saneamiento se encuentran en una posición envidiable. Que todos los habitantes de una ciudad demanden sus servicios y que además no tengan competencia; que no haya genéricos ni sustitutos a los productos que gestionan debería permitir contar con empresas públicas (organismos descentralizados), o en su caso empresas privadas, autosuficientes y con servicios de calidad. En muchísimas partes del mundo el monopolio que representa el dotar de los servicios hídricos a la población se ha traducido en empresas solventes, de las más importantes de cada ciudad. En nuestro país, la situación es muy diferente. La gran mayoría de los organismos operadores se encuentran en condiciones financieras difíciles, sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades operativas del día a día, y prestan servicios con numerosas deficiencias. ¿Qué empresa puede funcionar adecuadamente si los nombramientos de sus directores se basan a menudo en compadrazgos y se sustituye a los encargados en promedio cada 1.7 años? ¿Qué empresa puede ser solvente si el precio de sus servicios se fija con una óptica de política clientelar, no de interés público? El problema es el equivocado modelo de gestión, en el que las decisiones se toman con visión de corto plazo y que no apuesta por ir construyendo soluciones, cuya concreción en el caso del agua requiere muchos años. Tomemos como ejemplo las decisiones en el ámbito tarifario. Las tarifas bajas sólo le convienen a cierta clase de políticos; los usuarios, la gente de todos los niveles socioeconómicos, prefieren pagar lo que cuesta tener un buen servicio que no tenerlo o tenerlo de manera deficiente. En México la cobertura de servicios de agua potable, según cifras oficiales, es superior al 95% de la población, lo que no responde a la realidad, pues se trata del número de casas que tienen tubería en su frente, pero que esa tubería lleve agua y que lleve agua de calidad es otro asunto. El “agua segura”, que en el contexto internacional se define como un servicio confiable y de calidad aceptable, en México no alcanza al 50% de la población.

18035

13319

9645

6958

5725

4771 4070 3500

Elaborada por el autor con base en datos de la Conagua y el Inegi. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019

Figura 1. Disponibilidad de agua por habitante en México 1950-2019.

90 80 70 60 50 40 30 20 10

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Inversión ejercida total Monto de acuerdo con el porcentaje recomendado de inversión en el sector (0.3% del PIB)

Figura 2. Inversión ejercida en programas de la Conagua vs. inversión recomendada (miles de millones de pesos).

Tal situación es preocupante, ya que la mayoría de los afectados son los más pobres de las ciudades, quienes padecen todos los días por un servicio de agua que no se les proporciona ni en las cantidades ni en las calidades mínimas aceptables. Esto no se debe a que haya discriminación; sucede que en las ciudades de México las personas más desprotegidas se asientan en terrenos sin servicios, en partes muy alejadas de las fuentes de abastecimiento o aun en zonas más altas que la cobertura de los tanques de almacenamiento, por lo que las deficiencias mayores se tienen precisamente en esas zonas difíciles de atender. De acuerdo con la información estadística de que se dispone, más del 90% de las personas con nulos o malos servicios de agua son las más pobres.

¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué los organismos operadores en México son deficitarios en su gran mayoría? La respuesta es clara: se debe a un modelo de gestión erróneo, resultado de decisiones en las que predomina un enfoque político-electoral, no de política pública en función del interés colectivo con base en información técnica y profesional; se debe también a la muy frecuente rotación de los funcionarios encargados, que permanecen en sus puestos muy poco tiempo, a la falta de controles y a los desvíos que se tienen en todos los niveles de las organizaciones.

De continuar con el mismo modelo de gestión, esta situación no se podrá cambiar ni en el corto ni el mediano plazo. El tiempo se agota, dada la falta de inversiones para cubrir las necesidades de mejorar el servicio en cobertura y calidad y de atender una infraestructura muy deteriorada que ya cumplió su vida útil.

El nuestro es un país donde el recurso agua es realmente limitado y escaso en gran parte de su territorio. Según informes de la Conagua y de la Organización de las Naciones Unidas, México (junto con países como India, China y España) tienen una condición crítica en la disponibilidad de agua por habitante, apenas mejor que países como Egipto y Arabia Saudita, donde se ubican los grandes desiertos del planeta.

Existen en nuestro territorio grandes contrastes en materia hídrica, ya que mientras en estados como Chiapas, Campeche o Tabasco el promedio de agua renovable es del orden de 16,500 metros cúbicos por habitante al año (m 3 /hab/año), en otros estados como Aguascalientes, Guanajuato y el Estado de México es de 450 m 3 /hab/año, unas 36 veces menor. Avanzamos en una ruta que nos llevará inevitablemente a una crisis hídrica de inimaginables consecuencias. Las inversiones federales para subsidiar la construcción de infraestructura han disminuido alrededor de 80%, mientras que en paralelo los organismos operadores no cuentan con recursos ni tan sólo para operar y mantener adecuadamente la infraestructura

Planeación

Administración

Servicios hídricos Construcción

Comercialización Operación

Figura 3. La solución debe ser integral.

El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica (ONU, 2002).

existente, menos para renovarla y construir lo necesario para atender la demanda.

Necesitamos mucho mejores resultados, y es evidente que para alcanzar los estándares de eficiencia y servicio que se tienen en los organismos de las principales ciudades del mundo, incluso las latinoamericanas, se requiere cambiar el modelo de gestión para que los presidentes municipales y los gobernadores tomen decisiones con el contrapeso de una mayor participación organizada de los usuarios; son éstos quienes pueden ayudar a que se tenga la visión a largo plazo que requiere el subsector agua potable y saneamiento, en particular para ciudades medianas y pequeñas, donde un periodo de tres años es totalmente insuficiente para alcanzar soluciones efectivas, por lo que la visión cortoplacista de un periodo municipal no es la adecuada.

No se trata de romper un esquema de descentralización, sino de implantar soluciones técnicas con una planeación de largo plazo, sustentadas en consejos de administración que dirijan a los organismos y donde predomine la participación de representantes de la sociedad civil y de los sectores económicos, con la finalidad de implementar un esquema de vigilancia de los recursos y de la toma de decisiones.

La autoridad municipal, e incluso la estatal, obviamente deben estar presentes; son las responsables ante la sociedad de la prestación de los servicios y deben tener un papel preponderante en la toma decisiones. Pero está claro –y abundan los ejemplos de ello– que la visión de corto plazo de políticos con enfoque electorero y no de políticas públicas que respondan al interés colectivo ha llevado a los organismos a una situación que no podrá ser sostenible a largo plazo.

Hace poco más de 25 años, como director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Veracruz, fui testigo de un proceso importante: el gobernador, con base en la ley, delegó a los miembros de los consejos de administración de las principales ciudades del estado la decisión de las tarifas por implantar: “Ustedes señores consejeros, serán los que decidirán qué calidad Costos de operación, mantenimiento y administración

Inversiones programadas en el plan hídrico Ingresos por consumo

Ingresos por contratación y otros

Ingresos por subsidios (federal, estatal, municipal)

Figura 4. Objetivo al diseñar una tarifa.

de servicios quieren y consecuentemente cuánto aceptan pagar por ellos. Además, ustedes serán quienes vigilen que los recursos recaudados se canalicen a mejorar los servicios que reciben.”

El resultado fue que, en esos años, todos los organismos veracruzanos trabajaron en números negros. Los usuarios representados en los consejos de administración decidieron fijar tarifas adecuadas, con lo cual se tenían los recursos económicos para poder operar eficientemente y garantizar los servicios, además de que estos recursos eran objeto de vigilancia por parte de los propios consejeros.

Hoy existen, por supuesto, casos de eficiencia de organismos operadores, como los de Monterrey, León, Querétaro, Tecate, Mexicali y La Piedad, por citar los más destacados, pero el 95% de los organismos son deficitarios.

La lección es clara: hay que dejar que sean los propios usuarios los que definan las tarifas. La gran mayoría prefiere pagar cantidades adecuadas a cambio de un buen servicio. Necesitamos un modelo de gestión en el que las decisiones se tomen con otros criterios y se deje fuera la política barata que en mucho ha afectado el desempeño de los organismos operadores del país. Consejos directivos técnico-ciudadanos es lo que necesitamos, y esperaríamos que un cambio en el modelo de gestión permita que se lleve a cabo la reforma institucional que demanda el país