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E studios de Abogados

ESTUDIOS DE ABOGADOS EN EL PERÚ PROMUEVEN UN CLIMA FAVORABLE AL DESARROLLO ECONÓMICO

INVERSIONES Y ESTABILIDAD JURÍDICA En el Perú, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia del largo plazo para desarrollar los negocios y ser competitivos en los mercados globales. Por ello la sostenibilidad es un factor de desarrollo que los estudios de abogados que las asesoran buscan cada vez con garantías más claras. Aunque el país mantiene en líneas generales su modelo económico, aún quedan tareas pendientes para consolidarlo desde el marco jurídico y la legislación. Diversos bufetes de interesante trayectoria llaman la atención sobre estos elementos y las opciones que los inversionistas tienen para apostar con tranquilidad por el país.

Suplemento Comercial de la Revista HACIENDO PAÍS de CONFIEP Editado por: Grupo Imagen S.A.C.: Jr. Jorge Aprile 116, San Borja Central Telefónica: 713-9797 • Fax: 718-4938 Editor Responsable: Luis Díaz Álvarez E-mail: ldiaz@grupoimagen.com.pe Nextel: 99810*3470 Editor General: Humberto Rivera Álvarez Coordinación: Victoria Espinoza Rosas E-mail: vespinoza@revistadeconfiep.com.pe Fotografía: Víctor Hugo Llacza G. Diseño / Pre-Prensa: Gabriela Mas Rivera DICIEMBRE 2013


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ANALIZANDO, DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL, LAS PERSPECTIVAS PARA EL 2014

CONFIANZA Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA CRECER La confianza es un factor transversal a diversos elementos de la economía y el desarrollo social. Permite proyectar con seguridad y tranquilidad: qué hacer, qué arriesgar, hasta dónde apostar recursos para lograr metas y objetivos. Ahora que el Perú crece sostenidamente, el gran reto es asegurar el crecimiento y proyectar el desarrollo de largo plazo, partiendo de una economía sólida, que sea el soporte que los inversionistas requieren para trabajar sin trabas burocráticas y con una legislación que garantice seguridad jurídica.

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esde ese punto de vista legal, el abogado, árbitro y consultor Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio*, hace un análisis de los factores que contribuirán a dinamizar las inversiones el año que viene con el soporte jurídico adecuado. Opina también sobre lo que faltó sellar con nuestro marco legal el año que cerró. Asimismo, sobre las herramientas con que cuenta el sistema peruano para desarrollar inversiones y negocios en un marco de relaciones con el sector público.

SECTORES DINAMIZADORES Tras un breve período de desaceleración, diversos analistas prevén que el Perú se recupere el 2014, pero que para ello, la labor de los poderes públicos tendrá que centrarse en el desmontaje de escollos burocráticos que influyen en el retraso en la toma de decisiones en el ámbito privado. Pero eso no es todo. De acuerdo al Marco Macroeconómico Multinanual 2014-2016 (MMM), el PBI del país crecerá entre 6,0% a 6,5%. Aunque factores exógenos podrían alterar esta proyección, el crecimiento se dará principalmente por la fuerza de la demanda interna, lo que terminará compensando la debilidad del sector externo, que ha afectado a la zona Euro y a los Estados Unidos. Los indicadores muestran un crecimiento importante de la inversión privada (10%) y pública (20%). Según el análisis de Paolo del Águila, siguiendo al MMM, “la inversión privada estará impulsada por el sector minero y los proyectos de infraestructura en APPs, destacando la inversión en el sector transporte (puertos, aeropuertos y vías) declarados de necesidad pública por Ley N° 30025, en tanto se procura mejorar la competitividad del país. Por otra parte, en cuanto a los sectores


Estudios de Abogados no primarios, destacan principalmente el mayor dinamismo de los sectores construcción, servicios y comercio, sobre todo el primero con una expansión del 9,1% impulsado por la inversión pública y privada, en tanto el sector comercio se vería impulsado por el mayor poder adquisitivo de la población, y por el dinamismo y mejores condiciones del crédito”. Finalmente, existen oportunidades de negocios trazados por los TLC en mercados aún incipientes, como el asiático, para nuestros productos agrícolas, químicos y metalmecánicos. “Considero que los acuerdos de promoción comercial y de libre comercio suscritos por nuestro país son una ventana interesante para potenciar nuestra economía, pero que falta aprovechar con mayor decisión y alcances tales instrumentos”, opina.

CONFIANZA Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES El año 2013 fue un año en el cual el factor confianza se mencionó en diversos foros como un requisito de inversión urgente. Conviene preguntarse qué mecanismos del derecho privado han sido los más utilizados para obtener esa confianza y predictibilidad. “Diversos indicadores económicos muestran cómo en las últimas dos décadas la economía del Perú ha crecido exponencialmente, colocando al país en la mira de la inversión extranjera. Ello –explica el abogadodebido, además de un modelo económico coherente y sostenido todo ese tiempo, a la cada vez más creciente interacción de la economía peruana con el mercado internacional”. El resultado “es que los inversionistas extranjeros eligen al Perú como lugar ideal para inyectar capital en beneficio de ambas partes. Sin embargo, con ello llega la necesidad urgente de contar con un sistema legal atractivo que le otorgue mayor confianza al inversionista”, comenta Del Águila. Afirma que uno de los mecanismos del derecho privado usados por el Estado con la finalidad anterior han sido los denominados Convenios de Estabilidad Jurídica. “A través de ellos, se ha lanzado un mensaje claro en el sentido que las reglas de juego pactadas entre el inversionista y el Estado no cambiarán. Como pasa en el derecho privado, el contrato es ley entre las partes. Ese mismo principio se traspasa al ámbito público en la relación contractual del Estado con los inversores. De esa manera, todo se torna predecible, lo que brinda seguridad al inversionista respecto de los derechos básicos que garantizan su inversión y, asimismo, le permite hacer un cálculo de la utilidad que puede obtener de esa inversión en el largo plazo”. Otro mecanismo que busca aprovechar la sinergia de una economía peruana abierta al mundo con el comercio internacional, ha sido la celebración de Tratados Bilaterales de Protección de las Inversiones (TBI). “Por medio de estos acuerdos internacionales suscritos por el Perú con distintos países, de manera particular, se busca extender los lazos de confianza para el comercio y la inversión entre las empresas de los Estados firmantes del acuerdo, garantizando derechos fundamentales para la inversión como la igualdad de trato, la no discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros, la no expropiación, entre otros derechos”, señala Del Aguila. Finalmente, y no por ello menos importante, otro mecanismo típico en la esfera privada que el Estado ha acogido para alcanzar confianza y predictibilidad es el uso de los mecanismos alternativos para la solución de controversias, principalmente el arbitraje. “De ese modo, la gestión de conflictos derivados de la contratación pública se regula por un sistema arbitral, tributario de la Ley Modelo UNCITRAL. Así, el Estado peruano apuesta por resolver tales disputas en foros arbitrales, tanto nacionales como internacionales, bajo las características de rapidez, especialidad, neutralidad y eficacia, propias del sistema arbitral. Ello, lanza también un mensaje al inversionista en el sentido que cualquier problema derivado del incumplimiento, interpretación o ejecución de sus contratos, tendrá una vía idónea para ser resuelta”, refiere.

EL ARBITRAJE SIGUE CRECIENDO Si uno ve las estadísticas de las principales instituciones arbitrales del país observará que en los últimos 10 años el crecimiento de casos arbitrales ha sido significativo. Según explica Paolo del Águila, “son varios miles los procesos arbitrales que han pasado por la administración de Centros de Arbitraje en la última década, y eso sin contar los arbitrajes ad hoc, respecto de los cuales, lamentablemente, no se tienen cifras exactas (dada su confidencialidad), pero que implican para los operadores vinculados al sistema arbitral, aproximadamente el 70% de los arbitrajes del país”. “Por lo tanto, mi estimado es que el arbitraje, en tanto crezca y se fortalezca la economía del país, seguirá creciendo, máxime cuando hay dos razones que abonan decididamente a lo anterior: (i) desde el año 2008 gozamos de una Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo 1071) considerada de vanguardia a nivel mundial, lo que torna amistoso el uso del arbitraje en el país, y (ii) la normativa de contratación estatal, a través del Decreto Legislativo 1017 y su Reglamento, prevén el uso del arbitraje en la composición de conflictos en la esfera de la contratación pública, de por sí numerosa y que abarca distintos sectores de la economía nacional. Justamente, con relación a qué sectores van a ser donde crezca con mayor fuerza el arbitraje, considero que serán aquellos relacionados a la ejecución de obras públicas, principalmente en servicios básicos e infraestructura”.

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Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio.

EL ESTADO NECESITA LA ACCIÓN DE LA EMPRESA PARA DINAMIZAR ECONOMÍA

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Qué necesita la legislación empresarial peruana para dar un mejor clima de confianza al inversionista? Como regla general, necesita que el sistema jurídico funcione como un todo orgánico y coherente, de modo que el inversionista no cuente tan solo con normas sectoriales efectivas, pero aisladas o inconexas al resto del ordenamiento jurídico. De hecho, una norma atractiva a las inversiones y a la garantía de derechos del inversor, pierde peso cuando al lado ese mismo inversionista constata la existencia de barreras burocráticas para acceder al mercado, requisitos irracionales para los actos de comercio, políticas de subsidio y salvaguardias sin fundamento, entre otras trabas legales. No obstante el cuidado que debemos tener con relación a lo anterior, mi preocupación va más allá de la legislación empresarial (que en sus líneas maestras es buena y consistente con un modelo económico que tiende al libre mercado y busca la competencia). El verdadero problema es cómo hacemos cumplir esa normativa, que en el papel es buena, pero que en la acción concreta de las autoridades (judiciales y administrativas) a veces termina siendo poco coherente con aquello que la legislación empresarial propugna. Para ello, el fortalecimiento de las instituciones -que pasa primero por la mejora del capital humano, en todo el sentido de la palabra- es a todas luces imprescindible.


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“Se necesita que el sistema jurídico funcione como un todo orgánico y coherente, de modo que el inversionista no cuente tan solo con normas sectoriales efectivas, pero aisladas o inconexas al resto del ordenamiento jurídico”.

¿Cómo ve la relación Estado-Empresa en materia de contratación? ¿Qué mejoras se esperarían para el 2014? Creo que la relación es y será buena siempre que el Estado siga convencido que necesita de la acción de la empresa privada para desarrollar la economía y satisfacer los requerimientos de los ciudadanos. En tal sentido, debe buscar modelos de contratación que sean ágiles y simples, que sostengan la idea anterior, como por ejemplo, las concesiones y los modelos asociativos a través de Asociaciones Público Privadas (APP). A esos efectos, deben formularse mejoras en el régimen de contrataciones con el Estado. Al respecto, se han hecho algunos avances con las modificaciones que se dieron el año pasado a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, pero de todos modos hay aspectos que continúan rezagados, como por ejemplo, en el tema de la simplificación administrativa y en la labor que cumple el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, el cual tiene un rol fundamental en la acreditación de las empresas, nacionales y extranjeras, que participan en los procesos de selección. Si esa labor presenta problemas, todo el sistema de contratación pública se resiente y eso conlleva a un desincentivo grande para la inversión privada. Asimismo, pienso que se torna más que necesario mejorar la calidad del gasto público, lo que está ligado al establecimiento y cumplimiento de metas homogéneas en los diversos estamentos del Estado, lo que implica, a su vez, una reforma de la gestión pública orientada a resultados, ello con una idea clara de lo que supone tener un gobierno corporativo y la participación del capital privado. También requerimos mayor transparencia en el proceso de compras públicas, así como el fortalecimiento de PROINVERSIÓN para la promoción de proyectos de alto impacto económico y social. (*) Abogado por la PUC. Maestría en Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual (PUC). Árbitro y consultor independiente en temas corporativos, arbitrales y contractuales (privados y públicos).Profesor en pregrado y posgrado en la PUC, UPC, Universidad Continental y Universidad del Pacífico.

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Estudios de Abogados LOURDES FLORES NANO COMENTA SOBRE LA ESTABILIDAD JURÍDICA EN EL PAÍS

“ME GUSTARÍA VER A UNA CORTE SUPREMA MUCHO MÁS DINÁMICA”

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Al frente del estudio jurídico que lleva su nombre, la lideresa del Partido Popular Cristiano y reconocida abogada, Lourdes Flores Nano, habla acerca del momento actual del país en materia de estabilidad jurídica y condiciones para la inversión.

Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Popular Cristiano y reconocida abogada.

lores Nano considera que en el país tenemos un buen instrumento de protección constitucional y un órgano intérprete de la Constitución que está garantizando la buena orientación económica. “En líneas generales mi actividad profesional este año me ha permitido encontrar un TC muy dinámico al cual le tengo fe. Me gustaría sin embargo ver a una Corte Suprema mucho más dinámica, no obstante destaco que hay un par de plenos casatorios interesantes”. Lourdes Flores sostiene que este año ha tenido la oportunidad de acercarse al peruano emergente, pues hay enormes tareas por hacer en materia de consolidación de la propiedad, así como respecto a la seguridad jurídica en los negocios para el trabajo permanente. “Para mí es muy grato como abogada ayudar a resolver estos temas. Es un desafío y un reto para los abogados, que usemos nuestro conocimiento para permitir que este enorme potencial de riqueza tenga una base sólida”.

COYUNTURA ACTUAL Flores Nano analiza la coyuntura actual para las inversiones desde una aguda perspectiva. En su opinión, el 2013 ha sido un año de retracción, pues todo aquel que tenía un proyecto en marcha, ha invertido, sin embargo aquel que tenía un nuevo proyecto en mente no lo ha podido desarrollar. Por lo pronto, opina, los proyectos que están en marcha continúan a menor velocidad, pero lo que es nuevo, no está dándose porque al parecer los mensajes no son suficientemente claros por parte del gobierno. “Es verdad que Perú sigue siendo la estrella de América Latina y creo que es un buen país para invertir, pero los conflictos sociales, la inacción del gobierno, un poco de turbulencia política, algunas normas, pueden haber generado la sensación de que las cosas no están demasiado claras”.

CLIMA DE CONFIANZA Según refiere la abogada, el propio gobierno es consciente de esta situación y por ello se observa un cierto retroceso en la recuperación del clima de confianza, una falta de resolución de problemas, y un intento de sobrerregulación. A su entender, se advierte una cierta precaución del inversionista respecto al destino del Perú y la marcha del gobierno. Pero en la perspectiva general, al país le va bien, nos dice Flores.

LOURDES FLORES NANO Abogada de la PUCP, con estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y máster en el Instituto de Empresa de Madrid. Considerada en 1999 como una de las 100 líderes Iberoamericanas del siglo XX, según la revista Time. Su trayectoria política la llevó a ocupar cargos como Diputada y Congresista de la República. De igual manera fue candidata presidencial en los comicios generales de 2001 y 2006. Su trayectoria académica y profesional la llevó a ser asesora del rectorado en la Universidad de Lima hasta el año 2000 y rectora de la Universidad San Ignacio de Loyola hasta marzo del 2009.


Estudios de Abogados Por otro lado, opina, un inversionista puede saber que frente a una amenaza cierta, una acción de amparo puede conducirlo al Tribunal Constitucional (TC) y va a encontrar protección a sus derechos fundamentales. “Yo diría que aun con todas sus dificultades, el camino judicial es un camino que permite que el inversionista pueda tener más protección. La justicia comercial no va mal, finalmente en el caso del arbitraje, yo creo que es un camino en el que sí se puede tener más confianza. Hay que fortalecer las instituciones”, agrega.

INSTITUCIONES Para Lourdes Flores Nano, es necesario que se den las condiciones para construir un clima político de claridad. El actual gobierno, comenta, está resolviendo problemas cotidianos, ahora, no hace barbaridades, pero no hay horizonte, señala. “Podría decir incluso que hay una cierta avidez de la Sunat y cierta angurria, de querer captar y llegar al 16% (de recaudación) que se le ha exigido como meta, porque este gobierno ha puesto en marcha una cantidad de programas sociales costosos. Se siente una cierta desesperación de Sunat puesto que hay una política de no devolución. Eso es confiscatorio. Debería haber más serenidad por parte de la Sunat, pues hay una innecesaria presión que se sigue cargando a los informales”. Así, respecto a este punto, Flores Nano señala que el próximo gobierno debería comenzar el año con una administración tributaria distinta. Pese a que los rumores del 2011 respecto al actual gobierno se veían venir, la preocupación ya pasó, lo reafirma Flores Nano, sin embargo, seguidamente comenta que no estamos ante un gobierno impulsor y promotor. “Yo esperaría que el próximo gobierno sea un gobierno capaz de enfrentar una reforma del Estado. Si hay un gobierno con ese ímpetu, podemos tener cinco años de reordenamiento de la administración pública. Yo creo que va a triunfar en el Perú una corriente que permita eso”, concluye.

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Ántero Flores Araoz, abogado, ex congresista y ex ministro de Estado.

DR. ÁNTERO FLORES ARAOZ

“NECESITAMOS MENOS INSTITUCIONES PERO MÁS INSTITUCIONALIDAD” Consolidar y conservar la institucionalidad es uno de los pedidos recurrentes del sector privado para dar sostenibilidad al crecimiento económico. El abogado, ex congresista y ex ministro de Estado, Ántero Flores Araoz, suscribe este principio pues considera que es la base para el progreso.

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n su interacción diaria a través de su estudio, con inversionistas nacionales y extranjeros de todos los rubros, ha sido testigo de la preocupación de los empresarios por tener seguridad jurídica, una legislación predecible y una regulación ágil, que le dé viabilidad al marco jurídico en el que trabaje el sector privado.

¿Cuenta el Perú con esas garantías? La Constitución de 1993 da garantías económicas y hay leyes de desarrollo que van en la misma dirección. En consecuencia, la Constitución de 1993 sí ha ayudado a dar seguridad jurídica a las inversiones; además de los tratados que el Perú ha suscrito como el CIADI, por ejemplo, que también permiten una protección a las inversiones extranjeras. Aunque en el país tienen igualdad ante la ley, prefieren ir a mecanismos supranacionales para resolver conflictos. Por otro lado, se está dinamizando mucho en el país la conciliación y el arbitraje, para no llegar a los estrados judiciales. Cabe recordar que los laudos arbitrales tienen fuerza de ley.


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¿Cómo se han desenvuelto los servicios jurídicos en el ámbito privado el año 2013? Los estudios tienen normalmente dos vertientes: la preventiva de las situaciones incómodas, y de la solución de diferendos, sobre todo en contratación. Este año se ha desenvuelto normalmente. Debido a las inversiones extranjeras, los estudios medianos y grandes tienen mayor presencia con las empresas, para fusiones, escisiones, adquisiciones o los due dilligence legales en caso de comprar una empresa en marcha. Si bien este gobierno no ha roto la institucionalidad del país, no está haciendo lo suficiente para garantizar las inversiones. Se demora mucho para dar licencias y agilizar permisos, en realidad es un calvario. En lo que va de este gobierno, no he visto que se haya expedido un solo decreto supremo para autorizar inversión extranjera en zona de frontera: los famosos 50 km. Hay una sensación de paralización de la acción que quiere tener el Estado. Y la burocracia se convierte en el enemigo de las inversiones, porque la inversión sana genera empleo y el empleo genera bienestar. ¿Falta voluntad política, ausencia de cuadros técnicos? Una combinación de ambas cosas. Si bien uno escucha a un ministro de Economía decir cosas sensatas, parece no estar acompañado de la burocracia del Estado ni de algunos ministros, pues teniendo posibilidades de facilitar la inversión, no lo están haciendo. En el área tributaria y constitucional ha habido mucha preocupación debido a cierta sobrerregulación del Estado en determinados ámbitos… En muchos aspectos tenemos una sobrerregulación y eso impide el desarrollo armónico con una visión de aumento de operaciones en las empresas… Eso es cierto, pero también tenemos que cuando los organismos reguladores, fue para dejar que se dedicarán a la supervisión y fiscalización en el área normativa a los ministerios y ellos ser los fiscalizadores y los que pudieran poner orden. Así también, los ministerios tendrían la parte normativa no solo para dictar disposiciones sino para proyectar las que deberían ser por ley para llevarlas al Congreso de la República. Pero hoy, día, por ejemplo, solo en medio ambiente hay muchas autoridades y cada día más y más regulaciones, y con multas realmente disparatadas y muy onerosas. Lo que necesitamos es menos instituciones pero más institucionalidad. Debemos tener menos entidades y más eficiencia, de modo que para el administrado no haya duplicidad de trámites y de gestiones. Necesitamos que para mantener el crecimiento del desarrollo del país con dígitos apropiados, se acelere la velocidad de las inversiones porque ellas son esenciales para el desarrollo.

MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA El Estudio Flores Araoz tiene más de 40 años en el mercado. “El estudio no debe tener más de 15 abogados. No queremos tener varias pirámides sino dar un servicio preventivo y resolutivo, como lo ofrece un estudio boutique. Por ejemplo, no vemos el tema penal sino que lo derivamos a un especialista. Estamos vinculados al tema corporativo y societario, y al tema tributario”, explica su fundador. El área laboral también es un punto fuerte junto a la de derecho civil, administrativo, constitucional, tributario, de contratación internacional, procesal y el área preventiva de los conflictos, incluido el arbitraje. Los abogados del estudio son Víctor Eulogio Aspíllaga, Ignacio Basombrío Zender, Mario Bonifaz Ojeda, Ántero Flores Araoz E.; Inés María Flores-Araoz C.; Domingo García Belaunde, Eduardo Gordillo Arriaza, Marcela Morales Catter, Jorge Ojeda Dávila, Roberto Ponce de León R., Irma Pacheco Caldas, Juan Carlo Vives Andrade y como consultor, se cuenta con Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen.

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DR. FERNANDO VIDAL RAMÍREZ

LEGISLACIÓN DEBE CONSIDERAR FENÓMENO ECONÓMICO PERUANO

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l doctor Fernando Vidal Ramírez es un convencido de la imp or tancia que la legislación contemple la evolución de la economía. Solo así, el sector privado, que es el motor del desarrollo, podrá realizar los aportes necesarios para darle sostenibilidad al crecimiento. Considera que la seguridad, tranquilidad y predictibilidad es lo que requieren los inversionistas para aportar a largo plazo por un país como el Perú, en donde todavía hay mucho por hacer y por desarrollar. La legislación minera, por ejemplo, dice el Dr. Vidal Ramírez, es una de las que debe actualizarse. “He visto que en el país rige una ley general de minería que data de los años ochenta, pero reformada por un decreto legislativo dictado en los noventa. En ese caso, la legislación minera se está quedando desfasada”, refiere el conocido abogado.

EL FACTOR CONFIANZA

Dr. Fernando Vidal Ramírez.

Pero más que asesoramiento legal, lo que los empresarios piden de los estudios jurídicos es que contribuyan a identificar escenarios en donde pueda existir confianza. “Lo que se debe esperar del gobierno que esté de turno es que genere confianza para invertir, porque el desarrollo de un país depende del desarrollo empresarial –opina el doctor Vidal.- Y eso supone mejorar empleos, mejorar costos de vida, mejorar calidad, y que todos estemos más seguros para poder crecer”. Según comenta Fernando Vidal, si bien el marco jurídico actual favorece el desarrollo empresarial, es un proceso que no debe detenerse. “A lo largo del tiempo debemos evaluar si contribuye a proyectarnos a largo plazo. Y es que en determinadas circunstancias el marco jurídico puede ser más o menos adecuado a los requerimientos del desarrollo empresarial; pero lo que tenemos que cuidar los abogados es señalar las dificultades que pueda ofrecer el marco jurídico cuando de alguna manera pueda entorpecer u obstaculizar ese desarrollo”. En ese sentido, opina, “la seguridad jurídica es un concepto que se tiene que tener siempre como meta. Supone que exista una estabilidad dentro de un marco jurídico adecuado a los requerimientos del desarrollo empresarial. Por eso, también camina en paralelo a la política económica que los gobiernos deben mantener”.


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BARRIOS FUENTES ABOGADOS

APORTE Y CONOCIMIENTO PARA UN MERCADO GLOBAL

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on 45 años en el mercado, fundado por los doctores Raúl Barrios Orbegoso, Luis Fuentes Villarán y Fernando Urquiaga; Barrios Fuentes Abogados es uno de los estudios con más trayectoria y reconocimiento en nuestro país. La coyuntura económica ha permitido que numerosas empresas extranjeras se instalen a invertir en sectores claves como construcción, inmobiliaria, turismo, entre otros. “Nuestro estudio da una asesoría completa a nuestros clientes, muchos de los cuales son alemanes, italianos y españoles. Como áreas de asesoría en derecho tenemos prácticamente todas, salvo el derecho penal”, comenta el doctor Raúl Barrios Fernández Concha, socio fundador. Una de las principales áreas del estudio está enfocada en lo referente a contratación con el Estado y es aquí que Barrios Fuentes Abogados asesora a sus clientes en la constitución local de la empresa, la obtención de su registro nacional de proveedores, necesario para poder contratar con el Estado, así como brinda asesoría para que las empresas puedan participar en licitaciones. “En el caso de nuestros clientes europeos, muchos de ellos están viniendo a hacer obras públicas, concesiones de carreteras, de hospitales”, comenta. En el área migratoria, que tiene en su staff a cuatro abogados, el estudio brinda asesoría a cerca de 1,500 extranjeros, a los cuales les facilitan los trámites de extranjería, además de ello ayudan a las familias en su instalación, por ello facilitan el alquiler de departamentos, así como brindan asesoría en la parte tributaria que es muy importante. Una de las áreas que ha tenido un excelente desempeño y cuenta con más de 15 años de creada, es el área de infraestructura, donde han triplicado la cantidad de abogados debido a la fuerte cantidad de clientes que vienen a contratar con el Estado peruano. El estudio cuentan además con un área petrolera, un área corporativa comercial en la cual se ven todos los contratos, y también un área inmobiliaria, que es relativamente nueva, y que fue creada a consecuencia del boom de compra y venta de inmuebles. Barrios Fuentes Abogados ha desarrollado también el área medioambiental, en donde apoya al cliente en la elaboración de sus estudios de impacto ambiental y obtención de licencias y autorizaciones. “El 70% de nuestros clientes son extranjeros, principalmente australianos, canadienses, norteamericanos, chilenos, españoles, alemanes. Este año tenemos 2 clientes italianos muy importantes y también colombianos que están llegando. Podemos decir que mensualmente tenemos tres a cuatro clientes nuevos. De España por ejemplo, empezamos con las constructoras, luego llegaron los arquitectos, las empresas de software, seguridad, computación y otros rubros”, agrega. Hay un área que está dentro de lo que yo manejo que es la de arbitraje y que tiene especial importancia para el sector privado, resalta el doctor Barrios.

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Estudios de Abogados ESTUDIO LINARES

UNA BOUTIQUE LEGAL ESPECIALIZADA El Estudio Linares Abogados es una boutique legal que está posicionada como especialista en la prevención y solución de conflictos en el ámbito comercial, penal y constitucional; son expertos en asesoría legal en situación de crisis, y en el manejo de procesos judiciales y arbitrales ligados a su especialidad; siendo uno de los Estudios de Abogados más importante y representativos del país en su rubro.

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Daniel Linares y Augusto Linares, socios del Estudio Linares.

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aniel Linares Avilez, socio del Estudio, comenta que el tipo de trabajo que realizan, les permite conocer a fondo temas de la más diversa índole. Pueden ver, por ejemplo, casos relacionados a la operación petrolera, minera, como a la construcción, tecnología, hotelería, hasta procesos contenciosos administrativos con los entes reguladores o la administración tributaria. Atienden casos tan distintos como actividades comerciales pueden existir y cuando la controversia trata de materias complejas para cuya explicación requieren especialistas, no dudan en rodearse con los mejores profesionales que puedan conseguir en dichos ámbitos, toda vez que al ser una Boutique Legal su naturaleza les permite hacer alianzas con quienes el caso requiera, priorizando la solución de la crisis de la mejor forma para su cliente. Menciona además, que Linares Abogados por su diseño, exige que los socios fiscalicen siempre la calidad del trabajo que desarrolle el equipo asignado a un determinado caso, y, además, es política inquebrantable que el cliente siempre tenga la posibilidad de tener trato directo con el socio encargado de su cuenta. Es política del Estudio, procurar que los abogados que contrate se formen en su propia “cantera de practicantes”, lo que garantiza una selección rigurosa del profesional que se integra al staff, y además que dicha persona se encuentre perfectamente capacitada con las políticas y know how de Linares Abogados. “Estamos orgullosos de nuestra cartera de clientes, -dice Daniel Linares- todas empresas fabulosas, líderes de las áreas en las que desarrollan sus actividades, presumimos de no perder clientes en cuanto nuestros indicadores de fidelidad son más que satisfactorios todos los años. Somos un Estudio de Abogados que selecciona los casos y consultas que debe atender, no es nuestro negocio encargarnos de temas masivos sino, todo lo contrario, a nosotros se nos busca para atender temas que exigen dedicación, mucho estudio y diseño de estrategia. Cada año el requerimiento de nuestros servicios crece tanto por nuestros clientes permanentes, como por empresas que se van incorporando como nuevos clientes, en el 2013 ya tenemos aproximadamente 30 nuevas empresas dentro de nuestra cartera, siendo nuestro objetivo que nos acompañen muchos años más”. Augusto Linares Muñoz, abogado penalista y socio, comenta que el Estudio Linares es la única boutique legal con Certificación ISO en calidad de servicio, ello garantiza a sus clientes procedimientos en la organización con altos estándares, lo que además considera como primordial para casos penales, pues esta área toca una de las fibras más sensibles del ser humano, la libertad personal. A la fecha, el Estudio ha alcanzado la tercera generación de especialidad penal, lo que ha permitido consolidarse en esta área y en los últimos años con mayor incidencia en delitos de índole económicos, siempre relacionados a las empresas, las que por naturaleza se ven envueltos en este tipo de situaciones. El desarrollo económico, tecnológico e industrial, ha variado el rumbo de la criminalidad y el Estado ha empezado a centrar su mirada en los empresarios, como responsables de los riesgos que generan –delitos de cuello blanco-, de ahí que Augusto Linares considera primordial el vínculo: abogado principal- cliente. Las denuncias penales, muchas veces se efectúan con fundamentos legales frágiles y/o carentes de veracidad, pero lamentablemente surten efectos, ya que casi en su totalidad el Ministerio Público ordena que se realice una investigación, lo que desde ya daña el honor y reputación de estas personas. Entre las denuncias más frecuentes se encuentran los delitos de “Lavado de Activos” y el denominado “Atentando contra las condiciones de seguridad e higiene industriales”, que ha sido adicionado al Art. 268 del Código Penal vigente, ambas con penas muy severas.


Estudios de Abogados DEL ABUSO DE ALGUNAS MUNICIPALIDADES EN EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

CAJEROS DE PANDORA

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l boom inmobiliario está trayendo una serie de ventajas para las municipalidades; entre ellas un mayor cobro por concepto de impuesto predial y arbitrios. Sin embargo, parece que a algunas no les es suficiente pues entienden que deben cobrar de manera retroactiva montos que no fueron considerados en su momento, como una suerte de actualización de deuda, al amparo de lo prescrito por el Código Tributario que las faculta a efectuar un procedimiento de fiscalización o verificación. Así, la administración tributaria puede emitir una resolución de determinación, una resolución de multa u orden de pago, según sea el caso.

GARROCHA TRIBUTARIA Hay que tener en cuenta, que el numeral 2), del artículo 109º del Código Tributario, dispone que son nulos los actos dictados prescindiendo totalmente del procedimiento establecido. Así, algunas resoluciones de determinación, toman como base la inspección ocular para efectos de la determinación, y cuando no pueden realizar dicha inspección, emiten un “Acta de Inspección No Realizada”, en base a la cual, proceden a levantar de oficio las características del predio, sin la verificación objetiva que debe corresponder. De esta manera, sustentan y emiten resoluciones de determinación, a través de las cuales, establecen la existencia

Por: Patricia Rodríguez Alfaro, socia principal del Estudio Rodríguez Alfaro, Ventura & Asociados Abogados

y cuantía de la supuesta deuda tributaria, a su leal saber y entender y en forma retroactiva, prescindiendo del procedimiento normado por el Código Tributario. Debe tenerse presente, asimismo, que el impuesto predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos, y la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776, señala en su artículo 10º, que el carácter de sujeto del impuesto predial se atribuye con arreglo a la situación jurídica configurada al 01 de enero del año al que corresponde la obligación tributaria. El Tribunal Fiscal, a través de la Resolución Nº 06592-11-2013, que constituye precedente de observancia obligatoria, la misma que ha sido publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de mayo del presente año, ha dispuesto como criterio recurrente que “los resultados de la verificación o fiscalización de un predio, para efecto del Impuesto Predial, no deben ser utilizados para determinar las condiciones que éste poseía antes de la realización de la inspección, toda vez que ello implicaría afirmar que tales condiciones se configuraron antes del 01 de enero de dicho año, fecha fijada por la ley de dicho impuesto para determinar la situación jurídica del contribuyente y de sus predios”. En tal sentido, amigo lector, si Ud. se encuentra en alguna situación similar, hágale recordar a la municipalidad respectiva del precedente emitido por el Tribunal Fiscal, con el fin de salvaguardar sus derechos y evitar cobros abusivos.

99947-3334

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Estudios de Abogados SPARROW HUNDSKOPF & VILLANUEVA - ABOGADOS

¿OTRO SOBRECOSTO PARA LAS EMPRESAS?

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Por: Alberto Sparrow

ay una ley que debe derogarse por ser inaplicable, innecesaria y carente de sustento técnico. En efecto, dos días antes del último cambio de Gobierno, el 26 de julio de 2011, se publicó en el Diario El Peruano la Ley 29769 (La ley), bajo el sugestivo título Ley de Promoción de la Calidad y Autenticidad de los Productos Industriales. En ella se dispuso que la norma se reglamentaría por Decreto Supremo refrendado por los Ministerios de Economía y Finanzas y de la Producción, en un plazo no mayor de 90 días calendario, contados a partir de su entrada en vigencia. El Proyecto de Ley 4859/2010-CR, en su exposición de motivos indica que la normatividad que se pretende, es evitar el comercio de productos adulterados, mediante códigos digitales indelebles a ser colocados sobre los referidos productos. Es así que casi dos años después, por la Resolución Ministerial 141-2013-PCM, publicada en El Peruano del 27 de abril de 2013, se creó la Comisión Multisectorial (la Comisión) de naturaleza temporal adscrita al Ministerio de la Producción, encargada de elaborar el Proyecto de Reglamento de la Ley. Las disposiciones de la Ley son aplicables a todos los fabricantes, importadores y distribuidores de productos industriales envasados (PIE) que decidan acogerse al régimen establecido por ella (Art.2), es decir a todos los productos envasados, sin distingo de ninguna clase y que por lo tanto comprende a productos de origen nacional e importado. En mérito a ello se crea un sistema, con códigos digitales individualizados (CDI), asignados por la SUNAT o delegados por ésta a gremios empresariales quienes se encargarán de su financiamiento (Art. 3°). La intervención de las referidas instituciones crea una natural desconfianza, pues carecerán de imparcialidad en sus atribuciones e incurrirán en errores por falta de capacidad técnica para ello. Según la Ley, el código se insertará en cada envase de manera indeleble: “debiendo ser infalsificables y certificando su autenticidad en Aduanas y puntos de venta verificándolo luego por teléfono, correo electrónico, SMS o través de una plataforma de internet especialmente dedicada, financiada por el sector privado” (SIC, Art.°). Se define en el Art. 4° cuales son los productos industriales adulterados: i) productos industriales acogidos al sistema que no cuenten con el código digital individualizado; ii) esos mismos productos que se comercialicen al menudeo o al granel, sin sus envases. Las sanciones establecidas en la Ley van desde multas de hasta 100 UIT’s hasta el comiso definitivo, disponiéndose además que caben sanciones civiles y hasta penales, así como allanamientos y descerrajes, esto último con autorización del Poder Judicial. Los productos incautados serán sometidos al procedimiento de destrucción. Para la aplicación de la norma se contará con el apoyo de la Policía Nacional. Finalmente se dispone que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con competencia compartida con el Ministerio de la Producción adecuen sus normas a la Ley. Como vemos esa ley constituye un exceso de poder, por lo que debería ser derogada, sin perder tiempo en su reglamentación, por los siguientes motivos: 1. Constituye un agravio a productores, comerciantes y consumidores. 2. Existe normatividad excesiva sobre la materia, para lo cual basta citar la siguiente: • Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor ; • Delitos contra la propiedad intelectual (Código Penal) • Decretos Legislativos 807, 1033 y 1075, y la Decisión 486 de la Comunidad Andina ; • Decreto Legislativo 1092 que norma medidas de control en fronteras para la protección de la propiedad intelectual. Por lo que crear un sistema adicional que traerá consigo exceso de trámites y gestiones con más burocracia y papeleos que dificultan aún más el ser empresario en el Perú, cuando se pregona lo contrario. 3. Se dictó sin conocimiento de la existencia de normas de comercio internacional que hacen innecesario e impracticable un sistema de codificación que regiría únicamente en el Perú pues desde ya descartamos que otros países lo reconozcan. 4. Porque involucra a SUNAT en labores que están lejos de su función recaudadora y lo que es más, autoriza a dicha entidad a delegar esa facultad en Organizaciones Gremiales como SNI o la Cámara de Comercio. 5. Contradice al Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada.


Estudios de Abogados 6. Porque en el mundo ya existen Organismos Internacionales dedicados a ese propósito y que están reconocidos por las Naciones Unidas y por la Organización Mundial del Comercio, como GS1 International que se dedica a normar la estandarización de productos y que nació como uno de los inventos más relevantes del Siglo XX. Nos referimos al Código de Barras, que es reconocido y aceptado en 140 países y cuya actualización para evitar falsificaciones y adulteraciones, es materia de revisión continua dedicando importantes fondos con ese objetivo. El código de barras hoy en día, beneficia a toda la cadena, desde el productor, distribuidor, transportista, almacén, retail y consumidor final en temas tan relevantes como, visibilidad, trazabilidad, seguridad, evitar la falsificación de los productos, minimizar costos, compartir información en tiempo real, es decir, los estándares GS1 han hecho una cadena de suministro híper eficiente. A medida que el comercio sea cada día más global, se requerirá un mayor uso de los estándares GS1. En el Perú opera en ese ámbito por más de 25 años GS1 Perú, Gremio Empresarial con más de 4,000 afiliados entre los que se encuentran los grandes retailers, empresas industriales, pesqueras, electrónicas, de salud, de servicios y especialmente las comerciales de gran envergadura así como las de mediana y pequeña dimensión. 7. Si a esto le agregamos el sobrecosto que tendrían que invertir fabricantes, importadores y comerciantes, preveamos un rechazo general a su aplicación. 8. Todo ello con problemas de política internacional para nuestro país, puesto que se verán necesariamente afectados las transacciones existentes y futuras, así como los tratados de libre comercio que se tienen suscritos. 9. Al no ser mandatorio puesto que la Ley posee un carácter de aplicación voluntaria, se le quita eficacia y confirma su innecesaria aplicación. 10. Por último fija sanciones desproporcionadas a un proyecto que en tiempo récord se convirtió en Ley, lo que pone en duda su imparcialidad e independencia.

En ese sentido y por lo anteriormente analizado y sostenido, creemos que la Ley tendría que ser derogada, manteniéndose para el control de productos falsificados la normatividad existente que es suficiente y que por razones obvias estará sujeta a mejoras, de acuerdo a la realidad en que se viva.

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ESTUDIO JURÍDICO JUAN HUAMANÍ CHÁVEZ ABOGADOS

ARBITRAJE ES MAS EFICIENTE PARA SOLUCIONAR LAS CONTROVERSIAS

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ectores económicos como el de infraestructura y construcción son parte de los motores del crecimiento sostenido que viene teniendo nuestro país. También son los que dinamizan los arbitrajes en el país, a juzgar por el incremento sostenido de los casos de arbitraje que administra el estudio jurídico Juan Huamaní Chávez Abogados. Según comenta el doctor Juan Huamaní, socio principal del citado estudio, el arbitraje con el Estado tiene una ventaja comparativa en nuestro medio, dado que tenemos una Ley -la de contrataciones con el Estadoque establece que toda controversia que se presente entre un privado y una dependencia del Estado, en relación a un contrato de bienes, servicios u obras, será resuelta o solucionada de manera obligatoria a través de un arbitraje. “Esa opción legal hace que el arbitraje con el Estado continúe en alza, consolidándose este ámbito como uno de los más atractivos y rentables entre las distintas áreas con las que cuenta el Derecho”. En el año 2013 el saldo es positivo, y se espera que esta situación continúe para el siguiente, ratificándose de esta manera al arbitraje como el mecanismo de solución de controversias más eficiente y efectivo en nuestro país. Arbitraje, Contrataciones del Estado y Derecho de la Construcción son los rubros en los que actualmente participa el citado Estudio de Abogados. Entre sus ventajas diferenciales está la experiencia de más de 10 años de su socio principal, quien también es catedrático y ponente en prestigiosas instituciones. El Estudio ofrece además labores de secretaría arbitral, y es uno de los más representativos en nuestro medio brindando dicho servicio. Cuenta con el aporte de profesionales con amplia experiencia y conocimiento en el ejercicio de dicha función, y con instalaciones y logística adecuadas para brindar un apoyo completo y eficiente a los árbitros en la tramitación de los diversos procesos arbitrales que se llevan a cabo en sus oficinas.

PARA ARBITRAR CON EL ESTADO En aquellos contratos regidos bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de presentarse una controversia, ésta necesariamente deberá ser resuelta, por exigencia legal, a través de un arbitraje. Así, las partes contractuales deben tener presente ello, con lo cual, durante la ejecución del contrato deben generar todos los medios probatorios posibles para que, de tener que iniciar un arbitraje en el futuro, tengan como respaldar sus posiciones. Como en todo proceso, si no hay pruebas contundentes, los pedidos que se efectúen probablemente no sean amparados.


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Suplemente Especial de Agobados