Grito del Sur Nº 47

Periódico barrial

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Septiembre 2018 ISSN 2451-7178

Comuna 1 /3 /4

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Una voz, un derecho.

Año - 06

Número 47

elgritodelsur.com.ar /El Grito del Sur @grito_delsur elgritodelsur@gmail.com

Siempre a punto de explotar Un amague de incendio en una escuela de La Boca y la pérdida de gas en el Comercial 4 de San Telmo, ocurridos después de la trágica explosión en Moreno, revelan los problemas edilicios en los colegios

públicos porteños. De acuerdo con el gremio docente Ademys, son al menos 37 los establecimientos educativos con inconvenientes que afectan el desarrollo de las clases. Página 4

Derechos Humanos

Barrios

Barrios

El gobierno nacional impulsa una app orientada a detectar extranjeros sin la documentación requerida y expulsarlos del país.

Un amparo impulsado por dos organizaciones sociales logró la paralización de los trabajos constructivos que se desarrollan en la torre Astor San Telmo.

Unos 500 vecinos de la villa 31 se expresaron en contra del “dictamen” que encubre una erradicación en medio de la urbanización del barrio.

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Contratapa

Contra la vulnerabilidad migratoria

Un freno al La villa 31 se Astor San Telmo rebela

02 | Sumario / Editorial

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Índice

Conocé nuestro proyecto elgritodelsur.com.ar elgritodelsur@gmail.com /El Grito del Sur @Grito_delSur @elgritodelsur Virrey Cevallos 630, CABA

02 | Editorial

La receta M: más balas y menos educación

06 | Salud

Para que nadie se quede sin atención

03 | Derechos Humanos

Una app contra los migrantes

07 | Barrios

Con la altura inapropiada

04 | Informe central: Educación

Al borde de otra tragedia evitable 08 | Contratapa

Una erradicación encubierta Diseño gráfico: kunkacomunicacion@gmail.com

EL GRITO SOMOS

Christopher Loyola, Sebastián Furlong, Yair Cybel, Matias Ferrari, Julián Valdez, Gabriela Perchante, Dalia Cybel, Rocío Tursi, Virginia Robles, Camilo Rumberger, Nicolás Cardello, Catalina Distefano

La receta M: más balas y menos educación Redacción El Grito del Sur

A partir de una resolución de modificación, el Presupuesto 2018 asignó un incremento de los montos dirigidos al Ministerio de Seguridad, a la Policía Federal, a Gendarmería Nacional y al Ejército con fondos que, a priori, estaban destinados a Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Social. De esta manera, el Gobierno Nacional prioriza una faceta represiva en medio del agravamiento de la situación social provocada por la batería de medidas de ajuste junto a la brutal devaluación del pasado 30 de agosto, que llevó en apenas un día la cotización del dólar por encima de los 40 pesos.

cente, la inversión educativa y las becas para los estudiantes. Al mismo tiempo, pone en alerta el devenir de la infraestructura edilicia en los establecimientos educativos públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que durante agosto -según denunció el gremio docente Ademys- 37 de ellos padecieron problemas graves que afectaron el desarrollo de las clases. Amagues de incendio, pérdidas de gas y goteras afectaron a la primaria Integral Interdisciplinaria Nº 4 de La Boca, a la escuela Eustaquio Cárdenas de Constitución y al Comercial 4 de San Telmo, entre otros colegios estatales del sur de la Ciudad.

El decreto presidencial afecta, entre otras cuestiones, la continuidad del incentivo do-

“Muchos gobiernos probaron con ajustar en tizas e invertir en balas, y la verdad es que

es más caro. Siempre es mejor invertir en tizas, evitar balas”, cuestionó Eduardo López, secretario gremial de UTE-Ctera. Las universidades nacionales también se ven afectadas por esta medida con una reducción de casi 1639 millones de pesos en la transferencia de recursos. Es tiempo de que el Gobierno reflexione y evite medidas que sólo van a profundizar la desigualdad y la violencia social, dado que áreas sociales y educativas se verán perjudicadas frente a una mayor financiación de los adicionales de la Policía Federal.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de septiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 - Septiembre 2018 - Número 47 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - Contacto: elgritodelsur@gmail.com - Impreso en Avisar Impresiones Gráficas - Arnoldo 1380 Quilmes Oeste- Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Derechos Humanos | 03 Política anti-inmigración

Una app contra los migrantes El Ministerio del Interior impulsa una app para detectar el estado migratorio y expulsar a aquellas personas que tengan faltantes en sus trámites. Organizaciones de Derechos Humanos denuncian el carácter persecutorio de la medida, que tendría su impacto en Comuna 1.

Redacción El Grito del Sur

El gobierno de Mauricio Macri, por medio del Ministerio del Interior, impulsa el desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares orientada a detectar extranjeros sin la documentación requerida y expulsarlos del país. La polémica app estaría disponible para teléfonos celulares de agentes de seguridad, gendarmes y las diferentes policías provinciales, e incluso buscan aplicarla en teléfonos de médicos de hospitales públicos. El planteo que esbozan las autoridades es que el control permitirá incrementar el aporte tributario de los migrantes y su regularización y, a su vez, dará a conocer el status migratorio y registrar los ingresos al territorio nacional.

Sin embargo, desde las organizaciones de Derechos Humanos y de defensa de migran-

Foto: Virginia Robles

tes denuncian el carácter punitivo y persecutorio de la medida y presentaron un pedido de informe dirigido al jefe de Gabinete Marcos Peña. En la nota destacan que el proyecto carece de marco legal y que fue aprobado de manera inconsulta. Asimismo, destacan que los operativos de control deben ser dirigidos por personal de la Dirección Nacional de Migraciones y en ningún caso por la fuerza pública.

La app prevé un registro de la situación migratoria, los últimos tránsitos e ingresos a territorio nacional. Lo peligroso es que si se registrara el ingreso como ilegal, se podría expulsar a la persona del territorio nacional hasta tanto no regularice su situación. A su vez, a aquellos que tengan permisos vencidos o no cuenten con la documentación requerida, se les dará apenas 30 días para tramitar la documentación.

Por su parte, el Director Nacional de Migraciones, Horacio García, argumentó que la aplicación se orienta a que “los inmigrantes tributen por los servicios y los derechos que les da el Estado”. Esta medida aparece como continuidad de la política migratoria del macrismo, inaugurada en 2017 con la aprobación del Decreto 70/2017, que busca dinamizar la expulsión de los migrantes del país.

De esta manera, el gobierno de Mauricio Macri reformula la histórica política del país en materia de migración. Argentina es el país con más población migrante de América Latina: un 4,9% de la población del país nació fuera de sus fronteras. Incluso el preámbulo de la Constitución Nacional dispone que las leyes allí vertidas aseguran las libertades, derechos y obligaciones de “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Problemas edilicios en las escuelas públicas porteñas

Al borde de otra tragedia evitable Un amague de incendio en una escuela de La Boca y la pérdida de gas en el Comercial 4 de San Telmo volvieron a encender las alarmas en la educación pública.

Según el gremio docente Ademys, 37 establecimientos educativos de la Ciudad padecen problemas graves que afectan las clases.

Por Matías Ferrari

El fantasma de la muerte evitable de una docente y un auxiliar en Moreno recorre las escuelas porteñas. Un denso humo negro que bajó desde la terraza, originado en la falla de una de las calderas, invadió a mitad del mes pasado la planta baja de la primaria Integral Interdisciplinaria número 4 de La Boca. Cuando la directora llamó al 911 y tomó la decisión de evacuar, había unos 30 chicos esperando para almorzar. “La Caldera ya venía arrastrando problemas, y había dejado sin calefacción a las aulas la primera semana después de las vacaciones de invierno. Se volvió a prender y ese fue el origen del humo. Lo primero que hicimos fue evacuar rápido a los chicos y tranquilizar a los padres y a las madres que esperaban en la puerta el cambio de turno”, describió una de las docentes.

No fue la única: el 24 de agosto, se detectó un escape de gas en el comercial 24 de San Telmo, que obligó a suspender las clases; y el martes 4 de septiembre, debió ser evacuada de urgencia la escuela 47 de Caballito, con un saldo de 4 heridos. El gremio Ademys dio a conocer un informe que da cuenta de la crisis de infraestructura que afecta a por lo me-

nos 37 establecimientos educativos porteños, muchos de los cuales vivieron evacuaciones y situaciones similares en el último mes.

“No sería sorpresivo para nosotros que en la Ciudad suceda lo mismo que en Moreno”, se preocupa Jorge Adaro, secretario general de Ademys, en diálogo con El Grito del Sur. “Sólo por una serie de circunstancias fortuitas no nos ha pasado lo mismo”, dice y recuerda el caso sucedido en diciembre de 2016, cuando se cayó literalmente el techo de una de las aulas de la escuela Casto Munita, en el barrio de Belgrano. “Fue un día feriado y no había chicos ni docentes. Esto se arrastra de varias administraciones, pero lo que estamos viviendo desde que el macrismo

gobierna la Ciudad es un desfinanciamiento preocupante de los fondos para infraestructura y un sistema de tercerización de las obras de mantenimiento, que además han convertido en un negocio. Todo eso es un combo que puede terminar en desgracia”, denuncia.

De las 37 escuelas con problemas de infraestructura relevadas por Ademys, 23 registran algún inconveniente relacionado con la instalación de gas y dificultades en la calefacción en general, que llevaron en varios casos a la suspensión provisoria de las clases. Las 14 restantes se reparten entre problemas edilicios varios: paredes electrificadas, inundaciones, agujeros en los techos

La Caldera ya venía arrastrando problemas, y había dejado sin calefacción a las aulas la primera semana después de las vacaciones de invierno. Se volvió a prender y ese fue el origen del humo.

Informe central /Educación | 05

-En la rebautizada escuela media número 2 “Ernesto Che Guevara” de Parque Avellaneda, “hay goteras y se caen los techos. Se inunda el espacio donde está la bomba y no cargan los tanques. Además, hay varios problemas eléctricos”.

– En la escuela número 4 Rafael Ruiz De Los Llanos, “hay techos y baños en reparación desde febrero. La luz se corta permanentemente. Metrogas clausuró estufas pegándoles un sticker”.

y hasta superpoblación de ratas. Aquí, un repaso por algunos de los casos: -La puerta de la escuela 17 “Francisco de Vitoria” de Parque Centenario amaneció el lunes 6 de agosto con carteles que advertían “peligro por escape de gas”. Las clases no se suspendieron.

-La dirección de la escuela “Eustaquio Cárdenas”, a pocos metros de Canal 13, debió suspender las clases el 10 de agosto, por precaución ante un escape de gas en la calle.

-El mismo día debió ser evacuada la escuela primaria número 28, de Parque Patricios, también por un escape de gas. La 28 es una escuela pequeña, para 400 alumnos, inaugurada en 2014, visita incluida del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri.

-En la escuela número 8 “Carlos Della Penna”, dice el informe, “hay goteras en todos los techos y baños clausurados del gimnasio.

Suele haber cortes de agua, estufas que se apagan solas, ventanales que no se pueden correr con facilidad o se corren y quedan a la deriva”

Lejos de tener a mano presupuesto para evitar catástrofes, el Gobierno recortó los fondos para infraestructura escolar –destinado a las obras de mayor envergadura– en un 15 por ciento respecto del año pasado, según un informe de UTE-CTERA. El mismo informe señala que, mientras se aplicó un recorte en infraestructura, creció nada menos que un 111 por ciento el presupuesto para el área de mantenimiento escolar, que se destina en su totalidad a empresas tercerizadas que se lleva a cabo a través del Plan Sigma. El Sigma fue presentado en 2010 por el entonces ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, uno de los senadores de mayor militancia antiderechos durante el debate por la legalización del aborto. Entre los beneficiarios del aumento sideral del presupuesto de mantenimiento, aparecen empresas vinculadas a Nicolas Caputo, el “hermano de la vida” de Mauricio Macri, según un informe de la comunera Julieta Costa Díaz que fue publicado por el portal Nueva Ciudad.

“Lo que hicieron fue aumentar el presupuesto de las obras de maquillaje, por

ejemplo la pintura de la fachada, que llevan adelante sus empresas amigas. Pero en infraestructura, que es lo que resolvería el problema de fondo, es lo de siempre: recorte y subejecución”, apunta la secretaria de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE, Alejandra Bonato, aunque reconoce que “desde la tragedia evitable de Moreno, los funcionarios de infraestructura están preocupados”. “Empezaron a hacer los relevamientos de la situación ellos mismos, algo que les pedimos durante años. Pero como siguen ahí las empresas de sus amigos que ya contrataron y cuyo único interés es la ganancia y no la salud de los chicos y los docentes, el problema que tienen es enorme”, ironiza.

UTE denunció que la sede de la Dirección General de Escuela Abierta, donde funcionan más de 10 programas del área socioeducativa, “se encuentra en condiciones deplorables para la salud de más de 100 trabajadorxs que desempeñan sus tareas en dicho edificio”, que se encuentra “sin agua” y con “un solo baño en funcionamiento”.

Bonato recuerda las 12 recomendaciones mínimas en materia de riesgos de trabajo -incluida la infraestructura- que CTERA firmó en la paritaria nacional de 2011, con la pluma del médico sanitarista Jorge Cohen, “que tienen fuerza de ley y el Gobierno no cumple”. “Cuando hacen una obra, las empresas amigas que hacen contratos con el Gobierno -concluye- trabajan en horario escolar, con los alumnos y los educadores presentes, que se bancan el polvo y el ruido porque no quieren pagarles horas extra.

Mientras siga la lógica del negocio, esto no va a cambiar. El ajuste mata”.

06 | Salud Incendio del CeSAC 14

Para que nadie se quede sin atención A partir de una reunión entre representantes del CeSAC y del Ministerio de Salud del GCBA, las autoridades se comprometieron a iniciar la reconstrucción y evitar que una de las zonas más postergadas de la Ciudad se quede sin atención primaria en salud.

Redacción El Grito del Sur

Algunas semanas después de que el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) Nº 14 de Villa Cildañez amaneciera totalmente destruido producto de un incendio, sus trabajadores reclaman “respuestas urgentes” a las autoridades del Ministerio de Salud del GCBA para poder seguir brindando el servicio en una de las zonas más postergadas de la Ciudad.

La preocupación de los médicos y las médicas tiene que ver con que, hasta la explosión del pasado 25 de agosto, el CeSAC 14 cumplía una importante función social y sanitaria con vistas a satisfacer las necesidades de los grupos poblacionales con mayores índices de vulnerabilidad: allí funcionaban programas de tuberculosis, salud sexual y reproductiva, de diabetes y obesidad, de consumo problemático de sustancias, así como espacios de promoción y prevención de la salud, tales como la juegoteca de niños y el salón de lectura.

El lunes 27, la Asociación de Profesionales de Servicio Social acompañó la reunión llevada adelante entre Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de CABA, y los trabajadores del CeSAC 14. Luego de hacer hincapié en la “gravedad” del hecho sucedido, el representante del Gobierno de la Ciudad se comprometió a “finalizar la obra del nuevo edificio del CeSAC 14 para el mes

de diciembre, asumiendo el compromiso de que lxs trabajadorxs no sean disgregadxs”, de acuerdo con el testimonio de los representantes gremiales que se hicieron presentes en el encuentro. Hasta tanto eso ocurra, el Ministerio se comprometió a poner en funcionamiento una unidad sanitaria móvil donde se brinde atención a los usuarios.

Además de exigir que la obra se concrete “en el menor tiempo posible” y poder formar parte del seguimiento de la misma, los trabajadores y trabajadoras nucleados en APSS GCBA aseguran que “no fue un accidente, fue producto de la desidia estatal y de nuestra lucha depende que las promesas que hoy nos hacen, se cumplan”.

EL INCENDIO El incendio del edificio, ubicado en el límite entre Villa Lugano y Parque Avellaneda, no provocó víctimas fatales. Una de las hipótesis que se maneja es que existía un escape de gas, sumado al incendio que se detectó cuando se prendió fuego el colchón de una mujer

que dormía dentro del lugar. Varias dotaciones de bomberos llegaron e intentaron apagar el fuego durante horas, además de evacuar la zona. “La construcción del CeSAC era sumamente precaria: de esta manera se explica que haya ardido tan rápidamente y que la destrucción sea total”, explicaron desde la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS GCBA).

Los trabajadores del lugar denunciaron que, como parte de los recortes y ajustes recientes en la Ciudad de Buenos Aires, se quitaron los cuidadores nocturnos de los centros de salud. Cabe destacar también que el CeSAC fue inaugurado durante la última dictadura cívico-militar y, de allí hasta esta parte, el edificio careció de reformas estructurales. El último siniestro había ocurrido en dicho sitio cinco años atrás. Dado que las alarmas de incendio no funcionaron, los bomberos no pudieron frenarlo a tiempo.

Algo que podía suceder tarde o temprano no se logró evitar.

A comienzos de 2017, el gobierno porteño anunció que allí se construiría un CEMAR (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias) con el objetivo de reformar el centro de salud existente. Al momento del incendio, esta obra se encontraba paralizada desde hacía más de un mes “por falta de presupuesto y de pago del GCBA a las empresas tercerizadas que la realizaban”.

Barrios | 07 Freno de la Justicia a la construcción del Astor San Telmo

Con la altura inapropiada El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº3, a través del juez Pablo César Mantaras, dictaminó la paralización de los trabajos constructivos que se llevan a cabo en la torre Astor San Telmo.

Redacción El Grito del Sur

Un amparo impulsado por la Asociación Vecinal Casco Histórico Protege y la Asociación Civil Basta de Demoler, con el asesoramiento jurídico y patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad, puso un freno provisorio a la construcción del edificio Astor San Telmo, dado que excede la altura permitida en la zona. La legalidad de las autorizaciones que realiza el GCBA, un problema que el fallo pone de manifiesto.

El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 3, a través del juez Pablo César Mantaras, dictó como medida cautelar la paralización de los trabajos constructivos que se desarrollan en el inmueble ubicado entre la avenida Caseros y las calles Bolívar y Perú. La sentencia, que se dio a conocer el pasado 30 de agosto, expresa que “la obra proyectada excedería los límites de altura previstos para las zonas 3c (de 13 metros) y 5c (de 22 metros) de la APH1”. Cabe destacar que la altura final aprobada para el Astor San Telmo es de 29.30 metros. La empresa

TGLT presenta el emprendimiento como “un edificio de viviendas, con servicios y comodidades exclusivas. Un proyecto desarrollado en torno a dos amplios jardines privados que dan luz a todas las unidades, con locales comerciales en planta baja y estacionamientos en subsuelos”. Un edificio-shopping en toda su magnitud, con una superficie de 6.334 m2 que abarca más de la mitad de la manzana.

La Asociación Civil Basta de Demoler sostuvo que, además del no respeto de la altura establecida para la zona 3C y 5C del Área de Protección Histórica Nº 1 (APH1), las ilegalidades por incumplimiento del Código de Planeamiento Urbano abarcaron la autorización de retiros en todo el frente del edificio sobre la calle Bolívar y en los últimos pisos tanto sobre Caseros como sobre Bolívar -algo prohibido en el APH1-, la violación del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a la ley Nº 123 y, por último, la violación de los Derechos Culturales de la Ciudadanía por no respetar las normas correspondientes a esta área.

La arquitecta María Rosa Martínez, de Cas-

co Histórico Protege, declaró a El Grito del Sur que “el edificio excede la altura máxima y ellos se han retirado 4,20 mts de la línea municipal para poder obtener mayor altura.

Están infringiendo la normativa del Casco Histórico, sólo queremos que cumplan con la ley”. Por su parte, el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, declaró que “en la Ciudad existe una práctica sistemática por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística para autorizar emprendimientos inmobiliarios violando el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad con el único objetivo de permitir una mayor capacidad constructiva en los inmuebles y ganancias para los desarrolladores inmobiliarios sin considerar los derechos ambientales y culturales de los porteños. El caso del Astor San Telmo es un ejemplo más”.

El Estudio Aisenson, encargado del proyecto Astor San Telmo, también fue responsable de la construcción del edificio Palacio Roccatagliata, frenado por la Justicia por ilegalidades en el otorgamiento del permiso de obra y violación del Código de Planeamiento.

08 | Contratapa

Una erradicación encubierta

El pasado 27 de agosto, unos 500 vecinos de la Villa 31 cerraron el paso de los micros en la terminal de Retiro, en rechazo del “dictamen” que contiene la letra chica Pro de la urbanización del barrio. En ese marco, exigieron que se derogue el protocolo de desalojos.

Por Matías Ferrari

Mariela está parada sobre la fila de vecinos que bloquea la salida de los micros por el puente 5 de la terminal de Retiro, en el vértice de las calles Perette y Rodolfo Walsh, la principal arteria de paso hacia la Villa 31.

La tenue luz amarilla que baja de los postes apenas alcanza a iluminarle el rostro y el cartel que lleva colgado del cuello. El cartel pide que “el dictamen se discuta en el barrio”. “El dictamen” es el proyecto de ley que contiene la letra chica de la urbanización que impulsa el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y es el foco de la bronca -que crece y crece- en un sector del barrio, que anoche se movilizó. Mariela explica por qué: “Si se aprueba el dictamen, no voy a poder pagar mi casa y me voy a tener que ir, como muchos que ya se fueron”.

Mariela hace cuentas. Su familia, dice, hace malabares para mantener a los cuatro hijos con un ingreso de 15 mil pesos por mes.

Según sus cálculos, de aprobarse el dictamen tal como fue redactado por el Ejecutivo, su casa en la villa, de aproximadamente 40 metros cuadrados, se tasaría en 2 millones de pesos, “impagables en este momento en que encima se caen las changas y sube el dólar”.

Y a eso habría que sumarle los servicios, tarifazo mediante. “No hay manera, no hay manera”, repite.

“Hay una desesperación por hacer visible la realidad de la villa porque Rodríguez Larreta vende espejitos de colores y la verdad es que no todo el mundo está al tanto de lo que puede pasar con su futuro”, describe

Julián, uno de los vecinos que forma parte de la mesa de urbanización, la misma que ya convocó otras dos marchas este año. “En el fondo, lo que estamos intentando frenar es un nuevo intento de erradicación, encubierto. Acá vivimos familias de trabajadores, que vamos a tener que pagar las casas que nosotros mismos construimos mientras el Estado nos daba la espalda, pero a los valores del mercado, en dólares”.

EL DICTAMEN El famoso dictamen del Ejecutivo, según un informe del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, es aún más regresivo para los vecinos que los sancionados por la Legislatura varios años atrás, cuando no estaba claro todavía el financiamiento que tendría el -postergado- proyecto de urbanización. El crédito del BID, anunciado el año pasado por 350 millones de dólares para la “integración” -así la llama el Gobierno-, precipitó los tiempos.

Aún sin la ley sancionada, el Pro avanzó con dos obras claves que están -en su conjuntoterminadas en un 80 por ciento: las viviendas del barrio YPF y los dos edificios “Containera” en el barrio Cristo Obrero. Al no haber dictamen, no hay tampoco permiso de obra, pero el oficialismo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda -la “Sisu”, como se la conoce en el barrio- avanza de todas formas y milita su propia versión de la urbanización entre los vecinos.

Para Jonathan Baldiviezo, presidente del Observatorio, “el dictamen genera incertidumbre entre los vecinos y encubre una erradicación por los costos que asumirían las familias en el pago de las obras de mejoramiento y la urbanización en su conjunto”.

Foto: Nicolás Cardello

“Además -agrega- saca del medio a la mesa de urbanización, en lugar de darle voz y poder de decisión como reclaman los vecinos”.

Los vecinos movilizados esgrimen varias objeciones al dictamen: la tasación de la vivienda, que incluye la apropiación por parte del gobierno del espacio aéreo, que también deberán pagar, y el protocolo para desalojos compulsivos, que concretaría la “trampa” de la erradicación ante la amenaza de no poder afrontar el costo de la urbanización. Una muestra gratis del protocolo se dio en febrero, cuando fueron desalojadas a la fuerza dos familias del sector Cristo Obrero por decreto, sin mediar una instancia judicial y en clara violación de la ley 3.343, que protege a los vecinos de los desalojos forzosos en el marco de la reurbanización. Precisamente en el barrio Cristo Obrero se levantan las “Containeras”, donde pronto terminarán de ser relocalizadas cientos de familias que se verán afectadas por la nueva traza de la Autopista Illia.

LA BRONCA “A mi me han llegado a ofrecer plata por abajo para que me vaya del barrio”, cuenta Gladys, que vive en el sector “San Martín”.

“Nos viven mintiendo”, responde ante una pregunta sobre las promesas del jefe de Gobierno de un barrio mejor. “Yo ni loca dejaría mi casa a cambio de mudarme a esos containers en los que la gente no tiene intimidad y se caen a pedazos. Esto es un barrio de trabajadores y queremos vivir dignamente, no todos hacinados. Pero les decimos: tengan claro que no nos vamos a ir y que esto recién empieza”.