El Grito del Sur - Edición 27

Periódico barrial

Comunas 1 / 3 / 4

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Febrero / 2017 ISSN 2451-7178

Constitución / Monserrat San Cristobal / San Telmo Parque Patricios / Barracas

año

05

número @grito_delsur

El Grito del Sur

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Amanecer de un año picante

Desalojo a los manteros en Once, represión a los trabajadores despedidos del Ministerio de Educación, más de cincuenta familias en el la calle tras el desalojo al Padelai. Suben los subtes, los peajes y las naftas. El traslado de la Policía a la Ciudad y una nueva ola de casos de gatillo fácil pronostican un 2017 conflictivo en una Ciudad que cumple 10 años de Gobierno PRO.

So

Sociedad

Vi

Vivienda

Dh Derechos Humanos Si un negro corre dicen que algo robó

Larreta quiere un subte a $10

Desalojo en el ex Padelai

En un nuevo guiño a la empresa Metrovías, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere dar luz verde a un nuevo aumento del subte, que llevaría próximamente el valor de cada viaje a 10 pesos por pasajero.

Las más de 60 familias que vivían en el exPatronato de la infancia, fueron desalojadas por el Gobierno de la Ciudad. La cooperativa que integraban las familias era dueña del 70% del predio.

Otro pibe joven, otro disparo policial. Un cuerpo en la calle desangrado de un disparo en la frente, en el medio de la Avenida Jujuy a la altura de Carlos Calvo. El silencio de los medios y una nueva búsqueda de justicia.

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Ed Editorial

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COMUNAS 1 / 3 / 4 El Grito del Sur

Año bisagra

Secciones Editorial

Nosotros / Nosotras

Historias de barrio

Derechos Humanos So Sociedad

Contracara

Ge Géneros Vi Vivienda

Indice Editorial + Equipo p.02 larreta quiere un subte a $10 p.03 Informe violencia institucional p04 Si un negro corre dicen que algo robó p.05 Ocho tiros por la espalda p.05 Un amigo del presidente p.06 Desalojo en el Ex-Padelai p.07 No habrá paritaria docente p.07 Manteros p.08

Aldana Mancilla Pais / Eugenia Alberdi / Yair Cybel Karina Aquino / Mariano Solari / Sebastián Furlong Bruno Cossentino / Christopher Loyola / Cecilia Fleita Lourdes Blanco Lescano / Julián Valdéz / Pedro Funes/ Matías Ferrari

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Comenzamos el 2017 tras dejar atrás un año repleto de “cambios”. En lo periodístico comenzó con coberturas casi diarias de las masivas concentraciones y movilizaciones en contra de las primeras medidas anti-populares del gobierno de Mauricio Macri, que entre diciembre pasado y febrero de este año generaron miles de despidos y recortes en diferentes áreas. El panorama no cambió demasiado y el final de año llegó con reclamos en defensa de los puestos de trabajo en los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología.

El gobierno nacional tomó la decisión política-ideológica de beneficiar a los sectores más concentrados y ricos de la economía y de la sociedad, e hizo lo propio restaurando los privilegios que se les había quitado en forma parcial a los grandes medios de comunicación.

Una de las primeras medidas de Macri fue borrar de un plumazo los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ponían un freno a la concentración mediática y en especial al crecimiento sin control del Grupo Clarín, firme aliado del actual gobierno. Asimismo, Cambiemos le dio un abrupto final al programa Fútbol para Todos: se decidió dejar los derechos de televisación del deporte más popular de nuestro país a merced de la voluntad reducido número de empresarios privados.

Equipo de trabajo

24° sario er v i An

febrero // 2017

Ie Informe Especial

Desde El Grito del Sur conocíamos de antemano las intenciones privatistas del gobierno de Macri y por eso nuestro trabajo periodístico consistió en visibilizar -desde las épocas de su gestión en la Ciudad de Buenos Aireslas desastrosas consecuencias para el conjunto de la población que implicarían un retorno del país a las recetas del FMI y a los dictados del neoliberalismo. A pesar de llenarse la boca hablando de “diálogo” y de “libertad de expresión”, al presidente de la Nación no le gusta escuchar opiniones contrarias a su ideario neoliberal. Durante el 2016 ha crecido en forma preocupante la censura a los medios periodísticos y se ha borrado del mapa a periodistas que decidieron

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no callar frente a las presiones ejercidas tanto por funcionarios del gobierno de turno como por empresas periodísticas que han intercambiado favores con el gobierno, al precio de borrar la escasa diversidad de voces que sobrevivían en sus programas.

En este contexto de achicamiento de voces se inscribe la importancia del desarrollo y crecimiento de los medios barriales y comunitarios. A pesar de que hoy tenemos un modelo de Estado que busca acrecentar la brecha entre los grandes medios y el resto, todavía existen diferentes resquicios y posibilidades para seguir dando pelea.

Nuestra experiencia demuestra que, con esfuerzo y militancia cotidiana, es posible avanzar en la búsqueda de objetivos. En el orden gráfico, a pesar de la brutal devaluación que encareció el precio del papel, mantuvimos la frecuencia mensual del periódico que a lo largo del año llegó a hogares, comercios e instituciones poniendo en agenda temas y problemáticas del sur de la Ciudad que no salen en ningún otro medio de comunicación.

En el plano de las nuevas tecnologías contamos con una productora audiovisual y una página web que nos posicionan como agencia de noticias y nos dan el privilegio de ser fuente de información exclusiva para muchos otros portales y miles de vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. En el 2017 aspiramos a embarcarnos en nuevas plataformas y para ello la propuesta de construir un programa de radio de El Grito del Sur, que conserve el anclaje territorial que tanto nos caracteriza y a su vez funcione como lugar de expresión y amplificación nuevas voces al servicio de los sectores más humildes de la zona.

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Tarifazo en la Ciudad

Larreta quiere un subte a $10

En un nuevo guiño a la empresa Metrovías, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere dar luz verde a un nuevo aumento del subte, que llevaría próximamente el valor de cada viaje a 10 pesos por pasajero.

Publicado en la Resolución 2961 del Boletín Oficial del 30 de diciembre de la ciudad de Buenos Aires, apareció el regalo de fin de año menos esperado para los pasajeros de la red de subterráneo de la metrópolis porteña. Tal como consta en el documento, el gobierno de la Ciudad elevó la tarifa técnica del subte a $15,80, con lo cual busca actualizar el cuadro tarifario subiendo el precio del boleto de $7,50 a $10. Esto ocurriría en los próximos meses, aunque previo a ello el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá llamar a una audiencia pública para tratar el tema.

De esta manera los primeros 20 viajes

de subte pasarían a costar $10, a partir del viaje 21 tendrá un 20% de descuento, desde el 31 la quita será del 30% y desde el 41, del 40 por ciento. Por otro lado, el Premetro pasaría a costar $3,30; el abono social de 10 viajes, $40; el Boleto Estudiantil no sufriría modificaciones, y los discapacitados y los jubilados y pensionados con haber mínimo no pagarán boleto.

A fines de octubre pasado el legislador del FPV José Cruz Campagnoli ya había advertido esta situación: “Larreta pretende llevar el boleto de subte a 10 pesos para el 2017. Preparan un tarifazo. Ese tarifazo es

excluyente: una parte importante de los viajeros ya no van a poder usar el subte. Además, va a tener un efecto inflacionario sobre la economía”. Por su parte, el dirigente del MST Alejandro Bodart afirmó que presentará un amparo contra “este nuevo tarifazo abusivo”. “De 2013 a hoy la tarifa técnica subió un 112%, pero el gobierno pretende aumentar la tarifa al pasajero un 300%. Y es falso que lo haga para bajar los subsidios a Metrovías, porque se los siguió subiendo. Si el subterráneo fuera estatal, el boleto nos costaría menos de 3 pesos, tendríamos un horario extendido

y una red mucho más amplia”, indicó.

Desde que el subte pasó al Gobierno porteño, la tarifa aumentó más del 700 por ciento. En 2011, pasó de 1,10 a 3,50 y luego a 4,50. Pocos meses atrás, luego de varios frenos judiciales, el Ejecutivo logró subir el subte a 7,50 para compensar el incremento del resto de los transportes, aunque ubicándolo por encima de la tarifa de los colectivos. Parece que esto no fue suficiente, debido a que en los primeros meses del 2017 buscan aplicar un nuevo tarifazo para llevar el pasaje al inaudito valor de 10 pesos.

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Violencia Institucional

Contra la represión y la violencia institucional Luego de los 8 asesinatos que se sucedieron en apenas 7 días por parte de las fuerzas de seguridad, la CORREPI encabezó una marcha bajo la consigna “Basta de gatillo fácil” Con familiares víctimas de la represión policial a la cabeza, Balvanera dijo “basta de gatillo fácil”. La concentración tuvo lugar en Av. San Juan y Jujuy, donde se realizó un breve acto en el que las organizaciones presentes expresaron sus adhesiones. La jornada de lucha continuó en la Comisaría 20 para repudiar el accionar policial que terminó con la vida de un joven en el barrio de San Cristóbal.

Martín, militante de Izquierda Revolucionaria, señaló: “El hostigamiento y la persecución de la policía a los pibes del barrio es algo común... ¿Cuál es la función social que tiene esta policía? Este ajuste no pasa sin control social. El aumento de la represión es directamente proporcional al crecimiento de la precarización laboral, la pobreza y el desempleo. Son elementos que van de la mano, que ameritan esta demostración de unidad”.

Durante la semana previa a las fiestas de 2016, las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a seis personas en la calle y a dos en la cárcel. Un comunicado de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) contabiliza y desarrolla los casos del 16/12 hasta el 22/12. El documento, en su versión original, muestra los últimos casos que se sucedieron en seguidilla durante esta última semana: 16/12. Córdoba. Érica Cortez, de 23 años, se “suicidó” en el penal de Bauer. Faltaban cinco meses para que cumpliera su condena y ya contaba con salidas transitorias.

17/12. Buenos Aires, Almirante Brown. Un teniente 1º del Comando Patrullas Lomas de Zamora dijo que “se vio obligado a disparar” cuando dos personas le quisieron robar el auto.

fusilamiento con un enfrentamiento, sólo hay evidencia de balas de la policía, que fue detenida.

22/12. Córdoba. Lucas Leones Ruschi, 13 años, cruzaba el patio de la parroquia cuando fue fusilado con un tiro en la cabeza de parte del sargento Armando Murúa. Según él, disparó porque el chico intentó robar una motoguadaña.

La familia contó que Lucas atravesaba el patio para cortar camino hacia el potrero del barrio.

Un joven de 22 años murió después de recibir dos disparos, el otro escapó.

19/12. Penal de Villa Las Rosas, Salta.

Un preso de 47 años murió acuchillado.

Las autoridades del Penal no dejaron trascender el nombre del muerto.

21/12. Lanús Oeste. Dos chicos intentaron robar un colectivo de la Línea 9. Un policía de civil les vació el cargador a los dos, ahora están internados. Uno de los chicos tiene 17 años y 6 balazos.

21/12. CABA, San Cristóbal. Nicolás Alvaro Soriano (36) fue perseguido

durante una cuadra por un policía. En el cruce de Jujuy y Carlos Calvo, el policía apuntó y gatilló. La bala fue directo a la cabeza. Muchas personas que circulaban o viven ahí vieron cómo el policía disparaba y escucharon un solo tiro. Pero después aparecieron doce vainas en la misma escena. Intentaron armarlo, pero no hubo enfrentamiento.

22/12. CABA, Caballito. Dos personas fueron perseguidas por una mujer policía cuando escapaban. Ariel Martín Santos murió, acribillado en la cabeza. Aunque quisieron justificar el

22/12. Trujui, Moreno. Manuel, de 17 años, fue acribillado por la espalda, para luego ser rematado en el piso por un policía local de civil. Su amigo estuvo detenido y para estos momentos ya fue liberado. ¿La excusa del policía?

Pensó que iban a robarle.”

Con esta bandera, las organizaciones se movilizaron hasta la Comisaría 20 (Catamarca y Constitución, debajo de la Au. 25 de Mayo). Micaela, hermana de Rodrigo Corzo y familiar víctima de la represión policial, sentenció como una de las últimas oradoras: “Una vez más nos encontramos en nuestro lugar, en el lugar que nos dejaron.

Hace trece años asesinaron a mi hermano y me hicieron dar cuenta de que la única manera de mantenerlo vivo es estando en la calle. Hay casi 5000 víctimas de este aparato represor.”

Así, el componente heterogéneo de organizaciones se hizo uno frente al cordón policial que custodiaba la comisaría. Con mucha bronca y dolor, la jornada trazó una clara línea divisoria entre las barriadas populares y la metodología criminal de las policías locales y en su conjunto. No es el primer caso ni será el último. Este año, a lo largo y a lo ancho del país, el gobierno nacional se cobró la vida de 267 personas.

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Violencia Institucional - San Cristobal

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Si un negro corre dicen que algo robó. Gatillo fácil en San Cristobal

Otro pibe joven, otro disparo policial. Un cuerpo en la calle desangrado de un disparo en la frente, en el medio de la Avenida Jujuy a la altura de Carlos Calvo. El silencio de los medios y una nueva búsqueda de justicia.

La mayoría de los testigos son vecinos o trabajadores de la zona. El jueves 22 de diciembre regresaban de hacer las compras para las fiestas en uno de los barrios más densamente poblados de la Capital Federal: San Cristobal.

El pibe era negro y venía corriendo por Jujuy. Atrás, persiguiéndolo de cerca, lo seguía un auto de civil. En la esquina de Carlos Calvo, Niolás Soriano (36) advirtió que los civiles se le acercaban cada vez más y decidió subirse al guardabarros de la parte trasera de un camión de Metrogas, con el objetivo de alejarse a mayor velocidad.

No es un caso más de gatillo fácil, ni un error de cálculo, ni un disparo perdido. Es un modus operandi de toda la institución policial. El camión se detuvo frente al semáforo en rojo y la policía logró alcanzarlo. Al recibir la voz de alto el pibe se bajó del camión, levantó las manos y se detuvo sobre la Avenida Jujuy. El Sargento de la Federal Sergio Damián Lucero (40) se bajó del auto, sin identificarse ni mediar palabra, y a menos de un metro de distancia, lo remató de un disparo en la frente. Hasta aquí concuerdan casi todos los testigos, con excepción, por supuesto, de la versión policial.

Ahora comienzan, como era de esperar, las discordancias. Que el pibe traía un arma, que se le cae el revolver al policía, que se vacía el cargador de la misma y quedan dispersos 8 casquillos en la calle. Tras el vallado perimetral que armó la Policía Federal quedó tirada un arma calibre 22, varios casquillos, un celular y varias marcas de impacto de balas.

Algunos vecinos se sorpredían de la cantidad de círculos con tiza dibujados en el pavimento.

“Yo escuché un sólo disparo. No hubo un tiroteo”, comenta Matías, quien trabaja hace años en la pizzería de la esquina y pudo ver toda la secuencia.

Hay dato clave en el que coinciden todos: el policía asesino no tenía chapa, uniforme ni ningún tipo de identificación a la vista.

La ambulancia tardó 20 minutos, mientras que el pibe convulsionaba sobre el asfalto. La Policía se llevó al asesino, tranquilo, sin violencia, en el asiento de atrás de un patrullero. La versión policial habla de forcejeos. De que el arma se disparó por error. De los cuatro testigos oculares consultados para esta nota, ninguno confirma esa versión.

Hablan de “fusilamiento”, de “rematar”, de “asesinato”. Pero nadie, nunca, menciona la palabra enfrentamiento.

Ocho tiros por la espalda En el barrio de Parque Centenario una oficial de 25 años de la Policía Federal asesinó a un hombre desarmado de 42 años de ocho disparos.

Carla Céspedes mató a un pibe. Lo fusiló de ocho disparos: tres en la espalda, dos en el abdomen, uno en el tobillo y dos en los brazos. Lo mató apenas dos meses después de haberse recibido de Policía Federal. Lo mató cuando Ariel (por que el pibe tiene un nombre y una historia) estaba desarmado, tratando de arrancar su moto tras llevarse $1.500 de un chino. Céspedes lo esperó acovachada en un zaguán, escondida y en silencio, y cuando Ariel salió corriendo, lo asesinó por la espalda.

vale $1.500. Enfrente están el “hay que matarlos a todos”, el “uno menos” y ni te cuento lo que puede uno leer si se mete en los foros de la Policía. De este lado tenemos que explicar incansablemente que el código de Hamurabi expiró en el 1500 AC, y que ojo por ojo terminamos todos ciegos. Que 8 tiros por la espalda no son un “exceso en la legítima defensa” sino un asesinato hecho y derecho. Que cada 28 horas nos matan un pibe y que por cada uno de ellos saldremos a buscar justicia.

La discusión es histórica pero hay que salir a darla todos los días y en todos los escenarios. Es si la vida de un pibe

Nuestra tarea -la de los que nos encontramos de este lado de la mechaes salir a construir la historia. Que

no sea un negro más (para ellos “un negro menos”). Contar sus sueños, sus fracasos, sus amores. En murales, en marchas, en letras, en lo que tengamos a nuestro alcance. “Era un capo total.

Estando bien, era un amor. Todos los pibes que venían a casa lo querían”. El que habla es Pico, el mayor de los tres hermanos de Ariel.

La historia de Ariel me toca en lo personal. Al igual que yo, Ariel era hincha de Atlanta. Pero por ahí no viene la cosa. Pico, su hermano, el que habla en la nota y no se cansa de contar anécdotas, es el tatuador del barrio.

Uno de los pibes, de esos que uno

conoce hace años del barrio, de la plaza.

“Mataron al hermano de Pico” decía el mensaje que llegó al grupo de Wassap y yo me quedé helado. Hace un par de horas que estaba buscando información sobre la víctima del “fusilamiento” de Estivao y Ramos Mejía, para darle un nombre, para contar su historia.

Ariel Santos tenía 42 años y le decían “El Tano”. Era hincha de Atlanta, del barrio de Villa Crespo. Tenía tres hermanos, una vieja, una abuela y un montón de amigos que lo recuerdan con amor.

Carla Céspedes tiene apenas 25. Mató a un tipo desarmado, de ocho tiros por la espalda. Espera el juicio en libertad.

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Joe Lewis, historia de un terrateniente

Un amigo del presidente Joe Lewis es uno de los terratenientes extranjeros más cuestionados del país. Tiene una mansión en el Lago Escondido, cuyos accesos cerró al público e incumple el fallo judicial que ordena abrirlo. Allí suele ir a descansar Macri.

Joe Lewis es uno de los terratenientes extranjeros más cuestionados del país.

Tiene una mansión en el Lago Escondido, cuyos accesos cerró al público e incumple el fallo judicial que ordena abrirlo. Allí suele ir a descansar Macri.

La explicación la dio Nicolás Van Ditmar, el administrador de Hidden Lake SA, la firma a cuyo nombre figuran las 12 mil hectáreas en las afueras de El Bolsón que encierran el Lago Escondido: “El Presidente es amigo de la familia Lewis desde hace más de once años y ha visitado la zona muchas veces, incluso antes de que fuera presidente y jefe de Gobierno de la Ciudad”. Van Ditmar es la mano de derecha de Joe Lewis desde hace 20 años. El magnate inglés lo contrató como capataz, lo sumó como socio de sus negocios en la zona y le confió la custodia de las tierras sobre las que cela hasta el punto de cerrar los caminos hacia el lago (que es público). Según señalan los vecinos de la zona, decide a quién se le abren las tranqueras y a quién no. Nadie puede precisar mejor cuántas veces Macri visitó ese paraíso apropiado, y en qué circunstancias. La última de ellas –que motivó esa confesión– fue el fin de semana del 30 de marzo del año pasado.

Para llegar hasta el territorio de Lewis, Macri utilizó ese día uno de los helicópteros de la flota de su amigo. Van Ditmar asegura que tuvo pagar. “El servicio cuesta 5 mil dólares la hora. Ese servicio que utilizó el Presidente se pagó y se facturó, pero no se facturó a Presidencia”, contó el capataz, aunque se cuidó de mencionar a nombre de quién se emitió la factura. La escena, como era de esperar, derivó en varios pedidos de rendición de cuentas: el FpV y otras fuerzas políticas le exigieron a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que se le abriera un expediente al Presidente por dádivas. Intentaban averiguar por qué Macri manejó como en su casa en la mansión de uno de los principales accionistas de Edenor y uno de los terratenientes extranjeros más cuestionados del país.

Algunas respuestas estaban a la vista y otras no tardarían en llegar. La primera fue a principios de 2016, cuando la ex vocera de Lewis, Dalina Pinacho –también militante del PRO– fue nombrada al frente de Radio Nacional Neuquén. La designación no hizo más que darle un gusto al magnate, que –según varios vecinos de El Bolsón y activistas que lo enfrentaron– tiene una gran obsesión por los medios de comunicación.

Lewis tiene tres emisoras de FM (una transmite desde el Lago Escondido) y estuvo detrás de la fundación del diario Ruta 40.

El 1º de julio, mediante el decreto 820/16, Macri modificó la ley de tierras y borró de un plumazo los artículos que fijaban en mil hectáreas el límite que un extranjero podía poseer en el país. Lo mismo hizo con el artículo que prohibía que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan “superar el treinta por ciento del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales”.

“El decreto lo elaboró Lewis de puño y letra”, cuenta un legislador nacional que hace tiempo lo investiga. Van Ditmar tiene apenas el 1 por ciento de las acciones de Hidden Lake; Lewis posee el 99 restante.

Antes de la sanción de la ley, en 2011, al magnate le alcanzaba el 1 por ciento de participación de su mano derecha para decir que las tierras de Lago Escondido eran también de un argentino.

Hubo más. Luego del tarifazo, el Gobierno les condonó a fines de este año a las empresas de electricidad los 11 mil millones de pesos de deuda que eléctricas mantenían con el Estado. De ese total, 1129 millones corresponden a Edenor, que controla Lewis asociado al empresario argentino Marcelo Mindlin. Lewis y Mindlin son socios en Pampa Energía SA, cuyo paquete accionario se divide entre Pampa F&F LLC, de Mindlin, y Lambex International Tavistock, de Lewis.

Pampa Energía avanzó este año en el negocio energético y compró Petrobras Argentina en 897 millones de dólares. Parte del total de las acciones, un 11 por ciento,

estaban en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses: también las compraron. El Estado vio a cambio 150 millones de dólares.

Self Lake Man Joseph Lewis –Tío Joe, para los amigos– no tuvo la suerte de Macri: no nació rico.

La biografía oficial dice que dejó la escuela a los 15 años para trabajar de mozo en la empresa de su padre, un delivery de comida de nombre Tavistock. Creció, heredó el negocio, lo vendió y apostó a la timba financiera. En ese camino fue socio de George Soros. Hoy tiene la sexta fortuna de Inglaterra, según la revista Forbes.

Sus negocios dan la vuelta al mundo: tiene empresas de todos los rubros desde Argentina a Rusia. Al emporio le puso el mismo nombre que tenía el negocio de su padre: Tavistock Group. Pero lo suyo son los paisajes paradisíacos, donde no deja sin embargo de hacer negocios: tiene domicilio en Bahamas (tampoco le gusta pagar impuestos) y construyó un mega hospital con tecnología de punta a la vera del Lago Nona (Lake Nona Medical City), en Florida, EEUU. Como buen millonario, también es dueño de un equipo de fútbol, el Tottenham Hotspur, conocido en estas tierras porque allí jugaron entre otros Osvaldo Ardiles y Erik Lamela.

Llegó a la Argentina por primera vez en 1992, según le contó al periodista Gonzalo Sánchez, autor del libro La Patagonia Vendida. “Acá lo que sobra es tierra”, decía el por entonces presidente Carlos Saúl Menem, a medida que otros magnates del mundo como Benetton compraban tierras en el sur a precio vil. “Si algo se puede comprar, pues entonces cuál es el problema.

En mi caso, yo compré lo que me dejaron comprar y aquí estamos todos”, le dijo Joe a Sánchez, el único periodista argentino que logró entrevistarlo y a quien le aseguró que compró las tierras de Lago Escondido en 1996. La empresa Hidden Lake fue fundada en ese intervalo, en 1994.

Una vez que hizo pie en el sur, Lewis no

cesó en su búsqueda de negocios y en su contacto con dirigentes políticos Además de Macri, se sabe que por la mansión pasaron entre otros Daniel Scioli y los últimos tres gobernadores de Río Negro: Miguel Saiz (radical), Carlos Soria (PJ) y Alberto Weretilnek (PJ). El actual intendente del municipio, Bruno Pogliano, fue su contador personal, y destronó a su antecesor, Ricardo García, quien nunca fue tan permeable a los avances de Lewis.

El lago es mío, mío, mío Doce hermanos eran los dueños de hecho de las 12 mil hectáreas en Lago Escondido que hoy son de Lewis. Eran tierras fiscales, que ocupaban desde siempre. Para que pudieran vender, el municipio les dio la titularidad. La transacción se hizo en 12 millones de dólares. En esas tierras hoy hay una mansión de diez mil metros, cancha de golf, de fútbol, caballos –se cuenta que Macri tiene los suyos–, una casa, un complejo de cabañas y un helipuerto. Tal fue la cantidad de materiales acopiados para montar semejante obra, que los Van Ditmar terminaron comprando un corralón en convocatoria de acreedores que hoy es uno de los más importantes de la Patagonia.

Mientras compraba voluntades de los vecinos ofreciendo torneos de fútbol y espectáculos para chicos, Lewis cercó su propiedad y cerró los accesos públicos al lago. Al día de hoy todavía se resiste a cumplir un fallo de la Corte provincial que le ordena levantarlos. El primero de mayo de este año, una caravana de vecinos y organizaciones sociales intentó cruzar por uno de ellos, a forma de protesta simbólica.

La marcha la encabezaba la diputada nacional Silvia Horne. Lewis no estaba –suele pasar desde diciembre hasta marzo en la estancia–, pero se chocaron con un viejo conocido: Juan Carlos “El chaqueño” Martínez, ex candidato a intendente del PRO, mezclado entre los que impedían el paso. “Vamos a defender la propiedad privada con sangre si hace falta”, había dicho Van Ditmar dos años antes.

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Vi Vivienda

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Sin vivienda en San Telmo

Desalojo en el ex Padelai Las mĂĄs de 60 familias que vivĂ­an en el ex-Patronato de la infancia, fueron desalojadas por el Gobierno de la Ciudad. La cooperativa que integraban las familias era dueĂąa del 70% del predio.

El pasado 5 de enero, en plena feria judicial, se concretĂł el desalojo del ex Patronato de la Infancia, ubicado en la intersecciĂłn de la calle Balcarce con la Avenida San Juan, en el barrio de San Telmo.

Desde el aĂąo 2003 los integrantes de la Cooperativa de vivienda CrĂŠdito y Consumo San Telmo LTDA o Ex Padelai, soportaban presiones constantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hace unos meses El Grito del Sur reflejaba cĂłmo el Gobierno, con ayuda de la PolicĂ­a Metropolitana, privaba a los vecinos del edificio del libre trĂĄnsito: un listado restringĂ­a el acceso al edificio y los policĂ­as que se encontraban en la puerta solo permitĂ­an ingresar entrar a aquellos que estaban censados.

Estas medidas buscaban presionar

a los vecinos hasta que aceptasen voluntariamente el desalojo.

Los vecinos desalojados del Padelai eran propietarios legales del 70% del predio que ocupa una manzana entera en pleno San Telmo. El inmuble que alojaba al Patronato habĂ­a sido abandonado en 1978 y fue ocupado en 1984 por familias en situaciĂłn de calle que en 1989 conformaron la cooperativa “San Telmo Limitadaâ€? con la que consiuieron la titularidad de la mayor parte del inmueble..

Pese a que el Gobierno de la Ciudad declarĂł que las familias afectadas fueron apenas 34, Tito Vargas, socio fundador de la cooperativa y presidente de la misma, confirmĂł que en el predio vivĂ­an casi 60 familias.

De hecho en el Ăşltimo censo realizado

habĂ­a 62 familias, aunque al momento del desalojo quedaban apenas 49 Un importante operativo policial que contĂł con casi 150 efectivos se hizo presente en el lugar desde la madrugada del 4 de enero. A partir de la movilizaciĂłn y la organizaciĂłn de la casa los vecinos lograron una prĂłrroga de 24 horas para desalojar el inmueble. Los camiones del Gobierno de la Ciudad trasladaban las pertenencias de las familias. “Me voy a lo de mi prima en Longschamps. No tengo otro lugar donde irâ€?, comentaba Dora, una vecina con casi de una dĂŠcada viviendo en el lugar.

De las familias desalojadas la mitad negociĂł un crĂŠdito para acceder a la vivienda. Actualmente de las 22 familias que optaron por el crĂŠdito

14 han sido aprobadas y faltan cerrar las clĂĄusulas de 8 familias con el IVC. El resto de las familias optaron por el subsidio de $8.000. “Nuestra intenciĂłn era que las familias optaran por el crĂŠdito.

El subsidio, dependiendo del grupo familiar, podĂ­a ir entre los $48.000 a $150.000. Con eso no te cierran los nĂşmeros ni para comprar un terreno en provinciaâ€?, explica Vargas. “Algunas de las familias desalojadas se encuentran en casas de familiares o pensiones.

Hubo gente que tuvo que pasar las primeras noches en la plaza porque no tenían un lugar y no habían cobrado los cheques�, concluyó el referente.

No habrĂĄ paritaria nacional docente El Gobierno Nacional hizo de pĂşblico conocimiento que no existirĂĄ la mesa nacional de negociaciĂłn salarial docente.

La paritaria docente establecida aĂąos atrĂĄs mediante de la Ley de EducaciĂłn Nacional sirviĂł para fijar, a nivel nacional, una base respecto del aumento salarial para cada provincia por igual. Posteriormente cada distrito terminaba de negociar el aumento total para el sector con el determinante de una base fijada con anterioridad entre las autoridades nacionales y los representantes gremiales. Ahora el gobierno opta por descartar esta medida para que cada distrito llegue

a un acuerdo salarial por separado argumentando que nunca tuvo sentido ya que es algo que deben resolver las gobernaciones provinciales.

El macrismo no se toma vacaciones si de ajustar la educaciĂłn se trata: en medio de un conflicto, aĂşn latente, por los 3000 despidos dependientes de la cartera educativa nacional, pretende poner fin al marco regulatorio que les permitĂ­a a los docentes obtener un aumento similar en todo el territorio

IMPRENTA DIGITAL Y EDITORIAL & # ' ( ) (

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nacional. Al tiempo que la provincia de Buenos Aires se convierte en escenario de las crĂ­ticas por la partida millonaria enviada desde el ejecutivo, los gobernadores deberĂĄn disponer unilateralmente del aumento que se le asignarĂĄ a los y las docentes este aĂąo.

Sin dudas esto le permitirĂĄ a cada distrito cerrar aumentos a la baja, por lo que cada negociaciĂłn se terminarĂĄ dirimiendo segĂşn la fuerza de choque de cada sector.

Los gremios no tardaron en salir a responder y alertaron con ir a un conflicto si las negociaciones salariales no cierran con un aumento considerable que les permita paliar el creciente recorte del poder adquisitivo iniciado en 2016. Las gobernaciones barajan un aumento del 18% para los estatales y un porcentaje similar para los docentes mientras que ĂŠstos no estĂĄn dispuestos a aceptar una oferta menor al 35% de aumento.

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COMUNAS 1 ,3 y 4 El Grito del Sur

Economía popular

De manteros y desalojos Alrededor de 2.000 trabajadores ambulantes y manteros fueron desalojados por un enorme operativo policial en el barrio de Once. Apenas 600 firmaron el acuerdo que proponía el Gobierno de la Ciudad.

Berta anda en silla de ruedas. Apenas supera los 40 años y lleva 9 trabajando de puestera en el Once. El 10 de enero por la tarde Berta quedó entre líneas: de un lado la fila de escudos de la Policía de la Ciudad y del otro unos cien vendedores ambulantes enojados y decididos a avanzar. Comenzaron los empujones y los insultos. La violencia estalló cuando se encendió la mecha del petardo que cayó en la fina frontera que separaba a ambos bandos.

Berta perdió la riñonera. Dice que se la quitó la Policía. Allí llevaba su dinero, sus documentos, el carnet de discapacidad y los medicamentos que toma todos los días. No fue lo peor: unas horas antes Berta había perdido su fuente de trabajo, cuando un inmenso operativo policial desalojó a los manteros que trabajan en la zona de Plaza Once.

La batalla de Once El operativo policial y los camiones hidrantes llegaron a la madrugada. Para las 11 de la mañana ya había casi 300 policías y la situación en el Once se empezaba a poner picante. De un lado prenden petardos, del otro formaban fila y avanzaban. De aquel lado llegó un hidrante, de este comienzan los insultos. Cuando se pudre, el núcleo de manifestantes se dispersa: el Once entero es ahora una batalla campal entre barricadas de manteros y la policía.

Hay detenidos y heridos. La tensión va cayendo a medida que anochece y los trabajadores deciden montar un acampe con olla popular.

(uno en Perón y Ecuador, y el otro en La Rioja y Rivadavia) y una capacitación gratuita por 60 días por la que los manteros recibirán un subsidio mensual de $11.700 y que la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) -el archienemigo de los manteros- se proponía a financiar.

Cuando hubo consenso entre los representantes de los vendedores y las autoridades del Gobierno, la propuesta debió ser refrendada por el conjunto de los manteros. La asamblea se partió a la mitad entre quienes aceptaban y quienes rechazaban el acuerdo. Finalmente al día siguiente apenas 700 de los 1.900 manteros habían suscripto la propuesta del Gobierno.

Blanqueo sí, manteros no Horacio Rodriguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad dijo: “Se acabó la mafia en el medio. Los que realmente quieren trabajar, tienen una alternativa. Había mafias que extorsionaban a los vendedores.

Pedimos que los denuncien”.

Hoy, como siempre, la discusión es entre derechos. Y la lucha es entre clases. Aunque parezca contradictorio

los mismos que privatizan la Ciudad de Buenos Aires son los que esgrimen el argumento del espacio público.

La higiene urbana, el libre tránsito, el orden, el combate a la mafia: toda excusa es buena. Los que defienden el trabajo cuentan de lo duro de la vida del ambulante, de arrancar 5 Am y terminar a las 11 de la noche. De los días de lluvia, del calor y las ampollas. Del carrito, la comida, la coima que les pide el mismo comisario que los desaloja.

Según la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) de los 3.600 manteros que trabajan en Capital 1882 lo hacen en el Once. Lo cierto es que la venta ambulante en la Ciudad movilizó 2.152 millones de pesos en diciembre último y 14.825 millones en todo 2016, según datos de la propia CAME. Es un motor comercial importante y un sustento cotidiano para las miles de familias que comen de este tipo de comercio.

No pagan impuestos El discurso que se sustenta en la evasión fiscal es aún más contradictorio: mientras el gobierno premia a empresarios y traficantes con el blanqueo, castiga a los trabajadores de la economía informal

con el desalojo.

El desalojo en Once es parte de una seguidilla de ataques del macrismo contra la economía popular: fue Avellaneda, el Parque Rivadavia y ahora Once. Intentaron también avanzar sobre la feria de San Telmo y otros espacios culturales callejeros.

Con el compromiso de reubicar a los manteros en un predio acondicionado, el gobierno de la Ciuada desalojó a los casi 2.000 manteros. Sin embargo la solución contempla solo a la mitad, y en un país con desempleo creciente muy posiblemente las 1300 pesonas restantes no encuenten otra salid que salir a vender a la calle nuevamente.

“Hay dos formas de ganarse la vida: laburando o saliendo a chorear.

A nosotros nos quieren dejar sin laburo. Lo que yo pregunto es ¿qué pretenden? ¿que salgamos a chorear?”. Rodrigo es el delegado de los manteros, el que se sienta a dialogar con el Gobierno de la Ciudad, el que logra dirigir las heterogéneas y multiraciales asambleas que agrupan a los laburantes. “Somos parte del 40% de la informalidad, queremos una solución para poder llevar un plato de comida a nuestras casas”.

A la mañana siguiente la situación seguía tensa. Se había sostenido el acampe durante toda la noche y los manteros esperaban la reunión de las 17 con el Gobierno. Tras horas de vigilia se conoció la propuesta de las autoridades: la mudanza de los puestos a dos galpones

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