El Grito del Sur

Periódico barrial

Comunas 1 / 3 / 4

Distribución gratuita 2.000 ejemplares mensuales Julio // 2016 ISSN 2451-7178

Constitución / Monserrat San Cristobal / San Telmo Parque Patricios / Barracas

año

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El Grito del Sur

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Entre incendios y desalojos

La problemática de la vivienda afecta a uno de cada seis habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Desplazados al mercado informal, cientos de familias son vícticmas de desalojos violentos e incendios intencionales, en una ciudad donde el metro cuadrado cuesta casi mil dólares y el sueldo mínimo alcanza apenas los 8.000 pesos.

Hb Historias de barrio Desalojo en la feria de San Telmo

Ie Investigación especial Entre llamas descoloridas, La Boca resiste

So Sociedad La salida es de conjunto: la experiencia Alquiler colectivo

Un gigantesco operativo policial intentó desalojar a los puesteros que trabajan todos los domingos en la feria de la calle Defensa. Se toparon con la resistencia de los trabajadores.

Murga, fútbol y arte. Hoteles, pensiones y conventillos. En el barrio de La Boca, detrás de la bonita fachada para los turistas, cada vez más familias son desplazadas por los incendios, los desalojos y la precariedad de las viviendas.

En el barrio Fátima de Villa Soldati funciona un grupo de educadores y educadoras populares, que trabajan junto a niños y adolescentes en la realización de una revista y proyectos audiovisuales.

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Ed Editorial

COMUNAS 1 / 3 / 4 El Grito del Sur

Secciones Editorial

Historias de barrio

Derechos Humanos So Sociedad Md Medios

Ie Informe Especial

julio // 2016 El pasado 18 de julio Constanza Santos, de 22 años, fue intimidada en público por dos oficiales femeninos de la Policía Local de San Isidro mientras amamantaba a su hijo en una plaza.

Indice Editorial + Equipo p.02 Desalojo en la Feria de San Telmo p.03 Un asesino suelto en La Boca p.05 Incendios en La Boca p 06 Ataque en Tiempo Argentino p.08 Travesticidios p.09 Entre Ríos por la vivienda digna p.10 Alquiler colectivo p.11 Caso Kiki Lezcano p.12

Los efectivos sostenían que la mujer se encontraba violando una ley que prohíbe amamantar en la vía pública. Cuando la joven les solicitó a las oficiales que especificasen cuál era el delito,estas se negaron y pretendieron retenerla en la comisaría por resistencia a la autoridad.

Equipo de trabajo Lucía Barrera Oro / Aldana Mansilla Pais / Jesús Predmesnik Eugenia Alberdi Alejandro Coll / Yair Cybel / Karina Aquino Matías Rosello / Bruno Levy / Sebastián Furlong Bruno Cossentino/ Christopher Loyola / Lourdes Blanco Lezcano/ Alejo Bergés / Patricio Borrás /

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Nosotros / Nosotras

A raíz de este hecho, y mediante las redes sociales, se organizó una manifestación en repudio y rechazo autodenominado “PiqueTetazo”. El evento se dio cita en la misma plaza donde la joven había sido intimada por las fuerzas policiales, como fora de protesta frente a la violación de los derechos de Constanza por parte de las fuerzas de seguridad, en una nueva muestra de cómo funciona la violencia institucional.

Queda por preguntarnos por qué oficiales de la policía pueden llegar a accionar de esa manera. Amamantar es un derecho protegido por la ley, pero en este caso se acusaba todo lo contrario ¿Acaso podría existir una ley que prohíba uno de los actos más naturales de la especie humana?

Sería una contradicción misma a nuestra condición, similar a prohibir el derecho a transitar por espacios públicos, o la posibilidad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo.

Este tipo de decisiones nos hace creer que el caso de Constanza, como el de tantas mujeres que sufrieron en algún momento hechos de este tipo, tuvo lugar debido a una cuestión moral.

Tres de cada diez argentinos se sienten ofendidos al ver a una mujer amamantar a un niño en lugares públicos.

Debemos diferenciar inmediatamente

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lo que es una posición individual y conservadora, del accionar policial, que debiera procurar la legalidad y garantizar el derecho de la madre a alimentar naturalente a su hijo.

Repudiamos este hecho, así como todo acto de violencia institucional y abuso policial. Las fuerzas policiales tienen como labor hacer respetar toda ley vigente, pero nunca hacer cumplir una que no exista. La manifestación del sábado 23 dejó en claro un par de cuestiones: por un lado, que la unión logra hacerle frente a todo abuso institucional; y por otro, que nada, ni una placa ni una gorra, podrán quitarnos ningún derecho.

Los grandes medios exhiben a las mujeres como objetos sexuales y exponen sus cuerpos como una mercancía más. Son pocos los que levantan la voz frente a la fetichización de la mujer y la exposición de su cuerpo en una vidriera televisiva.

Ahora, cuando una mujer quiere alimentar a su hijo, la policía local, los intendentes conservadores y los portavoces del recato son los primeros en levantar el dedo para señalar.

Para discutir el machismo debemos rever las pequeñas prácticas que incluso muchas mujeres tenemos internalizadas, y que ubican al género femenino en una posición subordinada.

Son estos micro-machismos las pequeñas huellas que dan cuenta de un paradigma que coloca a la mujer y su cuerpo en una difícil contradicción: o objeto de deseo, voluptuoso, operado y en los grandes medios; o de la casa para adentro, sin decidir sobre su propio vientre. No sea cosa que se vea una teta en público, y algun ciudadano de bien se escandalice.

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Hb Historias de barrio

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Economía Popular

Desalojo en la feria de San Telmo Con casi 300 efectivos, un gigantesco operativo policial intentó desalojar a los puesteros que trabajan todos los domingos en la feria de la calle Defensa en el barrio porteño de San Telmo.

Foto: CTEP El pasado domingo 10 de julio, cuando los artesanos y trabajadores de la Feria de la calle Defensa se disponían a montar sus puestos, se toparon con una situación inesperada. Un operativo policial con más de 300 uniformados -de los cuales 150 eran personal de Infantería- les impedía ocupar sus puestos de trabajo y amenazaban con desalojarlos.

El operativo policial fue ordenado por la fiscalía Sudeste, a cargo del fiscal Gonzalo Viña, y buscaba impedir que los feriantes se instalasen en la histórica feria de San Telmo. Frente a este atropello, los trabajadores se organizaron y comenzaron a marchar entonando canciones de protesta por la calle, acompañados por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y distintas organizaciones sociales de la zona.

El paseo a cielo abierto de la calle Defensa se extiende entre San Juan y Chile y representa una de las principales atracciones turísticas de Buenos Aires. En sus puestos se pueden encontrar desde artesanías hasta antigüedades y es sede de numerosas expresiones artísticas, como títeres, bandas de tango y rock, candombe y obras teatrales.

Gabriela Olguín es presidenta de la Cooperativa “El Adoquín”, emprendimiento que engloba a más de 380 trabajadores. Comenta que el operativo comenzó a las 6 de la mañana y que a las 12 el operativo se levantó, a partir de las protestas de los trabajadores, los turistas y los vecinos. “A las 14 se montó el segundo operativo pero esta vez enviado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martín Ocampo.

A partir de allí tuvimos que realizar una resistencia con barricada, en la intersección de las calles Defensa e Independencia, para impedir el paso de la policía y que pudiesen pasar sólo los turistas, los transeúntes y los viandantes.

Así logramos que, por turnos, los compañeros pudieran trabajar tras cuatro domingos de lluvia.”

Olguín comenta que durante la jornada se acercaron organizaciones políticas, vecinos, batucadas, y durante toda la tarde se mantuvo una olla popular.

nuevos y usados en el espacio público”, las calles que ocupa la Feria El Adoquín fueron excluidas. Se les dio prioridad a los espacios que funcionan entre Plaza de Mayo y Chile, y no se incorporó en la legislación a la feria en cuestión.

Olguín comenta que la ley “delimita los espacios feriales pero excluye a la feria. A su vez, la ley es bastante restrictiva y le brinda autoridad y control al Estado sobre los trabajadores. Cuando se aprobó la ley y no nos incluyeron en la misma, propusimos una “Ley Proyecto de Legalización de la Feria Popular El Adoquín” por intermedio de los legisladores Jorge Taiana y María Rosa Muiños, pero fue vetada por Mauricio Macri en 2012”.

Desde la Cooperativa señalan que el operativo no es un hecho aislado sino que responde a una lógica sistemática de desalojos a los trabajadores de la economía popular, y que hubo casos anteriores en Flores y Caballito.

Si bien en el año 2011 se aprobó la Ley 4121/11 de la Legislatura Porteña que “regula la actividad comercial de la venta de productos de consumo popular

Ariel Olivares se dedica a la encuadernación. Realiza agendas, libros y anotadores. Comenta que “habitualmente caemos desde

las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. T r a b a j a m o s desde hace varios años en la zona que se extiende desde Chile hasta Plaza Dorrego. Este domingo llegué con mi carro y estaba lleno de policías y gendarmes. Los trabajadores estábamos reunidos y nos enteramos de la orden de un juez que alentaba nuestro desalojo.

La Policía no nos dejó armar los puestos y a un par de compañeros les requisaron las cosas.”

Bruno Alterni tiene 25 años. Además de trabajar hace un año y medio en la feria, es papá de Tiziano, de 5 años, y profesor de boxeo. En su parche de Defensa y Humberto Primo vende aros artesanales de mariposas. Comenta que “muchos turistas se acercaron a apoyarnos y preguntar qué estaba pasando.”

Bruno explica que los 300 trabajadores van a seguir llevando adelante la feria más allá de las amenazas. “Creo que el aporte cultural de la Feria a la Ciudad es increíble. Si contamos desde Plaza de Mayo hasta San Juan, es un kilómetro y medio de Feria, con trabajos de todo tipo y artesanos de todo el mundo.”

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Vi Vivienda

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Desalojo en Abasto

Contra el desalojo en Casa Pantano Vecinos organizados en la Asamblea Popular por el Derecho a la Vivienda (APDV) se oponen al desalojo de las 25 familias que viven en el Pasaje Carlos Gardel 3151.

Buenos Aires estĂĄ siendo consumida por la especulaciĂłn inmobiliaria. Sus calles, parques, plazas, monumentos, patrimonios estĂĄn siendo vendidos a empresas privadas que, con su comprensiĂłn visionaria de las metrĂłpolis, demuelen y explotan econĂłmicamente sus terrenos.

Avanzando con esta lĂłgica, nos encontramos hoy, no sĂłlo con una ciudad carente de espacios verdaderamente pĂşblicos, sino tambiĂŠn sin espacios privados para la poblaciĂłn con ingresos menores de los que pueda obtener la clase media.

Uno de estos casos es la Casa Pantano, ubicada en la peatonal Carlos Gardel 3151, en el barrio porteĂąo de Once, con orden de desalojo para el viernes 12 de agosto del 2016.

El edificio, ex patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, y construido a fines del siglo 19, alberga alrededor de 25 familias, en su mayoría compuestas por mujeres trabajadoras y solteras con hijos. Ésta casa, defendida por su propia historia, no podría ser alterada estructuralmente sino fuese por el cambio que realizó, en los últimos aùos, el hambre de terrenos cÊntricos

que tiene nuestro corrompido cĂłdigo de planeamiento urbano. La expulsiĂłn de vecinos originarios del barrio, para comprar los terrenos y construir viviendas de lujo se ha vuelto una prĂĄctica habitual en la Ciudad de Buenos Aires.

Con una historia de inquilinatos abusivos, la dueĂąa actual de la Casa Pantano, quiere vender el inmueble.

Los reclamos acerca de la nula manutenciĂłn que le diĂł al espacio la cansaron, y prefiriĂł deshacerse de la casa. ÂżDĂłnde irĂĄn a parar todas las familias que se encuentran allĂ­? El Estado es

quien ejecutarĂĄ el desalojo, debe ser ĂŠl quien garantice una soluciĂłn.

Desde la Asamblea por el Derecho a la viviendo se estĂĄn impulsando un nĂşmero de movilizaciones para visibilizar la problemĂĄtica y exigir soluciones habitacionales definitivas al Gobierno de la Ciudad.

Desde la Asamblea se convoca el dĂ­a martes 2 de agosto a las 19 horas a un corte en la Avenida Corrientes al 3100, mientras que para el viernes 12 de agosto, fecha estipulada para el desalojo de la Casa Pantano, se convoca a una vigilia de resistencia y en defensa al derecho a la vivienda

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So Sociedad

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Oso Cisneros - Comedor Los Pibes

Un asesino suelto en La Boca El vendedor de drogas que mató a quemarropa a Martín “El Oso” Cisneros allá por el año 2004, Juan Carlos Duarte, se instaló en el barrio de La Boca muy cerca del lugar donde cometió el crimen.

A Martín le decían el Oso. Medía casi dos metros y era un tipo tan grande como humilde y trabajador. Había vivido en las bodegas Giol, en el barrio de Palermo, y poco tiempo antes de su asesinato había vuelto al comedor que la Federación Tierra y Vivienda (FTV) sostenía en el barrio de La Boca. “El Oso” había comenzado a militar 25 años atrás, participó como brigadista en la Revolución de Nicaragua y era el encargado de los emprendimientos populares en el Comedor y coordinador de la panadería.

El 25 de junio de 2004 Juan Carlos Duarte (alias “Colchón”), un vendedor de drogas que se movía por el barrio con protección policial de la Comisaría 24 -al mando del comisario Cayetano Greco-, asesinó a Martín “El Oso” Cisneros con un arma

de fuego y a quemarropa. Los vecinos del barrio y los militantes del Comedor Los Pibes denunciaron que la semana pasada Duarte volvió al barrio y se instaló en Pedro de Mendoza 1447, a sólo 200 metros del lugar donde 12 años atrás asesinó al “Oso”.

Duarte, que había pasado 12 años preso por el crimen de Cisneros, ya contaba con antecedentes: en 2001, fue denunciado por tráfico de drogas, y en 2004 por el robo al Comedor Los Pibes. Al enterarse que Duarte había vuelto al barrio los vecinos se pusieron en alerta y difundieron un volante donde denunciaban la presencia del asesino y violador.

Angel “Lito” Borello es coordinador nacional de la Organización “Los Pibes”.

Duarte, quien había sido condenado a 18 años por el crimen de Cisneros, ya contaba con antecedentes por tráfico de drogas, y por el robo al Comedor Los Pibes en 2004.

Cuenta que conoció al “Oso” durante la década de los 80, militando en Villa Maipú, en el partido de San Martín. En comunicación con El Grito del Sur comenta que “Duarte fue condenado a 18 años después de un proceso que comenzó cuando tomamos la comisaría exigiendo justicia. A nosotros nunca nos permitieron ser querellantes en la causa, en un crimen que estuvo

muy pegado al asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán, apenas dos años después y el mismo día”.

Borello cuenta que los vecinos comenzaron a alertarse entre el 25 y el 26 de junio cuando notaron que Duarte había vuelto al barrio y se había instalado a apenas 200 metros del lugar donde asesinó al “Oso” y a apenas 300 metros de distancia de la cooperativa de vivienda Los Pibes, donde viven actualmente 33 familias. “Junto con los compañeros de la CTEP estamos reclamando que nos reciba el Ministerio de Justicia o Seguridad para que nos puedan dar respuesta sobre el tema. No podemos permitir que esta persona ande suelta por el barrio y amenazando a los vecinos”, concluyó Borello.

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Ie Informe Especial

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Incendios en La Boca

Entre llamas descoloridas, La Boca resiste Murga, fútbol y arte. Hoteles, pensiones y conventillos. En el barrio de La Boca, detrás de la bonita fachada para los turistas, cada vez más familias son desplazadas por los incendios y los desalojos.

Sábado típico en el barrio porteño de La Boca. La tarde soleada daba brillo y calor a las calles invadidas por sonrisas y fiestas de tonos y ritmos para todos los gustos. Música, comida y un millón de colores pintados en una República hecha de chapa. El olor a carne asada que largan las parrillas humeantes y el imponente estadio de fútbol al costado de la ribera configuran el paisaje habitual de un barrio donde abunda la pasión, la solidaridad entre vecinos y la lucha.

de una torta del Bicentenario de la Independencia -“la misma que comió Belgrano”, según aseguraba la mujer que vendía las rifas-, música improvisada por una guitarra, un bandoneón y las voces desprolijas de la militancia. Solamente risas y compañerismo en sus rostros, que no son más que el vehículo de lucha más fiel para resistir en uno de los barrios con más contrastes de la Ciudad: por un lado el camino folklórico y artístico para la familia, del otro lado el barrio de los incendios y los desalojos.

Integrantes de la agrupación La Boca Resiste y Propone organizaban un festival en la calle Del Valle Iberlucea al 1100 sobre la vereda de un local de la JP Descamisados. Venta de comida a precios populares, sorteo

“La Boca tiene todos los problemas habitacionales en tan sólo 50 cuadras. Desde hace 100 años -con la huelga de inquilinos de 1917- que se viene discutiendo lo mismo:

sobrevaloración del suelo, desalojos, gente hotelada o en situación de calle, derrumbes e incendios”, comenta Natalia Quinto, una de las organizadoras del festival y militante de La Boca Resiste y Propone.

Ante el abandono estatal, los festivales son una de las tantas medidas que realizan los vecinos para juntar fondos y reconstruir los conventillos arrasados por los ya habituales incendios. El barrio de La Boca, a pesar de haber sido declarado en emergencia habitacional y urbanística en 1996 por la ley 2240, no ha recibido una atención particular por las políticas del Gobierno de la Ciudad. “No se trata de una falta de interés por parte de

los gobernantes, es un interés especial, ya que no puede darse un proceso de especulación financiera sin la connivencia del Estado”, denuncia Quinto.

Entre los que se acercaron al festival estaba Pablo Godoy, un taxista de expresión amable y tranquila, que con infinita paciencia contó la situación de lucha colectiva que generó el tercer y más grave incendio del conventillo ubicado en la calle Almirante Brown al 1200. Pablo comentó que el pasado 26 de mayo se prendió fuego una habitación en la planta alta de la vivienda, que tras desplazarse a los departamentos contiguos, destruyó gran parte del edificio: la instalación eléctrica quedó chamuscada, y el pasillo, lleno de hollín. “La causa

“La Boca tiene todos los problemas habitacionales en tan sólo 50 cuadras. Desde hace 100 años , con la huelga de inquilinos de 1917, que venimos discutiendo lo mismo: sobrevaloración del suelo, desalojos, gente hotelada o en situación de calle, derrumbes e incendios”

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Ie Informe Especial principal es que el dueño -porque todo inmueble tiene uno- nunca invirtió en mejorar nuestras condiciones de vida”, afirmó Godoy. La evidencia lo respalda: por todo el lugar hay cables colgando de los techos, cañerías expuestas, paredes agrietadas y abultadas por la humedad, baños sin puerta ni ventilación.

A raíz del incendio, en el que según Pablo, “no murió nadie de casualidad”, las 26 familias que habitan el lugar se vieron obligadas a pasar la noche en la calle, hasta que luego de muchas idas y vueltas, pudieron ingresar y empezar a hacer las reparaciones necesarias por sus propios medios.

El dueño brilló por su ausencia.

Sistemáticamente, entre los meses de diciembre y enero; y de mayo y junio, los conventillos de La Boca se prenden fuego debido al aumento del consumo energético que se registra en esas épocas. Para Natalia Quinto los incendios son intencionados, pero “la intencionalidad no está en prender el fósforo, sino en

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la precariedad habitacional a la se somete a los residentes”.

“Un día por vos, un día por mí. Así se va generando una red de cosas buenas, tanto para nosotros como para otros conventillos, para que estén al tanto y no pasen lo que nosotros vivimos”” Las estructuras de chapa y madera se prenden fuego en aproximadamente 7 minutos -mucho más rápido que una construcción de material-, el 80% de las bocas de agua están rotas, lo que hace que los bomberos pierdan tiempo buscando alguna que funcione, y cada 100 metros el agua pierde presión. Eso también es deliberado porque “predio que se vacía, predio que queda en medio del sistema de especulación financiera”, asegura la militante de La Boca Resiste y Propone.

Incendios en La Boca

Frente a este panorama, Pablo Godoy, Sebastián Fernández y Alejandro Navarro -tres de los delegados del conventillo de Brown- luchan por formar una cooperativa de vivienda para lograr una solución definitiva a su problemática. “Exigimos que -el dueño- nos regularice todos los contratos y ponga todo, de la puerta para adentro, como corresponde”, comentó Godoy. “Si logramos ser una cooperativa la negociación es diferente porque atrás está el Estado”, continuó Sebastián Fernández.

Desde el incendio, el dueño del conventillo (que a su vez comanda otros cuatro en el barrio) no volvió a aparecer ni para cobrar el alquiler, ni mucho menos para acompañar a sus inquilinos. Esto llevó a que los vecinos se abracen, reclamen e impulsen una lucha ardua y constante para darse y dar soluciones habitacionales a todo el barrio: “Un día por vos, un día por mí. Así se va generando una red de cosas buenas, tanto para nosotros como para otros

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conventillos, para que estén al tanto y no pasen lo que nosotros vivimos”, expresaron Godoy y Fernández.

Ya se cumplen 20 años de convivencia amistosa del Gobierno de la Ciudad con los agentes inmobiliarios: la ley que establece a La Boca como “Distrito de las Artes” lo ilustra claramente, ya que los beneficios se gravan sobre los inmuebles y no sobre el interés cultural. De esta manera se da un proceso que reemplaza a una población por otra, es decir que crea un nuevo polo que revaloriza el suelo comprando edificios a un precio ruín y vendiéndolo sobrevaluado.

El festival que musicaliza al barrio se traduce fácilmente en una danza guerrera de la incansable lucha pidiendo respuesta a un reclamo eterno. “Vamos a seguir con esto hasta el final; por perder no tenemos nada, tenemos todo por ganar”, concluyeron los delegados.

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Me Medios

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Ataque a Tiempo Argentino

Nos siguen pegando abajo La embestida contra el diario Tiempo Argentino no tiene límite: una patota se metió en la oficina de redacción y no sólo rompió todo, sino que también atacó a trabajadores.

Frente al constante ataque que están sufriendo los medios populares, particularmente los más críticos al gobierno nacional, desde El Grito del Sur nos acercamos a la Cooperativa Por Más Tiempo creada por los trabajadores de Tiempo Argentino en pos de abordar la problemática que atraviesan desde hace más de seis meses.

Esteban Schoj, de la sección de Sociedad, nos cuenta cómo se inició el conflicto del diario y señala Matías Garfunkel y a Segio Szpolski como los principales responsables. El hecho que detonó todo el proceso fue la falta de pago desde el mes de diciembre a los trabajadores. Buscando crear aires de esperanza, entre Szpolski y Garfunkel, se pasaban una pelota que estaba cada vez más cerca de estallar. Con el conflicto en puerta y sin vistas de una pronta solución, los laburantes comenzaron un arduo proceso de lucha en defensa de sus fuentes de trabajo, con un gran apoyo del SiPreBA -Sindicao de Prensa de Buenos Aires- y un amplio marco de organizaciones políticas, sociales y culturales.

Sin ningún tipo de respuesta por parte de los dueños del diario, Mariano Martínez Rojas llegó a escena como el héroe que solucionaría el conflicto a partir de una supuesta vocación de querer “salvar” Tiempo Argentino y Radio América. Quien parecía ser el único héroe en este lío no hizo más que continuar con la política que venían aplicando los anteriores dueños del medio. Fueron publicados sesenta números con los trabajadores sin un centavo en el bolsillo.

Finalmente, el 5 de Febrero de este año Martínez Rojas decidió no imprimir

más el diario, hito que desencadena la ocupación del edificio como última medida frente a la situación insostenible que se vivía por parte de los trabajadores y las trabajadoras.

Es esto lo que lleva a la conformación de la Cooperativa Por Más Tiempo, votada en asamblea el 29 de Abril. Los trabajadores encontraron en el armado de dicha estructura la posibilidad de mantener sus puestos de trabajo y a su vez poder ejercer el oficio que los apasiona: informar al pueblo.

Sin embargo, la historia no terminaría allí. El mismo empresario que se propuso tomar la dirección del medio hace apenas unos meses fue quien en la madrugada del lunes 4 de julio ordenó a una patota irrumpir en el edificio, ubicado en Amenábar 29, golpeando a los trabajadores que se encontraban cuidando el edificio por la noche y rompiendo herramientas importantísimas para la redacción del diario. Sin embargo, luego del violento episodio la fiscal Verónica Andrade dispuso liberar a los atacantes.

Julia Izumi, miembro del Consejo de Administración, describe el proceso que atraviesan como un período angustioso y progresivo. Angustioso por la incertidumbre vivida y la desidia de la empresa encarnada más crudamente en el trabajo y la economía de quienes pertenecen al diario. Progresivo ya que fue un ciclo escalonado y en ascenso: el primer paso fue la toma de conciencia de la realidad que atravesaba el medio y ellos como parte de tal, con esta base empezaron a buscar medidas y soluciones alternativas que se expresan en manifestaciones tales como el enorme festival en Parque Centenario o

su prueba de fuego en las calles con su regreso el 24 de Marzo.

Izumi comenta que los trabajadores sienten que en algún punto, esto fue lo que los motivó a conformar la

Esto fue lo que los motivó a conformar la cooperativa: la necesidad -propia y externa- de un medio crítico al gobierno que se sume a las voces disidentes y acalladas desde el 10 de Diciembre cooperativa: la necesidad propia y externa de un medio crítico al gobierno que se sume a las voces disidentes y acalladas desde el 10 de Diciembre desde el Poder Ejecutivo. Como la comunicación no es algo que se geste por generación espontánea, se dieron el trabajo de establecer vínculos con los canillitas y buscar diversos modos de financiamiento.

Cuando hablamos del conflicto de Tiempo Argentino no hablamos únicamente de la defensa de meras sillas de oficina sin sentido, sino que ponemos sobre la mesa un debate mucho más profundo que se trata de cuál es la concepción que tenemos de los medios de comunicación y qué rol creemos que deben cumplir. Hacemos referencia a los puestos de trabajo en riesgo pero no podemos olvidarnos de la vocación de cientos de personas comprometidas para brindar una fuente de información que busque interpelar y poner en agenda los principales conflictos que atañen a nuestro pueblo.

El constante ataque que sufre la Cooperativa Por Más Tiempo no es un hecho aislado, es una política sistemática que tiene como objetivo coartar la posibilidad de ofrecer al público una mirada que difiere en muchos sentidos con la perspectiva adoptada por los medios hegemónicos aliados al gobierno de turno.

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Dh Derechos humanos

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Marcha contra los travesticidios

Furia Travesti

Frente a la discriminación y violencia que sufren las travestis, se realizó la primera marcha multitudinaria en contra de los Travesticidios.

El pasado 28 de junio se realizó a nivel nacional la primera marcha organizada por el movimiento LGTB en contra de los Travesticidios. En la ciudad de Buenos Aires la agrupación Colectiva Lohana Berkins y la Comisión de Familiares y compañeros de Diana Sacayan (fundadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación), fueron quienes organizaron y convocaron la multitudinaria movilización . De Plaza de Mayo a Congreso, las consignas fueron claras y buscaron visibilizar la situación de discriminación, persecución y violencia que sufren quienes no se encuentran en los cánones heteronormativos.

“Las travas que vos mataste van a volver”, cantaban las columnas. Buenos Aires estaba helado pero el frío no fue un obstáculo para copar las calles. Al calor de la multitud, el invierno pasaba desapercibido. Se marchó para pedir una vida digna para las travestis, y soberanía sobre sus propios cuerpos, porque la prostitución no es un trabajo y, como decía Lohana, recuperar el dominio del cuerpo es un acto de total libertad.

Esta marcha se realizó en el marco del 47° aniversario del ataque a Stonewall,

un bar neoyorquino para gays, negros, lesbianas y trans, donde irrumpió la policía y reprimió a las personas que se encontraban allí, originando una serie de disturbios en toda la ciudad.

claro, cansadas de ser víctimas de un sistema que las excluye y las estigmatiza; de una violencia machista que no cesa y las mata a cada día; y de un sistema judicial en el cual no están amparadas.

Esto marcó un día histórico: el género más marginado decía basta y se paraba en las calles a defenderse y reclamar igualdad.

A partir de la organización y la creación de distintos movimientos en defensa de travestis y personas trans, la comunidad homosexual comienza a tener voz, a estar representada y a dejar de ser vista como un grupo marginal.

También se pidió que se reglamente en la Ciudad de Buenos Aires la Ley de Cupo Laboral Trans, impulsada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina, que asegura el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y educación, para impulsar una real igualdad.

En la marcha del 28J se puso énfasis en los derechos adquiridos en estos últimos años que deben defenderse para que no sean pisoteados. El Grito del Sur dialogó con Daniela Mercado, una activista que nos contó que estuvieron “para marchar y hacer justicia por Diana, para homenajear los 30 años de activismo trans que nos han dejado un gran legado. Nuestra responsabilidad es seguir peleando por nuestra lucha eterna de igualdad, inclusión social, acceso a la salud y educación, ya estamos cansadas de ser marginadas”. Y

Con La Ley de Identidad de Género, cuya primera beneficiaria fue Diana Sacayan, se alcanzó una igualdad legal ya que considera legítimo el cambio de sexo y de nombre. En este sentido, Daniela afirmó: “Después de esta ley hay un antes y un después porque al tener un derecho que nos defienda hay más opciones. En mi caso, creo que la prostitución no es un trabajo, sino que es explotación pero creo que después de la ley hemos podido

avanzar un montón. Queremos que se sepa que no somos sinónimo de calle sino de perseverancia y de lucha. En mi caso soy una egresada del bachillerato Mocha Celis y tengo un trabajo estable. Con esto quiero decir que las travestis nos estamos capacitando, estamos forjando una política trans que incluye la diversidad, todas somos iguales, estamos marginadas y atravesadas por la violencia institucional por sobre todas las cosas, estamos en un momento histórico”.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), en América Latina las personas Transgénero mueren antes de los 35 años o menos. Su esperanza de vida equivale a la mitad de lo que puede vivir al menos un heterosexual promedio. Esto es una consecuencia más del sistema patriarcal que actúa a través de la violencia machista, agravada por la falta de contención sanitaria que recibe la comunidad trans. En lo que va del año, ya son 6 los casos de travesticidios, y, en muchos casos, no llegan ni a los juicios.

Es en este mundo de desprecio en el que conviven, marginadas por su identidad sexual.

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Hb Historias de barrio

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COMUNAS 1 ,3 y 4 El Grito del Sur

Desalojos en el barrio

Entre Ríos en lucha por la vivienda digna En el límite que separa los barrios de San Cristóbal y Constitución, unas 30 familias resisten atemorizadas por la orden de desalojo que pretende dejarlas en la calle. .

Avenida Entre Ríos al 1300. Justo sobre la línea fronteriza que divide los barrios de San Cristóbal y Constitución, unas treinta familias comparten hace más de 20 años un inmueble. La puerta no tiene timbre y es necesario aplaudir, o pegar un chiflido fuerte para que alguien baje a abrir. Sería una historia más del hacinamiento y el impacto de la problemática de vivienda en el sur de la Capital de no ser porque los vecinos viven atemorizados: sobre la casa pesa una orden de desalojo que pretende dejar a las más de 30 familias que allí viven en la calle.

Tres meses de anticipo, una garantía propietaria de familiar directo en la CABA, los tres últimos recibos de sueldo de un trabajo en blanco: todos requisitos que generan que cada vez más personas deban optar por el mercado informal de la vivienda.

La contradicción es simple: o mudarse a Provincia, lejos del trabajo y los colegios de los chicos; ir a parar a una villa, donde los alquileres cuestan lo mismo que en un dos ambientes en Almagro, pero exigen menos requisitos; o terminar en un cuarto de un hotel o una pensión.

La historia de Entre Ríos no es una excepción y se repite a lo largo y ancho de la ciudad

más rica y desigual de nuestro país. Un supuesto dueño que subalquila habitaciones a familias que no tienen acceso al mercado formal de alquileres. Las familias pagan en tiempo y forma una suma que muchas veces son equivalentes al alquiler de un departamento en un barrio céntrico. Pero a cambio reciben una pieza, sin agua caliente y con baño compartido.

Elizabeth Sanchez vive en la casa de Entre Ríos hace 17 años. Tiene tres hijos de 9, 10 y 11 años y juntos viven en una pieza con su marido y dos perros que el más pequeño de los chicos rescató de la calle. “Yo conozco a la mayoría de las familias desde hace 17 años, cuando llegué acá.

Nosotros luchamos para que el IVC nos dé respuestas pero no nos dan bolilla. No necesitamos que nos regalen nada, pedimos un préstamo para la vivienda de nuestros hijos que hoy en día viven encerrados en una pieza de 4x4”. Uno de los hijos de Elizabeth tiene síndrome de Williams, lo que le genera un retraso de desarrollo en el lenguaje y puede acarrear problemas de aprendizaje

Fabián Llanos vive hace 13 años en el edificio de Entre Ríos. Cuando llegó al lugar alquilaba una pieza con su hermano, pero luego se separaron y Fabián se quedó viviendo con su mujer y su hija de un año y cinco meses.

“En la vivienda estamos pasando por un proceso judicial de desalojo, que en realidad se llama expediente por constatación de firma. Nosotros nos encontramos buscando una solución de fondo para frenar el juicio por desalojo desde hace ya dos años.

Presentamos un amparo y hasta el momento no tenemos novedades.”

Fabián no habla desde el desconocimiento: es estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

“Vivimos en una ciudad individualista y elitista donde los mecanismos para acceder a un crédito no se ponen en práctica o son realmente inaccesibles. Es muy complicado para una clase acceder a la vivienda.

Con este gobierno y sus políticas neoliberales, no vemos una salida concreta y sabemos que nos va a costar mucho encontrar un crédito, no sólo para nosotros sino para todas las familias”, concluye el futuro abogado.

Thiago Fonseca es quien lleva adelante la asesoría legal de los vecinos de la casa de Entre Ríos 1330/1334. Entrevistado por El Grito del Sur, señaló que son 23 las familias que habitan el inmueble y que el mismo se divide en tres pisos, un primer piso, una planta principal y un subsuelo. “Hay familias que viven acá desde el 83 y vienen pagando religiosamente todos los servicios”. También comenta que en el plano judicial existe un dueño y un inquilino, que es quien subalquila las habitaciones a las familias.

Fonseca agregó que desde la Legislatura se presentó un amparo para que el Gobierno de la Ciudad se haga cargo del déficit habitacional. “Realizamos presentaciones de todas las familias en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y pudimos conformar una cooperativa de vivienda entre todas las familias para acceder a los créditos de vivienda. Este no es un caso aislado y por eso le exigimos al Gobierno de la Ciudad que brinde respuestas concretas a las familias de Entre Ríos y a la problemática de vivienda en el sur de la Ciudad”.

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Vi Vivienda

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COMUNAS 1 / 3 / 4 El Grito del Sur

Cooperativa de vivienda

La salida es de conjunto: la experiencia del Alquiler colectivo Tras ser desalojados de sus hogares, un grupo de vecinos del barrio de Constitución se organizó para buscar una salida al problema de la vivienda. Un oasis en el medio de la ciudad de la especulación inmobiliaria.

En el tercer piso de la Avenida San Juan 1266 viven seis familias. Son 16 personas que se mudaron allí en agosto de 2015, luego de atravesar diferentes experiencias de desalojos en la zona Sur de la Capital.

Organizadas por el derecho a la vivienda decidieron formarse como cooperativa y alquilar un piso de conjunto, con espacio compartido, terraza, agua caliente y espacio para que jueguen los chicos. No es poca cosa si se tiene en cuenta que todas estas familias venían de vivir en situación de hacinamiento en hoteles, pensiones y conventillos de la zona.

En Constitcuión la vivienda es un problema central. Sumado a la problemática de le gente en situación de calle (según encuestas de la Red de Organizaciones de Constitución, en el barrio vive una persona por cuadra en situación de calle), los hoteles son la otra cara de la precarización habitacional. Es

por ello que los vecinos decidieron encontrar una salida colectiva, se organizaron en asamblea, consiguieron una garantía de conjunto y actualmente se dividen los gastos y responsabilidades de la casa en la que viven.

Mirta Gonzalez es la presidenta de la Cooperativa. Comenta que la experiencia del alquiler social “surgió en 2009 a partir de una serie de desalojos. Yo fui desalojada y comenzamos a organizarnos y a acompañar a distintas casas de la zona.

Mucha gente desalojada se tuvo que ir a provincia, pero nosotros comenzamos a conocernos, a hacer reuniones los días sábados. A muchas familias se les dificultaba alquilar por los requisitos que ponen las inmobiliarias, pero por eso decidimos unirnos para pensar una salida entre todas las familias.”

Corina Rojas también vive en el alquiler social. Explica que el momento más lindo que le tocó vivir fue cuando se enfermó y no estuvo sola ya que los vecinos la acompañaron hasta el hospital y le dieron una mano con la recuperación. Comenta que la

La importancia de organizarse reside en que pudimos quedarnos cerca del trabajo, de la escuela de los chicos y estar juntos. Nuestro horizonte es el acceso a la vivienda definitiva iniciativa ya está por cumplir un año pero que “lamentablemente el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) lo desconoce como espacio de vivienda transitoria, una figura legal

que se encuentra contemplada en la Ley 341”. Corina agrega que “la importancia de organizarse reside en que pudimos quedarnos cerca del trabajo, de la escuela de los chicos y estar juntos. Nuestro horizonte es el acceso a la vivienda definitiva, a través de los programas del IVC, y en tanto nos mantengamos organizados vamos a poder ir alcanzando estos objetivos.”

Henry Beltrán vive en el alquiler colectivo con su mujer Janette Pacaya. Dice que no es un hombre de muchas palabras y prefiere no dar testimonio para la nota. Sin embargo habla de Mariátegui, de Haya de la Torre y de la situación política de su Perú natal. Antes de irse, se arrepiente y comenta que está contento en el alquiler y que “los hechos hablan por las pesonas”

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Cc ContraCara

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COMUNAS 1 ,3 y 4 El Grito del Sur

Violencia Institucional

Justicia por Kiki y Ezequiel A 7 años del asesinato de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, se volvió a realizar un festival para reclamar justicia y visibilizar los casos de gatillo fácil y abusos policiales en los barrios más humildes.

El 8 de julio de 2009 Jonathan “Kiki” Lezcano salió por última vez de su casa en el barrio de Lugano. Iba a la casa de la novia. Al día siguiente, luego de que Angélica -su madre- volviera del trabajo, se enteró que Kiki no había regresado.

Se contactaron con la novia, les comentó que lo estuvo esperando, pero nunca llegó. A la noche Angélica se encontró con la hermana de Ezequiel Blanco, un amigo de Kiki, que les dijo que también estaba buscando a su hermano.

Ambas familias recorrieron el barrio y varios vecinos consultados afirmaron que vieron a Ezequiel y a Kiki juntos durante esa tarde del 8 de julio. Luego de esos testimonios, Angélica fue a la comisaría a hacer la denuncia que fue caratulada como “averiguación de paradero”. El día 11 de Julio, Angélica volvió a la comisaría para reiterar la denuncia y la única respuesta de la policía fue un interrogatorio encubierto pero ninguna certeza acerca del paradero de su hijo.

Al respecto, Angélica cuenta a El Grito del Sur que “durante un mes y medio estuvieron interrogando a

la familia sin buscarlo. Y teníamos que ir una vez por semana a reiterar la denuncia porque si no quedaba nula”. A los pocos días, por recomendación de una vecina y ante la falta de respuesta de la policía, Angélica decidió comenzar a organizar cortes de calle y movilizaciones por la zona.

Al mes, un primo de Kiki le contó a Angélica que el día anterior a su desaparición vio a “El Indio” Chávez, oficial de la comisaría Nro. 52, amenazando a Kiki y a Ezequiel.

Con esta nueva información y ya con otra perspectiva, ese mismo día Angélica fue a la comisaría a denunciar el hecho. La respuesta que recibió fue: “No estamos en la década del 70”, a lo que ella respondió: “Ya sé que estamos en el 2009, pero estamos en la década del 70 porque mi hijo no aparece”.

A los dos meses y medio de la desaparición de Kiki y Ezequiel, y por una recomendación de su abogado, Angélica se contactó con el juzgado de menores para consultar por el paradero de su hijo y ahí le respondieron que “uno de los chicos está fallecido y a otro hay que

reconocerlo”. Luego de recorrer varios juzgados, Angélica y otros familiares de Kiki fueron a la morgue judicial para reconocer el cuerpo. En ese lugar les dijeron que Kiki había sido enterrado en Chacarita como NN. La explicación del juez Cubas fue que “no pudieron identificar a la familia” a pesar de que ya contaban con un expediente donde tenían los datos de Kiki.

En una primera instancia judicial, el oficial que asesinó a Kiki y a Ezequiel, Daniel Santiago Veyga, fue sobreseído por el juez Cubas, quien jamás indagó al oficial Veyga. Se conformó con el descargo dado por el oficial en su comisaría, apenas unas horas después de haberles disparado a Kiki y Ezequiel. Tras varios años, muchas movilizaciones y apelaciones, las familias de Kiki y Ezequiel consiguieron que se revocara el sobreseimiento de Daniel Veyga y el apartamiento del juez Cubas, quien fue reemplazado por el juez Padilla.

Angélica nos dice que tuvieron que apelar varias veces porque “Santiago Veyga quedó sobreseído tres

veces seguidas, pero no quedaba firme.

Entonces apelábamos porque se tenía que investigar”.

El desplazamiento del juez Cubas estuvo acompañado de varias críticas, por parte de Padilla, respecto al modo en que llevó adelante la causa y cómo valoró (o no) algunas pruebas.

Tras la aparición de un vídeo donde se observa a varios oficiales de policía alrededor del cuerpo de Kiki mientras éste todavía estaba con vida, y luego de un largo proceso de lucha, se logró imputar a Santiago Veyga por doble homicidio simple y apartarlo de su puesto en la policía. Los demás oficiales del vídeo todavía no pudieron ser identificados.

Como todos los años, los familiares y la gente de la “Casita de Kiki Lezcano” organizaron un festival en memoria de Jonathan, Ezequiel y todos los casos de violencia institucional para mantener prendido el fuego de esta lucha mientras se espera con ansiedad por el juicio oral que se llevará a cabo este año y que sería un paso más en el camino hacia la justicia.

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