El Grito del Sur

Periódico barrial

Comunas 1 / 3 / 4

Distribución gratuita 2.000 ejemplares mensuales Noviembre // 2015 ISSN 2451-7178

Constitución/Monserrat San Cristobal /San Telmo Parque Patricios/Barracas

año

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número @grito_delsur

El Grito del Sur

elgritodelsur@gmail.com

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Violencia Institucional en La Boca

Caso Lucas Cabello Lucas Cabello tiene 20 años y una hijita de dos. El lunes 9 de noviembre, un agente de la Policía Metropolitana le pegó tres balazos a quemarropa en la calle Martín Rodríguez al 500 y lo dejó internado en el Hospital Argerich, con riesgo de vida y muy pocas chances de que vuelva a caminar.

So Sociedad Excluidos en lucha por más y mejor inclusión

Dh Derechos Humanos Layla: otra crónica de trata

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“Porque somos indios, porque somos pobres, porque soy mujer”

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular es una experiencia organizativa que dignifica a muchos y lleva cuatro años de existencia. El Grito del Sur dialogó con una de sus cooperativas

Layla tiene apenas 13 años y cursa el primer año de la secundaria en el colegio Normal 4 de Caballito. El 22 de octubre de este año desapareció en el barrio de Flores, en las inmediaciones de la villa 1-11-14, donde vive con sus padres y su hermana.

La lucha incansable de los pobladores mapuches Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain logró su absolución en un juicio que reflejó las complicidades políticoempresariales que continúan avasallando los derechos de los pueblos originarios.

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Historias de barrio

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Ed Editorial

El Grito del Sur

Secciones Editorial

Historias de barrio

Ic Informe Central

Derechos Humanos So Sociedad Md Medios

Contracara

Sd Sindical

Editorial + Equipo p.02 Pueblos Originarios - Juicio Mapuche p.03 Lucas Cabello - Violencia policial en La Boca p.04 Layla Sainz - Otra crónica de trata p 05 CTEP - Economía Popular p.06 Bachillerato Popular Parque Patricios p.07 Ley de Centros Culturales p.08

Equipo de trabajo Lucía Barrera Oro / Alejo Bergés / Eliana Toledo/ Jesús Predmesnik / Eugenia Alberdi / Alejandro Coll / Yair Cybel / Karina Aquino / Bruno Levy / Matías Rosello Sebastián Polischuk / Macarena Garrone / Patricio Borrás Sebastián Furlong / Carolina Zoe Lifszyc /

Pasaje Ciudadela 1249, Esquina Santiago del Estero, Constitución

El Grito del Sur es un periódico popular de la Comuna 1, 3 y 4. Tiene una tirada mensual de dos mil ejemplares y se sostiene en parte, por los anuncios publicitarios de diversos comercios del barrio.

Todos los contenidos son de producción propia y se encuentran bajo una Licencia de Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, es decir, que son de libre circulación, adaptación y uso comercial. Redacción: Camarones 1549, CABA. Año 3 Número 15. ISSN 2451-7178

A

er v i n ☼ Carpas

Ni Lucas, ni Layla ni un pibe menos noviembre // 2015

Indice

24° ario s

Nosotros / Nosotras

Desde el 2010 hasta la fecha , la Policia Metropoitana, con sus armas reglamentarias le quito la vida a 28 pibes,. Seis de ellos fueron apuntados, sin dialogo alguno, y ejecutados a muerte: Rose Marie Chuña, Bernardo Salguero, Bruno Pappa, Ezequiel Liri Foppiano, Roberto Autero , Carlos Calizza son los jovenes que fueron juzgados por una Beretta PX4 Storm.

Durante los dos mandatos de Mauricio Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, los casos de violencia institucional crecieron a pasos agigantados. La policía de traje británico pareciera ser el nuevo banquillo de acusados, y sus balas la sentencia de un sistema perverso que criminaliza y mata a los jóvenes pobres.

Lucas Cabello es de La Boca, tiene 20 años y hasta el 9 de noviembre su vida era difícil pero normal, daba pelea dia a dia como cualquier pibe de la zona sur de la Ciudad. Trabajaba en un restorán amigo de la cuadra, cuidaba coches con el consentimiento de los dueños.

Ese día, con un sanguche bajo el brazo, fue acribillado en frente de su nena de dos años por Ricardo Ayala, policía de la Metropolitana. La gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en defensa de la institución policial, salió a justificar lo injustificable, argumentando con mentiras, expresando que lo de Lucas formaba parte de un caso de violencia de género. La mujer del joven y sus familiares salieron a desmentirla.

Los grandes medios se hicieron eco del caso, esta vez criminalizándolo nuevamente con el latiguillo domínate de que por ser joven y pobre “algo habrá echo”, tapando el accionar de la Metropolitana y su modus operandi.

Según los datos que registran las investigaciones de la Defensoría

Bonaerense, en las cárceles el 96 por ciento de los presos son pobres y jóvenes. La gran mayoría espera detrás de las rejas la investigación y el juicio, casi el 35 porciento terminan condenados en un juicio abreviado, sin un proceso judicial típico. La violencia institucional tiene doble impunidad.

Primero dispara sin preguntar, luego se arrodilla bajo la falda judicial, esperando el calor de la injusticia, que le da beneficios a los uniformados y que tiene como primer víctima a los pibes. Por eso mientras Lucas en este momento pelea por su vida en el Argerich, Ayala se encuentra libre en su casa, procesado pero libre.

El caso de Layla, la joven de 13 años que desapareció 12 días demuestra una vez más como opera la justicia cuando la víctima es alguien que no pertenece a una clase acomodada. Si Layla fuera una chica de Barrio Norte, y no de la 1-11-14, los medios y la sociedad estarían indignados, reclamando justicia con sus cacerolas, asustados por la vulnerabilidad que pudieran tener sus hijas ante de esta red prostitúyete.

Pero esto no sucedió. La Fiscalía Nº3 clasificó el caso como fuga de menores, pasando por alto todos los indicios que demostraban que la joven había sido víctima de un delito de trata.

Layla apareció en la Plaza del Ángel Gris, en Caballito. Estaba acompañada por tres mayores, tenía bajo peso y signos de haber consumido algún tipo de droga. A pesar de todo esto, sumando el esfuerzo y compromiso que tuvieron los familiares para encontrar a la joven, el fiscal Gimenez no procesó ni llamó a indagar a las personas que se encontraban junto a la joven en el momento que apareció. La justicia también le dio la espalada a Layla..

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Dh Derechos humanos

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Pueblos Originarios

“Porque somos pobres, porque somos indios, porque soy mujer” La lucha incansable de los pobladores mapuches Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain logró su absolución en un juicio que reflejó las complicidades político-empresariales que continúan avasallando los derechos de los pueblos originarios.

Imagen: delacalle.org

La absolución de Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de las comunidades mapuches Winkul Newen y Wiñol Folil, fue una victoria contra el racismo, la discriminación y la violación a los derechos de los pueblos originarios. Fue también uno de los mayores ejemplos de confluencia y unidad de distintos sectores que se acercaron hasta Zapala (provincia de Neuquén) y aquellos que salieron a manifestarse en la ciudad de Buenos Aires en solidaridad hacia el pueblo mapuche y en repudio al modelo extractivista que proponen las petroleras.

El juicio, que comenzó a fines de octubre y culminó a principios de noviembre, pretendía condenar a Relmu Ñamku a 15 años de prisión por supuesta “tentativa de homicidio” contra la oficial de justicia Verónica Pelayes, y bajo el

cargo de “daños” a Martín Maliqueo y Mauricio Rain. En el caso de Relmu, la fiscalía pretendía condenarla aplicando la Ley Antiterrorista.

El conflicto se inició cuando, por orden de la empresa petrolera Apache (hoy parte de YPF), se intentó desalojar de sus tierras de la comunidad mapuche Winkul Newen. El operativo contó con la presencia de la policía provincial, topadoras y camionetas de la empresa, bajo el argumento de que el lugar era “un camino para transitar”. Ante este avasallamiento, la comunidad se defendió arrojando piedras a los vehículos que pretendían avanzar sobre sus territorios. El colmo de la situación fue que esa misma tarde la comunidad estaba velando a una beba muerta a causa de la contaminación petrolera.

En su declaración Relmu afirmó que

“acá no está el que le pegó el balazo a Maxi (chico que fue baleado en la pierna en uno de los tantos intentos de la empresa Apache por pasar sobre la comunidad), no está el gobernador, no está el gerente de la empresa, no hay ningún policía de aquellos que golpearon salvajemente y le volaron la pantorrilla a un joven, ninguno de ellos está acá sentado. Nosotros sí porque somos pobres, porque somos indios, porque soy mujer”.

En el desarrollo del juicio, se pudo demostrar toda una historia de sufrimientos padecidos por comunidades como los Winkul Newen, que viven desde hace años constantes intentos de desalojos por parte de las petroleras, y reciben solo indiferencia por parte del gobierno de Neuquén y del Poder Judicial.

LO DE MACHE

Un lugar pensado especialmente para el estudiante Santiago del Estero 1083 Facebook: Lo de Mache

En Argentina todavía son muchísimos los pueblos a los que se les siguen negando sus derechos, despojándolos de sus tierras sin respetar su derecho a la consulta previa para desarrollar una actividad económica. Los Qom en Chaco y Formosa, los Quilmes en Tucumán, los Kollas frente a la explotación indiscriminada del litio; la lista es larga y continúa.

Pero tal como dijo Relmu tras la victoria del pueblo mapuche “vamos a seguir construyendo un movimiento indígena que realmente quiera luchar, y lo vamos a hacer por la recuperación de los territorios que nos sacaron y por devolverles la dignidad a nuestros pueblos. Esta no es la lucha de una comunidad mapuche sino de todos los pueblos originarios para recuperar nuestros territorios”.

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Dh Derechos Humanos

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Lucas Cabello - Violencia Institucional en la Boca

Una policía cada vez más violenta Lucas Cabello tiene 20 años y una hijita de dos. El lunes 9 de noviembre, un agente de la Policía Metropolitana le pegó tres balazos a quemarropa en la calle Martín Rodríguez al 500 y lo dejó internado en el Hospital Argerich, con riesgo de vida y muy pocas chances de que vuelva a caminar.

Lucas nació y se crió en el barrio de La Boca, donde creció jugando al fútbol.

Para terminar de juntar el mango laburaba de trapito en un restaurant de su barrio, el “Matarello II”, hace varios años y con autorización de los dueños.

El pasado lunes 9 de noviembre, un agente de la Policía Metropolitana le pegó tres balazos a quemarropa en la calle Martín Rodríguez al 500 y dejándolo internado en el Hospital Argerich, con su vida en riesgo y muy pocas posibilidades de que vuelva a caminar. Lucas volvía de comprar comida para su familia cuando el primer disparo le entró por la nuca. Una vez en el piso, el agente de la Metropolitana le gatilló dos veces más: una en el brazo y otra en los testículos.

policía. Todas mentiras que se desvanecen frente al testimonio de los tres testigos presenciales del hecho. Camila, la mujer de Lucas, salió a declarar que el incidente doméstico no existió. Las pericias balísticas reportan que solo salieron balas del arma del policía, y que las tres vainas halladas en la escena correspondían a la pistola del oficial de la Metropolitana. Toda esta información se encuentra disponible en la foja 1 del Expediente 66248/2015, en la causa que lleva el nombre de Lucas Cabello.

No es otro caso de gatillo fácil. No es un hecho aislado y puntual, no es un error de cálculo de un policía que en la vorágine de una persecución, opta por disparar a un joven que corre desarmado. No. Es el modus operandi que tiene la Policía Metropolitana para detener a los pibes pobres en los barrios del Sur. Primero tira, después pregunta.

Por medio de una carta pública Carolina, la mamá de Lucas, contó: “No se trató de un enfrentamiento, ni de un tiroteo como dice la policía. Nosotros vivimos en uno de los Hogares de Tránsito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en Martin Rodríguez al 500. Allí se encontraba, desde hace meses, un oficial de consigna, por un problema que existe entre vecinas. Ni Lucas ni su novia, Camila, están vinculados a este caso. Él no tenía ninguna restricción, ni denuncia, ni intentó fugarse, como dijo la versión policial y como repitieron muchos medios”.

María Eugenia Vidal, gobernadora electa por el PRO, salió a decir que Lucas tenía un arma, que era un caso de violencia de género, que Lucas había agredido al

“Este policía lo interceptó cuando estaba por entrar a nuestra casa, sin motivos, y le disparó tres veces. El primero, fue para bajarlo. Y los otros dos, para rematarlo

cuando ya estaba tirado en el suelo, ensangrentado, a tres pasos de su hija de 2 años, que vio todo. El agente, lejos de ayudar a Lucas, solo guardó su arma y volvió a su lugar, donde estaba haciendo guardia”. relató Carolina La Policía Metropolitana tardó más de cuatro días en dar a conocer el nombre del agente que realizó los disparos. Luego se supo que se llama Ricardo Ayala y tiene 24 años, apenas cuatro más que Lucas.

Se presentó a indagatoria y luego salió en libertad.

Del otro lado los vecinos no se quedaron callados. Salieron a la calle, acompañaron a Lucas hasta el Argerich, se movilizaron y realizaron cortes de calle para visibilizar una situación que es cada vez más común en la Capital. Desde su creación en 2011, la Policía Metropolitana de Mauricio Macri asesinó a 20 personas en diferentes casos de violencia institucional, la mayor parte de ellas en la zona sur de la Capital.

El miércoles 11 por la mañana se realizó una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes la madre de Lucas, los abogados y abogadas de la familia, legisladores y organizaciones que trabajan en el barrio de La Boca y alrededores, como la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), el Área Contra

la Violencia Policial, la organización Los Pibes, La Boca Resiste y Propone, entre otras.

Allí Gabriela Carpinetti, abogada de la familia y querellante en la causa, afirmó: “Los testigos confirmaron que no fue un enfrentamiento, que Lucas no estaba armado sino que se trató de un accionar absolutamente ilegítimo por parte del agente Ayala de la Policía Metropolitana.

Quiero agregar que la Metropolitana hasta ayer a la tarde entraba a la noche a la casa de Lucas, no sé qué quería retirar, estaban ahí sin acatar la orden de oficio que se envió desde el Ministerio Público Fiscal al Ministerio de Seguridad Nacional para que se retiren. Una fuerza que está implicada en un hecho de estas características, no puede permanecer en el lugar del hecho del cual deberían estar imputados”.

Mientras Lucas continuaba internado en estado crítico en una clínica privada del barrio de Palermo, en el barrio de la Boca sus familiares, vecinos y representantes de organizaciones sociales se concentraron el pasado lunes 18/11 de modo pacífico en reclamo de justicia. El fin de esta marcha que se ubica bajo la consigna “Ni un pibe menos” busca multiplicar las voces exigiendo el fin de los casos de gatillo fácil.

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Layla Sainz - Trata de personas

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Layla: Otra crónica de trata Layla tiene apenas 13 años. Cursa el primer año de la secundaria en el colegio Normal 4 de Caballito, escucha reggaetón y en su tiempo libre le gusta dibujar o chatear en la computadora de su casa. El 22 de octubre de este año desapareció en el barrio de Flores, en las inmediaciones de la villa 1-11-14, donde vive con sus padres y su hermana.

En los últimos 20 años, en Argentina, desaparecieron por lo menos 3.231 mujeres, en su gran mayoría de entre 12 y 18 años. El Grito del Sur se reunió con Sergio y Neyva, los padres de Layla, para que nos contaran en primera persona cómo fue la difícil búsqueda que terminó con la aparición de la niña 12 días después de su secuestro.

Días antes de la desaparición, Neyva, la mamá de Layla, había notado que su hija pasaba más tiempo de lo normal chatendo en Facebook. Preocupada por la situación, la noche anterior a que Layla fuera secuestrada, se lo comunicó a Sergio, su padre, quien intentó ver con quién estaba hablando su hija; Layla se asustó, se abalanzó contra la computadora y le impidió a su padre que viera la conversación de chat. “Cuando le preguntamos con quién charlaba, ella se quedó pasmada. Se habían hecho amigos desde hace una semana y él tenía puras niñas de su edad. Ni siquiera tenía una foto propia en su perfil” contó Sergio, miembro de la comunidad boliviana, que trabaja haciendo changas y vive en el país hace más de 10 años. La nena le restó importancia al hecho, dijo que lo agregó porque una amiga se lo sugirió y se enojó con sus padres por las preguntas.

La tarde del 22 de octubre la familia Sainz comenzó a preocuparse. Habían pasado varias horas desde las 14:30, momento en que Layla debía volver de la escuela, y la niña aún no había regresado a su casa.

Neyva decidió entonces comenzar a llamar a las compañeras de colegio para averiguar si sabían algo. Contactó a compañeras de escuela, amigas y familiares pero por ningún lado había rastros de Layla. No había vuelto de la escuela acompañada por sus compañeras, como acostumbraba a hacerlo, y nadie la había visto llegar a la 1-11-14 esa tarde. En ese momento comenzó el martirio de una familia desesperada, humilde, con pocos recursos y buscando a una nena de 13 años, perdida

en la segunda ciudad más grande de Latinoamérica.

Los padres de Layla se dirigieron a la Comisaría 34, en donde no sólo no les brindaron la asistencia adecuada, sino que tampoco se mostraron diligentes a ayudar a la familia a encontrar a su hija. “Nos fuimos para la comisaría creyendo que iban a hacer algo”, comenta Neyva. Estuvieron cuatro horasdeclarando, sólo para lograr un pedido de paradero: “Me dijeron que no hiciera nada, que me quedara tranquila.

Esperá 5 días y volvé”.

Frente a la inacción policial Sergio decidió tomar en sus manos las riendas de la búsqueda. Recorrió Villa Soldati y Lugano, las estaciones del Premetro, ferias, villas, edificios. Incluso se metió en descampados buscando una pista. Empapeló todo el barrio con la foto de su hija. Toda su familia, incluso desde Bolivia, los apoyó en esta intensa búsqueda y funcionaron como soporte y fortaleza frente a las constantes trabas con las que se encontraron los Sainz.

De a poco la búsqueda dio sus frutos y comenzó a aparecer la información. Por un lado se supo que las compañeras de Layla habían sido amenazadas de muerte por un perfil de Facebook: “Te va a pasar lo mismo que le pasó a tu amiga”. Por otro lado comenzaron a aparecer madres de niñas que estaban pasando por una situación similar: “Me llamó una mujer diciendo que sabía quién tenía secuestrada a mi hija , que a su hija la tenían amenazada y le habían hecho lo mismo”, cuenta Neyva, seria y firme, con esa firmeza que sólo se gana en la lucha.

Si bien la Comisaría Nº 34 y la Fiscalía Nº3, -y el fiscal Anrés Gimenez- contribuyeron a entorpecer la investigación, no todas las instituciones trabajaron de la misma manera. Desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX),

organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, colaboraron activamente con la búsqueda de Layla: “Las personas que acercaron denuncias a la Procuraduría ven una vinculación entre este caso y otros que ocurrieron en la villa 1-11-14, en relación a chicas que recibían amenazas u hostigamientos por Facebook para que hicieran videos eróticos y demás” comentaron desde PROTEX, oficina creada en 2013 y dirigida en la actualidad por el abogado Marcelo Colombo. Indagando en su Facebook se descubrió que Layla mantenía entre sus contactos a un hombre imputado por estos delitos, que ya tenía en su haber un pedido de detención.

Los maestros y compañeros de Layla se sumaron a la búsqueda: hicieron circular su foto y convocaron a reiteradas concentraciones frente a la Escuela Normal Nº4 del barrio de Caballito. La comunidad escolar cumplió un rol fundamental en la lucha por encontrar a Layla: contuvieron a la familia, los asesoraron, dedicaron horas de su tiempo a organizar a la familia y facilitarle recursos. No sólo la comunidad educativa se comprometió sino que numerosas organizaciones sociales y políticas se acercaron a la familia ofreciendo su ayuda, una vez que el caso tomó estado público.

“No hay que esperar como te dicen, hay que moverse, hay que buscar. Cuando uno busca se van acercando más niñas más personas, cuando estábamos buscando apareció una chica muerta y no apareció en ningún medio” expresó Neyva.

Layla apareció el día 26 de octubre alrededor de las 10 de la mañana en la plaza del Angel Gris en Caballito. Estaba con tres adultos, dos hombres y una mujer. Ese mismo día se había convocado a una marcha multitudinaria en Acoyte y Rivadavia frente a su escuela. A Layla la llevaron directamente a la oficina del fiscal Andrés Gimenez y no al juzgado de menores. El abogado de la familia, Damián Angrisani, miembro de la

organización La Alameda instó a que le tomasen su testimonio en Cámara Gesell , siguiendo los procesos reglamentarios y para preservar a la menor. Recién dos horas después de haber sido encontrada, sin brindarle ninguna contención psicológica a Layla ni tiempo a que pueda procesar la situación, la menor fue entrevistada y se le tomó testimonio.

Pese a que existen numerosas pruebas que dan cuenta de que el caso de Layla es otra muestra de cómo operan las redes de trata de personas, para la Fiscalía Nº3 se trata de una fuga de menores y no de un delito de trata. El mismo fiscal Gimenez comunicó que Layla no quería ver a sus papás, que se escapó de su casa porque sufría de violencia intrafamiliar. La familia se dispuso enteramente a la fiscalía: les entregó información, dirección, nombres y testimonios que le pudieran ser útiles en la investigación. Damián Anrgisani, el abogado de la familia, afirma que “amerita pedir la indagatoria de algunas de estas personas que declararon en forma testimonial”. Así y todo, el fiscal decidió no procesar a los tres sospechosos que fueron hallados junto a Layla al momento de su aparición.

Hoy Layla se está recuperando lentamente de lo que ella sólo sabe que vivió en esos 12 días, pero son cientos las jóvenes desaparecidas que no cuentan con la visibilización en los medios, ni de una familia con los recursos necesarios para llevar adelante su búsqueda y hacerse escuchar por la sociedad y las instituciones responsables. Layla apareció mucho más flaca, con las ropas ultrajadas y con signos de haber sido obligada a consumir drogas.

Su familia al buscarla se encontró con los caos de otras chicas de las que nadie se hizo eco. Nacen mueren y desaparecen sin que los medios ni las instituciones se enteren.

La concientización y la difusión son las herramientas para que ésta situación no le suceda a ninguna piba más.

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CTEP - Economía Popular

Excluidos en lucha por más y mejor inclusión La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular es una experiencia organizativa que dignifica a muchos y lleva cuatro años de existencia. El Grito del Sur dialogó con una de sus cooperativas.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) agrupa a trabajadores independientes, informales y cooperativistas de todo el país.

Ciertamente es hija del cuentapropismo que ganó terreno en la década del 90, producto de la aplicación de políticas neoliberales, y que aún hoy sigue siendo predominante en una Argentina que tiene al 33% de sus trabajadores precarizados Desde su nacimiento, a mediados de 2011, hasta la actualidad, esta organización sindical fundada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento de Empresas Recuperadas y el Movimiento Evita busca integrar a aquellos trabajadores que han quedado fuera de los derechos laborales, las paritarias y las convenciones colectivas de trabajo. Entre estos se cuentan cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadores de programas sociales, artesanos, motoqueros, campesinos, obreros de empresas recuperadas, etc.

El Grito del Sur se acercó al local nacional de la CTEP, ubicado en Pedro Echague y Salta. Entre pasillos y oficinas, los trabajadores van y vienen y utilizan los equipos nuevos; afuera hay ambulancias, quinchos de recreación y biblioteca. Allí nos recibieron Pedro y Mariana, dos miembros de la Cooperativa Storni, que integra la CTEP y funciona en el barrio de Constitución.

¿Cómo surge la CTEP? Pedro-: Es una cooperativa de trabajo que se formó hace varios meses, con la participación del Movimiento Evita. La feria de Economía Popular que hacemos todos los meses en Solís y San Juan fue el nexo para que hoy en día esta cooperativa esté funcionando.

el Polideportivo San Cristóbal que está en la calle San Juan y Entre Ríos va a ser desalojado por el PRO y por eso en la ultima feria se acercó un familiar de Lucas Cabello -baleado por la Policía Metropolitana-. También sumamos a los actores de barrio, a los pibes y las pibas que tengan alguna banda de música.

Mariana-: Venimos laburando todas las semanas haciendo empanadas, y sánguches de milanesa, que los comercializamos en ferias de los distintos barrios donde está la CTEP. También tomamos pedidos para los compañeros, los vecinos y algún que otro cumpleaños.

Esto nació para generar laburo digno para las compañeras y los compañeros.

¿Qué entienden por Economía Popular?

¿Qué características feria?

tiene

la

P-: Algunos feriantes nos conocieron por Facebook o algún amigo. Es importante decir que esta feria no es excluyente del Movimiento Evita y la venimos laburando con compañeros de Seamos Libres, y La Bisagra, entre todos aportamos un poquito. Hacemos una radio abierta en todas las ediciones de la feria. Siempre tratamos de invitar a algún actor del barrio, relacionado con la economía popular o relacionado con la última feria que hicimos, así se acercaron varios vecinos que son los que se ven perjudicados por las políticas del gobierno de la ciudad. Por ejemplo,

P-: La economía popular es muy amplia: va desde la compañera que labura en la cooperativa haciendo comida, los compañeros que salen con el carro a juntar cartones y botellas, el músico que se para en la calle a brindar su show pidiendo una moneda a colaboración, hasta el pibe que labura en su bici vendiendo lo que sea. Nosotros creemos que los trabajadores de la cultura también son de la Economía Popular, ya que son muchos los que viven del arte y no tienen ningún tipo de respaldo. Para nosotros esta es la lucha histórica que se esta dando.

M-: Para nosotros la economía popular significa reivindicar los derechos. Poder tener un trabajo digno, que no tenemos o no lo teníamos, y a partir de esto a uno le va cambiando la vida, porque de no tener nada de repente te encontrás con que tenés que hacer las compras y tenés que producir y salir a vender. Eso te dignifica como persona.

¿Cómo ven a la economía popular en el sur de Capital?

P: Acá tenés dos grandes centros que son Constitución-Retiro, donde la economía popular brota por todas partes, con vendedores ambulantes y de todo tipo. En el barrio hay muchos centros de reciclajes y se ven cientos de pibes con los carros laburando con papel, con cartón, y materiales reciclables Al igual que para todo lo demás, las políticas del gobierno de la ciudad son exclusivas.

Desde su nacimiento a mediados de 2011 hasta la actualidad, esta organización sindical fundada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento de Empresas Recuperadas y el Movimiento Evita busca integrar a aquellos trabajadores que han quedado fuera de los derechos laborales, las paritarias y las convenciones colectivas de trabajo. Entre estos se cuentan cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadores de programas sociales, artesanos, motoqueros, campesinos, obreros de empresas recuperadas, etc.

En la actualidad las principales demandas de la organización pasan por lograr el reconocimiento estatal como sindicato y en la convocatoria de paritarias populares para que todos los trabajadores puedan negociar sus condiciones laborales frente a los empresarios y el Estado, siempre con la idea de reducir el trabajo informal y precario.

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Bachillerato Popular Parque Patricios

Cuestionar la vida empieza por la educaciĂłn El bachillerato Popular Parque Patricios recibiĂł a El Grito del Sur para contar su experiencia polĂ­tica-pedagĂłgica y compartir su concepciĂłn de la educaciĂłn.

Imagen: Cosecha Roja En AndrĂŠs Ferreira 3555, dentro de la AsociaciĂłn Miguel Bru, funciona el Bachillerato Popular Parque Patricios Primario y Secundario para jĂłvenes y adultos,con el objetivo de construir un espacio educativo alternativo en base a la mirada crĂ­tica y la inserciĂłn territorial.

El proyecto pedagĂłgico naciĂł a partir las distintas experiencias de militancia que se fueron gestando en el Colectivo Subversiones. “Tuvimos una experiencia previa en el bachillerato DarĂ­o SantillĂĄn, en el cual nos consolidamos como grupo, y decidimos generar la propia, entendiendo que es mĂĄs importante multiplicar experiencias en la zona sur de la ciudad, que es la mĂĄs afectada en educaciĂłnâ€?, cuenta JuliĂĄn Larrea, profesor de Ciencias Sociales del Bachiller.

Como el bichito ya habĂ­a picado, comenzaron a moverse y a buscar lugar fĂ­sico para llevarla a cabo. No en vano dicen que el que busca encuentra: asĂ­

llegaron a conocer a la AsociaciĂłn Civil Miguel Bru, que da talleres de oficios y culturales en distintos horarios. “Justo, el horario en que funcionarĂ­a ‘el bachi’ (de 18 a 22) no estaba cubierto. Fue una casualidadâ€?, afirma JuliĂĄn.

Finalmente, despuĂŠs de mucho volantear para darse a conocer en el barrio, el Bachillerato Popular abriĂł sus puertas en el mes de marzo. “Con el miedo que implica arrancar de cero, con miedo de que no viniera nadie. Por suerte hoy ya estamos consolidados y nada de eso pasĂłâ€?, recuerda JuliĂĄn. Un poco de suerte y mucha voluntad, para ser justos.

Para el Bachillerato Popular de Parque Patricios, la educaciĂłn, sus contenidos y su construcciĂłn, no tiene que estar descontextualizada de lo que sucede en el afuera. Una escuela no debe crear muros. “A nosotros nos parece que lo de adentro y lo de afuera es lo mismo y por eso tienen que estar todo el tiempo en relaciĂłnâ€?, afirma JuliĂĄn.

Las edades de los estudiantes rondan entre los 17 y los 40 aĂąos. “Somos una gran comunidad -comenta Marcela Soplan, una de las estudiantes-, de aproximadamente 20 personas, muy diversa y solidaria entre nosotrosâ€?. “EstĂĄ bueno salir de la lĂłgica de la educaciĂłn tradicional y saber que somos pares con los profesores, que podemos resolver entre todos los temas, y compartir la toma de decisiones en asambleasâ€?, agrega Marcela.

Cuando dos rĂ­os se encuentran, sus aguas se confunden, la marea crece y el cauce se hace mĂĄs potente. AsĂ­, el trabajo en la promociĂłn de la inclusiĂłn social y los derechos de los adolescentes, niĂąos y niĂąas en situaciĂłn de calle que venĂ­a realizando la AsociaciĂłn Miguel Bru, se encontrĂł con la propuesta del bachillerato popular. Y ambas experiencias articuladas cobraron un nuevo impulso.

Miguel Bru fue un estudiante de periodismo torturado, asesinado

y desaparecido por policĂ­as de la ComisarĂ­a 9ÂŞ de La Plata en 1993.

TenĂ­a veintitrĂŠs aĂąos. Luego del jury de enjuiciamiento polĂ­tico al juez Amilcar Vara por el encubrimiento a la PolicĂ­a en la causa de Miguel y en otros veintisĂŠis casos, se llegĂł en 1999 al juicio oral y pĂşblico. Fueron condenados a prisiĂłn perpetua los ex policĂ­as Walter Abrigo y Justo LĂłpez, por torturas seguida de muerte, y por encubrimiento al ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial RamĂłn Ceressetto.

En el aĂąo 2002 se creĂł la AsociaciĂłn para institucionalizar el trabajo que Rosa Bru -la madre de Miguel- y la ComisiĂłn de Familiares y Amigos de Miguel venĂ­an realizando. Algunos aĂąos despuĂŠs, confluye la propuesta del Colectivo Subversiones, y la AsociaciĂłn Miguel Bru abriĂł sus puertas a la educaciĂłn popular, crĂ­tica y horizontal, complementando con los talleres de oficio que previamente funcionaban en el lugar.

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COMUNAS 1 ,3 y 4 El Grito del Sur

Ley de Centros Culturales

No más centros culturales a la deriva A partir de la aprobación de la Ley de Centros Culturales, se busca terminar con las clausuras y cierres impuestos por la polémica Agencia Gubernamental de Control en la ciudad de Buenos Aires.

Imagen:Facción Latina Hace poco más de un mes que la Legislatura porteña aprobó la denominada Ley de Centros Culturales de manera unánime. Ejemplo de una iniciativa impulsada desde la sociedad, la misma está basada en el proyecto que construyó el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) en 2011, pero que recién pudo llegar al debate legislativo tres años después, luego de una ola indiscriminada de clausuras e inhabilitaciones que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) llevó adelante en CABA: más de 50 clausuras en los tres meses previos al ingreso del proyecto de ley a la Legislatura lo atestiguan.

Como la figura de Centro Cultural no existía dentro del código de Planeamiento Urbano ni en el de Edificación, estos espacios se veían obligados a inscribirse en otras nomenclaturas (generalmente la de “teatros independientes”), las cuales no comprendían ni la naturaleza de sus finalidades ni las actividades que pretendían llevar adelante. En ese sentido, la Ley pretende construirse, en el corto plazo, como muro de contención de futuras inspecciones de la AGC, tales como las que sufrió, por ejemplo, el

Centro Cultural La Bisagra, ubicado en San Juan 1826, barrio de San Cristóbal, y clausurado tres veces en apenas dos años. ¿De qué hablamos hablamos de la AGC?

cuando

La Agencia Gubernamental de Control se ha vuelto, en los últimos años, en una de las vedettes de la política porteña. Creada en el año 2007 como respuesta institucional tras la tragedia de Cromañón, tenía la finalidad de articular y optimizar la tarea de los inspectores de la Ciudad. El primero de sus directores fue Raúl Oscar Ríos, quien abandonó su cargo tras un derrumbe en Villa Urquiza que culminó con tres muertos. Fue reemplazado por Javier Ibáñez, quien a las tres semanas de trabajo le tocó vivir su propia tragedia: el derrumbe del entrepiso en el boliche Beara, que dejó un saldo de dos mujeres muertas. A poco de que termine el año 2012 y por decisión de Mauricio Macri, Ibáñez fue desplazado de su cargo y reemplazado por Juan José Gómez Centurión, un ex militar que combatió a las órdenes de Mohamed Alí Seineldín en la guerra de Malvinas y simpatizó con el movimiento

carapintada en los años ’80.

Entrevistado para esta nota, Marcos Fernández, dirigente de Seamos Libres y asesor del legislador Pablo Ferreyra, afirmó: “La AGC (Agencia Gubernamental de Control) es un ente que creció muchísimo en estructura y que tuvo una política deliberada respecto a los espacios culturales. Y no tuvo el mismo nivel de control para otros espacios, por ejemplo: los talleres clandestinos, lo que sucedió con Iron Mountain que murieron diez personas o el mismo Beara, donde murieron dos personas y que claramente se encontraba fuera de la ley. De hecho, la AGC funciona como el brazo ejecutor de una política mercantil de la cultura”.

Registro de Usos Culturales y Ley de Fomento La nueva Ley define como “Centro Cultural” al espacio no convencional y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipo que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes, y permite que en ellos se realicen ensayos, seminarios, charlas, talleres, clases y/o

cualquier actividad de carácter formativa relacionada con todas las manifestaciones del arte y la cultura. Dichas actividades pueden ser realizadas en cualquier parte del establecimiento.

Los desafíos inmediatos son que la ley se aplique plenamente y que se constituya y ponga en funcionamiento el Registro de Usos Culturales, condición indispensable para que cada espacio pueda regularizarse tal como requiere la nueva ley. A mediano plazo, debería promover una Ley de Fomento (en la cual ya se está trabajando) que colabore desde el financiamiento para que los Centros Culturales puedan desarrollarse, equiparse y mejorar su infraestructura.

En torno a este punto, Marcos Fernández advierte sobre la importancia de una ley que garantice los fondos para esta clase de espacios: “Esto no puede existir sin una ley complementaria que sea de financiamiento, de fomento, como lo existe con los teatros, como lo existe con la música, como lo existe con la danza, ya que para todas esas leyes existen entes específicos que están destinados a la financiación”.

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