Andamios Nro. 7 8 Mutaciones y regulación de organizaciones políticas by Gobernabilidad Democrática

contextos políticas públicas debate y diálogos

Mutaciones y

regulación

Organizaciones Políticas

Número 7 y 8, octubre 2012 - abril 2013

and a mios Análisis y prospectiva política

Bolivia

Es un recurso interactivo que permite el acceso a información estadística y geográfica de los procesos electorales efectuados en Bolivia entre 1979 y 2010, bajo la administración del Órgano Electoral Plurinacional a través de la ex Corte Nacional Electoral. Es un insumo indispensable para la investigación y el análisis de especialistas, estudiantes, funcionarios públicos, miembros de organizaciones políticas y sociales y de cualquier ciudadano o ciudadana interesados en el desarrollo de la cultura democrática.

¿Qué es?

del

Información de contexto, resultados y datos interactivos y geográficos de tres décadas de acontecimientos electorales efectuados en Bolivia, en particular: Nueve Elecciones Generales (1979 -2009). Elección de representantes a la Asamblea Constituyente (2006). Nueve Referendums (2004 -2009). Nueve Elecciones Municipales 1985 -2010. Dos Elecciones Departamentales (2005 -2010).

¿Qué contiene?

Atlas Electoral

Al ser un recurso interactivo, permite hacer un recorrido por las elecciones y consultas electorales, mostrando resultados en la votación y en la conformación del Congreso y la Asamblea Constituyente. Puede examinarse el desempeño electoral de las organizaciones políticas en todo el periodo y en los lugares que se seleccionen (departamentos, provincias, secciones). En las elecciones realizadas con sistema mixto, es posible comparar los resultados de las circunscripciones uninominales y departamentales.

¿Qué permite hacer?

DVD Interactivo

¿Qué es?

Presentación xcvcvcv x

Proyecto de Fortalecimiento Democrático

La perversa luz del invierno, Edgar Arandia, óleo s/tela, 1998.

Contenido Contextos: Mutación democrática, otra ciudadanía, otras representaciones Isidoro Cheresky [pag. 4] Las relaciones oposición-oficialismo durante el gobierno de Evo Morales Fernando Molina [pag. 19] Gobierno y oposición en la experiencia chilena Manuel Antonio Garretón [pag. 27] La relación gobierno-oposición en Venezuela Margarita López Maya [pag. 39] La difícil reinvención de la oposición en el gobierno de Evo Morales (2005-2012) María Teresa Zegada [pag. 49] Análisis de políticas públicas: El vivir bien en Bolivia: una aproximación a partir del bienestar subjetivo y el desarrollo humano Milenka Figueroa Cárdenas [pag. 63] Deliberación pública en torno a una Ley de organizaciones políticas en Bolivia Gustavo Bonifaz Moreno [pag. 69] Pluriversos: Dilemas de la democracia interna de los partidos políticos en Chile Javiera Arce Riffo [pag. 86] Jóvenes y política en el contexto de una nueva regulación de organizaciones políticas Jimena Avejera [pag. 103] Hacia una Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia aportes desde una perspectiva de género Marlene Choque Aldana [pag. 116] Democracia intercultural y Organizaciones Políticas Fernando Mayorga [pag. 129] Conversaciones: Entrevista a Epsy Campbell Barr [pag. 139] Miscelánea de Fortalecimiento Democrático [pags. 144 - 149] Bibliofilia política [pag. 150]

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Boletín de análisis y prospectiva política del Proyecto de Fortalecimiento Democrático de Organizaciones Políticas de Bolivia del PNUDBolivia, con el apoyo financiero de la Embajada de Suecia. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO Carlos A. Camargo Ch. Coordinador

Portada Obra: bcbcbcbb, Ecbcbbvbb

EQUIPO EDITORIAL Carlos Camargo, Gabriela Canedo, Alberto García O., Fernando García Y., Christian Jette, Armando Ortuño, Juan Carlos Pinto, Eliana Quiroz, Gustavo Pedraza, Yerko Rodriguez, Guido Riveros F. (†).

RESPONSABLES DEL BOLETÍN Fernando L. García Yapur, Alberto García Orellana.

IMPRESIÓN Virgo impresiones gráficas

EQUIPO ADMINISTRATIVO Erika Oropeza, Carolina Ovale, Patricia Vicente.

DEPÓSITO LEGAL 4-2-1577-11

COLABORADORES Cristina Loma, Miguel Foronda, Wilfredo Jordán, Elizabeth Huanca, Raúl Maydana.

Las opiniones expresadas en el Boletín de análisis y prospectiva política, Andamios, son de exclusiva responsabilidad de los autores e invitados y no responden necesariamente a la línea de pensamiento del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

DISEÑO Y EDICIÓN Mauro Gámez Alcázar (mausplace@yahoo.com) DIAGRAMACIÓN Nubia Alvarez Poppe ARTISTAS INVITADOS: Jorge Dávalos Fernando Montes

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con-textos

Isidoro Cheresky

Mutación democrática otra ciudadanía, otras representaciones *

l interrogante sobre la democracia de nuestro tiempo se extiende en paralelo a la experiencia de los contemporáneos: los principios de igualdad y libertad se difunden por doquier e incluso la fraternidad (o solidaridad), sin que por ello pueda asegurarse su predominio. Pero, cada vez más sociedades ajenas a esa tradición son involucradas y cada vez más el tejido convencional de nuestras sociedades es alcanzado por esos principios. Podemos reconocer la continuidad de la democracia en la preservación de sus principios característicos, pero estos están en curso de adoptar un giro. La vida ciudadana esta signada por la fluidez en las pertenencias. Ello tiene un registro sociológico pues los bienes que se producen desde los alimentos y las vestimentas, los vínculos sociales y comunicacionales, hasta las tecnologías de la comunicación mediática y política, no son los mismos y no los son tampoco los modos de producir. Pero esa fluidez, el individualismo extendido y sustentado en una consciencia de derechos, la emergencia, reemergencia y reconfiguración de grupos particulares que reclaman por la exclusión, las carencias o por el respeto de sus particularidades culturales, generan una sociabilidad cambiante y conflictiva1. En consecuencia, las instituciones heredadas se debilitan o fenecen y las Constituciones son revisadas o completamente rehechas en vistas a reflejar la nueva forma de sociedad. Hacemos hincapié en la reconfiguración de la forma de sociedad —la democracia mutando a un nuevo momento—, cuyo signo inmediato es precisamente la fluidez en la formas: el continuo proceso de institución y desinstitución sustentado en primer lugar en la expansión del principio igualitario que subvierte la dimensión aristocrática del régimen polí-

tico. En otras palabras el régimen mixto —igualdad democrática/privilegios de elites— vería alterado su equilibrio; no que su doble signo fuese a desaparecer, pero está ahora sujeto a una tensión que acarrea una reformulación permanente como resultado de la expansión igualitaria. Pueden indicarse algunos hitos en las ambivalencias de la expansión del principio igualitario y en la reflexión sobre ellas, que pueden dar luz a la comprensión de los cambios actuales. En el momento de las fundaciones democráticas, A. De Tocqueville percibía una propensión inherente al principio democrático: que la igualdad de condiciones llevase a una suerte de ensimismamiento de los individuos en lo privado y lo particular que acarrease el abandono de la vida pública y posibilitara “un nuevo despotismo”, en otras palabras, que se instalara un régimen político con igualdad formal y libertad individual para proseguir los planes de vida, y a la vez la consagración de una sociedad post-política gobernada por un amo protector (TOCQUEVILLE, 1981). La “igualación de condiciones” significa que las diferencias sociales ya no son percibidas como naturales y que los lugares de los individuos no están asignados definitivamente por la cuna. Es decir, la legitimidad —y en consecuencia el dominio— fundada en la estirpe, en la sangre o en la pertenencia familiar, se ha desacreditado por la emergencia de una nueva representación del mundo. Afirma Tocqueville: “No se ha visto de ningún modo sociedades en que las condiciones fuesen tan iguales, que no se encontrase en ellas ni ricos ni pobres; y, en consecuencia, amos y servidores. La democracia no impide que estas dos clases de hombres existan; pero ella cambia su espíritu y modifica sus relaciones.”2

Pero, la igualdad es un referente simbólico, poderoso ordenador de las relaciones sociales, lo que se traduce en una formulación de pertinente actualidad. “En vano la riqueza y la pobreza, el comando y la obediencia, ponen accidentalmente grandes distancias entre dos hombres, la opinión pública, que se funda en el orden corriente de las cosas, los aproxima del nivel común y crea entre ellos una suerte de igualdad imaginaria, a despecho de la desigualdad real de sus condiciones” (TOCQUEVILLE, 1981). Este vínculo imaginario es el sustento de la revolución social-democrática cuya marcha considera Tocqueville como irresistible. Pero, detecta en el principio que la anima una ambivalencia, por una parte el impulso a la independencia y a la indocilidad que, aunque puede derivar en anarquía, es lo que inclina a la independencia política; por otra parte, el riesgo de la caída en la servidumbre, es decir en una igualdad de condiciones recluida en las aspiraciones privadas al bienestar que conlleve el abandono de los asuntos públicos, y en consecuencia, acarree el sometimiento a un amo protector3. Expresa así el temor liberal a la expansión del poder del Estado en detrimento de la libertad de los individuos, pero también debe verse en su prosa una premonitoria sensibilidad a un aparato de Estado, y a corporaciones, agregaríamos, en una perspectiva contemporánea, que concentren decisiones con el telón de fondo de una ciudadanía desinteresada de sus acciones. Más de un siglo y medio después, una pensadora contemporánea, Dominique Schnapper, ha formulado un diagnóstico sobre la sociedad actual a la que califica de “democracia providencial”, retomando el argumento según el cual la pasión por la igualdad puede acarrear el ensimis-

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mamiento de los individuos. Para esta pensadora la decadencia del espíritu republicano, en otros términos, del sentido de pertenencia a una comunidad política, está ilustrado por la propensión a la autorepresentación. El individualismo democrático, traducido en la multiplicación de derechos y en la consiguiente multiplicación de los particularismos (mini colectividades), iría en detrimento de la representación política y del reconocimiento de la autoridad: “del mismo modo (…) el individualismo debilita las instituciones nacionales por las cuales estaba tradicionalmente asegurada la integración de la sociedad x. La crisis de legitimidad no concierne solamente a las instituciones políticas, sino a todas las instancias sociales. Se trate de la Escuela, de la Iglesia, de los Sindicatos o de los grandes servicios de la nación, ninguna institución ejerce una autoridad que se imponga por sí misma”, y concluye: “La autoridad no es nunca definitiva, siempre debe conquistarse.” (SCHNAPPER, 2000).4 En este sentido, Schnapper advierte también una consecuencia social acerca del debilitamiento institucional: “Las instituciones fuertes protegen a los más débiles.” (SCHNAPPER, 2000). En la vida política el debilitamiento característico es la declinación de la trascendencia republicana. En esas condiciones, la representación política solo podría aspirar “a devenir el medio de expresión de las necesidades e identidades de los individuos y no a elaborar la voluntad general.” (SCHNAPPER, 2002).5 Pero, en verdad, esta representación está desacreditada incluso para expresar las demandas, pues su pretensión por acreditar méritos y virtudes que le serían propias, en las condiciones contemporáneas, carece de credibilidad. En consecuencia, “El homo democraticus tiende a pensar que no puede ser representado sino es por sí mismo”. La fluctuación del voto, la declinación de la identificación con los partidos, son “un síntoma de la voluntad del individuo democrático de expresar su elección personal, de juzgar a las personas y de rechazar la ‘oferta política’ que se le propone (…) No sigue necesariamente las consignas de voto del partido del que se siente más próximo.” (SCHNAPPER, 2002).6 De modo que la mutación contemporánea de la democracia podría ser considerada como un retorno a los orígenes y como el fin de un paréntesis. Especialmente si se adopta la perspectiva del “Liberalismo atomista” de Benjamin Constant, quien, en las primeras décadas del

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siglo XIX, sostenía que lo propio de los modernos —a diferencia de los griegos de la antigüedad— era el goce de la libertad individual, siendo el gobierno una suerte de tarea de gestión delegada, a fin de permitir el disfrute pleno de esa libertad privada. Pero, pese a esos pronósticos, durante largo tiempo la política no fue desplazada por la administración. En Occidente, la conflictividad social alimentó el surgimiento de las socialdemocracias y luego de los partidos comunistas, de forma tal que las escenas políticas estuvieron signadas por la conflictividad, e incluso por la mutación totalitaria o su amenaza con el advenimiento del nacional socialismo, el fascismo y el estalinismo. A fines del siglo XX, con la caída de muro de Berlín y la desagregación de los regímenes heredados del estalinismo, la democracia se convirtió en la forma política por excelencia, a la vez que se abría un interrogante sobre su futuro. Es ahora que los pronósticos de Benjamin Constant sobre la “libertad de los modernos” han recobrado actualidad. Puede sin duda reconocerse la reemergencia amplificada del componente individualista percibido por los clásicos (Alexis de Tocqueville, Benjamin Constant), pero el conjunto de la escena difiere de la del pasado decimonónico: concentración de poder en el ejecutivo, pero, generalmente, poco durable e inestable; como contraparte, ciudadanos generalmente poco identificados con las fuerzas organizadas de la política y, salvo minorías, poco participativos, pero frecuentemente informados que irrumpen regularmente con sus demandas y sus vetos en la escena pública con capacidad de desestabilización. Ahora se eligen gobernantes sobre la base de una diferenciación sustentada en la imagen de los líderes, ella cuenta más que las promesas o programas característicos de los partidos predominantes en la fase precedente (MANIN, 1995; ROSANVALLON, 2006).7 El voto, con frecuencia, tiene un carácter retrospectivo, es decir, se aprueba o se rechaza al ejecutivo saliente, o aún cuando en la escena no se presenta el candidato de la continuidad, igualmente la preferencia, al menos en parte, se orienta más por el rechazo que

por la promesa. Los gobernantes, no atados por promesas electorales precisas y sin las restricciones de la otrora fuerte vigilancia partidaria que pesaba como opinión de los pares y como bloque parlamentario partido-dependiente, gozan de una nueva libertad reforzada por la incerteza de un contexto nacional e internacional cambiante. Esos gobernantes con nuevas capacidades son más libres de decidir pero también más frágiles, pues deben renovar cada vez la legitimidad de sus actos. Los ciudadanos se pronuncian electoralmente, pero permanecen alertas ante las principales decisiones, puesto que votan liderazgos en una escena electoral y reconocen la legalidad de los gobernantes, pero preservan la distancia con el poder y cada uno de sus actos. Ciudadanía que no delega completamente la soberanía en la medida en que permanece alerta, alimenta su actividad en referencia a otras representaciones no surgidas del acto electoral8, incluidas las que genera en ocasion de su movilización en el veto o el estallido, cuando se autorepresenta o se provee de delegaciones/representaciones efímeras. La distancia y el descontento ciudadano, y el que las elecciones consagren un vínculo de representación acotado, resulta de las particulares condiciones que advienen con el nuevo siglo: debilitamiento de las identidades ideológicas y sociológicas en el interior de las cuales las diferencias entre quienes gozaban de privilegios y quienes no se hallaban desdibujadas, puesto que el clivaje dominante se derivaba de la “contradicción principal”.9 La mutación democrática10 va entonces en dirección de una democracia continua.11 El acto electoral persiste como decisivo para la consagración de gobernantes legítimos, pero se opaca en vista a la emergencia o fortalecimiento de otras representaciones y legitimidades que alimentan una vida política ininterrumpida en que los ciudadanos evalúan, permanentemente, a los gobernantes y vetan a aquellas decisiones no argumentadas convincentemente o no satisfactorias. Mutación hacia una democracia de ciudadanos autónomos que desafían a líde-

Esos gobernantes con nuevas capacidades son más libres de decidir pero también más frágiles, pues deben renovar cada vez la legitimidad de sus actos.

Carne, Jorge Dávalos, acuarela, 2012.

res. Estos procuran establecer lazos instituyentes en vistas a la conformación de coaliciones forzosamente heterogéneas, pues aglutinan los retazos de las formas organizacionales precedentes. En América Latina, la mayoría de los países no conocieron regímenes políticos que se acordaran durablemente con el dispositivo institucional de la democracia representativa,12 salvo excepciones, persistieron democracias limitadas e inestables con el antecedente de las dictaduras militares expandidas en casi toda la región desde los años 60. A inicios de la década de los 80, una cascada democrática se extendió por la región e inició una nueva época que se prolonga hasta el presente. Algunos la calificaron como parte de la “tercera ola”, en sintonía con la extensión de una prédica de derechos humanos y políticos cuyos primeros efectos se hicieron sentir en la democratización de Europa del sur (Grecia, España y Portugal). Las nuevas democracias o, en algunos casos, las democracias restauradas, con el paso del tiempo no satisficieron las expectativas dominantes en ese entonces. Se creía que se progresaría hacia el modelo, “idealizado”, provisto por las democracias del norte justo en el momento en que éstas –como lo ilustran los análisis conceptuales precedentemente mencionados– ingresaban en crisis o en meta-

morfosis; se esperaba la consolidación de democracias procedimentales que dejaran atrás las formas de movilización y legitimación políticas calificadas de populistas, paralelas a una débil institucionalidad. Sin embargo, un sustento decisivo de la democracia fue alcanzado en detrimento de los poderes corporativos y en particular del militar: el acceso al poder tendría como único resorte el voto. Aquello que las constituciones establecían pero que en poco correspondía a las prácticas, adquirió vigencia con el giro democrático de los años 80, por lo que se generalizó el calificativo de democracias electorales para los regímenes políticos imperantes. Pero el rumbo de la democracia transitaba senderos imprevistos que parecían anticipar su decadencia, e incluso su fin. A inicios de los años 90, O’Donnell acuñó el término “democracia delegativa” para referirse a esos regímenes latinoamericanos que eran democracias porque se llevaban a cabo elecciones regulares y competitivas y se preservaban, en grado variable, las libertades públicas. De este modo eran compatibles con una definición minimalista de la democracia. Sin embargo, el ejecutivo que surgía de esas elecciones ejercía una voluntad política basado en el principio de que el voto popular lo habilitaba a detentar una soberanía absoluta y excluyente, desconociendo o subestimando otras instancias de representación (el Congreso) o

de contralor (la Justicia, la Corte Suprema, las fiscalías administrativas), y, en términos generales, propendiendo a no reconocer límites legales. Estos líderes, por fuera de toda mediación establecen una relación directa con la ciudadanía y sustentan su poder en la reproducción de este vínculo. Se consideró entonces, que este tipo de democracia era facilitada por un contexto de crisis —económica y de orden público— en el que la sociedad buscaba “un salvador” y estaba dispuesta a proveer “cheque en blanco”, es decir, a dejar gobernar sin controles en la esperanza de que un orden fuese restablecido. Con el paso del tiempo, el propio O’Donnell convino que este tipo de vínculo representativo directo que habilitaba un poder concentrado se establecía o perduraba más allá de los momentos o periodos de excepción (O’DONNELL, 2011). Fue este un primer paso en la búsqueda conceptual para caracterizar la transformación del régimen político en la región. Con el tiempo se incorporaron otras experiencias e investigaciones. Como se indicó, con frecuencia se califica a los regímenes políticos imperantes en América Latina en términos de “democracias electorales”. Pese a que en muchos casos se registran deficiencias de significación variable, en los comicios — México, el más reciente en el recuento de votos en las presidenciales de 2006—, o

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Descanso, Jorge Dávalos, acuarela, 2004.

en la legislación que los regula –Venezuela en 2010 con la distribución muy desigual de los legisladores por distritos, Chile con el sistema binominal de atribución de bancas de diputados, etc.— se reconoce que las elecciones son las que instalan gobernantes legítimos,13 y que incluso son el recurso para dilucidar crisis y encaminar el antagonismo con un mínimo encuadre de pacificación social. Pero esa referencia se asocia, desde ópticas diversas, a su descalificación, pues se considera la democracia electoral como un estadio de “democracia elemental”. Esta perspectiva apunta a poner de relieve que el resultado electoral puede habilitar el ejercicio de un poder presidencial concentrado y desconocedor de las restricciones institucionales, dado que con frecuencia en estas sociedades el marco republicano –la institucionalidad en general y la vigencia de la ley para todos, y la división de poderes en particular– es débil. Puede ser, en ese contexto, que se coarten las libertades públicas al menos en la modalidad hasta entonces existente, y que el líder/Presidente y su entorno procuren eternizarse en el poder valién-

dose de los recursos que les da el control del aparato de Estado. Se ha objetado a esta crítica de apresurada al asociar la democracia electoral con la culminación de proyectos hegemónicos que aspiran al monopolio del poder, porque, aunque en muchos casos estas democracias presentan déficits institucionales, continúan, sin embargo, siendo competitivas. Lo cierto es que los proyectos que ambicionan perpetuarse en el poder son el resultado de procesos electorales efectivos, y en tanto esta característica se mantenga, el eternizarse en el poder ncarnándolo en un movimiento o en un líder se mantiene como pretensión. Los ciudadanos, los electores, convalidan el ejercicio del poder y con frecuencia, en el caso de los regímenes de vocación fundacional, con apoyos muy significativos. En varios de los regímenes existentes — fundacionales o no fundacionales—, en paralelo a la declinación de la institucionalidad tradicional, se ha expandido una movilización de nuevas características —

en algunos casos en el registro “popular” más conocido y en otras con modalidades “ciudadanas” inéditas—, y aún una institucionalidad informal. Las “democracias electorales”, en sus diversas variantes, no deberían ser consideradas simplemente como democracias incompletas, evaluadas así tomando como unidad de medida el paradigma clásico de democracia. Esta perspectiva, consiga el “desvío” de las democracias de la senda institucional subrayando falencias ciertas referidas a que los viejos regímenes que se resquebrajan habilitan con frecuencia escenas políticas donde se burlan las leyes y las Constituciones, pero lo que no se percibe son los cambios societales y culturales que han modificado radicalmente la vida política y particularmente la relación de los ciudadanos con los gobiernos y los Estados. De modo que ese análisis político tradicional interpreta el presente como si los “desvíos” actuales fueran a ser superados por un encarrilamiento que conduciría a los canales institucionales clásicos, que, si bien fueron infrecuentes en América Latina, eran el modelo que proveían las democracias del hemisferio norte y los manuales de Ciencia política. Se puede considerar, sin embargo, que las transformaciones —la “mutación democrática” a la que asistimos, no en sus derivaciones circunstanciales, sino en sus condicionamientos históricos y sociales— son irreversibles. Si así fuese, el desafío sería no el de juzgar cuan conforme a la tradición es la evolución actual, sino el identificar el posible curso ulterior a la descomposición del sistema representativo tradicional. Para que ello sea posible conviene percatarse que este cambio de época se registra también en las democracias más antiguas, así como en las sociedades que emprenden su democratización —como las de parte del mundo árabe—, pero bajo modalidades inéditas. La descomposición del sistema representativo tradicional y la emergencia de formas más efímeras de representación electoral y no electoral, e incluso de autorepresentación, y una sociabilidad posibilitada por las nuevas tecnologías de comunicación, bastante sustraída a los condicionamientos en el mundo del trabajo, parecen ser rasgos comunes con características variables de la referida mutación en las diferentes latitudes. En síntesis, para abrir los ojos a lo que sucede debería ser posible no identificar a la democracia con un momento de su historia y con un dispositivo institucio-

nal particular. Ello no quiere decir que la mentada mutación democrática sea una creación ex-nihilo y no se reconozcan continuidades. I.

La elección para consagrar gobernantes legales, o incluso un poder semi- encarnado

En el ámbito específicamente político, las elecciones son, desde el renacimiento democrático de los 80’, el único modo de acceso al poder y ello ha ido en detrimento de los poderes corporativos del pasado. Pero, a la vez, el acto electoral se ha acotado a un procedimiento para elegir gobernantes, es decir, un vínculo representativo restringido. Las elecciones han consagrado el principio de la renovación del poder sustentado en la expresión de la voluntad ciudadana; sin embargo, paradójicamente, puede ser que en ciertas circunstancias ellas habiliten la continuidad de un poder semi-encarnado.14 De modo que la vigencia de las elecciones —a veces atenuada por la desafección ciudadana traducida en abstencionismo— reviste un carácter ambivalente. Las elecciones dan sustento a un gobierno reconocido y son también la oportunidad, a veces, para dirimir rumbos políticos pacíficamente, en contextos de antagonismo o de crisis, pero su alcance se ha limitado a atribuir legalidad a los gobernantes. Es cada vez menos frecuente que la postulación para las responsabilidades ejecutivas se acompañe de una promesa específica o de un programa de gobierno, y aún cuando ello sucede tiene pocas implicancias para la ulterior relación gobernantes/gobernados. Las propias circunstancias nacionales e internacionales cambiantes obligan a los gobernantes a redefinir rumbos y, con frecuencia, a archivar promesas, cuando las hubo. De modo que, el voto es una opción en una escena en que se eligen gobernantes, entre ofertas que aspiran a ganar la confianza, y en la que algunos o muchos electores con frecuencia, optan por el rechazo o por la negatividad —se vota la alternativa a un adversario o el castigo a una acción de gobierno—. Así, en los tiempos presentes parecen revalidarse las teorías de los pensadores elitistas: los gobernantes no actúan por mandato. Y sin

Tocando el viento, Jorge Dávalos, dibujo, 2002.

El electoralismo se ha extendido en América Latina, no solo en el ámbito de la representación política sino también en la vida asociativa, gremial y aún en las protestas ad hoc. Es la reafirmación de un principio de soberanía e igualdad ciudadana que se encuentra por doquier.

embargo, ahora más que nunca están a merced de una ciudadanía que en general no es participativa, pero suele estar informada y alerta, y es propensa a la protesta y a la descalificación de los gobernantes.15 Este debilitamiento del mandato o del voto programático puede estar compensado por un sentido consistente de la acción gubernamental futura connotada por los candidatos. Es lo que sucede con el pronunciamiento ciudadano en el inicio de los ciclos en que se han presentado alternativas generales de rumbo político: la coalición antidictatorial —como la Concertación en Chile luego que Pinochet perdiera el plebiscito—, la salida de una crisis profunda en ruptura con la ortodoxia económica reinante o, como Argentina luego de la debacle 2001/2002, con la alternativa crítica que encarna el derrumbe de un sistema político con promesas de democracia ciudadana, participación, etc., —o como Venezuela, Bolivia y Ecuador luego del fracaso de sus democracias limitadas—. Sin embargo, aún en esos casos, el voto ha tenido un componente variable pero considerable de negatividad —o rechazo a los políticos del pasado, a los adversarios del

momento— y eventualmente como se ha señalado el apoyo a un rumbo genérico. Pero en los tiempos actuales las elecciones no convalidan una transferencia completa de soberanía a favor de los gobernantes.16 Aunque se consagran gobernantes legítimos, o más estrechamente investidos de una legalidad que no es puesta en duda, las decisiones de gobierno más significativas que se impulsen, las que se sitúan en el centro de la agenda pública, requerirán en cada caso de una legitimación específica. Del voto no se deriva una lealtad con los representantes que vaya a sostener cada una de sus decisiones. Debe entenderse que la legalidad de los gobernantes, que solo es puesta en cuestión en situación de crisis extrema, y ello es infrecuente,17 está disociada de la legitimidad de los actos de gobierno que son motivo de un pronunciamiento ciudadano implícito o explícito en cada caso. Esto se ha visto con los vetos ciudadanos en los años recientes, por ejemplo, en Bolivia, con el reajuste de precios de los hidrocarburos o con el intento de construir una carretera que atravesara el TIPNIS (Territorio Indígena Par-

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que Nacional Isiboro-Sécure, un territorio considerado propio por aborígenes que la habitan); en Argentina, con el incremento de los gravámenes a las exportaciones agropecuarias; en Chile, con el sistema de transporte Transantiago y luego con las reformas educativas; y en Colombia, con una reforma educativa rechazada por los estudiantes universitarios. En términos generales puede constatarse que la concentración de poder en los líderes/Presidentes procura ser contrarrestada, ya no en primer lugar por el Congreso o los opositores organizados partidariamente —como la tradición republicana lo había establecido—, sino por otras instituciones preexistentes o emergentes que devienen representativas. Éstas asumen “función representativa” derivada de la pretensión de imparcialidad de la que están investidas y del reconocimiento ciudadano a ese desempeño. En América Latina, por lo general, no se han desarrollado Comisiones públicas de ética sanitaria o de vigilancia de la equidad en el funcionamiento de la comunicación pública y política que gocen de reconocimiento por su independencia y de apoyo estatal. Entonces, reconocemos tres grupos de autoridades sostenidos en su legitimidad pública que ejercen funciones formales o informales de contralor y que tienen pertinencia para el respeto de las reglas de juego —electorales y de competencia política u otras—, para la protección de derechos —Cortes Constitucionales o asociaciones sobre una variedad de derechos, desde los ambientales hasta los de salud—, o en el ámbito de la preservación de la libertades públicas y de la argumentación en vistas a la verosimilitud de la información —diferentes ONGs, medios de comunicación u otros que denuncian o llaman la atención de la opinión pública sobre la información que circula—. Los medios de comunicación son animadores decisivos de la comunicación política. Muchas veces no se caracterizan por su independencia respecto a grupos de interés o de alineamiento ideológico y son denostadas por los gobiernos que emprenden refundaciones o proyectos reformistas, quienes acusan a la prensa tradicional de tergiversar la realidad o perjudicar el rumbo político fijado por la voluntad popular, es decir, las políticas de gobierno. Así, la prensa gráfica, la televisión y la radio están en el centro de una polémica sobre las condiciones de su existencia. La ampliación de la ciudadanía y los derechos transmite un sentido cuestionador de las elites que se extiende a la arena de la comunicación política.

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Se cuestionan monopolios y privilegios en este ámbito, pero la reclamada ampliación de emisores y comunicadores puede ser el pretexto para restricciones a la libertad de palabra y de información dando lugar a que se establezcan censores públicos que arbitren y sancionen sobre la verosimilitud de la información y la interpretación, y a que monopolios sean desplazados por otros que responden a las facciones gubernamentales. La lucha política por la regulación del espacio público y la comunicación es ilustrativa de la importancia que tiene el proceso continuo de relegitimación de gobernantes y líderes en general, y del malestar que provoca en ellos la circulación de los mensajes fuera de su control.18

diciones de vida, pero su capacidad decisoria suele ser escasa o nula. También lo es en las políticas distributivas a nivel local, incluido el presupuesto participativo. Las políticas participativas son en definitiva un vector de extensión de la red estatal, recurso de ejecución, pero pueden, en algunos casos, fomentar formas más autónomas de asociatividad ciudadana.19

De modo que, junto a la representación que surge de una voluntad mayoritaria expresada en las urnas, se despliegan instituciones de representación, legales unas informales otras, que actúan en nombre de una imparcialidad que procura preservar los principios generales constitutivos de la comunidad política —los derechos, la vigencia de principios constitucionales o su interpretación ampliatoria—, satisfaciendo una aspiración de consenso en torno a normas básicas presente en las sociedades democráticas, aspiración que se reaviva cuando la institucionalidad representativa tradicional se ha debilitado o resquebrajado (partidos políticos, Congreso).

Los recursos de democracia directa están inscriptos en las nuevas constituciones, a veces en vistas de vehiculizar una expresión ciudadana que complemente la representación y en otras para disminuirla o sustituirla. Las experiencias recientes de plebiscito en Bolivia para la elección ciudadana de jueces luego de una selección parlamentaria de candidatos, y en Ecuador, para someter al pronunciamiento ciudadano varios temas, entre ellos los referidos a la reforma de la justicia y a los medios de comunicación, resultaron en un traspié para los gobernantes. Estrechos márgenes de voto positivo para esas propuestas impulsadas por líderes populares, pero que al someterse a una práctica plebiscitaria provocaron la convergencia de variadas oposiciones y descontentos en el rechazo, ilustraron los límites de los movimientos refundacionales y los riesgos que corren los gobernantes que buscan plebiscitarse. Aún en esos procesos de reforma e intensidad política, la desconfianza es una actitud enraizada en los ciudadanos.

Un recurso para palear los límites del vínculo representativo surgido de las elecciones en las nuevas condiciones reside en la promoción de formas participativas y de democracia directa. En cuanto a la participación, una diversidad de experiencias se han multiplicado en los países de la región, la más notoria (de las cuales) es el presupuesto participativo. Esas prácticas tienen alcance variado y parecen haber involucrado sectores más amplios en las poblaciones carenciadas o en proceso de integración urbana, allí donde las demandas en términos de agua corriente, servicios sanitarios, energía y servicios de transporte son características. Los vecinos en esos casos se involucran en la ejecución de tareas que mejoran sus con-

En tanto las elecciones devienen el referente principal de la vida pública, otra paradoja es que los principales recursos del sistema representativo y de la competencia política se hallan debilitados o desarticulados. Es decir que, con frecuencia, a la hora de la renovación periódica de los representantes no se registra una continuidad ni en las identidades políticas partidarias ni en las alianzas ni en los alineamientos ciudadanos. La competencia política que en el pasado tenía como referente al sistema de partidos, en muchos casos no lo tiene más, y aún en donde persiste cierta continuidad de las fuerzas políticas en presencia, ésta se halla jaqueada o desequilibrada por la fluctuación del voto y por las identidades emer-

La lucha política por la regulación del espacio público y la comunicación es ilustrativa de la importancia que tiene el proceso continuo de relegitimación de gobernantes y líderes en general, y del malestar que provoca en ellos la circulación de los mensajes fuera de su control.

gentes.20 En las últimas elecciones presidenciales en Chile con las candidaturas de M. Henriquez Ominami y J. Arrate, en Colombia con la de A. Mockus, en Brasil con M. Da Silva. También en las grandes ciudades suelen elegirse alcaldes a contracorriente de lo que fue el voto ciudadano a nivel presidencial: M. Macri en ciudad de Buenos Aires, S. Villarán en Lima, G. Preto en Bogotá. Los liderazgos de popularidad emergentes a nivel nacional, pero también provincial o distrital, dan la tónica de un proceso de reconfiguración de identidades de tipo personalista. Estos líderes son instituyentes, ya sea porque suscitan un lazo representativo para competir electoralmente, o a veces porque luego de acceder al poder reformulan ese lazo representativo sobre bases diferentes: N. Kirchner en Argentina, quizás D. Rousseff en Brasil y M. Bachelet en Chile en sus primeros tiempos y J. M. Santos en Colombia. En todo caso los liderazgos son cada vez más los depositarios de la iniciativa política y los que configuran las alianzas y la oferta electoral. Los partidos, o con frecuencia lo que queda de ellos —las redes territoriales—, son un recurso necesario pero subordinado. No son los que fijan la agenda pública ni son los vectores principales para la comunicación política, aunque esta afirmación no es igualmente válida para las grandes ciudades que para los pequeños poblados. La red territorial ha disminuido su significación, pero aún la mantiene para animar “en vivo” la campaña electoral, para fiscalizar los actos electorales —según el sistema de votación vigente— y, sin duda, para gobernar.

Puede argüirse que las tradiciones políticas siguen de algún modo vigentes y que la institución de nuevos vínculos representativos no es una pura creación ex-nihilo, pero ellas ya no están identificadas con o monopolizadas por una organización o un líder. Cuando guardan vigencia son objeto de disputa y apropiación por unos y otros, y aún así para crecientes sectores ciudadanos los sentidos polémicos del presente tienen primacía por sobre los heredados. De modo que en esa tendencia —por cierto variable según los casos nacionales—, la proximidad de las elecciones inaugura un tiempo de constitución de identidades o más modestamente de formación de coaliciones electorales. En muchos casos, en vísperas electorales emergen o continúan líderes que tienen o adquieren la capacidad de construir un vínculo representativo y competir. La competencia mas desligada de sostenes territoriales y partidarios es la nacional —aunque no desligada de condicionamientos por parte de los poderes fácticos—, y la puja mas ilustrativa de los nuevos tiempos es la presidencial. Dadas las condiciones de desinstitucionalización mencionadas, en el escenario pre electoral se configuran identidades y coaliciones en torno a los líderes de popularidad quiénes pueden articular porque son locomotoras electorales. La intervención de esos líderes puede proponerse incidir en la consagración de su sucesor. Ha sido el caso de L. I. Lula da Silva al promover activamente la candidatura de Dilma Rousseff y condicionar las elecciones locales, y el de N. Kirchner al apadrinar en su momento la candidatura de C. Kir-

chner. Se ha subrayado que la débil identificación o aún la desidentificación de los ciudadanos con las fuerzas políticas existentes en cada escena, posibilita la fluctuación en los alineamientos al constituirse la oferta política, cuando se aproximan las fechas electorales. Pero, la contrapartida del ciudadano independiente es cada vez más la fluctuación del propio personal político. Sin que se pueda aún hacer referencia a una clase política única que se redistribuiría periódicamente, sí puede indicarse que los criterios pragmáticos de alineamiento con tal o cual fuerza política y, para quienes pueden, el crear una nueva etiqueta política, prevalece en muchos casos por sobre las historias personales y organizacionales y sobre las identificaciones ideológicas. Y ello es cada vez mas cierto, aún en aquellas escenas políticas polarizadas.21 El carácter cada vez menos programático de las campañas electorales hace que las disputas estén muy relacionadas con la acción del gobierno saliente o de la coalición gobernante —para sostenerla o para buscar su desplazamiento—.22 En consecuencia, la novedad de la identidad suele venir por el lado de las oposiciones o de las disidencias: A. Mockus en Colombia; F. Piñera y M. A. Enriquez-Ominami en Chile; A. M. López Obrador en 2006, en México. Con frecuencia se invocan en el lenguaje político partidario las nuevas condiciones de la política, con el afán de conquistar las simpatías del electorado: la renovación dirigencial, la democracia ciudadana. Por sobre todo, cada vez más los candidatos procuran devenir líderes populares

Espesor viscoso 2, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

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actuando con una lógica de proximidad, creando redes alternativas a las partidarias y promoviendo prácticas de contacto directo de tipo identificatorio.23 De modo que las campañas electorales cuentan. En su transcurso se constituye una escena y suelen configurarse capitales políticos inesperados. Ya no se puede dar por suficiente un voto identitario o cautivo para triunfar. Por el contrario, con frecuencia la campaña puede revertir las expectativas iniciales. Ha sido el caso de varios candidatos que al comienzo de las campañas eran líderes en las encuestas y luego fueron derrotados: A. Toledo en Perú, C. Serra en Brasil, A. M. López Obrador en México. Se configuran coaliciones en torno a los líderes de popularidad en pugna, quienes son los verdaderos referentes de la escena electoral. Estas coaliciones pueden ser formalizadas en compromisos, pero también pueden ser solamente aparentes, es decir, en verdad actos de cooptación o alianzas de facto, obra del poder vertical del líder que incorpora o excluye aliados sin mediar acuerdos formales o institucionales.

Tejedora, Jorge Dávalos, acuarela, 2002.

Como se señaló, al momento de las elecciones nacionales la evaluación de la ges-

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tión de gobierno saliente divide aguas; pero en los “regímenes fundacionales” puede intentarse o producirse efectivamente un desplazamiento: quienes gobiernan alegan no detentar el poder o estar en disputa por él con los poderes fácticos. La denuncia de las corporaciones, del capitalismo, del mundo de los negocios, o de los monopolios que controlan los medios de comunicación, procura colocar a los gobiernos (sea la revolución ciudadana, la democracia participativa, el socialismo del siglo XXI o la Nación multiétnica) en un antagonismo con los poderes mencionados. Si esa escena se instala, si se hace verosímil, las oposiciones políticas cuando son de “derechas” son tildadas de aliados de los poderes fácticos y si son de “izquierda” son calificadas de instrumentos de los poderosos que debilitan la contradicción principal. Si bien se trata de gobiernos voluntaristas y muy intervencionistas, el balance de lo actuado por un gobierno “fundacional” puede estar connotado por este desplazamiento en la designación del poder; a la hora de evaluar lo realizado suelen alegar que lo que no logró fue por la acción obstaculizadora de los poderes fácticos. Esta polarización, en donde se han producido reformas sociales o han irrumpido nuevos actores populares en la escena pública, pretende reducir la representación a dos campos “estructurales” u “objetivos”, uno de los cuales está connotado como tributario de la injusticia y eventualmente destinado a desaparecer. Quiénes alegan la representación del pueblo o de la ciudadanía frente a los poderes fácticos procuran simplificar la vida política; no se admite que la representación es múltiple y construida y reconstruida en la competencia política — donde las identidades nacen y mueren, en tanto que ciertos principios generales como la libertad, la igualdad, la justicia social son objeto de permanente reapropiación y reformulación en su adecuación al presente— y, en consecuencia, no se reconocen como legítimas las restricciones al ejercicio absoluto de la pretendida voluntad popular. Los poderes de imparcialidad (en particular las Cortes Constitucionales), o los mediáticos, son ignorados o imputados por su pretendido —y a veces real— alineamiento con el campo de los poderes fácticos que quieren detener las reformas. Existe, con todo, un límite, que ha sido operante hasta ahora en preservar la competencia y evitar la encarnación de los principios en actores políticos específicos: el pronunciamiento electoral ciudadano. Sin embargo, puede registrarse el sesgo particular de la lucha política en el esce-

nario descrito. El polo fundacional pretende ser la encarnación de principios transformadores, el modo de ejercicio del poder es conforme a la semi-encarnación: poco deliberativo y muy decisionista. El polo opositor suele ser una amalgama de sectores democráticos hostiles al arrasamiento institucional y al autoritarismo de quienes gobiernan, y con aquellos hostiles a las reformas sociales y a la ampliación democrática que conllevan los procesos refundacionales. Con frecuencia estos últimos son los más activos y pueden dar la tónica de la oposición al proyecto fundacional, lo que alienta la interpretación que hace hincapié en la naturaleza social de la confrontación en detrimento de su carácter político y democrático. Se ha insistido aquí en subrayar los riesgos de ingobernabilidad que penden sobre los líderes ejecutivos de la democracia continua. Se trata de líderes que gozan de una inédita libertad de iniciativa, pero que deben revalidar sus títulos cada vez que toman decisiones, que los ponen a merced de una ciudadanía autónoma con capacidad de veto. Sin embargo, esos líderes de popularidad que gobiernan, aun siendo vulnerables, tienen importantes recursos a su alcance, al menos los han tenido en esta primera década del siglo XXI en América Latina. Las circunstancias históricas han favorecido un curso de la mutación democrática acelerado y con una acentuación de los rasgos personalistas del poder. La región ha conocido tasas de crecimiento extraordinarias y hasta cierto punto ha sobrellevado la crisis económica internacional. Ello se ha producido en paralelo a un vuelco en la opinión muy favorable al fortalecimiento de un Estado garante e intervencionista, pero que en muchos casos es poco institucional. Por cierto, las debilidades institucionales no se palean si no es en períodos largos. Por ello este fortalecimiento del Estado se ha hermanado frecuentemente con la concentración de poder en el Ejecutivo, y sus consecuencias para los ciudadanos han sido variadas. De todos modos, el fortalecimiento del Estado en sus capacidades, la expansión de políticas públicas y el incremento considerable de los recursos fiscales disponibles para el gasto, ha capacitado a los gobernantes para dar sustento a su relación directa con los ciudadanos y, en el caso de los gobiernos refundacionales, a una política redistributiva más intensa y directa en favor de los sectores populares. La caída significativa de la pobreza y la indigencia dan cuenta de estos cambios que contrastan en muchos casos con la situación social imperante en la década de los 90.

Estudio, Jorge Dávalos, acuarela, 2004.

La contrademocracia, nuevos espacios y nuevos actores

decir, se han instalado otras legitimidades que relativizan el mandato atribuido por la mayoría electoral, y que apuntan a proteger el derecho de todos, a asegurar escucha y respuesta a los reclamos en un mundo de diversidad y a prestar atención a las particularidades emergentes. Puede concebirse de este modo una democracia continua: la ciudadanía no es tan solo electorado y el poder no está concentrado en los representantes electorales; la expresión ciudadana, pasiva o activa, va mas allá. La representación ejercida por los organismos de control verosímiles para los ciudadanos, las autoridades investidas de autoridad moral, los observatorios y otras instituciones como la prensa que argumentan sobre iniciativas y decisiones, así como simplemente las encuestas de opinión o las formas de autorepresentación por medio de protestas, configuran un segundo polo de la vida política que tiene un carácter permanente aunque algunas de sus expresiones sean episódicas.

La mutación democrática ha implicado entonces una ampliación y desplazamiento del eje de la vida política. La expresión de la voluntad popular o ciudadana por medio de la representación ha sido relativizada por la expansión de los “poderes indirectos” (ROSANVALLON, 2006). Es

Se ha mencionado precedentemente el debilitamiento o extinción de los partidos y de las identificaciones que les daban una argamasa de leales o representados, y la expansión, en su lugar, de redes en las que los referentes tienen poca capacidad disciplinadora y que tienden más bien a

El dispositivo estatal, por cierto, es un recurso para la acción, pero, a la vez, el otro gran recurso, sobretodo de los proyectos refundacionales, ha sido la movilización de alcance variable, protagonizada por una militancia generada y articulada en torno a la figura de una nueva política —democracia ciudadana, participación ciudadana, Estado multinacional y pluriétnico, socialismo del siglo XXI—. Esta franja de militancia, generalmente no heredada de las organizaciones del pasado, e inscrita en el ya mencionado más amplio movimiento oficialista, ha permitido a algunos de esos liderazgos “inesperados” tener una mediación informal con sectores de la sociedad, alternativa a los aparatos tradicionales y pretender con figuras atractivas (imágenes colectivas y líderes individuales), a título de renovadores de la política, ajenos a los intereses de las corporaciones y del mundo de las finanzas.24 II

reflejar las fluctuaciones de su micromundo de clientes o adherentes en las articulaciones coalicionales en las que se inscriben. En la política, en consecuencia, la ilustración de esa nueva sociabilidad la provee la centralidad de los liderazgos —la contracara de la ciudadanía compuesta por ciudadanos y minorías sobre los cuales operan—, y la conformación en torno a ellos de coaliciones o alianzas. En términos más generales podemos decir que coexisten formas partidarias, con liderazgos que tienen con frecuencia un peso mayor a las estructuras organizacionales, y la configuración más abarcadora, sobre todo ahí donde el sistema de partidos sufrió una severa crisis, de movimientos en los que convergen diferentes sensibilidades, tradiciones e intereses en torno a una acción emprendida por el líder. Los casos de los oficialismos boliviano y argentino son particularmente ilustrativos de esa diversidad.25 El alcance instituyente y de liderazgo verticalista de estos movimientos se refleja en la frecuente tensión, e incluso conflicto, con las organizaciones populares corporativas preexistentes y en consecuencia más autónomas —la CGT en Argentina, la COB en Bolivia, la CONEAI en Ecuador—, que eran, o deberían ser, sostenes del proyecto progresista enunciado por los líderes.

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En términos más generales podemos decir que coexisten formas partidarias, con liderazgos que tienen con frecuencia un peso mayor que las estructuras organizacionales, y la configuración más abarcadora, sobre todo ahí donde el sistema de partidos sufrió una severa crisis, de movimientos en los que convergen diferentes sensibilidades, tradiciones e intereses en torno a una acción emprendida por el líder.

Las masas “encuadradas” del pasado tienen una cierta continuidad en las redes de asistidos de los sectores más carenciados, que a veces permanecen disciplinados, y en las identidades comunitaristas. La presencia, con fuerza creciente, en el espacio público proviene de los actores más informales y entre ellos la nueva militancia juvenil que se autoconvoca por las redes sociales de Internet o por la telefonía celular. La intensidad política, la visibilidad en las plazas y calles o en el cyberespacio bajo esta nueva modalidad, ha cobrado un gran relieve en la vida pública. Estos nuevos actores emergen en paralelo a un resquebrajamiento del mundo corporativo y asociativo más tradicional. Los sindicatos también se desagregan y la disciplina de los líderes patriarcales, o aún aquellos surgidos de elecciones competitivas, está sometida a la deliberación de asambleas de los movilizados en los conflictos o a la disidencia de sectores disconformes. En términos generales se registra una diversidad de movilizados, pero lo más notorio es la coexistencia de dos “calles” o dos presencias sensibles: por una parte, la popular de reclamos en términos de necesidades básicas, usualmente con epicentro en los excluidos y motorizadas por el activismo social y, por otra parte, la ciudadana, sustentada en los sectores medios urbanos —más espontánea y frecuentemente, de veto—, que a veces reclaman en forma convergente y a veces fragmentada. El veto o rechazo a ciertas decisiones de gobierno y el estallido cuando se trata de un descontento general, pueden abarcar a unos y otros; pero debe considerarse que los sectores medios juveniles, urbanos, y los profesionales, se han convertido en los actores más innovadores y “amenazantes” —no, por cierto, por sus modos de expresión, generalmente pacíficos— del espacio público. Probablemente no en virtud de su condición social en el sentido tradicional, sino porque están más incluidos en los circuitos de comunicación política, más informados y en cierto sen-

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tido han adquirido autonomía respecto a las restricciones propias de todo anclaje social. Las movilizaciones estudiantiles en Chile en reclamo de una educación pública gratuita y la de los estudiantes universitarios colombianos (que bajo el lema “Educación gratuita y financiada por el Estado” rechazaron un proyecto de reforma que finalmente el gobierno debió retirar), ilustran el poderío contestatario de este sector que puede ser, en algunos casos, el sustento de un movimiento político que vaya más allá de la protesta sectorial.26 Pero igualmente notorio ha sido el poderío de movilizaciones populares territoriales, como las de los aborígenes bolivianos que habitan el TIPNIS y que se opusieron exitosamente a la construcción de una carretera que lo atravesara afectando la ecología de ese gran parque, y las movilizaciones de los campesinos afectados por el proyecto minero Conga, en Cajamarca, cuyo reclamo afectó la cohesión de la mayoría gubernamental en Perú. Las protestas por la expansión de economías extractivas que afectan el medio ambiente, en particular la minería a cielo abierto, se han generalizado. Éstas son ilustrativas de demandas populares, pero también de la fragmentación de intereses y valores, pues los perjudicados por la suspensión de esos proyectos reclaman a su vez por la pérdida de fuentes de trabajo y, en general, los partidarios de políticas desarrollistas procuran dar prioridad al crecimiento económico cuestionando lo que consideran ecologismo conservacionista o radicalizado. Un cambio que merece atención, pero excede estas líneas, es la gran transformación sociológica propiciada por la vertiginosa expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, algunas ya tradicionales como la televisión y otras más recientes como la telefonía celular, especialmente Internet y las redes sociales. La primera generación de actores que cobran existencia en el espacio público han sido los piqueteros y otras denominaciones de la pobreza y la exclusión; se for-

man en el espacio público por medio del bloqueo y el corte de ruta. Ahí, en esa acción que interfiere la “normalidad de la circulación” y que resuena por la difusión que le dan los medios de comunicación, en la interface entre presencia territorial y vínculo virtual por la visibilidad que le da la presencia en los medios, “ven la luz” los piqueteros y otras identidades que revelan un reclamo social pero que, con frecuencia, no provienen de ninguna localización o condición social homogénea, sino que son aglutinados por la propia acción de reclamo o protesta. El impacto de estas acciones, ejecutadas a veces por pequeños grupos, no repercute tan solo, ni principalmente, en quienes presencian la acción disruptiva y resultan afectados. Es, sobre todo, el espacio televisivo, radial y la prensa gráfica que les da visibilidad nacional e internacional, y de ese modo las demandas y la identidad novedosa se alojan en la agenda pública. En resumen, perturbación funcional —de la circulación de personas y de provisiones—, pero particularmente visibilidad, sensibilización de una “opinión ciudadana” que no los conocía.27 Este modo de constitución pública de identidades —que puede ulteriormente tener una sedimentación en asociaciones territoriales— que por lo esencial surge en la acción “callejera”, es novedoso, aunque ya lleva más de una década desde su irrupción y reveló en sus inicios una dimensión de autorepresentación, pese a que puede ser incitado por grupos o vanguardias organizadas, puesto que desdeña los canales institucionales y partidarios existentes en provecho de la presencia y la inmediatez posibilitada por la visibilidad que le procura la repercusión mediática de la acción. Otra consideración sobre esta novedad es la legitimidad de la protesta y el peso que tiene la acción de minorías de intensidad. Como se ha indicado, con frecuencia quienes actúan y constituyen un sujeto de demandas son grupos reducidos que representan virtualmente a muchos más. Cuando la opinión pública reconoce este vínculo, sofocar la protesta por la represión se hace difícil pese a la existencia de otros sectores sociales que se hallan descontentos por la perturbación del orden.28 Está surgiendo una segunda generación de nuevos actores constituidos en el espacio público, pero la novedad se extiende al propio ámbito de su constitución. Actores más heterogéneos, espontáneos y probablemente con una mayoría de indi-

Brisas 1, Jorge Dávalos, dibujo, 2003.

viduos provenientes de las capas medias urbanas, comunicados principalmente por Internet, emergen e instalan otro espacio público. Se conforma así un ámbito de interacción y expresión en expansión, cuyo núcleo principal es juvenil. En esa nueva sociabilidad se configuran opiniones que expresan con frecuencia más un veto, un descontento o una denuncia, que una demanda específica. Surgen espontáneamente o inducidos por actores o personalidades preexistentes, nuevos cybersujetos, con presencia visible ocasional cuando se reúnen y manifiestan, constituyendo una trama de igualdad e intensidad subjetiva. Con su expansión se produce un significativo desplazamiento en la comunicación política, al menos para ese sector más juvenil de la sociedad. En el ámbito público virtual que se genera rige un principio que coloca a cada uno de las integrantes en pie de igualdad; pareciera que se alcanza de ese modo un ideal de la libertad y espontaneidad deliberati-

va, pese a que en verdad las jerarquías y reconocimiento de la sociabilidad habitual continúan siendo operantes. Sin embargo, lo que ocurre en este ámbito es inédito. La relatividad de la opinión tiende a trastocarse adquiriendo un rango de verdad, pues lo que se emite esta avalado por la intensidad subjetiva (Sarlo, 2011). Una lógica de autenticidad se impone, naciendo de rumores, impresiones y conjeturas, certezas que animan la cohesión de grupos que pueden devenir actuantes. De modo que, un espacio con estas características, fuera de toda regulación, es propenso a recoger el descontento ciudadano característico de nuestro tiempo (Rosanvallon, 2006), favoreciendo la amplia libertad de expresión, pero también convalidando certezas con poco sustento, hilvanando la trama de teorías conspirativas, etc.

Esta nueva sociabilidad en expansión encierra, en consecuencia, una promesa de libertad y una amenaza de arbitrariedad. Cuando la diversidad de opiniones individuales y grupales deviene una certeza mayoritaria o colectiva con más sustento emocional que argumentativo, se perfila una forma de clausura del espacio público con el predomino de una forma novedosa de “la masa”, como figura opuesta a la ciudadanía deliberativa. Se esboza así la evolución hacia un espacio sin contorno ni epicentro, con redes múltiples en donde predomina la autorepresentación, aunque se pueden reconocer en las redes la diferencia entre emisores privilegiados y seguidores, ambos probablemente transitorios. Como se ha señalado, el espacio público descrito constituye un desafío más para el futuro democrático. Puede acentuar la fragmentación ciudadana y recoger la ne-

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gatividad (veto), todo ello en desmedro de una comunidad política que se reconozca en dilemas o alternativas comunes. Es decir que puede prevalecer una expresividad generalizada que no vaya más allá de sí misma, que se fije como impolítica. No es inevitable que ello suceda. Una evolución que dé productividad democrática a esta ampliación de sus principios constitutivos (libertad e igualdad) puede sobrellevar

las “falencias de la espontaneidad”, si la diversidad apuntada alterna con instituciones formales e informales acreditadas por la verosimilitud de sus informaciones y por la posibilidad que procure algún ordenamiento de los debates y algún encaminamiento de lo que haya de reclamos hacia canales normativos y legislativos. Asimismo, la vida política no puede prosperar si solo impera la espontaneidad y la

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como objeto preparar los hombres para la edad viril; pero busca por el contrario fijarlos irrevocablemente en la infancia (…)”, subrayando más adelante la ambivalencia de las pasiones democráticas: “Nuestros contemporáneos son trabajados incesantemente por dos pasiones enemigas: sienten la necesidad de ser conducidos y las ganas de permanecer libres. No pudiendo destruir ni uno u otro de estos instintos contrarios se esfuerzan por satisfacer ambos a la vez” (TOCQUEVILLE, 1981).

Se retoman argumentos inicialmente expuestos en “Representación política y contrademocracia” (2011). El licenciado Santiago Battezzatti y la licenciada Andrea Pereyra Barreyro estuvieron a cargo de la revisión técnica de este artículo.

A. Guiddens (1999) sostiene que los modernos han roto los carriles que condicionaban a nuestros antepasados. Según esta perspectiva, la reflexibilidad de los modernos y en particular de los contemporáneos, hace a éstos los gestores del mundo que habitan, pero les requiere estar decidiendo permanentemente sobre esa construcción de la realidad. La particularidad del mundo social, es que se halla permanentemente transformado puesto que el discurso sociológico y científico ingresa permanentemente en los contextos que analiza transformándolos. “La reflexión de la vida social moderna consiste en el hecho de que las prácticas sociales son examinadas constantemente y reformadas a la luz de nueva información sobre esas nuevas prácticas, que de ese modo alterna su carácter constituyente”. Pero este conocimiento del mundo actual contribuye a darle a éste un carácter cambiante e inestable. Este rasgo de la modernidad puede ser captado en toda su magnitud si “nos percatamos que se funda en el resquebrajamiento de los dos pilares que fueron en el pasado característicos de la condición humana: la naturaleza y la tradición”. “Cuando las condiciones son casi iguales, los hombres cambian permanentemente de lugar; hay todavía una clase valet y una clase de amos; pero no son siempre los mismos individuos, ni sobre todo, las mismas familias que componen; y no hay mas perpetuidad ni en el comando ni en la obediencia” (TOCQUEVILLE, 1981).

“Pienso entonces que la especie de opresión que amenaza a los pueblos democráticos no se parece a nada de lo que ha precedido en el mundo; nuestros contemporáneos no podrían encontrar la imagen en sus recuerdos. Yo mismo busco en vano una expresión que reproduzca exactamente la idea que me formo; las antiguas palabras de despotismo y de tiranía no convienen en absoluto: la cosa es nueva, debemos tratar de definirla, dado que no pudo nombrarla. Quiero imaginar bajo que rasgos nuevos el despotismo podría producirse en el mundo: veo una multitud incontable de hombres semejantes e iguales que giran sin descanso sobre ellos mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres, con los que llenan su alma. Cada uno de ellos, apartado, es como un extraño al destino de los otros: sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana; entretanto en lo que hace a sus conciudadanos, él está a su lado, pero no los ve; los toca pero en absoluto los siente; no existe sino es en sí mismo y solo para él, y, si le queda todavía una familia, puede decirse al menos que no tiene más patria. Encima de aquellos se eleva un poder inmenso y tutelar, que se encarga solo de asegurar su goce y de velar por su suerte. Es absoluto, detallado, regular, previsor y suave. Se parecería a la potencia paterna si, como ella, tuviese

Y las consecuencias de una legitimidad que es cada vez puesta en juego son explícitas: “Los individuos se atribuyen el derecho de no aceptar las instituciones en tanto tales, de apreciar su legitimidad, de juzgar caso por caso si las normas que ellas establecen deben ser obedecidas” (SCHNAPPER, 2000).

“(…) la política tiende, de más en más, a gestionar las relaciones cotidianas entre los hombres y no a alcanzar una manera de vivir juntos” (SCHNAPPER, 2002).

Pero la desafección por el encuadramiento tradicional no conlleva el desprecio del régimen político: “Este cuestionamiento de la representación no conduce a rechazar las reglas fundamentales de la democracia (…) El hecho de ir a votar o de aceptar los resultados de la elección manifiesta un acuerdo y un convicción: se debe arreglar los conflictos por el voto y no por la violencia” (SCHNAPPER, 2002).

En este punto resultan claves los aportes de B. Manin (1995) y P. Rosanvallon (2007). Por su parte, éste último destaca que el voto ya no es la expresión de una identidad como era predominantemente en el pasado, sino de preferencias fluctuantes en las que interviene la negatividad.

Especialmente aquellas investidas de la imparcialidad o de la reflexividad, según Rosanvallon (2010).

Esta expresión tomada de la terminología comunista que se refería a la delimitación de dos campos: el partido y los aliados, frente a los adversarios o enemigos en la lucha anticapitalista, corresponde a una lógica operante para las principales fuerzas políticas en la época de “la democracia de partidos”.

La calificación del tipo de democracia que emerge ha sido objeto de diagnósticos convergentes: “metamorfosis de la representación” para Manin (1995). En cuanto a P. Rosanvallon (2007), él se refiere a “una nueva edad, post representativa de la democracia, que daría mas consistencia al ideal de una ciudad viva”.

Expresión empleada por D. Rousseau (1995).

P. Rosanvallon (2007) afirma fundadamente: “En el sentido fuerte no hemos conocido regímenes plenamente democráticos”, sin embargo, la profundidad y

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estabilidad democrática fue mas continua en el hemisferio norte de Occidente que en la región latinoamericana. 13

En los países de la región no hay otros en el poder que aquellos consagrados en las urnas.

Se considera que un poder encarnado es el que identifica un proyecto o un principio (la Nación, el Pueblo, la Justicia, etc.) con una persona o una filiación, como sucedía en las monarquías. En estos casos latinoamericanos parece apropiado referirse a semi-encarnación pues el liderazgo supremo se presenta como sustancial y casi insustituible, pero un desplazamiento continuista del mismo hacia otro líder no está completamente excluido, aunque se considera como una posibilidad marginal o indeseada y la alternancia en el poder, aunque no se ha experimentado aún, no está formalmente excluida. Es el caso de Venezuela en donde una reforma reciente permite la reelección indefinida del Presidente. Esta pretensión inicialmente frustrada en una consulta electoral, fue finalmente aprobada cuando la posibilidad de la permanencia en el poder de por vida se hizo extensiva a los gobernadores y alcaldes. Disposiciones similares se anuncian en Bolivia y Argentina.

Aun siendo una arena compuesta por individuos y particularidades, la ciudadanía es heterogénea y las tendencias apuntadas no se efectivizan del mismo modo para todos. Es decir que, aunque la ciudadanía –en la medida en que se trata de una democracia plena– no es un mero agregado de pertenencias sociales, culturales o étnicas, sino que hay condicionamientos socio-culturales que inciden en la inserción mayor o menor en la comunicación política y en la disposición para actuar colectivamente.

Existe una ambivalencia en la relación de los ciudadanos con los líderes de popularidad. Como se ha indicado –sobre todo en contextos de crisis, pero no solo en esas circunstancias–, el vínculo puede ser delegativo (O’DONNELL, 2011), esto es, gobernantes que ejercen el poder sin control, que gozan de libertad de acción porque no formularon promesas y suelen no estar acotados institucionalmente, ven emerger el veto ciudadano cuando las decisiones no aparecen legitimadas; ha sido el caso de F. Collor de Mello y A. Fujimori, y en menor medida de C. Menem, quienes inspiraron las primeras reflexiones sobre la “democracia delegativa”.

Gobernantes que han debido dejar el poder por la desafección ciudadana expresada en protestas y estallidos: en Brasil, F. Collor de Melo; en Bolivia, G. Sánchez de Lozada: en Perú, A. Fujimori; en Ecuador, A. Bucaram y L. Gutiérrez; en Argentina, F. De la Rúa. Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil, caracterizada como líder de izquierda democrática, declaraba: “Digo y repito que prefiero el barullo de la prensa libre al silencio de las dictaduras. Las críticas del periodismo libre ayudan al país y son esenciales para los gobiernos democráticos, indicando errores y resaltando la necesaria contradicción” (O Estado, 5/10/11). Sobre estos temas puede consultarse: R. Annunziata (2012), A. Olvera (2006), M. López Maya (2011). Por su parte, L. Avritzer (2010) afirma: “El acceso a bienes públicos, tales como la pavimentación de calles, redes cloacales, clínicas sanitarias en barriadas pobres, legalización de la propiedad, es el origen de la mayoría de los movimientos sociales en muchas capitales brasileras”.

En un artículo escrito en el transcurso de la campaña presidencial peruana se afirmaba: “Frente a organizaciones sin militancia ni electores fieles, el apoyo de los electores fluctúa drásticamente, a medida que los candidatos se posicionan con mayor o menor éxito en relación con aquellos temas que preocupan más al electorado en determinado momento” (TANAKA, BARRENECHEA y VERA, 2011). Otro analista político peruano sostiene: “Los partidos no cumplen sus promesas, ni tienen la capacidad de representar intereses locales, y los ciudadanos sienten enorme desconfianza con las autoridades políticas nacionales (…) El tipo de intermediación entre la sociedad y el estado a través de los partidos colapsó librando a militantes y ciudadanos de sus identidades previas” (PANFICHI, 2011). Por otro lado, diversos analistas políticos chilenos, en una sociedad que se caracterizaba por la solidez de su sistema partidario, formulan observaciones convergentes. M. A. Garretón considera que el movimiento estudiantil que en 2011 cuestionó el fundamento del sistema educativo “neoliberal” imperante “ha desencadenado un momento refundacional”, considerando que “Por primera vez en treinta años estamos frente a movimientos ciudadanos que se apartan de los partidos y no necesitan expresarse a través de ellos” (GARRETÓN, 2011). En Uruguay, el otro país de tradición institucionalista de América Latina, G. Caetano (2011) interpreta la evolución en los siguientes términos: “un nuevo electorado, con aperturas e identificaciones más impensables que las de antaño…un votante menos cautivo y más independiente”. Las interpretaciones sobre el proceso político colombiano por distintos analistas es ilustrativa. 20

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Con motivo de las elecciones de alcalde de Bogotá se afirmaba: “Más que discusión sobre proyectos lo que se escucha en la calle son rumores alarmistas generalmente falsos sobre lo que haría uno y otro si lo dejarán llegar a la Alcaldía. Tampoco los partidos motivan a los bogotanos. Los candidatos han dado tantas vueltas que ya es difícil ubicarlos con claridad en alguno. Parody estuvo siete de los ocho años de gobierno de Uribe en el Congreso como representante del partido oficialista de la U, se peleó y hoy esta aliada con el ex alcalde Antanas Mockus. Este, a su vez, se fue del Partido Verde del que había sido precisamente candidato para enfrentar al uriburismo en la contienda presidencial 2010. Peñaloza hizo campaña con Mockus y el Partido Verde como opositores al uribismo en la campaña presidencial pasada. Pero en ésta recibió el apoyo de Uribe y de su partido. Por eso hoy representa una contradicción de términos: a verdes y a uribistas. Petro fue fundador del partido que unificó la izquierda en Colombia, el Polo Democrático, y que logró anotarse varias victorias, entre la Alcaldía de Bogotá en 2003 y en 2007. Con ese partido fue senador y con ese mismo partido fue candidato a la presidencia en 2010. Pero con sus denuncias contribuyó a tumbar al alcalde Samuel Moreno del mismo Polo, quién hoy está preso. Armó su propio movimiento en el que lo acompañan varios ex funcionarios de éste y del pasado gobierno” (RONDEROS, 2011). Respecto a los liderazgos nacionales R. Losada (2012) afirma: “(…) en los últimos 25 años en Colombia no ha gobernado el llamado PCC (Partido conservador colombiano) o el PLC (Partido liberal colombiano), porque cada candidato presidencial importante, es decir, con opción real de triunfo, así haya figurado como el candidato oficial de una de las dos confederaciones recién mencionadas, para garantizar la elección ha conformado una compleja alianza de fuerzas provenientes de distintas etiquetas partidarias, ha preparado y propuesto públicamente su propio programa de gobierno y ha manejado su campaña presidencial con completa autonomía frente a cualquier partido político. Es el caso del candidato ganador. Es la alianza constituida en torno suyo la que ha entrado a gobernar, y no el partido a cuyo nombre se presentó, en un sistema de partidos bajo tratamiento de choque: el caso colombiano”. T. J. Power (2010) afirma la existencia de una “alta tasa de fluctuación de los representantes de un partido a otros”. Según este autor, un tercio de los diputados federales cambian de partido en cada sesión legislativa cuadrianual. Respecto a Perú, J. Álvarez Heredia sostiene que “La continua división de los grupos parlamentarios y la formación de nuevos ha sido uno de los problemas más graves del parlamento”, Blog 14/04/11. 21

Pero cuando el candidato continuista no es el presidente saliente o una personalidad próxima de fácil identificación, puede suceder que se produzca una disociación. Esta fue notoria en el caso de las elecciones presidenciales chilenas en 2010: la popularidad de M. Bachelet era muy alta pero no la de la su coalición (la Concertación) ni la de su candidato, que fue derrotado.

Claro que la búsqueda de popularidad y del apoyo de organizaciones varia según el ámbito urbano/rural y las circunstancias políticas. F. Mayorga (2011) observa para Bolivia que “la imagen pública adquirió relevancia como requisito de selección y el espacio mediático se convirtió en el terreno extra-partidista donde comparecían los aspirantes a cargos electivos (…) en el área rural el rol del ‘dirigente’ tenía mayor importancia porque las candidaturas eran definidas con aval de los sindicatos y las organizaciones comunitarias”. Por su parte, para México, S. Gómez Tagle (2011) observa “el encuadramiento de los votantes en las estructuras partidarias solamente resulta válido cuando no surgen candidatos realmente populares que sumen su capacidad de convocatoria a la de los partidos, en esas coyunturas especiales los ciudadanos parecen haber adquirido mayor autonomía”. 23

Por cierto, esta imagen renovadora no va en desmedro de la constitución en estos regímenes políticos de una nueva elite gobernante, dotada de privilegios como las precedentes.

En Ecuador el oficialismo adolece de una debilidad organizacional mayor que en otros países latinoamericanos. El Presidente Correa quedó atrapado en un amotinamiento policial el 30 de septiembre 2010, y fue el Ejército, y no una movilización popular, quien lo liberó.

M. A. Garretón (2011) sostiene que en Chile ha finalizado el ciclo político de la “Concertación” y que el movimiento estudiantil puede ser el eje de un reagrupamiento político del polo de izquierda reformista.

Estas prácticas de protesta disruptiva se han extendido a otros grupos tradicionales que juzgan su acceso habitual al espacio público insuficiente. Aumenta la tentación de acudir a ellas como modo de “hacerse ver”.

Sobre este punto puede verse Cheresky (2008).

oposici贸n-oficialismo

Dios amarelo, Jorge D谩valos, dibujo, 2012.

durante el gobierno de Evo

Morales

Las relaciones

Fernando Molina*

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES OPOSICIÓN-OFICIALISMO

E son:

ste artículo está fechado a fines de 2012. En este momento, las relaciones entre oposición y oficialismo

a) Relaciones post-traumáticas El trauma se produjo en el periodo 20032008, en el que las fuerzas sociales que, surgiendo desde la base conformarían el oficialismo actual —y que portaban el “proyecto plurinacional-popular estatista”— vencieron política y electoralmente a los partidos que habían dominado el periodo anterior (1979-2003), y a las élites económicas nacionales y locales con las que éstos estaban vinculados. Este proceso fue lo que en términos marxistas cabría denominar “revolución política”, es decir, una sustitución de las élites políticas, que fue bastante completa. Grupos de distinta extracción étnica, clasista y político-ideológica remplazaron a los estamentos políticos dominantes en el pasado. Fue una sustitución pacífica, pero que al apuntar a la eliminación y no a la coexistencia de los adversarios se desarrolló con métodos tanto políticos como judiciales. Los miembros de la antigua élite política perdieron el derecho de trabajar en el área pública, en una suerte de “destierro” simbólico.1 A los empresarios se les pidió no meterse en política.2 Algunos dirigentes tuvieron que exiliarse preventivamente, otros terminaron en la cárcel.3 Como resultado del trauma, políticos y empresarios de la “vieja guardia” recorrieron una secuencia de fases psicológicas parecida a la de un paciente post-traumático individual: Primera etapa: Negación.- Desde el año 2000, cuando comenzaron las movilizaciones populares, hasta 2004, cuando el presidente Carlos Mesa asumió la “agenda de octubre”,4 es decir, la necesidad de reformar el régimen petrolero y de convocar a una asamblea constituyente, entre otras medidas, la clase política “saliente” negó que estuviera sucediendo una revolución política. En las elecciones de 2002 los partidos tradicionales creyeron que bastaba culpar a los adversarios (otros partidos tradicionales) por la situación y hablar de cambio para conjurar el peligro, que ninguno de ellos anticipó en toda su gravedad.5 El gobierno de Sánchez de Lozada atribuyó su derrocamiento a una conspiración (es decir, a la acción de una

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vanguardia) izquierdista, y el propio Mesa no reconoció que los eventos que condujeron a su caída eran insurreccionales.6 Hasta ahora se sigue negando, tanto desde la derecha como la izquierda, que los sucesos históricos señalados hubieran tenido el rango de una revolución política7. Segunda etapa: Confusión.- Entre 2005 y 2008 emergió el nuevo proyecto “plurinacional-popular estatista” que dirigía Evo Morales, venciendo la resistencia de las élites político-empresariales que éste desplazaba, resistencia que se concentró en las regiones periféricas más ricas del país. La lucha opositora en este periodo careció de claridad ideológica, pues el neoliberalismo con el que la antigua élite política se había identificado había fracasado en el periodo inmediatamente anterior y las nacionalizaciones de Morales se desplegaban con gran éxito y apoyo popular. Los grandes partidos del pasado (MNR, ADN y MIR) desaparecieron. Sus residuos encontraron grandes dificultades para actuar unitariamente, luego del fracaso del frente Podemos en 20058. La oposición sólo podía apelar con fortuna al ideario descentralizador, que sin embargo, el gobierno terminó haciendo también suyo en 2008. En este proceso surgió el liderazgo de Rubén Costas, primero presidente del Comité Cívico y luego, desde 2005, prefecto de Santa Cruz9, un cargo que antes era designado, pero que en este momento comenzó a ser electo, lo que muestra la importancia que adquirió la lucha regionalista en este periodo. Las opciones moderadas o reconciliadoras (Unidad Nacional) tuvieron poca suerte en un escenario polarizado.10 Esta confusión ideológica condujo a la oposición a cometer graves errores tácticos11 y, finalmente, a su derrota a fines de 2008, cuando se reprimió a los dirigentes regionales de Pando y Santa Cruz, a raíz de sus intentos de resistir violentamente el ascenso masista, y a comienzos de 2009, cuando el país aprobó la Constitución por la que el MAS había peleado en el periodo previo.12 Tercera etapa: Depresión.- Cuando las élites desplazadas comprendieron el carác-

ter irreversible de su derrota, igual que la persona que asume finalmente haber sido víctima de un trauma, entraron en un proceso de desintegración física y moral, que no fue conjurada, sino expresada por su candidatura conjunta en las elecciones de diciembre de 2009 (Convergencia Nacional). El único punto programático común de estos grupos acorralados fue el rechazo en bloque del evismo y sus políticas. De ahí que Convergencia no hubiera podido conformarse como una alternativa política con proyección constructiva, es decir, no haya podido convertir el apoyo electoral que obtuvo en 2009 en fuerza política, y en cambio se hubiera dividido en al menos dos facciones diferentes. Esta etapa fue aprovechada por el gobierno para acabar con algunos núcleos opositores regionales, mediante el enjuiciamiento del alcalde de Potosí, René Joaquino, y de los gobernadores opositores de Tarija y Beni. Cuarta etapa: Aceptación.- El fracaso de la actitud de rechazo absoluto al evismo, que trató de articular Convergencia, y al mismo tiempo el fracaso del propio gobierno para adquirir una hegemonía absoluta sobre la política, como quedó establecido en el gasolinazo de fines de 201013; en suma, el fracaso de los absolutismos creó una nueva etapa en la que para cualquier observador realista queda claro que la nueva oposición debe construirse a partir de los hechos consumados: la revolución política, la Constitución plurinacional y una economía dominada por el Estado (que ya ha sido aceptada por los empresarios privados)14. Esta realidad se impone a los partidos que vivieron el proceso de resistencia de distintas maneras y en distintos grados. Veremos esto detalladamente en el caso de Verdes y de Unidad Nacional. La adaptación de estos dos partidos podría derivar en una candidatura conjunta en las elecciones de 2014, que, a diferencia de las anteriores, sea más constructiva y ofrezca una visión del país más realista. Pese a las nuevas circunstancias, falta mucho para que las relaciones entre la oposición y el oficialismo dejen de estar

La lucha opositora en este periodo careció de claridad ideológica, pues el neoliberalismo con el que la antigua élite política se había identificado había fracasado en el periodo inmediatamente anterior y las nacionalizaciones de Morales se desplegaban con gran éxito y apoyo popular.

Cuando respiro, Jorge Dávalos, acuarela collage, 2010.

marcadas por el trauma de la “sustitución” inicial (que el gobierno continúa adoptando como su política respecto a los demás participantes del sistema electoral). Por esto, las relaciones continúan siendo confrontacionales, de “suma cero” u orientadas a la eliminación del adversario. Así, no implican ninguna clase de intercambio: ni pactos parlamentarios ni diálogo democrático; al mismo tiempo, están “judicializadas”, lo que, dada la asimetría de poder entre ambas partes, se traduce en una suerte de monopolio oficialista de la política. Cabe preguntarse, entonces, si puede hablarse propiamente de “relaciones” entre el oficialismo y la oposición. b) Relaciones competitivas Toda revolución crea espacios económicos y políticos “vacíos” y vacantes que acicatean a las facciones del frente victorioso a luchar entre sí por ocuparlos. Por otra parte, establece un programa de realizaciones que no necesariamente es compartido por todos los que, en cambio, estaban de acuerdo en luchar contra el régimen anterior. El caso boliviano no ha sido una excepción. El MAS fue, en su momento de mayor auge, la unidad de la izquierda boliviana que se había buscado denodadamente, pero sin éxito, en el pasado. Pero desde entonces se han producido desprendimientos de dos clases: uno de carácter más ideológico, con el que quedaron fuera del gobierno grupos e individuos que consideran la línea oficial insuficiente para sus aspiraciones de transformación y critican las actitudes en que el MAS se dividió de las bases que representaba (el “gasolinazo” y el conflicto del TIPNIS)15 y se identificó con las necesidades del Estado y, por esto, adquirió un perfil conservador. Un ejemplo son los firmantes del “manifiesto por la reconducción del proceso de cambio”.16 El segundo desprendimiento, en cambio, es cuantitativamente más importante, pero no se debe, al menos en principio, a razones ideológicas, sino a la negativa del MAS, en vísperas de las elecciones locales de 2010, a seguir compartiendo el poder con un partido de izquierda con el que se había aliado desde 2005, el Movimiento sin Miedo. Las relaciones entre el MAS y estas facciones que se reivindican como parte del “proceso de cambio” pero se oponen al sesgo que ha adquirido su conducción,

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Berro, Jorge Dávalos, dibujo, 2009.

son competitivas, porque parten de la misma base electoral y, por tanto, tratan de llegar, en primera instancia, al mismo público. Puede decirse que se trata de una disputa dentro de la misma tradición ideológico-política. Pese a ello, está distorsionada por la misma falta de espacios de deliberación y por la tendencia a sancionar la disidencia que sufren los otros partidos, y que caracterizan al régimen actual. 2. POSTURAS IDEOLÓGICO-POLÍTICAS DE LOS GRUPOS DE OPOSICIÓN A continuación resumiremos las posiciones de tres grupos que aparecen, en distintas encuestas, como los principales adversarios del gobierno actual: Verdes, Unidad Nacional y el Movimiento sin Miedo. a) La posición ideológico-política de Verdes17 Verdes se propone llevar el programa establecido por el primer cabildo cruceño, que se organizó poco después de la insurrección de octubre de 2003, el 22 de junio de 2004, y que tuvo el propósito de mostrar el desacuerdo de las élites de esta región con el curso que iba tomando el país. El Cabildo se posicionó expresando 14 puntos muy simples, el más importante de los cuales era la reivindicación de las autonomías departamentales como “base fundamental de un Estado moderno”. La lista exaltaba cuatro valores: libertad, igualdad, fraternidad y felicidad de todos, y señalaba que la democracia era el camino para plasmarlos.

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En este pronunciamiento ya se notó una de las características más peculiares de la ideología cruceñista, que es su referencia al trabajo y al emprendimiento como único medio legítimo y sostenible de obtención de la prosperidad. De esta forma este colectivo se diferencia y critica implícitamente la vocación extractivista del país, con la cual, pese a su programa, ha terminado identificándose el gobierno. El Cabildo señalaba: “Creemos en la sociedad basada en el trabajo. Estamos convencidos de que la producción agropecuaria y forestal tienen que ser la base de nuestro sistema productivo”.18 Al mismo tiempo, los tres valores principales de Verdes son “la libertad, el emprendedurismo y la solidaridad”. Esto implícitamente refiere al liberalismo y su creencia básica: la riqueza es producto de la libertad de mercado, la cual premia más a quienes son “más trabajadores”. Por tanto, la desigualdad que surge del hecho natural de que unos sean más eficientes que otros, solo puede corregirse con la solidaridad de los más exitosos, que hay que suponer voluntaria y no obligada por las leyes y la distribución de impuestos. El programa de Verdes hace hincapié en la necesidad de que el desarrollo no se base en el Estado, sino en la creatividad y la capacidad de trabajo de la población. Esto está señalado explícitamente en el preámbulo del programa de gobierno de Convergencia Nacional,19 que Verdes apoyó en las elecciones generales de 2009. Muestra un especial interés en la temática ambiental, lo que corresponde con su

nacimiento como expresión, entre otros sectores, de los productores agropecuarios del oriente. b) La posición ideológico-política de Unidad Nacional20 Unidad Nacional basa su argumentación programática en el hecho de que, en los últimos 30 años, Bolivia cambió dos veces de modelo económico y social. En los años 90, los neoliberales consideraban que el secreto para desarrollar el país era disminuir el Estado, agrandar el mercado, confiar en la empresa privada, que según ellos era, por naturaleza, más eficiente y honesta que la empresa pública. El resultado fue la destrucción de las instituciones públicas de entonces (YPFB, el Servicio de Caminos, las corporaciones de desarrollo) y la aprobación de un gran cuerpo de leyes destinadas a imponer este modelo, muchas de las cuales nunca se aplicaron. Desde 2006, dice UN, ha ocurrido exactamente lo mismo, aunque con el signo inverso. Los estatistas consideraron a los neoliberales “vendepatrias” y se impusieron el programa contrario: agrandar el Estado, achicar el mercado, confiar en la empresa pública, que sería, por naturaleza, “más justa y beneficiosa para las pobres” que la empresa privada. Con esto los estatistas también destruyeron instituciones: las grandes empresas privadas que teníamos, incluso algunas que funcionaban bien (ENTEL, Fancesa), y debilitaron a todas las demás. También aprobaron (y siguen aprobando) un cuer-

po de leyes destinado a imponer su modelo, aunque algunas de ellas no se aplican ni se aplicarán jamás. En consecuencia, UN señala que, sin importar qué “modelo” adopta, el país no supera el subdesarrollo y sigue siendo primario-exportador. Sin embargo, la lucha por el “modelo” tiene necesariamente dos efectos, relacionados uno con el otro: a) destruye instituciones, b) produce leyes que no se cumplen. Este es una de las causas del atraso boliviano. UN la llama “la fiebre de las refundaciones”.

Esto implícitamente refiere al liberalismo y su creencia básica: la riqueza es producto de la libertad de mercado, la cual premia más a quienes son “más trabajadores”. Por tanto, la desigualdad que surge del hecho natural de que unos sean más eficientes que otros, solo puede corregirse con la solidaridad de los más exitosos, que hay que suponer voluntaria y no obligada por las leyes y la distribución de impuestos.

Primis Lumis, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

Las refundaciones son, junto a la dependencia de los recursos no renovables, el gran problema del país. Un problema impide que se resuelva el otro. UN plantea dar continuidad a lo que está bien, mejorar lo que puede mejorarse y hacer lo que nunca se ha hecho hasta ahora, a fin de mostrar una conducta de nuevo tipo, que no repita los errores de los últimos 200 años. Asegura que conservará todas las normas, acciones e instituciones que, al fundar el Estado Plurinacional de Bolivia, den a los indígenas derecho a conservar su cultura, hábitos tradicionales (como el acullicu), idioma, forma de organización política y judicial, y a no ser discriminados por ello; es decir, a progresar manteniendo su identidad. Señala que seguirá el empoderamiento indígena y lo mejorará creando oportunidades económicas para los pobres rurales. Conservará las empresas del Estado que se ocupan de los recursos naturales (YPFB, ENDE, Comibol) y son estratégicas para el país (BOA, ENTEL): con la intención de convertirlas en corporaciones eficientes, transparentes y competitivas. También creará una agencia muy prestigiosa que se haga responsable de la planificación del desarrollo. Conservará y mejorará las políticas sociales, en particular las que reparten dinero directamente a la gente, que son mucho más eficientes, como la Renta Dignidad y otros bonos. Conservará la independencia de las decisiones del Estado boliviano de los organismos internacionales y las grandes potencias mundiales. Conservará la organización del territorio en autonomías departamentales, regionales e indígenas. La mejorará convirtiendo

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Lenguade la misericordia, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

la descentralización nominal de este momento en un genuino reparto del poder político. A cambio de ello, exigirá que las regiones acepten un nuevo pacto fiscal, que reordene y equilibre la repartición de los ingresos por el gas. Propone resolver el problema del contrabando, la delincuencia y los linchamientos, creando una Policía que se merezca el respeto de la población y creando sistemas participativos de lucha contra el crimen. En suma, UN ofrece a los bolivianos que se beneficien simultáneamente de los tres grandes valores de la política contemporánea: la libertad, la igualdad y la diversidad. Para esto, pretende dar a la población tres ciudadanías: i) La ciudadanía política, es decir, la libertad de pensamiento, reunión, expresión, elección, etc., ii) la ciudadanía socio-económica, es decir, la mayor igualdad posible de oportunidades económicas y de mejoramiento social, y iii) la ciudadanía cultural, es decir, la diversidad de lenguajes, hábitos, formas de vivir, de pensar y entretenerse, que no sea eliminada por el predominio de ninguna identidad sobre las demás. Una u otra de estas ciudadanías han sido propuestas por los partidos “del modelo”, pero de una manera exclusivista que les impedía avanzar en las otras. Los neoliberales sólo se preocuparon por la libertad. Los socialistas por la igualdad. Los comunitaristas o indianistas por la diversidad. UN pretende avanzar al mismo tiempo y con igual interés en las tres ciudadanías, de modo que una no opaque a las demás. Esto se presenta como una visión de síntesis, de equilibrio entre ideologías o de centro. c) La posición ideológico-política del Movimiento sin Miedo Según el MSM, la historia se explica como la lucha entre una élite excluyente y la mayoría de la población. En el curso del tiempo estas dos “figuras” (el freno, por un lado, y el acelerador de la historia, por el otro) van cambiando de apariencia, pero la polaridad se mantiene. Ésta se ha reencarnado hoy en: 1) un proyecto que une los movimientos sociales en un solo bloque pluralista (policlasista, poliétnico, sin vanguardias prefijadas, sin represión a los diferentes) que busca la “democratización” de la sociedad, lo que actualmente se traduce en la construcción de un verdadero Estado Plurinacional, y 2) una burocracia política (MAS) que ha expropiado los logros de la nueva oleada revolucionaria bo-

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liviana (2005-2009), los limita actualmente por su adicción al poder, su incapacidad práctica y su ideología sectaria y autoritaria; y que pretende controlar el proyecto popular en beneficio propio, por lo que reprime “policialmente” a la disidencia. Esta dicotomía es la última de una serie histórica (rebeldes indígenas vs. capas altas de la sociedad colonial, patriotas vs. realistas, proteccionistas vs. librecambistas, nacionalistas revolucionarios vs. rosqueros, izquierda socialista vs. nacionalistas “derechizados”, nacionalistas demócratas vs. nacionalistas gorilistas y, finalmente, neo-nacionalistas vs. neoliberales). El MSM dice expresamente que no es la “nueva vanguardia” (rompe con el determinismo económico del marxismo, que prefijaba el papel político de cada clase

social, y de sus representantes políticos, de acuerdo a su lugar en el proceso productivo). También considera su esfuerzo como una parte, sólo, de la lucha más general del “bloque popular revolucionario”. Sin embargo, puesto que la única explicación que sus Tesis Ideológicas dan al fracaso de la construcción del Estado Plurinacional es la traición del MAS, se infiere que el MSM cree que una conducción más idónea cambiaría el resultado decadente que hasta ahora ha logrado el partido oficialista. Por tanto, subyace en su concepción política la idea de que la clave del cambio social es la integridad moral y la claridad ideológica de los líderes. Por lo mismo, el MSM suscribe los principales puntos de la ideología del MAS, sólo que rechaza el extremismo o el error con que fueron aplicados; a saber:

a) Afirma la necesidad de un Estado fuerte, aunque repudia su burocratización, sus pretensiones hegemónicas (“vuelta al capitalismo de Estado”), que se haya estancado en un patrón primario exportador y que no respete el “pluralismo” económico (que no debe ser “abigarramiento”, como veremos más adelante). b) Apuesta por una democracia de distintos tipos (representativa, comunitaria, directa) y tanto “minimalista” (libertades civiles, Estado de Derecho, derechos humanos) como “ampliada” (es decir, la que resulta de la irrupción de las masas en la escena política en pos de mayores niveles de igualdad socioeconómica, lo que el documento llama “democratización”, pero que también podría denominarse, sin sesgo, “revolución”).

Las Tesis no detectan la incompatibilidad entre ambas definiciones de democracia; suponen que es posible combinar el ideal de democracia política (libertad de conciencia, respeto por la alternancia de los gobernantes y separación de poderes) con la necesidad de una constante democratización de la sociedad, es decir, una revolución permanente del orden social. Tampoco encuentran contradicción entre conformar un sujeto revolucionario homogéneo (que congregue a todos los movimientos sociales) y, al mismo tiempo, respetar la diversidad de cada parte de la sociedad. O descentralizar el poder político y, simultáneamente, usarlo con eficiencia para asegurar la igualación socioeconómica de la población.

El MSM busca cuatro grandes construcciones: i) La construcción económico-productiva equivale a superar el patrón extractivo primario exportador. Para ello es necesario realizar un debate nacional para reconvertir la economía extractivista en otra de índole “pluralista”, que implica el concurso de lo privado, lo comunitario y lo cooperativo. El pluralismo es más que la heterogeneidad, permite construir autosuficiencia y reducir la desigualdad. ii) La construcción autonómica debe darse mediante la compatibilización del diseño constitucional autonómi-

Por tanto, subyace en su concepción política la idea de que la clave del cambio social es la integridad moral y la claridad ideológica de los líderes.

co con la legislación departamental y local, y celebrando un nuevo pacto fiscal. iii) La construcción institucional exige armonizar el Estado Plurinacional con el “concepto de república” (Estado de Derecho y libertades políticas), de modo que se garantice el pluralismo y la alternancia políticos. iv) Finalmente, la construcción plurinacional implica ampliar estructuralmente el Estado para que contenga territorios, formas políticas, cultura, idiomas, religiones, estructuras judiciales, etc., de las diversas naciones que componen Bolivia. En lugar del “vivir bien”, el MSM plantea (aunque sin admitir que está haciendo esta sustitución) la “vida digna”, con una serie de atributos económicos, laborales, sociales, psicológicos, políticos, etc. Es una utopía que aúna desarrollo, ambientalismo, igualdad, libertad y pluralismo cultural. 3. ¿RESPUESTA TRIPARTITA, BIPARTITA O UNITARIA AL MAS? Lo más probable es que la oposición tenga que enfrentar en 2014 a Evo Morales, que cuenta con los recursos institucionales para validar legalmente una nueva candidatura. En ese caso, según las encuestas,21 necesita presentar un candidato único si quiere tener alguna posibilidad de victoria. Al mismo tiempo, la respuesta ideológica es tripartita: un partido más liberal, Verdes, uno más socialista, que en algunos aspectos hace oposición al MAS desde la izquierda (el MSM), y un partido de centro, UN.

La alianza entre estas dos últimas fuerzas es más probable porque se formaron en la resistencia al evismo y, de cara al futuro, tienen un elemento ideológico en común: Descartan que la “democratización” histórica, en la que el MAS y el MSM descansan su confianza teórica, sea compatible con la democracia liberal. Sin embargo, en el campo electoral,23 la ciudadanía percibe a Juan del Granado como un líder opositor. Si es así, en su caso, su votación en 2012 provendrá principalmente de los sectores antievistas y, por tanto, su presencia perjudicará las posibilidades de la probable alianza entre Verdes y Unidad Nacional para vencer al MAS. En suma, el desafío de la oposición puede formularse así: es tripartita o, como máximo, bipartita ideológicamente, pero necesita presentarse como un solo bloque si quiere vencer al oficialismo en las elecciones de 2014. A esta altura, este desafío parece irresoluble. Esto le quita perspectivas electorales nacionales a la oposición, aunque ésta puede avanzar de forma unitaria en los espacios subnacionales y en la construcción de una nueva alternativa programática y política. En este esfuerzo no dejará de enfrentar la adversidad que emanaba y que seguirá emanando, para ella, del peculiar nacimiento del proceso actual, su carácter revolucionario y la decisión del gobierno de Evo Morales de conservar para sí el monopolio de la política. Fernando Molina Comunicador y Escritor.

La existencia del MSM le da unas características particulares al panorama opositor boliviano. Es una fuerza que surge del propio campo evista y cuenta con una relativa importancia política y electoral.22 Por su origen y sus características ideológicas, el MSM ya ha manifestado que no está interesado en formar un bloque político con Verdes y UN, partidos que, por el contrario, surgen del trauma del que hemos hablado en este documento.

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* Fernando Molina es autor de numerosos ensayos, entre ellos: La trayectoria teórica de Antonio Negri (Pazos Kanki, 2012), tres folletos de la serie “Pensadores bolivianos”: Guillermo Francovich, René Zavaleta y Vicente Pazos Kanki (Gente Común, 2011), y El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (dos ediciones: 2009 y 2011). También ha publicado cientos de artículos en obras colectivas, revistas, periódicos y sitios web de La Paz, Santiago de Chile, México y Madrid. 1

Por razones obvias, es difícil probar este aserto. Sin embargo, tómese en cuenta los siguientes datos. Luego de las nacionalizaciones con que comenzó su gobierno, el MAS no permitió participar a bolivianos en las delegaciones de las empresas transnacionales que negociaban con él (Pulso, julio de 2006). Luego, en 2007 reveló la lista de bolivianos que trabajaban en la agencia de cooperación estadounidense Usaid, que calificó como “neoliberales” interesados en conspirar contra el presidente Morales, según recordó el diario Página 7 en un artículo de resumen de los ataques a Estados Unidos, fechado el 7 de abril de 2012. Como resultado de la presión contra sus proyectos, Usaid cerró la mayoría de estos y despidió a casi todos los antiguos funcionarios. Página 7 también recuerda que, en febrero de 2010, “Morales acusó a algunas ONGs de ser una ‘quinta instancia’ de espionaje de EEUU a su Gobierno. Durante su segundo mandato fue frecuente el ataque a organizaciones no gubernamentales como Cejis y Fobomade, acusadas de trabajar con financiamiento de Usaid”. En un último incidente, el 25 de agosto de 2011, dice un despacho de Erbol, el canciller David Choquehuanca pidió a Estados Unidos investigar a sus funcionarios por su supuesto apoyo a los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que en ese momento se rebelaban en contra de la decisión gubernamental de construir una carretera por el centro de este territorio.

Según Samuel Doria Medina, “de forma permanente el entorno gubernamental lanza el mensaje de que los empresarios son bienvenidos si no se meten en política” (entrevista con El Día de Santa Cruz, 24 de septiembre de 2012).

El 9 de septiembre de 2012, un despacho de AFP informó que Yoriko Yakusawa, representante de las Naciones Unidas en Bolivia, mostró su preocupación por “la acumulación de causas” contra detractores del Gobierno. “No es un buen mensaje sobre la democracia”, afirmó. El 18 de septiembre del mismo año, el Consejo Episcopal Permanente de la Iglesia Católica, según un despacho de la Agencia Nacional Fides, señaló que “muchas personas, encarcelados, exilados, refugiados políticos, están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia. Es urgente que el ejercicio de la justicia sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político, no para la impunidad sino para garantizar juicios imparciales que establezcan la verdad de los hechos”. El Consejo Episcopal pidió una amnistía para los acusados y exiliados políticos… Presentamos estos indicios porque no existe un estudio del exilio boliviano que produjo la revolución política. Sólo están registrados los casos más notorios, es decir, los de políticos que escaparon de juicios de distinta naturaleza (los que fueron procesados por la represión de octubre, los investigados por la formación de una milicia armada en Santa Cruz en 2008, los procesados por corrupción para ser echados de las instancias estatales intermedias: alcaldía de Potosí, gobernación de La Paz, Cochabamba y Tarija). En cambio, nada se sabe los centenares de ex funcionarios del sistema político anterior que salieron del país a tratar de encontrar una nueva vida.

Enarbolada por la insurrección popular que derrocó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

Fernando Molina, Bajo el signo del cambio – Análisis de tres procesos electorales (2002, 2005 y 2006), La Paz, Eureka, 2006.

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El ministro de Defensa de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, insiste en esto en el programa No Mentirás, emitido por la red PAT, el 10 de septiembre de 2012. Carlos Mesa, La presidencia sitiada, La Paz, Plural, 2008.

Simultáneamente, el gobierno no sólo habla de revolución política, sino también social, económica y cultural. Véase Álvaro García Linera, Geopolítica de la Amazonía – Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2012.

Podemos obtuvo el 28,6% de los votos, frente al 53,7% obtenido por el MAS.

Mariella Pereyra Ortiz, ¿Transregionalización política con matices verdes? – Verdad y democracia social: realidad, proyección y desafíos, PNUD-Bolivia, septiembre de 2011. La agrupación ciudadana Verdad y Democracia (Verdes) nació en noviembre de 2009. En el plano nacional, Verdes apoyó a Convergencia Nacional en las elecciones de diciembre de ese año. Pero se constituyó realmente en torno de una segunda candidatura de Rubén Costas, que en 2010 ganó las primeras elecciones autonómicas y se convirtió en el gobernador de Santa Cruz. Estas elecciones se convocaron bajo el alero de la Constitución aprobada a comienzos de 2009.

Unidad Nacional logró alrededor del 7% de los votos en las elecciones generales de 2005 y en las de la Asamblea Constituyente de 2006.

El peor de estos errores fue provocar la convocatoria a un referendo revocatorio contra Morales que no sólo éste ganó fácilmente, sino que mostró la inserción de su partido en el oriente del país. Véase Fernando Molina, “Bolivia: la geografía de un conflicto”, en Nueva Sociedad 218, Buenos Aires.

Véase PNUD, Mutaciones el campo político, La Paz, s.e., 2010.

Intento de eliminar las subvenciones a los carburantes, que en ese momento ascendían a 500 millones de dólares anuales, con un encarecimiento de los precios al público de entre 50 y 80%. La decisión causó tal reacción en la población, que el gobierno tuvo que retirarla pocos días después.

Véase la separata de celebración del 50 aniversario de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el 30 de septiembre de 2012, en Página 7. Los discursos del vicepresidente Álvaro García Linera en la Expocruz de ese mismo mes y año ofrecen la coexistencia entre el estatismo y el emprendimiento privado (Página 7, 25 de septiembre de 2012).

Véase notas 2 y 14.

Para conocer sus ideas, véase: http://www.rosalux.org.ec/es/analisis/bolivia/ item/210-manifiesto-cpr.html

Basado en Pereyra, op. cit.

Citado en Peryra, op. cit.

http://boliviadecide.blogspot.com/2009/10/programa-de-gobierno-del-ppb-cnplan.html

Basado en Unidad Nacional, Visión de país, diciembre de 2011.

Encuestas de Apoyo para el periódico Página 7, 2011-2012.

El MSM controla el principal municipio del país y su candidato, Juan del Granado, se beneficia hasta el momento con aproximadamente un 20% de la intención de voto.

Encuestas mencionadas.

en la experiencia chilena*

Gobierno y oposici贸n

Varios individuos, Jorge D谩valos, dibujo, 2012.

Manuel Antonio Garret贸n

El legado de la dictadura

n Chile, los gobiernos democráticos desde 1990, recibieron como legado de la dictadura cinco elementos fundamentales estrechamente vinculados entre sí. En primer lugar, el clima de impunidad y de división entre los chilenos, principalmente, a partir de sus crímenes y violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, una institucionalidad que consagra un régimen semi-democrático con un empate político, a través del sistema electoral binominal, entre las fuerzas identificadas con la herencia de la dictadura y las fuerzas democráticas. Empate que se proyecta a todas las instituciones impidiendo su transformación, expresado principalmente en la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales y las de quórum calificados, el nombramiento de autoridades y miembros de diversas instancias del Estado (Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Consejo de Televisión, por citar sólo algunos ejemplos), todo lo cual impide la real expresión de las mayorías y la soberanía popular. En tercer lugar, y como resultado de esta segunda herencia, por un lado, el predominio de poderes fácticos (Fuerzas Armadas, medios de comunicación, sectores empresariales, Poder Judicial, etc) y, por otro, la expansión de la fuerza político-electoral de la derecha, que de alrededor de un tercio de la votación durante la mayor parte del siglo XX, se consolidó a partir del plebiscito de 1988 en poco menos de la mitad de los votos. En cuarto lugar, actores sociales, con la excepción de los sectores mencionados, debilitados tanto en su capacidad de expresión propia como en sus vínculos con la política y el Estado. En quinto lugar, un modelo socio-económico preservado por esa institucionalidad que genera y reproduce desigualdades y concentraciones de poder y riqueza insuperables y que limita seriamente el papel dirigente, corrector y regulador del Estado. Los gobiernos de la Concertación El Plebiscito de 1988, convocado para proyectar la dictadura, de acuerdo a la Constitución de 1980, puede ser definido como una elección fundante y tuvo como resultado inesperado por sus promotores el desencadenar la transición democrática. En ese momento, se canceló definitivamente toda posibilidad de regresión autoritaria pese a las intenciones claramente no democráticas del pinochetismo civil y militar. Dicha transición terminó con el ascenso del primer gobierno democrático

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en Marzo de 1990, en la medida que, con posterioridad a esa inauguración, podemos hablar de una democracia restringida o de proceso de democratización, pero no propiamente de transición. En los veinte años siguientes gobernaron cuatro presidentes de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición de centro izquierda formada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD) y, de menor importancia, el Partido Radical Social Demócrata), dos demócratas cristianos (Patricio Aylwin 1990-1994; Eduardo Frei 1994-2000) y dos socialistas-PPD (Ricardo Lagos 2000-2006; Michelle Bachelet 2006-2010). Se resolvía así uno de los grandes problemas de la sociedad chilena en el siglo XX: la existencia de una imbricación entre actores sociales y sistema partidario se había expresado al nivel de cada polo partidario del campo de centro izquierda, pero, con la excepción del Frente Popular de finales de los treinta, no se había expresado en una coalición democrática progresista que uniera centro e izquierda. Así, la decisión de integrar esta coalición puede definirse como el hecho o giro fundamental de la izquierda chilena en su historia contemporánea, porque además puso término a la problemática central que había definido a la izquierda como un proyecto socialista clásico basado en la alianza comunista-socialista, y significó también un vuelco en la historia política de la Democracia Cristiana quebrando su tradicional tendencia al aislamiento y “camino propio”. El proyecto histórico de la Concertación, más allá de sus expresiones programáticas, consistía básicamente, además de consolidar una débil democracia conquistada en el plebiscito y en la primeras elecciones presidencial y parlamentaria, en superar las herencias constitutivas de la sociedad post-pinochetista generando un nuevo orden socio-económico y político que podríamos llamar la sociedad democrática o del bicentenario.

El primer gobierno democrático, de Patricio Aylwin, definió la tarea nacional en términos de “transición a la democracia” y apuntó hacia la idea de un “crecimiento con equidad”, manteniendo los equilibrios macro-económicos y buscando corregir los efectos sociales del modelo económico. Asimismo, definió un método de negociaciones y acuerdos puntuales que llamó “democracia de consensos”. Lo cierto es que ya no se estaba en ninguna transición ni tampoco hubo, como indicaremos, verdaderos consensos. Pero, en todo caso, cualquiera sea la crítica que se haga a estas definiciones por parciales o insuficientes, hay que reconocer qué metas y orientaciones hubo y que, en términos de ellas, el gobierno avanzó, aunque parcialmente, en materias como la política de derechos humanos, reforma tributarias y lucha contra la pobreza. Durante el segundo gobierno de la Concertación, pese a una muy buena performance económica hasta 1997 y a los importantes avances en términos de obras públicas y de reforma a la justicia y a la educación, y la promoción de una mesa de Diálogo en torno a la cuestión de los derechos humanos; en materia de proyectos y orientaciones, de metas que movilicen energías sociales y culturales, el país no tuvo una clara conducción política, y uno de los temas principales de su agenda, que fue la reforma del Estado, se quedó en los aspectos de eficiencia y de modernización de gestión sin entrar en transformación estructurales e institucionales de fondo. En el gobierno de Ricardo Lagos, se recuperó el liderazgo presidencial: la meta fue planteada en términos de ser un país desarrollado en el segundo centenario de la existencia como nación independiente. Sin embargo, tal meta, pese a los enormes avances en materia de infraestructura, reformas sociales e inserción internacional, quedó lejos de conseguirse. La presidencia de Ricardo Lagos creó enorme expectativa en torno a un cambio

El proyecto histórico de la Concertación, más allá de sus expresiones programáticas, consistía básicamente, además de consolidar una débil democracia conquistada en el plebiscito y en la primeras elecciones presidencial y parlamentaria, en superar las herencias constitutivas de la sociedad post-pinochetista generando un nuevo orden socio-económico y político que podríamos llamar la sociedad democrática o del bicentenario.

Sierbo ambiguo, Jorge Dávalos, acrílico, 2011.

de época, especialmente porque en sus primeros mensajes habló de una nueva Constitución y no de una simple reforma, y porque él fue el artífice del discurso del bicentenario que nos vería llegar a una sociedad desarrollada. Por otro lado, se produjeron grandes avances modernizadores y de democratización social, como el Plan AUGE en Salud y la visión de una sociedad de derechos garantizados, la Comisión Valech para los casos de tortura, las obras públicas, y las respuestas a las primeras críticas de corrupción que llevaron a comienzos de 2003 a las agendas de modernización del Estado, definidas básicamente en términos de eficiencia y transparencia, sin duda necesarias pero insuficientes. Desde un punto de vista político, las reformas constitucionales del 2005, si bien eliminaron algunos enclaves autoritarios, como la inamovilidad de los comandantes en Jefe, los Senadores designados, el papel tutelar de las Fuerzas Armadas, etc., contribuyeron a legitimar el modelo socio-económico implícito en la Constitución y no cambiaron el sistema electoral. Puede argumentarse que ello era lo único posible dado el carácter de la oposición de derecha; pero entonces la cuestión central era no haber cancelado el debate futuro sobre una nueva Constitución, dándole a tales reformas el carácter

de Constitución del siglo XXI. Del mismo modo, se promovió el voto voluntario lo que es una contradicción con el principio republicano que el mismo gobierno de Ricardo Lagos encarnó con tanta fuerza, error que sería reconocido años después por el propio ex-Presidente. El gobierno de Bachelet, cuya candidatura presidencial, contrariamente al mito que habría surgido de la ciudadanía, fue la última surgida consensualmente por los partidos de la Concertación sin dar origen a fraccionamientos como ocurrirá con la de Eduardo Frei en 2009; fue el primer gobierno paritario en el Ejecutivo de hombres y mujeres dirigido por una mujer en América Latina, y su duración fue sólo de cuatro años de acuerdo a las reformas constitucionales de 2005. La idea central fue la de un nuevo estilo, llamado “ciudadano”. Éste, en la práctica, se definió por una agenda de medidas concretas, enmarcadas en la propuesta de un sistema de protección que se materializaría especialmente en la reforma previsional pero que, al no lograr darle sentido al conjunto del accionar gubernamental, fue desbordado por problemas que no estaban en la agenda, el más significativo de los cuales fue el movimiento estudiantil de la educación media. En todo caso, el gobierno

de Bachelet hizo avances significativos en materia de protección social y agenda de género, mantuvo políticas macroeconómicas y políticas sociales de carácter neoliberal con algunas modificaciones en general respondiendo a presiones y movilizaciones sociales y paliando los efectos de la crisis internacional con los recursos ahorrados del cobre, creó instancias de expresión de la sociedad civil para resolver conflictos y consensuar políticas públicas, insertó más a Chile en el contexto latinoamericano y dio pasos importantes en la resolución de la demanda boliviana de salida al mar. Pero el gobierno estuvo permanentemente atravesado por una tensión entre la ausencia de un proyecto u horizonte claro y una enorme sensibilidad para entender y acoger los problemas y demandas sociales que se van presentando normalmente fuera de su agenda, y superar los conflictos inmediatos a que dan origen —aunque sin resolver definitivamente el problema de fondo— lo que explica en gran parte su inédito apoyo popular. Por otro lado, por primera vez se produjeron escisiones importantes en la coalición de gobierno y, por primera, vez se perdieron las elecciones presidenciales de continuidad de la Concertación al terminar su mandato.

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La democratización incompleta Recordemos que el discurso oficial original de la Concertación era, acertada o equivocadamente, el de un gobierno de transición que sería capaz de terminar con la dictadura, cambiar la institucionalidad heredada y corregir el modelo socioeconómico. Como ha sido reiteradamente señalado, fueron los enclaves autoritarios, es decir las herencias institucionales de la dictadura, su Constitución y la normativa derivada y los poderes fácticos militar y civil, los que establecieron principios de veto para reformas socio-económicas más profundas que generarían un nuevo modelo de desarrollo. La prioridad inicial se puso en la estabilidad económica, de modo que no genere inquietud en los sectores dominantes de la economía, en la oposición de derecha y en los militares. La idea de que se estaba en transición aseguraba que no podían arriesgarse reformas más radicales e integrales. Con todo, como el avance en los programas contra la pobreza, el crecimiento económico sostenido en comparación con la región, reformas educacionales y de salud, los derechos humanos, entre otros, además de los continuos éxitos electorales, generaron una cierta autosatisfacción que de tiempo en tiempo era sacudida por llamados de alerta provenientes siempre de los sectores de izquierda, especialmente el Partido Socialista. El énfasis en esta crítica “desde dentro de la Concertación” era respecto de la mantención de las desigualdades, las relaciones laborales inequitativas, los temas pendientes de Derechos Humanos en cuanto a la necesidad, no sólo de verdad sino de justicia, y terminar con el clima generalizado de impunidad que perduró hasta la detención de Pinochet en Londres, las reformas constitucionales y la incorporación de los nuevos temas como los étnicos, género, participación, y sólo marginalmente la transformación del modelo productivo y de desarrollo. En todo caso, la prioridad se daba a la preservación de la coalición bajo el temor de regresiones de derecha o autoritarias, priorizando el criterio de unidad basado en la lealtad al gobierno y el fortalecimiento de la democracia. Los éxitos relativos de la democratización política chilena pagaron un costo que puede apreciarse en los grandes problemas no resueltos, es decir, fracasos relativos debidos no a la naturaleza misma del proceso, sino a la acción de la oposición y a la propia conducción política. Así, la democratización política chilena fue exitosa en la medida que desplazó a la dictadura, impidió la descomposición de la sociedad

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al controlar las variables macro-económicas, y aseguró un gobierno formado por la coalición democrática mayoritaria. Pero no puede hablarse de “transición ejemplar” si se considera el largo tiempo que tomó la eliminación de enclaves autoritarios, algunos de los cuales, como la constitución y el sistema electoral, persisten hasta hoy, y la calidad de este régimen democrático. Éste se caracteriza por la debilidad institucional democrática, la presencia de poderes fácticos y la debilidad de representación debido a las tensiones entre actores políticos y sociedad. Asimismo, por la fragilidad de sus bases culturales, debido a la ausencia de consensos básicos, y a debilidades de la cohesión, unidad y dirección societal, debida a la relativa ausencia de un fuerte poder estatal. Se ha insistido mucho en el carácter consensual de la transición chilena. Lo cierto es que lo que primó fue la ausencia de debate sobre los grandes temas que definen la sociedad y las bases fundacionales de la democracia, compensado sólo por la ilusión del consenso. Éste, sólo existió, en realidad, para terminar con la dictadura. Lo que hubo después fueron acuerdos circunstanciales o concretos entre gobierno y oposición. Pero no podría, seriamente, llamarse a estos últimos “democracia de consensos”. No hubo real consenso en temas básicos como derechos humanos, Constitución, bases del modelo socioeconómico, organización político-administrativa, papel del Estado, etc.; lo que se explica, por un lado, por el veto de la minoría política de la derecha y los poderes fácticos: organizaciones empresariales, grupos económicos que controlan los medios de comunicación, las mismas Fuerzas Armadas hasta comienzos de la década del 2000, el Poder Judicial. Por otro lado, porque no hubo debate sobre los temas cruciales o este debate fue ahogado por las exigencias de estabilidad económica o política. Por último, porque siguió existiendo un trauma del disenso, el conflicto y la confrontación, a los que se demonizaba o patologizaba. Y esta política tuvo como efecto la proyección de la imagen pública de que concertación y oposición eran lo mismo, que todos son iguales y que todo se negocia instrumentalmente, con lo que se confirmaba la percepción de la política como puro juego de elites, aumentando la distancia de la gente, especialmente de los jóvenes con la política. Así, la Concertación fue sin duda extremadamente exitosa. En primer lugar, electoralmente, ganando todas las elecciones parlamentarias, municipales y presidenciales (con la excepción de la primera vuelta presidencial de 2005, en la que la

candidata Bachelet obtuvo menos votación que la suma de los dos candidatos de la derecha, aunque este resultado se revirtió en la segunda vuelta) y de la elección de alcaldes en 2009, antes de ser vencida en las elecciones presidenciales de 2010. En segundo lugar, en la administración del gobierno, tanto en lo que se refiere a indicadores de crecimiento y desarrollo económico, como los de tipo social, con una tendencia sostenida a la superación de la pobreza, como en los de infraestructura y modernización, e integración mundial (pese a una debilidad en la dimensión latinoamericana que sólo más tardíamente intentó corregirse) Pero el término de la transición no significó que, junto a gobiernos plenamente democráticos, el régimen político y la sociedad hubieran alcanzado la democracia propiamente tal. Se trató de una transición incompleta que dio origen a una democracia restringida, cuyos defectos de origen sólo lograron superarse parcialmente. Los dos grandes déficit del período de la Concertación, son, por un lado, la institucionalidad política cuyo eje es la Constitución y que permite el veto del sector civil de apoyo de la dictadura, la derecha política, y un modelo económico intrínsecamente desigualitario que impide la labor redistributiva del Estado. Nuestra hipótesis es que las razones de esta democratización incompleta se encuentran principalmente en la férrea defensa que hizo la derecha opositora a cualquier cambio fundamental en la institucionalidad y en el modelo socio-económico, para lo que contaba durante largo tiempo con mayoría en el Senado y con un sistema electoral y de quórum legislativo que le aseguraba un poder de veto. A ello hay que agregarle el papel de los medios de comunicación y de poderes fácticos de jure, como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y las mismas FFAA hasta el 2003. Pero hay también una responsabilidad en los gobiernos de la Concertación y en la misma coalición. Podemos señalar tres aspectos. Uno es lo que hemos llamado “la trampa del éxito”, es decir, la percepción de que al hacerlo bien en una serie de materias que hemos enumerado, era mejor, para evitar riesgos electorales, no intentar resolver o resolver parcialmente temas que podrían generar o una radicalización de la oposición o debates internos que atentaran contra la unidad de la coalición.

El segundo es el sesgo ideológico respecto del modelo socio-económico, con una tensión permanente entre la orientación discursiva de corte más social demócrata y una dirección económica de corte liberal. De la crítica radical en los 80, al punto de colocarlo al mismo nivel de perversión del régimen político, se pasó a una crítica parcial a sus efectos desigualadores, sin entender que, como dijo la OECD respecto de la educación, el modelo neo-liberal (al que se le dejó de llamar así) estaba construido para generar desigualdades y suprimir el papel del Estado, es decir, éstos no eran meros efectos sino objetivos buscados, por lo que su sola corrección, como efectivamente hicieron los gobiernos de la Concertación, podría morigerar pero no superar estos rasgos intrínsecos. Por último, una defectuosa relación partidos-gobierno, de la que ambos son responsables, que llevó a la ausencia del debate y diálogo que respetara la lógica de cada cual y que permitiera a los partidos elaborar sus propias visiones para luego concordar con los gobiernos. Si hubo una lógica predominante, ella no fue ni la propia de los partidos ni la del diálogo gobierno-partidos, sino la estrictamente gubernamental. Porque, en general, desde los gobiernos se clausuró el debate de la Concertación, exigiendo lealtad a todas las medidas se hubieran o no, consensuado entre ambos. A su vez, desde la Concertación no existieron las estructuras de elaboración y diálogos transversales, como existieron en la época de conformación de la alianza durante la dictadura que pudieran elaborar y debatir visiones y proyectos, para que luego las instancias políticas de los partidos, de la Concertación y del gobierno tomaran las decisiones. La herencia no superada: desigualdad e institucionalidad política. La sociedad de los gobiernos democráticos concertacionistas estaba atada a la sociedad de la dictadura por dos cadenas o enclaves: por un lado, el modelo socio económico o modelo neo-liberal, con papel hegemónico del mercado en los diversos ámbitos de la vida social y rol subsidiario del Estado y profunda desigualdad estructural, y, por otro, el modelo político institucional, expresado, principal aunque no exclusivamente, en la Constitución de 1980 y cuya razón última era impedir cambios significativos en el modelo socio económico. La desigualdad, principalmente expresada a través de la concentración y distribución de ingresos, junto al papel predomi-

Nuestra hipótesis es que las razones de esta democratización incompleta se encuentran principalmente en la férrea defensa que hizo la derecha opositora a cualquier cambio fundamental en la institucionalidad y en el modelo socio-económico, para lo que contaba durante largo tiempo con mayoría en el Senado y con un sistema electoral y de quórum legislativo que le aseguraba un poder de veto.

nante del mercado y un Estado debilitado y subsidiario constituyen las dos herencias principales en el plano socioeconómico del modelo neoliberal implantado bajo la dictadura militar. Chile era el segundo países de América Latina en igualdad de distribución de ingreso a comienzos de la década del setenta y el segundo en desigualdad en los noventa. La alta desigualdad es resultado principalmente del empeoramiento de la distribución desde el momento de los ajustes a mediados de la década del 70.

Y esta desigualdad constitutiva del modelo socioeconómico estaba respaldada por el modelo político heredado. En efecto, como hemos indicado, la transición desde la dictadura de Pinochet desencadenada con el plebiscito de 1988, dio como resultado una democracia incompleta, pues su institucionalidad fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima y vigencia de libertades públicas, pero difícilmente el régimen institucional podría ser calificado como democrático.

Según datos corroborados por la CEPAL, en el año 2006, Chile se encontraba entre los países con altos niveles de concentración del ingreso, manteniéndose “entre el grupo de países con alta concentración de ingreso entre 1990-1992” (CEPAL, 2006). Por su parte, en la investigación encargada por el Consejo Presidencial para el Trabajo y Equidad creado por el gobierno de Michelle Bachelet, se señala que, según varios coeficientes, Chile es uno de los países con peor desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina e incluso del mundo. Según el coeficiente de Gini estimado, Chile ocupaba el lugar decimotercero en la peor distribución del ingreso entre 40 países medidos.

Es cierto que esta afirmación contradice la ilusión sobre la democracia chilena expresada en los diversos rankings internacionales y calificada, por muchos, de transición ejemplar. Ello porque el rasgo básico de la democratización política chilena sería una tensión entre, por un lado, la herencia de un marco socio-económico e institucional que da lugar a los aspectos deficitarios de la democracia y de su desempeño y, por otro, la existencia inédita de una sólida coalición política, la Concertación de Partidos por la Democracia que explicaría, sobre todo, los aspectos positivos. En dicha tensión juega un papel central la Constitución política impuesta por la dictadura en 1980 en un plebiscito fraudulento. Estamos en presencia del único caso en el mundo de una Constitución dictada bajo una dictadura militar que rige en un régimen democrático.

Pese a la disminución dramática de la pobreza heredada de la dictadura, desde cerca del 40% a un 15%, durante los gobiernos de la Concertación, los datos empíricos evidencian que en el periodo concertacionista la desigualdad relativa de la distribución del ingreso por quintiles no varió significativamente. Y esta desigualdad se reproduce en todos los campos de la vida social como la educación, la salud, el sistema previsional y también al campo de la participación política. Si bien el tema atravesó muchos debates de la Concertación e incluso en la campaña de la primera vuelta de Ricardo Lagos se apeló significativamente a ello, predominó la visión de la igualdad de oportunidades o de la equidad que llevaba a políticas focalizadas de corrección del mercado, subsidios o aumento del gasto social pero sin reformas estructurales redistributivas.

El núcleo básico de la Constitución era generar un sistema político que garantizara un empate en el Congreso entre las fuerzas herederas de la dictadura y las fuerzas democráticas, a través del sistema electoral binominal, y un poder de veto de la minoría a través de leyes de quórums calificados. Esta fórmula que permite la imposición de la voluntad de la minoría, contraria a todo principio democrático, garantizaba la intangibilidad del modelo económico social y del propio sistema político. Este núcleo constitucional fue defendido cerradamente por la derecha que se opuso a todos los intentos de cambio del sistema electoral y de otros principios

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Brisas 2, Jorge Dรกvalos, acuarela, 2011.

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consagrados en ella. Las negociaciones llevadas a cabo para lograr cambios constitucionales culminaron en el gobierno de Lagos en 2005, con una reforma que no eliminó ni reemplazó este núcleo. Aunque senadores nominados y vitalicios fueron suprimidos al igual que el papel tutelar de las fuerzas armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional, y otros aspectos fueron también derogados, la reforma de Lagos no se pronunció sobre el sistema de elección binominal, aunque lo bajó de rango constitucional a ley de quórum calificado. Pero, como indicáramos, lo más grave al respecto es que al cambiar la firma de Pinochet por la de Lagos, quien proclamó la inauguración de una nueva Constitución, se clausuró el debate constitucional sin que el pueblo chileno pudiera tener un verdadero “momento constitucional”. En síntesis, el proyecto de la Concertación se agotó sin que hubiera culminado o se hubiera completado. Y ese proyecto era la democratización del país. Si bien se conquistó una democracia política y se terminó con la dictadura y se corrigió un modelo económico, no se dio el salto a la época del bicentenario: no se superó la institucionalidad heredada ni el modelo de desigualdad. Y si no se hizo, fue en parte importante por la resistencia de la derecha y también, en parte, por fallas de la propia Concertación que llevaron a descuidar el proyecto y a privilegiar la disputa interna por posiciones del poder, con lo que se fue descuidando el estilo y generando descontento y distanciamiento sin un proyecto alternativo. Nada de lo anterior impide reconocer que, en un balance general, el mayor aporte de la democratización chilena en perspectiva comparada fue la Concertación de Partidos por la Democracia, es decir, la coalición de centro e izquierda que expresaba todo el aprendizaje de lo que había sido la política chilena antes de la dictadura y en la lucha contra ella. La transformación de la política A lo largo de este período, la política experimenta dos grandes cambios en relación al modelo clásico predominante en el siglo XX. Por un lado, en Chile, a diferencia de otros países de América Latina, se mantuvo vigente durante las dictaduras, en los procesos de democratización y en el nuevo régimen democrático, un sustrato político cultural o paradigma en el que se enmarcaban los comportamientos sociopolíticos y a los que nos hemos referido en otra parte de este trabajo. Durante la

dictadura, este sustrato se mantuvo pero a él se agregó otro componente que fue la división autoritarismo-democracia. De modo que durante todo el período democrático se ha mantenido este paradigma o sustrato compuesto, por un lado, por una identificación política clásica con la derecha, centro e izquierda y los partidos que la expresan y, por otro lado, por el juicio frente a la dictadura expresado en el plebiscito de 1988 (el SI y el NO). En la década del 90 se produce un primer cambio en el modo como opera este sustrato en la medida que deja de ser el referente para todos los ámbitos de la vida social y se reduce al ámbito estrictamente político, donde sigue siendo el referente principal. Es decir, la política deja de ser el eje vertebrador de toda acción colectiva, aunque, a diferencia de otros países, hay un sustrato político, cultural que sigue siendo clave en el sistema político propiamente dicho, es decir, en las elecciones. Por otro lado, ello se expresa en el doble sistema de partidos vigente en los veinte años de democracia. Se trata, a la vez, de un sistema bipartidario, reforzado además a través del sistema binominal, que reproduce el conflicto autoritarismo-democracia. Pero también existe la reproducción de un sistema multipartidario (dos partidos en la derecha, un partido o dos de centro, dos partidos de centro izquierda, y además un partido, el PC, y otras fuerzas de izquierda fuera de la Concertación y que han sido excluidos del sistema político, al menos hasta la última elección parlamentaria, o no cuentan con la representación proporcional a su fuerza electoral y social). En el último tiempo se ha producido, además, la escisión de partidos de la Concertación que ha llevado a la creación de pequeñas fuerzas partidarias de futuro incierto. Es probablemente la convergencia de ambos aspectos los que están en la base de la dificultad de renovación de la política y de emergencia de un nuevo paradigma de la acción social a la que nos referiremos más adelante, en la medida que, junto a los procesos de individualización, los actores sociales clásicos no se sienten expresados en partidos encerrados en un sistema político congelado y los actores sociales nuevos no pueden transformarse efectivamente en los nuevos sujetos políticos. Las elecciones de 2010 y el ascenso de un gobierno de derecha Con las elecciones presidenciales de enero de 2010 y el triunfo de la coalición opo-

sitora de derecha, se cierra la época de los gobiernos de la Concertación. Pero el ciclo político iniciado en 1990 se había agotado antes, en la medida que, a pesar de los grandes avances y transformaciones introducidas en la sociedad, la Concertación no había logrado completar su proyecto democratizador (institucionalidad y modelo económico heredado) y tampoco había sido capaz de generar otro proyecto que permitiera el salto a la sociedad del bicentenario. Ello se expresó en que la elección presidencial de la primera vuelta se dio en el mismo escenario del plebiscito de 1988, excepto para el campo electoral de la Concertación que estuvo dividido entre el candidato oficial y un candidato que, sin un proyecto alternativo claro, expresaba el descontento a una política que se consideraba desgastada. La recuperación de este electorado no alcanzó a completarse en la segunda vuelta y las cifras ratifican que la elección, más que ganada por la derecha, fue perdida por la Concertación, en la medida que la primera no aumentó significativamente su votación respecto de elecciones precedentes. Los cambios que había experimentado la sociedad chilena bajo los gobiernos de la Concertación no se reflejaron sino marginalmente en el comportamiento electoral, pero ese margen fue suficiente para producir un cambio político profundo. Como hemos dicho, este cambio marginal en el electorado puede ser explicado a partir del surgimiento de un nuevo paradigma de comportamiento socio-político que, si bien reducido, penetra a un cierto sector de la población y permea también a capas que, sin sustituir el antiguo paradigma o sustrato tradicional o clásico, lo altera o contamina parcialmente, debilitándolo. Este nuevo paradigma está vinculado al proceso de descomposición de la clase media y su reemplazo por una multiplicidad de estratos y grupos de alta movilidad que piensan sus vidas, no a partir de estructuras, proyectos e instituciones, sino de oportunidades individuales y sus capacidades personales. Ello está relacionado con el fenómeno de descategorización (la pertenencia a un categoría social deja de fijar las orientaciones y pautas de conducta), desolidarización (pérdida de identificación con causas y grupos o personas más allá del entorno cercano) e individualismo (los otros vistos no como sujetos con sus propios proyectos, sino en referencia a un proyecto individual). La sociedad o el país es un puro espacio de oportunidades, por lo que no interesa cambiarlo o transformarlo en lo que no sea la satisfacción de las necesidades y aspiraciones propias.

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Mamy, Jorge Dávalos, acuarela, 2004.

Así, la política pierde su sentido de visión general e instrumento de transformación (o conservación) y pasa a ser juzgada por su capacidad de satisfacer las demandas particulares, pero también con un criterio de utilidad o eficacia, o de estándares mediáticos y de éxito. Para este nuevo paradigma no importan criterios que fueron tan significativos en las clases medias chilenas, como su rechazo a la oligarquía y a la plutocracia o a la excesiva riqueza; y los gobiernos pasan a ser juzgados, no por sus proyectos, sino por su gestión. Insistamos que este nuevo paradigma no es el predominante, sino que se instala en determinados sectores generando un electorado, minoritario pero significativo, que en elecciones a dos bandos define una elección. Si estuviéramos en presencia de un paradigma nuevo generalizado, no podría entenderse la estabilidad de las votaciones en el actual padrón electoral. La incorporación masiva de nuevos electores con la inscripción automática, en el caso de producirse, mostrará hasta qué punto se hace predominante el nuevo paradigma o prevalece el sustrato político cultural clásico.

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Pero sería un error pensar que sólo hay la emergencia de un nuevo paradigma de la acción política. También en el sustrato clásico, que predomina en la inmensa mayoría de los chilenos y que muestra a la sociedad dividida en dos bandos, cristaliza un cierto clima de descontento con la política, en parte por frustración de expectativas, en parte por el modo como los medios de comunicación desprestigian la política, en parte por problemas derivados del comportamiento de la clase política y en parte, también, por contaminación con elementos del nuevo paradigma. Aquí no hay nuevo paradigma, ni rechazo de la política en sí misma, sino crítica a los mismos actores con que se identifican los votantes del sustrato tradicional. Los nuevos proyectos políticos Quizás el efecto más importante del surgimiento de este nuevo paradigma, mayor que el electoral, es que él constituye la visión que el presidente electo ha querido imponer en la derecha y en la sociedad chilena. La idea de una política que supera temas del pasado y que rechaza divi-

siones ideológicas, no sólo es funcional a este nuevo paradigma, sino también a la necesidad de distanciarse del sustrato político predominante en la derecha (el legado del autoritarismo y que lo expresa la UDI). Lo que intenta Piñera es el fin de la política y su reemplazo por la gestión de gobierno. Pero, reconocer la existencia de esta propuesta no significa que ya es una tendencia consolidada; no hay nada en el electorado básico de la derecha que permita afirmarlo, es una apuesta de quien no es expresión de su sustrato político sino sólo de una de sus vertientes. Recordemos que la derecha chilena históricamente tiene una impronta autoritaria y otra oligárquica o plutocrática. Piñera no se identifica con la primera, aunque sí con la segunda. De modo que, en el gobierno de derecha triunfante en las elecciones de 2010, hay una pugna permanente entre las fuerzas más ligadas al pasado autoritario que constituyen la mayoría parlamentaria de la coalición, que gobierna desde marzo del 2010, y el presidente que busca imponer su idea de un gobierno más amplio que no retroceda en los avances democráticos hechos por la Concertación, sino que, como lo afirmara

en su campaña, “lo haga mejor”. Ello haría triunfar el paradigma del fin de la política, lo que parece improbable. Desde el punto de vista de la oposición al gobierno de Piñera, lo que ha estado en cuestión es la capacidad de constituir una fuerza que exprese al sustrato de la gran mayoría sociológica de centro izquierda del país (al menos el 55% del electorado, como lo mostró la primera vuelta presidencial). Esto implica tres cuestiones. En primer lugar, reconstituir un proyecto ideológico-político que exprese a esta mayoría sociológica. En segundo lugar, está la cuestión de los actores políticos que encarnen este proyecto, lo que tiene que ver con el futuro de la Concertación. En tercer lugar, y éste es un hecho inédito en el período democrático, todo ello debe hacerse desde la oposición al gobierno. En relación a un proyecto que exprese un horizonte de centro e izquierda, lo primero es reconocer lo que hemos señalado respecto al carácter incompleto del proyecto democratizador de la Concertación en los dos puntos ya mencionados: nueva institucionalidad y generación de un nuevo modelo de desarrollo productivo y redistributivo que ponga a la igualdad como el eje central. Pero la formulación de un nuevo proyecto que incorpore estas metas no realizadas, enfrenta hoy un dilema sobre cómo se concibe un proyecto político que debe ser fundado o refundado. Una primera manera de pensar un proyecto es cómo se satisfacen las necesidades e intereses de individuos y grupos sociales o los pisos mínimos para todos. Y para eso se hacen encuestas y se establecen una serie de medidas que hay que exigir a un gobierno y para las cuales hay que elaborar un conjunto de propuestas programáticas, con lo que necesariamente la política se remite a una cuestión de gobierno y tecnocracia. La otra, es pensar a partir de una crítica a la sociedad, donde la política tiene la misión de cambiar la sociedad. Una crítica a la sociedad, más allá de una crítica a la gestión y a la actividad política, enfrenta, a su vez, dos problemas. Primero, desde dónde se hace, a partir de qué teoría o visión de ella, cuando hoy no existen teorías críticas que permitan pensar utopías a partir de un eje central (como eran el socialismo desde la izquierda, o el neo-liberalismo desde la derecha, o incluso la democracia desde el centro y la izquierda en épocas dictatoriales). Segundo, el nuevo paradigma de la política que busca imponerse encuentra eco en una población en la que grandes sectores no quieren cambiar la sociedad, les gusta

como es y sólo quisieran acceder a todos los bienes que ofrece, sin importarles el sentido general de la vida en comunidad política. De modo que, la primera cuestión a resolver es en torno a qué idea central e irrenunciable se piensa una propuesta de centro e izquierda. Para ilustrar, pensemos en la similitud —no de contenido sino de situación— con lo que fue la experiencia original de la Concertación y, más aún, de la renovación socialista, cuyo producto final fue la Concertación. Se trataba de resolver, a la vez, la cuestión de un proyecto para el campo de la oposición a la dictadura y de unificar y reestructurar una oposición política dispersa. La idea de democracia y de su transición surgió como la idea central unificadora en torno a la cual se llevó a cabo el proceso propiamente de reorganización partidaria. El surgimiento y desarrollo del proyecto de la Concertación fue paralelo a la recomposición de los partidos y renovación de su liderazgo. Se trató de un proceso complejo y, si uno mira el modo cómo se han constituido los proyectos políticos en Chile, encontrará similitudes: confluencia de actores y partidos políticos que deben comenzar procesos internos de recomposición, a veces de divisiones, a veces reunificaciones, generación de nuevos referentes, junto con la generación de múltiples espacios de encuentros, investigaciones, foros y —ahora indispensable— de comunicación mediática. Se trata de un proceso de movilización de ideas y debates en todos los niveles, como ocurrió en la década del ochenta en situaciones más difíciles pero quizás más propicias por lo acuciante y la épica del momento. Es evidente que en el campo de centro izquierda existen sensibilidades e ideas que combinan las clásicas utopías de igualdad, libertad y solidaridad, y que su referencia tiende a ser la social-democracia. Pero también es cierto que todo ello no ha cristalizado aún en una nueva idea central que dé sentido a la diversidad de propuestas con que hay que enfrentar la vida política diaria y las demandas de la gente. Porque un proyecto está hecho tanto de

ideas que exigen un masa crítica de elaboración y debate, como de aspiraciones a las que responder, al que hay que construirles un relato que les dé sentido colectivo, lo que remite a la capacidad de representación, la que, a su vez, refiere a las reformas políticas y a los actores políticos. Actores políticos y el futuro de la centroizquierda en un escenario de oposición El campo político que expresa al espectro sociológico del centro y la izquierda en Chile, ha estado ocupado en más de veinte años por la coalición gubernamental de centro-izquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia (conformada por la Democracia Cristiana, Partido Radical Social Demócrata, Partido Socialista y Partido por la Democracia), el Partido Comunista —eje de la coalición Juntos Podemos— y otros partidos de izquierda, como el Humanista. También podría considerarse parte de este campo, desde el centro, al Partido Regionalista Independiente y, más a la izquierda, la mayor parte de los sectores que apoyaron la candidatura de Marcos Enriquez-Ominami, aunque no se sabe aún de su permanencia como referente orgánico. A lo que hay que agregar una enorme cantidad de actores sociales y personas independientes que se definen de centro o izquierda Sin duda que el actor político central de este campo y también del país ha sido la Concertación. Pero, el hecho de que sus dos ejes básicos —la lucha contra la dictadura y los gobiernos democráticos que encabezó— pertenescan al pasado, hace surgir la duda sobre su futuro. Para algunos, el hecho de la desaparición de estos dos ejes permite afirmar que la Concertación ha muerto. Para otros, se trata de renovarla a partir de la oposición a Piñera y al pacto parlamentario. Unos hablan de refundación y otros de su ampliación a nuevas fuerzas. Lo que está en juego, a nuestro juicio, es la constitución política del campo sociológico del centro e izquierda. Sectores que apoyaron a Marco Enriquez-Ominami apuntan a crear un nuevo referente par-

tidario que se constituya en el nuevo eje de este campo. La candidatura de Jorge Arrate y Juntos Podemos apuntaron a reconstituir el eje clásico de la izquierda clásica como primer paso para una alianza más amplia. En la Concertación no ha habido explícitamente una definición de cómo actuarán en el nuevo escenario político, las tendencias principales son buscar la renovación interna de los liderazgos partidarios considerados fracasados por la última elección presidencial y parlamentaria, y también, en algunos casos, constituir un referente generacional que, además de ocuparse de sus propios partidos, asuma la refundación de la Concertación sin que esté explícito cuáles serían sus componentes. En el último tiempo ha habido importantes acercamientos entre el Partido comunista y sectores de la Concertación, no sólo electorales sino en la perspectiva de un próximo gobierno. Un nuevo proyecto para el centro y la izquierda debe elaborarse en forma transversal, a través de múltiples instancias en que participan los actuales partidos, los nuevos referentes que se constituyan, con presencia de actores sociales y el mundo cultural e intelectual. Políticamente, es posible pensar en un espacio de geometría variable, con alianzas y subalianzas, en que cada sector se sienta cómodo. No pareciera adecuado prescindir de la existencia de la Concertación. Sigue siendo el sector mayoritario política, institucional y socialmente (al menos la suma de los partidos) del campo de centro izquierda, y tiene una fuerza sociológica superior quizás a su prestigio político. Es el conglomerado que tiene mayor diversidad ideológica, en la medida que incorpora también a los sectores progresistas social cristianos. Es cierto que éste es un elemento que produce reacción negativa en determinados ámbitos de la izquierda, pero si el mundo social cristiano quedara fuera del campo político de la centro-izquierda, su electorado sería presa de la cooptación de derecha. Del mismo modo que, si la izquierda clásica y nuevos referentes de izquierda neo-modernos (parece discutible el término post moderno) deben tener su espacio en la fuerza de centro izquierda, también lo debe tener el progresismo de origen cristiano. Dicho de otra manera, la construcción de una fuerza política de centro-izquierda tiene varios ejes, uno de los cuales, y solo uno de ellos, aunque para algunos imprescindible, es la Concertación, por lo que la renovación de sus partidos y su refundación deben hacerse en esta perspectiva.

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La relaciones entre política y sociedad. ¿Hacia una refundación? Pero no basta con pensar solo en la reorganización político partidaria porque estamos frente a una mutación fundamental. La gran cuestión que se plantearon las sociedades latinoamericanas simultáneamente con las transiciones, o después de las transiciones a la democracia, fue cómo se reconstituían las relaciones entre Estado y sociedad habiéndose derrumbado la que se estableció a comienzos o mediados del siglo XX, según los países. En efecto, las radicalizaciones y polarizaciones de los 60, la percepción del agotamiento del modelo de desarrollo hacia adentro o industrialización sustitutiva de importaciones con fuerte participación del Estado, la implantación en diversos grados del modelo neo-liberal y los procesos de globalización, desarticularon las relaciones entre Estado y sociedad caracterizadas por el predominio de la política en la constitución de los actores sociales y por el papel central del Estado como referente de la acción colectiva. En algunos casos la política era de tipo más personalizada y de relación directa del líder o caudillo con el pueblo, y en otros casos, ella era más institucionalizada a través de la articulación de los partidos con las organizaciones sociales. El caso chileno, como hemos indicado muchas veces, correspondía al segundo modelo, es decir, a una imbricación entre partidos y movimientos sociales, como lo muestran el movimiento sindical, estudiantil y campesino, cuyas elecciones de dirigentes seguían el patrón de las orientaciones o militancias partidarias, y como lo han mostrado diversas investigaciones sobre el papel de los regidores y parlamentarios y su articulación. Los partidos llegaron así a ser mucho más que organizaciones políticas parciales o instrumentales, y adquirieron el significado de verdaderas sub-culturas y fuentes de identidad personal y colectiva. En esto no cabe ver manipulación de uno u otro lado, sino complementación mutua a la vez y escasa autonomía de ambos. Sin duda, era en el campo de la derecha donde la sociedad civil era más fuerte que su sistema partidario, en la medida que tenía sus empresas un sistema educacional y mediático más ligado a las posiciones de clase que al Estado y a los partidos, como ocurría en el campo de la centro-izquierda. Pero, lo cierto era que los problemas fundamentales pasaban por la política y el sistema de partidos,y que lo que ocurría en estos

era relevante para la sociedad. Lo que no quita que hubiera una masa relativamente importante de gente, el independentismo, que vivían al margen de la política, pero que en los momentos necesarios se sentían interpretados por las opciones que se tomaban por parte del sistema imbricado de partidos y movimientos sociales que atravesaba la sociedad. Con los fenómenos mencionados más arriba, que afectaron distintamente a los países latinoamericanos, esta matriz clásica de relación política y sociedad que encontraba en la política, para grandes sectores sociales, la vía de acceso a los bienes y servicios del Estado, y también la fuente de sentido para proyectos en los que se enmarcaban otros proyectos individuales, se fue resquebrajando. En muchas partes llegó a su término dejando, como hemos dicho, la gran tarea de reconstruir las relaciones entre Estado, política y sociedad, que en algunos casos adquirieron las formas dramáticas de refundación de los Estados nacionales, y en casi todas se expresaron en asambleas constituyentes. Estos procesos de reconstrucción en grueso siguieron tres líneas principales, aunque obviamente se combinaban en los diversos casos con predominio de una u otra. Por un lado, era desde la política, en sus versiones populista-personalizada o partidista-institucional, que se reconstruían las relaciones entre Estado y sociedad y se constituían los sujetos sociales y políticos. Por otro, era desde la sociedad misma en sus versiones de comunidad étnica o de la variedad de la sociedad civil. Por último, desde un componente tecnocrático que combinaba mercado con un Estado de políticas públicas focalizadas. Chile, de acuerdo a su historia, siguió el modelo político partidario expresado en los gobiernos de la Concertación. Los cambios experimentados por la sociedad chilena bajo estos gobiernos significaron el surgimiento de nuevos paradigmas de comportamiento socio-políticos, que permearon diversas capas de la población y en algunos casos, sustituyeron el paradigma o sustrato clásico que hemos descrito como de imbricación entre lo político-partidario y lo social-cultural. Como hemos dicho, en la década del noventa se produce un primer cambio en el modo como opera este sustrato, que deja de ser el referente para todos los ámbitos de la vida social y se reduce al ámbito estrictamente político, siendo solo ahí el referente principal. En los últimos años de la década del 2000, incluso en el ámbito político, este paradigma de acción pierde su vigencia para ciertos sectores.

Los nuevos paradigmas siguen tres rutas diferentes, que pueden entremezclarse en los diversos actores sociales, los que convergieron en las movilizaciones de 2011. Las dos primeras están vinculadas al proceso de descomposición de la clase media y su reemplazo por una multiplicidad de estratos y grupos de alta movilidad —adquirida en gran parte gracias al endeudamiento o a la expansión educativa—, que piensan sus vidas, no a partir de estructuras, proyectos e instituciones, sino de oportunidades individuales y sus capacidades personales. Para el primer paradigma que hemos mencionado, en el que la sociedad o el país es un puro espacio de oportunidades, el sello de los comportamientos colectivos es el descontento frente a demandas insatisfechas o promesas no cumplidas. No hay una crítica al modelo socio-económico y político, sino a sus efectos en las personas individuales. La crítica a la política es una solo retórica de ese descontento. Si el primer paradigma encuentra su razón última en el consumo, el segundo tiene como fundamento, a partir de los mismos fenómenos sociológicos y de la

misma base individual, una cierta idea de ciudadanía que consiste en la propiedad de derechos que cada uno debe defender. Aquí se cuestiona el modelo socioeconómico y político y se apunta a instituciones que garanticen los derechos de todos sin discriminaciones ni diferencias groseras, pero no se busca la transformación de la sociedad sino la exigencia de “mis” derechos y la lucha por ellos, solo o con el que quiera acompañarme. Es lo que se ha llamado el empoderamiento ciudadano que va acompañado de una fuerte crítica a la clase política por inútil, por no escuchar a la ciudadanía o, simplemente, por corrupta. El tercer paradigma es el del proyecto propio de los movimientos sociales, que sin duda tiene también componentes del primero y segundo, pero que apunta a un cambio de la sociedad no sólo a partir de un descontento o reclamo individual, sino de una visión de una sociedad mejor, o al menos de una parte de ella cuando el movimiento es sectorial. Aquí lo que importa es la acción colectiva orientada al conjunto de la sociedad más que los intereses individuales o sectoriales. De algún modo

este fue el campo privilegiado del paradigma clásico representado por la imbricación partido-movimiento. Rota esa vinculación, el movimiento toma a su cargo la propia tarea política. Más que utilizar la clase política como en el primer paradigma, o reemplazarla por la gente o el poder ciudadano, como en el segundo, trata de asumir tareas que ella cumplió en otra época pero que ya no tiene la capacidad de hacer y, en algunos casos, de renovar. Hay una crítica no a la política o a la clase política en sí mismas, como en los otros paradigmas, sino a su falta de proyecto y de renovación. Las movilizaciones de 2011 implicaron la convergencia en cierto momento de todos estos paradigmas que luego siguieron sus propias dinámicas. Lo que quedó claro es que la fórmula clásica de imbricación entre política partidaria y organización social ya no era el principio constitutivo predominante de los actores y sujetos sociales, y que quedaba por delante la refundación de las relaciones Estado, política y sociedad. Desde la política se ha intentado resolver esta cuestión a través de los llamados a

Sin título, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2011.

Lo que hoy día ocurre es que, para la nueva problemática que se abre y que ha sido puesta en evidencia por las movilizaciones sociales, no hay un sujeto político constituido y que éste ya no podrá ser solo partidario, al menos en su gestación, porque los partidos ya no expresan esa mayoría social.

nuevos referentes, creación de nuevos bloques o alianzas, incluso de nuevos partidos, especial, aunque no exclusivamente en torno a la vigencia, ampliación o término de la Concertación. También hay quienes buscan una solución a través del mejoramiento de la calidad de la política o de la renovación y configuración de nuevos liderazgos. Sin dejar de reconocer la importancia y, en algunos casos, la imprescindibilidad, de estas cuestiones, ellas están muy lejos del meollo del asunto y, muchas veces desconocen, más allá de las declaraciones, que es la política misma la que está en cuestión y que no basta con resolver sus problemas internos para responder a una crisis muy profunda en la constitución de los actores sociales. Desde el lado de la sociedad parecen haber básicamente dos posiciones. Por un lado, la interpretación de que estamos frente a una mera crisis de descontento por demandas no satisfechas o de expansión de clases medias, se salta la cuestión política y la crítica radical al modelo socioeconómico y político y plantea su expansión y mayor capacidad de inclusión. Por otro, desde una perspectiva más cercana al movimiento social y con base en la tesis errónea de que los actores sociales en Chile fueron siempre traicionados o cooptados por la esfera político-institucional como si no hubiera existido la imbricación que hemos mencionado, algunos plantean que lo que cabe es reemplazar la clase política por el movimiento social, el que por sí mismo debiera dar origen a un nuevo actor político.

Si todos estos planteamientos tienen elementos a considerar, cada uno de ellos, por separado, puede agravar la ruptura entre lo política y lo social hasta el límite del colapso social. Hay que recordar que la relación entre ambas dimensiones se constituye en torno a una determinada problemática histórica y tiene un tiempo largo de gestación y maduración. Estamos frente a uno de ellos. ¿De qué problemática se trata? Como hemos indicado, a nuestro juicio, las grandes transformaciones que promovió el proyecto democratizador de la Concertación no fueron suficientes para superar el modelo económico social, una de cuyas bases es el modelo educacional y el modelo o sistema político (constituido en un empate que garantiza la mantención del modelo económico-social) heredados de la dictadura, por lo que la sociedad chilena quedó amarrada a su pasado a través de esos dos grilletes. De modo que, para pasar de la sociedad post pinochetista a la sociedad democrática o del bicentenario, se necesita un nuevo sujeto —o, lo que es lo mismo, una nueva relación entre política u sociedad— que ponga como únicas tareas el desamarrar las dos ataduras de la sociedad chilena con el proyecto de la dictadura. Ya hemos dicho que en Chile frente a las diversas problemáticas históricas siempre se constituyeron sujetos políticos (alianza de centro-izquierda para la industrialización, partidos de centro y alianzas de izquierda para las reformas y procesos revolucionarios de los sesenta, la Concertación para salir de la dictadura y asegu-

* Documento preparado para uso exclusivo de las Jornadas de Análisis Político Internacional: Gobierno y Oposición política en América Latina. TSE-SIFDE/ PNUD/IDEA Internacional. Cochabamba, Santa Cruz. La Paz, 1-4 Octubre 2012. Nos hemos basado en diversos otros trabajos de nuestra autoría, principalmente, Fin de ciclo y perspectivas de la centro-izquierda (En Clarisa Hardy, editora, “Ideas para Chile. Aportes de la centro-izquierda. Ediciones LOM, Santiago 2010). La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales (Co-autor con Roberto Garretón. En Revista de Ciencia Política, Santiago, vol.30, No 1/2010, pags 115-148). Sentido, régimen y actores de la política. Cambio, continuidades y perspectivas. (En R. Lagos, editor Cien años de luces y sombras. Taurus, Santiago 2010). Liderazgo de género y

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rar la democracia y sus condiciones sociales y económicas por nombrar algunos), y el rasgo central era que ese sujeto era básicamente partidario porque los partidos y sus alianzas incorporaban al movimiento social. Lo que hoy día ocurre es que, para la nueva problemática que se abre y que ha sido puesta en evidencia por las movilizaciones sociales, no hay un sujeto político constituido y que éste ya no podrá ser solo partidario, al menos en su gestación, porque los partidos ya no expresan esa mayoría social. En este sentido podemos decir que hay dos momentos en la constitución de una nueva relación entre política y sociedad y que pueden tener actores y formas organizacionales distintas. El primero consiste en responder a la problemática inmediata de iniciar la refundación del modelo socio-económico (el educacional y la distribución del ingreso principalmente) y el modelo político (cambio en el sistema electoral pero especialmente nueva constitución). El segundo en organizar una mayoría para generar un nuevo proyecto de sociedad. En síntesis, no es que, por un lado, no haya que hacer re-estructuraciones internas a los partidos, nuevos partidos o mejorar la relación entre ellos, ni tampoco, por otro, abandonar las demandas de la gente y los proyectos de los movimientos sociales, pero todo eso debe ser en función de la construcción de un sujeto sociopolítico que tenga como principal objetivo la superación del modelo heredado a través de una nueva institucionalidad (Constitución), y convierta este objetivo en la opción mayoritaria de la sociedad chilena. Manuel Antonio Garretón Sociólogo y Politólogo Chileno.

fin de un ciclo político en Chile. El gobierno de Michelle Bachelet. (En Isidoro Cheresky, compilador Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina. CLACSO-Prometeo Libros, Buenos Aires, 2011) Las relaciones entre política y sociedad. Hacia una refundación (En Revista Mensaje, Santiago, Edicion Nº 611 Agosto 2012). Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile 1990-2010 (Editorial Arcis-CLACSO, Santiago, 2012). Se terminó de escribir este trabajo durante la estadía del autor en la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge

Meninos de luz, Jorge Dรกvalos, ilustraciรณn, 2012.

La relaciรณn gobierno-oposiciรณn en

Venezuela Notas sobre unas relaciones negadas

Margarita Lรณpez Maya

l régimen político en construcción en Venezuela, conocido por sus promotores como “socialismo del siglo XXI”, niega el principio del pluralismo político con instituciones para el diálogo, las negociaciones y los acuerdos entre actores con diversos y/u opuestos intereses políticos. El régimen parece ajustarse a los requisitos de un “autoritarismo electoral”, concepto señalado por Schedler, que se caracteriza porque mantiene para su legitimidad frecuentes procesos electorales, pero éstos se desarrollan con una concepción plebiscitaria, que empuja permanentemente a la polarización política y fortalece las tendencias autoritarias de quienes disfrutan del poder (Schedler en Álvarez, 2011).

En Venezuela se encuentra en construcción un nuevo Estado, que viene emergiendo de manera paralela al Estado formulado en la Constitución de la República de Venezuela, el llamado Estado Comunal. En él se debilitan varios principios constitucionales que corresponden a la institucionalidad de la democracia liberalrepresentativa, como el sufragio universal directo y secreto, la división e independencia de los poderes públicos, la propiedad privada, la alternancia, la representación proporcional y el pluralismo político. Este proyecto político avanza gracias a una permanente estrategia polarizadora, que mantiene cerradas las posibilidades de visibilizar y/o reconocer espacios donde partidos políticos y otros actores agrupados en alguno de los dos polos políticos confrontados pueden tener una interrelación democrática (Lózada et al., 2011). No obstante, y por lo general fuera de la luz pública, existen espacios sociales o institucionales, donde ocasionalmente el gobierno y las fuerzas opositoras, casi todas hoy en día reunidas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se encuentran y establecen alguna relación. En estas notas, intentaremos presentar características de la relación gobierno y oposición en el segundo gobierno de Hugo Chávez (2007-2013). Nuestro propósito es intentar develar un tema que hasta ahora

Venas, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2004.

En el segundo gobierno de Hugo Chávez (2007-2013) tuvo lugar un complejo juego político, en donde errores cometidos por las fuerzas políticas de oposición en el primer gobierno fueron aprovechados por el oficialismo para profundizar el desequilibrio entre los poderes públicos, y en la práctica subordinar todos ellos al Presidente y su proyecto político. Estas tendencias han debilitado, entre otros, los principios liberales de la libertad y equidad en la competencia electoral. El gobierno utiliza hoy casi sin limitaciones los recursos del Petroestado para el provecho de su parcialidad política y propuesta de país.1 Esto, al combinarse con la lógica plebiscitaria, viene legitimando un paulatino desmantelamiento de instituciones de democracia liberal, a favor de una “democracia revolucionaria” dentro de un inédito

modelo socialista. Este modelo no contempla como iguales a partidos, ni a otras fuerzas sociopolíticas opositoras, que no compartan su proyecto (López Maya y Panzarelli, 2011).

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ha sido evadido y escasamente analizado por los desafíos que comporta para describir con precisión lo que ocurre, tener información fidedigna y caracterizarlo con instrumentos conceptuales. Por ello, más que un texto acabado, presentaremos a continuación una lista de descripciones, ideas y reflexiones que ayuden a comprender el contexto y las características de la relación gobierno-oposición en Venezuela. Las mismas deben considerarse provisionales y abiertas al debate. El proyecto político del segundo gobierno del Presidente Chávez (2007-2013) Las relaciones entre el gobierno de Hugo Chávez y las fuerzas de la oposición en este período presidencial, ocurren en un contexto enmarcado por un proceso de cambios institucionales que se dirigen hacia la cristalización y consolidación de un “Estado Comunal” dentro de un modelo llamado “socialismo del siglo XXI”. Este modelo socialista fue presentado al país por el Presidente Chávez en su campaña electoral de 2006, como una radicalización de la Democracia Participativa y Protagónica aprobada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-la (en adelante CRBV). Sin embargo, a diferencia del Estado que se dibuja en la CRBV, El Estado Comunal no es un Estado liberal, se conforma fuera de los principios básicos de éste. Su base de legitimidad descansa en un “Poder Popular”, que no reside en el ciudadano individual, sino en sujetos colectivos que deciden en asambleas. Las asambleas pueden tener lugar, tanto en territorios (comunidades), como ser de sectores sociales (trabajadores, indígenas, estudiantes, mujeres). El poder popular en el Estado Comunal reside en los colectivos, entre los cuales el gobierno ha venido impulsando consejos comunales y comunas, consejos de trabajadores, estudiantes, mujeres, etc. En el Estado Comunal no hay sufragio universal ni representación que pueda ejercerse con libertad de conciencia. Así ha quedado establecido en las nuevas leyes “socialistas”.2 Conceptualmente hablando, busca legitimarse como una democracia directa, donde en asambleas se toman decisiones y se nombran “voceros” que pasan a la instancia superior donde sólo transmiten las decisiones (ver LOC, 2010 y LOCC, 2009, entre otros). La propuesta de modificar la CRBV, para dejar atrás el régimen de Democracia Participativa y Protagónica y emprender el camino hacia la Democracia Revolucionaria y Protagónica del socialismo del

Murmullos, Jorge Dávalos, acuarela, 2012.

siglo XXI, fue presentada a la Asamblea Nacional (en adelante AN) por el Presidente Chávez poco después de su reelección en diciembre de 2006. En la AN, en ese período conformado en un 100% por la coalición de partidos oficialistas, se complementó la propuesta presidencial para al final presentar a los venezolanos un total de 69 artículos —de los 350 de la CRBV— para ser modificados.3 El referendo popular convocado ese diciembre para aprobar la reforma chavista resultó adverso al oficialismo. De modo que la propuesta fue negada por el voto popular (Lander y López Maya, 2008). No obstante, el Presidente hizo caso omiso del mandato popular y continuó desarrollando institucionalmente aspectos de la reforma que fueron negados. El gobierno de Chávez ha podido seguir adelante en su propuesta pese a haber sido rechazada por los venezolanos a través de varios recursos institucionales y administrativos. Entre los más importantes destaca, por una parte, las Líneas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, mejor conocido como el Primer Proyecto Socialista (PPS), redactado para desarrollar los contenidos nuevos que tendría la CRBV, que no fue corregido por el gobierno para reajustarlo a la institucionalidad vigente, que quedó intacta en su concepción democrática liberal.4 Por el contrario, se siguió implementando este Plan como si los contenidos de la negada reforma constitucional hubiesen

sido aprobados. Otro recurso ha sido que el gobierno interpretó los siguientes procesos electorales, en particular el de referendo de enmienda constitucional, que permitieron la aprobación de la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular, como un plebiscito a favor de su proyecto político socialista. Al triunfar la posición del gobierno en el referendo de enmienda en febrero de 2009, y todavía el chavismo en control casi total de la AN, éste aceleró de nuevo los cambios hacia el Estado Comunal a través de decretos y leyes. Otro recurso de primera importancia es el hecho de que el gobierno ha logrado de manera creciente una importante subordinación del Tribunal Supremo de Justicia a las directrices del Presidente Chávez, mediante recursos a veces de dudosa legalidad, así como prácticas administrativas (ver Álvarez 2003). De esta manera consiguió que dicho Tribunal interpretara a su favor el artículo 345 de la CRBV que taxativamente dice: “La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.” El TSJ convino que si bien no podía presentarse otra vez la reforma, los contenidos de ésta podían aprobarse mediante leyes. Gracias a esta interpretación, desde 2008, pero especialmente entre 2009 y 2010, fueron aprobadas más de una decena de leyes “socialistas” por vía de facultades legislativas extraordinarias

que le confirió dicha AN al Presidente —la llamada ley Habilitante— o por la aprobación en el Legislativo con o sin debate. Hoy en día el soporte jurídico-legal principal del Estado Comunal está casi íntegramente aprobado (López Maya, 2011). El Estado Comunal se aparta de la territorialidad definida en la CRBV. La unidad territorial primaria en él es la “comuna” (LOC, 2010), que agrupa a los consejos comunales. Ellas a su vez van agregándose en federaciones comunales y ciudades comunales o socialistas. Toda organización de las comunidades, para ser reconocida por el Estado, debe articularse a los consejos comunales (CC), y para ello debe ajustarse a los objetivos de éstos, que por ley están definidos como para construir el modelo socialista (LOCC, 2009). Así, consejos comunales y comunas no contemplan pluralismo político en sus espacios más allá de corrientes que el gobierno pudiera eventualmente reconocer como “socialistas”. Si la asamblea de una comunidad no abrazara el socialismo, su CC no será reconocido por el Estado, no pertenecerá a la comuna, y por lo tanto no será receptora de la transferencia de servicios y recursos que contemplan las leyes socialistas. Por otra parte, en estas leyes se reitera que esta nueva estructura puede desconocer el diseño territorial definido en la CRBV, en cuanto que pueden asentarse los CC y comunas en territorios que no obedecen a la división políticoadministrativa de ésta, es decir, los linde-

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ros de municipios y entidades federales. Una diferencia muy importante entre esta nueva territorialidad y la de la CRBV es que en los territorios definidos en la CRBV las autoridades son nombradas por sus comunidades a través del sufragio universal, directo y secreto. En contraste, en la nueva estructura comunal las más altas autoridades dependen y son nombradas por el “Comandante-Presidente”, el nuevo título oficial ahora dado al Presidente de la República, que parece originarse de su carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobado desde 2005 en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2005, art. 40; refor-mada en 2010: art. 7). Los CC y comunas, según las nuevas leyes, tienen prioridad sobre los territorios constitucionales para recibir transferencias de servicios y recursos del gobierno central. De acuerdo a la lógica política emergente del Estado Comunal, una oposición que defendiera los valores de la democracia liberal, no tendría aquí espacios donde desenvolverse. Como tampoco quienes defienden los principios básicos del capitalismo como la propiedad privada y la

Vendedora de ilusiones, Jorge Dávalos, acuarela, 2002.

ganancia en el proceso productivo. Los consejos comunales y las comunas estarán asentadas en la propiedad social y desarrollarán unidades socioproductivas que no contemplan los fines de lucro (LOCC, 2009). Polarización política exacerbada. Ausencia de espacios de diálogo y negociación Correspondiendo con la voluntad política del gobierno de imponer a la sociedad un Estado y régimen político que excluye sectores sociales y actores sociopolíticos que no comparten los ideales socialistas expresados en el proyecto chavista, las relaciones entre el gobierno y la oposición se mueven dentro del estrecho espacio que les deja una estrategia de extrema polarización política, sostenida ahora principalmente por el Presidente, su partido y las instituciones del Estado que crecientemente actúan subordinadas a su voluntad. Por polarización política entendemos un tipo de polarización que, según G. Sartori (1985), se refiere a sistemas de partidos donde las fuerzas tienden a girar en torno a dos o más polos frecuentemente definidos en términos ideológicos. Sartori dis-

tingue el concepto de polarización política del de bipolaridad, que entiende como una polarización moderada, inevitable en los sistemas de partidos y hasta normal, sobre todo en coyunturas electorales y en el debate de algunos asuntos públicos. Pero, habría polarización política cuando los polos “son distantes” y hay una situación de falta de consenso básico (Sartori, 1985, 22-23). En un sistema de partidos polarizado las opiniones están radicalizadas y el sistema adquiere diferencias cualitativas con relación a sistemas de partidos bipolares, pues los sistemas de partidos polarizados son centrífugos, es decir, los actores tienden a alejarse del centro político y las fuerzas son inmoderadas o extremas. En los sistemas bipolares los actores tienden hacia el centro político. En su dimensión psico-social la polarización política se acompaña con una importante carga emocional, que hace que se aceptan a las personas del propio grupo y se rechazan a las del contrario sin matices, y se pierda el sentido común por posiciones intolerantes y rígidas, que sustituyen el diálogo y el debate entre diversas posiciones y puntos de vista (Lózada, 2002). En Venezuela, la polarización política ha pasado por al menos dos etapas. En el primer gobierno del Presidente Chávez, entre 1999 y 2007, la polarización política fue practicada tanto por el gobierno como por las fuerzas sociopolíticas de oposición. Llegó tal estrategia a situaciones extremas que fortalecieron condiciones sociales y políticas para que se estableciera el quiebre de las relaciones de convivencia pacífica en la sociedad. Entre 2002 y 2005, la oposición reunida en una plataforma paraguas conocida como la Coordinadora Democrática (CD), se aventuró por un camino violento para aniquilar al gobierno, percibiéndolo como un enemigo. El golpe de Estado de abril de 2011, el paro general y petrolero de 2002-2003, los cortes de vías tipo “guarimbas” de 2004, e incluso el referendo revocatorio de agosto de ese año y las elecciones parlamentarias de 2005, todas formaron parte de una fase “insurreccional” desarrollada por las fuerzas de la CD, enmarcada por un juego de extrema polarización política y una casi nula posibilidad de relacionamiento entre gobierno y oposición más allá de la violencia (López Maya, 2011). En todas esas confrontaciones el gobierno salió victorioso. En el segundo gobierno de Hugo Chávez, la situación, aunque sigue dominada por la estrategia de polarización política, es sólo practicada de manera continua, extensa y expresa por parte del gobierno. Esto en razón a que la polarización política ha

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Las torpezas, los sectarismos y las estrategias antidemocráticas emprendidas en esos años dejaron a las fuerzas opositoras en una situación de fragmentación, deslegitimación y debilidad suprema en los años finales del primer gobierno del Presidente Chávez.

mostrado con creces que no le conviene a los partidos y fuerzas sociopolíticas opositoras, visto que sólo ha resultado en un fortalecimiento del liderazgo de Chávez y sus propuestas, vis a vis una debilidad significativa de las bases y legitimidad de ellas. A diferencia del primer período de Chávez, cuando la polarización política sirvió para delimitar dos propuestas de país que se presentaron como antagónicas y con fuerzas muy parejas, en este segundo período, la polarización ha sido puesta al servicio de la propuesta de país del Presidente, que en rigor es nueva y bastante diferente al que orientó su primera gestión, pese a que el discurso oficial vincula a ambas. El gobierno consideró, a la luz de los buenos resultados que la polarización política le brindó en el pasado, continuarla en un contexto donde inicialmente las fuerzas opositoras no exhibían ni la fuerza, ni la unidad para enfrentar con algún éxito el nuevo giro político que daba el gobierno. La polarización en este segundo gobierno ha sido un constante recurso usado para acallar tanto las distintas corrientes políticas dentro del chavismo, que se oponen o tienen diferencias con aspectos del proyecto socialista presidencial, como para mantener fuera, y como un enemigo a vencer, a las fuerzas opositoras, consideradas todos, al igual que antes, como un bloque sin matices. Continúan las usuales descalificaciones del pasado, como escuálidos, oligarcas, vendepatrias, golpistas, corruptos, ahora incorporándose insultos más apegados a la ideología marxista: burgueses, ricachones y agentes de la CIA. Esta estrategia oficialista no ha sido tan exitosa como lo fue en el pasado, pues el gobierno ha tenido sus reveses electorales. Volveremos sobre esto más adelante. Aunque las fuerzas opositoras han ido convenciéndose de las desventajas de continuar con la polarización política, evadir el juego polarizador, cuando el gobierno la mantiene permanentemente a través de sus políticas, discursos e instituciones, no es totalmente posible. Y así, las fuerzas de la oposición se han visto confrontadas por desafíos y dilemas que han venido transformándolas y fortaleciéndolas.

En la medida en que el gobierno se fue radicalizando en su política revolucionaria, las fuerzas opositoras fueron compelidas a reunificarse en torno a un proyecto político que han tratado de presentar al país como menos antagónico que el presentado por ellas en el pasado. Asimismo, el juego político ha vuelto a manos, principalmente, de los partidos, que han desarrollado una política de unidad. Otro componente ha sido la utilización de un discurso menos pugnaz y ofensivo que en el pasado, más centrado en lo social y con explícitas alusiones a la búsqueda de la paz, la despolarización y el diálogo para la “reconciliación el país”. La oposición venezolana: del colapso a su reinvención De la derrota de 2004 a las elecciones presidenciales de 2006 La Coordinadora Democrática (CD) comenzó a disolverse después de la derrota de la oposición en el referendo revocatorio presidencial de agosto de 2004. Se oyeron severas críticas por la forma en que fue conducida la campaña, por un liderazgo cortoplacista, obcecado, con la única meta de salir del Presidente Chávez por la vía que fuera, polarizado e intolerante como el gobierno mismo. La CD, liderada entonces por factores de poder como los medios privados de comunicación, empresarios de Fedecámaras, jerarcas de la Iglesia Católica, organizaciones civiles de capas medias y partidos políticos decrépitos, la mayoría con líderes de escasa formación política, ignorantes y ajenos a la realidad que vivían las mayorías empobrecidas del país, fracasó ante un oponente repetidamente legitimado en procesos electorales, con una propuesta de profundizar la democracia, con un discurso populista y con los recursos del Petroestado en su poder. Las torpezas, los sectarismos y las estrategias antidemocráticas emprendidas en esos años dejaron a las fuerzas opositoras en una situación de fragmentación, deslegitimación y debilidad suprema en los años finales del primer gobierno del Presidente Chávez. Partiendo de tal situación, comenzó un dificultoso aprendizaje y la construcción de una estrategia que les permitiera recuperarse.

Pese al fortalecimiento político alcanzado por Chávez y su gobierno, y la debilidad de los partidos y factores de oposición, siguió siendo significativa la resistencia de una porción de la sociedad a las orientaciones políticas y actitudes del gobierno. Encuestas realizadas en 2005 revelaban que cerca del 40% de los encuestados no compartía las propuestas del gobierno. Sin embargo, sólo el 7% simpatizaba con algún partido político opositor (Últimas Noticias, 9-5-2005). ¿Cómo, entonces, expresar políticamente este malestar? Voces dentro de los partidos opositores, que llamaban a la autocrítica y a la reflexión, pensaban en la no conveniencia de continuar con la CD. La mayoría, sin embargo, quizás por depresión e inercia, siguió haciéndose eco de posturas como las de denuncias de fraude ante el referendo revocatorio de 2004, cuando los resultados de éste le fueron adversos. La continuación de esta equivocada estrategia contribuyó a que en octubre de ese año, cuando se produjeron las elecciones regionales, la oposición viera una merma considerable de su presencia en los espacios subnacionales, al producirse una alta abstención electoral, principalmente de sus bases. Siguió así fortaleciéndose el Presidente y sus propuestas. Fue después de esas elecciones, de fines de 2004, cuando tomaron más fuerza las críticas y solicitudes de disolución de la CD (Últimas Noticias, 3-11-2004). Teodoro Petkoff abogó por un nuevo liderazgo; Antonio Ledezma, del partido Alianza Bravo Pueblo, propuso un nuevo frente sobre nuevas bases. Henry Ramos Allup de Acción Democrática, uno de los más fervientes sostenedores de la estrategia de cantar fraude, declaró a favor de que cada partido se fuera por su lado, buscara nuevos adeptos y construyera nuevas propuestas (El Nacional, 7-11-2004). Por otra parte, y como resultado de la profunda derrota política, sectores empresariales organizados en Fedecámaras, algunos medios privados, así como personalidades de la jerarquía de la Iglesia Católica y de la sociedad civil, comenzaron a bajar el perfil político que tuvieron y a dejar espacios para una mayor visibilidad e influencia de los políticos y sus partidos. El camino de la reconstrucción de la expresión política de la oposición al gobierno de Chávez se dio poco a poco. Entre 2004 y 2006, importantes tensiones se manifestaron en el seno de los partidos políticos, produciéndose divisiones, reajustes y creación de nuevas organizaciones. En el partido Primero Justicia se dio

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un desprendimiento en el 2006, saliendo los dirigentes Gerardo Blyde y Leopoldo López, entre otros. Ese año también, el alcalde de Baruta de ese par tido político, Henrique Capriles Radonski, fue acusado de los hechos violentos ocurridos el 12 de abril de 2002 —cuando se dio el golpe de Estado y el gobierno de facto del empresario Pedro Carmona Estanga— frente a la embajada de Cuba. Capriles fue detenido y cumplió cuatro meses de cárcel, siendo liberado el 15 de diciembre de 2006. El ex-copeyano, Oswaldo Álvarez Paz, fundó Alianza Popular. En 2004 también se conocieron de retornos al chavismo, como fue el caso del ex-candidato presidencial de la oposición y antiguo compañero de armas del Presidente, Francisco Arias Cárdenas y su partido Unión (El Nacional, 12-11-2004). Es de notar también, que en estos años adquirió relevancia la diáspora de venezolanos que se autoexiliaban, muchos a EEUU, otros a Europa y otros continentes (El Nacional, 13-4-2005). El primer esfuerzo importante para reunificar al fragmentario, débil y díscolo mundo organizativo de la oposición tuvo lugar en 2006, en el contexto de las elecciones presidenciales que habrían de tener lugar en diciembre de ese año. Como consecuencia de los continuos reveses, las opiniones a favor de cambiar de estrategia y buscar por la vía de la CRBV y las leyes una salida del gobierno, comenzaron a ganar terreno. Participar en las elecciones

Venas 2, Jorge Dávalos, dibujo, 2002.

presidenciales pareció necesario, pero aún así, no había procedimientos ni estructuras que facilitaran una coordinación del mundo vario pinto de la oposición. Se habló de hacer unas elecciones primarias, escoger un candidato por acuerdos políticos, o apoyarse en las encuestas. Muchísimos eran los aspirantes, pareciendo reflejar el mantenimiento de la ceguera y el sectarismo político. El camino comenzó a despejarse cuando, poco antes de iniciarse la campaña, los candidatos más fuertes o de más pres-tigio: Teodoro Petkoff, del diario Tal Cual —fundador del partido MAS y ex-ministro de la gestión de Rafael Caldera 2— Julio Borges, fundador de Primero Justicia y Manuel Rosales, ex-adeco y gobernador del Estado Zulia, fundador del partido Un Nuevo Tiempo, suscribieron un acuerdo de unidad donde se comprometieron a apoyar a aquél de entre ellos que tuviera mayor popularidad, según encuestas de opinión complementadas por otras consideraciones políticas (El Nacio-nal, 1-8-2006). El acuerdo fue apoyado por otros partidos como COPEI, Proyecto Venezuela y el MAS, pero rechazado por AD y Alianza Bravo Pueblo, quienes mantuvieron ese año la posición abstencionista (Últimas Noticias, 8-8-2006). El método favoreció a Manuel Rosales, el único que alcanzó una popularidad de dos dígitos en las encuestas, quien, de seguidas, recibió el respaldo de los otros dos. Informó Rosales que de ganar Julio Borges sería su vicepresidente. Con ten-

siones y reticencias, en los días siguientes fueron declinando otras candidaturas presidenciales para sumarse a la de Rosales. Sin embargo, se mantuvieron para esa contienda electoral otros doce can-didatos además del Presidente Chávez y del gobernador Rosales. Con Rosales, la oposición comenzó un giro en su discurso, colocando lo social en el centro de su oferta electoral. También como el gobierno, se apoyó en ofertas populistas, aunque distintas a las oficialistas. Durante la campaña el candidato presentó la tarjeta “Mi Negra”, una tarjeta de débito bancaria que, de ganar, prometió otorgar a cada venezolano. En ella se repartiría el 20% de la renta petrolera. Pese a la derrota en las elecciones presidenciales de diciembre, los resultados electorales fueron un importante avance para la oposición. Rosales obtuvo el 36% de los votos, y Chávez ganó con el 63%. Esa misma noche, Rosales reconoció la derrota, a pesar de importantes presiones en su Comando de Unidad porque denunciara un fraude (El Nacional, 4-12-2006). La participación ciudadana fue alta, alcanzando el casi 75% del registro electoral. Los otros candidatos no alcanzaron entre todos el 1% de los votos, revelando el ahorro del voto que hacían los votantes opositores del gobierno. Estos resultados fortalecieron las percepciones dentro de la oposición de que había una minoría significativa del país que seguía apoyando otra opción distinta a la del gobierno, y si continuaban los esfuerzos unitarios para el próximo proceso electoral de carácter subnacional, podrían obtener algunas victorias en entidades y municipios, que los ayudaría a seguir creciendo. Otro resultado de estos comicios fue el fortalecimiento del partido de Rosales, Un Nuevo Tiempo. Partidos como el MAS, Solidaridad y La Causa R, redoblaron en los meses siguientes los esfuerzos por la reunificación de la oposición mediante alguna estructura paraguas (El Nacional, 5-12-2006). La Mesa de la Unidad y los procesos electorales recientes En la medida en que el Presidente Chávez radicalizaba su discurso y proceso de cambios, buscando la aprobación de su propuesta del socialismo del siglo XXI, volviendo al uniforme militar que había abandonado después del golpe de Estado de abril de 2002 y exigiendo a los partidos de su alianza disolverse para integrarse en un solo partido: el Partido Socialista Unido de Venezuela, los desafíos se hicieron más fuertes para la oposición. Los

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Sabores 2, Jorge Dávalos, acuarela, 2009.

esfuerzos por cimentar una unidad de mayor calidad que la del pasado pareció la única alternativa viable para frenar lo que se diagnosticaba como la legitimación y posible consolidación de un régimen autoritario. Pocos días después de su contundente victoria en diciembre de 2006, el Presidente amenazó con cerrar uno de los canales de televisión de señal abierta, Radio Caracas Televisión. El Presidente acusó a los dueños de ese canal de haber participado en el golpe de Estado de 2002. El canal fue efectivamente cerrado el 28 de mayo de 2007, al expirar su concesión y el gobierno negarse a renovarla. El procedimiento administrativo usado por el gobierno fue “legal”, pues tiene el Ejecutivo Nacional la potestad de otorgar o negar las concesiones del ámbito radioeléctrico. Pero el Presidente actuó de una forma que no dejó lugar a las dudas de que se trataba de una revancha política. El 28 de diciembre de 2006, desde un cuartel y vestido de militar, anunció que él cerraba el canal. Después apeló a métodos legales y administrativos. El cierre de Radio Caracas Televisión la noche del 28 de mayo, el canal más antiguo y de mayor cobertura nacional, desencadenó un conjunto de protestas callejeras, algunas violentas, y la irrupción de un movimiento estudiantil preponde-

rantemente de composición universitaria, opuesto al proyecto chavista, que desde entonces ha seguido actuando en la arena política, inyectándole a las fuerzas opositoras nuevas energías, ideas y liderazgo. Este movimiento social, junto con los partidos y otras organizaciones, actuarían ese año estimulando y canalizando el rechazo a la reforma constitucional socialista propuesta por el Presidente, convocando a votar por el NO en el referendo de reforma constitucional realizado en diciembre de 2007, la primera y hasta ahora única victoria del anti-chavismo. Lo significativo del referendo de reforma constitucional fue que las fuerzas opositoras lograron mantener cohesionadas y participando a sus bases, aunque el aumento del caudal electoral con relación al año anterior fue modesto, poco más de 200.000 votos. El gobierno, por el contrario, se encontró con una merma muy importante de los votos chavistas (disminuyó en casi tres millones de votos) con relación a los obtenidos en las presidenciales un año antes (Lander y López Maya, 2008). Los esfuerzos unitarios y sus positivos resultados permitieron a la oposición desembocar, en 2008, en la conformación de un Acuerdo de Unidad Nacional por parte de varios partidos de oposición, que se comprometieron a continuar coordinándose entre sí, ahora con el objetivo de alcanzar una visión compartida de país y llevar

a las elecciones subnacionales y parlamentarias candidatos comunes (Acuerdo, 2008). Para las elecciones regionales de noviembre, ese año se suscribieron acuerdos unitarios que permitieron que, al ir juntos, la oposición pudiera mantener o recuperar espacios regionales perdidos en 2004, y obtener algunos nuevos. Retuvieron Zulia y Nueva Esparta, capturando Miranda, Carabobo y Táchira, que en las elecciones pasadas habían sido ganadas por el oficialismo. La oposición también logró triunfar en la Alcaldía Mayor de Caracas, ganándole al gobierno. Pero, poco después, la Asamblea Nacional, en control absoluto del chavismo, aprobó una ley “especial” creando el cargo de “Jefe de Gobierno de Caracas” sobreponiéndolo al territorio de la Alcaldía del Municipio Libertador y despojando de recursos y atribuciones a la Alcaldía Mayor. También aprobaron una reforma a la ley de descentralización para devolver al gobierno cen-

Los esfuerzos por cimentar una unidad de mayor calidad que la del pasado pareció la única alternativa viable para frenar lo que se diagnosticaba como la legitimación y posible consolidación de un régimen autoritario. and a mios 45

Pikchu, Jorge Dávalos, acuarela, 2003.

esfuerzos unitarios lograron que la mayoría de los diputados que concurrieron por la oposición recibieran el respaldo de todos los partidos de la MUD. Los resultados fueron positivos. El 47% del total de los votos fue para candidatos de la MUD, 48% para la coalición chavista, y un poco más del 5% para partidos no chavistas pero tampoco incorporados a la MUD. Sin embargo, la conformación de la AN quedó con una mayoría de 98 diputados para el oficialismo, 65 para los partidos de la MUD y dos para el partido PPT, un partido que se separó de la coalición de gobierno y no quiso incorporarse a la MUD. El gobierno hizo aprobar antes de esta contienda una nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, que alteró el sistema electoral vigente y produjo un nuevo sistema cuasimayoritario. El sistema electoral en Venezuela debe ser proporcional porque así lo exige la CRBV (art. 63). Sin embargo, estos cambios se han dado dentro de la lógica “revolucionaria” que alega el gobierno, contando con la debilidad de la sociedad civil y política para hacerle cumplir los mandatos del Estado de derecho.

tral la administración de puertos y aeropuertos, algunos de los más importantes del país, como Puerto Cabello, ubicados en entidades federales bajo la administración de gobernadores de oposición. Ha sido esta la manera de conducirse, un típico modo de actuar del gobierno en su nueva fase radical. Usa procedimientos de dudosa legalidad —justificadas por estar “en revolución”— para sustraerse del mandato popular. Otro recurso ha sido que, a las entidades con gobernadores de la oposición, dificultarles o negarles los recursos asignados por presupuesto y leyes. Y, como hemos señalado arriba, desde 2009, los CC y comunas tienen prioridad para recibir recursos y gestionar servicios, en una clara tendencia a ir de-

bilitando y, eventualmente, destruyendo la estructura político-administrativa descentralizada de la CRBV, para sustituirla por una centralizada en el Presidente, y desconcentrada para la gestión administrativa de ciertos servicios hacia la estructura del Estado Comunal. En 2009, cristalizó la Mesa de la Unidad (MUD), una estructura más compleja que la CD, donde más de una treintena de partidos y once unidades de trabajo sobre diversos campos negocian las estrategias políticas y elaboran las propuestas unitarias. El primer documento aprobado y llevado a la opinión pública por la MUD se dio en abril de 2010, y llevó el nombre de “Cien soluciones para la gente”. En las elecciones parlamentarias de ese año, los

El alarmante aumento de la violencia social, el colapso de infraestructura vial, desabastecimientos y continuos apagones de luz son algunas de las penurias de una vida cotidiana llena de dificultades. Por otra parte, también se han visto mermas en el ejercicio de derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de expresión, la representación pro-porcional, la libertad de conciencia en los cuerpos deliberantes, el acceso a información pública, el pluralismo y el derecho a la manifestación pacífica. Además la administración de justicia se ha visto postrada y la impunidad nutre la espiral de violencia . 46 and a mios

Las elecciones de 2010 fueron consideradas una especie de parte aguas para la oposición, pues el voto chavista fue ligeramente inferior al voto no chavista, revelando la vuelta a una situación entre el gobierno y la oposición muy pareja. Como contexto sociopolítico más general, para 2010 se dibujaba un marco de creciente descontento y desencanto en las bases chavistas, que luego de catorce años, aparte de la retórica incendiaria y algunas innegables mejoras en la distribución del ingreso fiscal petrolero entre los excluidos, no se han visto sustanciales soluciones a los muchos problemas estructurales de la sociedad, mientras han empeorado algunos servicios y condiciones de vida. El alarmante aumento de la violencia social, el colapso de la infraestructura vial, desabastecimientos y continuos apagones de luz, son algunas de las penurias de una vida cotidiana llena de dificultades. Por otra parte, también se han visto mermas en el ejercicio de derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de expresión, la representación proporcional, la libertad de conciencia en los cuerpos deliberantes, el acceso a información pública, el pluralismo y el derecho a la manifestación pacífica. Además, la administración de justicia se ha visto postrada y la impunidad nutre la espiral de violencia.5 La MUD a partir de sus logros electorales continuó fortaleciéndose. Pero siendo un mundo tan diverso ideológica y políticamente, cada paso es un gran esfuerzo. A

inicios de 2011 se visibilizaron tensiones con vista al método y la fecha para escoger a los candidatos para las contiendas electorales, que debían celebrarse en 2012 y 2013. Las toldas partidistas, después de mucho debate, acordaron que se efectuarían mediante elecciones primarias, donde tendría derecho a votar todo ciudadano inscrito en el Registro Electoral Permanente (REP). Se fijó la fecha para febrero de 2012, incluyéndose en esas primarias la selección de los candidatos unitarios, tanto a la presidencia como a las gobernaciones y alcaldías (El Universal, 14-4-2011). En septiembre, la MUD y los precandidatos presidenciales que se medirían en las primarias, respaldados por gobernadores y jefes de partidos políticos, suscribieron un “Compromiso de Unidad Nacional” (El Universal, 27-9-2011), y en diciembre de ese año respaldaron unos “Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional”. Compitieron cinco precandidatos para la candidatura a Presidente: Henrique Capriles Radonski de Primero Justicia, Pablo Pérez de Un Nuevo Tiempo, María Corina Machado, Diego Arria y Pablo Medina. El precandidato Leopoldo López, pocos días antes de las primarias, declinó su candidatura a favor de Capriles. Éste, gobernador del estado Miranda, alcanzaría el triunfo de manera holgada, con un 62,5% de los votos. La concurrencia a las primarias fue sorprendente, un 17% del registro electoral, más de tres millones de ciudadanos. La oposición mostró su mejor cara después de muchos años. Desde entonces, el candidato Capriles se separó de la gobernación y comenzó su campaña por la Presidencia. La MUD continuó respaldándolo, y pese a los naturales problemas que surgen de la necesidad de concertar con tantos y tan disímiles intereses políticos, los partidos de oposición en su gran mayoría se mantuvieron unidos y centrados en el objetivo de vencer un adversario formidable, como lo es el Presidente Chávez, que concentra poder, dinero y carisma. Como conclusión: Los escasos espacios de encuentro del gobierno y la oposición Lo señalado hasta ahora —sin ser exhaustivo— permite poner de bulto las casi inexistentes condiciones institucionales y políticas para que tenga lugar unas relaciones democráticas entre el gobierno del Presidente Chávez y las distintas fuerzas políticas opositoras. Sin embargo, no podemos dar fin a estas notas sin describir

algunos espacios donde gobierno y oposición, de alguna manera, se relacionan, tomando en cuenta que el régimen no ha cancelado todas las instituciones de la democracia liberal, aunque les haya cambiado el sentido. Podemos, por ejemplo, referirnos al Poder Electoral que conduce las elecciones con objetivos plebiscitarios que frecuentemente tienen lugar en el país. En este poder tienen lugar consultas y conversaciones entre el gobierno y la oposición, si bien suelen trascender poco a la opinión pública. El Poder Electoral, al igual que el resto de los otros cuatro poderes del Estado, está subordinado a las directrices del gobierno del Presidente Chávez y a su propuesta socialista. Esto se expresa tanto en la composición de las altas autoridades del Poder, los rectores del CNE, donde cuatro de los cinco miembros son pro-chavistas —dos de ellos renunciaron a su militancia en el partido unos días antes de ser designados al cargo— como en su renuencia a controlar las violaciones y excesos en que incurre continuamente el gobierno y sus partidos cuando están en competencia electoral. Como ha sido señalado en diversos análisis, no están garantizadas en Venezuela unas elecciones equitativas. El gobierno nacional y su partido usan los recursos públicos para su parcialidad, sin que el CNE actúe para impedirlo.6 Sin embargo, siendo todavía los procesos electorales un instrumento clave en la legitimación del poder del chavismo, el CNE hasta la fecha ha sido muy celoso en cumplir con el objetivo de garantizar el derecho universal, directo y secreto de los ciudadanos en el proceso de elección. En este sentido ha ido construyendo un sofisticado y transparente sistema electoral automatizado, que blinda al voto ciudadano de ser alterado. El acto electoral para las elecciones de este 2012, estuvo respaldado por un sistema automatizado que cubrió todo el territorio nacional y todas sus etapas. Este sistema ha sido abierto a los comandos de campaña de las distintas parcialidades políticas, para que revisen de manera exhaustiva las máquinas y sus diversos programas. Asimismo, participan los partidos políticos del gobierno y la oposición en la introducción de claves secretas que sólo podrían ser activadas por todas las parcialidades políticas. Adicionalmente, el CNE ha jugado un rol de “mediador político” en diversas oportunidades. Ha sostenido conversaciones con los partidos políticos de oposición

para acordar ciertas condiciones en los procesos electorales. Estas conversaciones, sobre todo en coyunturas de alta polarización, han sido realizadas en secreto y fuera de las sedes formales de este Poder. También han sostenido conversaciones con los candidatos perdedores antes de anunciar los resultados “irreversibles” de procesos electorales, contribuyendo a bajar la conflictividad que la derrota pudiera desencadenar de no ser reconocida por el perdedor. Fue el caso en 2006, cuando la oposición, con su candidato Manuel Rosales, perdió, pero también fue el caso del referendo constitucional de 2007, cuando el gobierno, con su Presidente Chávez, sufrió una derrota. Trascendió entonces, dicho por el mismo Presidente, que el CNE le envió técnicos que lo convencieron que el cómputo, con el 92% de los votos, daba una tendencia “irreversible”. Él convino en reconocer entonces que su propuesta había sido derrotada. En otros poderes, la información es escasa, pero es de pensar que también existen vasos comunicantes un tanto clandestinos. En la actual Asamblea Nacional, las leyes principales que buscan construir las

Pikchu, Jorge Dávalos, acuarela, 2003.

Venas 1, Jorge Dávalos, dibujo, 2002.

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bases del Estado Comunal las elabora el Presidente con sus ministros o asesores, y son aprobadas, muchas veces, sin discusión parlamentaria. Otras se discuten, pero son poco relevantes o nulas las observaciones que pudieran hacer los diputados de oposición en sus intervenciones. Hay comisiones de la AN que son plurales y en estos casos a veces pueden compartirse labores propias de este poder. Pero es un poder muy disminuido de sus atribuciones en este segundo gobierno de Chávez. Una investigación en esta materia revelaría posiblemente algunas leyes, que por no ser relevantes o por estar fuera de las prioridades e intereses del Presidente, han contado con contribuciones de los diputados de partidos de oposición. La situación en otros cuerpos deliberativos, como los de las entidades regionales y los concejos municipales, repite la situación de la AN. En dichas instancias la línea del gobierno es ignorar a la oposición cuan-

do es mayoría en el cuerpo deliberativo, o sabotear cuando es minoría o controla el cuerpo de una entidad o municipio donde la autoridad ejecutiva es de un partido opositor. El partido PPT, por ejemplo, denunció reiteradas veces cómo, una vez que se separó de la coalición de gobierno, el oficialismo incluso negaba el acceso de sus concejales a la cámara municipal en los diversos municipios (Hernández, 2010). En otras comisiones conformadas por el Ejecutivo, como el Consejo Nacional de Universidades, la situación es similar. Concurren rectores de universidades que no están alineadas con el proyecto político del gobierno, pueden intervenir, pero sus criterios no son relevantes en las discusiones, mucho menos en la toma de decisiones. El espacio público sirve para ejemplificar bien la situación que hoy padece la sociedad venezolana. Hay territorios chavistas y territorios de la oposición. Allí se desarrollan actividades proselitistas, depor-

BIBLIOGRAFÍA Álvarez, Ángel (2011): “Countries at the Crossroads 2011. Venezuela”. USA, Freedom House. (2003): “La reforma del Estado antes y después de Chávez” en Steve Ellner y Daniel Hellinger, eds., La política venezolana en la época de Chávez. Caracas, Nueva Sociedad. CRBV (2000): Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Vadell Hnos. Editores. Lander, Luis E. y Margarita López Maya (2008): “Referendo sobre la propuesta de reforma constitucional: ¿Punto de inflexión en el proceso bolivariano?” en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 14, No.2, Caracas, pp. 195-217. LOCC. (2010): Ley Orgánica de las Comunas, Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre.

Ver, entre otros, López Maya y Lander (2012).

Para un análisis de las leyes socialistas aprobadas desde 2009 verse, entre otros, López Maya, 2011.

Que el chavismo controlara en ese momento el 100% de la AN se debió a un retiro intempestivo de los candidatos de las organizaciones políticas opositoras, pocos días antes del proceso eleccionario parlamentario que tuvo lugar en diciembre de 2005. Los resultados dieron este control al partido del Presidente, el Movimiento Quinta República (MVR) y la coalición de partidos que lo apoyaban. Los partidos de oposición adujeron, para no concurrir, que no estaban dadas las garantías para un proceso electoral transparente (López Maya, 2006) .

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tivas o culturales, los ciudadanos de un bando político u otro puede que crucen esos territorios y disfruten de las actividades, pero se cuidan bien de exteriorizar sus preferencias políticas. Los espacios comunes se han reducido a su mínima expresión; los canales de televisión pública están al servicio del gobierno, los privados mayoritariamente al servicio de los intereses de las fuerzas opositoras. Y los ciudadanos carecemos de espacios para compartir como iguales, pertenecientes a una nación común. Mientras las calles al caer la noche, también son privatizadas por el hampa y organizaciones delictivas.

Margarita López Maya Historiadora y Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela

LOCC (2009): Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Gaceta Oficial N° 39.335 de fecha 28 de diciembre. López Maya, Margarita (2011): “Apuntes sobre la polarización política en Venezuela y los países andinos”. Mireya Lozada, compiladora, Polarización social y política en Venezuela y otros países. Experiencias y desafíos. Caracas, Temas de Formación Sociopolítica N° 49, Centro Gumilla. Lozada, Mireya (2002): “Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas”, Con-ferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), Caracas, facilitado por su autora. Sartori, Giovanni (1985): “Pluralismo polarizado en partidos políticos europeos” en J. La Palom-bara y R. Weiner, Political Parties and Political Development. New Jersey, Princeton University Press.

Para un análisis del 1er Proyecto Socialista 2007-2013 ver López Maya y Lander 2010.

Para una evaluación de la situación de los DDHH en Venezuela ver los informes que presenta anualmente la ONG Provea (ver www.derechos.org.ve).

Pueden verse los informes de Ojo Electoral y el Centro Carter en esta materia.

Incrustado en mis sentidos, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2011.

La difícil reinvención de la oposición en el gobierno de Evo Morales (2005-2012)

María Teresa Zegada C.

as elecciones de diciembre del 2005 han trazado una nueva configuración en el mapa político boliviano. En primer lugar, se ha producido un recambio de las élites políticas, mediante el desplazamiento y virtual desaparición —por la vía electoral— de los partidos que habían hegemonizado el escenario político en las dos últimas dos décadas. En segundo lugar, junto con los nuevos actores en el poder, se ha impuesto una relación distinta entre el Estado y la sociedad, particularmente con los sectores populares afines al gobierno. En tercer lugar, se ha instalado un nuevo universo discursivo y simbólico desplazando aquel signado por las promesas del modelo neoliberal y la democracia partidaria; además, se articula en torno a nuevos referentes como la inclusión étnico cultural, la nacionalización de las empresas estratégicas, la ‘refundación’ del Estado, así como la presencia de los movimientos sociales en el campo político. En cuarto lugar, la mayoría absoluta obtenida por el MAS ha roto con la habitual práctica de la “democracia pactada” y ha centralizado la representación en una fuerza claramente hegemónica. Un quinto elemento es el posicionamiento de una nueva forma organizativa, el denominado político1, una simbiosis entre sindicato y partido en el poder, inaugurando una forma de representación distinta a los tradicionales partidos. Por último, el sistema de partidos experimenta una importante mutación, pues de un sistema pluralista limitado, vigente durante los ochenta y noventa, transita hacia un sistema marcado por el predominio de un partido en el poder y la presencia cada vez más débil de alternativas opositoras.2 Por otra parte, la nueva Constitución Política del Estado establece una nueva trama político-institucional en la que, si bien el sistema de representación continúa articulando el acceso al poder público, se complementa con formas renovadas de democracia —participativa y comunitaria— que devienen del carácter plurinacional del Estado, junto a los múltiples escenarios de representación subnacional abierto con el régimen autonómico. De

igual manera, la Constitución ratifica la desmonopolización de la representación partidaria mediante el reconocimiento de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. Este conjunto de elementos cambian el rostro del sistema político boliviano y dan lugar a nuevas disputas, estrategias e interacciones entre actores sociales y políticos, que se dirimen en distintas arenas: espacios institucionales establecidos en las normas, las calles como lugares privilegiados de la demanda social, o bien, los medios de comunicación y opinión pública en que circulan discursos y elementos simbólicos diversos. En este marco general de transformaciones políticas, la relación gobierno-oposición ha tendido a complejizarse, justamente por la cohabitación de múltiples factores que van diseñando el nuevo escenario, interactúan con los sujetos y, a la vez, establecen las condiciones de posibilidad de su desempeño. La oposición en el ciclo político anterior El sistema de partidos que emergió después de la recuperación de la democracia estuvo caracterizado por la convivencia de al menos tres fuerzas políticas permanentes (ADN, MNR y MIR) junto a otras más bien episódicas, como UCS y CONDEPA, cuya sobrevivencia, en gran medida, se debió a las alianzas con las fuerzas principales. En esta fase, los resultados electorales no revelaban claras mayorías, pues los ganadores no superaban el 30% (excepcionalmente el MNR en 1993 rebasó este límite), obligándolos a realizar pactos políticos para gobernar, y dando así origen a la denominada “democracia pactada”. Por otra parte, las distancias ideológicas que los separaban eran mínimas, y sus discursos estaban permanentemente acompañados de justificaciones respecto a las distintas alianzas políticas que conformaban. Si bien la democracia pactada otorgaba estabilidad y gobernabilidad a la gestión democrática y aliviaba las tensiones entre

Tibio silencio, Jorge Dávalos, acuarella, 2012.

El contexto

Ejecutivo y Legislativo, diluía las aristas entre oficialismo y oposición, y de esa manera menoscababa la labor opositora en el Parlamento, desvirtuando aspectos primordiales como la separación e independencia de poderes, la capacidad de fiscalización del Congreso y el debate ideológico propio de la labor parlamentaria; al mismo tiempo, reproducía prácticas clientelistas y prebendales como el “cuoteo” de cargos entre las fuerzas de las distintas coaliciones, la redistribución de recursos y la connivencia con la corrupción. Estos comportamientos generaron un prematuro “ocaso de la oposición”3 o, más estrictamente, “el ocaso de las funciones de la oposición”. En este periodo, el campo de decisiones políticas se restringía fundamentalmente al ámbito político/institucional, pues las organizaciones sociales que históricamente incidieron en la arena política (como sucedió históricamente con la COB) entraron en un periodo de reflujo y se recluyeron a espacios privados de movilización sectorial. Esta situación se revertirá hacia fines de los noventa y principios del 2000, en que irrumpen nuevamente los movimientos sociales en el campo político para gestar un nuevo proceso de transformaciones, cuestionando las bases de orden económico y político vigentes. En esos quince años de estabilidad democrática, la relación gobierno-oposición estaba poco definida, sin contornos ideológicos claros y absolutamente vulnerable a las coyunturas y conveniencias políticas de los partidos y liderazgos. La alternancia entre las mismas fuerzas del sistema y los permanentes, y a veces indiscriminados acuerdos políticos, amalgamaba a todas las organizaciones políticas ante los ojos de la ciudadanía, diluyendo las fronteras ideológicas y provocando la perdida de identidad. A ello se suma una gestión partidaria que cumplió de manera muy limitada el rol de representar a la ciudadanía, canalizar las demandas sociales y atender sus expectativas. En su rol opositor se enfrascó en una gestión parlamentaria funcional al Ejecutivo de turno, o tendiente a descalificar y desacreditar al otro para mejora sus opciones de acceder al poder. Tampoco logró articular con éxito propuestas ideológicas y políticas alternativas a las existentes. A partir del 2002, se agudiza la crisis del sistema cuando el electorado vota por opciones distintas a los partidos del régimen y fortalece alternativas contestatarias como el MAS y el MIP (juntos rebasan el 25% de los votos), y cuando recrudecen las protestas política en las calles con la nueva irrupción de los movimientos sociales en el campo político. El resultado fue el temprano derrumbamiento del régimen y la imposición de una agenda de transformaciones estatales desde la sociedad civil. La relación gobierno /oposición en el nuevo mapa político Uno de los principios básicos del sistema democrático es el pluralismo, es decir, la posibilidad del disenso, la presencia del otro, que ejerce una oposición activa, es decir, con capacidad de influir en las decisiones nacionales y convertirse en alternativa política. Tomando como referencia los itinerarios analíticos propuestos por Pasquino y Castiglioni para abordar a la oposición4, e incorporando elementos que plantea Abal Medina5 sobre las modalidades de emergencia e institucionalización de las organizaciones políticas y su relación con el ambiente, planteamos un marco analítico multidimensional referido, por una parte, a aspectos del contexto socio político y discursivo ligado a las transformaciones que operan en Bolivia, y por otra, a aspectos que devienen de la

intersubjetividad, es decir, de la acción ejercida por los sujetos en los espacios de ejercicio político: elecciones, confrontaciones discursivas, movilización de recursos y otros, con el fin de orientar a su favor los equilibrios inestables de la política. Gráfico 1: Marco analítico

Ambito socio político e institucional Relación Gobierno/ oposición

Contexto socio político

Andamiaje institucional Desempeño electoral

Factores inter subjetivos

Acción colectiva en las calles Discursos y elementos simbólicos Factores internos a la organización

Siguiendo este esquema, pasamos a analizar las distintas dimensiones. Comenzaremos por las características contextuales. El inicio del nuevo ciclo histórico que está marcado por paradigmas distintos y cuyo derrotero aún es incierto, trasciende el protagonismo y gestión política del Movimiento al Socialismo y el liderazgo de Evo Morales, que si bien vehiculizó las transformaciones políticas, no es consustancial al mismo. Por tanto, una lectura adecuada de la realidad actual, sugiere separar el protagonismo del presidente, y del partido en el gobierno del proceso de transformaciones que opera en el país. La llegada de Evo Morales a la presidencia significa el desplazamiento de las viejas élites en el poder, la instauración de una nueva CPE que establece el tránsito de un Estado Republicano a un Estado Plurinacional, el retorno al Estatismo y una reorientación de las políticas públicas hacia la redistribución directa de recursos. La nueva relación Estado-sociedad ha conducido a una suerte de ‘corporativización’ de la política, que en algunos casos pasa por afinidades ideológicas, en otros, por una mera transacción pragmática de beneficios mutuos.

La alternancia entre las mismas fuerzas del sistema y los permanentes, y a veces indiscriminados acuerdos políticos, amalgamaba a todas las organizaciones políticas ante los ojos de la ciudadanía, diluyendo las fronteras ideológicas y provocando la perdida de identidad. and a mios 51

Martes de tentación, Jorge Dávalos, acuarela, 2010.

Del mismo modo, se ha instalado junto al gobierno un universo discursivo y simbólico anclado en la inclusión socio-cultural, la descolonización, la superación de la pobreza y el cambio, en torno a la presencia del primer presidente indígena en el poder. Por otro lado, el “enemigo” es asociado con aquel que se opone al cambio: colonizador, oligarca, neoliberal y corrupto, que encarna la vieja Bolivia. De esta manera, la categoría que parte las aguas de la sociedad y la política es el enunciado ‘proceso de cambio’, un enunciado ciertamente polisémico, pero con una gran capacidad interpelatoria. Los elementos discursivos articulados al proyecto del MAS se reproducen en varios escenarios: las alocuciones gubernamentales y de dirigentes de organizaciones sociales afines, las políticas públicas, las movilizaciones callejeras en apoyo al gobierno, los grafitis y, de manera privilegiada, los medios de comunicación oficialistas, mediante el despliegue de dos tipos de estrategias: la difusión de obras y beneficios que reporta la gestión gubernamental a los sectores empobrecidos, y la estrategia de desacreditación del ‘otro’, del enemigo. La acción opositora se encuentra fuertemente condicionada por esta centralidad socio-política y discursiva. De ahí que estos nuevos paradigmas discursivos y simbólicos en torno al “proceso de cambio” constituyan un sustrato inexcusable para analizar el campo político, precisamente por su alta capacidad de inter-

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pelación social y legitimidad, y porque desde ahí condicionan la acción de los sujetos, dejando a la oposición sin espacios de incidencia efectivos. La nueva trama institucional como condicionante de la política A partir de la aprobación de la nueva constitución se han ido generando nuevos escenarios normativos que introducen ajustes al sistema político. Entre los mecanismos innovadores está el régimen autonómico, que multiplica los escenarios de representación, la segunda vuelta electoral con umbral reducido.6 Este mecanismo induce a la consecución de acuerdos previos a la elección, con el fin de sanear los vicios de la democracia pactada y establecer una correlación más directa entre el voto del

La llegada de Evo Morales a la presidencia significa el desplazamiento de las viejas élites en el poder, la instauración de una nueva CPE que establece el tránsito de un Estado Republicano a un Estado Plurinacional, el retorno al Estatismo y una reorientación de las políticas públicas hacia la redistribución directa de recursos.

electorado y la conformación del poder. Esta medida se complementa con la incorporación del revocatorio de mandato para todas las autoridades electas por voto popular, la convivencia de tres formas distintas de democracia: representativa, participativa y comunitaria, entre las principales. Tanto en la CPE como en las leyes secundarias, se van diseñando nuevos andamiajes institucionales, por ejemplo, en la conformación del parlamento se abren espacios de participación para los pueblos indígenas, mediante siete nuevas circunscripciones especiales en aéreas rurales y dentro de los límites departamentales. Dicha modificación cambia la composición de diputaciones plurinominales y uninominales, pues extrae las siete circunscripciones indígenas de las plurinominales (ahora reducidas a 53), frente a las 77 uninominales que se eligen por mayoría, lo cual refuerza la concentración del voto en los partidos más grandes. En relación con la Cámara de Senadores, se incrementa el número a cuatro por departamento (el Congreso pleno cuenta ahora con 166 miembros) y se elimina la asignación de escaños por mayorías y minorías optando por el sistema proporcional. Si bien en el proceso de elección se evidencia la tendencia a concentrar el voto en las mayorías; en la gestión parlamentaria, estas medidas no refuerzan de manera llamativa el régimen presidencialista, pues se mantiene el requerimiento de dos tercios de votos para la elección de cargos jerárquicos en la Asamblea o para la aprobación de leyes estratégicas. En general, este marco legal actual es percibido con cierta desconfianza por la oposición, sobre todo porque percibe que es utilizado políticamente por el partido gobernante, por ejemplo, para destituir a los opositores mediante la aplicación de los arts. 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías. El ex gobernador y actual líder de oposición, Ernesto Suarez del Beni, percibe que en el país hay una ausencia de institucionalidad y una supeditación política del marco legal a los intereses políticos del partido en el poder, aludiendo a su propia experiencia personal:7 “El gobierno hace leyes que se amoldan a su proyecto de poder y para destruir a los opositores”8, hay, desde su percepción, una situación de total indefensión, añade que la Constitución está como referencia, pues cuando está a favor de ellos la utilizan, y si no “se la llevan por delante”. En relación con el mismo tema, Samuel Doria Medina, líder opositor de UN, señala que, a pesar de ello, es posible defenderse y hacerle frente al gobierno utilizando sus mismas reglas de juego. Explica que el gobierno ha emprendido un juicio por asuntos relacionados con su empresa, y que él ha emprendido una defensa legal hasta ahora exitosa utilizando los instrumentos normativos vigentes, “por eso soy también uno de los que me he quedado”9 señala refiriéndose a las diversas acusaciones que, como opositor, ha tenido que enfrentar, y, a diferencia de otros líderes, ha optado por defenderse dentro del país. Menciona también el ejemplo de la reciente elección judicial en la que, la aplicación de una normativa construida por el partido de gobierno, produjo resultados negativos para el mismo, porque el voto nulo se impuso al de los candidatos propuestos por las mayorías oficialistas en la Asamblea, en una muestra de rechazo a esta forma de elección. Desde la oposición cruceña, Oscar Ortiz, líder de Consenso Popular, considera que los principios de la ley, que deben ser universales, imparciales, neutros, etc., no existen en este momento en Bolivia, lo que hay ‘son leyes dirigidas, violatorias’ y su aplicación es discrecional, pues existe una reiterada tarea desde el gobierno de acusar a las autoridades o funcionarios opositores. Señala que “se da legalidad al atropello y al abuso”.10 Con él co-

incide Juan del Granado, principal dirigente del Movimiento Sin Miedo y ex-aliado del MAS, cuando afirma que el Estado de derecho esta gravemente fracturado, así como las leyes y mecanismos institucionales por una visión autoritaria que “ha liquidado el mínimo concepto de coordinación e independencia de poderes y que ha peyorizado el concepto de república”.11 Se podría concluir que, si bien nos encontramos en transición hacia un nuevo andamiaje institucional que de hecho genera ambigüedades o, en su caso, vacíos legales, es también cierto que existe una instrumentalización de las normas en función de la correlación de fuerzas y la disputa por el poder, ahí reside su principal fragilidad. Por tanto, la oposición, sobre todo aquella que ha sido afectada directa o indirectamente por acciones legales, percibe que no se cuenta en el país con garantías democráticas e institucionales suficientes, y que la trama institucional, lejos de brindar certidumbre, es usada con discrecionalidad por el gobierno en función de intereses políticos. Desempeño electoral y gestión político/institucional de las oposiciones En este análisis no solo cuentan las condiciones históricas e institucionales en que se ejerce la política, sino también la capacidad subjetiva de los actores que se mueven en distintos escenarios, entre los principales, el ámbito electoral. Las elecciones generales del 2005 conducen a un trastrocamiento en el mapa político electoral anterior, pues le otorgaron un triunfo contundente al Movimiento al Socialismo (MAS) en alianza con el Movimiento Sin Miedo (MSM), con el 53,7% de los votos; lejos del segundo lugar ocupado por PODEMOS, el principal partido de oposición. El éxito del MAS se debe a que logró articular, por una parte, el descontento con la gestión de los partidos, y por otra, las fracturas estructurales que se revelaron en el proceso de crisis. Desde esta primera victoria, el MAS ha repetido sus triunfos electorales en sucesivos escenarios de votación.12 Estas reiteradas mayorías van recluyendo a las fuerzas opositoras a una situación aislada y testimonial en el escenario institucional de decisiones. No obstante, la inédita elección concurrente de prefectos por voto directo, significó la incorporación simultánea de la demanda autonómica y la expresión de “la otra Bolivia”, la Bolivia opositora, afincada sobre todo en el oriente. Este acontecimiento abrió un espacio, también inédito, para la oposición en el ámbito subnacional y cambió la topología electoral del país. Los itinerarios electorales de la oposición son diversos, mientras el 2005, a nivel nacional, PODEMOS se sitúa como el principal partido opositor con el 28,6% de los votos, UN logra el 7,8% y el MNR el 6,5%, entre los tres suman un total del 42,9% de los votos.

Cuadro 1: Composición del Congreso Nacional 2005 por partidos Cámara Diputados

MAS

MNR PODEMOS 7

TOTAL 130

Senadores

Total

157

Elaboración propia en base a Atlas Electoral de Bolivia. CNE, PNUD, IDEA Internacional, 2010.

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Se podría concluir que, si bien nos encontramos en transición hacia un nuevo andamiaje institucional que de hecho genera ambigüedades o, en su caso, vacíos legales, es también cierto que existe una instrumentalización de las normas en función de la correlación de fuerzas y la disputa por el poder, ahí reside su principal fragilidad.

tos de la ‘media luna’ ganó el apoyo a la oposición que embanderaba esta propuesta. Dichos procesos dieron lugar al realineamiento de fuerzas en torno a dos ejes discursivos confrontados y la consecuente conformación de dos bloques políticos en pugna: por un lado el MAS y los movimientos sociales que impulsaron el proceso constituyente y la consolidación de los cambios, y por otro, la oposición político partidaria, junto a los nuevos prefectos y los movimientos cívicos de la ‘media’ luna articulados en el discurso de las autonomías: dos agendas que marcaron las contradicciones en el imaginario social desde principios de siglo. Gráfico 2: Primer escenario político

La acumulación de votos obtenidos por la oposición, así como su presencia inicial en el Congreso, resultan relativas, ya que en el transcurso del tiempo se va constatando su fragilidad y volatilidad. PODEMOS, el principal frente de oposición, presentaba una debilidad de origen, pues se conformó como una agrupación ciudadana que acogió a diversos sectores políticos, ateniéndose a un modelo de expansión que sería caracterizado por Panebianco como de difusión territorial.13 En ella convivían tendencias fuertemente regionalistas del oriente, militantes de la antigua coalición MIR-ADN en torno al liderazgo de Jorge Quiroga, y algunos intelectuales progresistas que se sumaron al proyecto. A pesar de que el discurso de PODEMOS era altamente polarizador, contenía una falta de coherencia y cohesión ideológica interna y la ausencia de disciplina partidaria a la hora de asumir decisiones, lo cual generó permanentes desacuerdos que, finalmente, condujeron a su fragmentación. El otro partido de oposición, Unidad Nacional, a pesar de surgir el 2004 como un partido unificado y con una estructura organizativa interna, tuvo una experiencia parlamentaria parecida, pues sus pocos representantes optaban por posiciones personalistas antes que orgánicas. A diferencia de PODEMOS, intentó mantenerse en el “centro político” y construir puentes con el MAS, particularmente durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente, comportamiento que su actual líder nacional considera erróneo14, pues fue atacado por su actitud ‘colaboracionista’ con el gobierno. Un factor de autocrítica destacado por los parlamentarios de los distintos partidos de oposición en su momento, fue la poca voluntad política de actuar de manera conjunta, y la competencia inter-partidaria con el objetivo de diferenciarse entre sí y acumular poder. Lo más complejo es que estas diferenciaciones no pasaban por perfiles ideológicos distintos, sino por intereses corporativos o regionales o de tipo personal diferentes. En la Asamblea Constituyente se reproduce un escenario parecido15, en ella la oposición opta por dos caminos: la oposición ‘desleal’16, ejercida por PODEMOS que apuesta al fracaso del evento, y la otra que puede calificarse como oposición ‘semileal’, expresada por UN, que se oponía de manera constructiva a las posiciones del partido de gobierno, y eventualmente generaba propuestas alternativas para negociar. El desempeño de la oposición tuvo un rasgo distinto a nivel regional, espacio en el cual tuvo mayores posibilidades de ejercer el poder. En la elección simultánea de prefectos que se realizó el 2005, junto a las presidenciales, la oposición ocupó las prefecturas de seis de los nueve departamentos. Más adelante, en la consulta sobre las autonomías, el 2006, en cuatro departamen-

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El voto de la oposición y rechazo al gobierno se situó fundamentalmente en la zona de la ‘media luna’. En el referéndum revocatorio de 2008, el rechazo a Evo Morales (32,6%), se ubicó básicamente en Santa Cruz, Beni y Tarija, aunque en el mismo comicio fueron revocados dos prefectos de oposición (La Paz y Cochabamba), debilitando su fuerza nacional, mientras los otros fueron ratificados con un apoyo de más del 56%. El gobierno logró con este referéndum consolidar su legitimidad, atenuar la presencia de la oposición y allanar el camino hacia la aprobación del texto constitucional, hecho que se consolidó en enero del 2009, cuando la oposición solo logró el 38,6% a nivel nacional, y nuevamente su votación se concentró en los departamentos de la ‘media luna’. Para enfrentar al oficialismo en las elecciones nacionales de diciembre de 2009, la oposición se agrupó en siete frentes que intentaron derrotar al oficialismo.17 La votación acumulada por estas fuerzas descendió en aproximadamente el 7% en relación al 2005. Si bien el MAS incrementó su votación en todo el territorio nacional, la oposición mantuvo ciertos territorios cautivos, sobre todo en el oriente boliviano y en las ciudades capitales de Sucre, Tarija, Cochabamba y Potosí. En la ALP, la oposición apenas obtuvo 10 de 36 senadores (todos ellos del frente PPB-CN18), 20 de 53 diputados plurinominales (17 del PPB-CN y 3 de UN), y 21 de 70 uninominales (19 del PPB-CN y 2 de Alianza Social). En relación con las circunscripciones indígenas, la oposición logró un diputado del PPB-CN, el resto son del MAS.

Cuadro 2: Composición del Congreso Nacional 2009 por partidos Cámara Diputados Senadores Total

MAS

PPB-CN

TOTAL

130

166

26 104

Elaboración propia en base a Atlas Electoral de Bolivia. CNE, PNUD, IDEA Internacional, 2010.

Obra 4, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2004.

El hábitat por excelencia de presencia, debate y confrontación entre oficialismo y oposición es el Congreso, pero, como en este caso, cuando existe una fuerza política hegemónica —con más de dos tercios de los votos— prescinde de una oposición, que ha pasado a jugar un papel secundario y testimonial. A ello hay que sumar que se trata de una oposición dispersa, en general, poco consistente y carente de capacidades propositivas. A nivel regional, en las elecciones departamentales y municipales de abril del 2010, se experimenta una expansión de la presencia del MAS en municipios y gobernaciones del país, mientras la oposición quedó reducida a tres de nueve departamentos (Santa Cruz con Rubén Costas, Beni con Ernesto Suarez, y Tarija con Mario Cossío), y logró copar 109 de 337 municipios. A ello hay que añadir que, a nivel departamental y en varios municipios, los triunfos de la oposición son seguidos de cerca por el MAS, por lo que la composición de las Asambleas y Concejos, y la relación entre oficialismo y oposición resulta crítica por la correlación de fuerzas y por las estrategias desplegadas por el MAS para obtener mayorias. Sin embargo, la oposición logra conservar y derrotar al MAS en varios enclaves electorales, por ejemplo en las ciudades capital de La Paz y Oruro, y en 21 alcaldías de zonas rurales, donde el MSM (ex-aliado del MAS) afinca su victoria. Del mismo modo, el Movimiento para la Soberanía de los Pueblos, del disidente senador masista Lino Willca, ganó en Achacachi y otros municipios de altiplano como Pucarani, Mecapaca y Coripata.

Sin embargo, la fuerza que logró la oposición para polarizar el escenario político, experimentada durante la primera gestión de Morales, se debilitó por varios factores, también de carácter interno, errores políticos, divisiones entre aliados, acciones violentas, e incluso discursos separatistas, lo cual influyó en su desmoronamiento. En conclusión, de acuerdo a los datos electorales, a nivel nacional se revela una presencia contundente del MAS en la Asamblea como producto de las elecciones del 2009, en mayor proporción que en la gestión anterior, mientras la fuerza de la oposición habría migrado a espacios locales, desde donde intenta ejercer su poder. Sin embargo, de manera paralela, el MAS ha ido progresivamente ‘recuperando’ espacios políticos locales por la vía judicial, mediante la acusación y destitución de autoridades de oposición —como los gobernadores de Tarija y Beni y varios alcaldes— y su sustitución por interinatos afines a su línea política masista. La oposición desde los “no lugares de la política” Las visiones clásicas19 sitúan el estudio de la oposición exclusivamente en el Parlamento, aunque reconocen también la presencia de una oposición extra-parlamentaria pero caracterizada como anti sistémica. Sin embargo, es preciso trascender ese dualismo institucional/extra institucional, y abarcar distintos circuitos en el análisis político, lo cual implica abordar los referentes electorales y representativos de las fuerzas políticas, pero también los ámbitos societales, desde donde se ejerce la política

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mediante discursos, acciones estratégicas, repertorios de movilización, expresiones públicas y otros, y que, como veremos a continuación, sus resultados son en muchos casos determinantes.

Gráfico 3: Segundo escenario político

En el caso de Santa Cruz, mirar las distintas dimensiones es clave para entender tanto la fortaleza como la debacle de la oposición. Las élites cruceñas cívico/empresariales mantenían un vínculo con los partidos políticos durante las anteriores décadas con el fin de reproducir y velar por los intereses económicos regionales mediante su incidencia política; en el momento en que estos intereses se sienten amenazados por el nuevo régimen, focalizan sus esfuerzos en la resistencia abierta desde las fronteras regionales, mediante el discurso de las autonomías. Desde ahí, se alían con partidos opositores y promueven acciones de protesta callejera y movilizaciones ciudadanas generando un verdadero impacto en las decisiones nacionales. Así, la dimensión societal de la política durante los primeros años del gobierno de Morales es determinante. Se conformaron dos bloques en pugna asociados a la polarización político partidaria, pero sustentados en organizaciones de la sociedad civil, CONALDE (el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) como bloque cívico/prefectural/político asentado en las regiones del oriente, versus el bloque conformado por las organizaciones afines al MAS —campesinos, indígenas— aglutinados en torno a CONALCAM (Consejo Nacional para el Cambio). Mas adelante, cuando el tema autonómico es apropiado por el gobierno y se incorpora en la nueva Constitución, la oposición queda despojada de dicha bandera política y su discurso se desplaza hacia la defensa de la democracia, “como va a haber autonomía sino hay democracia” sostiene uno de los líderes cruceños de oposición20, desde su punto de vista, no se ha avanzado en las autonomías por las restricciones legales que ha impuesto el gobierno en las leyes nacionales, y por la sistemática arremetida contra autoridades regionales de oposición. Actualmente, la oposición social y política en Santa Cruz ha perdido fuerza, y como afirma Ferreira, la radicalidad de su discurso ha disminuido, por una parte porque se produjo una fractura entre la oposición política y la cívico regional en 2008, a raíz de la decisión congresal —por iniciativa de PODEMOS— de llevar adelante el revocatorio, poniendo en riesgo la presencia de prefectos opositores, pero también porque los grupos de poder productores, industriales, comerciales y aquellos ligados a la tierra que sostenían la actividad política opositora, en gran medida han pactado con el gobierno anteponiendo sus intereses corporativos y empresariales a la militancia política. Se trata ahora de una oposición pragmática, que ha optado por escenarios de negociación y acercamiento al gobierno (dicho comportamiento se verifica en las cumbres y encuentros realizados, reuniones sectoriales, o en decretos gubernamentales que claramente les favorecen), han optado por ‘una coexistencia pacífica’, pero que no necesariamente se va a traducir en votos.21 Aunque el mismo entrevistado sostiene que otro importante sector económico empresarial mantiene un discurso radicalmente opositor al gobierno, pero con escasa capacidad de convocatoria, en general, concluye, que el liderazgo de la élite tradicional cruceña está en crisis, y su desarticulación local en Santa Cruz ha conducido también a una disolución de la ‘media luna’.

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En ese contexto, cabe diferenciar la oposición que ejerce el Movimiento Sin Miedo, antiguo aliado del MAS que, desde la ruptura (diciembre de 2009), ha asumido desde la izquierda un discurso radicalmente crítico al gobierno, pero declarándose al mismo tiempo continuador del proceso de cambio. Se ha presentado por primera vez de manera independiente a las elecciones sub nacionales del 2010, arrebatándole al MAS importantes alcaldías como Oruro y otras de municipios rurales, aunque su área de influencia está anclada fundamentalmente en La Paz. Esta fuerza política ha expresado en reiteradas ocasiones su desinterés en formar parte de coaliciones opositoras, manteniendo su perfil ideológico e independencia política. Por último, otro frente de conflicto y de oposición política al gobierno se ha abierto desde espacios del ámbito social, como es el caso reciente del TIPNIS, que resulta absolutamente crítico para el gobierno, pues revela las contradicciones del discurso masista e incide en el quiebre de las bases sociales del MAS; no hay que olvidar que el movimiento indígena del oriente agrupado en la CIDOB, junto a CONAMAQ, colonizadores, campesinos y otros, fueron la base de construcción del instrumento político, y ahora estos movimientos indígenas han pasado a las filas de la oposición política, asumiendo posiciones críticas y políticamente independientes del gobierno. En suma, para una lectura adecuada de la oposición en el caso boliviano, particularmente en la coyuntura actual, no se puede dejar de considerar la presencia e influencia de las oposiciones gestadas en el campo social, es decir, aquella que deviene de los ‘no lugares de la política’. Por lo expuesto, no estamos frente a una oposición, sino frente a múltiples oposiciones, portadoras de distintos significados y alcances. Discursos y percepciones: tres cuestiones sobre ‘el yo y los otros’ ¿Es posible tender puentes entre oficialismo y oposición? Respecto al otro, en este caso, el oficialismo, la oposición coincide básicamente en su posición crítica tanto en relación con

Espesor viscoso 3, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

la gestión gubernamental como con la forma de administrar la política por parte del gobierno. Los argumentos son distintos, aunque apuntan en la misma dirección: “El gobierno no tiene rumbo” señala Ernesto Suarez, “solo tiene un proyecto de poder, vende ilusiones pues no realiza lo que dice y no ataca los problemas estructurales”22, con él coincide Oscar Ortiz dirigente cruceño cuando señala que el gobierno no tiene un proyecto político, “pero si tiene el poder, y se ha vuelto dependiente del poder mediante la toma del Estado, de todas sus instituciones y tiende a asegurar la reelección”.23 Para Doria Medina, en cambio, hay un proyecto ligado al estatismo que no corresponde al siglo XXI, sino al siglo pasado24 y critica las actuales líneas de política pública del gobierno. Juan del Granado, por su parte, sostiene que el MAS fue una opción que, si bien en su momento fue de izquierda, ahora representa “una opción burocrático conservadora de derecha, con rasgos profundamente autoritarios y con una visión capitalista”25. En sus tesis políticas, este partido señala que en términos de gestión política el gobierno demostró muchas carencias, y “esas carencias fueron paulatinamente reemplazadas por un aventurerismo intelectual que utilizando el simbolismo indígena concibió al país como un laboratorio para ensayos dogmáticos y desvinculados de la realidad”.26 Frente a ello, el gobierno instrumentaliza los universos simbólicos que emanan de la oposición, también con fines políticos, fortaleciendo las fronteras ideológicas entre quienes apoyan el “proceso de cambio” y sus detractores. Así establece una relación amigo-enemigo estigmatizando aquellos sectores críticos al gobierno, ya sean de la derecha conservadora, centrista o disidentes del proyecto masista que lo critican desde la radicalidad. Esta situación es claramente percibida por la oposición cuando señala que el gobierno ve como enemigo a todo aquel que discrepa, al que piensa diferente: “El gobierno entiende la democracia como una pelea de gallos, donde al que está al frente hay que destruirlo”.27 El gobierno desdeña la oposición —cualquiera que sea— porque considera que el MAS, en sí mismo, abarca la diversidad y la pluralidad. Así, se asemeja a la figura de los partidos caracterizados por buscar representar a la sociedad en sí mismos, excluyendo el pluralismo (Garretón 2001).28 Por estas razones, y porque dada su amplia mayoría electoral no necesita de otros partidos para generar gobernabilidad democrática a nivel nacional, no es propenso a buscar acuerdos políticos o a tender puentes con organizaciones políticas opositoras, aunque a nivel local su posición es más flexible, eventualmente ha promovido acuerdos y espacios de coordinación intergubernamental, por ejemplo, para ejecutar proyectos.29 Los líderes de la oposición coinciden en que en esta coyuntura han intentado acercamientos con el MAS, pero perciben que el gobierno no es propenso a escucharlos y mucho menos a generar acuerdos con ellos, es decir, que la imposibilidad de tender puentes se debe a la rigidez y exclusión con que actúa el gobierno respecto a ellos. El gobierno habría construido una barrera frente a quienes considera ‘golpistas’ o ‘terroristas’, estigmatizando a todo movimiento del oriente como opositor ante el occidente. En tanto que los intentos de acercamiento de la oposición al gobierno son percibidos como señal de debilidad.30 Juan Del Granado coincide en que no existe ninguna posibilidad de tender puentes y “no por parte nuestra y de la oposición, sino porque el MAS tiene una visión excluyente y negativa respecto a esta posibilidad”.31

Por tanto, y a pesar de la situación de debilidad y un cierto inmovilismo en que se encuentra la oposición, se mantiene una fuerte polarización en términos discursivos. Un ejercicio de auto identificación Después del giro a la izquierda latinoamericano experimentado desde fines de los noventa, han cobrado nuevamente sentido las batallas ideológicas y políticas entre los partidos, y resulta válido identificar a las organizaciones políticas en la clásica línea que divide a las ideologías entre izquierda y derecha, evidentemente con contenidos renovados a aquella que signó los años sesenta. Quizás en términos muy simples, pero útiles para esta diferenciación, se puede definir a la izquierda en este contexto, como la opción por el cambio, por los excluidos y con propuestas tendientes a revertir las situaciones de desigualdad social, económica y cultural, mientras la derecha mantiene una línea conservadora, buscando resolver los problemas que aquejan a la sociedad por la vía neoliberal. En Bolivia, a partir de una coyuntura en que los posicionamientos se encuentran polarizados por el denominado ‘proceso de cambio’, las opciones centristas tienden a ser absorbidas por los polos, y carecen de capacidad interpelatoria, sin embargo, muchos partidos de oposición en vigencia persisten en autoidentificarse justamente en el centro político. Unidad Nacional considera que ambos extremos han fracasado: el neoliberalismo y el estatismo, por tanto, el gran desafío desde el punto de vista ideológico es hacer una síntesis entre ambas, rescatando lo bueno y dejando de lado los extremos, con el fin de darle estabilidad al país.32 Verdes-CP, una opción política regional que surge del liderazgo del actual gobernador cruceño Rubén Costas, ahora con proyección nacional, se auto identifica en su origen como un movimiento cívico que reivindicaba la autonomía, y actualmente se ubica ideológicamente en el ‘centro’33 o, con más claridad, en el ‘centro

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derecha.34 Su lucha es por la democracia, los derechos humanos y la economía mixta. Utilizan la gestión exitosa de la gobernación y el perfil social del gobernador como modelo a seguir.35 Por otra parte, Primero el Beni, la agrupación del depuesto gobernador de oposición, Suárez, se ubica, sin dudar, en el ‘centro’ en una suerte de combinación que, desde el punto de vista de nuestro entrevistado, une ‘la democracia’ con ‘lo social’. Al igual que en Santa Cruz, el líder del Beni basa su discurso en su paso por la gobernación, “El gobierno nos ha estigmatizado como de derecha”, sin embargo en mi gestión hemos llegado mucho a la gente36, señala el ex-gobernador. De entre los partidos del ciclo anterior, el MNR (el partido más antiguo del espectro nacional) no cuenta con liderazgo claro desde la desaparición de Sánchez de Lozada del contexto nacional; mantiene una estructura anquilosada y dividida, sus distintas fracciones han buscado alianzas básicamente regionales, sobre todo en Tarija, Beni y Santa Cruz, existen fracciones que inclusive se han aliado con el MAS. Sus dirigentes y militantes se han reinventado en unos casos al interior de agrupaciones ciudadanas, en otros han migrado definitivamente al MAS con una lógica absolutamente pragmática. Su discurso se encuentra diluido en una oposición ambigua al régimen. También hay otras opciones del pasado que buscan reciclarse, como el nuevo partido Fuerza Republicana Federal, que intenta fundar Reyes Villa, centrando su discurso en la bandera del federalismo; o en Santa Cruz la fuerza política Todos por Santa Cruz de Juan Carlos Urenda, con un discurso conservador radical, apoyado por personajes del MIR o ADN y empresarios de derecha, que se ha diferenciado de Verdes; o la alternativa política encabezada por el actual diputado Germán Antelo con su agrupación Nuevo Poder Ciudadano (NPC). Desde otra perspectiva el MSM, ex-aliado del MAS, se auto identifica definitivamente como una opción de izquierda, plantea transformaciones, y no ‘mejoras’37, se definen como socialistas (es decir que los orienta la igualdad, libertad, justicia y dignidad plena), plantean no volver ni al estatismo ni al neoliberalismo, sino a la recuperación del programa de transformaciones del 2005.38 Agrupaciones más pequeñas que engrosan las filas de la oposición como Todos por Cochabamba, y otras con vigencia regional en Tarija, Oruro y Potosí, han surgido y se han presentado para hacer frente a candidaturas masistas, pero en ellas existen varias dificultades, para comenzar un vacío de liderazgo, dispersión y falta de una posición ideológica clara, propositiva. Varias de ellas están en el esfuerzo de articular una coalición no solo coyuntural, sino con base en la construcción de un proyecto político compartido y otras, como Santa Cruz Somos Todos, agrupación que actualmente ocupa la alcaldía de Santa Cruz, ha logrado acercamientos importantes con el MAS y consideran que el gobernador —de Verdes— es demasiado radical frente al gobierno.39 Otras posibles alternativas políticas han surgido también desde el clivaje izquierdista o descolonizador, como la organización que patrocina el ex-ministro Felix Patzi, o las que van articulando ex-masistas como Lino Villca en La Paz, o Alex Contreras (ex-ministro del MAS) en Cochabamba, entre otras múltiples disidencias del MAS que actualmente circulan en el escenario discursivo y político. De ahí que, el escenario político actual representa ya no una polarización entre oficialismo y oposición como bloques de poder, sino distintas oposiciones articuladas a principios ideológicos también diversos.

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Gráfico 4: Tercer escenario político “las oposiciones”

¿Es posible reagrupar a la oposición en un frente único? La oposición desde el punto de vista de los propios opositores está muy debilitada, en gran medida porque el gobierno se ha dedicado a perseguir a los dirigentes y autoridades políticas mediante procesamientos judiciales “no hay una autoridad de oposición que no sea procesada”40, señala uno de los líderes. Según el ex-gobernador del Beni, hay más oposición regional que nacional en este momento, por eso la idea hacia adelante es unificar las oposiciones regionales para construir una alternativa nacional: “dejar intereses particulares para generar una alianza nacional”. Él mismo, considera que un 65% no quiere más a Evo, pero no se trata solo de rechazarlo, sino de “enamorar al país, hablar de lo que falta por hacer, buscar nuevas soluciones, construir ofertas reales que ayuden a mejorar la calidad de vida de los bolivianos”. Aquella oposición que podría considerarse como de ‘centro’ democrático y desplazada hacia la derecha del MAS, inició un proyecto de alianzas o acuerdos políticos hacia el 2014, que combina lo nacional con lo regional, encabezada por Unidad Nacional: “Para ejercer oposición hay necesidad de combinar lo nacional y lo regional, en departamentos conservadores siguen habiendo lealtades a los viejos partidos que tienen arraigo regional, —por eso la importancia de alianzas—, tiene que haber partidos nacionales y dentro de ellos agrupaciones y visiones más regionales”.41 En ella participan organizaciones como Consenso Popular, Verdes, Primero el Beni, entre otras. Otro argumento para reagrupar a la oposición es la situación de aislamiento y vulnerabilidad en que se encuentran las organizaciones opositoras dispersas en lo local, que se manifiesta en la necesidad de conformar instancias más amplias y estructuradas como partidos políticos nacionales. De ahí que, por ejemplo, las organizaciones del oriente busquen relacionarse con occidente: “para nosotros los autonomistas, nuestro desafío es llegar a occidente, por lo que estamos condenados a entendernos”42, está consciente de que los desafíos pasan por el discurso, el mensaje y el candidato, “de manera que todos los que no quieren que el MAS siga podrían adherirse a esta coalición”, señala el entrevistado. Ahora bien, el virtual vacío que existe en la oposición tiene, según Ortiz, la ventaja de que no hay muchos competidores, hay

pocos actores con los cuales ponerse de acuerdo, pues unos fugaron del país y otros prefieren no participar por el miedo y el amedrentamiento del gobierno, o bien por la escasez de recursos. Las agrupaciones regionales o locales están conscientes de que la condición para una alianza o pacto es que existan afinidades ideológicas y programáticas, “ofrecer algo concreto y distinto a los bolivianos”43, se necesita que esta alianza “esté basada en un programa”44. Doria Medina señala que se está trabajando por un frente amplio, no un frente único, “no una sopa de letras como fue PODEMOS”45, sino con coherencia ideológica, con elementos comunes, así, el marco ideológico general que propone es el liberalismo democrático. El cálculo político a que apuesta esta posible alianza es que en el pasado la oposición —sumando votaciones—, el 2005 rebasó el 40% y el 2009 llegó cerca al 34%, mientras el MAS, de acuerdo a las encuestas, rebasa el 40%, pero no creen que alcance la mayoría absoluta, por tanto, el desafío es armar un puente que esté a menos de 10, puntos para disputar la segunda vuelta electoral, “por lo que el objetivo es llegar a ese 20 ó 25% de electorado descontento con el MAS, de ahí que cualquier voto por la izquierda más radical que le quite votos a Evo, es clave”.46 En cambio, el líder del MSM considera que no es en los espacios regionales o locales donde se gestarán alternativas nacionales. De hecho, plantea que en vez de buscar alianzas en realidad se trata de una articulación política nacional con aquellas corrientes afines, una suerte de ‘convergencia’ social capaz de generar una reorientación de este proceso ahora frustrado. “Lo que une es la reconstitución de los componentes del proceso que el MAS abandonó hace unos años”, destaca, y que el objetivo no es de corto plazo, de ganar las elecciones, sino de construir un proyecto sostenible.47 El MSM en sus tesis ideológicas es muy crítico a la oposición conservadora cuando señala que es carente de liderazgo y promotora de la polarización.48 Desde su punto de vista, se está produciendo un proceso muy germinal de reconstrucción de la oposición: “se ha desmoronado el sistema y todavía no hay una opción alternativa, por ahora la oposición se restringe a la crítica que no es lo mismo que fiscalizar, tampoco se perciben todavía alternativas para responder a las necesidades nacionales”.49 Así, encontramos una oposición proclive a las alianzas o pactos como la manera más efectiva de hacer frente electoralmente al MAS, y otra, u otras, que intentan diferenciarse de esta opción calificada como conservadora y propenden a un proyecto basado en una propuesta ideológica continuadora de la línea del cambio, pero muy crítica a la actual conducción gubernamental. No por nada, los principales líderes de esta oposición, como Juan del Granado u otros, fueron parte del inicial proyecto gubernamental, y son ahora disidentes. El estado de la oposición y su difícil reinvención: persistencia y organización La volatilidad de los partidos de oposición ha sido muy alta en los últimos años. Si comparamos los partidos que se presentaron en los dos últimos comicios nacionales, constatamos que de los 8 partidos que se presentaron el 2005 (con excepción del MAS), sólo uno se mantiene como sigla para las elecciones nacionales del 2009, que es UN, el resto o perdieron la sigla o se reagruparon y reciclaron en otros frentes políticos. De alguna manera, PPB-CN, el 2009, recogió la identidad y votación de PODEMOS, principal partido de oposición el 2005, mientras los demás, con

siglas aisladas, no rebasaron el 3% en ambos comicios.50 En realidad, como vimos, la oposición tuvo victorias electorales y mayor presencia a nivel departamental y municipal. La oposición enfrenta no sólo un nuevo escenario con nuevos paradigmas y desafíos que devienen de la apropiación social mayoritaria del proceso de transformaciones y de las grandes expectativas generadas por éste, sino también, está ante el reto de reinventar a los partidos, dotarles de sostenibilidad y (re)componer el sistema de representación política en Bolivia. Al respecto, existen al menos tres aspectos fundamentales a los que es preciso atender: el liderazgo, la modalidad y capacidad organizativa (el origen de la organización, su desarrollo institucional y procesos internos) y la capacidad de interpelar a la sociedad (mediante la construcción de un proyecto ideológico, un programa y un discurso). ¿Cómo se verifican estos aspectos en los actuales partidos? UN y el MSM han optado por construir estructuras partidarias, no así agrupaciones políticas. El MSM se fundó en 1999, mientras UN en 2004, sus liderazgos tienen un pasado común en el MIR de los setenta y ochenta, aunque en tendencias y con derroteros distintos; coincidentemente, ambos tienen su principal presencia electoral en La Paz (por el origen político de sus líderes). Dichos partidos cuentan con estructuras relativamente institucionalizadas, han pasado por procesos de elección interna y han construido un andamiaje con presencia en distintos departamentos, aunque no han logrado una expansión muy amplia. Sin embargo, sus tendencias político-ideológicas son distintas, pues si bien ambos coinciden en que el modelo de gestión gubernamental del MAS se ha agotado y debe ser removido, proponen alternativas distintas, en caso de UN una modernización económica del país, en el otro, una reconducción del proceso de cambio retomando el planteamiento inicial y corrigiendo los errores de la gestión política del MAS. Ambos afincan su representación en la clase media, mestizos, urbanos y sectores populares y no privilegian una adscripción étnica, campesina o ligada a sectores corporativos. Doria Medina considera que los sectores corporativos no tienen una ideología clara, se mueven de acuerdo a sus intereses.51 El líder del MSM enfatiza que quiere llegar a ese 64% de la población que se expresó el 2009, que apuesta por una transformación pero convencido de que ésta debe darse en una opción alternativa, mediante un ensanchamiento democrático y moderno, ‘un nuevo consenso nacional’.52 Verdes surgió desde la gobernación de Santa Cruz en torno al actual gobernador Costas, el 2009, cuyo estilo de liderazgo es popular y muy cercano a la vida cotidiana de la gente53, su prin-

La oposición enfrenta no sólo un nuevo escenario con nuevos paradigmas y desafíos que devienen de la apropiación social mayoritaria del proceso de transformaciones y de las grandes expectativas generadas por éste, sino también, está ante el reto de reinventar a los partidos, dotarles de sostenibilidad y (re)componer el sistema de representación política en Bolivia. and a mios 59

Obra 1, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2005.

cipal capital simbólico es justamente el perfil de su líder, que pretenden que trascienda a nivel nacional para proyectarlo al futuro, “no somos parte del pasado”, señalan, sino de la construcción del futuro.54 Desde el 2011 tomaron la decisión de proyectarse a nivel nacional, consideran que su gran capacidad movilizadora en Santa Cruz, que se constata en encuestas y movilizaciones en apoyo del gobernador, puede proyectar a nivel nacional, considerando además el peso poblacional que tiene esa región.55 Este partido cuenta con una institucionalidad y estructura mínimas, y por ahora acotadas a la región de Santa Cruz. Realizaron procesos de elecciones internas y cuentan con representantes también en los municipios. Esta organización tampoco se define por vínculos orgánicos con sectores de la sociedad, sino más bien se sostiene sobre el ‘ciudadano en general’. El frente PPB-CN, principal organización opositora en el parlamento, no cuenta con una estructura organizativa, se trató más bien de la aglutinación de liderazgos, personalidades y fracciones de antiguas organizaciones políticas como PODEMOS, ADN y NFR, entre los principales. Su presencia se limita al rol parlamentario, en el cual cierran filas para resistir al oficialismo, no exentas de tensiones entre sus parlamentarios. No cuentan con una vida orgánica relevante, esa es su principal debilidad. Otra agrupación que apunta a una proyección nacional por la vía de acuerdos es Primero el Beni, que desde su región pretende ‘ser parte de’ un proyecto nacional. Su base social es ‘la ciudadanía en general’, considera que esa es su fortaleza, pues si bien tienen algunos vínculos con organizaciones, lo más importante de su representatividad e institucionalidad estaría sostenida por autoridades municipales electas, y en su momento por el ex-gobernador. Fue una organización que interpeló a las viejas élites

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caudillistas de los partidos tradicionales asentados en el Beni, con los que mantiene una tensa relación. Las otras agrupaciones regionales o locales se encuentran limitadas por sus fronteras territoriales y supeditadas, en la mayoría de los casos, a liderazgos de situación, es decir, a aquellos surgidos por fuerza de las circunstancias y cuya desaparición normalmente conlleva la desaparición de la agrupación u organización política. Por último, existen un conjunto de opciones que están intentando conformarse y provienen de la disidencia del MAS, sin embargo, por ahora se limitan a la presencia mediática de figuras públicas y discursos críticos, pero no cuentan con personería ni presencia como organizaciones en el escenario político —con algunas excepciones como, por ejemplo, el Frente para la Victoria que cuenta con concejales en el municipio de Cochabamba—. Como se puede percibir, los desafíos para las organizaciones políticas de oposición son enormes, considerando tanto las condiciones de hegemonía del actual partido gobernante como las debilidades propias de sus desempeños internos y externos. Conclusiones y escenarios prospectivos Los partidos políticos que habían hegemonizado la representación en el ciclo anterior prácticamente han desaparecido del escenario político nacional. La actual oposición política está materializada en dos partidos relativamente nuevos, UN y el MSM a nivel nacional, y en el ámbito sub nacional por una diversidad de agrupaciones ciudadanas centradas en líderes personalistas. El MAS ha inaugurado una nueva forma de representación política, una compleja combinación entre partido y sindicato, que si bien

ha logrado captar un amplio apoyo de la población, sin embargo, por su propia naturaleza, tiene otras limitaciones como su escasa institucionalidad, cohesión, organicidad y sostenibilidad en el tiempo, es decir, que pueda trascender la presencia de su líder y de su situación circunstancial en el poder. El líder del MSM percibe que “el sentimiento crítico que antes había hacia los partidos, ahora se habría volcado contra el MAS”, y hay una expectativa de renovación, todavía inicial pero importante, en la búsqueda de una opción política distinta, mas allá de si es de izquierda o conservadora”56, lo cual quiere decir que, desde su punto de vista, el MAS también está contaminado con esa crisis. Probablemente esta percepción responda a que esta organización ha reproducido los viejos y cuestionados comportamientos de los partidos en su práctica política. Sin embargo, más allá de la denominación —frente, partido, movimiento, o alianza—, las organizaciones políticas son fundamentales para la existencia de un sistema de representación y, por tanto, para la democracia. De igual manera, el pluralismo y la presencia de la oposición son esenciales para el óptimo funcionamiento de la democracia. Pasquino sostiene que “la calidad de la democracia depende no solo de las virtudes de su gobierno, sino en modo especial, de la calidad de la oposición”57, pues ésta cumple funciones claves como incidir en la orientación en las decisiones, la fiscalización y el control al gobierno, así como la construcción de propuestas alternativas para constituirse en un factor de recambio y renovación. La alternancia evita el esclerosamiento del poder y la impunidad de la corrupción, abre alternativas distintas para una sociedad diversa y con distintos intereses y expectativas. En esta coyuntura, el claro predominio del oficialismo frente a la oposición expresa un desequilibrio y un deterioro del pluralismo, ya que hegemoniza no solo el escenario político institucional y los aparatos del Estado, sino también tiene a su favor el capital político, material y simbólico, vigente a pesar de su progresivo desgaste, mientras la oposición cuenta con muy poca capacidad de incidencia y queda relegada a un discurso testimonial, reactivo y de denuncia ante la opinión pública y los medios de comunicación.

programáticas, y a la redefinición de sus relaciones con el contexto, pues la mera resistencia y rechazo al gobierno, o el eventual liderazgo personalista, no son suficientes para convertirlos en alternativas democráticas ni en operadores de una oposición consecuente con el pluralismo. Si bien los escenarios futuros están indisolublemente ligados a las condiciones del contexto, también responden a la capacidad de los actores de convertirse en sujetos, movilizar recursos de poder efectivos y simbólicos y actuar en el campo político. Es cierto que la oposición política está desplegando una serie de estrategias para reinventarse. Por un lado, aquella que desde partidos nacionales (como UN) y agrupaciones locales busca construir una alianza que haga frente al partido de gobierno; por otro lado, partidos como el MSM optan por su reafirmación ideológica para interpelar al electorado ‘descontento’ con el proceso, mientras las más pequeñas y locales están buscando su tránsito de agrupación ciudadana hacia un partido nacional (VERDESCP), pero aún no se vislumbran posibilidades claras. En su actual relación con el gobierno, la oposición está muy lejos de jugar un rol efectivo, en otras palabras, de incidir en las decisiones, fiscalizar o convertirse en alternativa real a nivel nacional. Como pudimos constatar, su presencia es más bien simbólica, y se ha establecido una relación gobierno-oposición se caracteriza por una lógica schmidtiana, amigo-enemigo, que sella su calidad antagónica, por tanto la ausencia de espacios de concertación. Desde el punto de vista de la oposición, esto se debe a una deliberada decisión oficialista de estigmatizar y destruir a los enemigos políticos reales y potenciales. Desde la posición del gobierno a un menosprecio a la oposición estigmatizada como enemiga del proceso de cambio. El decurso de estos años, sin embargo, ha dejado varias lecciones tanto al partido de gobierno como a la oposición, y probablemente la más importante es la necesidad de construir escenarios políticos que trasciendan los liderazgos y los coyunturales pasos por el poder.

María Teresa Zegada C. Analista política y docente de la Universidad Mayor de San Simón, Cbba., e investigadora del Centro Cuarto Intermedio

Los cambios acontecidos en la última década resulta insoslayables para la construcción de nuevos referentes discursivos e interpelatorios, en ese sentido, convocan a las organizaciones políticas en general, y a la oposición en particular, a realizar una relectura de la realidad actual, a la recuperación de identidades

Komadina, Jorge y Geffroy, Céline 2007. El poder del movimiento político. Estrategia, tramas organizativas e identidad del MAS en Cochabamba (19992005). La Paz:CESU/DICYT-UMSS/fundación PIEB.

Zegada, Maria Teresa (et. al) 2011. La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano 2005-2010. La Paz: CLACSO-Muela del Diablo.

El ocaso de la oposición es provocado, entre otras cosas, por la homologación con el gobierno mediante alianzas parlamentarias propiciadas por el oficialismo, o mediante coaliciones indiscriminadas. Kirchheimer en Masasari “Naturaleza, y rol de las oposiciones político-parlamentarias” en: Pasquino, Gianfranco, La oposición en las democracias contemporáneas, (Buenos Aires: Ed. EUDEBA, 1997).

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Pasquino, Gianfranco, “Oposición, gobierno sombra, alternativa. Por qué y cómo estudiar a la oposición” en: Pasquino et al. La oposición en las democracias contemporáneas, (Buenos Aires, Argentina: Ed. Universitaria, 1997). Castiglioni, en el prólogo del libro, le añade un cuarto itinerario relacionado con las características organizativas de los partidos y la estructura del sistema partidario.

Labal Medina, Juan. “El surgimiento de los partidos políticos, una propuesta interpretativa” en: Abal (comp.) Los senderos de la nueva izquierda. Buenos Aires:Prometeo.

En caso de que ningún candidato haya obtenido el 50 % más uno o un mínimo de 40 % de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura más votada.

Ernesto Suárez fue depuesto de su cargo de gobernador con acusaciones aún no probadas respecto a su gestión y actualmente ocupa su lugar un militante del MAS. Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador del Beni y líder de Primero el Beni, Cochabamba, 11 de septiembre de 2012.

Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba 27 de septiembre 2012.

Tesis ideológicas, primera parte, 2012.

Entrevista a Ernesto Suárez, 11 de septiembre de 2012.

Garretón, Manuel. 2001. “ Política, partidos y sociedades en épocas contemporáneas” en Cheresky-Pousadela (comps.) Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas. Paidós: Buenos Aires.

Es el caso del Beni, donde el ex-prefecto Suárez señala que en varias ocasiones ha realizado proyectos de infraestructura conjuntos con el gobierno nacional.

Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12 de septiembre de 2012.

Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba 27 de septiembre 2012.

Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador y líder de Primero el Beni, Cochabamba 11 de septiembre de 2012.

Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12 de septiembre de 2012.

Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba 12 de septiembre de 2012.

Entrevista a Vladimir Peña, dirigente de Verdes 19 septiembre 2012.

Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de CP Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.

Entrevista a Vladimir Peña, dirigente de Verdes 19 septiembre 2012.

Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador del Beni y líder de Primero el Beni, Cochabamba 11 de septiembre de 2012.

Entrevista a Juan del Granado, Lider nacional del MSM, 27 septiembre 2012.

En la elección de asambleístas constituyentes del 2006, se impuso con el 50,7% y ganó en casi en todos los departamentos; en la consulta concurrente sobre autonomías se impuso el NO embanderado por el MAS con el 57,5% a nivel nacional, aunque el SÍ ganó en los departamentos de la ‘media luna’; más adelante, en el referéndum revocatorio del 2008, el MAS se impone nuevamente con el 67,4%, ratificando al presidente Morales; el posterior referéndum constituyente (2009) le reporta al MAS la victoria con la aprobación del texto constitucional con el 61,4% en enero del 2009; a fines del mismo año Evo Morales es reelegido con el 63,9%.

Tesis ideológicas, primera parte, 2012.

Entrevista a Angélica Sosa, dirigente Santa Cruz Somos Todos, Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.

Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador del Beni y líder de Primero el Beni, 11 septiembre de 2012.

Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12 de septiembre de 2012.

El autor sostiene que el modelo por difusión territorial se produce cuando un partido crece mediante la suma de diferentes agrupaciones territoriales, cada una con sus variantes organizativas. Panebianco, Angelo (1992). Modelos de partido, Paidós:España

Entrevista a Oscar Ortíz, Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.

Entrevista a Vladimir Peña, dirigente de Verdes 19 septiembre 2012.

Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador y líder de Primero el Beni, Cochabamba 11 de septiembre de 2012.

Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12 de septiembre de 2012.

Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de CP Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.

Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba 27 de septiembre 2012.

Tesis ideológicas, primera parte, 2012.

Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba 27 de septiembre 2012.

Excepto el MNR, que el 2005 obtuvo el 6,5%, pero no se presentó el 2009.

Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12 de septiembre de 2012.

Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba 27 de septiembre 2012.

Entrevista a Vladimir Peña, dirigente de Verdes 19 septiembre 2012.

Entrevista a Vladimir Peña, Verdes, Santa cruz, 19 de septiembre 2012.

Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de Consenso Popular, Santa Cruz 19 de septiembre 2012.

Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba 27 de septiembre 2012.

Pasquino, Gianfranco. La oposición en las democracias contemporáneas, (Buenos Aires: Ed. EUDEBA, 1997).

El mismo tiene 8 acusaciones relacionadas con su pasada gestión como Presidente del Senado (2006-2009). Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de Consenso Popular, Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.

Entrevista a Juan Del Granado, líder del MSM, Cochabamba, 27 de septiembre de 2012.

Entrevista a Samuel Doria Medina, 12 de septiembre de 2012.

El MAS logró 137 asambleístas, PODEMOS 60, UN, el MNR, MBL y MNR-FRI, 8 asambleístas cada uno, AS 6, CN 5 y el resto obtuvieron entre 1 y 3 representantes.

De la clasificación propuesta por Linz entre oposición leal, desleal y semileal. La primera consiste en una oposición al gobierno, pero no al régimen, la desleal es la que busca deliberadamente desestabilizar al régimen y al gobierno, la semileal está caracterizada por la ambigüedad, parece estar dispuesta a jugar con las reglas del juego establecidas, pero en situaciones críticas no duda en atacarlas. Linz, Juan. 1996. La quiebra de las democracia, Alianza Editorial, Madrid. Entre ellos el Plan Progreso para Bolivia, Concertación Nacional (PPB-CN) que logra el 26,7% a la cabeza de Reyes Villa, Samuel Doria Medina con Unidad Nacional (UN) que alcanza al 5,7%, René Joaquino por Alianza Social (AS) con 2.3% y cuatro opciones más pequeñas y que no lograron ni el 1% de los votos. Una alianza conformada por los sectores de la agrupación disuelta PODEMOS, y otros grupos políticos menores. Uno de los primeros aportes sobre el tema, es el texto de Robert Dahl publicado en 1966, Political Opposition in Western Democracies, (Yale University), luego se cuenta con el aporte de otros autores como Dahl, Duverger, Sartori, Kirchheimer.

Entrevista a Oscar Ortíz, líder de CN, Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.

Analista político e investigador de la UBGRM. Entrevista realizada el 19 de septiembre de 2012, Santa Cruz.

Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador del Beni y líder de Primero el Beni, Cochabamba 11 de septiembre de 2012.

Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de CP Santa Cruz 19 de septiembre 2012.

Entrevista a Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, Cochabamba, 12 de septiembre de 2012.

62 and a mios

análisis

polít cas públ cas

El Vivir Bien en Bolivia Una aproximación a partir del Bienestar Subjetivo y el Desarrollo Humano Milenka Figueroa Cárdenas

El cuestionamiento de seguir utilizando únicamente el ingreso per cápita como indicador de riqueza, bienestar y en definitiva de satisfacción, es cada vez mayor. La población se siente cada vez menos representada con tal indicador, ya que la riqueza o ingreso no se distribuye uniformemente al interior de los países entre los habitantes del mismo, por ejemplo, el año 2010 en América Latina y el Caribe, el 40% de los hogares más pobres captaban en promedio el 16% de los ingresos totales producidos, en tanto que el 10% de los hogares más ricos, concentraban en promedio el 33% de los ingresos totales2, reflejando esto una desmedida desigualdad. Desde casi mediados del siglo anterior se pudieron identificar cinco tendencias: la primera de ellas surge durante la década de los años setenta, planteando una construcción de indicadores sociales y una concepción de calidad de vida basada en la posesión de un grupo de bienes, servicios y satisfactores3; la segunda de ellas repara en la expansión de capacidades de los seres humanos; la tercera tendencia destaca que las necesidades van más allá de los aspectos materiales y, por tanto, el ingreso o producto resulta insuficiente para medir el grado de insatisfacción; la cuarta está relacionada con el desarrollo en base a una economía sustentable, y, finalmente, la última tendencia apunta al bienestar subjetivo, el cual pone en relieve que el progreso debe concebirse en función al bienestar de las personas y esto debe reflejarse en indicadores tales como la felicidad, la satisfacción con la vida, y los estados afectivos positivos entre otros. Desde América del Sur y una perspectiva propuesta por movimientos campesinos e indígenas, surgieron iniciativas para la construcción de indicadores que midan el bienestar de las personas de manera distinta a la tradicional, que parten de visiones holísticas de la realidad, e intentan un ensamblaje entre la sociedad, economía y naturaleza en el marco del reconocimiento a la pluralidad de situaciones económicas, culturales y políticas. Es así que el año 2007 en Bolivia y 2008 en Ecuador, se plantearon las nociones del Vivir Bien y Buen Vivir respectivamente, ambas ya posicionadas en el ámbito ideológico y contestatario a la globalización, constituyen referentes para guiar las políticas

64 and a mios

planteadas en los planes de desarrollo y se ajustan a la medición de la calidad de vida o bienestar subjetivo. El Vivir Bien concibe el bienestar desde horizontes tanto materiales como intangibles (afectividad, medio ambiente, solidaridad y vida comunitaria entre otros)4, por lo que debe contemplar su sistematización e interrelación en estos diferentes ámbitos para reflejar su verdadero carácter integral holístico capaz de abarcar situaciones no homogéneas, tanto en lo cultural, económico, político y social. En este sentido, y desde la perspectiva de la gestión de políticas públicas que están orientadas a lograr el Vivir Bien y considerándolo como situación de realización multidimensional, se hace evidente esfuerzos para lograr su medición. Midiendo el Vivir Bien a partir del bienestar subjetivo Este trabajo tiene el objetivo de lograr una medición del bienestar subjetivo a partir del Vivir Bien, indagando sobre los estados internos de los individuos en relación a la percepción que tienen sobre su propia vida, se tratan de auto-reportes de carácter retrospectivo de satisfacción o felicidad generalizada o concerniente a un dominio específico con la vida. Pretendiendo con ello, primero, mostrar lo que la gente entiende por vivir bien y, segundo, visibilizar diferencias entre distintos grupos de la población. Se utilizó para ello la Encuesta de Movilidad y Estratificación Social (EMES), realizada por el PNUD el año 2009, como insumo para el Informe de Desarrollo Humano 2010, el cual incluyó una Sección sobre “Percepciones y Significados del Vivir Bien”.

Espesor viscoso 8, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

os paradigmas evaluativos de las políticas públicas de modelos de desarrollo basados en la globalización y el libre mercado como mecanismo de asignación de recursos, han sido blanco de severas críticas, sobre todo por los escasos resultados en la reducción de la desigualdad y exclusión social, derivando esto en diversas propuestas que plantean desde la humanización del capitalismo introduciendo valores de solidaridad y responsabilidad social en la gestión económica, hasta otros más radicales que plantean incluso el cambio del modelo económico.1

La EMES tiene alcance nacional y representatividad por área de residencia (urbana, rural) y piso ecológico con una muestra de 12,937 personas encuestadas. No obstante, para la mencionada sección son elegibles únicamente jefes de hogar, cónyuges o personas comprendidas entre 18 y 64 años de edad, una por hogar, los que representan 3,412 entrevistados. La muestra efectiva es menor debido a la falta de respuesta en varias preguntas que componen dicho módulo. La Sección 11 de la EMES está dividida en cinco módulos o dominios, todos ellos con preguntas abiertas que pretenden mostrar las percepciones y significados del Vivir Bien: 1) Módulo de satisfacción general.- Indaga a los informantes los tres aspectos que considera más importantes para vivir bien, seguido de la satisfacción y satisfacción anterior. 2) Módulo de satisfacción material.- Investiga los tres aspectos que se consideran más importantes en la satisfacción de las necesidades materiales. 3) Módulo de satisfacción afectiva.- Preguntas sobre los tres aspectos que se consideran más importantes en la satisfacción de sus necesidades afectivas. 4) Módulo de convivencia comunitaria.- Contiene entre las preguntas los tres aspectos que se consideran más importantes para vivir en armonía con su comunidad. 5) Módulo de relación con la naturaleza.- Referida a las preguntas de los tres aspectos que se consideran más importantes para vivir en armonía con la naturaleza. Resultados de la EMES 2009

Una primera agrupación en 14 categorías muestra que lo más importante para los informantes de este módulo es tener o acceder a un trabajo, una de cada cuatro personas, representadas en su mayoría por los jefes de hogar, se refieren a este aspecto. En segundo lugar se encuentra la necesidad de tener una casa propia (16%), en tercer lugar gozar de una buena salud (15%), en cuarto lugar se encuentra la importancia de tener dinero, independientemente de la fuente (11%), y finalmente se destacan los servicios básicos, de entre los cuales el más importante es agua (8.6%). Con porcentajes menores, los entrevistados se refieren a otras categorías de bienes tan diversos que van desde valores morales hasta comodidades, entre los cuales ocupando un noveno lugar se encuentra la educación (3.5%), lo cual implicaría que ésta última ya no sería considerada como un factor determinante de movilidad social. Aunque las respuestas dejan ver la amplitud de preferencias y necesidades de la población, no cabe duda que la mayoría de ellas en el corto plazo se concentran, sobre todo, en bienes materiales-económicos antes que en derechos sociales básicos. Aspectos materiales, afectivos, comunitarios y relación con la naturaleza El resto de los aspectos que indagan más específicamente acerca de los bienes materiales, afectivos, convivencia comunitaria y relación con la naturaleza, presentan en cada uno de los módulos resultados particulares. Por ejemplo, en lo concerniente a los aspectos materiales que se requieren para Vivir Bien, los resultados revelan que casi el 50% de los entrevistados hacen hincapié en la necesidad de tener una vivienda que cuente con todos los servicios básicos, otro 30% hace referencia a la necesidad de tener un trabajo o negocio propio, y un 10% señala la importancia de tener vehículo, sobre todo con fines de trabajo más que para uso personal.

Los resultados obtenidos después del procesamiento del primer módulo son los más importantes de los cinco, ya que presenta la valoración de los entrevistados sobre los aspectos más relevantes que se consideran para Vivir Bien, además de medir el grado de satisfacción con tales.

Gráfico 2. Aspectos materiales que se necesitan para Vivir Bien 50.0 45.0

35.0 30.0 (%)

Gráfico 1. Percepciones de lo que se necesita para vivir bien – Bolivia (14 categorías - %)

46.5

40.0

32.4

25.0 20.0 15.0 10.0

11.2

5.0 0.0

4.3 Vivienda

DineroTrabajoNegocio

3.2

Vehículo Equipamento del Alimentación hogar

1.8 Otros

0.6 Vestimenta

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

Este resultado vuelve a denotar que, en cierta medida, el problema de vivienda y servicios básicos no está resuelto, lo cual puede ser atribuido al crecimiento demográfico de la última década, que al margen de dificultar el acceso a una vivienda, también complica la extensión y provisión adecuada de los servicios básicos.

and a mios 65

En lo concerniente a los resultados del dominio de aspectos afectivos, a los que sólo uno de diez jefes de hogar hizo referencia en la pregunta de aspectos generales, se aprecia que los encuestados manifestaron la necesidad de contar con amor y cariño, no precisamente familiar, sino como parte del comportamiento del entorno para satisfacer las necesidades afectivas. Gráfico 3. Aspectos afectivos que se necesitan para Vivir Bien

Los resultados con relación a este módulo en particular revelan que los hogares a nivel nacional priorizan los valores individuales antes que los comunitarios, sólo uno de cuatro hogares percibe la importancia de contar con valores comunitarios para Vivir Bien.

50.0 45.0

45.9

40.0 35.0

(%)

30.0 25.0 20.0 15.0

16.6

10.0

11.9

11.0

8.8

5.0 0.0

5.9 Amor y cariño

Respeto, paz y unidad

Diálogo y comprensión

Amistad, apoyo y familia

Otros

La percepción sobre la importancia de la comunidad se mide a partir de la proximidad o lejanía de las cosas o valores que vinculan a las personas con la comunidad o la organización.5 Cuánto más individuales, se percibe menos importancia de la comunidad. Al contrario, valores como la confianza, participación, reconocimiento de autoridad o compromiso con la organización, revelan un papel activo de la comunidad en el bienestar de los hogares.

Otros Val. Morales

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

En cuanto al énfasis especial que hace la filosofía del Vivir Bien en la reivindicación de la naturaleza como entidad suprema, la percepción de la población entrevistada respecto a los valores que generan la armonía con la naturaleza, muestra diferencias de acuerdo a la intensidad de la interacción. Por ejemplo, en el extremo más débil, casi un 50% de los hogares halla una coincidencia de valores que se traduce en respeto y amor hacia la naturaleza, y en el otro extremo, un 16% señala como necesarias tomar acciones más concretas para preservar la armonía con la naturaleza, como reciclar, mantener la limpieza y otros. Gráfico 5. Aspectos de relación con la naturaleza que se necesitan para Vivir Bien

Mientras que para casi cinco de cada diez encuestados jefes de hogar el amor y cariño es importante, para casi dos lo son el respeto, paz y unidad, que en cierta medida se tratan de bienes comunitarios, como también el diálogo y la comprensión, y sólo uno de diez destaca la importancia del apoyo familiar.

50.0 5.9 40.0

(%)

Al analizar los resultados de los módulos de convivencia comunitaria y relación con la naturaleza, el primero de ellos, mencionado de forma indirecta en los aspectos generales y el segundo que ni logró ser mencionado de forma espontánea, dan a entender, primero, una comprensión parcial del significado de vivir en comunidad y mucho más en áreas urbanas y, segundo, el débil vínculo que asocia una vida satisfactoria con un medio ambiente equilibrado.

60.0

30.0

20.0

10.0

0.0

Gráfico 4. Aspectos comunitarios que se necesitan para Vivir Bien

Amor y cariño

Respeto, paz y unidad

Diálogo y comprensión

Amistad, apoyo y familia

Otros

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

La satisfacción y el Vivir Bien como una aproximación al bienestar subjetivo

6.4 Valores individuales

24.0 Valores comunitarios

69.6

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

66 and a mios

Otros

Adicionalmente al análisis empírico y para cuantificar la satisfacción de la vida como un todo, se estimó un índice del Vivir Bien6 como una aproximación al bienestar subjetivo, a partir de una cuantificación de la satisfacción de la vida como un todo7 relacionado con los diferentes dominios o módulos que contiene dicha encuesta, en la que se utiliza una escala de satisfacción (valorativa) donde 1 significa: “Muy insatisfecho” y 10 “Muy satisfecho”. De esta manera, se puede predecir el índice de Vivir Bien (bienestar subjetivo) condicionado a la satisfacción de las dimensiones material, afectiva, de convivencia comunitaria y de relación con la naturaleza, asumiendo que las personas pueden ordenar la satisfacción en estos cuatro ámbitos y obtener una satisfacción conjunta.8

Kernel-epanechnikov, bandwidth=0.4926

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

El resultado permite apreciar (Gráfico 6) que, en promedio, los bolivianos están poco satisfechos con sus vidas, 3,74, o bien el índice del Vivir Bien promedio de los bolivianos alcanza a 3,74 en una escala de 1 a 10, lo cual denota insatisfacción con la vida en general. En cuanto a las ponderaciones del modelo, se observa que los dominios que mayor satisfacción producen son los relacionados a los bienes económicos y los vinculados a la satisfacción afectiva. En contraposición, tanto la convivencia comunitaria como la relación con la naturaleza, aunque son significativos, no tienen la misma importancia que los dos anteriores. Considerando las características de los individuos, aspectos como la ruralidad, el ser indígena y ser mujer (véase Gráfico 7), hacen disminuir la satisfacción general, o bien, el índice de Vivir Bien, en tanto que mejores ingresos y, más aún, una buena calidad de la vivienda y equipamiento, incluso desplazan la satisfacción que se alcanza únicamente con el ingreso.

Kdenslty yest .2

4 6 Satisfacción general

.16 .14 Densidad .1 .12 .08 .06 0

...los resultados también son indicativos de que se ha llegado a un momento dialéctico en el cual se sabe que la solución no fue ni con el desarrollo unívoco y lineal de la modernidad capitalista, pero tampoco con el fundamentalismo indígena, y más bien lo que se tiene es una adaptación que resulta de un proceso de construcción social que está comenzando a tomar conciencia en base al respeto a la naturaleza, a las diferencias culturales y la solidaridad humana, que precisamente encaja con la convivencia comunitaria.

Gráfico 6. Índice de satisfacción con la vida o Vivir Bien

4 Escala de satisfacción

Urbana

Gráfico 7. Índice de Vivir Bien según diferentes características

Rural

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

Kdenslty yest .2

Por tanto, mientras que en Bolivia no se cuenten con las condiciones, bienes y servicios básicos necesarios, la población todavía relacionará progreso, satisfacción o bienestar con los bienes económicos, entre los cuales el más importante es contar con una fuente laboral que le proporcione ingresos.

4 x Indígena Mestizo

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

6 Blanco Otros

Asimismo, los resultados también son indicativos de que se ha llegado a un momento dialéctico en el cual se sabe que la solución no fue ni con el desarrollo unívoco y lineal de la modernidad capitalista, pero tampoco con el fundamentalismo indígena, y más bien lo que se tiene es una adaptación que resulta de un proceso de construcción social que está comenzando a tomar conciencia en base al respeto a la naturaleza, a las diferencias culturales, y la solidaridad humana, que, precisamente, encaja con la convivencia comunitaria.

and a mios 67

En tal sentido, los indicadores subjetivos van cobrando importancia, ya que el uso de los mismos como complemento de los indicadores objetivos provee de una herramienta y perspectiva más completa para la toma de acciones y decisiones.

Desde el ámbito académico destacan trabajos de Fehr (2000), como también desde entidades antiglobalización. Véase el informe de Neatam (2002).

Véase CEPAL (2012). Panorama Social de América Latina 2011 . Santiago de Chile – Chile. Entendiéndose como satisfactores los bienes de consumo que cubren las necesidades del ser humano. Véase Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Bolivia digna, soberana, productiva y democrática, para Vivir Bien. La Paz, Bolivia.

Las percepciones de la población sobre la convivencia en comunidad o comunitaria depende crucialmente del contexto, de modo que la valoración de una organización se relaciona con la función en la que la complementación de bienes, servicios o la eficacia de la acción colectiva aumentan el bienestar de las personas.

Para la estimación se utilizó un marco metodológico combinado de las propuesta de Cantrill, Van Praag y Ferrer-i-Carbonell, un modelo Logit Ordenado corregido por endogeneidad.

Véase Van Praag, Bernard (1968). Welfare functions and consumer behavior. A theory of rational irrationality. Ámsterdam: North Holland.

Dicha estimación proporciona los coeficientes o ponderaciones de cada dimensión sobre la satisfacción general y, al mismo tiempo, reproduce puntos de corte en la misma escala original del Vivir bien (de 1 al 10). Otras especificaciones del modelo incluyen variables de control como edad, género, área de residencia y otros.

Incrustado en mis sentidos 2, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2011.

Milenka Figueroa Cárdenas Investigadora del Informe sobre Desarrollo Humano y los ODM en el PNUD Bolivia.

68 and a mios

Deliberación pública en torno a una Ley de organizaciones políticas en Bolivia Gustavo Bonifaz Moreno

l sistema político boliviano en general, y el sistema de representación en particular, pasan por un momento de profunda transición. El colapso del sistema de partidos que se mantuvo estable entre 1985 y 2002, no sólo refleja una profunda crisis de legitimidad del mismo, sino que derivó en una crisis de legitimidad del Estado. De dicho colapso emergieron dos bloques sociopolíticos1 que planteaban nuevas bases para la organización del Estado y el sistema político. Después de una etapa de alta conflictividad, estos proyectos estatales se articularon, no sin tensiones, en la Constitución Política del Estado y en una nueva normativa electoral que nos plantea la novedad de un Estado plurinacional con autonomías y el reto de la construcción de una democracia intercultural, para cuya consecución el Órgano Electoral Plurinacional adquiere un rol determinante. En este marco, el TSE se ha dado a la tarea, dentro de sus nuevas prerrogativas, de elaborar un Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas. Para el efecto, el órgano en cuestión ha abierto una serie de espacios deliberativos a nivel nacional, departamental y sectorial, para recoger los insumos necesarios que hagan al mencionado Anteproyecto un producto legítimo derivado de un debate sociopolítico plural. El presente análisis recoge, en perspectiva comparada, los resultados de las deliberaciones en torno al Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas, que tuvieron lugar entre líderes de organizaciones políticas y algunas organizaciones de la sociedad civil, en el encuentro nacional llevado a cabo el mes de octubre de 2012, los nueve encuentros departamentales que tuvieron lugar durante el mes de noviembre del año en cuestión, así como los encuentros sectoriales relacionados con el tema de género y juventudes. Asimismo, recoge algunas preocupaciones teóricas y normativas que buscan generar lineamientos generales para orientar el debate legislativo sobre la norma en cuestión. Antes del primer encuentro nacional de octubre, el equipo técnico que apoya esta iniciativa2, consensuó una estructura básica de la norma, en base a la cual se llevaron a cabo las deliberaciones mencionadas y que reproducimos a continuación: 1) Principios, objeto, alcance y definiciones 2) Constitución y reconocimiento de las Organizaciones Políticas 3) Estructura y funcionamiento de las Organizaciones Políticas 4) Democracia Interna, elección de dirigentes y candidatos 5) Derechos y obligaciones de las Organizaciones Políticas 6) Derechos y deberes de los miembros de las Organizaciones Políticas 7) Alianzas, fusiones y sus procedimientos 8) Financiamiento, patrimonio y fiscalización de las Organizaciones Políticas 9) Extinción de las Organizaciones Políticas

En torno a esta estructura giró la deliberación a nivel nacional, departamental y sectorial. Sin embargo, antes de entrar a un análisis detallado del debate en torno a estos ejes temáticos, cabe hacer algunas disquisiciones teóricas y de técnica legislativa que respondan básicamente a las preguntas: ¿Qué buscamos con la nueva Ley de Organizaciones Políticas? y ¿qué tipo de ejercicio legislativo nos puede hacer llegar a dicho objetivo? De acuerdo a Daniel Zovatto, La regulación jurídica de los partidos políticos determina los marcos jurídicos dentro de los cuales éstos se desenvuelven, las normas que rigen su formación, organización y financiamiento, sus facultades y límites, sus derechos y deberes, lo mismo que su estructura y sus principios de organización (2012:10) con el objeto general de mejorar la representación, la gobernabilidad y fortalecer el régimen democrático. Por su parte, la guía de regulación de los partidos políticos de la Unión Europea (2010), coincidiendo en general con los objetivos planteados por Zovatto, establece que, si bien cada vez más países están regulando a las Organizaciones Políticas (OP), no se puede hablar de criterios uniformes para la regulación de este tipo de organizaciones, debido a que la trayectoria histórica y las particularidades culturales de cada país hacen muy difícil hablar de un modelo único de regulación de los partidos y organizaciones políticas. En todo caso, hay ciertas prescripciones comúnmente aceptadas sobre los contornos de una sociedad democrática y ciertos derechos fundamentales universalmente reconocidos que se deben tomar en cuenta como bases para la regulación de las organizaciones políticas. El derecho a la libre asociación y a la participación política son los derechos base para el reconocimiento y regulación jurídica de las organizaciones políticas. De modo relacionado, los derechos a la libertad de expresión, de opinión y de reunión con fines pacíficos, se constituyen en pilares interdependientes para el reconocimiento y regulación jurídica de las OP. En el particular caso boliviano, el principio de plurinacionalidad, por el cual se reconoce a los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC) un conjunto de derechos colectivos, en igualdad de condiciones con los derechos individuales, dentro de los cuales está el derecho a desarrollar su institucionalidad política de acuerdo a sus usos y costumbres, pone un aditamento particular que debemos tomar en cuenta a la hora de pensar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Por otro lado, Bolivia reconoce, a su vez, el principio de interculturalidad3 como base de la democracia intercultural. Es en función del reconocimiento de estos derechos y del pluralismo institucional detrás de ellos, que se reconoce dentro de las OP, no sólo a los partidos políticos (PP) y las agrupaciones ciudadanas (AC), sino también a las organizaciones políticas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (OPIOC). Los partidos políticos en particular y las organizaciones políticas en general, son instituciones políticas sui-generis, ya que son bisagras de articulación entre la sociedad civil, entendida como

and a mios 69

el entramado de organizaciones espontáneas que generan los individuos y grupos para cumplir distintos fines compartidos por sus miembros, y el Estado, entendido como el conjunto de instituciones que organizan y regulan el poder dentro de un territorio dado, con el objetivo de orientar las acciones colectivas al logro de objeticos comunes para el conjunto de una comunidad política. Por ende, desde el punto de vista jurídico y de la esfera del derecho aplicable a las OP, éstas gozan de una categoría peculiar. Como organizaciones que emergen de la actividad espontánea de los ciudadanos y las comunidades, en su conformación corresponden a la esfera privada. Sin embargo, como organizaciones que articulan la voluntad popular y que buscan el acceder al poder político para tomar decisiones colectivas a nombre del gobierno y el Estado, son entidades de derecho público. El cuadro se complica aún más al incorporar a las OPIOC, cuyas instituciones son reconocidas simultáneamente como previas a la emergencia del Estado boliviano y del régimen colonial, pero a su vez constitutivas del Estado plurinacional. Por lo tanto, toda ley que regule a las OP enfrenta el reto de mantener un fino equilibrio entre el poder de regulación del Estado, las normas internas de las OP, entendidas como entidades de derecho público y la sociedad civil a la que representan, que debe contar con todas las garantías de fluidez para organizarse con fines políticos, desde la esfera privada. En ese sentido, uno de los principios fundamentales que debe guiar al legislador en la materia es el principio de PROPORCIONALIDAD. Siguiendo el mismo, los límites e incentivos del Estado hacia las OP deben estar diseñados en función a precautelar los derechos fundamentales de otros ciudadanos, la seguridad pública y el mejor funcionamiento de una sociedad democrática. Por ejemplo, una regulación exhaustiva de la democracia interna de las OP sólo se justifica en pos de generar una democracia más saludable, con partidos más legítimos y con equidad de competencia y participación de sectores estructuralmente desaventajados como ser las mujeres, los jóvenes o ciertas minorías. Una fórmula o guía para el legislador, nos plantea que a la hora de aplicar la proporcionalidad en la regulación de la estructura interna de las OP, debe fundamentarse en distintos criterios: 1) la naturaleza del derecho en cuestión, en este caso la libertad de asociación, expresión y reunión, y los derechos colectivos de las OPIOC a desarrollar sus propias instituciones políticas en base a usos y costumbres; 2) el propósito de la restricción o establecimiento de criterios uniformes para la organización interna de la OP; 3) la naturaleza y alcance de dichas restricciones o guías y 4) la relación entre la naturaleza de la restricción o regulación y su propósito (UE, 2010). Queda claro que el caso boliviano representa un reto fundamental para la elaboración de la LOP, ya que tiene la particularidad estructural de regular el rol de las NPIOC y sus OP en la democracia intercultural, cuyo espíritu debe ser transversal al de la LOP. En los debates nacional y departamentales, que son base del presente trabajo, no ha quedado claro, por ejemplo, si estamos hablando de las NPIOC como tales, o de OP de las NPIOC como terceros actores que organizan la representación y participación. Si bien la Ley del órgano Electoral habla de Organizaciones políticas de las NPIOC, no ha quedado claro, especialmente en el debate nacional de octubre, si debemos interpretar dicha norma en el sentido de que existe una esfera propiamente política entre la sociedad civil y el Estado, que esta ley debería regular, o si las NPIOC y otras organizaciones sociales deberían

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participar como tales en la política; por ejemplo nos preguntamos, ¿pueden existir dos OPIOC dentro de un Pueblo Indígena Originario Campesino? Este debate es sustancial a la hora de hablar de democracia intercultural, pero no ha sido suficientemente profundizado. Más aún, no se ha desarrollado a cabalidad el PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD, ni una fórmula que guíe la legislación sobre las OP en base a este principios. Consideramos, por los argumentos que se desarrollarán a continuación, que a la hora de elaborar la LOP, el legislador debe prestar particular atención a la manera en la que se articulan los principios de interculturalidad y proporcionalidad. Ahora pasamos a analizar el estado del debate en torno a los distintos ejes de la norma: 1.- Principios, objeto, alcance y definiciones 1.1 Principios No hubo un debate exhaustivo, a nivel nacional, sobre los principios que debería consignar la norma, más allá de la referencia que hizo Carlos Hugo Laruta de UN, sobre la necesidad de insertar la irretroactividad de esta norma a los principios, lo cual puede encapsularse en el principio de legalidad. Este debate sí adquirió mayor importancia a nivel departamental y en los eventos sectoriales de género y juventudes. La siguiente tabla rescata los principios donde hubo mayor coincidencia en los debates departamentales, y a los que se llegó a consensos en los encuentros sectoriales. Tabla 1. Principios que debería consignar la LOP según espacios de deliberación Encuentros Departamentales

Encuentro de Género

-Pluralismo Político

Consenso:

-Libertad de Expresión

-Bien Común

-Libertad de Asociación -Interculturalidad -Participación

-Igualdad y Equidad de Género -Transparencia -Pluralismo Político

Encuentro de Jóvenes -Interculturalidad (No excluyente de los jóvenes) -Representatividad -Inclusión -Participación

-No discriminación

-Democracia Intercul- -Bien común tural paritaria

-Plurinacionalidad

-Despatriarcalización

-Transparencia

-Ética Partidaria

-Igualdad de Género

Disenso:

-Equidad

-Bien Público

-Bien Común

-Descolonización

-Respeto a usos y costumbres de NPIOC

-Rendición de Cuentas -Diálogo con la Ciudadanía -No violencia -Legalidad

Fuente: Elaboración propia.

Podemos sintetizar los principios filosóficos de la norma, que los participantes consideran como importantes a la hora de establecer las bases de la LOP, como una amalgama de principios de la democracia liberal y de principios comunitarios. Es justamente el reto de la democracia intercultural el articular el pluralismo político y la plurinacionalidad, de tal modo que la LOP pueda establecer un equilibrio entre estas dos vertientes filosóficas que se reflejan en las instituciones de la democracia representativa, participativa y comunitaria.

...los jóvenes hicieron hincapié en la idea de que la interculturalidad no es excluyente a los derechos de los jóvenes. Sin embargo, consideramos que los derechos de los jóvenes a la participación política podrían colisionar con algunas concepciones indígenas que privilegian la experiencia de vida y la edad… 1.2. Democracia Intercultural (DI) Según Mayorga (2012: 1), La democracia intercultural es un dispositivo jurídico e ideológico que pretende establecer, organizar y legitimar las características formales de la democracia boliviana post-constituyente. Al enfatizar en lo formal hacemos hincapié en la racionalización jurídica de las prácticas políticas mediante el reconocimiento constitucional de hábitos, organizaciones y conductas colectivas que eran relativamente marginales al sistema político y que, desde 2009, constituyen uno de los rasgos peculiares del Estado Plurinacional (y por ende, de la democracia intercultural). Me refiero a la “democracia comunitaria” que reconoce modalidades de elección de representantes y autoridades distintas a las de la democracia representativa e implica el reconocimiento de derechos colectivos de un nuevo sujeto definido por criterios histórico-culturales: “naciones y pueblos indígena originario campesinos”. A la hora de pensar la democracia intercultural, en el marco de la LOP y en base a la anterior definición, nos preguntamos: ¿deberán existir barreras de entrada a los PP y AC a la democracia comunitaria y viceversa? ¿Cómo precautelar ciertos derechos políticos individuales (paridad y alternancia, participación juvenil, libertad de pensamiento y expresión) al interior de la democracia comunitaria? ¿Cómo precautelar los derechos colectivos de las NPIOC cuando participen en espacios territoriales y alianzas con otras OP? Estas son preguntas de mucha importancia que esperábamos sean abordadas con mayor profundidad a la hora de los debates, pero este no fue el caso. En el debate nacional hubieron más preocupaciones y posturas escépticas que propuestas concretas. Varios participantes de oposición plantearon que la DI era un concepto vacío y que los expertos4 no dan luces sobre su conceptualización y su aterrizaje institucional concreto. Es decir, ¿qué partes específicas de la LOP y en qué forma deberían plasmarse en la DI? Otros miembros de oposición mostraron su preocupación sobre el hecho de que la DI es un concepto peligroso, si por ella se entiende el fusionar a la sociedad civil y al Estado, o que estaríamos importando conceptos e instituciones desde preocupaciones académicas europeas. Por su parte, tampoco las intervenciones de líderes y participantes afines al MAS dieron muchas luces sobre cómo debería plasmarse la DI en la LOP. Por último, en los debates departamentales no se abundó suficientemente sobre este concepto, más allá de algunas declaraciones que celebran y plantean profundizar la DI.

En el encuentro de género se abrió un interesante debate sobre si los usos y costumbres de las OPIOC deberían respetarse completamente, o si deberían todos incluir el principio de paridad y alternancia de género. Algunas participantes plantearon la necesidad de solucionar potenciales conflictos entre usos y costumbres y el principio de paridad a nivel de los TED’s5; mientras que otras participantes plantearon que la paridad es un principio constitucionalmente reconocido y debería ser respetado por las OPIOC. Por su parte, los jóvenes hicieron hincapié en la idea de que la interculturalidad no es excluyente a los derechos de los jóvenes. Sin embargo, consideramos que los derechos de los jóvenes a la participación política podrían colisionar con algunas concepciones indígenas que privilegian la experiencia de vida y la edad, “el camino andado” como requisito para ejercer la autoridad en la comunidad, como lo mencionó un representante de la CSUTCB en el encuentro departamental de Oruro. En todo caso, la LOP deberá establecer fórmulas para la solución de potenciales colisiones entre los derechos políticos individuales y colectivos. Por ende, se hace fundamental llevar adelante uno o más encuentros con las organizaciones IOC, para discutir estos aspectos. 1.3 Naturaleza Jurídica y Definiciones de las OP No hubo claridad en el debate nacional sobre si las OP son instituciones de derecho público. A nivel departamental existió un importante debate en Cochabamba sobre si estas OP serían personas jurídicas de derecho público o privado, aunque no se llegó a consensos. El encuentro de género planteó una visión de la esfera en la que actúan las OP como la esfera del bien público, de lo que inferimos que las OP deberían ser organizaciones de derecho público. En el encuentro de jóvenes sí se debatió al respecto, planteándose que, como las OP hacen un trabajo público tendiente al bien común, deberían ser reguladas como organizaciones de derecho público. A nivel nacional no hubo definiciones claras sobre criterios de diferenciación de los tres tipos de OP, pero sí hubo un debate sobre la pertinencia o no, de incluir otro tipo de organizaciones sociales a la esfera de regulación de la norma. Sectores afines al MAS lo propusieron al constatarse, en la realidad, que organizaciones y movimientos sociales están participando en los hechos del sistema de representación, y que el MAS como IPSP6 es una constatación de aquello. Varios participantes de la oposición se opusieron fuertemente a esta postura planteando el riesgo del corporativismo y de fusionar a la sociedad civil con el Estado, a lo cual conduciría, según esta postura, el hecho de abrir el espacio de representación política a las organizaciones sociales. Por último, algunos participantes plantearon que la norma debería posibilitar lo que Marité Zegada7 ha denominado la “reconversión” de AC en PP. A nivel departamental, el tema de la representación de las organizaciones sociales por sí mismas no fue un tema de debate, pero sí se debatió a fondo sobre los criterios de diferenciación. En primer lugar, excepto Tarija y Santa Cruz, donde se abogó porque exista un trato diferenciado y una legislación especial para las OPIOC, hubo consenso en los otros departamentos en la necesidad de que exista igualdad jurídica entre todas las OP. En 4 departamentos (CBBA, LPZ, SCZ y CHQSCA) se optó por un criterio territorial de diferenciación: los PP tendrían un alcance nacional, mientras que las AC y las OPIOC tendrían un ámbito de actuación sub-nacional. Las primeras podrían actuar a nivel de departamento y municipio, y las segundas en sus circunscrip-

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Si consideramos, sin embargo, que la democracia intercultural es la proyección en la institucionalidad política del Estado plurinacional con autonomías, y si creemos que la LOP es un componente sustancial de la democracia intercultural, entonces es importante establecer, en primera instancia, que es de interés público y estatal el contar con un sistema de OP que refleje los principios de pluralismo político, plurinacionalidad, interculturalidad y autonomía. ciones indígenas. Sin embargo, un tema problemático fue el de si la regulación de las OPIOC debería variar en el caso de que permita que éstas puedan participar en espacios territoriales que vayan más allá de sus ámbitos territoriales específicos. Por otro lado, en Oruro y Potosí se optó por el criterio temporal. En el primero se especificó que las AC son de carácter efímero; es decir, que de acuerdo a este criterio los PP deberían ser pensadas como OP de carácter permanente y las AC como organizaciones de duración limitada y finalidad definida. En los demás departamentos se hizo hincapié en criterios ideológicos. Los PP deberían tener una declaración de principios y una clara orientación ideológica, mientras que las AC serían organizaciones de carácter cívico, espontáneo y ciudadano. En el encuentro de género se trató el tema de modo general, aunque se llegó al acuerdo de la necesidad de diferenciar a los PP, AC y OPIOC de manera conceptual y en base a criterios como su alcance, requisitos, y jurisdicción territorial (nacional, departamental y local). El grupo que trabajó el tema en el encuentro de jóvenes propuso diferenciarlos territorialmente, siendo los PP los únicos que tendrían alcance nacional. Esto generó un debate con los demás participantes, quienes señalaron que el criterio territorial no es el más adecuado, dado que, por ejemplo, una agrupación ciudadana podría pretender también alcance nacional, caso que se ha dado en el pasado. Se sugirió que los requisitos de conformación sean una manera de diferenciar las organizaciones políticas. 1.4. Alcance funcional y territorial de la norma A nivel nacional, se debatió con mucha intensidad, una vez más, sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la representación política (Ej: Movimientos Sociales), y si la norma debería incluirlos como sujetos de representación política. Es decir, si a nivel funcional la Ley debería abrir el espacio e incluir a estas organizaciones en su esfera de regulación. Se hizo menos hincapié, aunque fue objeto de preocupación de varios analistas y líderes, sobre la esfera de regulación de esta norma como Ley base, y sobre qué regularía la legislación de desarrollo departamental en la materia.

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A nivel departamental hubo una coincidencia generalizada en que la norma debe regular a las OP en su formación, funcionamiento, alianzas, extinción y financiamiento. En todos los departamentos hubo coincidencia en recalcar que esta es una Ley base que debe ser desarrollada por la legislación sub-nacional. Sin embargo, no hay claridades sobre qué competencias le corresponde a cada ámbito legislativo, más allá de plantearse que la norma básica debería regular aspectos generales y la legislación de desarrollo debería regular aspectos más concretos de la organización y funcionamiento de las OP a nivel regional. En cuanto a las OPIOC se planteó que deben respetarse sus usos y costumbres, en algunos departamentos incluso se planteó que sean regulados por una legislación especial; aunque en otros casos se sugirió que deberían atenerse a la misma legislación del espacio territorial donde se encuentren. Es de importancia preguntarse, dada esta falta de claridad, si sería prudente elaborar un catálogo competencial en la LOP, en el que se diferencien las competencias que cada nivel territorial debería tener en materia de regulación de OP. Sin embargo, el debate todavía está muy poco maduro, y dado que no se han aprobado sino muy pocos Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, existe un vacío normativo para poder empezar este debate. Se recomienda generar un debate con los representantes de los gobiernos sub-nacionales al respecto. De lo analizado hasta ahora, consideramos que el primer eje que debe tratar la norma presenta bastantes dificultades a la hora de conceptualizar el alcance de la misma, la naturaleza de los sujetos a ser regulados y el ámbito de actuación de éstos, así como de la misma ley. Si consideramos, sin embargo, que la democracia intercultural es la proyección en la institucionalidad política del Estado plurinacional con autonomías, y si creemos que la LOP es un componente sustancial de la democracia intercultural, entonces es importante establecer, en primera instancia, que es de interés público y estatal el contar con un sistema de OP que refleje los principios de pluralismo político, plurinacionalidad, interculturalidad y autonomía. Es fundamental, por otro lado, insertar el principio de proporcionalidad como eje que puede ayudar a diseñar las fórmulas necesarias para solucionar potenciales conflictos entre el Estado y las OP. La proporcionalidad, combinada con el principio de interculturalidad y complementariedad, puede ayudar a su vez a generar fórmulas que eviten conflictos entre el Estado, las OP no indígenas y las OPIOC. Por otro lado, dado el principio de autonomía, y la prescripción constitucional que establece al régimen electoral como competencia compartida; y una vez aclarado el tema de si la LOP se contempla o no dentro de la competencia denominada régimen electoral, es importante establecer el alcance territorial de la LOP. Dado que el TSE se ha dado a la tarea de elaborar un Anteproyecto de Ley en la materia, consideramos que de manera tácita se ha aceptado que esta norma entra dentro de la categoría de competencia compartida en materia electoral y, por tanto, debería ser una Ley base; estando los otros niveles territoriales autónomos habilitados para elaborar legislación de desarrollo sobre los distintos ejes que cubre la LOP. Consideramos entonces, que un potencial objeto de la LOP podría ser el siguiente:

La Ley de Organizaciones políticas tiene por objeto regular la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de las organizaciones políticas; las fusiones, coaliciones y alianzas que se produzcan entre ellas; así como sus relaciones con la sociedad y los órganos y niveles territoriales autónomos del Estado plurinacional, en el marco institucional de la democracia intercultural. 2. Constitución y Reconocimiento de las OP En el debate nacional, Ricardo Paz planteó que la barrera de entrada al sistema debería referirse al padrón biométrico y no a la cantidad de votos válidos en la última elección, y debería bajarse del 2% al 1,5%. En el otro extremo, Margot Soria del partido Verde de Bolivia, planteó que no deberían haber barreras de entrada al sistema, esto especialmente porque el país es bastante pequeño y con poca población. El tema de mover la barrera de entrada es sensible y puede tener muchas implicaciones para el equilibrio deseado entre representatividad y efectividad del sistema político. En cualquier caso, para hacer un cambio como el que plantea Paz, habrá que recurrir nuevamente al principio de proporcionalidad. Si un 1,5% del padrón representa más, cuantitativamente, que un 2% del total de votos válidos en la anterior elección, el cambio estaría en contra del principio de proporcionalidad, dado que se le estaría exigiendo a las OP un esfuerzo extra, en el contexto de un porcentaje de la población de electores registrados en el padrón que no asistió a votar y que, por ende, no cumplió con una obligación ciudadana; por tanto, el TSE no podría exigir a las OP lo que el electorado, o una parte de este, no habría otorgado, que es su participación en la conformación de la voluntad popular y el gobierno representativo. A nivel departamental, el debate no fue del todo claro. En algunos departamentos como el Beni, se planteó que se debería dar el mismo trato a las OP y que las normas en cuanto a las barreras de entrada no deberían variar. En Oruro y Cochabamba, en cambio, se planteó que las barreras deberían subir, y en el caso específico de los PP, si quisieran actuar a nivel sub-nacional, la barrera debería subir al 3%. Por otro lado, en Santa Cruz se planteó que las barreras eran muy altas.

30% de militantes jóvenes, así como un 20% de candidatos jóvenes como requisito para el nacimiento de la OP. Este tipo de cuotas generarán importantes debates a la hora de redactar la norma, pero también puede generar conflictos en lo que hace a las OPIOC, esto debido a que éstas no cuentan con militantes propiamente dichos, sino miembros de la comunidad, cuyo equilibrio de género y generacional está determinado por factores demográficos y no sociopolíticos. Esto, por supuesto, una vez aclarado el tema de la naturaleza jurídica de las OPIOC en relación a los pueblos indígenas que representan al Estado. 3. Estructura y Funcionamiento de las Organizaciones Políticas A nivel nacional no hubo un debate extendido sobre el rol que debería jugar la legislación en la estructuración interna de las OP. Algunos miembros de oposición manifestaron su preocupación respecto de una posible invasión de la vida interna de las OP por parte del TSE, a través de esta norma. A nivel departamental existieron dos posiciones marcadas sobre el nivel de penetración regulatoria que tendría esta norma en la vida interna de las OP. En La Paz y Pando hubo un consenso sobre la necesidad de normas detalladas para regular la estructura, el cumplimiento de estatutos y la democracia interna de las OP. En Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija se planteó la necesidad de establecer normas muy generales para regular la vida interna de las OP. Por último, en los departamentos restantes se optó por una opción intermedia, estableciendo que la regulación de la vida interna debería sólo supervisar el cumplimiento de estatutos, la democracia interna y la participación de las mujeres y los jóvenes. Se ha hecho bastante énfasis, en la mayoría de los departamentos, en el hecho de que el rol del TSE no debe interpretarse como una “intervención flagrante” en la vida interna de las OP. También

También se planteó en Cochabamba y Santa Cruz que las OPIOC deberían gozar de tratamiento especial y de respeto a sus usos y costumbres, lo cual podría interpretarse como una eliminación del criterio de barreras de entrada al interior de sus jurisdicciones. Alguna voz de disenso, en Santa Cruz, planteó la necesidad de incorporar un requisito cualitativo para la entrada al sistema, el de la obligatoriedad para las OP, especialmente si son de alcance nacional, de tener presencia o representación a lo largo del territorio nacional o en un número determinado de distritos. Nosotros consideramos que, dado que el debate en torno al tema no ha causado grandes demandas por un cambio sustancial, es posible mantener la actual barrera de entrada. Esto se constata porque ni siquiera la oposición que tendría bastante que ganar al bajarse la barrera, y mucho que perder en el caso contrario, ha hecho cuestión de estado por cambiar la dinámica como se encuentra ahora. Existe otra arista en este debate. En el encuentro de género se planteó que dada la categoría constitucional del principio de paridad y alternancia, un requisito para el reconocimiento de las OP debería ser el contar, por lo menos, con un 50% de militantes mujeres. De modo similar, los jóvenes plantearon un mínimo de

Incrédulo, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2010.

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Sin embargo, en este caso concreto, el principio de proporcionalidad se debe sopesar con el de plurinacionalidad, de acuerdo al cual, las NPIOC gozan de amplias prerrogativas para desarrollar sus instituciones políticas en base a sus propias normas, que estarían en igualdad jerárquica con la legislación ordinaria. Aquí la pregunta no es hasta dónde la LOP podrá regular aspectos de la estructuración interna de las OPIOC, sino si lo podrá hacer en primer lugar y en base a qué criterios. En todo caso, es probable que para determinar el balance entre el poder de regulación del Estado y la autonomía interna de las OPIOC, sea necesario llevar a cabo un proceso de consulta previa (Bohrt, 2012).

Incrédulo 2, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

se sugirió, que el OEP debería darle apoyo a las OP en lo que hace a sus procesos de democracia interna, lo que aumentaría sus atribuciones en la vida interna de las OP. Lo que no está todavía claro, es si el TSE debe limitarse a reconocer, controlar y fiscalizar estas normas, sancionando su incumplimiento, o si debe acompañar su elaboración desde un inicio; pero, además, no están claros los procedimientos mediante los cuales debe fiscalizar la elección de dirigentes y representantes. Asimismo, en relación a la regulación de las OPIOC para su democratización interna, hubieron posturas distintas en lo concerniente a si se deberían tener criterios para el registro de sus usos y costumbres. A nivel mundial, los partidos políticos han sido progresivamente regulados jurídicamente, empezando por su constitucionalización y terminando por la promulgación de distintas leyes especializadas que regulan su accionar. Este movimiento refleja una concepción de las OP como pertenecientes a la esfera pública. Más aún, la regulación constitucional y legal de las OP refleja una concepción de la democracia en la cual las OP son entendidas como instituciones necesarias para el funcionamiento de la democracia, y por ende, bienes públicos del sistema democrático (Van Biezen y Kopecky, 2007). Esta regulación jurídica, sin embargo, tropieza con el ya mencionado origen espontáneo de las OP en la esfera de la sociedad civil. Es justamente en este punto que el principio de proporcionalidad se hace más relevante. De acuerdo a la guía de la Unión Europea para la regulación de las OP, toda restricción, limitación o penetración en la libre asociación de las OP debe basarse en el interés público y fundamentarse en objetivos específicos que apunten a la construcción de una sociedad más democrática.

74 and a mios

Otro criterio fundamental a la hora de regular la estructura interna de las OP, es el de conflictividad sociopolítica. Muchos países de África, el este de Europa y el sudeste asiático, han establecido criterios electorales y de estructuración interna de sus partidos, con el objeto de que el sistema de partidos pueda canalizar los conflictos étnicos, religiosos, territoriales o de clase, que llevaron a esas sociedades a quiebres democráticos o incluso a situaciones que los llevaron a la secesión o al borde de esta (Ej: Rwanda, los países de la ex-Yugoslavia). En general, la regulación de las OP en estos países les ha puesto requisitos de estructuración interna para condicionar su participación en procesos electorales, los cuales se pueden resumir en la obligatoriedad de tener presencia o representatividad en distintas regiones del país, o que éstas se den de modo transversal a los distintos grupos étnicos que han entrado en conflicto históricamente (Reyly y Nordlund et. al, 2007). En el encuentro de Santa Cruz se debatió sobre la pertinencia de introducir entre los requisitos de constitución de un partido político de alcance nacional, el tener presencia en todos o la mayoría de los departamentos.8 Cabe resaltar el hecho de que el requisito de tener presencia organizada en distintas partes del territorio también está legislado en toda América Latina; sólo Bolivia, Colombia, El Salvador y Uruguay no han regulado este requisito (Cantón y Tuesta, 2007). El argumento en contra planteó que eso estaría violando los derechos políticos de las personas de un departamento que quieran fundar su propio partido, siempre y cuando, alcancen el número de firmas necesario. En todo caso, también cabe preguntarnos si las OPIOC, al participar en esferas territoriales departamentales o en la nacional, deberían acreditar que tienen presencia y/o composición multiétnica y no sólo mono-étnica. Esta es una pregunta que hace al debate sobre cómo plasmar la democracia intercultural en la nueva LOP. Después de todo, no debemos olvidar que los componentes étnico y regional fueron las líneas de fractura más intensas durante la crisis estatal que atravesó el país entre 2000 y 2009, y que el criterio de presencia territorial extendida puede facilitar la agregación de demandas y la transformación y canalización de conflictos dentro de las OP, en vez de convertir a éstas en vehículos de movilización que intensifiquen el conflicto. Ya mencionamos que el encuentro de género arrojó la demanda de que las OP deberían tener 50% de militantes mujeres; también se planteó la necesidad de un nivel de conducción colegiado con paridad. Más allá de cuestiones de género, las mujeres también plantearon la necesidad de que la norma consigne instancias de impugnación interna, defensa de la militancia, un tribunal de ética y un tribunal electoral para la democracia interna. Los jóvenes plantearon incluso una propuesta de articulado para la LOP en torno a la estructura de las OP: Art. X: Las Organizaciones Políticas deben garantizar la participación de al menos un 30% de jóvenes en los espacios de toma de decisión y en los cargos directivos en todos los niveles de su

estructura orgánica. En suma, en el debate nacional y departamental surge la pregunta de hasta dónde y bajo qué criterios la LOP podrá regular la estructura interna de las OP. Dado que el principio de proporcionalidad plantea que esta intervención se podrá dar sólo en virtud de promover el bien común en general, y la construcción de una sociedad más democrática en particular, es importante abordar el debate sobre la democracia interna de las OP y el rol que jugará el TSE en esta. El argumento a favor de las cuotas para mujeres y jóvenes, por ejemplo, ha sido histórico ya que son sectores estructuralmente sub-representados en las organizaciones políticas, lo cual mina la representatividad y en cierto sentido la legitimidad del sistema de representación. 4. Democracia Interna Sobre la democracia interna, el debate nacional mostró que si bien todos coincidieron en la necesidad de que hayan formas de democracia interna dentro de las OP, algunos (MNR) optaron por la necesidad de institucionalizar las elecciones internas; mientras otros (PDC, CP) plantearon que deberán ser las propias OP las que definan en sus estatutos la forma de democracia interna que llevarán adelante. En todo caso, no quedó claro si el TSE debería abstenerse de incursionar en estos procesos. Tampoco ha quedado claro si el TSE debería intervenir y en qué medida (¿dirimir ó acompañar y dar fe?) en los procesos de democracia comunitaria que se den dentro de las OPIOC, para su elección de dirigentes y candidatos. En el debate departamental dentro de La Paz, Tarija y Oruro se planteó la necesidad de una normativa detallada y una supervisión exhaustiva de la democracia interna por parte del TSE. En Oruro, por otro lado, se planteó incluso las elecciones internas permanentes. En Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, los participantes se inclinaron por dejar la democracia interna a la regulación de los estatutos internos. En Cochabamba se planteó que la democracia interna debería dejarse a las normas estatutarias, pero debería velarse porque éstas contengan prescripciones sobre igualdad de género y equidad generacional. En Pando y Beni no se profundizó sobre el tema. Como se puede observar, el debate departamental tiene una gama de posturas con respecto a qué hacer en la elaboración de la LOP para promover la democracia al interior de las OP.

tado; sin embargo, es conocido también desde la teoría (Michels, 1969; Duverger) que a medida que las OP crecen y se hacen más complejas tienden a oligarquizarse. La democracia interna está consignada en la legislación vigente sobre organizaciones políticas, pero sólo estableciéndose un conjunto de contornos o marcos regulatorios generales para que sean las propias OP las que la ejecuten de acuerdo a su normativa estatutaria. El reto de la LOP será generar un equilibrio entre regulación para la democracia interna y los derechos políticos de los miembros de las OP y de ésta como componente de la sociedad civil. Como hemos visto en el debate nacional y departamental, las posiciones son diversas en cuanto a qué nivel de penetración debería tener el TSE en la democracia interna de las OP. Las posiciones varían desde un rol meramente supervisor de los estatutos internos a algunas que plantean elecciones internas permanentes. En Argentina, por ejemplo, se realizan elecciones primarias de modo simultáneo, obligatorio y abierto para todos los ciudadanos; de esas elecciones salen los candidatos que competirán para los puestos de representación en las elecciones nacionales (Tulio, 2012). Sin embargo, la medida en la que el ciudadano, al participar en estos procesos, puede influir directamente en la conformación del gobierno y de sus representantes variará dependiendo de cuán cerca esté el candidato electo de ganar, en un segundo momento, el puesto de representación. En primer lugar, un sistema multipartidista, al abrir el abanico de opciones que la ciudadanía tendrá para elegir al representante, hace que las elecciones primarias sean poco influyentes y, por ende, menos atractivas para la población. En el otro extremo, un sistema de partido hegemónico o dominante hará de las primarias plataformas clave para la determinación de los futuros representantes. En los Estados Uni-

La democracia interna de las OP está íntimamente relacionada al tema de la representatividad y la legitimidad de las mismas. El presupuesto teórico es que a mayor democracia interna será mayor el recambio de liderazgos, la representación de distintos sectores, y será más cercana la relación entre la sociedad y el Es-

sssss, Fernando Montes.

La democratización interna de las OP es fundamental a la hora de imaginarse qué sistema de representación se busca. Es importante recalcar que el sistema de partidos que estuvo vigente y se mantuvo estable en Bolivia entre 1985 y 2005, entró en una profunda crisis de legitimidad a inicios de la década anterior. Según Moira Zuazo (2012), la Ley de partidos políticos de 1999 llegó tarde y no pudo generar reglas que aseguren una mayor representatividad del sistema. Es en ese contexto que se aprobó la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que buscaba abrir el sistema de representación a otras organizaciones de la sociedad civil y a los actores indígenas que demandaban un conjunto de reformas por fuera del sistema. Sin embargo, tampoco se incidió a través de esta norma en la democratización interna de las OP.

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dos, el bipartidismo y el sistema de colegios electorales hacen que las primarias sean de suma importancia para los militantes, ya que de ganar su candidato en las primarias, tendrá un 50% de posibilidades de ser electo para el puesto de representación popular en las elecciones nacionales. Siguiendo el anterior punto, el sistema electoral es también un factor importante para determinar el peso relativo de las elecciones primarias en un determinado país. Un sistema de circunscripciones uninominales de simple mayoría hará las elecciones primarias mucho más importantes que un sistema de representación proporcional, especialmente si este es multipartidista. El sistema de gobierno también es otro factor que determinará el peso de las primarias. Un sistema presidencialista hace menos relevante la selección previa de los candidatos —excepto el candidato presidencial— por parte del electorado, mientras que en un sistema parlamentario, donde el Congreso tiene un peso específico en la determinación de las políticas públicas, la influencia de las primarias se hará más importante. En todo caso, hay que atender a la combinación de todos estos factores a la hora de determinar cuán relevantes serán las elecciones primarias a la hora de insuflar mayor representatividad y legitimidad al sistema político. Por último, en circunscripciones especiales destinadas a minorías lingüísticas o étnicas, es evidente que el peso de las primarias será decisivo (Cross, 2008). En todo caso, es necesario ver las diferentes combinaciones de factores al decidir cuán importante es un sistema de elecciones primarias a la hora de generar un sistema de OP que sea más representativo. Un sistema en el que existan pocas OP, que sea parlamentario, con circuns-

cripciones uninominales de mayoría simple, algunas reservadas para minorías étnicas, hará por supuesto que las primarias sean determinantes a la hora de darle forma a la representación y aumentará su representatividad y legitimidad. Es fundamental, a su vez, que esta normativa esté en consonancia con la normativa electoral sobre equidad de género y generacional que está consignada en la CPE y el régimen electoral. En el caso boliviano tendrá que tomarse en cuenta el principio de paridad y alternancia. Respecto a este tema, el encuentro de jóvenes arrojó una segunda propuesta de articulado: Art. X: Las Organizaciones Políticas deberán incorporar un mínimo de 20% de jóvenes dentro de las listas de candidatura en todos los niveles y circunscripciones electorales9. La pregunta, a la hora de legislar sobre este tema, es si se está buscando darle este tipo de legitimación extra al sistema, si esto es de importancia para la estabilidad y salud del mismo, y si entonces este objetivo se vuelve de carácter público y, por ende, el Estado se compromete y hace vinculante el mandato de las elecciones primarias para todas las OP. Si este es el caso, dado el principio de proporcionalidad, debería el Estado, a contramano, administrar y financiar estos procesos a través del OEP. Más allá de la democracia interna en la elección de candidatos, está el tema de la elección de dirigentes. Estos proceso se dejan usualmente a la normativa interna de las OP, pero deberían, mínimamente, consignar la existencia de un cuerpo deliberativo (Ej: Asamblea), y ciertas prescripciones sobre la equidad de género y generacional, así como garantizar el disenso al interior de las OP. Una vez más surge el cuestionamiento sobre la normativa interna de las OPIOC, y si el TSE debería intervenir para garantizar ciertos principios al interior de las mismas; de hacerlo así, debería ser en estricta aplicación del principio y de una fórmula de interculturalidad consignada en la norma. Por último, el tema de la equidad de género y generacional puede generar tensiones entre la normativa nacional y la de las OPIOC. 5. Derechos y Deberes de las Organizaciones Políticas En el debate nacional no se profundizó sobre si las OP tendrían los mismos derechos entre sí y ante el OEP. A nivel departamental no hubo una posición unánime sobre si todas las OP deberían o no, gozar de iguales derechos. En Oruro, Pando, Potosí y Chuquisaca se planteó que todas las OP deberían tener los mismos derechos y obligaciones. Por su parte, en Tarija y también en Santa Cruz, se habló sobre la necesidad de un trato diferenciado a las OPIOC, especialmente al tratarse de su actuación al interior de los espacios territoriales de las NPIOC.

sssss, Fernando Montes.

El tema de los derechos de las OPIOC se hace complejo, esto debido a que, si bien todos sus habitantes gozan de los derechos civiles y políticos consignados en la CPE y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las NPIOC gozan también de una gama de derechos colectivos consignados en los mismos cuerpos legales, dentro de los cuáles cuenta el derecho al autogobierno y al desarrollo de sus instituciones políticas. Es justamente detrás de este principio que se sustenta el pilar de la democracia comunitaria, del cual, a su vez, se descuelga el reconocimiento de las OPIOC como actores del sistema de representación a ser regulados por la LOP. Esto nos pone ante la evidente necesidad de repensar el principio de igualdad jurí-

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Esto nos pone ante la evidente necesidad de repensar el principio de igualdad jurídica en el marco de la diferencia cultural. Un trato diferente no necesariamente implica un trato desigual, aunque si puede ser el caso en la eventualidad de que esos derechos y deberes diferenciados signifiquen una ventaja de partida para las OPIOC a la hora de competir con las otras OP en un mismo plano electoral. dica en el marco de la diferencia cultural. Un trato diferente no necesariamente implica un trato desigual, aunque si puede ser el caso en la eventualidad de que esos derechos y deberes diferenciados signifiquen una ventaja de partida para las OPIOC a la hora de competir con las otras OP en un mismo plano electoral. Cabe resaltar aquí una interesante reflexión salida del encuentro de jóvenes, que se refiere a que si bien las OPIOC tienen representatividad, al provenir de otra forma de democracia, que no es representativa, tienen también electividad, actuando en una duplicidad de ámbitos o esferas políticas. 6. Derechos y obligaciones de los miembros de las Organizaciones Políticas Como en el anterior caso, el tema de los derechos y obligaciones de los miembros de las OP hace al principio de proporcionalidad. Una de las críticas fundamentales al anterior sistema de partidos ha recaído sobre el carácter caudillista, patrimonialista y clientelar en su interior. Los líderes partidarios no tenían reales frenos o contrapesos internos para el ejercicio discrecional de su poder; en contraparte, tal parece que los miembros de la base del partido, en los hechos y más allá de la formalidad estatutaria, tenían pocos mecanismos para hacer valer sus derechos en caso de que estos sean violados por la acción de la dirigencia o de otros miembros. A nivel del debate nacional no hubo una profundización de este tema. Ante la posibilidad de que el TSE pueda participar como órgano de segunda instancia en la solución de conflictos, y las reivindicaciones de derechos de los militantes, Oscar Ortíz de CP10, planteó que esta podría ser una peligrosa vía para la intervención del Estado en la vida interna de las OP. Sin embargo, Mónica Novillo de la Coordinadora de la Mujer, tuvo una posición divergente, al plantear que los partidos no cumplen con las cuotas de participación de mujeres en su interior; por ende, en la elaboración de la Ley se debería discutir sobre las sanciones que deberían aplicarse a quienes no las cumplan. A nivel departamental, en Beni, Santa Cruz y Tarija no se profundizó sobre el tema. En otros departamentos fue abordado desde dos dimensiones. Por un lado se habló sobre la igualdad de derechos y obligaciones de los militantes. En Cochabamba se planteó que los derechos de los militantes deberían ser los mismos

en todas las OP, más allá de que estas sean distintas. En Pando, por otra parte, se planteó que si bien todos los militantes deberían tener los mismos derechos, no deberían tener las mismas obligaciones; por ejemplo en una OPIOC no existen militantes ni simpatizantes, a diferencia de un PP donde existen militantes con obligaciones y responsabilidades, incluso pecuniarias, por otro lado, en las AC existen sólo adherentes que no tienen una relación estrecha con la OP. En una segunda dimensión, se habló de los contenidos concretos de esos derechos y obligaciones. En Potosí se planteó que los militantes y adherentes podrían esperar de su OP que se asegure la equidad de género, y la formación permanente y participación de los miembros jóvenes. En Chuquisaca se planteó que para ser dirigente no se debería tener pliego de cargo ni sentencia ejecutoriada. En Oruro se planteó que los militantes deberían tener el derecho a solicitar todo tipo de información a su OP, la misma que, de negarle este derecho a su militante, debería ser sancionada por el TSE; el militante, sin embargo, debería acreditarse como tal ante el OEP. Por último, en La Paz, se planteó la necesidad de contar con una instancia interna donde el militante pueda defenderse en caso de considerar sus derechos violados. El encuentro de mujeres generó resultados más concretos y algunas propuestas de diseño institucional. Se planteó el sancionar con dureza el acoso político y la creación de un consejo multipartidario de defensa del militante, que en primera instancia debería garantizar la equidad de género y el principio de paridad y alternancia, aunque es una idea interesante que podría implementarse como mecanismo de defensa de los derechos del militante en general. El tema de los derechos de los miembros sirve para delimitar las esferas de acción de regulación estatal en el marco del principio de proporcionalidad. En primer lugar se deberá discutir si existirá una lista amplia y detallada de derechos del militante, que la presente Ley deberá contemplar, o si se harán sólo consideraciones generales, precautelando por supuesto los principios de paridad y alternancia de género y de equidad de participación de los jóvenes. De igual manera, se deberá tener una fórmula de interculturalidad para el caso de fusiones y/o alianzas entre OPIOC, PP y AC. Estos derechos se convierten en obligaciones de las OP hacia sus miembros, y debe entonces también considerarse qué instancias serán las idóneas para hacerlos valer. Si se piensa en un protagonismo mayor de TSE en este ámbito, se debe considerar que se dará un nivel importante de penetración del Estado en la vida interna de las OP, lo cual debe ser equilibrado dentro del principio de proporcionalidad. En función del mismo, por último, se deben generar equilibrios con las obligaciones de los miembros de la OP; por ejemplo, en el caso de que los militantes cuenten con el acceso irrestricto a la información del partido, deberían también estar obligados a mantener la confidencialidad, hacia afuera, de cierta información que la dirigencia considere estratégica para la OP; el incumplimiento de esta prescripción debería conllevar determinadas sanciones para el militante. Otro tema a discutir es el de los derechos de los miembros de OPIOC. Como lo plantearon en Oruro, éstas no contienen militantes, sino miembros de la comunidad, o, como lo plantearon los jóvenes, una dualidad de roles. Sin embargo, la actuación de esta OP en la esfera de la representación, especialmente en espacios mayores al nivel local, genera preguntas sobre los derechos de estos miembros en función a su dirigencia o el nivel ejecutivo de toma de decisiones del mismo, fuera de la esfera

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comunitaria. Queda también la pregunta de si, hacia adentro, los miembros de las OPIOC gozarán de los derechos civiles y políticos individuales reconocidos por la CPE y los convenios internacionales, y cómo solucionar situaciones en las que existan colisión entre estos derechos individuales y los derechos colectivos de la OPIOC. Este potencial eje de conflictividad nos vuelve a hacer reflexionar sobre la necesidad de desarrollar jurídicamente el principio de interculturalidad. 7. Alianzas, fusiones y “reconversiones” La regulación de un sistema de OP que reconoce tres diferentes tipos de OP: PP, AC y OPIOC, debe establecer fórmulas para el establecimiento de principios, reglas y procedimientos para la concreción de alianzas, fusiones, reconversiones entre los distintos tipos de OP. Tanto a nivel nacional como departamental, el debate mostró que la crisis del anterior sistema de partidos ha dejado una estela de desconfianza en amplios sectores de la sociedad y en las propias militancias partidarias sobre las alianzas que se llevaron a cabo en el marco de ese sistema, porque fueron poco éticas y poco fieles a los principios ideológicos de los partidos, en muchos casos. Algunas participaciones en el debate nacional sugirieron que esta situación no se debería repetir y la LOP debería hacer algo al respecto. Sin embargo, algunos participantes de la oposición plantearon que los aspectos éticos e ideológicos de las alianzas no deberían ser regulados por el Estado; después de todo ¿quién y cómo define lo que es o no es ético? Sería, según este argumento, peligroso que el Estado regule los contenidos ideológicos de las alianzas. El tema fue también objeto de intensos debates dentro de los eventos departamentales, y tomó distintos matices entre departamentos. El debate se llevó a cabo en dos planos, uno de contenido y otro de forma. En La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, se planteó que las alianzas y fusiones deberían realizarse en base a afinidades programáticas e ideológicas. En Oruro y Tarija se ha planteado la necesidad de este requisito, pero sólo al hablar de las fusiones. Cabe resaltar, sin embargo, la salvedad de que en La Paz existieron posiciones de disenso que plantearon que regular éste ámbito de acción de las OP podría conducir a un excesivo control estatal hacia las OP. Aquí cabe entrar al plano procedimental del debate departamental sobre la regulación de alianzas y fusiones. Se planteó en la mayoría de los departamentos, por consenso, que los procedimientos para la consecución de alianzas y fusiones deberían estar consignados en los reglamentos internos de las OP (Beni, La Paz, Oruro, Pando, Potosí Chuquisaca y Tarija). En suma, a nivel departamental existe una coincidencia en la necesidad de regulación del régimen de alianzas y fusiones. Existe también una coincidencia en la necesidad de que los aspectos éticos e ideológicos del régimen de alianzas estén dentro de los estatutos internos de las OP y que exista alguna forma de validación de los mismos por parte de los militantes. Insistimos en la necesidad de preguntarnos sobre el rol del TSE en la solución de conflictos que emerjan de la implementación o no de estos reglamentos. En el evento de mujeres se planteó que este tipo de alianzas sería perfectamente posible en todos los niveles. En el encuentro de jóvenes se estableció que todas las OP podrían entablar alianzas entre sí, teniendo previamente las OP un programa en

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común, y siendo la alianza aprobada por la máxima instancia decisoria de la OP. En el caso de las OP de alcance nacional, se planteó que las alianzas sólo podrían durar hasta dos elecciones consecutivas. Desde la perspectiva doctrinal, consideramos que el TSE no debería cumplir ningún rol de control de los principios éticos e ideológicos que orientan a las OP a la hora de llevar adelante alianzas y fusiones. Este tipo de actividad sería violatoria de los derechos de libre asociación, reunión y pensamiento, que son base para la legislación de la representación política y, por ende, para los principios del pluralismo político y la proporcionalidad. Es a su vez sociológicamente desacertado plantear que la ideología sea utilizada como indicador de regulación de las afinidades o clivajes entre y dentro de los partidos, en una era en que la globalización ha multiplicado y complicado de sobremanera el abanico de opciones ideológicas que distintos segmentos de la sociedad pueden adoptar como representativas. En un mundo globalizado, parcialmente integrado y fragmentado, hay mucha fluidez ideológica y es muy riesgoso para el pluralismo asignarle al poder estatal el rol de demarcación del espectro ideológico de determinada sociedad. Es la militancia y la población en general, a través de su voto, así como la competencia electoral misma, las que se encargarán de definir si la falta de coherencia ideológica amerita que un partido sea castigado o no por este hecho. En todo caso, se puede plantear como uno de los componentes de la norma, la necesidad de que los estatutos internos contengan un capítulo que regula el régimen de alianzas y fusiones de cada partido. La norma podría también establecer que algún tipo de validación por parte de la militancia, será requerida a la hora de llevar adelante alianzas y fusiones (Congresos, referéndum interno, etc.). Otro tema que se tocó a nivel nacional y departamental fue el de las reconversiones o la posibilidad de que una AC pueda convertirse en partido político. A nivel nacional fue una demanda planteada por Consenso Popular en la representación de Oscar Ortíz. A nivel departamental no hubo resistencias a esta idea, aunque sí se dieron distintos matices sobre los requisitos que debería cumplir la AC para convertirse en PP. En el Beni, en una postura de disenso, se planteó que para que una AC se convierta en PP debería tener presencia en 50% de las provincias de un departamento. En Cochabamba, también en disenso, se planteó que podrían existir PP sub-nacionales, y también que para que las AC se conviertan en partido, debería medirse su desempeño electoral. En Chuquisaca se planteó que la reconversión se podría dar al fusionarse cinco AC de diferentes departamentos. En Oruro y Pando se planteó que para la reconversión se deberían cumplir los requisitos necesarios para acreditarse como PP. En Tarija, una postura en disenso planteó que la reconversión no debería ser permitida. Un tema que hace a la sustancia de la democracia intercultural, es el que plantea la posibilidad o no de que existan alianzas y fusiones entre PP y/o AC con las OPIOC. A nivel nacional no se debatió sobre este tema a profundidad; sin embargo, a nivel departamental, se dio un abanico de opiniones que oscilaron la completa aceptación de las alianzas y fusiones entre todas las OP, y su completa negación. En La Paz se planteó que encaja perfectamente en los principios democráticos el que existan alianzas entre OPIOC y las otras OP, aunque deberían articularse la democracia representativa y la comunitaria en el ámbito de estas alianzas. A contramano, en Santa Cruz existió una postura contraria a la de La Paz, planteando que la LOP debería prohibir

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alianzas y fusiones entre PP, AC y OPIOC, ya que las OPIOC podrían ser fagocitadas por las otras OP. Este tema, como ya lo mencionamos, fue poco profundizado en el debate nacional y departamental. Fernando Mayorga (2012) planteó que era perfectamente democrático el permitir este tipo de alianzas y que ésa era en realidad la esencia de la democracia intercultural aplicada a las OP. Jose Luis Exeni (2012), por su parte, planteó que en el ámbito local, la democracia comunitaria no debería combinarse con las instituciones de la democracia representativa y directa, lo que podemos interpretar como una recomendación que busca evitar alianzas y fusiones en este nivel. La pregunta es: ¿qué sucederá cuando las OPIOC, en el caso que la LOP lo consigne, quieran participar a nivel sub-nacional o local? Es muy probable que este tipo de alianzas se den, y hemos asistido a una indicación de potenciales alianzas de este tipo en el denominado Frente para la Victoria, en el que se postuló a Pedro Nuni —representante indígena de ciertos sectores de tierras bajas— como candidato a Gobernador del Beni, en alianza con el MSM. En todo caso, consideramos importante que el principio de interculturalidad guíe estas alianzas y fusiones, permitiendo a las OPIOC participar en alianzas con las otras OP, ejerciendo sus usos y costumbres, pero sin violar los derechos civiles y políticos de sus miembros y los de la alianza en general. En todo caso, este es un tema a profundizar para la elaboración de la LOP. *Transfugio: Consideramos que es importante hacer hincapié en un tema que se ha convertido en un eje nodal de la discusión sobre las facultades sancionadoras del TSE en el marco de una nueva LOP; hablamos del transfugio y su definición. Según

Zovatto (2012:37), el transfugio “es aquella forma de comportamiento en la que un individuo, caracterizado como representante popular democráticamente elegido, abandona la formación política en la que se encontraba, para pasar a engrosar las filas de otra”. De modo general, tanto en el debate nacional como a nivel departamental y sectorial, ha existido una percepción generalizada sobre el daño que esta práctica ha causado y causa al sistema de OP, al minar la credibilidad del sistema. Sin embargo, no ha habido claridad en la definición de transfugio. La definición que hemos transcrito líneas arriba, es una definición cerrada; sin embargo, en varios de los encuentros existieron debates entre personas que adscriben dicha definición y aquellos que plantean una visión más amplia, en la que cualquier militante que no apoye manifiestamente los principios y prácticas de la OP, estaría cometiendo transfugio. Del mismo modo, no ha quedado claro, dentro de una definición restrictiva del transfugio, si el curul o cargo de representación pertenece al partido o al militante. Una mayoría de las personas que hablaron sobre el transfugio desde esta definición, plantearon que el curul debería pertenecer a las OP. El debate debería profundizarse en este tema, pero nosotros consideramos que la definición restrictiva del transfugio está más acorde con el principio de proporcionalidad, alejando cualquier posibilidad de controles ideológicos desde el Estado sobre los ciudadanos. Por otro lado, consideramos que si entendemos a las OP como instituciones de derecho público, está dentro del interés público el que el curul pertenezca a la OP y no a los individuos particulares, especialmente porque en Bolivia no existe la figura de la candidatura independiente.

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8. Financiamiento, Patrimonio y Fiscalización de las Organizaciones Políticas El tema del financiamiento a las OP y la fiscalización del mismo, es el tema más polémico del debate en torno a la norma en cuestión. El tema es de vital importancia para el sistema de OP en particular, y para la fortaleza del sistema democrático en general. De acuerdo a Gutierrez y Zovatto (2011), la transparencia del sistema de financiamiento a las OP ayuda a incrementar la confianza de la sociedad en el sistema, lo cual, a su vez, incrementa la legitimidad del mismo y la gobernabilidad democrática en los países. “Fortalecer los partidos políticos es una prioridad al igual que contribuir la confianza ciudadana en sus procesos electorales. Es indudable que un sistema de partidos fuerte fortalece la democracia. Por tanto, contar con modelos efectivos de financiamiento de la actividad política fortalece la democracia”(p.4). Zovatto (2012 b), ha profundizado en el tema, planteando que una regulación eficaz del financiamiento político debería cumplir los siguientes objetivos: 1) evitar el abuso y la compra de influencias en los partidos políticos por parte de grupos de interés o individuos adinerados, con el objetivo de restablecer la confianza de los ciudadanos en el proceso político; 2) establecer un campo de juego equilibrado (equitativo) para la competencia entre los partidos; 3) favorecer el empoderamiento de los votantes mediante normas sobre divulgación de información, dirigidas a que éstos

cuenten con elementos de juicio adecuados para tomar una decisión informada el día de las elecciones; 4) propiciar el desarrollo y fortalecimiento de los partidos políticos, de modo que se conviertan en actores responsables en apoyo a una democracia sostenible y efectiva, y 5) asegurar un “mínimo de razonabilidad” en el uso de recursos públicos destinados a financiar actividades político-electorales. Los modelos de financiamiento político pueden ser: Público: el Estado otorga todo el financiamiento a las OP, en base a criterios de equidad y transparencia; Privado: son personas individuales y jurídicas de carácter privado las que financian la actividad de las OP, en base a criterios de transparencia y, en menor medida, equidad. Mixto: el modelo de financiamiento puede ser mixto, recibiendo las OP fuentes tanto estatales como privadas para financiar sus actividades, una vez más en base a criterios de transparencia y equidad. La Ley 1983 establecía una modalidad mixta de financiamiento a los partidos políticos en Bolivia; sin embargo, en 2008, en el marco de altos picos de conflictividad entre el gobierno del MAS y la oposición, se decidió eliminar el financiamiento público a las OP y redireccionar esos recursos para generar un fondo para las personas con discapacidad. Es en este contexto, altamente polarizado, es que reemerge el debate del financiamiento público, en el marco de los encuentros que son objeto del presente análisis comparativo. Cabe agregar que el financiamiento público a las OP es bastante impopular, especialmente en el occidente del país11, y que también genera importantes divisiones entre el gobierno y la oposición. Siendo una medida impopular y contando el MAS con una amplia mayoría parlamentaria, se hace estratégico para el partido de gobierno el evitar volver a un esquema de financiamiento público, por lo menos en dinero. Por su parte, ante la debilidad institucional y organizativa de la oposición, se hace preponderante para sus OP el volver al anterior esquema de financiamiento mixto. El debate a nivel nacional fue bastante intenso y reflejó la mencionada polarización de posturas sobre el tema. La oposición levantó diversos puntos a favor del retorno del financiamiento público bajo la premisa de que éste podría: - Generar condiciones de equidad en la competencia política y la propaganda electoral. - Evitar la corrupción, el clientelismo y el creciente uso de fondos públicos para las campañas electorales. - Evitar que se infliltre dinero ilegal en el sistema. - Ayudar a llevar adelante una capacitación permanente de la militancia.

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Por otro lado, las posiciones de los actores del MAS y algunos analistas afines estuvieron poco claras, y oscilaron entre negativas rotundas para volver al esquema del financiamiento, bajo los siguientes argumentos: la población lo habría pedido así, el MAS no habría necesitado del financiamiento público para ganar la elección y habría que desmercantilizar la política. Existieron posturas más conciliadoras que buscaron algún punto intermedio, en algunos dirigentes del MAS, planteando ante todo que este es un tema sobre el que estarían abiertos a discutir, y también la posibilidad de llevar adelante esquemas sustitutivos al

financiamiento público monetario, planteando como experiencia pionera el sistema de utilización de los medios de comunicación que se hizo para promocionar a los postulantes a las elecciones judiciales. Otros analistas aportaron con posturas similares, planteando que hay formas de financiamiento en especie, que pueden constituirse en base al acceso equitativo a los medios de comunicación u otros. Por otro lado, participantes relacionadas a las plataformas de género, plantearon la necesidad de que el financiamiento público incorpore la perspectiva de género. El encuentro de mujeres en noviembre, confirmó esta perspectiva, pero también mostró importantes divisiones entre las organizaciones de mujeres del oficialismo y la oposición. En la mesa de trabajo, las mujeres arribaron a un consenso interpartidario a favor del financiamiento para formación, capacitación y propaganda electoral, partiendo de la necesidad de entender la política como un bien público; lo cual hace al financiamiento público fundamental para evitar la privatización de la política, generando equidad en la competencia política en el marco de mecanismos de control y fiscalización (fortalecer la UTF12) fortalecidos. Si bien el grupo que trató el tema llegó a un consenso sobre la necesidad de financiamiento público; en la plenaria, representantes del MAS de alto nivel plantearon que era una posición de su partido el no retornar al esquema de financiamiento público, y que ellos, gracias a su capacidad para organizarse habrían podido ganar las elecciones sin la necesidad de esos recursos. Por su parte, en el encuentro de jóvenes existió un consenso sobre la necesidad de que las organizaciones políticas cuenten con financiamiento público para garantizar una mayor equidad entre ellas, y que debería hacerse efectivo tanto en épocas electorales como no electorales. Hubo también consenso en cuanto a la transferencia de fondos regulares a las unidades de jóvenes. Se habló, asimismo, del rol del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en la fiscalización de recursos, aunque también se expresó la preocupación de que ello pueda convertirse en una herramienta de persecución política. Otra propuesta para la fiscalización de fondos fue la conformación de un comité interpartidario. Finalmente, se planteó el no pensar en el Estado como único financiador, sino contemplar formas alternativas y autónomas de recaudación de recursos. Dado el nivel de polarización del debate sobre este tema, la estrategia que se utilizó en el debate departamental consistió en que los grupos identifiquen previamente las ventajas y desventajas del modelo de financiamiento público, antes de llegar a consensos o mostrar disensos. De modo general, las principales coincidencias dentro y entre departamentos fueron las siguientes: - Es necesaria una fiscalización del financiamiento que reciben las OP. - El TSE debe fiscalizar la utilización y el origen de estos fondos. - El financiamiento público puede generar equidad en la competencia electoral y en el acceso a los medios de comunicación para efectos de propaganda. - Se debe regular a los medios de comunicación para garantizar equidad y transparencia. - Se debe garantizar capacitación permanente de militantes con este financiamiento.

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Se dieron disensos en función a distintos temas, pero en general giraron sobre: - El financiamiento público puede ser fuente de corrupción. - Es un gasto para el Estado que se podría utilizar en otros temas necesarios para la población. - Algunos militantes del MAS repitieron que no han necesitado de estos fondos, sino de sus capacidades organizativas para llegar al poder. Del mapeo de todo el debate realizado en torno al financiamiento público podemos sacar dos tipos de conclusiones, unas de carácter coyuntural y otras de carácter estructural. Desde la perspectiva de la dinámica interpartidaria, en la gran mayoría de los encuentros queda marcada la línea divisoria entre el oficialismo y la oposición respecto al tema. Como ya mencionamos, la postura del oficialismo ha oscilado entre la negativa rotunda al financiamiento público en cualquier forma, y la apertura parcial a ciertas formas de financiamiento en especie, particularmente en lo que hace al acceso a los medios de comunicación y la capacitación permanente de militantes. Por su parte, si bien en principio los partidos opositores, y particularmente los grupos de mujeres y jóvenes, mostraron su interés marcado en un esquema de financiamiento público, también se ha detectado que dada la postura del oficialismo, existe entre ellos una suerte de resignación a aceptar las ya mencionadas formas indirectas de financiamiento, que consideran como necesarias, aunque no como suficientes. Desde el punto de vista estructural, debemos volver a enmarcar el debate sobre la legislación en esta materia en el principio de

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porcionalidad, aunque el Estado en ejercicio de su monopolio de coerción podría mantener un esquema de esa naturaleza, es decir, de alta fiscalización en el contexto de financiamiento eminentemente privado. En este esquema, sin embargo, las OP se encontrarían bajo bastante presión, lo cual las puede orillar a aceptar fondos de dudosa procedencia (ilegales o de grupos poderosos de interés) o a extraer recursos de la administración pública, en los niveles en los que las OP tengan presencia gubernamental. En ambos casos, quedarían minados los principios de legalidad, legitimidad y pluralismo, ya que tendrían ventaja para competir aquellas OP más grandes, que ya se encuentren ejerciendo el gobierno en algún nivel y que, por ende, tengan porcentajes importantes del voto popular en su poder. 9. Extinción de las OP El debate en torno a este tema se centró en la barrera de salida del sistema, vale decir, el porcentaje mínimo de votos que deberían obtener las OP para mantenerse funcionando dentro del mismo. En el encuentro nacional no se abundó a profundidad desde las OP como tales. Algún analista planteó que debería mantenerse la actual barrera del 3%, a lo cual otro replicó que esta barrera era discriminatoria para las nuevas OP. Según la segunda visión, el criterio proporcional no debería ser relevante en una primera participación, pero sí se debería tomar en cuenta el crecimiento histórico de la propia OP, para determinar su permanencia o no entre la primera y la segunda elección en la que participe.

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proporcionalidad. De acuerdo al mismo, se puede esperar una mayor fiscalización y control de los recursos de las OP de existir financiamiento público, aunque sea de modo indirecto; esto, a su vez, se traducirá en una mayor obligación para que las OP sean transparentes y rindan cuentas, no sólo ante el Estado sino que se les puede exigir mayor transparencia ante su militancia y la opinión pública en general, lo que a su vez puede incrementar su credibilidad y, por ende, sus niveles de legitimidad. En la eventualidad de un financiamiento exclusivamente estatal, sin embargo, existe el riesgo de una suerte de ‘estatización’ de las OP, lo que las llevaría a perder autonomía, poniéndose en riesgo el principio de pluralismo y la libertad de expresión, opinión y reunión. Por eso consideramos importante un equilibrio entre el financiamiento público y privado de las OP. En el otro escenario, de mantenerse un financiamiento eminentemente privado, se reducirían, si se aplica con rigurosidad el principio de proporcionalidad, las capacidades fiscalizadoras del Estado y la posibilidad de exigirles a las OP transparencia hacia la ciudadanía en general y hacia sus militantes. Una opción que mantenga un rol fuerte de fiscalización y control por parte del Estado, en este escenario distorsionaría el principio de pro-

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En el debate departamental existieron distintas posturas dentro y entre departamentos. En Beni y Pando de modo consensuado, y en Santa Cruz como posición de disenso, se planteó que una barrera del 3% es razonable. En Cochabamba, una posición de disenso planteó el 5% de barrera de salida, mientras que en Oruro nunca se pudo llegar a un acuerdo, oscilando los porcentajes propuestos entre 4%, 3,5% y 3%. En Chuquisaca, por último, el disenso giró entre dejar la barrera en su estado actual y bajarla a un 2%. Otro tema que se trató en algunos departamentos, fue sobre si el trato en referencia a la extinción de las OP, sería el mismo para todas. En Potosí y Santa Cruz se planteó la necesidad de un mismo trato a la hora de regular la extinción de las OP, mientras que en Pando se planteó lo contrario. Respecto a otros requisitos, sólo se profundizó en estos temas en Cochabamba y Chuquisaca. En Cochabamba, a parte de la barrera de salida, se señalaron como causales de extinción: la fusión, decisión voluntaria, incumplimiento de estatutos e incumplimiento de la LOP. Por su parte, en Cochabamba, se planteó diferenciar la extinción de la cancelación. La extinción se daría por decisión propia o por la fusión, mientras que la cancelación se daría por no cumplir con la barrera electoral. En el evento de mujeres no se habló directamente del tema, aunque se hizo mucho hincapié en la necesidad de establecer fuertes sanciones a las OP que no cumplan con el principio de paridad y alternancia. Tampoco se abundó en el tema en el evento de jóvenes, pero se planteó que la barrera debería depender de si se quiere tener muchos o pocos partidos en el sistema. A la hora de la elaboración de la norma es importante plantearse si la cancelación de la participación de una OP en futuras elecciones implica también su extinción, y las prerrogativas que el

Estado pudiera tener en esta área. Esto hace al debate sobre el derecho a la libertad de asociación como base del sistema de OP, en relación a la necesidad de contar con un sistema político con un número efectivo y razonable de OP que compiten en el mismo. Por último, volvemos a tropezarnos con la complejidad que representan las OPIOC. Dependiendo de si se las considera en una esfera distinta a la del PIOC como tal, o si se las interpreta de modo fusionado a la comunidad, la potestad del Estado de cancelarlas o extinguir su existencia variará de modo sustancial; es decir, no se puede extinguir a una NPIOC por no haber alcanzado su OP determinado número de votos en una elección, pero sí a una OPIOC, si se la entiende como una organización que actúa en una esfera semi-autónoma a la de la NPIOC como tal. La fórmula de interculturalidad debería guiar los procedimientos referidos a la extinción de las OPIOC. Es justamente la barrera de salida un mecanismo que tiende a regular el número efectivo de OP en el sistema. De lo visto en los debates analizados, no existe un criterio uniforme al respecto. Se hubiera pensado que dado que el sistema de OP está en recomposición y existen varias OP pequeñas, habrían existido mayores opiniones a favor de bajar la barrera; sin embargo, este no ha sido el caso y, en general, podemos decir que las opiniones en este sentido han sido minoritarias. Es de considerar, entonces, que mantener las barreras en su estado actual no causará debates demasiado intensos entre los actores fundamentales de la deliberación.

cipio de proporcionalidad. Por ejemplo, de existir financiamiento público se podrá exigir una mayor rendición de cuentas a las OP, de tal modo que, de incumplir este requisito o detectar el mal uso o la existencia de fuentes de financiamiento ilegal, podría considerarse, de modo razonable, como una causal de cancelación o extinción. 10. Conclusiones Al iniciar este documento nos preguntamos: ¿qué buscamos con la nueva Ley de Organizaciones Políticas? y ¿qué tipo de ejercicio legislativo nos puede hacer llegar a dicho objetivo? Consideramos que la nueva norma no sólo debe constituirse en un marco de regulación para las OP, sino que a través de la misma debería promover un sistema político fortalecido, más representativo y, por ende, legítimo. Este sistema, a su vez, debería enmarcarse en el respeto al Estado de Derecho y en una nueva estructura territorial e identitaria que nos presenta un Estado plurinacional y autonómico. Para llevar adelante estos objetivos, difíciles de conciliar, consideramos que el legislador debe articular, a lo largo de todo el proceso de construcción de esta norma y en el debate de todos sus ejes fundamentales, el principio de proporcionalidad con el necesario, aunque insuficientemente debatido, principio de interculturalidad. Gustavo Bonifaz Moreno Licenciado en Derecho y Cs. Políticas.

En el caso de los criterios para la extinción o cancelación de las OP, que tengan que ver con el incumplimiento de ciertos requisitos planteados en las LOP; una vez más se debe aplicar el prin-

PROPORCIONALIDAD Autonomía Plurinacionalidad OEP/TSE

Nivel Central TED Nivel Deptal.

Nivel Local

OPIOC´s

TED PP´s

TED AC´s

INTERCULTURALIDAD

NPIOC´s Sociedad Civil

Fuente: Elaboración propia.

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Un bloque indígena-popular y otro cívico-regional.

Tribunales Electorales Departamentales.

Coadyuvan en este esfuerzo: PNUD, IDEA Internacional, la FES-Bolivia y la FBDM, en coordinación con el TSE y el SIFDE.

Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

En su participación como facilitadora de los encuentros departamentales.

Punto presentado por el académico Manfredo Bravo.

Además de esto, de los primeros cinco candidatos en las litas, las OP deberán asegurarse que por lo menos dos serán jóvenes, respetando el principio de paridad y alternancia.

Consideramos que la interculturalidad no es un principio sino la descripción de un dato fáctico, la relación entre diferentes culturas. Dado que esta relación puede ser horizontal y pacífica o vertical y violenta, el término interculturalidad está desprovisto de carga valórica y normativa. Por ende, consideramos que el principio debería ser denominado interculturalismo. Sin embargo, la legislación vigente en Bolivia utiliza el término interculturalidad, por lo que en persecución de una mayor claridad normativa, lo utilizaremos para efectos de la presente discusión. Fernando Mayorga y José Luis Exeni expusieron sobre la DI en relación a la LOP.

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Consenso Popular.

Este tema quedó de manifiesto en una encuesta de opinión encargada por el periódico Página 7, en septiembre de 2012.

Unidad Técnica de Fiscalización consignada en la Ley del órgano Electoral.

Pepino a la vinagrette, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2012.

Dilemas de la democracia interna de los partidos políticos en Chile ¿Cómo participan los jóvenes militantes?

Introducción

l sistema de partidos chileno ha funcionado de manera estable durante su proceso de re-institucionalización luego de 17 años de dictadura militar. A pesar de ello, durante los últimos cuatro años el sistema de representación ha estado marcado por una fuerte desafección institucional —afectada por los bajos niveles de confianza en las instituciones—, que ha traído consigo números poco favorables de aprobación hacia los partidos políticos, alcanzando éstos sólo un 6% en la última medición del Centro de Estudios Públicos1, siendo la institución peor evaluada de todas las consultadas en dicho análisis. Si a lo anterior se agrega el 61%2 de abstención electoral alcanzado durante las recientes elecciones municipales —como resultado del primer escrutinio realizado con el nuevo padrón electoral—, que hizo debutar el proceso de inscripción automática y voto voluntario, se ha demostrado una apatía electoral a lo que algunos analistas, como Alberto Mayol, atribuyen a la existencia de fallas sistémicas, puesto que “hay una crítica detrás de este acto, un cuestionamiento a la institucionalidad vigente”3. A partir de este hecho se atribuye a los jóvenes un particular desinterés en los asuntos públicos, lo que implicaría una escasa participación en los procesos electorales4. Algunos estudios indican que existe desconfianza político-institucional en todos sus niveles, pues “hay ante todo desconocimiento del funcionamiento del sistema institucional y sus representantes” 5.Thezá (2012) indica en su estudio que los motivos por los cuales los jóvenes desconfían, se relacionan con “la percepción de que la política es una actividad donde prevalecen intereses propios de los actores políticos que no necesariamente interesan a los ciudadanos. La política tiene un rostro oscuro, secreto, irascible”6. Existe, de acuerdo a las entrevistas realizadas en dicho estudio, una visión pesimista de la competencia política, ya que es engañosa, pues no se observan diferencias en materia ideológica entre los partidos y coaliciones. Durante los años noventa, el proceso de transición a la democracia estuvo marcado particularmente por un hiato existente entre racionalidad sistémica y subjetividad social7, al respecto Garretón plantea que la transición no significó un verdadero régimen y gobierno democrático, se trató entonces de una transición incompleta, restringida, con una amplia presencia de enclaves autoritarios y de baja calidad8. Cuando se habla de enclaves autoritarios, se hace referencia a la Constitución aprobada en 1980, en pleno proceso de dictadura, lo cual generó un sistema electoral restringido basado en el “empate” entre dos coaliciones, intocabilidad del modelo económico, dominación de los partidos en la política, entre otros factores9, efectos que se alejan de los planteamientos de una democracia consolidada.

Javiera Arce Riffo

Este hiato se ha expresado por la sistemática ausencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, reduciendo su participación solamente al voto. A este respecto, Norbert Lechner realizó una serie de trabajos orientados a diagnosticar y a enriquecer la discusión política, a modo de explicar este distanciamiento entre ambos grupos sociales, entregando pistas de una dimensión subjetiva de la política no resuelta en el mapa político actual. El autor planteó que las democracias de América Latina “no logran encarnar una comunidad que cristalice las necesidades de pertenencia y arraigo social. La gente, posee grandes dificultades para reconocerse en el régimen democrático”10. Es así como se aprecia lo que Lechner llama carencia de “seguridad simbólica”,

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Luz tra bo, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2010.

definida como “el grado en que cada individuo se siente reconocido en tanto parte de una comunidad de semejantes”11, y a partir de esta descripción se refleja el escaso sentido de pertenencia de los ciudadanos a las decisiones del Estado y la política, que explicaría este proceso de desafección institucional que sufre la sociedad del chile actual. Los partidos políticos, de acuerdo a Morlino, poseen funciones definidas al interior del sistema, tales como movilizar a los ciudadanos en las luchas electorales, ayudar al reclutamiento de los altos funcionarios de gobierno en sus distintos niveles; participar de la formulación de políticas públicas, actuar como intermediarios entre las élites burocráticas, los militares y judiciales: en el plano social sirven de correa de transmisión de las demandas sociales al sistema político y son delegados o representantes de la sociedad civil.12

Es así como se aprecia lo que Lechner llama carencia de “seguridad simbólica”, definida como “el grado en que cada individuo se siente reconocido en tanto parte de una comunidad de semejantes” , y a partir de esta descripción se refleja el escaso sentido de pertenencia de los ciudadanos a las decisiones del Estado y la política, que explicaría este proceso de desafección institucional que sufre la sociedad del chile actual. 88 and a mios

Pasquino plantea que “la calidad de la democracia en una situación sin partidos será menos satisfactoria que en una con partidos”13, sin embargo, para el caso chileno, se ha preferido la gobernabilidad por sobre la representatividad14, lo que ha provocado este desencanto entre sociedad civil y sistema de representación político. A su vez, este sistema de representación política se desenvuelve en una matriz de características autoritarias, lo que permea el funcionamiento interno de los partidos políticos, y es visto así por la sociedad civil, particularmente por los jóvenes, quienes confían sólo un 2.2%15. Este escenario, de escasa construcción de legitimidad, ha generado una autonomización del funcionamiento del sistema, confrontándolo en reiteradas ocasiones con la ciudadanía. América Latina se ha caracterizado por tener partidos políticos débiles, salvo excepciones como el caso chileno, donde los partidos políticos jugaron un rol clave en la re-institucionalización de la democracia, al igual que sus pares de la región sudamericana, sin embargo, los fracasos de sus gobiernos, tales como los constantes juicios políticos a presidentes de la república —Brasil, Venezuela, Paraguay, etc.—, así como también las falsas expectativas sociales no cumplidas, han terminado por deteriorar su confiabilidad en el espacio social y político alcanzando un 22% de confianza en el subcontinente.16 Para Freidenberg: “Los partidos políticos se han terminado transformando en organizaciones oligárquicas, en que sus élites han controlado el poder, no permitiendo la participación de todos los grupos en las definiciones programáticas o en la elección de candidatos, las bases asimismo no poseen mecanismos para premiar o castigar a sus líderes si estos no cumplen con sus programas de gobierno”.17 ¿Qué deben hacer los partidos políticos para fortalecer su presencia al interior del sistema político y re-generar las confianzas en la ciudadanía? Los partidos políticos chilenos, para restablecer la confianza y credibilidad social, deben generar incentivos orientados a fortalecer su democracia interna, alternando sus liderazgos internos, rotando las élites de dirigentes a modo de posicionar nuevos liderazgos, incorporando la visión de la diversidad social y generando espacios activos de accountability, especialmente para la militancia de base, de esta manera su imagen se verá fortalecida ante la ciudadanía. Para ello, el Estado deberá modificar la legislación actual de partidos políticos, obligando a éstos a funcionar de manera democrática, y no desentenderse por completo de su funcionamiento— como en la actualidad— controlando las elecciones internas y externas de acuerdo a la normativa de cada partido, asegurando el pluralismo interno y vigilando el cumplimiento de estas modificaciones a través de tribunales especializados, orientados a fiscalizar y a hacer cumplir la Ley. El presente trabajo tiene por objetivo analizar la democratización interna de los partidos políticos. En una primera parte describirá los aspectos conceptuales de la democracia interna de los partidos políticos, para luego generar el primer contraste con la Ley 18.603 de Partidos Políticos. En la segunda parte se realizará un análisis de las tres dimensiones contempladas por Freidenberg, a) selección de candidatos a cargo de representación popular y autoridades del partido, b) la participación de minorías y sectores sociales subrepresentados —jóvenes, mujeres, discapacitados, homosexuales—, así como en la representación de cargos de relevancia, c) rendición de cuentas de los candidatos y autoridades del partido a las bases. Los partidos analizados son seis, entre el período de agosto a noviembre de 2012. Se han escogido los siguientes: Unión Demócrata Independiente (UDI); Renovación Nacional (RN); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Partido Por

Para profundizar el análisis se han realizado una serie de entrevistas a militantes de los diferentes partidos políticos, ya sean adultos, jóvenes y mujeres, los cuales han sido seleccionados de acuerdo a su trayectoria política y a su nivel educacional —todos universitarios—. Se concentran en dos regiones: Metropolitana de Santiago y Valparaíso. Finalmente, distinguir que el presente análisis es parte un trabajo de carácter mayor, que intenta medir el nivel de democratización interna de los partidos chilenos en todas las esferas y, por tanto, aún se encuentra en desarrollo, sin embargo, para efectos de esta ponencia, se pondrá énfasis en los cuadros jóvenes. El concepto de democracia interna de los partidos políticos Freidenberg (2009) ha trabajado de manera sistemática el concepto de democratización interna de partidos políticos, con el objetivo de consolidar un desarrollo teórico sobre esta temática. La autora relaciona la idea de democracia interna con su “utilización normativa, puesto se suele asociar con la idea de lo que debería ser un buen partido, más que con el comportamiento partidista”19. Esta definición tiene características multidimensionales, en donde se deben cumplir con tres elementos específicos para saber cuán democrático es un partido: 1) Proceso de selección de candidatos: dimensión clave para obtener el entramado político que existe al interior del partido. Se clasifican de acuerdo al método; pueden existir unos más democráticos, como las elecciones y, por otro lado, se generan otros mecanismos menos participativos con la designación de los candidatos. Para Fridenberg, el número de participantes en dicho proceso “es una variable fundamental para conocer el grado de democratización de un partido político”.20 2) Nivel de participación (e inclusión) de los militantes en la representación del partido, en la definición del programa, en la delimitación de las estrategias y en las decisiones. Para la autora es de suma relevancia la presencia de “minorías y grupos poco representados (mujeres, jóvenes), en los órganos de dirección y en las candidaturas del partido”21. 3) Control y rendición de cuentas tanto de los dirigentes como de los candidatos respecto de los militantes del partido. “Los dirigentes de partido deben responder a las exigencias de los miembros y de los ciudadanos en general”22.

reglas primarias o fundamentales, que establecen quienes están autorizados para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. La regla básica de la democracia es la regla de la mayoría. Como condición se deben plantear alternativas reales y condiciones para escoger entre una y otra24. En cuanto a su alcance, podemos distinguir dos formas diferentes de análisis: una que hace referencia a los ideales de soberanía popular y otra que hace referencia a los procedimientos que permiten la generación de una representación efectiva. Legislación de partidos políticos en Chile La regulación para los partidos políticos chilenos, emana del artículo Nº 18 de la Constitución Política de la República, que establece la necesidad de la generación de una legislación adecuada (Ley Orgánica Constitucional) para regular la representación política y el Servicio Electoral de Chile. Es por ello que se aprueba la Ley Orgánica18.603 de Partidos Políticos, que, en su título cuarto, regula la organización interna de los partidos políticos. Desde la perspectiva de algunos analistas como Gonzalo Müller, se afirma que esta Ley otorga un sinnúmero de beneficios para el funcionamiento de los partidos, tales como las altas cuotas de libertad que entrega para su organización, y para la estabilidad del sistema25. Teniendo en consideración lo anterior, a continuación se realizará un breve análisis del capítulo de la normativa, orientado a la organización interna de los partidos políticos en Chile:

Espesor viscoso 10, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

la Democracia (PPD); Partido Socialista (PS) y Partido Comunista de Chile (PC). El criterio de elegibilidad de la muestra se basó en sus importantes niveles de votación al interior de las dos coaliciones políticas con representación parlamentaria y su proceso de institucionalización19.

Para la autora, “un partido será entonces internamente democrático cuando sus dirigentes respondan ante sus miembros sobre las decisiones que tomaron y estos, al tener información, puedan apartarlos del poder o del manejo del partido —castigarlos o premiarlos por lo realizado como representantes de la organización—” 23. Sin embargo, en la evolución de este concepto, de acuerdo a la autora, han ido surgiendo nuevas interpretaciones, debido a que estas dimensiones de análisis de democracia interna de los partidos políticos transita entre dos conceptos distintos: la representación y la participación, por lo que, de acuerdo a la definición de democracia que posea cada investigador, será el énfasis que tenga la pesquisa. Para efectos de este trabajo tomaremos la definición de Bobbio, la cual plantea que la democracia consiste en un conjunto de

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1) En su artículo 22, plantea la autonomía de cada partido para su funcionamiento, el cual se regirá por sus propios estatutos, los cuales deben ceñirse en base a esta normativa. 2) Exige una estructura mínima (Art. 23): Directorio Central, Consejo General, Consejos Regionales y Tribunal Supremo, con alternancia —elecciones—, como mínimo cada tres (3) años. 3) Sobre la Directiva Nacional (art. 24): debe contemplar un Presidente, Secretario y Tesorero. 4) Funciones de la mesa directiva (art. 25): a) dirigir el partido en conformidad con sus estatutos, programas y orientaciones que imparta el Consejo General. b) Administrar los bienes del partido, rindiendo cuenta anual al Consejo General. c) Someter a aprobación del Consejo General el programa y reglamentos internos del partido. 5) Los partidos políticos tendrán un Consejo General (art. 26) compuesto por senadores y diputados, un número de consejeros elegidos por el consejo regional, y se reunirá por lo menos una vez al año. Las atribuciones de este consejo general son: a) designar a los miembros del Tribunal Supremo, b) impartir orientaciones al presidente y tomar acuerdos sobre cualquier aspecto de la marcha del partido, c) aprobar/rechazar el balance de gestión, d) proponer a los afiliados las modificaciones a la declaración de principios, reforma a los estatutos, discusión partidaria, fusión con otro partido, aprobación de pactos electorales, elecciones de parlamentarios o retiro de estos, y el candidato a presidente de la república. Este último debe ser proclamado de manera oportuna; e) aprobar o rechazar las propuestas que se efectúen de acuerdo al artículo 31; f) requerir del presidente del partido que convoque a los afiliados a pronunciarse de acuerdo al artículo 29. 6) Los partidos deberán crear consejos regionales (art. 27), que deben contar como mínimo con los cargos de presidente, secretario y tesorero. Todos los miembros deben estar asociados a la misma región. 7) Tribunal Supremo (art. 28), todos los partidos deberán contar con un organismo de estas características, que será elegido por el Consejo General. Las funciones de éste son: a) interpretar los estatutos y reglamentos, b) conocer las cuestiones de competencia que se suscitan entre las autoridades u organismos del partido, c) conocer la reclamación de actos de violación de estos principios del partido por parte de sus autoridades, d) conocer las denuncias que se efectúen en contra de miembros del partido, contra actos cometidos por las autoridades partidarias, y aplicar medidas disciplinarias, e) controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas y dictar instrucciones generales para tales efectos. 8) Las siguientes temáticas deberán ser propuestas en el Consejo General y deberán ser ratificadas por toda la militancia (art. 29): 1) dictación de principios, 2) reforma a los estatutos, 3) disolución del partido, 4) fusión con otro partido, 5) aprobación o retiro de un pacto electoral, propuesta de candidato presidencial. 9) Las letras a y d del artículo 26, sumadas a las elecciones en que participen los afiliados al partido, contarán con la presencia de un ministro de fe, designado por el Director del SERVEL (art. 30), o notario u oficiales del registro civil en comunas donde no existan representantes del Servicio electoral. En cuanto a la convocatoria y celebración de elecciones, formarán parte de los estatutos, o de la normativa interna de cada una de las organizaciones partidarias. 10)En cuanto a la designación de candidatos (art. 31), cada uno de los partidos deberá generar su propio estatuto, que debe

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basarse en esta Ley, en particular para la selección de candidatos a diputados y senadores. Esta elección puede efectuarse por el Consejo General, pero a proposición del Consejo Regional. La organización de las elecciones para estos cargos es de exclusiva responsabilidad del respectivo Consejo Regional. En un pacto electoral, cada partido que lo hubiere acordado, podrá proponer como candidato solo a aquellos que figuren entre los aprobados por su consejo general, tanto si se trata de afiliados al partido o independientes. 11) Finalmente, la normativa advierte que, en ningún caso, los partidos políticos podrán emitir ordenes de votación si sus senadores o diputados están llamados a oficiar de jurados. (art.32). Análisis comparado: indicadores de democratización contrastados con la legislación y la muestra de partidos escogida Como se aprecia, en la tabla 1 se desglosan los tres indicadores utilizados por Freidenberg, en consideración con los partidos seleccionados para este breve estudio, y se contrasta asimismo la legislación actual. Para recabar los antecedentes, se ocuparon los estatutos de todos los partidos considerados en el análisis, contrastando cada uno de ellos con la opinión de militantes de la colectividad. Para el objeto de este análisis, las fuentes entrevistadas serán reservadas. Tabla 1: Dimensiones de análisis en relación a la Ley de Partidos Políticos Dimensión de Análisis

Ley 18.603

1. Selección de candidatos a cargos de representación popular y de autoridades del partido.

• Directiva central será elegida por los afiliados o por los miembros del Consejo General del partido (Art. 24). La renovación de los miembros electivos de los órganos antes señalados, con excepción del Tribunal Supremo, se hará cuando menos cada tres años. • Cada partido deberá generar las reglas que propicien la designación/apoyo de estos candidatos en el Consejo General a proposición de los Consejos Regionales (Art. 31)

1. Participación de minorías sociales subrepresentadas —mujeres, jóvenes, grupos étnicos, discapacitados—, en el proceso de toma de decisiones, en la definición estratégica/programática del partido. (Se agrega al análisis cuotas electorales internas y externas). 2. Rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del partido a las bases.

La Ley de partidos políticos no contempla este aspecto. Funciones de la mesa directiva (art. 25): b) administrar los bienes del partido, rindiendo cuenta anual al Consejo General. *Tribunal Supremo26

Observamos, a partir del paralelo establecido en el cuadro anterior, que la Ley de Partidos Políticos fija un solo aspecto con claridad de las dimensiones de análisis establecidas para evaluar los niveles de democratización: la selección de candidatos, dejando plenas libertades a los partidos de abordar sus métodos de

selección de candidatos, pero con la propuesta de las instancias regionales. En cuanto a incluir en la toma de decisiones a las minorías sexuales, étnicas y mujeres, incluso agregando el tema de la cuota electoral para mujeres y jóvenes, no está presente en la Ley de Partidos Políticos. Para el caso de los mecanismos de accountability a las autoridades partidarias, salvo rendir cuentas sobre la administración de bienes del partido, y el establecimiento del Tribunal Supremo, la Ley observa carencias relevantes. La Ley orgánica de Partidos Políticos no posee instrumentos claros y precisos que ayuden a profundizar la democracia de los partidos, los estatutos de estos, —como veremos más adelante—, no contemplan en sus propios aspectos normativos la toma de decisiones con inclusión de minorías —salvo excepciones que contemplan mecanismos de cuotas electorales—, y escasos mecanismos de accountability. Es importante distinguir la operatividad del Tribunal Supremo, que si bien es una instancia de control, éste no responde a la participación conjunta de la militancia, sino a un determinado grupo de personas escogidas para cumplir con dicha labor, siendo un método poco participativo, como se verá en el desarrollo del análisis de casos.

del Comité Central y organismos a elegir, y recogidas las propuestas de candidatos, éste procederá a nominar por votación secreta entre los delegados que no sean candidatos. Una Comisión Electoral que, de conjunto con la Presidencia del Congreso, ordenará las candidaturas en una lista única28. La Comisión Electoral confeccionará las cédulas electorales y garantizará la votación secreta e informada con el escrutinio abierto ante todos los delegados29. La periodicidad de estos Congresos es cada cuatro años. En su artículo 46, el Estatuto contempla que: “En el interior del partido no se permite la formación de fracciones o tendencias organizadas que vulneran la democracia interna, el libre juego de opiniones y la unidad de acción del Partido”. Los jóvenes funcionan de manera autónoma, pero son incorporados en la Comisión Política del partido y al Comité Central. El procedimiento para escoger a sus autoridades es similar al de los adultos.

Análisis de los casos escogidos 1. Selección de candidatos a cargos de representación popular y de autoridades del partido 1.1. El sistema de elecciones para escoger autoridades del partido: para escoger las autoridades del partido se pueden clasificar dos grupos al interior de la muestra, partidos que escogen a sus representantes y luego generan un Consejo Nacional o Comité Central para escoger a sus autoridades, utilizando el mecanismo de la elección indirecta. En ese sentido, podemos observar tres partidos: el PC, la UDI y el PS, y un segundo grupo que posee elecciones directas: el PDC, el PPD y RN. a) Partidos que presentan mecanismos de elección indirecta de autoridades partidarias:

UDI: este partido contempla una estructura territorial que intenta replicar los distritos electorales, propiciándolos por sobre las estructuras comunales. Luego existe la estructura regional y posteriormente la estructura nacional. En todas las estructuras se escogen consejeros que generan la elección de la directiva del distrito. Los consejeros de todos los distritos/comunas que conforman la región escogen la directiva regional, y los consejeros regionales escogen la comisión política y la directiva nacional. Cabe mencionar que existen un grupo de consejeros “históricos”, que por el hecho de haber fundado el partido, tienen participación con derecho a voz y voto en el Consejo Nacional27. Las elecciones se realizan con una periodicidad de dos años. Su estatuto no hace mención de prohibir o reconocer las tendencias o facciones internas. El presidente de la Juventud UDI es designado por los adultos. No presenta autonomía en su funcionamiento. PC: la estructura partidaria contempla núcleos, comunales, regionales y ámbito nacional. La instancia máxima del partido es el Congreso, en todos los niveles —comunal, regional y nacional—, se realizan Congresos que van eligiendo a sus respectivos delegados, quienes representarán a sus militantes en las instancias superiores. El Congreso determinará el número de miembros

PS: la estructura partidaria contempla núcleos, comunales, regionales y de instancia nacional. Se presentan candidatos por listas sustentadas en plataformas políticas suscritas por los candidatos y cada número de electos se definirá por un sistema proporcional con cifra repartidora, que dará paso al Comité Central Nacional, y otro al Comité Central por la región. Las autoridades unipersonales se generarán indirectamente, esto es por el respectivo colectivo de dirección, entre sus miembros elegidos para la constitución del Comité Central (a nivel nacional solamente se escoge la Directiva a través de esta instancia). Las elecciones se realizan cada 24 meses, y la modalidad de votación será de un militante un voto. Cada militante marca sólo una preferencia, por una lista o persona que la componga30. Para los cargos de las directivas comunales y regionales, y para los cargos unipersonales como en los órganos colegiados —directivas regionales y comunales—, la votación será directa y se establecerán de la forma que el Tribunal Supremo lo dicte en la reglamentación de elecciones31. En su artículo 51, el Partido Socialista declara que no podrán existir fracciones, sino sólo corrientes de opinión con existencia transitoria y sin disciplina propia. Los jóvenes están representados en la directiva nacional del partido a través del presidente de la JS, y se escoge un número acordado en el estatuto (cinco) de miembros con derecho a voz y voto en el Comité Central. Las elecciones se realizan cada dos años y, a diferencia de las elecciones del Partido, estas son de carácter directo. Autonomía estatutaria y en las decisiones.

b) Partidos que presentan mecanismos directos de elección de las autoridades partidarias:

PDC: este partido presenta una estructura burocrática de alta complejidad, generada por la gran cantidad de militancia que existió de antaño, la cual no se refleja en los números actuales. Se observa una estructura comunal, provincial, regional y nacional, con figuras intermedias como la Junta Nacional. De acuerdo al título IV del Estatuto de la Democracia Cristiana, en su artículo 112 dice que las directivas de las bases vecinales serán elegidas por simple mayoría de los Militantes, que figuren en el Registro Comunal de Militantes a lo menos treinta días anteriores a la elección32. Para las elecciones de las Directivas de las estructuras de la línea de decisión política, a nivel nacional, provincial y comunal, los electores

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Elecciones de este partido se contempla que “todos los organismos políticos cuya elección directa se regirá por este reglamento son, en el nivel nacional, Consejo Nacional, Directiva Nacional y la Mesa Directiva, en el nivel regional la Directiva Regional, la Mesa Directiva Regional, la Directiva Provincial o Distrital, la Mesa Directiva Provincial o Distrital, la Directiva y Mesa Directiva Comunal”. El reglamento de elecciones presenta incompatibilidades entre los cargos unipersonales, sin embargo es compatible con un cargo colectivo de dirección39. Al igual que el Partido Socialista, el PPD contempla sistemas de acciones positivas en elegibilidad de sus minorías internas, no obstante éste acápite será examinado en la siguiente sección. Para escoger la Comisión Política del partido se utiliza un mecanismo indirecto, en el que los representantes de la Dirección Nacional escogen a los integrantes de este cuerpo colegiado. En su artículo 2, reconoce que podrán constituirse corrientes de opinión formadas por afiliados que compartan criterios políticos comunes, para proponerlos al partido en las distintas instancias institucionales y en los procesos electorales internos. La Comisión de Ética y el Tribunal Supremo velarán para que la actuación de estas corrientes de opinión internas vaya en beneficio del desarrollo del conjunto del partido y se realice dentro del marco ético y estatutario definido.

Pez, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2004.

votarán por lista cerrada, y en aquella que obtuviere la mayoría absoluta de los sufragios, erigirá todos los componentes de ésta33. No sólo existen estos cargos, también se contempla un Consejo Provincial y un Consejo Nacional, el primero será elegido por los militantes de la provincia en votación universal34. Los Consejeros Nacionales son 18. Estos serán elegidos por la Junta Nacional, el proceso es mediante una única cédula con el nombre de todos los candidatos, entre los cuales podrán elegir siete cada uno de los participantes de la Junta Nacional35. Los Delegados a la Junta Nacional se erigirán por votación universal y directa de los militantes de la respectiva provincia. Las elecciones se realizarán cada dos años. No hace mención a las tendencias/fracciones internas. La JDC tiene participación con derecho a voz y voto en todas las instancias, pero funciona de manera autónoma con sus propios estatutos y reglamento de elecciones. Las formas de elección son similares a las del Partido.

RN: posee estructura comunal, distrital, regional y nacional. La elección de la Directiva Central se hará simultáneamente en todo el territorio nacional, cada dos años, en listas cerradas, mediante votación directa y secreta por todos los militantes del partido36.La elección de las directivas comunales, distritales y regionales y los Consejos Comunales y Regionales del Partido se harán por votación directa y secreta de los militantes37. Las elecciones para los consejeros comunales y regionales se harán en listas separadas para cada una de las categorías de consejeros. Para ser candidato al Consejo Regional se debe postular simultáneamente a la Directiva Regional, Distrital o a Consejero Comunal. Los Consejeros en ejercicio deberán ser simultáneamente dirigentes del partido en los cargos descritos anteriormente, al momento de perder el segundo cargo de dirigencia, pierde automáticamente su condición de Consejero Regional. Existen excepciones a esta doble función de Consejero Regional y Dirigente, para los Alcaldes y Concejales. Las elecciones de todos los organismos territoriales o funcionales, se presentarán en listas completas y cerradas.38 La votación se hace efectiva cuando alguna de las listas ha alcanzado la mayoría absoluta. No hace mención ni reconocimiento a tendencias/fracciones, tampoco las prohibe. La JRN posee procesos electorales al igual que el Partido y está representada en la mesa nacional. PPD: Posee una estructura que funciona con divisiones territoriales en comunas, distritos, regiones, y un nivel central o nacional. En el artículo 5 del Reglamento de

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Existe un límite al ejercicio de los cargos: ningún afiliado podrá ser elegido más de dos veces seguidas en el mismo cargo de responsabilidad de la estructura del partido, límite que se aplica a todos los niveles de la organización interna, excepto al cargo de consejero nacional electo40. Se caracteriza por su autonomía, hay elecciones periódicas, y los representantes de la JPPD están incluidos en las instancias nacionales.

1.2. Selección de candidatos a cargos de representación popular. a) El estatuto contempla primarias/elecciones

PDC: artículo 120 del estatuto, contempla el sistema de primarias internas para cargos de elección popular. Tienen derecho a participar en él sólo militantes, vale decir, el proceso es primarias cerradas. Este sistema regirá para todos aquellos territorios (comunas, circunscripciones, distrito) que superen el umbral o referente fijado por el Consejo Nacional, dos años antes de la elección que corresponda. El umbral electoral es fijado de acuerdo a la media de los votos obtenidos por el partido en la misma elección al mismo cargo. Dicho umbral no podrá ser inferior al cuarenta ni superior al sesenta por ciento de la misma. En los casos en que no supere el umbral fijado, el Consejo Nacional determinará la forma de elección de candidatos al parlamento y la Junta regional hará lo mismo para candidatos a alcalde y concejales.

PS: en su artículo 42 Nº 2, se establece que la selección de candidatos a cargos de representación popular se hará en forma democrática por el sistema de voto universal, secreto e informado, en cada una de las instancias que corresponda representar. El mecanismo de elección de candidatos a alcaldes y concejales del Partido será mixto. Constará de: elección de nivel comunal, pronunciamiento del Consejo Regional y ratificación por parte del Consejo General o del Comité Central41. El estatuto

establece requisitos para ser candidato-a: se pide conocimiento técnico y político, inserción social, compromiso político con el Partido y que se proponga un programa comunal. Establece límites a la relección, para los cargos de parlamentario, alcalde, concejal o consejero regional, no más de dos períodos consecutivos. Establece, además, que la selección definitiva de candidatos deberá considerar la discriminación positiva establecida para la mujer (30%) y la de jóvenes (15%). b) Candidatos elegidos mediante proposición de las instancias municipales y regionales

RN: El Consejo General contempla dentro de sus facultades designar los candidatos a senadores y diputados a proposición de los Consejos Regionales. En caso de que el Consejo General no apruebe los nombres propuestos, los Consejos Regionales que correspondan, deberán efectuar nuevas proposiciones42. Los Consejos Regionales tienen la facultad de proponer al Consejo General la nómina de postulantes de candidatos a senadores y diputados43. El Consejo Comunal propondrá al Consejo Distrital la nómina de postulantes a alcaldes y concejales.44 PPD: El Consejo General es el encargado de proponer al candidato a Presidente de la República, nominar a los candidatos a senadores y diputados y resolver el apoyo a candidaturas independientes a proposición de los Consejos Regionales.45 El Consejo Regional es quién decide los candidatos a alcaldes, concejales y consejeros regionales46. En su artículo 10, el estatuto establece un límite para la postulación y el ejercicio de todos los cargos de representación popular, que es de dos períodos continuos para Senador y tres períodos continuos para Diputado, Alcalde, Concejal y Consejero de Gobierno Regional. Cumplidos estos períodos el PPD no postulará al afiliado a ser electo en el mismo cargo de representación popular que ostenta. UDI: es facultad del Consejo Distrital y Comunal proponer al Consejo Regional respectivo postulantes o candidatos a diputados por el distrito electoral que les corresponda47. Es facultad del Consejo Regional proponer al Consejo General postulantes a candidatos a senadores de la región y candidatos a diputados, oyendo en este último caso, al Consejo Distrital o Comunal respectivo, organizando las elecciones correspondientes.48 El Consejo General, dentro de sus facultades, designa a los candidatos a senadores y diputados a proposición de los Consejos Regionales respectivos. En caso de que el Consejo General no los nombres propuestos por ellos, éstos deberán efectuar una nueva proposición49. Además, el partido contempla la existencia de carácter permanente de una Comisión Electoral, que evaluará el rendimiento electoral de manera constante de las autoridades elegidas por votaciones populares directas, proponer para la aprobación del Consejo General la nómina de candidatos a Diputados y Senadores, y resolver sobre los candidatos a Alcaldes y Concejales de la UDI. Evaluar la gestión de los Consejeros Regionales y conforme a las normas constitucionales y legales aprobar la nominación de los postulantes a los distintos Consejos Regionales.50 PC: si bien las células, comunales y regionales pueden proponer candidatos a elección popular, en su artículo

27, el Estatuto del Partido Comunista explicita que el Comité Central designa los candidatos comunistas para elecciones populares de trascendencia nacional y aprueba los pactos y alianzas para las mismas. Para la elección del candidato a Presidente de la República, debe consultar al conjunto del partido. Podrá organizar también una consulta partidaria sobre cuestiones políticas trascendentes51. El Comité Central se podrá hacer asesorar por organismos técnicos auxiliares de consulta: La Comisión nacional Electoral y la Comisión de Cuadros. Tabla 2: Resumen Proceso de selección de candidatos a elecciones internas y externas del partido. 1. Mecanismos de selección de candidatos a elecciones internas y externas.

Elecciones Directas

PS-UDI-PC

Todos los partidos.

1.1 Mecanismos Selección de candidatos a elecciones internas

PDC-RNPPD

Consejo General (a proposición de instancias regionales y locales)

Acción positiva de jóvenes

1.2 Mecanismos Selección de candidatos a elecciones Populares

PDC-PS

RN-UDI-PCPPD

PS: 15%

Primarias

Del dicho al hecho: ¿Cómo funcionan empíricamente las elecciones en los partidos políticos analizados? Las Elecciones Internas En relación a las entrevistas realizadas, llama la atención que tanto el Partido Comunista y la Unión Demócrata Independiente, poseen características similares en cuanto a su funcionamiento interno, incluso al preguntar acerca del comportamiento de los militantes en procesos electorales, los entrevistados de ambos partidos declaran que no existen problemas de transparencia en sus elecciones, no obstante, en el PS, el PDC, el PPD y RN, la situación cambia drásticamente. Si bien el PS posee un método de elección indirecta para cargos colegiados, los problemas de transparencia en sus elecciones han terminado dañado la credibilidad de los procesos, con el robo de cédulas electorales, robo de urnas, entre otras anomalías registradas. En el caso del PPD, los estatutos declaran amplias posibilidades de competencia política, posee un sistema proporcional de competencia electoral, pese a ello se han observado incidentes complejos en algunas regiones de Chile, en que la policía ha debido buscar las urnas con los votos escrutados en la casa del presidente comunal, que de manera arbitraria, al ver perdida la elección, decide llevarse a su casa el resultado. En el caso del PDC, las principales denuncias han sido en torno al abuso de poder, ejercido por algunos alcaldes de este partido que han utilizado la municipalidad para controlar la elección en el plano local. En el caso de RN, la situación no ha sido diferente, en un proceso electoral se detectó el procedimiento de “urna móvil”, al momento de realizar la elección a causa de la escasa presencia de votantes. Este proceso consiste en que la urna se sube al interior de un vehículo y, padrón electoral en mano, se decide pasar por cada una de las casas de los militantes de la comuna.

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declara y asume que es la instancia máxima la que decide. Para los otros cuatro partidos –PPD, PS, PDC, RN–, declaran en sus estatutos formas de selección de candidatos en discusiones de consejos comunales, provinciales, regionales, por ejemplo, en el caso de RN, en el Consejo Nacional se imponen candidaturas desde las cúpulas. Para el caso de la PDC, que contempla mecanismos de primarias abiertas, el territorio escoge sus candidatos, pero no está exento del veto de la estructura nacional. No obstante, al momento de recurrir al proceso de primarias, se entrega una mayor legitimidad al candidato escogido. En el caso del PS, hasta la última selección de candidatos a la elección municipal de 2008 y parlamentaria de 2009, se realizaron en el Comité Central, no obstante, para este último proceso –2012–, primarias internas abiertas en las comunas que tenían más de un candidato socialista. Al no estar reguladas por el SERVEL, nuevamente se observaron acusaciones de falta de transparencia en el proceso, asimismo, los requisitos eran bastante complejos de cumplir —inscripción de la candidatura con el 5% del padrón electoral apoyando, no sólo con la firma sino también con una copia del Documento Nacional de Identidad—, lo que dejó fuera a una gran cantidad de candidatos en comunas de mayor número de habitantes. El proceso de selección de autoridades partidarias

Vibraciones, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

Para el caso de los jóvenes, la autonomía estatutaria no se refleja en las prácticas políticas efectivas, en que los entrevistados declaran que los problemas de los adultos son traspasados a la estructura de las Juveniles. El entrevistado del PPD declara “lamentable ver a las juventudes políticas crecer al amparo de las figuras históricas y tradicionales convirtiéndose así en manos ejecutoras de su gestión más que potenciales liderazgos en el presente y en el futuro”52. El caso descrito anteriormente no sólo se refleja en el ser seguidores de los grandes caudillos del partido, sino también en que los procesos electorales de las juventudes políticas presentan problemas de transparencia, pues están marcados por las mismas prácticas adultas. El proceso de selección de candidatos a elecciones populares Todos los estatutos analizados incorporan la posibilidad de proponer sus candidatos en instancias descentralizadas, sin embargo, se observa de manera recurrente la práctica de imponer candidatos desde la estructura central, este fenómeno conocido en la jerga partidaria como “pasar la máquina”, es muy recurrente en las instancias nacionales, en que los comunales, provinciales-distritales y regionales, presentan a dicha instancia de discusión sus candidatos y estos son modificados, muchas veces de manera abrupta, así, los intereses de los militantes territoriales son vulnerados por sus autoridades. Para el caso de la UDI, el entrevistado declara que se respeta la opinión de las instancias territoriales, y que han formado una estructura de discusión que evita vulnerar y dañar las confianzas. Para el caso del PC, se

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Al aplicar el cuestionario a los entrevistados, estos comienzan a describir la forma de elección, sin embargo, cuando se les pregunta cómo escogen las diferentes personas para competir en el juego electoral del partido, se observa la presencia de diferentes corrientes de opinión, o también llamados lotes/facciones53, particularmente para los partidos PPD, PS, PDC, RN, que han ayudado a canalizar la competencia interna. Si bien el PS y el PPD los reconocen abiertamente en sus estatutos, la PDC y RN no lo hacen. La situación de las corrientes de opinión, o lotes, genera competencia desigual al interior de los partidos, debido a que para competir internamente es necesario pertenecer a uno de estos sectores, y que además posea mucha fuerza para competir, porque los sectores más pequeños tienen escasas posibilidades de alcanzar cargos relevantes, salvo si se realizan métodos de alianzas con los sectores mayoritarios. Aun así observamos que los sectores mayoritarios han estado presentes en la dirigencia de los partidos políticos de manera permanente. En el caso del PS, se observa una repetición sucesiva de presidentes pertenecientes al sector llamado Nueva Izquierda (NI) y Renovación. De los doce presidentes que se han tenido desde 1990 a la fecha, la NI ha tenido seis presidentes y la Renovación cinco. RN no posee diferencias de sectores con nombre, y su definición de sectores hace referencia al eje liberal/conservador al interior del partido. De sus directivas internas, se observa que han tenido desde 1990 a la fecha siete presidentes, en que destaca la Presidencia del partido en manos de Andrés Allamand, con casi nueve años, y la actual presidencia de Carlos Larraín, que asumió el año 2006 y se mantiene hasta la fecha, vale decir, la alternancia en el poder no es algo frecuente en dicho partido. La UDI y el PC poseen pocos presidentes desde 1990 a la fecha, y destacan también amplios períodos en sus presidencias, indicador de estabilidad y también de escasa alternancia. De acuerdo a los entrevistados, en el PC se prohíben las tendencias internas, y el estatuto se respeta; en el caso de la UDI, los entrevistados mencionaron que no existen tendencias internas, pero sí liderazgos personales que influyen también en los procesos electorales. Para estos procesos, en éste último partido se gene-

Para el caso del PPD y el PDC, destacan amplias cantidades de presidentes, desde 1990 a la fecha, el PPD con 10 y la DC con 12, sin embargo, al igual que el Partido Socialista, en que los nombres que más se repiten son Camilo Escalona y Ricardo Núñez, para el PPD es Sergio Bitar con tres períodos y Gutenberg Martínez con dos períodos. El PPD reconoce en sus estatutos la existencia de corrientes de opinión, y funciona con ellas a modo de competencia por el poder interno; en el caso del PDC, si bien no reconoce la existencia de las mismas en su estatuto, cohabitan sectores ampliamente marcados por liderazgos personales, como los colorines, seguidores de Zaldivar —Adolfo que se fue del partido— Freistas, Guatones —seguidores de Martínez—, Chascones. Estos son los que más se repiten. El sistema de lotes se traspasa por completo a los jóvenes, para el caso del PPD, PS, RN y PDC. 2. Participación de minorías y sectores sociales subrepresentados —mujeres, jóvenes, grupos étnicos, discapacitados, en el proceso de toma de decisiones en la definición programática— estratégica del partido. A este punto se agrega la inclusión mediante cuotas de estas minorías en los distintos niveles del partido. En general, los partidos de la muestra, realizan el proceso de toma de decisiones en instancias como la Comisión Política, Junta Nacional, Consejos Nacionales. Para incorporar las visiones de estos grupos, se establecen, en el caso del PDC, frentes, que se agrupan en torno a temáticas específicas y entregan su opinión sobre éstas. En el caso del PC, se generan Comités, en el caso del PS están las Comisiones, en el Caso del PPD existen las Secretarías Nacionales. La UDI y RN presentan estructuras funcionales, no obstante, las discusiones se realizan en instancias formales como la Comisión Política y el Consejo Nacional.

Debido a que los estatutos no plantean formalmente mecanismos de inclusión en la toma de decisiones, para efectos de este artículo se ha tomado la decisión de incorporar el análisis de las cuotas o acciones afirmativas, que existen para que algunos grupos puedan ser incorporados en los cargos a elecciones internas del partido y en las directivas nacionales, regionales y comunales. Este sistema de cuotas de género, se encuentra presente y regulado sólo en los estatutos del PPD y el PS. La DC, en uno de sus artículos, expresa que es voluntad del PDC, dentro del concepto de igualdad de oportunidades, desarrollar un proceso de incorporación más pleno de las mujeres a las instituciones del país54, tanto en las instancias de decisión política como en las candidaturas a cargos de elección popular. Para ello, ninguna instancia de decisión partidaria deberá estar compuesta por más de un 80% de miembros de un mismo sexo, en conformidad a las normas contenidas en el presente estatuto, en el artículo 105. No obstante, el inciso segundo de mismo artículo expresa que es voluntad del PDC lograr lo anterior sin modificar los resultados de una elección para completar los porcentajes establecidos, sino respetando los resultados electorales. Los jóvenes solo están reconocidos en una cuota al interior del PS. Las cuotas en el PPD: los mecanismos de acción positiva están descritos en el Título Segundo del Estatuto. El artículo 7 define el principio de igualdad entre los sexos. Establece que ni hombres ni mujeres podrán ocupar más de 60% ni menos del 40% de los cargos de representación en los organismos colegiados partidarios y en las candidaturas a cargos de elección popular. El principio se aplicará cuando la o el candidato beneficiado por el mecanismo, haya obtenido al menos la mitad, más uno, de los votos que tiene la o el candidato, que no será electo a pesar de haber recibido mayor votación. En el artículo 8, el estatuto contempla mecanismo de acción positiva en etnias indígenas para ocupar el 10% de los órganos colegiados del partido, y las candidaturas a elección popular.

Sabores 2, Jorge Dávalos, acuarela, 2003.

ran listas llamadas de “consenso”, que producen la alternancia del poder, al igual que en el partido Comunista.

En cuanto a los jóvenes, se han explicitado los mecanismos de incorporación de ellos en las estructuras de decisión de los partidos a través de los estatutos, sin embargo de acuerdo a los entrevistados, los rasgos autoritarios y cerrados de los partidos, han servido de barrera de contención para evitar el ingreso de más jóvenes a la política.

electorales atentaría contra la igualdad y libertad de competencia, quedando descartado este mecanismo. En el caso del PC, los entrevistados declaran que los encargados nacionales de las Comisiones no necesitan ser miembros del Comité Central para estar a cargo de su Comisión, por lo que si eventualmente no hubiera ningún dirigente indígena, por ejemplo, el Comité Central podría nombrar a uno para tener una política en el tema. Para el caso de RN, se está trabajando en una propuesta de incorporación de las cuotas de mujeres, pero aún no se ha tenido novedades al respecto, declaran los dos entrevistados de ese partido. Algunas cifras interesantes que nos entrega el Servicio Electoral se observan en la Tabla 3, 4 y 4.1, que refieren a la composición de sexos en los partidos políticos, presencia de jóvenes y peack etário de militantes por partido analizado. Tabla 3: Composición de sexos en la militancia partidaria en Chile

Las cuotas en el PS: en el Título X, se establecen los distintos mecanismos de integración de las minorías, que, para este partido, son consideradas las mujeres, los jóvenes y las personas pertenecientes a etnias indígenas. El artículo 39, Nº2, letra a) el Presidente de la Juventud Socialista será miembro de la Comisión Política del partido, b) la Juventud Socialista designará a cinco miembros de su Comité Central para que participen con plenos derechos en el Comité Central del partido; c) los presidentes regionales y comunales de la Juventud Socialista participarán con plenos derechos en las direcciones regionales y comunales del partido respectivamente; d) se establece la acción positiva en factor de los jóvenes en un 15%. Para el caso de las mujeres, el artículo 40, Nº 1, establece la existencia de una Vicepresidencia de Asuntos de la Mujer, a cargo de una autoridad unipersonal elegida por el Comité Central. En el Nº 4 se establece la discriminación positiva en favor de las mujeres, en la letra a: de la totalidad de los miembros de los organismos colegiados del partido, ninguno de los dos géneros podrá superar el 70% de la composición final del colegiado –establece un 30%–, en su letra b, dice que cada lista de candidaturas deberá aplicar si corresponde el factor de corrección de géneros del 70%, respetando el número de electos por cada lista en el resultado final de la elección. El orden final de cada lista se obtendrá considerando el orden de votación interno. En la letra c del mismo artículo, se estable que para asegurar el funcionamiento de esta disposición, cada lista deberá inscribiese con un máximo de un 60% de un género en relación al otro. En el Congreso del año 2011, se estableció que la competencia en los cuerpos colegiados llegaría a un 50%, asegurando la composición de las listas con paridad de género, no obstante, al momento de analizar el estatuto, se encontró que está vigente aún el del año 2003. En el caso de las minorías étnicas, habrá una vicepresidencia de Asuntos Indígenas en las Direcciones Regionales y Comunales de las siguientes regiones: XV, I, II, VII, IX, X, y Metropolitana. En estas regiones se aplicarán mecanismos de acción positiva a favor de las minorías étnicas en la composición de la Comisión Organizadora de Congreso, dentro de un margen de un 5% a un 20%. ¿Cómo se expresa la diversidad social al interior del partido? Al momento de hacer esta pregunta, todos los entrevistados apuntaron a la existencia o no de cuotas electorales, esbozando los conceptos de discriminación positiva y acción positiva. “Javiera, cuando tú me hablas de mecanismos de inclusión de minorías en los partidos, sólo puedo pensar en las cuotas, y no estoy de acuerdo con ellas”55. La UDI, por principio, declara que todos sus militantes son iguales, por lo que la existencia de cuotas

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Partidos Políticos

Mujeres 59,87 52,92 45,46 48,67 44,72 51,38 45,78 45,35 56,18 65,47 55,91

40,13 47,08 54,54 51,33 55,28 48,62 54,22 54,65 43,82 34,53 44,09

51,9736364

48,0263636

Unión Demócrata Independiente Renovación Nacional Democracia Cristiana Partido por La Democracia Partido Socialista de Chile Partido Radical Partido Comunista Partido Humanista Partido Movimiento Amplio Social Partido Ecologista del Sur Partido Regionalista Independiente Total

Hombres

*Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de los datos obtenidos del Informe Partidos Políticos del Servicio Electoral, República de Chile.

Tabla 4: Distribución de militancia joven por partido y tramo de edad Grupo etario

UDI

PDC

PPD

18-19 años 19-24 años 25-29 años

0,03 0,42 1,43

0,16 1,27 2,1

0 0,6 1,5

0,04 0,57 1,38

0,14 1,6 2,98

0,9 0,37 0,66

Total

1,88

3,53

2,1

1,99

4,72

1,93

*Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de los datos obtenidos del Informe Partidos Políticos del Servicio Electoral, República de Chile.

Tabla 4.1: Distribución por partido de momento peack de la militancia política Partido UDI RN PDC PPD PS PC

Peack Militancia

%afiliación

45-49 años 45-49 años 45-49 años 40-44 años 45-49 años 40-44 años

15,54 14,37 13,32 18,32 14,98 18,36

*Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de los datos obtenidos del Informe Partidos Políticos del Servicio Electoral, República de Chile.

De acuerdo a los datos obtenidos en el Informe Partidos Políticos preparado por el Servicio Electoral el año 2010, los partidos políticos de la Alianza RN y la UDI poseen una gran cantidad de mujeres, superando el 50% en ambos casos, sin embargo, no poseen leyes de cuotas, para el caso de los partidos PPD, PS y PDC, se observan pocas mujeres, aun cuando ambos partidos poseen una normativa al respecto –especialmente en el caso del PPD y PS–.

Si se analizan las candidatas, por ejemplo, para el caso de las Primarias de la Concertación, se presentaron de un total de 336 candidaturas sólo 53 mujeres, en lo que al parecer el principio de igualdad del PPD y el PS no funcionó. Para el caso de las mujeres parlamentarias, es sabido que solo representan un 14% del Congreso Nacional, no obstante, la UDI es la que posee mayor cantidad de mujeres en el parlamento –seis–, sin embargo, en proporción a la cantidad de diputados que tiene es bastante poco significativo –37–. RN presenta pocas mujeres, de sus 17 diputados sólo posee dos mujeres. Al interior de la Concertación, de los tres partidos analizados, el PPD presenta cuatro mujeres de sus 18 diputados, mientras que la DC de sus 19 diputados sólo posee una mujer en sus filas, el PS presenta dos de 11 diputados. En el caso del PC, se observa la nula representación femenina en el Congreso. Existen una serie de estudios que dan cuenta de esta subrepresentación de las mujeres en los partidos políticos, y se aducen razones de hostilidad de las estructuras partidarias, en particular a los aspectos informales, como horarios de reuniones en que se toman las verdaderas decisiones, así como la necesidad de travestirse de las mujeres para hacer política.56 y 57 Asimismo, la Corporación Humanas58, describe la entrevista de un dirigente político, que declara la existencia de una subrepresentación de las mujeres en los cargos nacionales del partido político, invoca razones tales como que éstas se sienten profundamente más cómodas en cargos de mayor cercanía a la base social y que demandan menor tiempo, debido a sus tareas familiares —plano doméstico— que le impiden participar plenamente en las instancias superiores, también citan razones de escasa preparación para representar a su base de apoyo en las instancias superiores, lo que provocaría un cierto temor al momento de ejercer cargos políticos de mayor relevancia. Para el caso de las minorías sexuales, ningún partido contempla dentro de sus estatutos el reconocimiento e incorporación de estos. En cuanto a los jóvenes, se han explicitado los mecanismos de incorporación de ellos en las estructuras de decisión de los partidos a través de los estatutos, sin embargo, de acuerdo a los entrevistados, los rasgos autoritarios y cerrados de los partidos han servido de barrera de contención para evitar el ingreso de más jóvenes a la política59. Si se analiza con detención la tabla de la militancia juvenil por partido, ésta no se supera el 5% del padrón de afiliados de cada uno de los partidos analizados, lo que refleja la animadversión reforzada por las encuestas de opinión pública y los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Juventud hacia estas instituciones. Es importante destacar que la UDI no genera incentivos orientados a reclutar militantes “formales” en su padrón, de acuerdo a la información proporcionada por el entrevistado de dicho partido, pues es “muy importante que estos cuadros consigan mantener una imagen de independientes a la hora de competir en las elecciones al interior de las universidades”60. En la tabla 4.1, se observa el peack etario de la militancia en los partidos analizados, vale decir, el tramo etario en que existe una mayor circulación de militancia, y es entre los 40 y 50 años. Al momento de ser consultados los militantes jóvenes por sus actividades regulares, se plasma la ausencia de una regularidad en ellas, destacándose sólo los momentos electorales como principales espacios de convivencia y movilización de militancia.

Tarabuqueño 2, Jorge Dávalos, acuarela, 2002.

El militante socialista declara que “el trabajo de las estructuras territoriales, los comunales en muchos casos están prácticamente en desuso”. Destacan las actividades de formación —en todos los partidos—, particularmente en la UDI, PC y PS. Y el ámbito en el que más se desenvuelven las actividades de los jóvenes comunistas, socialistas y gremialistas61 es el espacio universitario. Destacado fue el liderazgo de Camila Vallejo, líder comunista que condujo desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile –FECH-, el movimiento estudiantil de 2011. 3. Rendición de Cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del partido a las bases/accountability partidario. Este aspecto, tal como lo describe Freidenberg (2006), es el menos desarrollado en los estatutos de los partidos políticos chilenos. La Ley 18.603, describe que el organismo encargado de resolver faltas disciplinarias es el Tribunal Supremo de cada uno de los partidos. Al interior de la muestra, de los seis partidos analizados, el único que no posee Tribunal Supremo es el Partido Comunista, ya que tiene una Comisión Nacional de Control y Cuadros, que posee las mismas atribuciones que el Tribunal Supremo, salvo la organización y supervigilancia del proceso electoral. El resto de los partidos, replican prácticamente y a cabalidad lo declarado por la Ley 18.603 en su artículo 28. Este organismo es elegido de manera indirecta en las instancias máximas de los partidos (Congreso, Juntas Nacionales, Conse-

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jos Generales, Consejos Nacionales), y asesoran directamente a la mesa directiva. EL PS en su artículo 52, habla de la Transparencia y responsabilidad en la Gestión Direccional del partido. Se contempla levantar actas de las reuniones constatando los acuerdos adoptados, y con qué respaldo y oposición se aprobaron o rechazaron, las opiniones previas a los acuerdos, emitidas por los dirigentes que hayan intervenido en la discusión, los nombres de los dirigentes que hubieran aprobado/rechazado/omitido su opinión frente a cada uno de los acuerdos que consten en el acta, sin embargo, al revisar el sitio web de este partido, observamos que no existen estos documentos a disposición pública. ¿Cómo funciona el accountability en los partidos? Al ser consultados los entrevistados, declararon que no existían mecanismos de control de la base de militantes hacia sus dirigentes, en general, el control se realiza a través del Tribunal Supremo. “Realmente, como militante de base, creo que no existe ningún mecanismo directamente para controlar a los líderes del partido. O sea, podrías plantear tu descontento en un ampliado comunal, pero no surte mayor efecto. En un Comité Central, uno de sus miembros podría expresar un voto político de rechazo a la postura que “x” dirigente tomó, pero si es acogida en esa instancia se materializarían resoluciones”62. Los comunistas, por su parte, son proclives a realizar sus descargos en las reuniones de base o dirección, “estos son los lugares para plantear la crítica de las decisiones que en el partido deben tomarse colectivamente. Esto es en función de los principios del centralismo democrático”63. Para el caso de la UDI, dependiendo materia en cuestión, los militantes pueden pedir quince minutos para exponer en la sesión de la Comisión Política, y generar una acusación directa sobre algún tipo de postura del partido que cause oposición, o para generar descargos sobre algún dirigente nacional. Para el caso de los dirigentes regionales, provinciales, distritales y comunales, se generan los descargos en dichas instancias territoriales. El entrevistado, además, contó un episodio importante. Para esta elección municipal, se re evaluó a nivel del partido la alianza con RN, entonces se realizó un escrutinio a toda la militancia del Partido con el objetivo de consultar la decisión de ir a los próximos comicios con RN. La decisión fue aceptada por el 80% de la militancia. De acuerdo a la historia política reciente, se ha observado que la figura del Tribunal Supremo ha servido para ejercer un indebido control de la disidencia interna. Conocidos son los casos de Jorge Schaulsohn en el PPD, Adolfo Zaldivar en el PDC y, el más reciente, Manuel José Ossandón, quien ya fue advertido a través de la prensa sobre una posible acusación al organismo por sus constantes críticas al Gobierno de Sebastián Piñera.64 Conclusiones La Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos 18.603, que regula el funcionamiento de los partidos en Chile, entrega un escenario de escasa regulación de estos organismos, generando plenas libertades en el actuar de éstos, particularmente en el proceso de selección de sus autoridades internas. Los avances en materia de discusión política en Chile, han ido acompañados de una serie de reformas orientadas a corregir ciertos aspectos críticos de la democracia chilena. Es así como se aprobó la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario, y recientemente, la Ley de Elecciones Primarias, cuya característica principal es la voluntariedad y su vinculación directa, que legitima este proceso

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de selección de candidatos al interior de los partidos. Si bien, aun cuando esta Ley no ha sido promulgada, y al término de este estudio, sólo se ha podido trabajar con el Mensaje Presidencial Nº 119-359, de 05 de septiembre de 2011, se observan importantes avances. La normativa destaca el papel relevante del Servicio Electoral, quienes serán instruidos por el Consejo General de cada partido –o coalición–, sobre las características técnicas de la elección: particularidad de la primaria –abierta o cerrada–, quórum, fecha de cierre del padrón electoral de votantes, confección de las cédulas electorales, etc. Este es un importante avance, puesto que en las últimas elecciones primarias municipales, hubo acusaciones cruzadas sobre la falta de transparencia del proceso electoral. Un caso parecido ocurrió en las primarias del año 2009, en donde la normativa del proceso quedó a discreción de la coalición, situación que afectó la credibilidad del ejercicio. Este hecho podría ser una de las múltiples causas del fracaso de la Concertación en las últimas elecciones presidenciales. Pese a haber establecido una regulación del proceso de selección de candidatos a elecciones populares, esta Ley de Primarias afectó en nada la Ley de Partidos Políticos, por lo que se mantiene la ausencia de regulación al respecto. Es de esperar que se sigan repitiendo arbitrariedades en el proceso electoral de los partidos, con anomalías tales como las “urnas móviles”, los robos de votos, y las separaciones territoriales arbitrarias. Es significativo fortalecer desde la perspectiva del Estado a los partidos políticos, velar por la transparencia y la participación de toda la militancia. La Ley de Primarias regula el proceso de selección de candidatos, pero no las nominaciones de éstos ya que todavía presentan dudas. Si bien, tanto la Ley de Partidos Políticos como la Ley de Primarias, obligan a tomar en consideración las alternativas propuestas por los territorios, lamentablemente hay espacios no regulados en la discusión partidaria, en que reiteradas veces se imponen candidaturas desde las cúpulas, afectando el clima al interior de los mismos territorios. Por otro lado, los candidatos propuestos responden por lo general a lógicas de sectores/facciones/lotes internos, y no a la voz y opinión del territorio. Se desprende de este análisis que, debido a las complejas estructuras presentadas por los partidos y la falta de regulación de los mismos, los dirigentes políticos pierden mucho tiempo en el control del partido en términos orgánicos, dejando muchas veces fuera la discusión política. En este sentido, los Partidos Políticos se encuentran poco sincronizados con los ciudadanos, llegan tarde a las discusiones políticas, y son otros los agentes que generan opinión sobre aspectos de la vida social y política del país. En esta línea se aprecian los Think Tanks –Centros de Estudio–, que han forjado importantes avances en materia de construcción de opinión pública, apoyando la labor de los parlamentarios por sobre la función propia de los partidos políticos. Carlos Huneeus, en 1999, advertía que al debilitarse la capacidad de los partidos políticos de cumplir sus funciones, las consecuencia serían las anomalías en el sistema político, generando vacíos que comienzan a ocupar otros agentes e instituciones, Huneeus nos hace referencia a los procesos de personalización de la política –fenómeno que está de moda por estos días, en que todos los candidatos quieren o aparentan ser independientes–, lo que dificulta la regulación del conflicto, puesto que es muy complejo dilucidar los actores y su alcance en el sistema. Consecuencia negativa, además, para los electores, puesto que no tienen claridad a qué partido/coalición pertenecen los candidatos que aspiran a representarlos. El autor plantea que estos actores “se ven empujados

por presiones inmediatistas que responden a demandas de los individuos o grupos de interés y también provoca una mayor intervención de los grupos de interés y de los empresarios en la toma de decisiones públicas”.65 A continuación, en la tabla 5, se describe, a modo de resumen, los niveles de cumplimiento de las dimensiones de democracia partidaria interna, analizada en el transcurso de este documento. Tabla 5: Análisis del cumplimiento de las dimensiones de la democracia interna para los partidos de la muestra Dimensión de Análisis

UDI

PDC

PPD

Elecciones Internas

Indirectas

Directas

Directa Directa

Indirecta

Elecciones Populares

Indirectas

Indirecta

Directa

Indirecta

Directa

Indirecta

Jóvenes

Sí

Género

Accountability de las Autoridades del partido

Sí

Selección de candidatos

Incorporación de minorías en las decisiones del partido (cuotas)

Se observa, al igual que en la Ley 18.603, que se encuentra muy regulado el proceso de selección de candidaturas internas y populares del partido. Por su parte, la dimensión orientada a establecer la inclusión de las minorías en la toma de decisiones del partido, se encuentra incluida sólo en dos partidos. En relación a la última dimensión, el accountability no se encuentra regulado en ningún partido político. Estos datos permiten concluir que los partidos políticos chilenos no son democráticos en su funcionamiento interno. Para mejorar la democracia de los partidos, en primer lugar es de suma relevancia tomar en cuenta a su militancia de base, puesto que es el capital del partido. Más allá de las elecciones, los partidos políticos carecen de actividades y ámbitos de militancia institucionalizados con funcionamiento regular66. Las estructuras nacionales parecen distantes, y las convocatorias a las reuniones se realizan en torno a temáticas específicas relacionadas con las coyunturas electorales. Tal como declaró el militante del PDC, este partido se encuentra en un proceso de reformulación de su estatuto, ya que la organización es extremadamente compleja, debido a la gran cantidad de militantes que existía en un momento dado, sin embargo, hoy hay muchos cargos disponibles y poca gente que los ejerza. Se observan declaraciones similares en los otros militantes de los partidos políticos. “La presencia de una brecha muy significativa en el número de afiliados que los líderes partidarios declaran tener en sus padrones (en el entrono a los 100.000), y las estimaciones que realizan respecto al número de militantes realmente activos (entre 5.000 y 2.000) provee claros indicios respecto de las diferencias entre la institucionalidad formal y la realmente existente”.67

Las autoridades partidarias deben estar sujetas no sólo al control de cuadros o disciplina mediante la figura del Tribunal Supremo, que, como se dijo anteriormente, ha servido para controlar la disidencia partidaria y no la disciplina propiamente tal. Los dirigentes políticos, si se comprometieran con la democratización interna de los partidos políticos, podrían rendir cuentas de su gestión política anualmente, y hacerse responsables de las posturas que toman con respecto a determinadas decisiones políticas que han generado un profundo descontento en su militancia. El militante de base debe sentirse participe del proceso político, y debe tener una capacidad concreta de premiar/castigar a sus dirigentes. Camilo Escalona, por ejemplo, contradijo con mucha fuerza una de las conclusiones tomadas en el último Congreso del Partido Socialista, que proponía una Asamblea Constituyente como método de cambio constitucional, no obstante, éste opinó lo contrario, y hasta el día de hoy ningún militante ha levantado cargos en su contra o ha esbozado la sola idea de enviarlo al Tribunal Supremo. En el caso de la incorporación de la diversidad social al interior de los partidos políticos, la realidad demuestra que, por ejemplo, no existen políticas de pro-integración en los espacios formales de representación —mesa directiva, consejo nacional, etc.— en ninguno de los partidos políticos, ya sea por causas ideológicas —en el caso de la UDI— o por simple descuido de las autoridades partidarias. Es importante que los partidos den cuenta de la diversidad social que posee el Chile actual, y generen descentralización no sólo en la definición de las candidaturas, sino también en las posturas políticas de los temas de interés público. Los sistemas de discusión política parecen circunscritos a una élite determinada, que se reúne semanalmente a discutirlos, haciendo que los militantes tomen distancia de las posturas oficiales del partido. Las mujeres, en esa lógica, han sido las más afectadas, a causa de los horarios en que se discuten los temas políticos, primando la presencia masculina en todos los ámbitos, como ocurrió con el escaso número de mujeres que compitieron en las Primarias Municipales de la Concertación el año 2012. La democracia partidaria fluctúa entre la representación y la participación. Así como existen hoy en día fórmulas para poder generar una política más participativa, por ejemplo, a nivel local o regional, es importante considerar ampliar estos aspectos para los políticos, asimismo, el Consejo Para la Transparencia, institución que se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en Chile, podría ayudar a generar una agenda de transparencia para los partidos políticos chilenos. La Ley de Acceso a la Información Pública contempla una serie de disposiciones que exigen publicar en los portales web a los diferentes organismos de la Administración del Estado, tal vez sería importante generar una disposición para los partidos políticos, en donde se les exija publicar su estatuto de fun-

Es importante que los partidos den cuenta de la diversidad social que posee el Chile actual, y generen descentralización no sólo en la definición de las candidaturas, sino también en las posturas políticas de los temas de interés público. and a mios 99

cionamiento —para esta investigación hubo dos estatutos que fueron muy difíciles de encontrar, el de la UDI y el PC—. Asimismo, es importante publicar las votaciones en el Congreso, para que la militancia y la ciudadanía sepan qué están votando sus representantes. Existe en el Congreso un resumen de las votaciones por parlamentario, sin embargo muy pocos conocen esta información. Para ello, los partidos deberán poner a disposición la mayor cantidad de información referida a sus dirigentes, sus discusiones internas y, por su puesto, sus actividades. Los resultados de este trabajo entregan luces para que el Estado pueda enriquecer la normativa actual de Partidos Políticos. La Ley 18.603 es insuficiente. Es importante considerar que la nueva normativa contemplará los aspectos analizados para for-

BIBLIOGRAFÍA Aedo, Marcela y Arce, Javiera (2012): “Calidad de la Democracia en Chile y Representación Política de las Mujeres: Primarias Municipales 2012”. Trabajo presentado en el Congreso De Mujeres. Universidad Austral de Chile. Beller, Dennis y Belloni, Frank: “Party Faction: Modes of Political Competition”. En: BELLONI, Frank y BELLER, Dennis (ed.), Faction Politics. Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective. Santa Bárbara, ABC-Clio. 1978. Centro de Estudios Públicos: Encuesta CEP julio-agosto de 2012. Corporación Latinobarómetro: “Informe”. Santiago de Chile 2011. Disponible en www.latinobarómetro.cl Diario Ciudadano El Naveghable: Entrevista a Alberto Mayol, sociólogo, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 01 de noviembre de 2012. Diario La Tercera: Labra y Ferraro. “Ossandón fija cita con críticos RN para reforzar opción senatorial”. 30 de septiembre de 2012. Díaz-Tendero, Eolo y Salinas, Sergio: “Conflictividad, acción pública y orden legítimo. Paradojas de la democracia cholena contemporánea”. Revista Persona y Sociedad volumen XVIII Nº 1. Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile, 2004. Flavia Freidenberg. “¿Qué es la democracia interna? Una propuesta de redefinición conceptual” La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario. Ed. Reynoso Núñez, José y Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio.. México, DF: Instituto Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2009. 277-295. Available at: http://works.bepress.com/flavia_freidenberg/54 Freidenberg, Flavia: “La democratización de los partidos políticos: entre la ilusión y el desencanto”, en Thompson, José y Sánchez, Fernando (ed): “Fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina: Institucionalización, democratización y transparencia. San José de Costa Rica: IIDH. 2006. Gamboa, Ricardo y Salcedo, Rodrigo: “El faccionalismo en el Partido Socialista de Chile (1990-2006): características y efectos políticos en sus procesos de toma de decisión”. Revista de Ciencia Política, vol. 29, nº3. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Ciencia Política. 2009.

100 and a mios

talecer los partidos políticos. No sólo la regulación de los partidos políticos es importante sino también su financiamiento. Si el objetivo es generar un sistema de financiamiento público para la política, será importante que los partidos funcionen con normativas más exigentes que puedan asegurar la completa participación de los militantes, la incorporación de las minorías y, por su puesto, la mayor transparencia en sus procesos electorales y decisionales. De esta manera, los partidos políticos podrán mejorar sus formas de representación y obtendremos como resultado final, un mejor desempeño de la democracia chilena. Javiera Arce Riffo Licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales, Universidad de Chile.

INJUV: “Sexta Encuesta Nacional de la Juventud”. Santiago de Chile, 2010. Disponible en: http://www.injuv.gob.cl/portal/ categoria/publicaciones/publicaciones-publicaciones/ Instituto Nacional de la Juventud: “Quinta y Sexta Encuestas Nacionales de la Juventud”. Santiago de Chile. 2006 y 2012. Estudios disponibles en: http://www.injuv.gob.cl/portal/categoria/publicaciones/publicaciones-publicaciones/ . Lechner, Norbert: “Las Sombras del Mañana, la dimensión subjetiva de la Política”. Editorial LOM. Santiago de Chile, 2002. Lechner: “Modernización y democratización en Chile, un dilema del desarrollo chileno”. Centro de Estudios Públicos. Serie Estudios Públicos, otoño 1998. Pág. 238. Ley 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos en Chile. Lomnitz, Larissa Adler. “Redes sociales y partidos políticos en Chile”. Revista hispana para el análisis de redes sociales, vol. 3, Nº2. 2002. Luna, Juan Pablo y Rosenblatt, Fernando: “¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual. CIEPLAN. Santiago, Chile 2012. Fernández , María de los Ángeles: “Partidos e inclusividad de género en Chile: una asignatura pendiente para la Concertación”. Seminario Andino: Perspectivas programáticas en los desafíos que enfrentan los partidos y organizaciones políticas. 15 y 16 de noviembre de 2010. Quito Ecuador. López, Miguel Ángel: “Gobernabilidad y democracia en América Latina. La Institucionalización partidaria.” (2008). Morlino: Leonardo: “Political parties and democratic consolidation”. Pág. 315-316. Pasquino, Gianfranco: “Los partidos políticos y la democracia en relación con América Latina”. Universidad de Bologna y SAIS-Centro John Hopkins Bologna. 23 de febrero de 2001. Pág. 1. Siavelis, Peter M: “Enclaves de la transición y democracia chilena”. Rev. cienc. polít. (Santiago) [online]. 2009, vol.29, n.1 [citado 2012-11-28], pp. 3-21. Disponible en: http://www. scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2 009000100001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-090X. doi: 10.4067/S0718-090X2009000100001.

Thezá, Marcel: “Notas de investigación sobre juventud, cultura y educación: el relato de los actores”. Texto en borrador. 2012. Bobbio, Norberto: “El Futuro de la democracia”. Fondo de Cultura Económica. México. 1984. Corporación Humanas (2011): “Representación social de las mujeres en los partidos políticos y medios de comunicación en Chile”. Santiago de Chile. Resultados y Algunas Conclusiones: Estudio 1 “Representaciones de género y participación de las mujeres en los discursos y prácticas de los partidos políticos chilenos”. Santiago de Chile, 2011.

Centro de Estudios Públicos: Encuesta CEP julio-agosto de 2012.

Freidenberg, ¿Qué es la democracia interna? Op. Cit. 283.

Freidenberg, ¿Qué es la democracia interna? Op Cit. 283.

Freidenberg, ¿Qué es la democracia interna? Op Cit. 284.

Bobbio, Norberto: “El Futuro de la Democracia”. Fondo de Cultura Económica. México, 1984.

Müller, Gonzalo: “Democracia interna y selección de autoridades”, En Fontaine, Arturo, Larroulet, Cristián, Navarrete, Jorge, Walker, Ignacio (Editores): “Reforma de los partidos políticos en Chile”. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago de Chile. 2008.

El artículo 28, letras c y d de la Ley de Partidos Políticos, contempla este organismo para la reclamación de actos violatorios de los principios del partido por parte de sus autoridades y para el conocimiento de denuncias en contra de miembros del partido o contraactos cometidos por las autoridades partidarias. En ambos casos se aplicarán medidas disciplinarias.

Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Texto Refundido Estatutos y Reglamento Interno de Elecciones Partido Unión Demócrata Independiente.

art. 72, Estatuto Partido Comunista de Chile.

art. 74, Estatutos del Partido Comunista de Chile.

Art. 43, Estatutos del Partido Socialista de Chile.

art. 46, Estatutos Partido Socialista de Chile.

art. 112, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.

art. 114, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.

art. 116, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.

Díaz-Tendero, Eolo y Salinas Sergio. Op cit. Pág. 183.

art. 118 inciso 2, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.

INJUV: “Sexta Encuesta Nacional de la Juventud”. Santiago de Chile, 2010. Disponible en: http://www.injuv.gob.cl/portal/categoria/publicaciones/publicacionespublicaciones/

art.54, Estatuto Partido Renovación Nacional.

art. 56, Estatutos Partido Renovación Nacional.

art. 59, Estatutos Partido Renovación Nacional.

art. 7, Estatutos Partido Por la Democracia.

Freidenberg, Flavia: “La democratización de los partidos políticos: entre la ilusión y el desencanto”, en Thompson, José y Sánchez, Fernando (ed): “Fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina: Institucionalización, democratización y transparencia. San José de Costa Rica: IIDH. 2006. Pág. 2.

art. 9, Estatutos Partido Por la Democracia.

art. 42 Nº 3, Estatutos Partido Socialista de Chile.

art. 35, letra c, Estatutos Partido Renovación Nacional.

La institucionalización de los partidos políticos, para efectos de este trabajo, considerara los siguientes aspectos: la interacción del partido con el Estado, los orígenes del partido, sus grados de fraccionalismo (factionalism) y los grados de clientelismo y patronage. Dimensiones de análisis tomadas a partir del texto del Profesor Miguel Ángel López: “Gobernabilidad y democracia en América Latina. La Institucionalización partidaria.” (2008).

art. 29, letra a, Estatutos Partido Renovación Nacional.

art. 20, letra d, Estatutos Partido Renovación Nacional.

art. 14, Estatutos Partido Por la Democracia.

art. 32, Estatutos Partido Por la Democracia.

Fuente: Servicio Electoral, www.servel.cl Diario Ciudadano El Naveghable: Entrevista a Alberto Mayol, sociólogo, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 01 de noviembre de 2012.

Instituto Nacional de la Juventud: “Quinta y Sexta Encuestas Nacionales de la Juventud”. Santiago de Chile. 2006 y 2012. Estudios disponibles en: http://www. injuv.gob.cl/portal/categoria/publicaciones/publicaciones-publicaciones/ . Thezá, Marcel: “Notas de investigación sobre juventud, cultura y educación: el relato de los actores”. Texto en borrador. 2012. Pág. 11.

Thezá. Op. Cit. Pág. 11.

Díaz-Tendero, Eolo y Salinas, Sergio: “Conflictividad, acción pública y orden legítimo. Paradojas de la democracia chilena contemporánea”. Revista Persona y Sociedad volumen XVIII Nº 1. Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile, 2004. Pág. 185.

1 Manuel Antonio Garretón, “Las revanchas de la democratización incompleta” (1999), y “La transición chilena. Una evaluación provisoria” (1991). Pág. 9-12. Siavelis, Peter M: “Enclaves de la transición y democracia chilena”. Rev. cienc. polít. (Santiago) [online]. 2009, vol.29, n.1 [citado 2012-11-28], pp. 3-21. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2 009000100001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-090X. doi: 10.4067/S0718090X2009000100001.

Lechner, Norbert: “Las Sombras del Mañana, la dimensión subjetiva de la Política”. Editorial LOM. Santiago de Chile, 2002. Pág. 26.

Lechner: “Modernización y democratización en Chile, un dilema del desarrollo chileno”. Centro de Estudios Públicos. Serie Estudios Públicos, otoño 1998. Pág. 238.

14 15

Flavia Freidenberg. “¿Qué es la democracia interna? Una propuesta de redefinición conceptual” La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario. Ed. Reynoso Núñez, José y Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio. México, DF: Instituto Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2009. 277-295. Available at: http://works.bepress.com/flavia_freidenberg/54

Manuel Antonio Garretón, “Las revanchas de la democratización incompleta” (1999), y “La transición chilena. Una evaluación provisoria”. 1991

Huneeus, Carlos: “Problemas de Institucionalización de los Partidos Políticos en una Nueva Democracia. El caso de Chile”. Revista de Ciencia Política, volumen XX, Nº 1. 1999. Pág. 34.

Morlino: Leonardo: “Political parties and democratic consolidation”. Pág. 315316. Pasquino, Gianfranco: “Los partidos políticos y la democracia en relación con América Latina”. Universidad de Bologna y SAIS-Centro John Hopkins Bologna. 23 de febrero de 2001. Pág. 1.

Corporación Latinobarómetro: “Informe”. Santiago de Chile 2011. Disponible en www.latinobarómetro.cl

and a mios 101

art. 18 letra d, Texto Refundido Estatutos y Reglamento Interno de Elecciones Partido Unión Demócrata Independiente.

art. 25 letra c, Texto Refundido Estatutos y Reglamento Interno de Elecciones Partido Unión Demócrata Independiente.

art. 3, letra c, Texto Refundido Estatutos y Reglamento Interno de Elecciones Partido Unión Demócrata Independiente.

art. 48, letras a, b, c, d, Texto Refundido Estatutos y Reglamento Interno de Elecciones Partido Unión Demócrata Independiente.

art. 27, Estatutos Partido Comunista de Chile.

Entrevista joven militante PPD. 25 de noviembre de 2012.

De acuerdo a Beller y Belloni (1978), una facción se refiere a todo grupo organizado existente dentro de una organización mayor, en este sentido, una facción política sería un grupo existente dentro de un partido político. En base a lo anterior, Beller y Belloni (1978) desarrollan “… una subclasificación que distingue tres tipos “modales” de facción: a) “Factional cliques” o tendencias: grupos compuestos por individuos que tienen un interés en común (ideológico, de política pública o material), pero que no está muy organizados para conseguir ese objetivo; b) “Cliente group factions” o facciones personales: son grupos que efectivamente tienen una organización y cuyos miembros son reclutados por líderes que ejercen un dominio personal sobre el grupo (además de mantenerlo), y c) “Facciones institucionalizadas”: son las que han desarrollado una estructura organizativa y un grado relativamente alto de burocratización” (Gamboa y Salcedo, 2009: 669670). Por otra parte, tal como advierte Lomnitz (2002), al interior de los partidos políticos se van dando cohortes o redes de amigos generacionales, en las cuales surgen líderes que buscan trascender sus redes primarias y pueden generar ciertas fisuras dentro del partido, el resultado de lo anterior es el surgimiento de facciones integradas por un número limitado de personas y que pueden: a) escindirse y convertirse en nuevos partidos; b) aliarse con otros partidos; o c) mantenerse en el tiempo. Este fenómeno resulta típico en la cultura política chilena de acuerdo a Lomnitz (2002), en esta línea, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Socialista (PS) son a los que más se les ha atribuido estar marcados por la presencia de fuertes grupos internos (Gamboa y Salcedo, 2009).

Art. 105, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.

Entrevista militante Demócrata Cristiana, 20 de octubre de 2012.

María de los Ángeles Fernández: “Partidos e inclusividad de género en Chile: una asignatura pendiente para la Concertación”. Seminario Andino: Perspectivas programáticas en los desafíos que enfrentan los partidos y organizaciones políticas. 15 y 16 de noviembre de 2010. Quito Ecuador.

Aedo, Marcela y Arce, Javiera (2012): “Calidad de la Democracia en Chile y Representación Política de las Mujeres: Primarias Municipales 2012”. Trabajo presentado en el Congreso De Mujeres. Universidad Austral de Chile.

Corporación Humanas (2011): “Representación social de las mujeres en los partidos políticos y medios de comunicación en Chile”. Santiago de Chile. Resultados y Algunas Conclusiones: Estudio 1 “representaciones de género y participación de las mujeres en los discursos y prácticas de los partidos políticos chilenos”. Santiago de Chile, 2011. Pág. 26.

Entrevista a militante de la Juventud Socialista de Chile. 25 de noviembre de 2012.

Entrevista a militante Unión Demócrata Independiente. Octubre de 2012.

Término acuñado también para los militantes UDI.

Entrevista realizada a militante PS. Octubre de 2012.

Entrevista realizada a militante PC. Noviembre de 2012.

Diario La Tercera: Labra y Ferraro. “Ossandón fija cita con críticos RN para reforzar opción senatorial”. 30 de septiembre de 2012. Pág. 3.

Huneeus, Carlos: “Problemas de Institucionalización de los Partidos Políticos en una Nueva Democracia. El caso de Chile”. Revista de Ciencia Política, volumen XX, Nº 1. 1999. Pág. 34.

Luna, Juan Pablo y Rosenblatt, Fernando: “¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual. CIEPLAN. Santiago, Chile 2012. Pág. 30.

Luna, Juan Pablo y Rosenblatt, Fernando: “¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual. Op cit. Pág. 30.

Tarabuqueño, Jorge Dávalos, acuarela, 2002.

102 and a mios

Jóvenes y política

Sin título, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2009.

en el contexto de una nueva regulación de

organizaciones organizaciones políticas políticas Jimena Avejera U

a juventud boliviana, aunque recibe cada vez más atención, tradicionalmente se ha caracterizado por tener un papel marginal en la legislación boliviana, en la agenda política y en las prácticas cotidianas del Estado y la sociedad, regidas por lógicas adulto-centristas. Actualmente, gracias al trabajo permanente de organizaciones juveniles y a la creciente conciencia pública sobre el potencial de este sector poblacional en los ámbitos político, social, económico y cultural, se registran algunos avances. Uno de ellos es la visibilización de la juventud en la nueva Constitución Política del Estado, ausente en la anterior carta magna, otorgando un marco para que el resto de la legislación se desarrolle tomando en cuenta criterios generacionales. Asimismo, el anteproyecto de Ley General de Juventudes está siendo discutido en la Asamblea Legislativa Plurinacional y se estima que próximamente entrará en vigencia. Dicha ley constituirá otro importante avance, puesto que, además de reconocer derechos y deberes específicos de las juventudes, brinda el marco para la generación de políticas públicas directamente orientadas a dicho sector y establece el andamiaje institucional requerido para tal efecto. No obstante, hay todavía desafíos pendientes en términos de la incorporación y participación activa de las y los jóvenes en los asuntos públicos del país. En efecto, queda aún camino por recorrer en la transformación de estereotipos que identifican a la juventud como una etapa problemática, así como en la superación de la enorme brecha entre lo que establecen las normas y su implementación efectiva, entre otros elementos. Estos retos no son exclusivos para Bolivia, sino que se presentan en, prácticamente, todos los países de América Latina. Actualmente, se encuentra en etapa de diseño la nueva ley de organizaciones políticas, que reemplazará la Ley de Partidos Políticos vigente desde 1999. Los desafíos para la construcción de esta norma son diversos; no solamente se deberá adaptar el funcionamiento de tales organizaciones a la nueva institucionalidad estatal y hacer tangible una de las dimensiones de la democracia intercultural —la articulación y complementariedad entre las democracias representativa, participativa y comunitaria—, sino que también será clave en la recuperación de la legitimidad y credibilidad de las organizaciones políticas en el seno de la sociedad. Son varios los académicos y analistas que coinciden en que, un elemento clave para lograr que esto último sea posible, es contar con partidos con estructuras fortalecidas y altamente democráticas. La democracia interna, con una efectiva inclusión y participación de sectores tradicionalmente marginados —entre los cuales se encuentran los jóvenes—, será entonces un aspecto crucial. Así, en el marco de la nueva ley deberá discutirse en qué proporción y de qué manera se puede asegurar una mayor y mejor participación de las juventudes en las organizaciones políticas, lo que podría representar a su vez un nuevo y relevante avance en el involucramiento efectivo de los jóvenes en la vida política del país. En este contexto, el propósito del presente documento es poner sobre la mesa algunos elementos para debatir la participación de los jóvenes en las organizaciones políticas en el marco de la nueva ley, partiendo de lo que existe actualmente, tanto en términos normativos como prácticos. En primera instancia se dará una mirada al marco legal existente en relación con la juventud, en especial lo vinculado con la participación política, con algunas referencias a lo que ocurre en la práctica; posteriormente, se expondrán los principales temas que merecen ser discutidos en el marco de la nueva ley de organizaciones políticas en cuanto a los jóvenes se refiere, para con-

104 and a mios

En efecto, queda aún camino por recorrer en la transformación de estereotipos que identifican a la juventud como una etapa problemática, así como en la superación de la enorme brecha entre lo que establecen las normas y su implementación efectiva, entre otros elementos. Estos retos no son exclusivos para Bolivia, sino que se presentan en, prácticamente, todos los países de América Latina.

cluir con reflexiones más amplias sobre la participación política de los jóvenes en Bolivia. Jóvenes en Bolivia: una mirada al marco legal existente La aprobación de una nueva Constitución Política del Estado (CPE) ha representado un avance en términos del reconocimiento y la incorporación de los y las jóvenes en la normativa boliviana. En la anterior carta magna la juventud estaba prácticamente invisibilizada; solamente se hacía mención a la adquisición del estatus de ciudadanía a partir de los 18 años y se establecían las edades mínimas para postular a cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado. Algunos artículos se referían a los derechos de los “menores de edad”, pero no existían menciones relacionadas con asuntos económicos (empleo juvenil por ejemplo), sociales (como la salud) o políticos (participación de los jóvenes en los asuntos públicos), más allá de lo señalado antes con respecto a la ciudadanía (Murillo, 2006). La actual CPE hace referencias directas o indirectas a los jóvenes en más de una veintena de artículos, en los cuales, entre otros elementos, se especifican sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales. El artículo 14 prohíbe toda forma de discriminación, incluyendo la edad; en el número 15, el Estado se compromete con la prevención, eliminación y sanción de violencia de género y generacional; el artículo 23 norma asuntos judiciales referidos a los jóvenes; el 48 se refiere a la incorporación de los jóvenes en el sistema productivo. A partir del artículo 58, se hace referencia a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, como ser el derecho a la identidad, a la protección, al desarrollo integral, al acceso a la justicia (Arts. 58, 59, 60, 65), el rechazo a la violencia y al trabajo forzado (art. 61), el derecho a la educación (81 y 82, 85), entre otros elementos. Específicamente en lo que a temas políticos respecta, se establece el derecho a sufragar a partir de los 18 años (Art. 26); el derecho de participación de las y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural (Art 59, núm. V); el ejercicio de la ciudadanía a partir de los 18 años, entre otros posibles. Además, en la nueva Constitución se disminuyen prácticamente todas las edades mínimas necesarias para postularse a cargos jerárquicos de los diferentes órganos estatales: actualmente se puede presentar una candidatura para la Asamblea Legislativa Plurinacional a partir de los 18 años (Art. 149), mientras que en la anterior CPE se establecía un mínimo de 25 años para Diputado y 35 para Senador; una persona se puede presentar hoy, como candidato a Presidente o Vicepresidente del Estado, a partir de los 30 años (Art. 167), antes recién a partir de los 35, y lo mismo sucede con la postulación como Defensor/a del Pueblo (Art 221); hoy se requieren 30 años para la mayoría de los cargos jerárquicos del Órgano Judicial Plurinacional (Art. 182, 194, 207, etc.) y antes, mínimamente 35. De igual manera,

se demanda un mínimo de 21 años para ser Alcalde o Alcaldesa (Art. 285); 25 años para Gobernador/a (Art.285) y 18 años para ser candidato/a a los concejos municipales y a las asambleas departamentales (Art. 287), mientras que antes se demandaba un mínimo de 21 años para poder ser concejal. De igual manera, la nueva CPE asigna competencias en relación con la juventud a gobiernos subnacionales: departamentales (Art. 300) y municipales (Art. 302). Ciertas leyes se encuentran en sintonía con el marco prescrito por la nueva Constitución, mientras que otras no. Algunas de las normas vigentes que contienen artículos referidos de manera directa o indirecta a la juventud, son la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que se refieren a los derechos y a la educación de los jóvenes; la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, señalando en el artículo 62 que “los estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipales deben contener un régimen de igualdad de género, generacional y de personas en situación de discapacidad”; la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación indica en el artículo 5, que se promueve la equidad generacional, entendida como “el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”, en el artículo 6 se menciona el rechazo y el compromiso con la prevención de la discriminación generacional, y en el artículo 7 se menciona la conformación de la Comisión contra toda forma de discriminación, que incluye a organizaciones defensoras de los derechos de la juventud, entre otras. Por su parte, el Código del Niño, Niña y Adolescente rige para personas hasta los 18 años de edad y “excepcionalmente para personas entre los dieciocho y veintiún años de edad” (Artículo 2). En lo que respecta específicamente a la participación política de los jóvenes, además de algunas de las normas ya señaladas, es necesario mencionar a la Ley de Partidos Políticos, que próximamente será reemplazada por la nueva ley de organizaciones políticas, la Ley del Régimen Electoral y la Ley del Órgano Electoral. En la Ley de Partidos Políticos de 1999 (reformada en 2001 y 2005 dos veces), que todavía se encuentra vigente, en el capítulo de estructura y organización de los partidos políticos se establece como principio básico el rechazo a “toda forma de discriminación, sea de género, generacional y étnico-cultural.” (Art. 13 numeral 4). Asimismo, el artículo 15 obliga a los partidos a adoptar un Estatuto Orgánico que, entre otros elementos, contenga los “derechos de las organizaciones juveniles que integren el partido” (numeral V). El artículo 16, por su parte, se refiere específicamente a la participación de la juventud en los partidos: “Los partidos políticos promoverán, en todas sus instancias, la participación efectiva de los jóvenes (…) Se integrará efectivamente a los jóvenes mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, reconociéndoles una categoría especial para la formación cívica, ciudadana y de nuevos liderazgos”. Por otra parte, en la Ley de Régimen Electoral se establece que todas las personas mayores de 18 años de edad deben ser incluidas en el Padrón Electoral. Se señala que esta ley “regula el ejercicio de la democracia intercultural”, pero no se menciona a los jóvenes como sujetos de la misma. La ley del Órgano Electoral establece que, entre las funciones de dicha entidad, se encuentra la de “regular y fiscalizar el funciona-

Colonizador de sueños, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

miento de las organizaciones políticas de alcance nacional para que se sujeten a la normativa vigente y a su Estatuto Interno, especialmente en lo relativo a la elección de sus dirigencias y candidaturas, así como de las condiciones, exigencias o requisitos de género y generacionales” (Art. 29). En cuanto a normas específicas para la juventud, solamente existen el Decreto Supremo nº 25290 de 1999 sobre derechos y deberes de la juventud y el Decreto Ley Nº 07301 de 1965, en el que se declara el mes de septiembre de cada año “Mes de la juventud boliviana” (Ministerio de Justicia, 2012). El D.S. 25290 puede considerarse obsoleto dado que replica derechos consignados en la anterior Constitución adaptados a los jóvenes (Scotto, 2002), y, además, cataloga a la juventud como “un grupo generacional vulnerable, sujeto a significativos cambios en los ámbitos bio-psicosociales de sus vidas, con características y demandas específicas” (D.S. 25290, “Considerando”), reforzando el estereotipo de “etapa problema”. En general, y a pesar de los avances anteriormente señalados, se puede ver que la efectiva inclusión de los jóvenes en la normativa nacional es aún limitada; en varios casos los temas de juventudes están subsumidos en los genéricos asuntos generacionales, sin que haya un abordaje específico. Además, en las cada vez más frecuentes menciones en las leyes de la democracia intercultural, no se incluye a los jóvenes como actores de la misma. No obstante, los avances constitucionales brindan el marco general como para que se vaya mejorando progresivamente. Uno de los avances sustantivos será la promulgación de la ley de juventudes, que se encuentra en la agenda pública desde hace más de una década, y que fue recientemente aprobada en gran-

and a mios 105

de por la Cámara de Diputados. Esta norma tiene como base la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes de la Organización Iberoamericana de la Juventud, ratificada por Bolivia en 2008 (Minsterio de Justicia, 2012). Esta Convención reconoce a los “jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades que configuran la convención”. Entre otros elementos y en cuanto a aspectos políticos se refiere, el documento señala que los jóvenes tienen derecho a la participación política (Art. 21), y que los Estados firmantes se comprometen a impulsar medidas que hagan efectiva dicha participación; se señala en el mismo artículo que “los estados Parte promoverán medidas que, de conformidad con la legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos” (Art. 21 Núm. 3). Igualmente se establece el involucramiento de los jóvenes en la formulación de políticas públicas referidas a la juventud. En el texto de la convención no se señalan los deberes u obligaciones de los jóvenes.

Metamorfosis, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

En el marco anterior, el propósito de la Ley de Juventudes es “garantizar a las y los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes (…) el establecimiento de políticas generales de carácter público para todos los niveles del Estado, el diseño del marco institucional, las instancias de representación y deliberación de las juventudes, la planificación y el presupuesto”. La ley tiene como finalidad “lograr que las jóvenes y los jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico, en condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad e interculturalidad y justicia para el vivir bien; a través de políti-

cas públicas y de una activa y corresponsable participación en la construcción y transformación del Estado y la sociedad” (Artículos 2 y 3). Para ello se asigna un catálogo de derechos a los jóvenes a nivel civil, político, social y económico; se enumeran los deberes de los jóvenes, las competencias estatales en torno a las políticas de juventud y los lineamientos para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Juventudes. Entre los principios en los que se basa la ley se encuentran la interculturalidad y el reconocimiento a la plurinacionalidad, elementos de la denominada democracia intercultural. Otro de los principios es la “corresponsabilidad juvenil”, elemento altamente relevante puesto que una ciudadanía activa no implica solamente tener derechos sino también obligaciones; es por ello que resulta llamativo que la Convención Iberoamericana no se refiera a estas últimas. Los jóvenes aparecen como corresponsables de la aplicación de la ley y de la construcción de un futuro en el que estén activamente involucrados. Específicamente en lo que respecta a derechos políticos, el artículo 9 habla del derecho a la participación, tanto individual como colectiva, en los asuntos públicos del país. Esto también representa un avance, dado que se reconocen las identidades colectivas, excluidas de marcos normativos anteriores. En este artículo también se establece la participación de los jóvenes en la formulación de políticas públicas de todos los niveles del Estado. En el artículo 10 se establece el derecho a la plaza juvenil: “Las jóvenes y los jóvenes contarán con un espacio para la toma de decisiones, denominado plaza juvenil, en el ámbito público y/o privado, constituyéndose en un elemento vital para el ejercicio ciudadano”. Esta plaza se refiere a que se debe reservar un cupo de, al menos, 20% de jóvenes en el servicio público de

En general, las lógicas adultocentristas prevalecen en el interior de las organizaciones políticas, a pesar de que normas como la ley de partidos de 1999, ya contienen elementos orientados a una mayor participación.

probablemente pueda existir algún cambio a la fecha, y, en el caso de Bolivia, no se toman en cuenta todas las organizaciones políticas existentes, se considera que esta investigación es una referencia relevante. En cuanto a la temática que aquí ocupa, los datos para nuestro país se reflejan en la siguiente tabla: Mecanismos utilizados para promover la participación de jóvenes en el interior de los partidos y en las listas electorales

todos los niveles del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y en las organizaciones políticas, “principalmente en la postulación de candidatas y candidatos a cargos electivos”. Este es un elemento relevante para discutir en el marco de la nueva ley de organizaciones políticas, como se verá más adelante. Por su parte, el artículo 11 se refiere al derecho y el deber del control social de los jóvenes a la gestión pública; el artículo 12 establece el derecho a la libre asociación, y el número 13 al derecho al voluntariado social juvenil comunitario, elementos también centrales de una ciudadanía activa. Por otro lado, el artículo 34 señala que son deberes de las juventudes “participar activa y responsablemente de la vida política, económica, social y cultural en todos los niveles el Estado Plurinacional de Bolivia” y “realizar e implementar los mecanismos de Control Social en las instancias del estado y la sociedad de acuerdo a ley”. Uno de los aspectos más destacables de este artículo es que se establece el deber de participar en los asuntos públicos, sea cual fuere el ámbito en el que se desenvuelve o se interesa el joven. En efecto, no se puede pretender que todos estén interesados en la política, pero sí que contribuyan en lo público desde cualquier ámbito. Esta ley representa un avance para los y las jóvenes. Para empezar, se constituye en un instrumento legal específico para este sector, antes inexistente. Asimismo, genera el marco para el desempeño de una ciudadanía plena, dado que contempla tanto derechos como obligaciones, y faculta el ejercicio tanto individual como colectivo de los mismos. Por otro lado, introduce un tema de vital importancia, completamente nuevo en la legislación que atinge a los jóvenes: la existencia de plazas o cupos para que puedan acceder a espacios que, hasta la actualidad, son restringidos para ellos. Como se señala en el documento de análisis de la ley de juventudes de Aristas Políticas (2012), es necesario acompañar estos avances con una mayor precisión sobre las fuentes de financiamiento para asegurar que se puedan llevar a cabo y, de esta manera, reducir la brecha existente entre una ley y su aplicación efectiva. En efecto, más allá de lo que establecen las leyes, es necesario preguntarse qué sucede en la práctica, si el reconocimiento normativo de los jóvenes ha tenido algún impacto, sobre todo en el seno de las organizaciones políticas, en las cuales se enfoca el presente documento. ¿Qué sucede en la práctica? Estudios como el de Lazarte, señalan que los jóvenes sólo tienen “existencia nominal en la mayor parte de los partidos” (2008: 261) y que su presencia es evidente solamente en tiempos de campaña política. En general, las lógicas adultocentristas prevalecen en el interior de las organizaciones políticas, a pesar de que normas como la ley de partidos de 1999, ya contienen elementos orientados a una mayor participación. El Banco Interamericano de Desarrollo e Idea Internacional, en el marco del proyecto de Género y Partidos Políticos en América Latina (GEPPAL), han desarrollado una exhaustiva investigación sobre la participación de mujeres, jóvenes e indígenas en los partidos políticos de 18 países de la región. La información para el estudio fue recabada durante el año 2009 y publicada en los años posteriores. Aunque

Indicador

Movimiento al MovimienSocialismo to Sin Mie(MASdo (MSM) IPSP)

Frente de Unidad Nacional (UN)

Afiliados jóvenes del partido – Porcentaje

No disponible

Comisiones Parlamentarias - Jóvenes presidiendo3

No disponible

Cuota partidaria jóvenes candidatos/ as legislativos - Existencia4

Cuota/reserva partidaria jóvenes máximo órgano ejecutivo – Existencia

Sí

Cuota/reserva partidaria jóvenes máximo órgano ejecutivo - Aplicación5

No aplica

Sí

Cuota/reserva partidaria jóvenes máximo órgano ejecutivo - Porcentaje mínimo6

No aplica

50.00%

Máximo órgano ejecutivo - Total jóvenes7

No disponible

Cursos capacitación para jóvenes

Sí

Mecanismos promoción jóvenes: capacitación candidatos8

Sí

Unidad Jóvenes - Existencia según entrevistado

Sí

Unidad Jóvenes - Existencia según estatuto

Sí

Unidad Jóvenes - Recibe fondos del partido

Sí

No aplica

No sabe

Monto de fondos a Unidad Jóvenes Unidad Jóvenes Fondos regulares y/o concretos

No aplica

Fondos para actividades concretos

Unidad Jóvenes - Participa en elaboración Plan de Gobierno

Sí

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo/Idea Internacional, 2010 (http://www.iadb.org/ research/geppal/)

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Suspendido en el vacío, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2010.

Algunos elementos a destacar: las organizaciones políticas estudiadas no tienen información disponible sobre la cantidad exacta de militantes jóvenes; no cuentan con mecanismos de cuotas para acceder a cargos en el Legislativo nacional ni a puestos ejecutivos dentro del partido (con excepción de UN). Los tres cuentan con unidades de juventudes, aunque no todas reciben fondos para sus actividades. Por otro lado, las tres declaran tener cursos de capacitación para sus militantes jóvenes y señalan que éstos participan en la elaboración de los planes de gobierno del partido. Queda seguir indagando cuán real y efectiva es dicha participación. ¿Qué ocurre en otros países? Los ejes del debate en torno a una mayor inclusión de los jóvenes en la política son similares en la mayoría de los países latinoamericanos, aunque con diferentes avances y diferentes desafíos. Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela son algunos de los países que actualmente cuentan con una ley de juventudes (Rodríguez, 2008); países como Brasil y Argentina, a pesar de no tener una ley de juventud, trabajan continuamente en el desarrollo de políticas integrales para los jóvenes (Rodríguez, 2008; Borzese et al 2009). En lo que se refiere específicamente a participación política, el debate en torno a los jóvenes está focalizado en distintos temas dependiendo del país. Por ejemplo, en los últimos meses se discute en Argentina el voto a partir de los 16 años, como mecanismo de ampliación de los derechos políticos de los jóvenes, medida que ha sido recientemente aprobada. En el caso de Perú, como se

108 and a mios

verá más adelante con mayor detalle, existe una ley que fija una cuota de 20% para incluir a los jóvenes en las listas de candidatos electorales presentadas por cada partido político, en lo que respecta a las elecciones de concejales municipales. A pesar de las especificidades de cada caso y de los avances en la materia analizada, varios análisis coinciden en que, un denominador común de la mayoría de los países latinoamericanos, es la gran distancia existente entre las leyes y su aplicación efectiva. En lo que se refiere específicamente a la participación de los jóvenes en las organizaciones políticas de la región, de acuerdo con Borzese (2009), la juventud tiene un rol marginal en, prácticamente, todos los casos; su inclusión en la toma de decisiones de los partidos es parcial (cuando no inexistente) y más bien existiría una instrumentalización de los jóvenes en épocas electorales. El proyecto GEPPAL (2009) nuevamente brinda algunas luces respecto de la participación de la juventud en los partidos políticos. A continuación se sintetizan los hallazgos sobre algunos países sudamericanos. - Argentina: no existen datos de la cantidad de afiliados menores de 35 años en los partidos considerados en el estudio. En general, en los cinco partidos analizados, la participación y los mecanismos de inclusión de jóvenes son limitados. La mayoría cuenta con una unidad de juventudes, brinda cursos de capacitación a los jóvenes y asigna fondos para actividades concretas, aunque en el momento de especificar la cifra no existe claridad al respecto. El Partido Justicialista parece ser el que más jóvenes tiene en cargos ejecutivos intraparti-

darios y más mecanismos de participación. Hasta el momento de finalización de la investigación, ninguno contaba con mecanismos de cuotas para jóvenes (ni para la inclusión en listas de candidatos en el legislativo nacional ni para cargos en el interior del partido). En los demás indicadores no se registran avances respecto de la participación juvenil. - Brasil: la mayoría de los indicadores contemplados en el estudio no se verifican en la realidad de los partidos brasileros. No existen cuotas para incluir a los jóvenes en las listas de candidatos al poder legislativo; sólo uno (Partido da Social Democracia Brasileira) establece cuotas para que los jóvenes ocupen cargos dentro del partido. La mayoría asegura capacitar a los jóvenes y cuenta con una unidad de juventudes con fondos asignados, algunos solamente para actividades concretas, mientras que otros tienen fondos regulares. - Colombia: tres de los cinco partidos investigados tienen cuotas para los jóvenes en cuanto se refiere a la ocupación de cargos ejecutivos dentro de los partidos (cuotas que oscilan entre el 9 y el 27%), aunque en la mayoría de los casos no se aplica. Ninguno tiene cuotas en las listas de candidatos para ocupar curules en el poder legislativo nacional. Todos tienen unidades de jóvenes dentro de los partidos con fondos asignados: tres con partidas regulares y dos para actividades concretas. - Ecuador: Dos de los cinco partidos investigados (Partido Social Cristiano y Partido Sociedad Patriótica) tienen un cupo asignado para jóvenes menores de 35 años en el máximo órgano ejecutivo del partido. Los otros partidos, a pesar de no tener cuotas, tienen representantes juveniles en dicha instancia. No hay cuotas para el legislativo nacional. Todos tienen unidades de jóvenes, solamente dos reciben fondos. En este país hubo un intento por incluir una cuota de 50% de candidatos entre 20 y 45 años en las listas a las elecciones para la Asamblea Constituyente de 2007; dicha propuesta fue eliminada por el Congreso, aunque sí se mantuvo la edad mínima de 20 años para postularse como candidato a asambleísta (ONPE, 2008) - Paraguay: presenta cifras interesantes. Su promedio de afiliación de jóvenes es de 67%, mientras que el promedio regional se encuentra alrededor del 28%. Los cinco partidos analizados tienen muy amplia participación juvenil: de 59% de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a 80,8% de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE). Dos de ellos tienen cuotas para las listas de candidatos jóvenes al poder legislativo, uno del 20% (ANR) y otro del 50% (UNACE). Ninguno establece sanciones por incumplimiento de la cuota. Solamente ANR tiene cuotas para los cargos directivos dentro del partido, equivalente al 20%. Todos tienen unidades de jóvenes, y cuatro de ellos reciben fondos, la mayoría para actividades concretas. Sin embargo, estudios como el de Caputo (2006), matizan lo que en apariencia puede ser una experiencia llena de logros: según este autor la participación real de los jóvenes en los partidos paraguayos es limitada. - Perú: 26% de afiliados jóvenes, 28% promedio regional, oscilando entre el 24,7% del Partido Aprista Peruano (APRA) a un 37.5% del Partido Nacionalista del Perú. Ninguno establece cuotas para candidatos jóvenes al legislativo nacional (sin embargo tienen una ley de cuotas del 20% para candidatos al nivel local). Tampoco hay cuotas para cargos ejecutivos dentro del partido, aunque El Partido Popular Cristiano y Unión

por el Perú afirman tener tres y dos jóvenes, respectivamente, ocupando un puesto en el máximo órgano ejecutivo del partido. Todos tienen unidades de jóvenes, pero ninguna recibe fondos del partido. No obstante, Perú cuenta con una ley de cuotas para inclusión de jóvenes en la lista de candidatos legislativos en las elecciones locales, constituyéndose en el único país de la región que cuenta con una ley de cuotas para los jóvenes (Jurado Nacional de Elecciones de Perú, 2011). Se nota un contraste entre lo que va ocurriendo a nivel local y lo que sucede en el ámbito nacional; quizás la Ley del Concejal Joven no está logrando cambiar, desde lo local, la cultura política adulto-centrista. - Uruguay: no se conocen cifras sobre cantidad de militantes jóvenes. No hay cuotas para las listas de candidatos a los legislativos ni para cargos ejecutivos en el partido. Dos de ellos afirman tener jóvenes en sus máximas instancias de decisión (Veriente Artiguista Frente Amplio, Asamblea Uruguay Frente Amplio). Todos tienen unidades de jóvenes (aunque no todas formalizadas en los respectivos estatutos) y la gran mayoría recibe fondos para sus actividades (ya sean regulares o concretas). - Venezuela: no existen cuotas para jóvenes en las listas del legislativo, tampoco para cargos ejecutivos en el partido. Dos de ellos tienen jóvenes en la máxima instancia partidaria (Movimiento por la Democracia Social y Movimiento Primero Justicia). La mayoría cuenta con unidades de jóvenes (aunque no todas formalizadas en sus estatutos y en sólo dos casos se comprueba la transferencia de fondos a las mismas). De manera general, muy pocos partidos en la región saben con precisión la cantidad de militantes jóvenes que tienen. La gran mayoría cuenta con unidades de juventud, aunque no todas reciben fondos de manera regular. Uno de los mecanismos de promoción de la juventud más utilizados es la capacitación. Por otro lado, de manera global no se establecen cuotas generacionales en las listas de candidatos para los curules legislativos nacionales; no obstante, parece haber ciertos avances en la incorporación de los jóvenes en cargos de decisión interna de los partidos (no es una tendencia generalizada, pero es uno de los indicadores positivos que más se reiteró). Sin embargo, un asunto digno de análisis es que la existencia (o inexistencia) de cuotas no está en todos los casos relacionada con la práctica: hay casos en los que las cuotas están establecidas formalmente pero no se cumplen, mientras que hay otros en los que no se fijan cuotas pero hay jóvenes ocupando puestos importantes. En síntesis, el panorama latinoamericano es variado en términos de legislación para la juventud y de participación política de los jóvenes. Sin embargo, la brecha entre lo que señalan las normas y lo que sucede en la práctica parece ser muy amplia en la mayoría de los casos, transformándose en un desafío de proporciones mayores que comparten prácticamente todos los países de la región. Participación política de los jóvenes en Bolivia: algunos temas relevantes para discutir y analizar en el marco de la nueva ley de organizaciones políticas Actualmente el Tribunal Supremo Electoral se encuentra llevando a cabo una serie de encuentros en todo el país, con distintos sectores, para discutir los alcances de la nueva ley de organizaciones políticas. Los ejes temáticos en torno a los cuales se están desarrollando tales debates son (Zegada, 2012): los principios y

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definiciones de la ley (cuáles son los principios que debe reconocer la nueva ley, qué tratamiento se le debe dar a la democracia intercultural, cómo diferenciar a los partidos de las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, entre otros.); la estructura, funcionamiento y democracia interna de los partidos (entre otros: el rol del Tribunal Supremo Electoral en el cumplimiento de la democracia interna, derechos y deberes de las organizaciones políticas, cómo reglamentar la figura del transfugio); constitución, permanencia y extinción de organizaciones políticas (¿se debería dar el mismo trato a todas las organizaciones?, ¿se debe ampliar o restringir la cantidad de organizaciones?, entre otros temas); alcances de la ley y competencias legislativas de las entidades autónomas (¿cómo articular la legislación de los diferentes niveles estatales, etc?); financiamiento estatal (ventajas y desventajas del financiamiento, cómo garantizar equidad en la competencia electoral, cómo fiscalizar transferencia de recursos públicos en caso de haberlos, etc.); alianzas, fusiones, reconversiones (¿la ley debe reglamentar este tema?, ¿cómo?, ¿cuáles deberían ser los requisitos para establecer alianzas entre organizaciones?, diferenciación entre alianza y fusión). Varios de dichos asuntos atingen directamente a los jóvenes. A continuación se plantean algunos temas que merecerían ser discutidos en el contexto de esta nueva ley desde el punto de vista de

sds, Fernando Montes.

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la participación de los jóvenes. Es necesario aclarar que no se pretende exhaustividad, comprendiendo que pueden existir otras temáticas dignas de ser analizadas. Se mencionan aquí algunas que se consideran cruciales. Uno de los temas centrales, no solamente para los jóvenes, es intentar definir claramente qué se entiende por democracia intercultural, el marco en el que se desarrolla esta nueva ley de organizaciones políticas. En el artículo 98 de la Constitución Política del Estado se señala que la interculturalidad es “el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones”. En la Ley de Régimen Electoral, en el acápite de “Principios de la Democracia Intercultural” se dice que “la democracia intercultural boliviana se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado, conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todas y todos, para vivir bien”; la misma norma establece que la soberanía popular, la plurinacionalidad, la interculturalidad, la complementariedad, la igualdad, la participación y el control so-

cial, la representación y la equivalencia son los principios de la democracia intercultural. En estos principios se menciona como actores de la democracia intercultural al “pueblo boliviano”, a las “naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas”, a “las bolivianas y los bolivianos” y a “las mujeres”, pero no se menciona el tema generacional, ni se hace referencia a los jóvenes como agentes. En el proyecto de ley de juventudes, la interculturalidad también es incorporada como principio (Artículo 6), definido como “la interrelación e interacción de conocimientos, saberes y prácticas que fortalecen la identidad de las juventudes, desarrollando actitudes de complementariedad, reciprocidad, convivencia y diálogo intrageneracional e intergeneracional entre las diversas culturas”. En el debate en torno a la nueva ley de organizaciones políticas, la democracia intercultural se está entendiendo como la articulación y complementariedad entre las democracias representativa, participativa y comunitaria (Exeni, 2012; Bohrt, 2012). Así, es posible ver que en la mayoría de las normas mencionadas (con excepción del proyecto de ley de juventudes), los jóvenes no aparecen explícitamente como sujetos de la interculturalidad o de la democracia intercultural. Autores como Lema (2006), entre varios otros, señalan que una noción integral de interculturalidad incluye la perspectiva étnica, “las culturas urbanas, periurbanas, migrantes, las comunidades sexuales, generacionales,” entre varias otras (Lema, 2006: 37). Así, además de plasmar su propia visión de democracia intercultural, los jóvenes tienen como desafío identificar en qué medida se asumen como actores de dicha democracia, y cómo se plasmaría esto en la nueva ley de organizaciones políticas. Asimismo, además de la interculturalidad, se debe pensar qué otros principios y definiciones deben ser incluidos en la ley para promover una mayor participación de las juventudes. Los temas relacionados con la estructura y la democracia interna de los partidos se encuentran entre los más relevantes para la juventud, dado que involucran aspectos relacionados directamente con la participación de este sector en las organizaciones políticas. Algunas de las preguntas más importantes en este sentido pueden ser: ¿cuál es la manera en que se debe incorporar a los jóvenes dentro de las organizaciones políticas?, ¿cómo deben participar?, ¿es necesario fijar un mínimo de militantes jóvenes en los partidos?, ¿hay que asegurar un mínimo de participación de los jóvenes en la toma de decisiones internas?, ¿hay que asegurar un mínimo de jóvenes en los cargos internos de relevancia en el partido?, ¿hay que contemplar una cuota mínima de jóvenes en las listas de candidatos que cada partido presenta en los diferentes procesos electorales?, ¿la cuota debe ser para las elecciones de todos los niveles estatales o sólo de alguno(s)?, ¿qué porcentaje de cuotas sería el adecuado para cada caso? A partir de estas preguntas se distinguen tres ejes principales, en términos de la participación de los jóvenes: participación en actividades y toma de decisiones internas, participación en cargos jerárquicos del partido y participación en candidaturas en procesos electorales. La aplicación de cuotas como medidas de acción afirmativa se ha venido aplicando en las últimas décadas en diferentes países de la región, sobre todo, en cuanto se refiere a la participación de las mujeres en la política y, más recientemente, a la participación de los indígenas, entre otros sectores. La esencia de la acción afirmativa es la adopción de medidas específicas para favorecer a sectores que han sido sistemáticamente excluidos de ciertos espacios para garantizar una mayor equidad. “Las cuotas surgen

Estudio desnudo, Jorge Dávalos, dibujo, 2004.

como artificios para superar las desiguales condiciones que enfrentan algunos grupos sociales para acceder al poder” (ONPE, 2008: 11). Para algunos, las cuotas para jóvenes en los partidos políticos garantizarían una mayor participación de este sector e impulsarían, a mediano plazo, una renovación generacional dentro de dichas organizaciones políticas. Para otros, las cuotas en sí mismas no aseguran un mayor interés y participación de los jóvenes en la política y tampoco garantizan la calidad de la representación (ONPE, 2008). Si bien son puntos dignos de debatirse, las cuotas pueden ser un relevante primer paso. Investigaciones recientes parecen indicar que las cuotas para sectores tradicionalmente desfavorecidos, sí promueven resultados positivos. Datos del programa GEPPAL muestran la efectividad de las cuotas de género: la participación de las mujeres en los órganos legislativos es mucho más elevada en países donde se aplican las cuotas que en los países donde no se aplican. Otros estudios confirman tal diagnóstico: “en la mayoría de los países de la región en donde se ha aplicado un sistema de cuo-

La aplicación de cuotas como medidas de acción afirmativa se ha venido aplicando en las últimas décadas en diferentes países de la región, sobre todo, en cuanto se refiere a la participación de las mujeres en la política y, más recientemente, a la participación de los indígenas, entre otros sectores. and a mios 111

sds, Fernando Montes.

tas, la participación de la mujer en el parlamento se incrementó en más del 100%, mientras que en otros aumentó casi el 50%” (ONPE, 2008: 13). En cuanto a cuotas para las juventudes, como ya se señaló precedentemente, Perú es el único país que tiene una ley que obliga a los partidos a incluir un determinado porcentaje de jóvenes en las listas de candidatos para los legislativos locales. En otros países es un asunto que depende de las decisiones internas de los partidos políticos. Según la investigación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú, “la inclusión de una cuota de jóvenes en las listas de candidatos a los Concejos Municipales (en el Perú) produjo como resultado, a escala subnacional, el incremento del número de autoridades entre 18 y 28 años” (ONPE, 2008: 59) A pesar de los resultados positivos, las cuotas como única medida parecen ser insuficientes, por lo que se estima necesario pensar en mecanismos adicionales que las refuercen (GEPPAL, 2010), como las sanciones ante el incumplimiento o el denominado “mandato de posición”. El mandato de posición obligaría a los partidos no sólo a incluir a los jóvenes en las listas de candidatos a cargos públicos, sino a colocarlos en posiciones preferenciales para que tengan más probabilidades de ser elegidos. En efecto, “la mayor probabilidad de elección de un candidato depende, entre otras variables, de la posición que ocupe en su lista de candidatos” (ONPE, 2008: 75). La alternancia es otro mecanismo posible, bastante aplicado en las cuotas de género: obligatoriedad de alternar un hombre y una mujer en las listas

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de candidatos. Se puede pensar dicha medida también para los jóvenes. Como ya se señaló anteriormente, es importante discutir también el ámbito de aplicación de las cuotas generacionales: ¿solamente en las elecciones municipales, como en Perú, o también en las regionales y las nacionales? Adicionalmente, es relevante debatir la pertinencia de las cuotas para la ocupación de cargos dentro del partido y otros mecanismos de participación en la toma de decisiones internas. Los jóvenes deben, asimismo, pensar qué otros medios, además de las cuotas, pueden adoptar los partidos para empoderar de manera más efectiva a este sector; uno de ellos puede ser el acceso a la capacitación. Otro tema digno de discutir en el marco de la formulación de la nueva ley de organizaciones políticas, es el del financiamiento. De manera general, se debate si los partidos deben ser financiados con fondos públicos, figura eliminada actualmente de la legislación nacional. Por una parte, se sostiene que es una manera de garantizar cierta equidad entre las organizaciones políticas y una forma de fiscalizar y transparentar la proveniencia y el uso de los recursos. Por otra parte, las experiencias de mal uso de tales recursos hacen que la medida se piense como no conveniente (Zegada, 2012). Es así relevante rescatar la opinión de los jóvenes sobre el financiamiento de las organizaciones políticas con fondos públicos, analizando las ventajas y desventajas de ello. Además, se debería discutir qué sucede con el financiamiento de las “unidades” de juventudes dentro de los partidos.

Como se vio en líneas anteriores, no todas las organizaciones políticas en el país transfieren recursos a los jóvenes y, las que lo hacen, es solamente para cierto tipo de actividades. Las experiencias de otros países latinoamericanos son variadas. Es pertinente debatir si debe existir una transferencia de recursos a la repartición juvenil y, además, si los fondos deben ser regulares, es decir, inscritos en las partidas presupuestarias de la organización, o si deben ser solamente para actividades concretas. Otro tema digno de reflexión es el transfugio, entendido como el cambio de etiqueta partidaria. ¿Cuál es la opinión de los jóvenes sobre el transfugio? ¿Cómo debe normarse esto? Más allá de las temáticas específicas mencionadas, es importante reflexionar, de manera transversal, cómo hacer para superar la gran brecha existente entre teoría y práctica, entre la ley y su aplicación. En efecto, como ya se señaló anteriormente, la sola existencia de leyes no garantiza una efectiva participación de los jóvenes. ¿Se podrá, en la misma ley de organizaciones políticas, incluir mecanismos para acortar dicha brecha? ¿Una de las alternativas será pensar en un sistema efectivo de incentivos y sanciones ante el incumplimiento? Asimismo, dada la estructura actual del Estado boliviano, es necesario pensar qué elementos deben ser legislados desde el nivel central y cuáles desde los niveles subnacionales. Finalmente, en cada caso será adecuado pensar qué elementos deben ser incluidos en una ley, cuáles deberán ser reforzados en una reglamentación y qué otros deberían dejarse a consideración de las organizaciones políticas. Una reflexión más amplia sobre la participación política de los jóvenes en Bolivia De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia (2012), cerca al 30% del total de la población boliviana es joven; por otro lado, la juventud es el grupo mayoritario en el padrón electoral: el 25,25% de personas habilitadas para votar en las elecciones departamentales y municipales de 2010, se encontraba entre los 22 y 30 años de edad. Asimismo, los jóvenes tienen también gran importancia socioeconómica; según datos del informe de Murillo (2006), concentran 34% de la ocupación laboral en Bolivia. Más allá de los avances, no existe relación entre su importancia cuantitativa y su participación efectiva en los asuntos públicos del país. De acuerdo con el análisis de Murillo, tradicionalmente, la temática de la juventud no ha sido “entendida como una política nacional sino más bien como una serie de esfuerzos, limitados y dispersos, que no han transversalizado la temática en el ámbito público” (2006: 17). En lo que se refiere específicamente al ámbito político, el aún bajo involucramiento de los jóvenes (más allá del ejercicio del voto) puede estar relacionado con una serie de factores. Por un lado, y como ya se mencionó con anterioridad, prevalecen en el Estado lógicas adulto-centristas, basadas en el estereotipo que caracteriza a la juventud como “etapa problema” (Yapu, 2008; Rodríguez, 2008). El resultado de ello es una carencia de esfuerzos sistemáticos para incluir a este sector en los procesos de tomas de decisiones públicas, tanto en las esferas estatales como en las organizaciones políticas. Por su parte, el trabajo activo de la juventud para ser incluida es también limitado. Varias encuestas de los últimos años demuestran el descrédito del que gozan las instituciones públicas y los partidos políticos en este

sector poblacional; es frecuente la percepción de algunos partidos como “instituciones elitistas, cerradas en sus estructuras de mando; organizaciones verticales, rígidas, en las que los jóvenes no tienen un papel” (Memoria del ciclo de seminarios-taller Jóvenes, ciudadanía y política, 2002). Al no sentirse representados por estas instituciones (en términos cuantitativos y cualitativos), los incentivos para que los jóvenes participen activamente en ellas son escasos, alimentando así un círculo vicioso. Como señala la Memoria de los talleres nacionales sobre jóvenes y ciudadanía, la juventud “concibe como muy remota la posibilidad de entrar al Estado para hacer algo por la sociedad. Piensan que al entrar sólo corren el riesgo de ser cooptados y maleados por él” (Memoria del ciclo de seminarios-taller Jóvenes, ciudadanía y política 2002: 66). Otros elementos de estructura que inciden en este panorama son los rasgos de la cultura política de los jóvenes bolivianos, que, sumados a los inconclusos procesos de ciudadanización (Avejera y Ricco, 2002), dan como resultado una considerable conciencia sobre los derechos, pero una reducida asimilación de los deberes ciudadanos, entre los cuales la participación en los asuntos públicos es uno de los más importantes. Sin embargo, resulta oportuno preguntarse si estos elementos hablan de un desinterés general de los jóvenes por la política. La Encuesta Nacional de Juventudes de 2008, cuyo público meta fueron personas comprendidas entre 10 y 24 años, muestra que, entre los motivos por los cuales no se participa de alguna agrupación (deportiva, religiosa, social, política, etc.), predomina la indiferencia, la falta de interés. La participación en grupos dedicados a la actividad política es la menor de todas. Mientras más aumenta la edad, la falta de tiempo se menciona como otra de las razones. Sin embargo, por el rango etario en el que se concentra la encuesta, estos datos pueden resultar insuficientes para un diagnóstico más abarcador. Varias investigaciones como la de Murillo (2006), Tórrez (2010), Fundación UNIR (2012), demuestran que la cantidad de jóvenes que participan en las movilizaciones sociales del país es elevada y con tendencia al aumento. Entonces, a juzgar por tales datos, al parecer no se podría hablar de un desinterés generalizado; como señala un investigador español, más que desafección política, se trata de un descontento con los canales de participación tradicionales (entrevista a Manuel Mella, 2009). De esta manera, para analizar la participación política de la juventud es también necesario referirse a las vías no institucionales. No obstante, es necesario precisar un elemento que también resaltan las investigaciones mencionadas: algunas de estas protestas con alta participación juvenil tienen rasgos violentos (medidas de presión violentas, manifestaciones que derivan en agresiones o enfrentamientos, entre otros). La violencia, entre otros elementos, también puede invitar a la reflexión sobre la cultura política de los jóvenes: existe una apropiación de la democracia como forma de gobierno (varios estudios muestran que los jóvenes validan la democracia y que la prefieren a otras formas de gobierno), pero no existe una asimilación completa de la misma como forma de vida (ver por ejemplo encuestas del Gobierno Municipal de La Paz, 2010, donde los jóvenes aprueban y ejercen comportamientos autoritarios). No obstante, por las propias características de la juventud, es posible trabajar en la transformación de estos rasgos. En efecto, los jóvenes tienen una mayor apertura a nuevas ideas y un menor grado de arraigamiento de prejuicios y estereotipos que

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los adultos, lo que representa una oportunidad. Por ejemplo, estudios como el de LAPOP (2012), señalan que, mientras menos edad tienen las personas, presentan menos intolerancia a la diferencia, y viceversa. Esto debe acompañarse de un paulatino cambio de visión sobre los jóvenes como etapa problema y más como verdaderos agentes de desarrollo. Estudios como el de Borzese, hablan de una “relación significativa entre el grado de desarrollo de la institucionalidad y campo de juventud y el nivel de desarrollo de los países” (2009: 17). En este contexto, el diseño de una nueva ley de organizaciones políticas representa un gran desafío y una importante oportunidad para incluir de manera más eficiente y efectiva a los jóvenes en los asuntos públicos, para potenciar a las organizaciones políticas que se encuentran atravesando por momentos de crisis y que las mismas vayan recuperando crédito, no solamente en el seno de la juventud sino en el conjunto de la sociedad. Conclusión Para concluir, y a modo de síntesis, se ha visto que a nivel normativo hay avances en cuanto a participación política de los jóvenes se refiere, comenzando con la visibilización que introduce la nueva Constitución Política del Estado. La promulgación de la Ley General de Juventudes será otro paso importante, dado que es la primera norma integral específicamente dirigida a este sector poblacional, que, entre otros elementos, reconoce la heterogeneidad existente en los jóvenes, les confiere una serie de derechos y obligaciones indispensables para el ejercicio de una ciudadanía plena y reconoce la existencia de identidades

Por motivos de redacción y de fluidez en la lectura, en el presente documento se emplearán genéricamente los términos “juventud”, sin desconocer la heterogeneidad existente en este sector poblacional, y “los jóvenes”, que incluye tanto a las jóvenes como a los jóvenes.

Presidencia de jóvenes representantes del partido en comités parlamentarios. De las/los miembros del partido electos/as al Congreso Nacional que a la fecha presiden comités/comisiones en el Congreso, ¿cuántos/as son jóvenes menores de 35 años?

Existencia de cuotas dentro del partido político para la representación de jóvenes menores de 35 años en elecciones nacionales legislativas. ¿Ha adoptado el partido político en sus estatutos, o en alguna otra norma, expresamente algún sistema de cuotas para jóvenes menores de 35 años aplicables a las listas de candidatos para cargos legislativos?

Aplicación de cuotas para jóvenes menores de 35 años en las últimas elecciones del máximo órgano ejecutivo del partido. Si existe exigencia expresa de cuotas para jóvenes menores de 35 años en los estatutos del partido para las elecciones de su máximo órgano ejecutivo, ¿se aplicaron las mismas en las últimas elecciones? Mecanismo de cuotas para jóvenes menores de 35 años para las elecciones de su máximo órgano ejecutivo aprobado por el partido político. ¿Cuál es la cuota establecida por los estatutos del partido para la representación de jóvenes menores de 35 años en las elecciones de su máximo órgano ejecutivo?

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individuales y colectivas. Además, introduce una innovación clave, que es la obligatoriedad de que las organizaciones políticas (además de las entidades estatales y organizaciones sociales) reserven un cupo mínimo de 20% para los jóvenes. En la mayoría de los países latinoamericanos, con excepción de Perú, son los partidos los que deciden si se establecen o no cuotas para las juventudes. Esta temática, relacionada con cómo concretar una mayor y mejor participación de los jóvenes en los partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, es crucial en el debate en torno a la nueva ley de organizaciones políticas. Otros de los temas son la democracia intercultural, el financiamiento y el transfugio. De manera transversal, es indispensable discutir cómo hacer para reducir la gran brecha existente entre lo que establece la norma y su aplicación, reflexionar qué temas deben ser normados en la ley y cuáles deben ser dejados al criterio de las organizaciones políticas, y, asimismo, señalar qué asuntos se legislan desde el nivel estatal central y cuáles desde los niveles subnacionales. Así, la ley podrá representar un avance más en términos de participación política de los jóvenes, camino que se encuentra plagado de desafíos. Además de hacer más efectivas y aplicables las leyes y promover un cambio cultural que transforme la visión todavía vigente sobre los jóvenes. Otros retos actuales incluyen un tratamiento más específico de las juventudes en las normas, su incorporación como sujetos activos de la democracia intercultural y trabajar en la apropiación de la democracia como forma de vida y no sólo como forma de gobierno. Jimena Avejera U, Cientista Política.

El indicador examina la composición actual del máximo órgano ejecutivo del partido en relación a sus miembros jóvenes. Indicar el total de jóvenes menores de 35 años que integran el máximo órgano ejecutivo.

El indicador examina la implementación de determinadas medidas de promoción de grupos específicos, lo cual podría indicar un interés en cohortes tradicionalmente excluidas de oportunidades de liderazgo y participación. ¿Ha adoptado su partido la capacitación como mecanismo para promover la elección de sus candidatos jóvenes menores de 35 años en elecciones nacionales?

http://www.iadb.org/research/geppal/

http://www.patrianueva.bo/noticias/noticia.php?id=6010. 15/11/12

Fecha

acceso:

Hablando en términos generales, sin desmerecer el trabajo activo que desarrollan ciertas organizaciones específicas.

Ver, por ejemplo, la Memoria de los seminarios Jóvenes, ciudadanía y política (FUNDAPPAC, KAS, 2002,); encuestas de la publicación Jóvenes ¿ciudadanos? (FES-ILDIS, 2002), encuestas del Gobierno Municipal de La Paz (2009), informes bianuales de Cultura Política de la Democracia en Bolivia (LAPOP, 2010, 2012), entre otros.

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Marlene Choque Aldana

Ley

gĂŠnero

Organizaciones PolĂticas en Bolivia, aportes desde una perspectiva de

Hacia una

INTRODUCCIÓN

a democracia representativa es un pilar central de la democracia intercultural prevista en las leyes electorales bolivianas (las otras formas democráticas reconocidas legalmente son la directa y participativa y la comunitaria). En el proceso de construcción institucional ocupa un lugar central la formulación de una Ley de Organizaciones Políticas. Esta ley se encargará de regular la dinámica de los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, sujetos principales de la representación en la política institucional. En este documento se plantean algunas propuestas dirigidas a garantizar la democratización efectiva y a establecer la equidad en la dinámica de estas organizaciones a partir de una perspectiva de género.

La inclusión de reformas con contenido de equidad de género no es novedosa en Bolivia. Desde hace dos décadas, el esfuerzo de los movimientos de mujeres y las mujeres políticas, lograron varias reformas que redefinieron la política institucional. Por ejemplo, la paridad y la alternancia en candidaturas, consagradas en las leyes electorales, constituyen a la vez conquistas y compromisos ineludibles para la sociedad en general y para las instancias encargadas de gestionar la representación de la ciudadanía. 1. PERTINENCIA DE UNA LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO EN BOLIVIA Si bien una ley dedicada específicamente a las organizaciones políticas no es una necesidad lógica de la democracia representativa (muchas de las democracias más establecidas carecen de este tipo de legislación), la adopción de mecanismos que regulen la dinámica de estas organizaciones y fomenten su democratización, puede tener efectos positivos en la política y en la sociedad en general.

El arraigo de los valores ligados a la equidad, la no discriminación y la tolerancia depende en gran medida de las instituciones políticas, no derivan solamente de la dinámica social. Las organizaciones políticas ocupan un lugar determinante entre esas instituciones políticas, de manera que es necesario adoptar una perspectiva de género en su regulación. 2. ENFOQUE Y BASES 2.1. Leyes de organizaciones políticas alrededor del mundo Los estudios de la legislación sobre organizaciones políticas en el mundo son amplios y actualmente reflejan una preocupación por la crisis o los problemas de representatividad, y el distanciamiento entre la ciudadanía y los políticos. Existen esfuerzos de investigación notables, como el proyecto Legislación sobre Partidos en la Europa Moderna, con sede en la Universidad de Leiden, o la Base de Datos sobre Leyes de Partidos de Kenneth Janda, de la Northwestern University. A partir de investigaciones realizadas desde los años noventa (Avnon 1995, Janda 2005, Karvonen 2007, Casal-Bértoa et al. 2012, Piccio 2012; para América Latina, Zovatto 2006 y Molenaar 2012), se constata que, por décadas, las democracias más establecidas carecieron de leyes de partidos. De acuerdo con Lauri Karvonen, las leyes de partidos son más comunes en las democracias recientes: “Las democracias establecidas muestran menos restricciones sobre los partidos, mientras que todos los otros grupos de Estados lo hacen considerablemente más”

La necesidad de que la ley de organizaciones políticas adopte un enfoque de género, se sustenta en la idea de que el ejercicio de los derechos de las mujeres y la revitalización de la democracia representativa son procesos que pueden reforzarse mutuamente. La democracia intercultural depende de la vitalidad de las varias formas de democracia reconocidas constitucionalmente. A su vez, la democracia representativa depende de que las organizaciones políticas efectúen una adecuada representación de la sociedad, y no puede haber una adecuada representación si no se adoptan medidas que garanticen la equidad o equivalencia de género que establece la constitución. Las organizaciones políticas son elementos indispensables para la democracia intercultural en su afluente representativo. La representación no puede ser eficaz si consagra exclusiones sociales, de género, origen étnico o región. De hecho, cualesquier formas de exclusión o discriminación afectan, no solamente a las víctimas directas, sino a la democracia en general. Las mujeres sufren varias formas de exclusión y discriminación. En la política, pese a los avances legales, siguen siendo importantes los problemas de manipulación y acoso y violencia política en razón de género. Existe la necesidad de revalorizar la representación como elemento consustancial a la democracia intercultural. Así como, en su momento, los movimientos sociales contribuyeron a la revalorización del principio democrático de la soberanía popular, la ley de organizaciones políticas debe canalizar la recuperación de la representación en sus connotaciones de inclusión y expresión de intereses diversos.

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Obra 2, Jorge Dávalos, acuarela, 2011.

(2007: 445). Las preocupaciones se orientan en general hacia la democratización y la institucionalización del sistema de partidos (Bourne 2011, Rashkova 2010), el transfuguismo (Janda 2009, Malhotra 2006, Nikolenyi 2011) y el financiamiento de campañas y organizaciones (van Biezen 2003, 2008, Zovatto 2007, Gutiérrez y Zovatto 2011). Desde 1990, es visible una proliferación de leyes —parte de la tercera ola democrática— que arrastran también a algunas democracias más antiguas (el Reino Unido aprobó una Ley Registro de Partidos Políticos en 1998). Junto al hecho de que las leyes de partidos no son una necesidad natural del desarrollo de la democracia, pero se incrementaron en los últimos cuatro lustros, sobresale la constatación de que una ley de organizaciones no es una novedad particularmente boliviana. Países como Colombia, Costa de Marfil y Ecuador, tienen leyes que incluyen organizaciones diferentes de los partidos. En su investigación, realizada hace una década, Karvonen encontró 39 leyes de partidos políticos (unas, exclusivamente relacionadas con los partidos; otras, relacionadas además con otras formas organizativas y con los procesos electorales) en todo el mundo. Las características de las leyes de partidos están en función de las características de la democracia correspondiente (el estatus democrático del país). Las leyes de partidos son usadas por los regímenes no democráticos para limitar la acción de los opositores; las democracias nuevas apuntan a superar tendencias antidemocráticas inerciales. Las democracias más estables no suelen tener leyes de partidos y, si las tienen, las formulan para regular el financiamiento de sus actividades (Karvonen 2007: pass.). Con sus treinta años de duración ininterrumpida, la democracia en Bolivia podría entenderse como una democracia que sigue renovándose continuamente. Una ley de organizaciones políticas apuntaría a superar tendencias antidemocráticas que perviven en los partidos, las agrupaciones y los pueblos indígenas. En este caso, la Ley de Organizaciones Políticas es una oportunidad para apuntalar la equidad de género en las organizaciones encargadas de hacer funcionar la democracia. La confianza en las organizaciones políticas —los partidos, principalmente— y el apego popular, tienen valores bajos en todo el mundo, y en varios países se proponen innovaciones que garanticen la accountability entre las dirigencias políticas y la ciudadanía (Cf., por ejemplo, Gastil 2000). En esta preocupación la representación de las mujeres reviste un carácter particular, ya que se trata de incrementar la participación femenina en un contexto adverso para las organizaciones políticas. Para este trabajo se realizó una revisión de leyes relacionadas con las organizaciones políticas de 53 países. Se encontró que, en general, la legislación no impone prescripciones para promover la equidad de género. En 27 casos no hay ningún contenido en este sentido ni mención especial de varones o mujeres; un caso (la Ley Electoral de Surinam, de 1987) incluye referencias a las mujeres para consignar sus apellidos de casadas o viudas; 17 casos enuncian alguna proporción de cuota femenina en candidaturas o en la estructura interna de los partidos u organizaciones; 11 prescriben la no discriminación como condición del registro; 5 explicitan la prohibición de partidos basados en el sexo o el género; en un caso (la Ley Orgánica de Papúa Nueva Guinea sobre la Integridad de los Partidos Políticos y Candidatos, de 2003) se establece la participación de un Consejo de Mujeres en un ente colegiado para regular la dinámica partidaria; en 2 casos se promueve el ejercicio de los derechos políticos en general; en

Con sus treinta años de duración ininterrumpida, la democracia en Bolivia podría entenderse como una democracia que sigue renovándose continuamente. Una ley de organizaciones políticas apuntaría a superar tendencias antidemocráticas que perviven en los partidos, las agrupaciones y los pueblos indígenas. En este caso, la Ley de Organizaciones Políticas es una oportunidad para apuntalar la equidad de género en las organizaciones encargadas de hacer funcionar la democracia.

uno (la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 2009, del Ecuador) se explicita la violencia doméstica y sexual como causa de separación de cargos. 2.2. Carácter de la presente propuesta y modelos de legislación En la elaboración de una ley se presentan dos extremos posibles: uno “minimalista” —con una redacción muy general, previendo que los detalles concretos se abordan en los reglamentos— y otro “maximalista” —con fraseos detallados y precisos en función de lo que los legisladores esperan de la ley. Una formulación mínima posibilitaría el surgimiento de una diversidad de formas organizativas, principios y acciones. Así, se podrían formular, posteriormente, reglamentos basados en la práctica efectiva y por tanto con una mayor probabilidad de cumplimiento, ya que no se forzarían cambios en las organizaciones. Una formulación detallada garantizaría el establecimiento de ciertas metas mínimas pero podría desincentivar el desarrollo de otras. No se puede definir aquí, por cuál vía se optará en general. Sin embargo, en relación con los asuntos vinculados a la equidad de género, experiencias de reforma institucional nacionales e internacionales permiten afirmar que, mientras más detalladas sean las formulaciones, más posibilidades habrá de que sean cumplidas. En Bolivia, como en otros países, los cambios institucionales favorables a la equidad de género en la política no dependieron solamente de la iniciativa de las organizaciones políticas o del efecto de contagio de las buenas prácticas. De acuerdo con Kenneth Janda, “las naciones tienden a seguir políticas que proscriben, permiten, promueven, protegen o prescriben a los partidos y sus actividades” (Janda 2005: 8). Aquí se considera pertinente enfatizar las medidas de promoción, protección y prescripción. Un análisis que considera la representación en general y la equidad de género en particular, destaca la necesidad, en la promoción, de reponer la subvención estatal y crear incentivos a la participación efectiva (no solo candidatas, sino representantes electas, por ejemplo); en la protección, de adop-

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tar medidas contra el transfuguismo, el acoso, la violencia y la manipulación de las mujeres políticas, con tal de cumplir cuotas; en la prescripción, de afirmar principios democráticos y de no discriminación; garantizar la representación de la plurinacionalidad y la equidad de género y medidas para reclutar a mujeres y capacitarlas, y no solamente “cazar” candidatas. 3. DISCUSIÓN Y PROPUESTAS 3.1. Definiciones de los sujetos de la ley Las organizaciones políticas son las protagonistas de la democracia representativa, fundamental en la construcción de la democracia intercultural. Es necesario discutir, en primera instancia, qué son estas organizaciones políticas. Ya que no se trata de un rótulo nuevo para los partidos, deben distinguirse los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas. Es probable que el desprestigio de los partidos políticos, llamados “tradicionales”, arrastrara a toda la “clase política” y que la apertura a las agrupaciones y pueblos indígenas haya sido, de hecho, una apertura para la democracia representativa como tal. Para un país como Bolivia no se puede pensar con los mismos enfoques de las democracias occidentales estables. El común denominador para las tres clases de organizaciones es el derecho de presentar candidaturas y participar en elecciones. Pero la realización de campañas y la participación en procesos electorales no cubren necesariamente los papeles de expresión, canalización, mediación, representación y participación en la discusión de las políticas. Las reflexiones teóricas permiten sugerir que la Ley de Organizaciones Políticas debería referirse a todo el proceso político y no solamente a las elecciones. De acuerdo con Richard Katz, por ejemplo, las leyes de partidos deberían buscar determinar qué es un partido —en este caso, una “organización política”— y a qué da derecho el hecho de ser un partido (además de presentar candidaturas y ejercer autoridad y representación en caso de tener un buen desempeño); regular a qué actividades pueden dedicarse los partidos; regular formas apropiadas de organización y comportamiento (Katz 2004). Buscando superar el reduccionismo electoral que prevalece en las organizaciones bolivianas, en la definición de lo que es una organización política se podrían incluir las siguientes características: • disputa democráticamente el derecho de que sus miembros ejerzan, temporalmente, cargos de representación o autoridad en cualquier nivel del Estado; • presenta públicamente estudios, proyectos o alternativas de políticas; • manifiesta públicamente su posición sobre asuntos de interés local, regional, departamental o nacional en estricto apego a la democracia intercultural y en el marco de valores de tolerancia y no discriminación; • realiza actividades de capacitación y formación de sus miembros; • puede establecer alianzas electorales o coaliciones en momentos no electorales. En la Tabla 2, se presentan algunos criterios que podrían considerarse para distinguir las tres clases de organización.

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Propuesta de criterios para distinguir partidos y agrupaciones Organización

Derechos

Partido político

• Financiamiento público. • Recaudaciones autorizadas. • Acceso a medios. • Protección contra el transfuguismo.

• Participación en elecciones. • Investigación. • Formación. • Propuestas de políticas.

• No se limita la membresía. • Organización institucionalizada.

• Acceso a medios. • Recaudaciones autorizadas.

• Participación en elecciones. • Investigación. • Formación. • Propuestas de políticas.

• Membresía • De cualno limitada. quier nivel. • Organiza• Puede ción menos proponerse rígida. duración.

• En función de leyes generales.

• Participación en elecciones. • Otras en función del respeto de normas y procedimientos propios. • Propuestas de políticas.

• Según normas y procedimientos propios.

Agrupación ciudadana

Organización de PIOC

Actividades autorizadas

Organización interna

Alcance

• Nacional. • Tiempo ilimitado.

• Local.

Elaboración propia.

3.2. Incorporación de mujeres a la política institucional Varios análisis comparativos internacionales afirman que la incorporación o reclutamiento de mujeres como parte de los cuerpos legislativos, adopta la forma de un embudo: de un número relativamente amplio de elegibles (que cumplen los requisitos formales de la candidatura) surgen un número relativamente menor de aspirantes (que tuvieron oportunidades para encaminar su interés y ambiciones legítimas de participación política), entre las que las organizaciones políticas seleccionan unas cuantas candidatas, muy pocas de las cuales son electas. En general, las proporciones de mujeres electas son mucho menores que entre los varones, y esto no depende solamente de mecanismos de exclusión formales, sino de otras limitaciones (Matland y Montgomery 2003: 22 y ss.). Entre esas limitaciones pueden estar el hecho de que el ámbito de la política sea considerado como un terreno hostil por las mujeres elegibles. Los numerosos casos de acoso y violencia política, muestran que en Bolivia esto es determinante para las aspiraciones políticas de las mujeres. También hay restricciones económicas: si las campañas electorales se financian en gran medida con aportes de los propios candidatos o candidatas y las mujeres disponen de menos dinero, existirán proporcionalmente menos aspirantes y candidatas. Igualmente la llamada triple jor-

nada —ocuparse del trabajo, la familia y la actividad política— influye en la participación de las mujeres. Adicionalmente, el perfil esperado de los candidatos puede limitar el paso de elegible a aspirante y a candidata, al igual que la participación en la organización política o formar parte de algún grupo de presión interno que haga cabildeo para ganar un lugar en las listas de candidatura (Cf. Brichta y Brichta 1994). Las leyes permitirían encarar de alguna manera estas restricciones. La Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, por ejemplo, puede generar ambientes más “amigables” para la participación de las mujeres. En la Ley de Organizaciones Políticas podrían considerarse los siguientes aspectos: • Obligatoriedad de la realización de diagnósticos de género en partidos y agrupaciones ciudadanas. • Programas de formación y capacitación para mujeres. • Programas de formación y capacitación sobre equidad de género e interculturalidad para todos los miembros varones y mujeres de las organizaciones. • Apoyo efectivo en la triple jornada, con la apertura de guarderías o adoptando horarios de trabajo político favorables a las mujeres. • Definición de que parte del financiamiento de las campañas aporte a las candidaturas de mujeres. • Incentivos a la formación de grupos de mujeres dentro de las organizaciones políticas. 3.3. Dinero político. Financiamiento de las organizaciones Existen, según la teoría, dos enfoques en la legislación del dinero político: el enfoque cívico o de la lucha contra la corrupción y el enfoque político o del funcionamiento de las organizaciones (Johnston 2005). En Bolivia se optó por el de la lucha contra la corrupción, de manera que no se apunta a determinar cómo financiarán, legalmente, los partidos las actividades a los que les autoriza su personalidad jurídica, sino a examinar que su dinero no provenga de actividades ilegales, o sea malgastado o apropiado indebidamente por los dirigentes.

• Incentivos fiscales por cumplimiento de su propia normativa interna en relación con la participación de las mujeres. • Aportes en tiempo en medios de comunicación. • Aportes en financiamiento indirecto de actividades de capacitación y formación para mujeres, y sobre equidad de género e interculturalidad. Financiamiento privado • Aportes de sus miembros de base. • Contribuciones individuales notariadas o herencias (con límites para impedir desequilibrios entre organizaciones). • Donaciones en especie. Se propone la exclusión de las siguientes fuentes de financiamiento: • • • • •

Donaciones o subsidios de entidades públicas. Empresas extranjeras o con filiales o matriz en el extranjero. Empresas que tengan contrato con entidades estatales. Donaciones directas de gobiernos extranjeros. Donaciones directas de organizaciones políticas extranjeras.

Reglamentos específicos deberían establecer los topes de financiamiento para cada organización en períodos determinados. En cuanto a los usos del financiamiento, cada organización debería tener un reglamento interno para establecer todos los criterios y procedimientos para el acceso y uso interno de los recursos (públicos, privados y mixtos).

Considerando que el financiamiento político puede adoptar tres modalidades (pública, privada o mixta), se propone un sistema de financiamiento mixto, con tope de proporción de 50% para el financiamiento privado. El financiamiento público deberá usarse preferentemente en actividades de investigación, formación y capacitación, en fortalecimiento institucional más que en propaganda electoral. Se podrían reglamentar porcentajes para diferentes tipos de actividades: ordinarias o permanentes, electorales, entre otras. Se propone lo siguiente: Crear el Fondo Nacional de Promoción de la Representación Política, dependiente del Tribunal Supremo Electoral. El Fondo podría funcionar con dinero proveniente de las siguientes fuentes: • Cooperación internacional oficial. • Donaciones de empresas nacionales que no tengan contratos con el Estado. • Donaciones de particulares no ligados a empresas extranjeras. En cuanto a las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas, podrían ser: Financiamiento público • Aportes del Fondo Nacional de Promoción de la Representación Política.

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La normativa relativa al Fondo de Promoción debería establecer si se financiará a los candidatos y candidatas, o a los partidos. Aquí se propone que, para garantizar el equilibrio de género, exista financiamiento de campañas de candidatas. También deberían definirse los momentos de entrega del financiamiento, si será antes de las elecciones (adelanto), después de las elecciones (reintegro). El financiamiento de campañas electorales debería considerar su duración y la existencia de topes. De la misma manera, esta normativa debería definir si el financiamiento público se dedicará solamente a elecciones “externas” o también internas, y si será solamente en elecciones nacionales o en entidades autónomas. El presupuesto anual de las organizaciones políticas podría incluir los siguientes ítems, entre otros: • Porcentaje mínimo para actividades de formación o capacitación en equidad de género e interculturalidad para todos sus miembros. • Porcentaje mínimo para actividades de fortalecimiento institucional. • Porcentaje mínimo para actividades de formación o capacitación de jóvenes.

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• Porcentaje mínimo para actividades de formación o capacitación de mujeres líderes. • Porcentaje mínimo para investigación y para coloquios o conversatorios sobre los temas investigados. Podría establecerse un incentivo consistente en un porcentaje sobre los montos previstos en su presupuesto anual, a las organizaciones que tengan mayor proporción de candidatas titulares electas. El incremento se podría efectivizar en dinero, en tiempo en los medios de comunicación o en el financiamiento de actividades de capacitación o investigación. Se prevé que se financien indirectamente, las elecciones internas de las organizaciones. Anualmente, las directivas de las organizaciones deberán presentar rendiciones de cuentas con notarios de fe pública, ante las instancias correspondientes y ante la población. La falta en la presentación de documentos o en la realización de la sesión pública será sancionada con la suspensión de la transferencia de dinero del Fondo de Promoción de la Representación Política. En función de medidas a favor de la transparencia, el OEP podría solicitar a la directiva de una organización copia de sus libros contables, en cualquier momento, otorgando 48 horas de plazo para la satisfacción de la solicitud. El OEP debería publicar

en su página de internet los estados según los libros contables, para examen público o control social. 3.4. Rol del Órgano Electoral Existen dos opciones en relación con lo que podría hacer el Órgano Electoral: adoptar el papel de árbitro (vigilante de la competencia entre los actores) o de “activista” (protagonista capaz de acciones definitorias). Es pertinente balancear estas dos posibilidades. En el caso del papel activo, por ejemplo, si hay incumplimiento en la inclusión de 50% de mujeres titulares en las listas de candidatura, podría establecerse que los tribunales electorales ajusten esas listas (eliminando a los últimos varones o modificando los lugares). Se ve pertinente incidir en la promoción, la protección y la prescripción más que en la proscripción. En todos los casos debe evaluarse si será necesario crear, en el Órgano Electoral, descentralizadas o independientes, instancias de seguimiento o vigilancia u órganos de control con o sin participación de la ciudadanía: • De vigilancia del cumplimiento de las normas nacionales e internas (con una oficina dedicada explícitamente a la equivalencia de género). • Unidades de transparencia para el manejo de recursos económicos. 3.5. Rendición de cuentas, transparencia y publicidad Se debería incrementar la transparencia mediante el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y de divulgación de información. • Asegurar la independencia, la asunción de atribuciones y la recepción de recursos para los órganos de control propuestos, garantizando mecanismos de cumplimiento de la ley. • Definir las sanciones para cada transgresión, considerando criterios de gradualidad y eficacia, de manera que no haya impunidad ni penalización de la actividad política. • Definir los incentivos selectivos para cada buena práctica. En cuanto a la divulgación, se podría considerar lo siguiente: • Informes periódicos de actividades, auditorías y acceso público. • Informes periódicos detallados al órgano de control. • Necesidad de información precisa para los ciudadanos. • Dar al órgano de control atribuciones suficientes para vigilancia e instrucción de procesos. • Establecer mecanismos rigurosos de rendición de cuentas y divulgación de los ingresos y egresos Ya que el control social está previsto constitucionalmente, puede considerarse la incorporación de instancias de la sociedad civil en los órganos de control, o la creación de entes específicos de control social con garantía de publicidad en medios de comunicación.

Entre esas limitaciones pueden estar el hecho de que el ámbito de la política sea considerado como un terreno hostil por las mujeres elegibles. Los numerosos casos de acoso y violencia política muestran que en Bolivia esto es determinante para las aspiraciones políticas de las mujeres.

3.6. Democracia interna y estructura Considerando las diferentes organizaciones existentes, se puede asumir la tipología propuesta por Susan Scarrow (2005), que considera tres dimensiones en las organizaciones políticas (centralización, inclusividad e institucionalización) y define cinco tipos: organización de líder dominante, partido de notables, organización de representación individual no corporativa, organización de representación corporativa, organización de democracia de base. Los problemas identificados para la legislación son los siguientes: sucesión del líder sin reglas (para la organización de líder dominante); establecimiento de derechos para todos los miembros y actividad entre elecciones (para el partido de notables); estabilidad de las reglas sobre las relaciones entre dirigentes y bases; ir más allá de la retórica (para la organización de representación no corporativa); reglas sobre la distribución del poder dentro del partido, para articular el principio de “un miembro, un voto” con los intereses corporativos (para la organización de representación corporativa), y la estabilización y “predictibilidad” de los mecanismos de decisión (en la democracia de base). La democracia y la organización interna no definen solamente lo que sucede dentro de las organizaciones políticas, sino entre ellas, sobre todo en negociaciones sobre políticas y cuando existen coaliciones parlamentarias (Cf. Giannetti y Benoit 2009). Los estatutos de las organizaciones políticas podrían incluir los siguientes asuntos, entre otros: • Apego manifiesto e irrestricto a la Constitución Política del Estado. • Apego manifiesto a la democracia intercultural. • Criterios precisos (requisitos) para que miembros, invitados e invitadas puedan optar a los cargos internos y a candidaturas. Esto será particularmente necesario en el caso de la directiva de la organización. Entre esos criterios deberá explicitarse que no habrá discriminación en razón de género. • Directivas equitativas por género (paridad y alternancia) • Precisión en la duración de los cargos directivos y sobre la sucesión. • Derechos de los miembros explicitando que no existen criterios de discriminación en razón de género, de condición étnica o de otra índole. • Canales de comunicación precisos entre la directiva y los miembros.

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• Enunciación de las actividades de la organización en períodos electorales y en períodos no electorales. • Precisión en las reglas de distribución de cargos y atribuciones entre los grupos que conforman la organización (si se trata de una organización política conformada por organizaciones corporativas). • Precisión en los mecanismos de toma de decisiones. • Precisión en los mecanismos de impugnación de las decisiones asumidas. • Precisión sobre la conformación y atribuciones de un cuerpo colegiado de vigilancia del cumplimiento de las reglas internas. • Garantía de que los miembros podrán impugnar decisiones de la directiva que vulneren los derechos de las mujeres y de las mujeres indígenas, los estatutos, y la declaratoria de principios. • Garantía de que la directiva pueda impugnar decisiones de tribunales electorales que vulneren los principios de la democracia intercultural. • Garantía de que la directiva pueda impugnar decisiones de tribunales electorales que vulneren los principios de su democracia interna. 3.7. Acción afirmativa En general, se consideran algunos aspectos que podría contener la normativa de las organizaciones. • Declaraciones explícitas de apego a la equivalencia de género promovida por la legislación actual. • Estructura paritaria (conformación de directivas internas con paridad y alternancia). • Reglamentación de acciones y procesos de capacitación y “reclutamiento” de mujeres e indígenas (incentivos selectivos a partidos u organizaciones que cumplan bien estas tareas). • Reglamentación de que partidos y organizaciones destinen, al menos, un porcentaje definido de su presupuesto a diagnósticos de género. • Reglamentación de que partidos y organizaciones destinen, al menos, un porcentaje mínimo de su presupuesto a capacitación en enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. • Otorgar incentivos selectivos a partidos u organizaciones que consigan mayor proporción de mujeres candidatas elegidas.

Promoción • Incentivo en especie (acceso a medios) o dinero, a las organizaciones con mayor proporción de mujeres electas (no solamente candidatas). • Incentivo a la conformación de grupos organizados de mujeres dentro de la estructura de las organizaciones. Protección • Establecer garantías de ejercicio para las candidatas electas. • Afirmar la Ley contra el Acoso político con tribunales internos en cada organización (el OEP sancionará con multas y a la larga con extinción a las organizaciones que no conformen esos tribunales). • Establecer mecanismos institucionales de apoyo familiar, como guarderías en períodos de campaña o en casos de personal permanente, u horarios de reuniones o trabajo político compatibles con las actividades de las mujeres. Prescripción • El número de mujeres en las listas de candidatos para la directiva de las organizaciones políticas no podrá ser inferior al 50% del total de miembros. Se respetarán criterios de paridad y alternancia. • El número de mujeres en las listas de candidatos a cargos de elección popular no puede ser inferior al 50% del total de candidatos, con paridad y alternancia, y garantizando que haya un número similar de candidatas y candidatos titulares en todos los tipos de circunscripción. • Las organizaciones que no cumplan este precepto serán sancionadas, en primera instancia, con la no inscripción de sus candidaturas; en segunda instancia, con la cancelación de su personalidad jurídica. 3.8. Democracia intercultural Tal como se señaló, la Ley de Organizaciones Políticas debería revalorizar la representación y, por tanto, la democracia representativa, que es una de las formas que deben articularse en la democracia intercultural. Efectivamente, las organizaciones políticas no deberían participar como tales en referendos (aunque podrían generar corrientes de opinión y hacer campañas a favor del Sí o del No), en asambleas o cabildos, o en elecciones en función de normas y procedimientos propios.

• Reglamentar sanciones internas por violación de derechos reconocidos en las leyes vigentes (leyes contra la discriminación y contra el acoso político).

La Ley debería definir si entre las actividades autorizadas (y subvencionadas) de las organizaciones, se podrían incluir las campañas por el Sí o por el No en referendos y la propaganda a favor o en contra de las políticas gubernamentales.

• Vigilar cumplimiento e incumplimiento de artículos relacionados con los derechos de las mujeres en los propios estatutos.

3.9. Transfuguismo

Se podrían articular una serie de medidas de proscripción, promoción, protección y prescripción: Proscripción • Eliminación de la lista de candidatos con antecedentes comprobados de acoso político y violencia contra mujeres, niños o niñas.

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El transfuguismo —que en Bolivia se conoce como “transfugio”— es una práctica que se define de diversas maneras y se ve como problema (o como algo no problemático), según el contexto. Algunos países consideran como transfuguismo el hecho de votar contra la “línea” del partido (sin considerar las opiniones o demandas de los electores); en otros, el transfuguismo es jurar por otro partido sin abandonar el cargo de representación. Más allá de las consideraciones éticas, el transfuguismo es un fenó-

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meno particularmente importante cuando los votos de uno o más parlamentarios son necesarios para aprobar una ley. A diferencia de lo establecido en otras constituciones (Belice, Namibia, Nepal, Nigeria, Seychelles, Sierra Leona, Singapur y Zimbabue; Janda 2009: 3-4), no existe en la constitución boliviana la prescripción de pérdida de mandato por transfuguismo. Se propone adoptar medidas de protección contra la práctica del transfuguismo. Podrían considerarse las siguientes: • Quienes abandonen una organización política sin abandonar sus cargos de representación, o hayan sido separados en procesos transparentes y en aplicación de reglas internas, no podrán optar cargos electivos ni ejercer cargos de libre designación en instituciones estatales por el lapso de dos años calendario, desde la fecha de abandono o separación. Esta prescripción puede acompañar otra, relacionada con el acoso y la violencia política: • La organización política no podrá incluir como candidatos a quienes hayan sido sentenciados por discriminación, por acoso político, violencia política contra mujeres o violencia contra niños o niñas. El incumplimiento de este precepto ocasionará la eliminación de la lista de candidatos de la organización para el proceso electoral en curso y el siguiente, por parte del Órgano Electoral. 3.10. Medios y campañas Los medios de comunicación masiva juegan papeles centrales en la dinámica social y en la comunicación política. Llegan a constituir, en sí mismos, un actor político. Una reglamentación adecuada podría mejorar las condiciones de acceso y participación de los actores políticos en el espacio público, para generar

espacios de intercambio de información, debate y deliberación, así como la toma de decisiones colectivas de manera más libre, informada y democrática. A pesar de avances como la propaganda electoral gratuita por parte de los medios estatales, algunos estudios constatan que los actores políticos con menos recursos económicos e institucionales, siguen sufriendo subrepresentación e invisibilización mediática (inclusive en las últimas campañas electorales de 2009 y 2010; Cf. Exeni et al. 2012). Persisten problemas de uso discriminado en la asignación de espacios y tiempos, por parte de los medios estatales, dificultad de elaboración de mensajes y estrategias informativas, sobre todo de parte de los partidos pequeños y de las organizaciones políticas nuevas. La participación de las mujeres en espacios de representación política sigue siendo débil —11% en diputadas uninominales y ninguna mujer en circunscripciones especiales—. Esto se reproduce en la ausencia casi total de las mujeres —y también de actores indígenas— en el espacio mediático. Todavía se requieren ajustes para generar normas que promuevan el principio de igualdad de condiciones y procesos más equitativos de visibilización, mediatización y representación mediática, que favorezcan la inclusión y presencia de los actores históricamente excluidos del espacio público. Se requiere problematizar y reflexionar sobre lo siguiente: • Normas para regular el acceso equitativo a los medios de comunicación por parte de las organizaciones políticas y sus miembros (regular el tiempo de acceso de miembros, candidatos y candidatas, y representantes de las organizaciones políticas por género, a medios de comunicación durante campañas y en otros períodos; regular la duración de campañas).

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• Regular costos de mensajes publicitarios, sobre todo en períodos de campaña (establecer topes de precios por franja horaria, para controlar los disparadores de gasto electoral). • Garantizar el acceso equitativo de candidatos, candidatas y dirigentes a los medios de comunicación (públicos, privados y alternativos), mediante el establecimiento de normas explícitas, incentivos y sanciones. • El acceso selectivo a los medios de comunicación masiva (públicos, privados y comunitarios y otros), como parte de los incentivos en premio a la promoción de mujeres en cargos directivos y por el incremento de mujeres en las bases. • Normas de obligatoriedad de difusión en los medios, según tipo de mensajes, actor y circunstancia. • Obligatoriedad de las organizaciones de difundir información sobre cambios de normativa, actividades de capacitación o fortalecimiento, resultados de investigación y toda información que afecte a las mujeres. • Exigir que la información institucional de las organizaciones políticas respete la igualdad de oportunidades entre géneros en la difusión de la información. Crear espacios mediáticos (virtuales o tradicionales) para mujeres. • Crear mecanismos para que los medios cumplan el rol de vigilancia y régimen de sanciones, y coadyuven a que la sociedad civil cumpla también este rol.

les— en campañas electorales directas y a través de los medios. • Monitoreo y vigilancia de los mecanismos, para determinar los horarios de las franjas, o sea, la distribución de los horarios de difusión con información diferenciada por actores y organizaciones políticas.

La cada vez mayor difusión de las tecnologías de información y comunicación, comportan dificultades que deben enfrentarse, como el control de las campañas en las redes sociales virtuales. También traen oportunidades que deberían aprovecharse. En este sentido, se propone que cada organización política de alcance nacional, mantenga una página web puesta al día, quincenalmente, con la siguiente información:

Se proponen dos prescripciones generales: la necesidad de que los partidos y agrupaciones creen alternativas de políticas basadas en investigaciones rigurosas y la necesidad de controlar el cumplimiento de sus propuestas. En relación con este último punto, las organizaciones políticas deberían presentar planes de gobierno notariados, incluyendo explícitamente políticas favorables a la equidad de género y a la interculturalidad.

• Estatutos y declaración de principios. • Propuestas de políticas (planes de gobierno en épocas electorales; proyectos de ley). • Listas de dirigentes en su estructura organizativa. • Opciones de contacto (dirección postal, teléfonos, dirección electrónica). • Informe económico actualizado semestralmente. • Noticias sobre la realización de actividades que la ley autoriza a las organizaciones políticas. • Noticias sobre las medidas adoptadas a favor de la equidad de género. • Vínculos al OEP y a las asambleas legislativas.

En este caso, cada dos años (o a solicitud de ciudadanos, cumplido el segundo año de ejercicio de los cargos electivos), el OEP, o la instancia creada a la cual se le dé esta atribución, debería realizar auditorías políticas a organizaciones que hayan obtenido cargos de representación o autoridad, comparando sus planes de gobierno notariados con los programas operativos o las propuestas de legislación presentadas.

Los contenidos de la página deberán manifestar adhesión a los principios de la democracia intercultural y a la no discriminación en razón de género o de otra índole. Observación, medición y monitoreo de medios de comunicación • Crear instancias públicas de medición, observación y monitoreo de medios de comunicación (Observatorios dependientes del Órgano Electoral Plurinacional). • Medición de mensajes partidarios (informativos, publicitarios, campañas, etc.), para determinar inequidades de acceso en la difusión de información. • Medición de mensajes de propaganda electoral, diferenciando la propaganda gratuita y la pagada, y propaganda directa y encubierta. • Medición de mensajes de propaganda electoral desagregando la información en términos del alcance de la difusión —local o mediante red departamental o nacional—, y de los días y horarios de difusión. • Medición del uso de recursos —económicos e instituciona-

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Estas instancias deberían examinar, además de la información y mensajes diversos, la imagen presentada de las mujeres a través de la información de los medios, para exigir que se cumplan las normas de respeto a la diversidad, igualdad de condiciones y equidad de género. Capacitación en elaboración de mensajes y estrategias comunicativas. • Crear instancias públicas de capacitación para la elaboración de mensajes y estrategias comunicativas, que permitan la difusión de los principios, planes y propuestas, especialmente para las organizaciones políticas más pequeñas. 3.11. Alternativas de políticas Producción de alternativas de políticas

Deberían establecerse incentivos en un porcentaje definido del presupuesto para la siguiente elección en el correspondiente municipio, departamento o en el país de cada organización, con más de 80% de cumplimiento de presentación de propuestas incluidas en su plan notariado. El incremento debería ser mayor en el caso de propuestas que propendan a la equidad de género. 4. EPÍLOGO ABIERTO Los planteamientos presentados buscan aportar al debate que se está realizando en torno a la formulación de la Ley de Organizaciones Políticas. Apuntan a la democratización de las organizaciones políticas, en sí mismas, y considerando que influyen efectivamente en la dinámica social. El supuesto de fondo es que la democracia boliviana demostró apertura a las demandas de las mujeres y un nivel de desarrollo suficiente como para adoptar innovaciones surgidas del debate nacional y para escuchar propuestas de distintos sectores. Marlene Choque Aldana Socióloga y Comunicadora Social

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Este documento en construcción, fue encargado por el Programa de Gobernabilidad del PNUD, IDEA Internacional y la Coordinadora de la mujer, como aporte a la discusión con mujeres de partidos políticos y organizaciones sociales. Fue presentado en el Encuentro de Mujeres “Hacia una nueva Ley de Organizaciones Políticas. Oportunidades y desafíos para la participación política de la mujer”, realizado en La Paz el 27 y 28 de noviembre de 2012.

Una de las experiencias más notables en este aspecto, es la del Partido del Pueblo para las Mujeres de Rusia (conocido como Mujeres de Rusia), que en 1993 ganó 8,1% de los votos en la elección de diputados (consiguiendo 21 curules, algo más del 5% del total). En la elección de 1995, Mujeres de Rusia no consiguió el umbral de 5%, necesario para obtener asientos en la Duma. Pese al éxito inicial, la aparición de Mujeres de Rusia connotó la incapacidad de los movimientos de mujeres de hacer que los partidos grandes “tomen en serio” la representación de las mujeres (Moser 2003: 164).

Se hizo una búsqueda amplia que incluyó, entre otras fuentes, las bases de datos del ACE Project, de la Electoral Knowledge Network (http://aceproject.org) y de Kenneth Janda (http:www.janda.org) y los documentos legales referidos por estudios comparativos.

El efecto de las formulaciones precisas en Bolivia es observable si se comparan las cantidades de mujeres candidatas y electas antes, y después de la implementación de las cuotas obligatorias. En cuanto al “efecto de contagio” —esta expresión fue propuesta por Richard Matland y Donley Studlar—, tuvo resultados importantes en varios casos. Por ejemplo, la paridad en candidaturas con prioridad femenina, adoptada por el Partido Verde en Alemania, avivó el debate sobre la participación de las mujeres, presionando a los otros partidos a considerar alguna proporción de cuota femenina (Brzinski 2003; Cf. Matland y Studlar 1996).

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intercultural

Democracia

y organizaciones polĂticas Fernando Mayorga

xisten escasas reflexiones sobre democracia intercultural. Y menos aún definiciones. Se consignan más bien esbozos normativos y, en las aproximaciones teóricas más interesantes, es un término que pretende dar cuenta de configuraciones institucionales que expresen nuevas prácticas políticas. Prácticas que exceden y renuevan la democracia representativa porque provienen del repertorio de nuevos actores sociales portadores de demandas de variada índole (movimiento indígena, mujeres, ecologistas, entre otros), que cuestionan el catálogo convencional de los derechos ciudadanos, la orientación de las políticas de desarrollo, la calidad de la representación política y el desempeño gubernamental en la gestión pública. En la década pasada provocó, en varios países de la región andina, profundas reformas estatales mediante asambleas constituyentes con consecuencias para la trama institucional de la democracia en sus dos facetas: representación y participación. En los años noventa algunos países andinos incorporaron instituciones de democracia participativa en sus constituciones políticas y reconocieron el carácter multicultural y pluriétnico de las sociedades; no obstante, en los últimos años la reforma del Estado, fue más integral y dio paso al debate sobre su carácter plurinacional con el reconocimiento de derechos colectivos indígenas y el establecimiento de vínculos entre democracia, diversidad social e interculturalidad. En torno a estos procesos de transición estatal se dio el debate sobre la conceptualización de la democracia intercultural, con las diferencias obvias en cada caso nacional, en particular en Bolivia y Ecuador. Uno de los autores que acuñó un concepto plausible para dar cuenta de los cambios en la democracia liberal representativa, es Boaventura de Sousa Santos, con el término “demodiversidad” (Reiventar la democracia, reinventar el estado, Sequitur, España, 2008). Esta noción intenta alertar sobre la necesidad de reconocer la diversidad de la sociedad y ajustar las instituciones a la heterogeneidad de sujetos, proyectos, prácticas, formas de vida, etc., que caracteriza lo social y que nunca será contenida o representada íntegramente por el Estado. Otras lecturas de autores bolivianos analizaron, con bastante anticipación, las disyunciones entre formas liberales y modalidades sindicales o indígenas (Vgr. Silvia Rivera, “Democracia del ayllu y democracia liberal”, en Mario Miranda Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, UNAM, México, 1993). Precisamente, en la actualidad, la noción

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de democracia intercultural responde al desafío de combinar distintas concepciones y modalidades de democracia, prestando atención a las instituciones indígenas y campesinas, combinados con el debate en torno al Estado Plurinacional. A partir de la noción de “demodiversidad”, de Sousa plantea algunas características de la democracia intercultural: “En primer lugar, debe tener diferentes formas de deliberación democrática… En segundo lugar… exige una doble forma o un doble criterio de representación. Un criterio cuantitativo que es el voto, el de la democracia liberal… Si criticamos la democracia representativa no es porque sea falsa, sino porque es poca, porque hay que reforzarla con otras formas democráticas. ¿Y cómo se refuerza? En una sociedad plurinacional se requiere otro criterio de representación que puede ser cualitativo. Por otro lado, hay muchas formas de participación y de modos de deliberación directa en la democracia de tradición occidental… como son referéndum, consultas, iniciativa popular, presupuestos participativos, etc. hay realmente experiencias de combinación de formas participativas de tradición occidental y de formas indígenas de participación, formas propias que hay que reconocer como formas de democracia participativa” (“La reinvención del Estado y el Estado Plurinacional”, Boaventura de Sousa Santos, Alianza Internacional

sds, Fernando Montes.

CENDA-CEJIS-CEDIB, 2007).

Cochabamba,

Otros autores amplían la idea de democracia intercultural incluyendo las relaciones de género por la condición de subalternidad de las mujeres, que es análoga a la de otros grupos sociales excluidos y discriminados. En ese sentido plantean una “democracia intercultural paritaria” como respuesta “a las demandas de inclusión de los sectores que hasta hoy son los subordinados de los sistemas políticos, entre ellos los raciales, los étnicos y los de género” (Epsy Campbell Barr, “La democracia intercultural paritaria: El verdadero desafío democrático del siglo XXI”, http://www. eclac.cl/mujer/noticias/noticias/3/27753/ PonenciaEpsyCampbell.pdf). En suma, la democracia intercultural conlleva una propuesta de ampliación y combinación de formas institucionales de la democracia, que se fueron desarrollando en el tiempo y en determinados espacios histórico-culturales para cumplir un objetivo elemental: mejorar la capacidad y calidad del desempeño del Estado para responder a las necesidades y demandas de la sociedad. Esos criterios adquirieron carácter institucional en la constitución política boliviana aunque, como veremos, la democracia intercultural carece de una definición precisa y sus rasgos institucionales están en proceso de despliegue.

1. Bases conceptuales y jurídicas de la noción de democracia intercultural La democracia intercultural es un dispositivo jurídico e ideológico que pretende establecer, organizar y legitimar las características formales de la democracia boliviana post-constituyente. Al enfatizar en lo formal, hacemos hincapié en la racionalización jurídica de las prácticas políticas mediante el reconocimiento constitucional de hábitos, organizaciones y conductas colectivas que eran relativamente marginales al sistema político y que, desde 2009, constituyen uno de los rasgos peculiares del Estado Plurinacional (y por ende, de la democracia intercultural). Me refiero a la “democracia comunitaria” que reconoce modalidades de elección de representantes y autoridades, distintas a las de la democracia representativa e implica el reconocimiento de derechos colectivos de un nuevo sujeto definido por criterios histórico-culturales: “naciones y pueblos indígena originario campesinos”. Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Este es un dato relevante para este tema, puesto que el proceso incremental de ampliación de la democracia, ingresó a una fase de formalización constitucional con ese sujeto “plurinacional” en el centro del texto constitucional. La noción de dispositivo permite explicar los alcances del vocablo democracia intercultural, si asumimos una perspectiva que resalta la naturaleza estratégica de un dispositivo y su relación con el poder como un rasgo central de las relaciones entre Estado y sociedad. Así, “….el dispositivo [es] de naturaleza esencialmente estratégica, lo que supone que se trata de cierta manipulación de relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una dirección concreta, bien para bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas, etc. (...) El dispositivo se halla pues siempre inscrito en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno de los bornes del saber, que nacen de él pero, asimismo lo condicionan”… “es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que

incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho (Michel Foucault, Saber y verdad, Siglo XXI). A diferencia del autor citado, no hacemos hincapié en el uso instrumental del dispositivo como mecanismo de dominación estatal, más bien recuperamos las posibilidades que proporciona la construcción institucional de un dispositivo para orientarlo hacia la emancipación, puesto que las instituciones no solamente establecen restricciones, también proporcionan incentivos a las personas. En este caso, las reglas de la democracia intercultural deben estar dirigidas a mejorar el desempeño de las organizaciones políticas y fortalecer su vínculo con la sociedad. Asimismo, nos interesa resaltar que en torno a este dispositivo se está configurando un nuevo saber, puesto que va tomando cuerpo un conjunto de ideas y creencias capaces de proporcionar pautas interpretativas del proceso político en una lógica constructiva y propositiva. En otras palabras, la democracia boliviana es hoy una democracia intercultural. Lo que no sabemos todavía es a qué nos referimos con este término. En esa búsqueda interpretativa, seguimos auscultando algunas pistas de intelección. La democracia intercultural es afín al Estado Plurinacional porque surge en un conjunto de leyes y reglamentos derivados de la nueva CPE, y tiende a convertirse también en un sistema de creencias, un discurso que empieza a ordenar el campo político, aunque su sentido es —todavía— impreciso porque forma parte de la mutación institucional en el Estado. Adoptamos la idea de mutación porque se trata de una combinación entre la construcción de nuevas instituciones estatales y la renovación/ampliación de las instituciones existentes en el modelo estatal anterior. Así ocurre con el sistema de derechos que ahora contiene a los derechos colectivos y ratifica/amplía los derechos individuales. Así acontece con la combinación

de jurisdicción ordinaria e indígena en el órgano judicial. Con el reconocimiento de autonomías departamentales e indígenas y el mantenimiento de las autonomías municipales. Con la elección popular de magistrados entre los candidatos preseleccionados por dos tercios del órgano legislativo. Con el reconocimiento del órgano electoral como poder del Estado. Con la incorporación de la iniciativa popular y la revocatoria de mandato junto con el referendo. Ahora bien, la mutación en el sistema político fue menos profunda, puesto que el régimen presidencialista no fue modificado y se mantuvo el sistema bicameral. En el sistema de representación política se produjeron leves cambios: se incrementó el número de senadores y se adoptó el método proporcional para la asignación de escaños; en diputados se mantuvo el sistema mixto y el número de representantes, no obstante, se establecieron circunscripciones especiales uninominales para la elección de un porcentaje de diputados indígenas. Ese fue el primer dato de la ampliación de la democracia hacia la democracia intercultural. Un dato que tiene como antecedente la incorporación de los pueblos indígenas y las agrupaciones ciudadanas en la disputa electoral junto a los partidos políticos. La diversificación de las instituciones de representación política fue aprobada en la reforma parcial constitucional de 2004, y se mantiene intacta en la actual CPE, excepto por la (necesaria e importante) aclaración de que se trata de “organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, y no de los pueblos indígenas sin mediación institucional. Por eso consideramos que, así como se construyen nuevas instituciones, se reinventaron otras, algunas se mantienen y otras se han renovado. Utilizamos la idea de “mutación” para referirnos a la transición estatal boliviana a la usanza de Isidoro Cheresky, cuando evalúa la democracia contemporánea. Este autor señala que: “La mutación democrática va, entonces, en dirección de una democracia continua, el acto electoral per-

En otras palabras, la democracia boliviana es hoy una democracia intercultural. Lo que no sabemos todavía es a qué nos referimos con este término. En esa búsqueda interpretativa, seguimos auscultando algunas pistas de intelección. and a mios 131

representativa). En el segundo caso, el nexo es problemático porque puede darse una contradicción entre la exigibilidad del cumplimiento de un derecho colectivo (democracia comunitaria) y la adscripción gubernamental a la ley, que establece los límites de la consulta previa (democracia directa y participativa).

sds, Fernando Montes.

siste como decisivo para la consagración de gobernantes legítimos, pero se opaca en vistas a la emergencia o fortalecimiento de otras representaciones y legitimidades que alimentan una vida política ininterrumpida en que los ciudadanos evalúan permanentemente a los gobernantes y vetan aquellas decisiones no argumentadas convincentemente o no satisfactorias” (“Mutación democrática: otra ciudadanía, otras representaciones” en ¿Qué democracia en América Latina?, Isidoro Cheresky, compilador, CLACSO-Prometeo, Buenos Aires, 2012). En nuestra perspectiva, en el caso boliviano, el Estado Plurinacional no solamente fue una respuesta a demandas de restitución de la legitimidad de la elección de los gobernantes y representantes, mejorando la eficacia del voto ciudadano y la calidad “sociológica” de la representación política, también es una respuesta a demandas de mayor participación social en el proceso decisional y en la gestión pública. En esa medida, las nuevas instituciones democráticas tienen que ver con la búsqueda de incremento de la representatividad de las instancias políticas y de promoción de una mayor participación de la sociedad en los asuntos públicos. Entonces, las instituciones de la democracia intercultural tienen que responder a temas de representación, decisión, deliberación, participación, entre otros.

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En este marco, en la democracia directa y participativa es preciso distinguir entre las instituciones que tienen que ver con la toma de decisiones y la deliberación (referendo y consulta previa, por un lado; asamblea y cabildo, por otro), y las instituciones ligadas a la representación política (revocatoria de mandato). Es decir, existe un nexo —el sufragio universal como medio y la representación como objeto— entre la democracia directa y la representativa, que derivan de la elección directa del presidente (gobernador y alcalde) mediante el voto mayoritario, así sea en segunda vuelta, eliminando la mediación congresal existente en la anterior CPE. Asimismo, existe un nexo entre la democracia comunitaria y la democracia directa, porque se reconoce a la consulta previa como derecho colectivo (Art. 30, II, inciso 15; III que establece que debe ser garantizado expresamente por el Estado) y también como mecanismo de democracia directa (en este caso, la Ley de Régimen Electoral establece que las conclusiones, acuerdos o decisiones de una consulta previa no tienen carácter vinculante para los gobernantes. Art. 39). En el primer caso no se trata de un nexo problemático, porque la revocatoria de mandato es resultado de una iniciativa popular (democracia participativa) que resuelve un tema de representación política mediante sufragio universal (democracia

Por otra parte, existe un nexo entre democracia representativa y comunitaria, puesto que el objeto exclusivo de la democracia representativa es la elección de representantes mediante el voto universal y la democracia comunitaria también se refiere específicamente a la “elección, designación o nominación de autoridades y representantes”, aunque en este caso es mediante “normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Art. 5, CPE). Es decir, en la CPE, la democracia comunitaria y la democracia representativa se refieren a la representación política, la diferencia radica en la incorporación formal de diversas modalidades de elección en las comunidades indígenas, que no se ajustan al voto universal, individual, de corte liberal. Otra diferencia, es que la democracia comunitaria se ejerce en espacios territoriales específicos, como las autonomías indígenas donde regirá el autogobierno, no obstante, en los cinco estatutos autonómicos indígenas presentados al Tribunal Constitucional se mantienen algunas instituciones “liberales”, como la división entre poder ejecutivo y legislativo —aunque con otras denominaciones—, asimismo, en algún caso —Uru Chipaya—, se ha planteado la inclusión de la figura de revocatoria de mandato. Se trata, a nuestro juicio, de un doble proceso: diversificación de lo uniforme y homogeneización de lo diverso, que exige establecer múltiples nexos y puntos de equilibrio para responder al desafío central de la democracia intercultural, que es evitar el dualismo en la representación política y la ineficacia/ilegitimidad en el proceso decisional. Esta serie de apreciaciones apunta a destacar la existencia de relaciones entre las tres formas de democracia, a pesar de que la democracia intercultural no es mencionada en la CPE, ni es definida con claridad en las leyes relativas a lo electoral. Para fundamentar este aserto realizamos un recorrido. La CPE no incluye la noción de democracia intercultural, no obstante, se puede deducir del “Modelo de Estado” Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario

que incluye otros rasgos, entre ellos su carácter “democrático, intercultural” que, como se sabe, junto con “descentralizado y con autonomías”, constituyen la novedad del Estado boliviano en el siglo XXI. Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. El lazo entre lo democrático y lo intercultural se traduce en el vocablo democracia intercultural que es incorporado en la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y, más específicamente, en la Ley de Régimen Electoral, tanto así que el Objeto de esta norma es: “regula[r] el Régimen Electoral para el ejercicio de la Democracia Intercultural” (Art 1. Ley de Régimen Electoral) que es definida de la siguiente manera: “la democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política y las Leyes en materia electoral” (Art.7. Ley de Régimen Electoral). Es decir, ese adjetivo define el carácter específico de la democracia boliviana en la actualidad (normativamente hablando), aunque se trata de una caracterización, no de una definición. No dice qué es, sino de qué elementos está compuesta, así como el tipo ideal de relaciones entre sus componentes: un ejercicio complementario en igualdad de condiciones. Antes de abordar este tópico, veamos cómo la CPE y las leyes construyeron este dispositivo. En la definición del “Sistema de Gobierno”, la CPE no menciona a la democracia directa, porque señala que se “adopta... la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. Más adelante, define las modalidades institucionales de ejercicio de las tres formas de democracia: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedi-

mientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Artículo 11). Los alcances de estas modalidades de democracia, en particular de la democracia comunitaria, son esbozados en el Capítulo III de la Ley de Régimen Electoral (FORMAS DE DEMOCRACIA). En este apartado se percibe una confusión porque se presenta a la democracia intercultural como una “forma de democracia”, cuando se trata de la coexistencia de las “formas de democracia”. Artículo 7. (DEMOCRACIA INTERCULTURAL). La democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones, de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las leyes en materia electoral. Respecto a la democracia directa y participativa, se incluye la iniciativa popular como mecanismo de acción ciudadana para solicitar revocatoria de mandato que, como señalamos, es un tema ligado a la representación política. Las otras instituciones, como el referendo y la iniciativa legislativa ciudadana, estaban consignadas en la anterior CPE, no obstante, su alcance actual es más amplio y también sus efectos institucionales, si es que vinculamos su ejercicio al funcionamiento general del sistema político. Con todo, la Ley de Régimen Electoral establece varias restricciones que desincentivan su utilización, tales como los elevados porcentajes de firmas para las solicitudes de revocatoria de mandato, que relativiza la eficacia de la participación ciudadana. Artículo 8. (DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA). La democracia directa y participativa se ejerce mediante la participación ciudadana en la formulación y decisión de políticas públicas, la iniciativa popular, el control social sobre la gestión

pública y la deliberación democrática, según mecanismos de consulta popular. La democracia comunitaria es enriquecida respecto a la definición constitucional, que la circunscribía a la “elección, designación o nominación de autoridades y representantes”, porque la Ley de Régimen Electoral establece que “se ejerce mediante el autogobierno, la deliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de derechos colectivos, según normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Artículo 10. DEMOCRACIA COMUNITARIA). La inclusión de autogobierno se refiere a las autonomías indígenas, la representación cualitativa tiene que ver con los escaños en asambleas legislativas, y el ejercicio de derechos colectivos tendría relación con la consulta previa que es la única institución (de democracia directa y participativa) que es mencionada de manera expresa como derecho colectivo. Es decir, la Ley de Régimen Electoral amplia la democracia comunitaria y sus efectos institucionales y, en ese sentido, reproduce ese nexo entre dos formas de democracia, aunque podría decirse que la consulta previa es un mecanismo de democracia directa de la democracia comunitaria. Otro aspecto que pone en evidencia las dificultades para definir la democracia intercultural, es el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural como la “base esencial” del Estado Plurinacional, cuando la ciudadanía es reducida a la participación en elecciones, en clave de democracia representativa. Artículo 98. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

Otro aspecto que pone en evidencia las dificultades para definir la democracia intercultural, es el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural como la “base esencial” del Estado Plurinacional, cuando la ciudadanía es reducida a la participación en elecciones, en clave de democracia representativa

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sds, Fernando Montes.

Artículo 144. II. La ciudadanía consiste 1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público, y 2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley. Esta aparente disyunción se resuelve en la Ley de Régimen Electoral, cuando se define que: “Todas las personas tienen el derecho a participar libremente, de manera individual o colectiva, en la formación, ejercicio y control del poder público, directamente o por medio de sus representantes (Artículo 3. CIUDADANÍA). Y se refuerza con el Principio de Interculturalidad: “La democracia intercultural boliviana se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos (Art. 2. Ley de Régimen Electoral). Es decir, en las leyes orgánicas se definieron con mayor precisión las características de la democracia intercultural y las relaciones entre las instituciones de las tres formas de democracia. Por ahora, dejamos pendiente el análisis de la búsqueda y consecución de un ejercicio complementario en igualdad de condiciones, planteado como el rasgo constitutivo de la democracia intercultural, aunque en la parte relativa a los Principios de la Democracia Intercultural se utiliza un criterio más exigente porque se plantea: una articulación transformadora de las diversas

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instituciones de las tres formas de democracia. Complementariedad. La democracia intercultural boliviana se fundamenta en la articulación transformadora del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa (democracia directa y participativa), del sufragio universal (democracia representativa), las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (democracia comunitaria). Hasta aquí, hemos enfatizado en la faceta indígena originaria campesina de la democracia intercultural que resalta la diversidad social y cultural. No obstante, el reconocimiento de la equidad de género en el sistema de representación política, introduce una regla uniforme (paridad y alternancia) para esta diversidad cultural e institucional, puesto que es válida para la democracia representativa y la comunitaria, asimismo, es de cumplimiento obligatorio para las organizaciones políticas, es decir, partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Equivalencia. La democracia [no se dice intercultural] boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y alternancia en las listas de candidatas y can-

didatos para todos los cargos de gobierno y de representación, en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas, y en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Artículo 2. Ley de Régimen Electoral) Artículo 11. (EQUIVALENCIA DE CONDICIONES). La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres… a) Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres… b) En los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, la igualdad, paridad y alternancia de género se expresará en titulares y suplentes. En el total de dichas circunscripciones, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las candidaturas titulares, pertenecerán a mujeres. c) Las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, elaboradas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, respetarán los principios mencionados en el parágrafo precedente. Es otra muestra de la homogeneización de la diversidad social y cultural mediante

reglas (instituciones) que tienden a equilibrar el vínculo entre normas y valores, entre procedimientos e intereses. A continuación evaluemos algunas lecciones de la aplicación de la norma constitucional en el ámbito de la representación política y en el diseño de instituciones. La implementación de la democracia intercultural se inició en los comicios generales de 2009, y departamentales y municipales de 2010. Se definió la presencia de diputados indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante escaños asignados a las naciones y pueblos indígena originario campesinos minoritarios, que eligen a sus representantes en circunscripciones especiales, sin embargo, son elegidos de manera similar a los otros diputados uninominales, esto es, mediante voto universal, libre y directo, siendo postulados tanto por las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como por organizaciones políticas (partidos y agrupaciones ciudadanas). Es decir, las circunscripciones especiales se definen por criterios identitarios, no obstante, el procedimiento de elección es uniforme y asentado en el voto universal, como mecanismo convencional de la democracia representativa. La elección de asambleístas departamentales muestra otra modalidad, porque se eligieron representantes de pueblos indígenas “minoritarios” (una distinción que no se consigna en el capítulo de derechos colectivos) en ocho de los nueve departamentos en una proporción variada: en Beni 4 de 28, en Tarija 3 de 30, en Pando 1 de 16, en La Paz 5 de 45, en Santa Cruz 5 de 28, en Cochabamba 2 de 34, en Oruro 1 de 33, y en Chuquisaca 2 de 21. Es decir, en el ámbito subnacional, se dieron ejemplos más nítidos de democracia intercultural porque se combinaron procedimientos de la democracia representativa (voto universal) y de la democracia comunitaria (usos y costumbres) para elegir asambleístas. En el caso de Potosí, no se aplicó la democracia comunitaria bajo el criterio de que no existen pueblos indígenas “minoritarios” y la elección de asambleístas se dio mediante el voto universal en vez de utilizar las normas y procedimientos propios de la mayoría poblacional. Ahora bien, la convocatoria a las elecciones departamentales de 2010, definió la elección por usos y costumbres como una elección “comunitaria” (no se utilizaron los términos constitucionales de normas y procedimientos). Para su concreción se formalizaron dos reglas: Las autoridades

naturales presentarán de manera oficial y por escrito, quince días antes de la votación, “los procedimientos de elección y la forma en que se acreditarán las autoridades elegidas que integrarán la asamblea departamental”… y deben consignar una sola modalidad de elección y de acreditación, debiendo las autoridades naturales adoptar un “criterio uniforme” (CNE, Elecciones departamentales y municipales 2010, La Paz, separata, febrero de 2010, Documento de Información Pública 1). Es decir, una regla electoral para la representación incentivó la racionalización formal/ jurídica de las pautas internas de comportamiento político en las organizaciones o comunidades indígenas. Las elecciones de 2009 y 2010 marcan el inicio de la democracia intercultural por la combinación de reglas de democracia comunitaria y representativa, y por la elección directa de diputados y asambleístas indígenas. Esto, al margen de la cantidad de diputados indígenas (5% de la cámara baja), que fue motivo de debate respecto al “grado de plurinacionalidad” en la democracia boliviana, y que es una cifra que podría modificarse de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012. La representación indígena también podría ampliarse en las asambleas departamentales, donde se consignan cuotas indígenas en todos los casos (menos Potosí), a partir de la elaboración de estatutos autonómicos. Por lo pronto, el Estatuto Autonómico de Pando incrementó de 16 a 21 el número de curules, y de 1 a 3 los representantes indígenas. El artículo 37 del título III del Estatuto Autonómico de Pando, establece la elección de 21 asambleístas: 15 por territorio (uno por municipio), 3 por población (dos para el municipio más poblado y uno para el segundo) y, finalmente, 3 escaños para los pueblos indígena originario campesinos de minoría poblacional, que corresponden a cinco pueblos indígenas: Tacana, Cavineño, Esse Ejja, Machineri y Yaminahua. No obstante, es posible que se incremente a cinco la cantidad de asambleístas indígenas. Bajo estas consideraciones conceptuales y empíricas, la democracia intercultural no se refiere a un objeto institucional “real”, y tampoco tiene un sujeto específico (la ciudadanía, el pueblo). En esa medida, la democracia intercultural debe entenderse como una relación y un proceso. La democracia intercultural es una relación, un conjunto de relaciones que varían en el tiempo y espacio. Las relacio-

nes entre las tres formas de democracia son asincrónicas, porque se combinan de manera distinta y variable dependiendo del evento o ámbito político en cuestión. Esta combinación de reglas e instituciones debe propiciar la articulación de la diversidad social, pero buscando la complementariedad y evitando que se produzca una situación de dualismo en la representación política o en la toma de decisiones. Al respecto, la elección de diputados uninominales es un ejemplo positivo, también la elección de asambleístas departamentales, pese a que las reglas de la democracia representativa y de la democracia comunitaria se combinan de distinta manera. También la confección de estatutos autonómicos presenta estos rasgos. En general, se trata de plantear distintas formas de articulación transformadora a partir de un ejercicio complementario y en igualdad de condiciones, evitando que su resultado provoque dualismo en el sistema de representación política y en el proceso decisional. Ahora bien, el ejercicio es complementario pero parcial, porque se da entre algunas instituciones de las tres formas de democracia, de acuerdo al tópico o el acontecimiento. Asimismo, la igualdad de condiciones de las tres formas de democracia es el punto de partida, pero su nexo puede implicar el predominio de una institución democrática sobre otra, en función del equilibrio del sistema político, en temas de representación y decisión. Es decir, se trata de una igualdad relativa porque el punto de equilibrio entre diversidad y homogeneización puede implicar la subordinación parcial de una regla a otra, siendo de distintas formas de democracia. La democracia intercultural es un proceso porque las relaciones entre las tres formas de democracia irán ampliándose y diseminándose en los distintos ámbitos, a medida que se consoliden las nuevas entidades estatales como, por ejemplo, las autonomías subnacionales, o cuando un evento, como el Censo de Población y Vivienda, proporcione información relevante. También cuando la aplicación de las reglas basadas en los principios de la democracia intercultural produzca resultados negativos para la eficacia y la legitimidad de las decisiones gubernamentales (nacional y subnacionales) y para la calidad de la representación política. En ese sentido, la democracia intercultural es un proceso incremental de ajuste e innovación institucional que se renueva de manera constante, puesto que la diversidad social también se transmuta permanentemente, porque es parte de su naturaleza.

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Las naciones y pueblos indígena originario campesinos pueden forjar organizaciones políticas o convertir sus organizaciones comunales o sindicales en medios formales para postular candidatos a nivel nacional y departamental, sobre todo para cargos ejecutivos (presidente, gobernadores, alcaldes) y para ampliar su presencia en las asambleas legislativas. Así, se rompe una barrera virtual que impedía auscultar una participación política, mediante organizaciones propias, que trascienda los espacios legislativos. A partir de estos criterios esbozamos respuestas a las interrogantes referidas a la relación entre democracia intercultural y organizaciones políticas. Así como, entre democracia interna y pluralismo político. 2. Democracia intercultural y organizaciones políticas La democracia intercultural requiere de la existencia de diversas formas de organización política para representar la diversidad social y cultural. Las tres modalidades de organizaciones políticas fueron reconocidas en la reforma constitucional parcial de 2004, como una respuesta a las críticas a la exclusividad partidista para la postulación de candidatos a cargos electivos. Estas tres modalidades fueron ratificadas en la CPE, con una leve modificación en el caso de los pueblos indígenas, puesto que se especifica que se trata de “organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. Es un cambio sustantivo porque se establece una mediación institucional para la participación en la competencia electoral, puesto que, al igual que las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, “se constituyen para intermediar la representación política en la conformación de los poderes públicos y la expresión de la voluntad popular” (Artículo 48. ORGANIZACIONES POLÍTICAS. Ley de Régimen Electoral). Esta idea se refuerza con la limitación de la representación política a la forma de la democracia representativa: (REPRESENTACIÓN POLÍTICA) “En la democracia representativa, las ciudadanas y los ciudadanos participan en el gobierno y en la toma de decisiones por medio de sus representantes elegidos democráticamente a través de las organizaciones políticas” (Artículo 47).

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Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos se conformarían para incursionar en la disputa electoral de cargos ejecutivos nacionales, departamentales y municipales, de asambleístas nacionales y departamentales, también de concejales (excepto en los casos de asignación de cuotas en las asambleas departamentales). Es decir, las naciones y pueblos indígena originario campesinos pueden forjar organizaciones políticas o convertir sus organizaciones comunales o sindicales en medios formales para postular candidatos a nivel nacional y departamental, sobre todo para cargos ejecutivos (presidente, gobernadores, alcaldes) y para ampliar su presencia en las asambleas legislativas. Así, se rompe una barrera virtual que impedía auscultar una participación política, mediante organizaciones propias, que trascienda los espacios legislativos. Además, el reconocimiento de organizaciones para la competencia electoral, permitiría forjar coaliciones departamentales y/o nacionales, tal como acontece actualmente con CIDOB, que es una organización supra departamental que agrupa más de treinta pueblos indígenas y ha planteado postular un candidato en las elecciones para gobernador en el departamento de Beni. Resulta interesante el dato que pone en evidencia esta probable candidatura por una organización indígena, puesto que la figura constitucional de “naciones y pueblos indígena originario campesinos” no tiene posibilidades de expresarse, sino de manera parcial (naciones originarias, pueblos indígenas o campesinos) y mediante coaliciones (entre organizaciones). En suma, al definirse la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos mediante organizaciones, se incorpora a los sujetos de la democracia

comunitaria en las reglas de la democracia representativa, como una ampliación de su accionar representativo porque disputa el voto ciudadano en general. La democracia intercultural se enriquece porque no se limita a la convivencia entre representantes elegidos por diversos mecanismos o por distinta filiación identitaria, también combina interculturalidad y deliberación, porque la deliberación democrática implica no solamente el reconocimiento de la posición del “otro”, sino la adopción de esa posición como propia por parte de sus adversarios. Por otra parte, estas organizaciones no están exentas de las reglas de democracia interna que regirán a las otras dos modalidades de organización política, lo que implica un grado de uniformización de la diversidad en torno a los principios de “igualdad, representación, publicidad y transparencia, y mayoría y proporcionalidad”. (Artículo 49. DEMOCRACIA INTERNA), sobre todo en este último caso, puesto que se trata de la inclusión de una lógica de mayoría y minoría afín a la democracia representativa y, en cierta medida, distinta a la regla de consenso o unanimidad vigente en algunas comunidades indígenas. Es decir, los sujetos sociales de la democracia comunitaria se adaptan al entorno institucional de la democracia representativa, así, como la democracia representativa incluye en su seno a asambleístas indígenas bajo una lógica de auto representación. La modalidad de agrupación ciudadana incentiva la organización de tiendas políticas departamentales y municipales, y la formación de coaliciones nacionales. Es posible que la consolidación de las autonomías departamentales conlleve la conformación de subsistemas de partidos a nivel departamental y, por ende, promueva la creación de partidos regionales en desmedro de las agrupaciones ciudadanas, cuyo desempeño estuvo más vinculado al ámbito municipal con magros resultados, si es que consideramos la cantidad de agrupaciones ciudadanas que tuvieron éxito. Es necesario establecer reglas similares para todas las organizaciones políticas, puesto que la normativa vigente respecto a las agrupaciones ciudadanas, es restrictiva y desalentadora; por ejemplo, define una cuota de mujeres en las candidaturas no menor al 50% de las listas, mientras que en los partidos políticos era de 30%, asimismo, no contempla la participación de jóvenes entre 16 y 18 años, algo que se promueve en el caso de los partidos políticos. Debido a las experiencias de desempeño de las agrupaciones ciudadanas, existen dudas sobre su

pertinencia, no obstante, la consolidación de las autonomías subnacionales creará ámbitos proclives para la participación de agrupaciones ciudadanas, que pueden ser una alternativa de participación política para aquellos grupos sociales o ciudadanos que rechazan la cultura partidista y no tienen vínculo con la democracia comunitaria.

La existencia de partidos nacionales fuertes puede propiciar un sistema de partidos con capacidad representativa y pluralismo político, con una interacción basada en la deliberación democrática. Además, por su carácter nacional, son espacios de interacción que pueden propiciar relaciones interculturales para impulsar la democracia intercultural.

Los partidos políticos son, generalmente, organizaciones con alcance nacional, en esa medida su objetivo es articular ideológica y territorialmente a la sociedad. Al hacerlo, promueven la democracia intercultural porque su expansión geográfica y social le proporciona mayores posibilidades de lazos con la diversidad social y cultural. Su estructura y pautas de funcionamiento se flexibilizan, así como su base social se amplía al influjo de la competencia electoral, puesto que los partidos nacionales tienden a situarse en el centro de la discursividad política, en busca del votante medio para ganar las elecciones. La experiencia del MAS transmite esa aptitud discursiva que se combina con capacidad para articular una diversidad de organizaciones y expandirse por difusión territorial, es decir, adaptándose al entorno social.

3. Pluralismo político, lógica comunitaria y democracia interna

sds, Fernando Montes.

El pluralismo político y las diferencias ideológicas corresponden a distintos espacios y realidades institucionales. El pluralismo político tiene que ver con la democracia representativa, porque se manifiesta en el ámbito legislativo y sienta las bases de la configuración de las características del sistema de partidos (asumimos esta definición convencional para designar las interacciones entre entidades políticas, aunque existan otras modalidades de organizaciones políticas, como las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos). La democracia comunitaria, por su parte, tiene como punto de partida una pluralidad

de posiciones y pluralismo discursivo en las comunidades, que se traduce en actos deliberativos que buscan consenso, pero sus resultados suprimen el disenso y la minoría perdedora se adscribe a las decisiones de la mayoría. Esta lógica es intracomunitaria y funciona para tomar decisiones que involucran a todos sus miembros, coercitivamente o no. La existencia de pluralismo discursivo no implica la vigencia de pluralismo político, éste solamente puede surgir si se conforman diversas organizaciones que se disputen el apoyo de los pueblos indígenas, como una parcialidad (departamental) o una totalidad (nacional) que compite con otras organizaciones políticas. Tampoco la existencia de mayorías y minorías (un principio de la democracia intercultural) implica la vigencia de pluralismo político. El pluralismo político se expresa discursivamente, se canaliza organizativamente y se traduce en la presencia de bancadas legislativas. Las diferencias ideológicas, en cambio, se resuelven internamente en una organización, mediante la deliberación y la adopción de una regla que dirime una controversia, cuando la persuasión agotó sus posibilidades para establecer una “verdad” aceptada por todos los miembros. En la medida que la adscripción a una organización de pueblos

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disputa por el acceso a cargos dirigentes y candidaturas. Si bien la democracia interna fortalece la democracia intercultural, la adopción de pautas de interculturalidad es voluntaria; puede ser parte de la estrategia electoral de las organizaciones políticas más por cálculo racional que por convicción. En ese sentido, la democracia interna en las organizaciones políticas implica la vigencia de reglas claras para la participación equitativa de sus miembros, cuya aplicación produzca legitimidad. La democracia intercultural no es un requisito para la democratización interna, no obstante, si las reglas de una organización política combinan diversos procedimientos democráticos estarán impulsando la formación de una cultura política intercultural en sus filas. Intercultural y, por ende, democrática.

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indígenas es voluntaria, las diferencias ideológicas entre sus miembros son menores a la coincidencia de intereses y a las afinidades políticas. Respecto a la democratización interna en las organizaciones políticas, la CPE establece que la organización y funcionamiento de las organizaciones políticas “deberán ser democráticos” (Artículo 210. REPRESENTACIÓN POLÍTICA), sin embargo, establece una distinción entre las organizaciones políticas respecto a la vigencia del principio de equivalencia de la democracia intercultural, puesto que exige “igual participación de hombres y mujeres” en las agrupaciones ciudadanas y partidos políticos (Artículo 210. II), pero para el caso de las organizaciones de las naciones y pue-

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blos indígena originario campesinos reconoce que “podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus normas propias de democracia comunitaria” (Artículo 210. III). Aunque, como vimos, el Artículo 11 de la Ley de Régimen Electoral establece ciertas restricciones y obligaciones respecto a la paridad de género. En ese caso, la democracia comunitaria restringe la democracia intercultural, que tiene como uno de sus principios a la promoción de la paridad de género como el objetivo de que la democracia represente la diversidad social de un modo más apropiado. La democracia interna se refiere a la transparencia en los actos de dirigentes y en la toma de decisiones y, también, se sustenta en la igualdad de condiciones para la

Finalmente, respecto a las alianzas entre organizaciones políticas es preciso reducir las restricciones. Por ejemplo, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004, definía prohibiciones para el establecimiento de alianzas con otras modalidades organizativas. Es decir, no podían aliarse con partidos políticos, además, solamente podían coaligarse entre agrupaciones o entre pueblos indígenas (Artículo 30. Alianzas electorales, Ley 2771). Este tipo de restricciones no deben ser consideradas en la actualidad porque atentan contra la democracia intercultural que tiene como uno de sus objetivos la promoción de “la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa”. La nueva Ley de Organizaciones Políticas debe promover acuerdos entre organizaciones de diversa índole sin restricción alguna, puesto que lo organizativo incluye lo institucional y cultural, aparte de propiciar interacciones entre los miembros de las organizaciones políticas que pueden conducir a relaciones interculturales (en este caso la apelación identitaria no se reduce a lo indígena y toma en cuenta las identidades regionales, provinciales, etc.). Como vimos, la democracia intercultural depende de articulación y complementariedad, en esa medida, las alianzas entre organizaciones políticas fomentarían la integración de la diversidad social a partir del respeto e intercambio de hábitos, creencias y prácticas, en suma, de pautas de cultura política que pueden servir de base para forjar una cultura democrática intercultural. Fernando Mayorga Sociólogo y Doctor en Ciencias Políticas Director del CESU-UMSS.

Democracia intercultural

ese horizonte*

JosĂŠ Luis Exeni RodrĂguez

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a Democracia Intercultural (DI) no es un modelo de democracia “al cual llegar”, como resultado de transiciones y consolidaciones. Al contrario, es el resultado de la disputa por la construcción democrática en un escenario de constitucionalismo transformador y de refundación estatal con experimentalismo democrático.

agenda de demandas sociales ni desafíos políticos del período de “crisis, inflexión y cambio” (2000-2005) en Bolivia. Tampoco apareció en las posteriores plataformas electorales y programáticas de los partidos políticos, ni en las propuestas y debates de la Asamblea Constituyente. Más aún: la DI, como tal, no existe en la nueva Constitución Política del Estado.

- La DI tampoco se presenta como una democracia alternativa a la democracia liberal-representativa. No pretende desplazarla ni, menos, sustituirla. El propósito de la DI podría definirse como la búsqueda permanente de lo que llamaremos una ecología de las decisiones, como superación de las concepciones que reducen las democracias a la sola monocultura de la autorización.

- Pero si bien la DI no figura de manera explícita en la letra del texto constitucional, está en cambio, con mucha claridad, en su espíritu. Y es que así como el pluralismo jurídico expresa la convergencia entre las jurisdicciones ordinaria e indígena originario campesina, y la economía plural es la síntesis de las formas de organización económica estatal, social-cooperativa, privada y comunitaria; en esa lógica, la Democracia Intercultural está en el reconocimiento constitucional (Artículo 11) de las democracias directa y participativa, representativa y comunitaria2.

- En el marco del proceso (pos)constituyente en Bolivia, la DI expresa el desafío de la demodiversidad, esto es, el principio de que no hay una sola forma (hegemónica) de democracia, sino diversas concepciones y prácticas democráticas. En ese sentido, desde la continuidad pero también el salto cualitativo, la DI implica el desafío de la convivialidad con igual jerarquía. - La Democracia Intercultural, pues, no existe ni como modelo ideal ni como realización. Ni siquiera habita el discurso de los principales líderes políticos1. La DI es un horizonte normativo, una búsqueda en faena de edificación compartida en un escenario de plurinacionalidad. La DI es un rumbo, una (re) significación, un ejercicio de complementariedad entre diferentes formas de democracia. EL ORIGEN NORMATIVO, LA INTERCULTURALIDAD DE LA DEMOCRACIA - ¿De dónde surge la idea de una democracia intercultural? ¿Por qué? ¿Con qué propósitos? Las interrogantes son diversas. En principio es necesario asumir que la Democracia Intercultural, como denominación, no estuvo presente en la

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- La formulación discursiva de la DI surge concretamente en el proceso de diseño técnico de elaboración de las Leyes 018 del Órgano Electoral Plurinacional (de 18 de junio de 2010) y 026 del Régimen Electoral (de 30 de junio de 2010), como parte del mandato constitucional de aprobación, en 180 días, de las llamadas “leyes orgánicas”3. El origen de la Democracia Intercultural, pues, es un origen normativo, esto es, desde el Estado, en un espacio de (re)diseño institucional. - En ese marco, la DI surge con un triple propósito: a) sintetizar en una expresión el ejercicio de complementariedad entre las diferentes formas de democracia reconocidas en la Constitución; b) impulsar el principio de igual jerarquía entre ellas, en especial respecto a la democracia comunitaria; y, c) crear una base para su realización institucional, particularmente con el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Órgano Electoral Plurinacional. - En relación al diseño institucional es necesario destacar que la Democracia Intercultural habita en esencia en los espacios

de articulación y encuentro entre el sufragio universal para la elección de autoridades y representantes, por un lado; el referendo, la revocatoria de mandato, la iniciativa popular, la asamblea, el cabildo, la consulta previa y el control social, por otro; así como entre todos ellos con el autogobierno y la autorrepresentación según normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Demás está decir que el ejercicio de la DI se asienta en el ejercicio de los derechos políticos tanto individuales como colectivos. Y que, por último, desde los cimientos, implica la construcción de una cultura democrática intercultural. Por supuesto que este horizonte es más amplio que la relación, a veces difícil, entre representación política y participación/acción directa. - Ahora bien, el origen normativo de la Democracia Intercultural plantea un conjunto de problemas e interrogantes. ¿Qué significa el ejercicio complementario de tres formas de democracia? ¿Cómo se logra? O para empezar: ¿es posible hacerlo? Y es que la difícil articulación entre los principios de representación política, participación ciudadana y autogobierno tiene consecuencias específicas, entre otras, respecto a los sujetos de la democracia, las temporalidades y, en especial, las escalas. ¿Cómo se concilia, por ejemplo, una democracia representativa cuyo ejercicio mediante el voto en elecciones involucra a todos los ciudadanos habilitados, con una democracia comunitaria que habita de manera exclusiva en las naciones y pueblos indígena originario campesinos? ¿De qué modo se articula la temporalidad lineal de los procesos electorales sucesivos con la temporalidad circular, si acaso, de la construcción de consensos? ¿Es lo mismo pensar la Democracia Intercultural en el ámbito nacional que en el local-comunitario? Cuestiones de este tipo tienen implicaciones

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Y es que así como el pluralismo jurídico expresa la convergencia entre las jurisdicciones ordinaria e indígena originario campesina, y la economía plural es la síntesis de las formas de organización económica estatal, social-cooperativa, privada y comunitaria; en esa lógica, la Democracia Intercultural está en el reconocimiento constitucional (Artículo 11) de las democracias directa y participativa, representativa y comunitaria. relevantes para pensar una Ley de Organizaciones Políticas. - Y también es fundamental, como tema para la reflexión y el debate, la siempre problemática distancia que suele existir entre el postulando principista y su ejercicio, entre el diseño institucional y su realización, entre lo que se declara-asume como intención y lo que, en las arenas democráticas realmente existentes, se hace. Dejo anotadas al respecto solamente dos cuestiones. La primera tiene que ver con la brecha, bien subrayada por Mayorga4, entre el “nuevo modelo democrático”, de signo intercultural, y el “modelo político de dominación vigente”, caracterizado por la concentración. Hay, en consecuencia, debilitamiento del pluralismo político. La segunda se refiere a la constatación, bien expuesta por Zegada5, en sentido de que el postulado de igual jerarquía de las tres formas de gobierno reconocidas por la Constitución se expresa, por ahora, en el hecho de que la democracia representativa “sigue siendo el eje ordenador de la estructura del Estado (…) y continúa articulando el campo político boliviano”. No hay complementariedad, entonces, con la participación y las democracias comunitarias, sino sólo convivencia con cara de subordinación. - ¿Y qué significa, para finalizar este apartado, la interculturalidad en la democracia? Si bien esta cuestión no es objeto de la presente reflexión, conviene precisar que el carácter intercultural de la democracia, que presupone la construcción compartida de un “núcleo común”, es diferente que la sola condición de multiculturalidad, que se limita al reconocimiento de la diferencia. Más todavía. Como sostiene Santos6, “en el marco de la plurinacionalidad, la interculturalidad solamente se realiza como democracia intercultural”. - Así, la Democracia Intercultural implica y demanda, en el contexto boliviano, lo siguiente: a) Coexistencia de diferentes formas de deliberación democrática: demodiversidad. Del voto individual al consenso, de las elecciones a la rotación o al mandar obedeciendo, de la lucha por asumir cargos a la responsabilidad-obligación de asumirlos. b) Diferentes criterios de representación democrática (cuantitativa, de origen moderna, eurocéntrica; cualitativa, de origen ancestral, indocéntrica).

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c) Reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos como condición del efectivo ejercicio de los derechos individuales (ciudadanía cultural como condición de ciudadanía cívica).

- En ese marco, a modo de insumo para la discusión propongo tres hipótesis de trabajo en torno a la relación entre democracia intercultural y organizaciones políticas:

d) Reconocimiento de los nuevos derechos fundamentales (simultáneamente individuales y colectivos): agua, tierra, soberanía alimentaria, recursos naturales, biodiversidad, bosques y saberes tradicionales.

1. La Democracia Intercultural, en sus principios, en su ejercicio, es mucho más amplia que la sola democracia multipartidaria y, bajo esa premisa, supone un cuestionamiento a la concepción de las organizaciones políticas como actoras privilegiadas, cuando no únicas, de la democracia.

e) Educación orientada hacia formas de sociabilidad y de subjetividad asentadas en la reciprocidad cultural. DEMOCRACIA INTERCULTURAL, REPRESENTACIÓN, ORGANIZACIONES POLÍTICAS - ¿Por qué es necesaria una Ley de Organizaciones Políticas que remplace a las actuales Ley de Partidos Políticos y Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas? ¿Acaso estas normas, que fueron diseñadas en el ámbito de la democracia pactada, quedaron “rezagadas” respecto al actual/nuevo horizonte de experimentalismo democrático en el país? O mejor: ¿cuál debería ser la especificidad de una norma que regule la estructura y funcionamiento de las organizaciones políticas en una Democracia Intercultural que, por definición, las excede? ¿Cómo pensar la representación política, en fin, en un espacio de demodiversidad que, por su naturaleza y alcance, no puede estar centrado, como ocurría antes, en las elecciones periódicas, los partidos políticos y el voto individual? Estas son algunas de las interrogantes que han sido planteadas y se están discutiendo como parte del actual proceso de diseño normativo de una Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia.

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2. La Democracia Intercultural no se agota en la sola representación política y, por tanto, difícilmente será expresada a plenitud por las organizaciones políticas, cuya centralidad y desempeño se concentran en una parte de las expresiones democráticas reconocidas en la Constitución. 3. Una Ley de Organizaciones Políticas no puede abarcar el amplio campo de concepciones y prácticas de la Democracia Intercultural toda vez que, por definición, las formas de democracia directa y participativa y, en especial, de democracia comunitaria, no requieren mediaciones partidarias para su ejercicio. - Estas hipótesis tienen implicaciones importantes a la hora de pensar el diseño de una nueva norma para las organizaciones políticas en el horizonte de una democracia intercultural y en el ámbito de un Estado plurinacional comunitario con autonomías. De entrada plantea dilemas respecto al objeto y alcance de dicha Ley, pues difícilmente podrá decirse que se norma el funcionamiento de las organizaciones políticas en todas las parcelas de la democracia intercultural. Quizás sea más apropiado asumir que la Ley de Organizaciones Políti-

cas regulará su estructura y funcionamiento en el ámbito de la democracia representativa como parte de la Democracia Intercultural. - ¿Significa esto que las organizaciones políticas, y su Ley, se restringen al campo de la representación política y no tienen vinculación con la participación política y el autogobierno? No necesariamente. ¿Significa entonces que las organizaciones políticas no son relevantes en/para la Democracia Intercultural? En absoluto. Significa más bien preguntarnos acerca del papel que habrán de desempeñar las organizaciones políticas (sean partidos, sean agrupaciones ciudadanas, sean organizaciones políticas indígenas) en la proyectada complementariedad entre las diferentes formas de democracia. - Así las cosas, me gustaría señalar dos potenciales tentaciones. Una radica en librar a las organizaciones políticas de su responsabilidad de pensarse y (re)situarse en el horizonte de una Democracia Intercultural, a cuya construcción debieran contribuir decisivamente. Esta afirmación nos permite fijar posición ante el siempre renovado debate acerca de la necesidad de los partidos. Para decirlo en los términos de esta reflexión: las organizaciones políticas son necesarias, importan, cuentan, en una Democracia Intercultural. La otra tentación es forzar la presencia de las organizaciones políticas en espacios y prácticas (una iniciativa popular, por ejemplo, una asamblea comunal) donde resultan prescindibles. Esta afirmación nos permite a su vez fijar posicionamiento ante la discusión sobre el “monopolio de la representación política” por la “partidocracia”... Siguiendo con nuestro razonamiento: muchas prácticas democráticas no requieren el concurso de

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debiéramos empezar a asumir que prácticas democráticas como el consenso, la rotación, el ejercicio de autoridad por obligación, la representación cualitativa, la deliberación, los ámbitos de decisión colectiva, entre otras, pueden tener formas de realización más allá de la comunidad, a lo cual apunta precisamente la Democracia Intercultural.

las organizaciones políticas, que en determinadas circunstancia incluso pueden resultar nocivas. - Señaladas así algunas premisas resulta necesario plantear una prevención esencial. Las tres formas de democracia, que en su relación de complementariedad con igual jerarquía configuran la Democracia Intercultural en Bolivia, no constituyen campos políticos separados y compartimientos estancos. La propia naturaleza de la DI plantea la necesidad de proyectarla no desde sus partes, sino en su articulación en ejercicio, lo que además ya es un dato de la realidad. Así tenemos por ejemplo que las naciones y pueblos indígena comunitario campesinos seleccionan a sus autoridades y representantes según normas y procedimientos propios (en la mayor parte de casos en asamblea), pero éstos son elegidos –o “validados”– en espacios de representación, como la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante el voto individual. Lo propio ocurre con la aprobación de sus estatutos mediante referendo. Y es evidente también que algunas comunidades, en especial las que tienen predominio de la forma-sindicato, asumen el voto como forma de elegir y decidir7. Esta ecología de las decisiones debiera estar incorporada en una Ley de Organizaciones Políticas. - También es necesario abordar el tema de las escalas a fin de prevenir contra un supuesto que parece formar parte del sentido común, casi a modo de natural “división de funciones”: democracia representativa y sufragio corresponden a la escala nacional; democracia directa y comunitaria corresponden a la escala local-comunitaria. Ya hemos visto que la representación y el voto también son parte de las normas y procedimientos propios de las naciones indígena originario campesinos. Y creo que debiéramos empezar a asumir que prácticas democráticas como el consenso, la rotación, el ejercicio de autoridad por obligación, la representación cualitativa, la deliberación, los ámbitos de decisión colectiva, entre otras, pueden tener formas de realización más allá de la comunidad, a lo cual apunta precisamente la Democracia Intercultural. Una ecología de las transescalas, entonces, también debiera estar incluida en el espíritu y la letra de la Ley de Organizaciones Políticas. - Ahora bien, llegados a este punto es importante decir algo sobre la relación entre Democracia Intercultural y pluralismo político. ¿La DI presupone el pluralismo político o, más bien, lo niega? En otros términos: ¿puede haber realización ple-

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na del pluralismo político en una Democracia Intercultural? Por todo lo hasta aquí expuesto, sospecho que la DI antes que dar cuenta de la existencia o no del pluralismo político, lo que hace es transformar en esencia esta noción. Lo hace al pensar el pluralismo en la política, en la democracia, no sólo como expresión de alternativas reales y diferentes para elegir y decidir, sino como desafío de transformación de las dualidades en ecologías, como veremos en el siguiente apartado. - Hay un conjunto de cuestiones específicas de diseño institucional que habrán de ser abordadas en las diferentes etapas de discusión, propuesta y elaboración de la Ley de Organizaciones Políticas. A reserva del debate, también específico, sobre tales temas, me gustaría concluir este apartado señalando que la noción de Democracia Intercultural plantea el desafío de comprender la representación más allá de su dimensión, siempre privilegiada de delegación, para incluir

...la noción de Democracia Intercultural plantea el desafío de comprender la representación más allá de su dimensión, siempre privilegiada de delegación, para incluir también las dimensiones de control social y de representación de identidades múltiples. 144 and a mios

también las dimensiones de control social y de representación de identidades múltiples. Es evidente que ello debiera estar presente en el contenido de la citada Ley. ALGUNOS ELEMENTOS DE SÍNTESIS CON HORIZONTE - Si asumimos que la Democracia Intercultural, como ha quedado dicho, no es un “modelo” predefinido ni un “fin último” al cual llegar, debemos aceptar en consecuencia que estamos ante un campo de disputa, incierto, y un terreno en construcción, experimental. Ello no significa vaciar de contenido a la DI, sino todo lo contrario: implica expresar su horizonte múltiple en términos de demodiversidad en un escenario de plurinacionalidad como el boliviano. - Por definición la Democracia Intercultural no es, ni puede serlo, una democracia monocultural, a la usanza del canon hegemónico liberal-representativo, ni tampoco una democracia pluri-multi” que se regocija, ampara y detiene en el solo reconocimiento de la diferencia sin puentes/puntos de encuentro (el recursivo “núcleo común”). La naturaleza de la DI plantea que sea asumida en términos de complementariedad. - La concepción y diseño institucional de la Democracia Intercultural como articulación de las democracias directa y participativa, representativa y comunitaria implica precisamente eso: complementariedad. Para decirlo según las categorías que utiliza Santos en relación a la justicia: la Democracia Intercultural no es negación, que invisibiliza al otro y lo niega en esencia; tampoco es coexistencia a distancia, que implica reconocimiento recíproco con imposibilidad de contacto; ni será solamente un acto de reconciliación, que reconoce al

subalterno a título de reparación, bajo condición de que no interfiera en el presente ni en el futuro. Nada de eso expresa bien a la Democracia Intercultural, que se manifiesta más bien en el ideal de la convivialidad «entre diferentes formas de democracia, con reconocimiento mutuo y enriquecimiento compartido, respetando la especificidad de cada una de ellas. Esta convivialidad de la DI debiera ser uno de los principios constitutivos de la Ley de Organizaciones Políticas. - Si asumimos, como también ha sido planteado, que la Democracia Intercultural excede a la sola representación y, por tanto, no se agota en las organizaciones políticas; consecuentes con esa premisa la Ley de Organizaciones Políticas debiera asumir el desafío de transitar de las dualidades a las ecologías, a decir de Boaventura de Sousa Santos. Esto es, no quedarse en la lógica de la autorización y proyectar, en cambio, una ecología de las decisiones; superar la lógica de la escala dominante y asumir una ecología de las transescalas; abandonar la lógica del tiempo lineal e identificarse con una ecología de las temporalidades; y, por último, traspasar la lógica de la naturalización de las diferencias, que discrimina y excluye, y asentarse en la ecología de los reconocimientos. Para el efecto será necesario que la Democracia Intercultural, y con ella las organizaciones políticas y su Ley, asuman el desafío de la traducción intercultural entre saberes y entre prácticas y sus agentes8. - La adopción normativa de la Democracia Intercultural como horizonte de construcción/disputa con experimentalismo constituye un significativo avance respecto al solo reconocimiento de las tres formas de democracia en la nueva Constitución Política del Estado. Empero, el camino de implementación de dicho avance, en especial en las prácticas, puede generar cuestionables señales y síntomas de desconstitucionalización. La atención plena sobre este riesgo debiera estar en la mesa de diseño de una Ley de Organizaciones Políticas.

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- Por último, si bien es evidente –como quedó dicho– que pueden existir brechas entre el principio normativo y su realización, ello no significa que se deba evaluar/juzgar a la Democracia Intercultural, como diseño, como ideal, por cuenta de las formas de ejercicio de poder. La DI ciertamente puede contaminarse pero no depende de correlaciones de fuerzas ni de estilos de gobernar. Y es que la Democracia Intercultural no es solamente la expresión-resultado de una “ampliación” de la democracia, sino más bien un cambio sustantivo en su cualidad, como si fuera la democracia misma, no sus adjetivos, la que cambiara. José Luis Exeni Rodríguez Comunicador Social y Politólogo.

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Documento de trabajo preliminar para su presentación en el Taller de trabajo denominado “Fundamentos para la discusión de una nueva Ley de Organizaciones Políticas”. OEP, IDEA Internacional, FES, PNUD y FBDM. La Paz, 19 de octubre de 2012. Las opiniones vertidas por el autor del presente documento no comprometen la posición institucional del Órgano Electoral Plurinacional, ni la de las instituciones que co-auspician el taller.

No deja de ser sintomático o al menos curioso que en las varias y diferentes alocuciones realizadas a propósito de los 30 años de democracia en Bolivia, no se haya hecho referencia específica a la democracia intercultural.

Sobre este aspecto, el renombrado intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos sostiene que “se trata de una de las formulaciones constitucionales más avanzadas del mundo”.

Las otras leyes aprobadas en el plazo previsto fueron la Ley del Órgano Judicial (Ley 025 del 24 de junio de 2010), la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley 027 del 6 de julio de 2010) y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley 031 del 19 de julio de 2010).

Véase Fernando Mayorga: Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado plurinacional. La Paz, CESU/UMSS y Plural editores, 2011.

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Véase Marité Zegada et al: La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano. La Paz, CLACSO y Muela del Diablo editores, 2011.

Véase Boaventura de Sousa Santos: La refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. La Paz, Plural editores, 2010. Es también importante su texto “Enriquecer la democracia construyendo la plurinacionalidad”, en Miriam Lang y Alejandra Santillana (compiladoras): Democracia, participación y socialismo. Quito, Fundación Rosa Luxemburg, 2010.

Puede verse al respecto por ejemplo el proyecto de Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Mojocoya, que en su Forma de Elección (Artículo 24) establece: “La elección de candidatos y candidatas para Jatun Kamachi y asambleístas será por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria”.

Para ampliar la argumentación sobre estas categorías que configuran la llamada “sociología de las ausencias” en la obra de Santos, puede verse en especial su obra Una epistemología del Sur. México D.F., Siglo XXI editores y CLACSO, 2009.

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Entrevista a

Epsy Campbell Barr

Epsy Campbell Barr, Economista, con Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Investigadora y Profesora Universitaria. Experta en Derechos Humanos, Democracia y Participación Política de Mujeres y Afrodescendientes en América Latina. Presidenta del Partido Acción Ciudadana 20052009. Diputada del período 2002-2006. Candidata a la Vicepresidencia de la República en 2006. Aspiró a la candidatura presidencial del PAC en 2009. Conferencista y Consultora Internacional.

Por una democracia intercultural paritaria* 1. Cuáles son los avances de la participación política de la mujer en América Latina

Yo diría que en América Latina hay muchos avances en términos de participación política, las cuotas en los diferentes países de la región han permitido un avance sustantivo de mujeres en el legislativo, y ya hay países que se plantearon el tema de la paridad de manera abierta a nivel de legislación: Ecuador, Bolivia, Costa Rica, sólo para poner algunos ejemplos. Las mujeres ya de manera bastante regular asumen liderazgos dentro de los propios partidos políticos y es normal, para la sociedad, mirar mujeres ministras.

Las mujeres siguen siendo predominantes en las carteras sociales, pero hoy en día, ocupan además todo tipo de carteras, se atreven mucho más, tienen menos miedo para tratar de asumir puestos de representación. Han generado un discurso que les es propio; han aprovechado el espacio que se ha abierto a través de las luchas históricas de las mujeres para colocarse como “sujetas”, mujeres en la política, lo cual es una diferencia sustantiva de lo que pasaba desde hace poco más de una década, cuando se suponía que la lógica era ser buen político –digamos- y casi disimular el sexo de la persona mujer porque en realidad lo que se estaba valorando supuestamente era el tema de las capacidades muy por encima de la condición de mujer. Sin embargo, como sabemos, todo era una trampa histórica donde des-sexualizar a las mujeres es una manera de que no entren muchas mujeres. Y ahora yo creo que es clarísimo para las mujeres que están en la política este tema de colocarse desde ese lugar.

Mujeres presidentas ya parece que son cada vez menos sorpresa y mujeres presidentas que se re-eligen también, eso nos coloca en un imaginario diferente. Me parece también que las mujeres no sólo aportan en el discurso y agenda de las mujeres, sino en los discursos nacionales, en nuevos conceptos de sociedad, de democracia, en las mismas lógicas de la participación, las mujeres colocan su perspectiva que pretende englobar a mujeres y hombres. El tema más importante quizá es que los partidos políticos están llenos de mujeres, muchos de los partidos políticos tienen una composición que se parecen bastante a la so-

ciedad, 50/50, aunque los obstáculos que enfrenten las mujeres son inimaginables; pero hay como una masa crítica permanente de mujeres que nos colocan en una posición que en los últimos quince años avanzó lo que no se había avanzado en cincuenta años en términos de participación política. Me parece que cada vez más hombres hablan de la participación de la mujer y lo ven positivo, esto también habla de que es una carta de presentación ganadora ante el electorado y ante la ciudadanía. Ser machista en la política no es bien visto, ya hay cosas en la política que comienzan a implantarse más, antes era mucho más fácil descalificar mujeres porque son mujeres y ahora aunque lo hagan ya como que es una sanción social muy fuerte, entonces, ahí creo que se ha dado un cambio cultural.

Lo veo positivo pero creo que tenemos que acelerar el paso igual porque los Estados y todos los órganos del poder deben ser una fiel representación de la sociedad a la que se tienen que representar.

2. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos que deben enfrentar las democracias en América Latina?

Efectivamente, las democracias en América Latina siguen siendo faltonas en términos del multiculturalismo. Las fotografías del poder en América Latina no se parecen a las fotografías de la sociedad, estas son sociedades pluriculturales, multiétnicas, no son pocos los sectores de la población que son latino mestizos, están los pueblos y comunidades afrodescendientes, naciones y pueblos indígenas, y en la fotografía del poder pareciera que entran mujeres pero las mujeres que entran se parecen bastante a los hombres que entran ahí, como que de alguna manera siguen representando al grupo étnico racial dominante, y el racismo y la discriminación siguen marcándose de manera categórica, no es un tema menor.

Como esto es así, yo creo que una de las revoluciones más importantes es ponerle apellidos a la democracia, porque por ejemplo cuando los países manifiestan en su historia que se constituyó el voto universal y no votaban las mujeres uno se pregunta ¿qué tan universal era?

Entrevista realizada en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres: Hacia una nueva Ley de Organizaciones Políticas, organiada por el Tribunal Supremo Electoral con el apoyo de IDEA Interacional, la fBDM y el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD.

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El primer paso en este tema han sido democracias que se sienten y se autodefinen como democracias por procesos electorales relativamente limpios. Sin embargo, la representación, que es uno de los ejes centrales de la democracia, es una representación que no es acorde con la sociedad, de manera que ponerle apellidos a la democracia -yo cuando hablo de democracia siempre hablo de democracia sustantiva, democracia intercultural paritaria- es como reclamarle a la democracia que no puede ser tal si se han excluido a sectores importantes de la población.

Entonces lo que yo digo es que el gran desafío que tenemos ahora es que la paridad y la interculturalidad sean claramente representadas en todos los órganos del poder, hablamos de ejecutivos, legislativos y judiciales, porque muchas veces en la región ha costado muchísimo más permear el poder judicial, éste se mantiene bastante rígido, y cuando se sostiene bastante rígido, quiere decir que la sociedad no ha cambiado demasiado porque al final los conflictos se terminan resolviendo en el poder judicial, entonces creo que la fotografía del poder debe de cambiarse en términos de estas democracias sustantivas que tienen que demostrar interculturalidad y paridad en estas fotos del poder, y los poderes además deben de ser relativos a la representación.

Me parece que hay que seguir con acciones afirmativas en favor de las mujeres, las acciones afirmativas son una manera de seguir rompiendo los techos que tienen las mujeres y los grupos y pueblos que históricamente han sido discriminados. Yo creo que en América Latina hay que apostarle más a las acciones afirmativas, a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Aquí (en Bolivia) tienen acción afirmativa para los pueblos indígenas y ese es un paso importante, pero las acciones afirmativas tienen que parecerse más a lo que dicen los censos. Si los censos hablan de que la población afrodescendiente del Brasil tiene poco más del 50 por ciento, la cuota debería parecerse a eso.

Finalmente, yo creo que hay que re-conceptualizar la democracia como una organización de una sociedad para garantizarle a la gente los derechos que ya están establecidos en las constituciones, si es que no tenemos mucho más que hacer, o sea, si nos miramos en las constituciones ahí estamos y si se cumplieran ya estaríamos hablando de otra cosa, pero para unas que eran parte de la población, mujeres y hombres, principalmente afrodescendientes, indígenas y sectores que históricamente han sido excluidos, las Constituciones son como una promesa, una promesa de muy largo aliento, la ciudadanía es una promesa, los derechos son un sueño, y los Estados tienen que volver al punto de origen, garantizar el bien común, garantizarle los derechos a la gente, la ideología ya está marcada por la propia Constitución, y aquí no se trata de decir si es neoliberal o no, se trata de que si dijiste en la Constitución que la educación es un derecho que le garantizas a todas las personas que nacen en ese país, si lo haces con una perspectiva neoliberal, una perspectiva progresista o una perspectiva socialista, yo le pondría poca importancia. Entonces me parece que ahí hay un pacto al que tenemos que aspirar, porque si bien hemos hecho bastante entre lo público y privado, aún las más empoderadas, tenemos que llegar a administrar las cosas más básicas de la sobrevivencia, las más básicas, estemos solas o acompañadas.

3. En el proceso boliviano, visualizamos problemas como el tema de capacidades, cuando se abre el espacio de representación a estructuras sindicales e indígenas, que tienen en su interior lógicas machistas lo que hace más difícil que las mujeres indígenas lleguen a espacios de poder.

Yo creo que eso se puede mirar desde diferentes perspectivas, es como cuando una analiza exactamente lo que le decían con relación a los propios hombres: las mujeres no asumen ciertos puestos de poder porque no tenían ni capacidades, ni experiencia suficiente, pero yo vuelvo al punto de partida, ¿los que tenían capacidades hicieron bien? ¿qué fue lo que hicieron? O sea, fue éste el producto que nos entregaron. Los que parece que tenían doctorados, que tenían preparación académica y una gran visión, lo que hicieron no fue para la mayoría sino para sí mismos. Entonces yo me cuestiono de alguna manera qué tantas capacidades limitadas tienen las que hoy están enfrentando esos nuevos desafíos. Yo creo que sí en realidad las personas tienen que irse preparando, es como la vida, a veces nos toca enfrentar un desafío y mientras enfrentamos el desafío aprendemos a caminar a correr y cuando terminamos ya tenemos muchas más herramientas y podemos llevar el conocimiento a las otras y las otras, no hay que tener miedo, si alguien se equivoca porque no tenía todas las herramientas es menos grave que cuando alguien se equivocó teniendo todas las herramientas y sabiendo lo que tenía que hacer. La verdad es que es una apuesta nueva, hay que asumir riesgos y los riesgos de la representación valen la pena en la democracia.

sds, Fernando Montes.

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patriarcal del poder mesiánico para ir generando liderazgos pero que estén llenos de colectivos y que entiendan que la transmisión y el traspaso del poder también es necesario para garantizar la continuidad de las transformaciones que se están poniendo en marcha, de manera que yo creo que vale la pena este experimento que tienen, vale la pena que le pongan carne, corazón, que sean capaces de no desanimarse en el camino y que lo personalicen lo menos que se pueda. 5. Cuál es su opinión sobre la agenda feminista. ¿Hay una sola agenda partidaria de las mujeres sobre la participación política, ¿quién la dice?, ¿ésta se halla regida por un feminismo hegemónico?

sds, Fernando Montes.

4. La formación no está demás, pero ahí tal vez no sabemos en qué formar, porque el esquema en el que vivimos ahora en el contexto boliviano es diferente.

Exacto, todo se está reinventando y haciendo a partir de la experiencia anterior, tampoco es que se comienza de cero, yo pienso que hay que aprender del pasado, la formación, la educación, la formación de equipos, la toma de decisiones, las asesorías hay que utilizarlas hoy de una manera muchísimo más creativa.

Yo creo que de todos modos estas democracias están encuadradas en una lógica excluyente de por sí y que el desafío que tiene Bolivia es intentar sacar un producto nuevo a su propia medida, porque en esto tiene que ser a la medida de una, yo creo que hay que apostar en este sentido. En democracia, me parece que efectivamente los diálogos que se dan son diálogos mucho más complejos, antes no eran interlocutores los pueblos indígenas, eran demandantes permanentes, o sea un Estado que no los consideraba como sujetos, entonces hay que afinar las capacidades de diálogo, validar al interlocutor del otro, los conocimientos del otro, nadie tiene las verdades absolutas. Nosotros venimos de sociedades estructuradas colonialmente de una manera absolutamente vertical, totalmente desigual, donde muy poquitos tenían el poder sobre todos los demás, donde habían personas que ni siquiera eran consideradas personas, entonces revolucionar eso en el siglo XXI, que les está tocando (a Bolivia), es un esfuerzo que no sólo vale la pena para ustedes sino para América Latina, vale la pena que se matriculen en una democracia intercultural.

Uno de los desafíos también es romper la lógica del mesianismo que es una lógica bastante colonial, en el que la persona que tiene todas las condiciones y es la única persona que es capaz de gobernar lo nacional y lo local, eso hay que romperlo porque evidentemente todas las personas somos pasajeras, hasta las más excepcionales terminan partiendo, de manera que hay que romper esa lógica bastante

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Yo creo que no hay una sola agenda, porque las agendas se construyen a partir de las realidades de cada quien, las realidades que han vivido las mujeres indígenas son realidades que no se parecen a las realidades de las mujeres latinas y mestizas de clase media de América Latina, y las intelectuales feministas de América Latina, al igual que las occidentales, vienen de la academia, o sea cualquier perspectiva política ideológica está marcada por la vida que uno tiene, entonces la agenda feminista hegemónica y tradicional es una agenda que parte de una mirada y una de las demandas particulares de lo que se llamaron mujeres en general pero que eran unas mujeres en particular, eran mujeres con un grupo social, un grupo económico, un grupo etno-racial generalmente vinculado de manera directa o indirecta a los tiempos, a los grupos de poder hegemónicos. Entonces la construcción de una agenda feminista en términos incluso de participación política, de reivindicación económica, de emancipación de prioridades está marcada por eso. ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres indígenas en términos de prioridades? Son derechos sexuales, y lo contesto sin preguntarlo, tampoco es que no puedo hablar nada de lo que no está en mi cultura, tampoco es eso.

6. En Bolivia se ha reconocido la democracia intercultural como la imbricación y la convivencia de la democracia representativa, participativa y comunitaria, sin embargo esa inclusión indígena nos lleva a varios obstáculos y retos que todavía no están terminando de decantarse. Por ejemplo, la paridad puede ser controlada en la lógica occidental, pero ésta se halla poco garantizada en los Pueblos Indígenas que se manejan bajo otra lógica y donde pueden darse comportamientos machistas, ahí vemos una paridad poco garantizada.

Yo creo que en el fondo lo que estamos construyendo son sociedades que nunca van a ser iguales de lo que fueron en el pasado, esta apertura de la democracia intercultural va a transformar incluso los usos y costumbres que hasta ahora fueron válidos en las propias comunidades y naciones indígenas, por el intercambio y la posibilidad de estar representados en los mismos espacios que están definiendo una democracia y un Estado Plurinacional donde se comparten los espacios, no es que hay diferentes espacios para cada quien, es Plurinacional porque es un Estado que reconoce a todos pero que las estructuras de gobierno son estructuras donde participan todas las naciones que conviven, entonces yo creo que estos temas de la paridad, de la participación van a terminar siendo decantados porque las mujeres indígenas van a contar su historia, sus reinvindicaciones y porque tal vez no han puesto al principio como su prioridad una

participación igualitaria con los hombres porque están sucediendo cosas que para ellas son más trascendentales pero que, a la postre, en términos de la distribución del poder desde el planteamiento de la paridad, ya lo definiste cuando se definió el Estado Plurinacional, de manera que los Pueblos Indígenas ya lo aceptaron cuando aceptaron ese nuevo Estado donde la paridad es un elemento central.

Una vez que se resuelvan ciertas necesidades con esta lógica de la interculturalidad, vamos a poder dialogar más fácilmente en términos de cómo es la paridad aquí y allá, y cómo participan las mujeres indígenas en esas perspectivas y cómo son esos usos y costumbres que en todas las sociedades también cambian. O sea, de alguna manera, seguimos viendo a las naciones indígenas como algo estático, algo del pasado, que los usos y costumbres tienen que ver con algo que era como más o menos arqueológico, cuando son exactamente iguales a las nuestras. Las relaciones y sociedades indígenas han cambiado y seguirán cambiando.

7. Generalmente dicen que una mujer en la presidencia o en algún cargo jerárquico tiene que representar los intereses de las mujeres y tener un buen desempeño y cuando no cumplen su rol tal cual se espera y se tiene como expectativa, hay una especie de defraudación, ¿qué pasos faltaría dar desde?

Lo único que lo cambia es la naturalización de las mujeres en esos puestos. Cuando tenemos muchas mujeres diputadas, nadie espera nada particular de las diputadas. O sea, entre más normalizados estén las mujeres en puestos que históricamente no lo fueron, menos esencialismo hay. Yo creo que la propia cultura nos hace en la práctica dejar los esencialismos.

Costa Rica tiene una mujer presidenta desde 2010, es la presidenta más mal calificada en los últimos dos años, pero en esta lógica del esencialismo alguien me preguntó: ¿Y será Costa Rica capaz de votar por una mujer para la Presidencia otra vez? Como yo soy una persona política relativamente activa en mí país, con posibilidad de presentar una candidatura para 2014, respondía y decía que la pregunta ni la entiendo, porque yo he visto tantos hombres malos presidentes, o sea, la gente tendría que estar loca para volver a votar por un hombre porque ejemplos hay de sobra, entonces no logro entender por qué si una mujer lo hace mal, no votarían por ella.

8. Las mujeres muchas veces esperan que cuando llegan a algún cargo importante, respondan a las demandas de las mujeres y a veces su desempeño es igual al de un hombre o peor. ¿Eso es esencialismo?

car a la persona más que calificar la persona en lo que ella representa, esencializar.

Sí es esencialismo, pero yo pienso que las que tenemos más expectativas somos las mujeres de una cierta clase desgraciadamente sociocultural que aunque pensamos que es la sociedad la que esencializa, más es esa expectativa que tenemos de romper ese techo de vidrio para llegar allá y cuando una llega quisiéramos que fuera una “wonderwoman”. Sin embargo, y por eso les cuento esta historia (…) hicieron esta pregunta en una encuesta de opinión, si volvería a votar usted por una mujer para Presidenta de Costa Rica, y la respuesta fue que el 66% dijo que sí, lo que quiere decir de alguna manera que cuando la gente te mira con nombre y apellido, seas un hombre o una mujer, es capaz de califi-

Laura Chinchilla puede ser no querida pero es Laura Chinchilla, tiene nombre, apellido, en esos lugares siempre es difícil mantener niveles importantes de popularidad, ella no los tiene del todo, pero lo que es importante es que la tendencia se dirige a no esencializar. ¿Y por qué se esencializa menos? Yo creo que esta es una mirada del siglo pasado y creo que es la participación generalizada de mujeres en diferentes espacios lo que hace que la gente esencialice menos. El hecho de normalizar a las mujeres en todos los espacios, hace que las mujeres seamos cada vez más calificadas en función de lo que nosotras hacemos y no en función de todo el género que representamos. Por eso es que creo que hay un sector de mujeres, las más educadas y que han luchado por la participación de las mujeres, que contrariamente a lo que una creería, son las que más esencializan. O sea, de alguna manera, están reproduciendo esa lógica de que ella tendría que haber sido mucho mejor que cualquiera.

9. En algún momento decía que no hay que tener límites para querer algo, ¿qué quieres tú, quieres llegar a ser presidenta?

Yo quiero ser presidenta de la República, pero a veces las mujeres somos mucho más calculadoras de lo que la gente cree. A mí me encantaría realmente poder gobernar desde una perspectiva absolutamente diferente, marcada por ideas pero también por sentimientos. Yo creo que esta cosa de deshumanizar a la gente y quitarle sentimiento a la política y pensar que no son los sentimientos buenos y malos los que han movido la humanidad, a mí me parece un error. Cuando una tiene un corazón que es capaz de sentir el dolor del otro en la piel propia, tiene la posibilidad de hacer transformaciones mayores. Pero todavía no he decidido si quiero en esta oportunidad presentar mi nombre para una candidatura, lo decidiré muy pronto.

Es como una aspiración que la puedo hacer yo, una mujer afrodescendiente de una generación de un país como Costa Rica, cuando mi abuela jamás hubiera podido ni siquiera imaginar que una descendiente tan cercana suya pudiese siquiera soñar, lo que me genera un compromiso muchísimo mayor. Sólo el hecho de que yo sea una persona de que pueda estar en la disyuntiva de si quiero o no quiero asumir una candidatura es un salto de generaciones. Eso es un privilegio, es el espacio más estrecho para llegar, porque sólo una persona es la que llega ahí, pero son pocas las personas que tienen el privilegio de poder pensar en llegar. Y algunos reconocimientos y validaciones que no tienen que ver solo conmigo misma, porque yo creo que una de las cosas que hacen los hombres que no vemos las mujeres es que ellos se ven al espejo y desde muy pequeños se ven presidentes, eso me parece extraordinario, ni siquiera piensan en si tienen condiciones inteligencia o nada. Simplemente yo pongo un ejemplo: en mi partido político yo he llegado a reuniones con mujeres de barrio y les pregunto cuántas de ustedes quieren ser presidentas, no levantan la mano: llego al mismo barrio con la gente de la misma condición socioeconómica, la misma preparación, hombres, y les pregunto a cuántos les gustaría ser presidentes, y el 50 por ciento por lo menos levanta la mano. Entonces no es por condiciones, es por un tema de socialización que evidentemente las mujeres tenemos que luchar también.

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Miscelánea de Fortalecimiento Democrático Actividades Alfabetización digital para la participación política. En el mar-

co de la agenda de trabajo establecida por el Proyecto de Fortalecimiento Democrático (PDF) del PNUD, se ha programado el desarrollo de un ciclo de capacitación a miembros de organizaciones políticas, sobre Web 2.0, redes sociales y estrategias políticas. Esta serie de talleres se efectuarán con el propósito de entender el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en la política y brindar a los participantes herramientas, conocimientos y capacidades digitales para mejorar su desempeño en las redes. El proyecto se complementará con un apoyo del PDF a contribuir en el mejoramiento de los sitios web y redes sociales de las distintas organizaciones políticas y transferir a sus equipos de trabajo conocimientos técnicos en torno a la estructura y arquitectura de la información de un sitio web, producción de contenidos digitales, comunicación política, interacción y estrategia en redes sociales.

Jovenkracia desde las organizaciones políticas. Con el apoyo

del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD, jóvenes de cuatro organizaciones políticas (MAS, MSM, UN, VERDES) llevarán a cabo el concurso Jovenkracia, el mismo que tiene el objetivo de impulsar y apoyar una serie de iniciativas juveniles enmarcadas en la promoción de valores democráticos y que se orientan al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Cada partido lanzará la convocatoria y premiará diez iniciativas, creativas. Las propuestas ganadoras se enmarcarán en las temáticas de: liderazgo y participación ciudadana, democracia, gestión pública responsable, inclusión e igualdad, interculturalidad, arte- cultura y medio ambiente. Las propuestas premiadas serán financiadas para su ejecución y/o desarrollo.

Ciclo conversatorios Género y política. En los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se llevará a cabo una ronda de conversatorios de análisis sobre la reciente ley sancionada contra la violencia: “Avances y desafíos de la nueva Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” de esta manera mujeres, feministas y lideresas de organizaciones políticas y de la sociedad civil debatirán sobre los avances que se dan con esta ley para atacar la violencia, los retos en la implementación y aplicación de la reciente ley promulgada, así como de los trasfondos sociales que tiene la violencia hacia las mujeres.

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Publicaciones La protesta social en América Latina. Cuaderno de Prospectiva Política 1. Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) - PNUD. Buenos Aires, 2012. Partiendo de

un análisis cualitativo y cuantitativo de los conflictos por la reproducción social, conflictos institucionales y conflictos culturales registrados en los medios de comunicación de 17 países de América Latina, entre 2009 y 2010, el documento identifica que la protesta es parte integral de la ecuación democrática latinoamericana, comparten ciertos rasgos comunes y encierran un potencial de transformación donde se pone a prueba la capacidad de los sistemas políticos para responder a las necesidades y demandas sociales que no radican en la presencia de conflictos en una sociedad, sino en la ausencia de capacidades para gestionarlos progresivamente desde el Estado. En este contexto, el horizonte deseable, desde una perspectiva analítica, sería aquel donde existen, a la vez, conflictos sociales y capacidades institucionales y políticas para procesarlos. El estudio apunta así a afianzar la profunda convicción de que si los conflictos se gestionan a través del diálogo y la negociación, atendiendo tanto a las causas estructurales como a las coyunturales que lo determinan, pueden ser aprovechados como una oportunidad para realizar las transformaciones que las sociedades latinoamericanas requieren para ser más equitativas y justas. El documento es el primer texto

Cuaderno de análisis de políticas públicas No.2: Política pública. Autonomías fiscales. PNUD. La Paz, 2013. El libro reúne dos trabajos que el Observatorio de Análisis de Políticas Públicas

del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD ha encargado a dos expertos para el profundizar el tema fiscal financiero en el proceso autonómico que viene atravesando Bolivia. Por un lado, el estudio de especialista en descentralización Vladimir Ameller presenta una visión panorámica de la política pública y se concentra en analizar el diseño del sistema fiscal financiero del régimen autonómico departamental del país, en particular del análisis de los ingresos y deuda pública, dejando pendiente la revisión del gasto para otro momento. Así los puntos más relevantes del documento hacen referencia a las relaciones fiscales intergubernamentales que se producen entre el nivel central y los Gobiernos Autónomos Departamentales; la asignación y generación de ingresos a los Gobiernos Autónomos Departamentales; el acceso al endeudamiento para las finanzas departamentales y los escenarios prospectivos para generar un pacto fiscal. Por su parte, el análisis elaborado por el economista Carlos Rocabado presenta un estudio de caso relativo al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. En este contexto, abarca la descripción y el análisis de los aspectos de ingresos y gasto para esbozar algunas reflexiones finales destinadas a la consecución y/o desarrollo del proceso de implementación de la Autonomía departamental paceña. De esta manera, el documento pone a consideración de los decisores públicos, políticos, investigadores e interesados en la temática, insumos para proseguir en el debate y la reflexión política en torno a la puesta en marcha del proceso autonómico y, con ella, sobre el devenir de la edificación del Estado Unitario Plurinacional Comunitario en el país.

Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos. Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres, PNUD, NDI. 2011. Partiendo de la premisa de que los partidos políticos están determinados por las normas externas e

internas, los procesos y la cultura, los consejos y prácticas que proporciona esta guía apuntan a garantizar la participación de las mujeres en las estructuras internas de los partidos políticos, es decir, que las mujeres puedan ocupar puestos de liderazgo en estos cuadros, condición fundamental para hacer avanzar la igualdad de género en el interior de las organizaciones políticas. Con este fin, la autora, Julie Ballington, describe cuatro momentos para trabajar la participación política de la mujer: 1) la organización interna de los partidos, 2) el periodo pre-electoral, 3) el periodo electoral propiamente, y 4) el pos electoral. El libro toca un tema clave que hace a la democracia interna de los partidos, la misma que está determinada por prácticas como procesos de información y consulta internos, reglas y estructura interna para la organización y toma de decisiones dentro del partido y transparencia en el funcionamiento del partido a todos sus niveles. Es así que la guía afirma que las estrategias utilizadas por los partidos para aumentar la participación de las mujeres van desde reformas legales, como la adopción de cuotas de candidatos y candidatas por Ley, hasta reformas internas voluntarias, como la formalización de una sección femenina como parte de la estructura del partido o garantizar la presencia de mujeres en las estructuras de toma de decisiones. Las estrategias más significativas combinan reformas de las instituciones políticas con la provisión de apoyo a mujeres activistas, candidatas y cargos electos del partido.

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Miscelánea de Fortalecimiento Democrático Bibliofilia política Publicaciones Cultura política de la democracia en Bolivia, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades. Ciudadanía - LAPOP. Cochabamba, 2012. El estudio se constituye en la octava entrega bianual sobre la percepción de la democracia, que el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt y Ciudadanía: Comunidad de Estudios Sociales y Acción Política, efectúan en Bolivia desde 1998. En este sentido, es un documento de consulta imprescindible a la hora de examinar el comportamiento y las tendencias de los elementos estructurales del sistema democrático boliviano, el Estado, los ciudadanos y sus gobiernos. Esta edición, publicada en octubre de 2012, brinda especial atención a las desigualdades, la exclusión y discriminación. A la luz de los resultados obtenidos, producto de 3029 entrevistas en 86 municipios de Bolivia, se concluye que si bien la discriminación y exclusión social han disminuido en comparación con años anteriores, éstas aún no han desaparecido y afectan más a personas de áreas rurales, mujeres, indígenas y personas con color de piel más oscura. El documento también asegura que las políticas sociales y redistributivas cuentan con un amplio apoyo de la población, al tiempo que destaca la participación como uno de los rasgos distintivos de la cultura política de los bolivianos. Sin embargo, alerta sobre la reducción de legitimidad democrática en los últimos años, la corrupción y la delincuencia, así como el descenso en el nivel de confianza en las instituciones del sistema de justicia.

Conflictividad y visiones de desarrollo. Recursos naturales, territorio y medio ambiente (2011-2012). Fundación Unir Bolivia, La Paz, 2012. La investigación analiza los conflictos

por el control y aprovechamiento de los recursos naturales, territoriales y ambientales en Bolivia del periodo julio de 2011 a junio de 2012, a la luz de las políticas y debates sobre el desarrollo. En este contexto, el estudio evidencia que en Bolivia existe una continuidad del patrón extractivista que no permite la generación de una economía diversificada y sostenible, la existencia de una fragmentación y polarización social que a menudo desbordan en violencia, así como distintas visiones de desarrollo. Los hallazgos también dan cuenta que los conflictos lograron visibilizar grandes problemas ambientales, la existencia y demanda de otras formas de organización económica y social y una debilidad institucional para prevenir y gestionar de manera constructiva los problemáticas ambientales, las pugnas por recursos naturales y las diferentes visiones y prácticas de desarrollo en Bolivia, por lo que sugiere analizar, con mayor profundidad, la posibilidad de generar otros modelos de desarrollo, es decir, replantear lo que se entiende por desarrollo.

Partidos políticos y democracia: El MSM y el MIR bajo la lupa. FES ILDIS – CIDES UMSA. La Paz, 2012. Las autoras Érika Brockmann y Fabiola Aparicio analizan en este libro los orígenes, procesos de construcción institucional y el papel de los líderes más visibles del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento Sin Miedo por Justicia y Dignidad (MSM), sin perder de vista las condiciones del entorno que rodearon su desarrollo y su funcionamiento en distintos momentos clave de su vida como organizaciones políticas.

Brockmann, a través de su estudio “El difícil camino de la construcción y del desarrollo institucional de un partido político: El caso del MIR y del MSM”, confirma una lógica jefaturista pero compleja entre líder y partido y una acción de coyuntura que se tradujo en un obstáculo para el desarrollo orgánico del partido. Con respecto al MSM, la investigadora plantea, desde la perspectiva de la dinámica institucional, que el liderazgo de Juan del Granado es poco más atenuado y que el partido tiene como desafíos el asegurar respaldo ciudadano como fuerza representativa, adoptar una institucionalidad que le permita afrontar las tensiones e incertidumbres de la época y expresar un proyecto agregador de visiones. Por su parte, Fabiola Aparicio, en su estudio “La gestión municipal y la confianza en las instituciones como factor determinante para la legitimidad en un partido político. El caso del MSM en el municipio de La Paz”, plantea la existencia de una polarización política en la población del municipio de La Paz; también nos muestra que la gestión gubernamental de un partido en función de gobierno es una fuente de legitimidad del voto importante y que ello afecta la orientación del voto.

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¿Qué es?

¿Qué busca?

• Es una red de espacios de análisis de políticas públicas que el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD impulsa para reflexionar y debatir en torno a los procesos de decisión pública. • Es un sistema de observación permanente e incremental de análisis de políticas públicas que acumula datos y evidencias empíricas, y provee de información especializada a gestores públicos, actores políticos, sociales, analistas e investigadores.

• Producir esquemas alternativos y/o suplementarios de análisis político en los distintos ámbitos y niveles de intervención gubernamental (social, económico, autonómico, etc.), que cualifiquen la toma de decisiones y las miradas sobre la gestión de las políticas públicas en Bolivia. • Dotar de información y evidencia empírica, a través de estudios de caso, a los decisores públicos, actores políticos y sociales para producir alternativas y/o correcciones en el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas.

¿Cuál es la metodología? Asume la perspectiva de análisis de las políticas públicas, el conocimiento de las decisiones e intervenciones públicas tal como de hecho ocurre, en particular. • Estudia la construcción y determinación de la agenda pública. • Caracteriza las alternativas de decisiones públicas. • Analiza la puesta en marcha de las políticas públicas, el juego de intereses, el despliegue de estrategias y configuración de arenas de conflicto.

Información: www.gobernabilidad.org.bo

¿Cómo funciona? El Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD en coordinación con actores institucionales y políticos. • Encarga la elaboración de estudios. • Difunde y socializa hallazgos y resultados. • Promueve la organización y el desarrollo de espacios especializados de análisis y deliberación (mesas, foros, conversatorios, encuentros, etc.).

Suscripciones: www.gobernabilidad.org.bo