Boletín Andamios No. 6

Publicación del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

Boletín de análisis y prospectiva política

and a mios

Arenas políticas

Número 6, Julio - Octubre 2012

contextos políticas públicas debate y diálogos

Presentación Edificar una nueva estructura estatal y del sistema de gobierno para canalizar, representar y articular los intereses y visiones de la sociedad son los principales desafíos políticos e institucionales que Bolivia enfrenta desde la aprobación del nuevo texto constitucional.

Plurinacionalidad, igualdad, inclusión, equidad, justicia y democracia intercultural se vislumbran como las principales expectativas que confieren sentido a las prácticas políticas, sociales e institucionales.

Al parecer, la reciente explosión de conflictos de distinto orden e intensidad replantea la relación Estado, gobierno y sociedad civil. Una nueva faceta de la relación no necesariamente prevista por el gobierno ni por los actores de la sociedad se configura como el devenir del campo político. En el horizonte aparece la necesidad de (re)inventar e introducir dispositivos institucionales novedosos de gestión y representación social y política. En vilo se hallan las viejas lógicas perniciosas de la cultura política relativas al estilo de gobierno y de la participación social en la formulación e implementación de políticas públicas.

En ese sentido, el presente número de Andamios entrega un conjunto de miradas sobre la conflictividad del segundo gobierno de Evo Morales en el marco de la construcción del Estado Plurinacional y la democracia intercultural, destacando el grado de intensidad, diferenciación y las consecuencias políticas e institucionales de la gestión y resolución de los mismos. Asimismo, incorpora reflexiones en torno a la relación, muchas veces tensa, entre derechos individuales y derechos colectivos para garantizar la equidad de género. Incluye, además, miradas acerca de la implementación de las autonomías departamentales y la regulación jurídica de organizaciones políticas, recurriendo, para ello, a la experiencia internacional y al balance del debate actual sobre las temáticas en Bolivia.

De esta forma, el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD, de manera conjunta con el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral (SIFDE-TSE) y la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM), buscamos promover la ampliación y cualificación del de-

La perversa luz del invierno, Edgar Arandia, óleo s/tela, 1998.

bate político y de la deliberación pública en el marco de la cimentación de la democracia intercultural.

Proyecto de Fortalecimiento Democrático

Contenido ¿Qué es?

¿Qué busca?

• Es una red de espacios de análisis de políticas públicas que el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD impulsa para reflexionar y debatir en torno a los procesos de decisión pública.

• Es un sistema de observación permanente e incremental de análisis de políticas públicas que acumula datos y evidencias empíricas, y provee de información especializada a gestores públicos, actores políticos, sociales, analistas e investigadores.

• Producir esquemas alternativos y/o suplementarios de análisis político en los distintos ámbitos y niveles de intervención gubernamental (social, económico, autonómico, etc.), que cualifiquen la toma de decisiones y las miradas sobre la gestión de las políticas públicas en Bolivia.

• Dotar de información y evidencia empírica, a través de estudios de caso, a los decisores públicos, actores políticos y sociales para producir alternativas y/o correcciones en el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas.

¿Cuál es la metodología?

Asume la perspectiva de análisis de las políticas públicas, el conocimiento de las decisiones e intervenciones públicas tal como de hecho ocurre, en particular.

• Estudia la construcción y determinación de la agenda pública.

• Caracteriza las alternativas de decisiones públicas.

• Analiza la puesta en marcha de las políticas públicas, el juego de intereses, el despliegue de estrategias y configuración de arenas de conflicto.

Información: www.gobernabilidad.org.bo

¿Cómo funciona?

El Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD en coordinación con actores institucionales y políticos.

• Encarga la elaboración de estudios.

• Difunde y socializa hallazgos y resultados.

• Promueve la organización y el desarrollo de espacios especializados de análisis y deliberación (mesas, foros, conversatorios, encuentros, etc.).

Contextos: Estilo de gobierno en la gestión de Evo Morales Fernando Mayorga [pag. 4] Conflictividad social y política en el segundo gobierno de Evo Morales Alejandro Almaraz [pag. 13] Conflictos y desafíos políticos e institucionales del segundo gobierno de Evo Morale Jorge Komadina [pag. 22] Conflictividad sinuosa de la democracia de alta tensión a la democracia callejera César Rojas [pag. 29] La reconfiguración del campo político boliviano Helena Argirakis [pag. 35] Movilidad social y conflictos en Bolivia Eduardo Leaño [pag. 51] Análisis de políticas públicas: Nuevas instituciones, viejos desempeños María Teresa Zegada [pag. 60] Pluriversos: Derechos colectivos y de género Sarela Paz [pag. 72] Entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres Rosalva Hernández [pag. 79] ¿Importan los feminismos? Pilar Uriona [pag. 91] Conversaciones: Entrevista a Daniel Zovatto [pag. 100] Entrevista a Jorge Lazarte [pag. 102] Miscelánea de Fortalecimiento Democrático [pags. 106 - 109] Bibliofilia política [pag. 110]

and a mios Publicación del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

Boletín de análisis y prospectiva política

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Número 6, Julio - Octubre 2012

contextos políticas públicas debate y diálogos

Boletín de análisis y prospectiva política del Proyecto de Fortalecimiento Democrático de Organizaciones Políticas de Bolivia del PNUDBolivia, con el apoyo financiero de la Embajada de Suecia.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO Carlos A. Camargo Ch. Coordinador

Portada Obra: Chutazo, Edgar Arandia, técnica mixta, 2007.

EQUIPO EDITORIAL Carlos Camargo, Gabriela Canedo, Alberto García O., Fernando García Y., Christian Jette, Armando Ortuño, Juan Carlos Pinto, Eliana Quiroz, Gustavo Pedraza, Yerko Rodriguez, Guido Riveros F. (†).

RESPONSABLES DEL BOLETÍN Fernando L. García Yapur, Alberto García Orellana.

IMPRESIÓN Virgo impresiones gráficas

EQUIPO ADMINISTRATIVO Erika Oropeza, Carolina Ovale, Patricia Vicente.

DEPÓSITO LEGAL 4-2-1577-11

COLABORADORES Cristina Loma, Noelia Gómez, Verónica Rocha, Miguel Foronda, Wilfredo Jordán, Elizabeth Huanca, Raúl Maydana.

Las opiniones expresadas en el Boletín de análisis y prospectiva política, Andamios, son de exclusiva responsabilidad de los autores e invitados y no responden necesariamente a la línea de pensamiento del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

DISEÑO Y EDICIÓN Mauro Gámez Alcázar (mausplace@yahoo.com) DIAGRAMACIÓN Nubia Alvarez Poppe ARTISTAS INVITADOS: Edgar Arandia Gabriela Benitez Angie Salgar

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con-textos

Estilo de gobierno

en la gestión de

Evo Morales

Serie Huayna Potosí, Angie Salgar, fotografía.

¿Decisionismo presidencial o insuficiencias del modelo decisional? * Fernando Mayorga Ugarte

E

n este artículo esbozamos un análisis del estilo de gobierno del MAS en la segunda gestión de Evo Morales tomando en cuenta el marco político e institucional emergente de los resultados electorales de los comicios generales de diciembre de 2009 y de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado. El rasgo principal es la combinación de una inédita concentración de poder político en el partido de gobierno y la proliferación de conflictos sociales en la aplicación de políticas públicas. Esta combinación denota problemas de equili-

brio entre eficacia y legitimidad en el proceso político decisional comandado por el órgano ejecutivo.

Como se sabe, el proceso político decisional debe equilibrar entre eficacia y legitimidad para producir resultados satisfactorios en la aplicación de las medidas gubernamentales y, también, para resolver los conflictos sin costos negativos para el gobierno y los actores sociales involucrados. Es obvio que una menor cantidad de individuos involucrados en un proceso político permite una mayor eficacia decisional porque disminuyen

los costos —entre ellos, el tiempo que es un recurso fundamental— para arribar a un acuerdo o tomar una medida. No obstante, su legitimidad puede ser cuestionada porque no involucra al conjunto de los afectados por la medida y, hasta cierto punto, depende de la calidad representativa del personal político. Ahora bien, si se incrementa el número de participantes en la toma de decisiones y estos arriban a una definición consensuada, los resultados del proceso decisional serán más legítimos, aunque tendrá un ritmo más lento.

Por ello, la unanimidad es el mecanismo plenamente legítimo, empero, su conse-

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La transformación sustantiva en la democracia boliviana es el tránsito de un presidencialismo de coalición (vigente entre 1985 y 2003, y rasgo principal de la “democracia pactada”) a un presidencialismo de partido dominante o hegemónico...

cución es difícil porque exige mucho tiempo de deliberación, por lo tanto, lo que se gana en legitimidad se pierde en eficacia.

En sentido contrario, una decisión estrictamente individual —es el caso de un autócrata— es muy eficaz porque el tiempo conferido a la toma de decisión se reduce al mínimo, no obstante, carece de legitimidad porque prescinde de la consulta y deliberación. La democracia representativa es un modelo político que busca un punto de equilibrio entre eficacia y legitimidad porque, mediante la competencia electoral, se delega poder a una determinada cantidad de representantes para que definan el curso de las decisiones gubernamentales y legislativas. Precisamente, la elección de gobernantes, la selección de representantes y el establecimiento de una mayoría parlamentaria —simple, absoluta o calificada— son mecanismos democráticos destinados a establecer puntos de equilibrio en el proceso político decisional. Se puede decir que la consecución de ese equilibrio es el arte de la política en democracia, en particular cuando la democracia se circunscribe a la arena institucional.

Con estos recaudos teóricos intentamos esbozar los contornos de un (probable) estilo de toma de decisiones y un (posible) modelo de gestión en la conducta del gobierno, con cierto énfasis en el desempeño de la figura presidencial y considerando el contexto de transición hacia una nueva institucionalidad. No perdemos de vista el hecho de que el nuevo modelo político conlleva la conjugación de tres tipos de democracia —representativa, participativa y comunitaria—, cuya aplicación incremental provocará una cada vez mayor complejidad en el proceso político decisional. Por otra parte, evaluamos las consecuencias del comportamiento gubernamental en la estrategia política del MAS prestando atención a algunos conflictos sociales que pusieron en evidencia problemas de eficacia en la aplicación de políticas y cuestionamientos a la legitimidad de las medidas gubernamentales; en parte debido a la existencia de mecanismos extra-institucionales de control y/o restricción a la capacidad decisoria de la mayoría política oficialista, así como por las dificultades que enfrenta el gobierno para conciliar diversidad de intereses y demandas sociales.

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Decisiones, controles y restricciones La segunda gestión gubernamental se caracteriza por el incremento de los conflictos sociales1 y por las crecientes dificultades del gobierno para hacer prevalecer sus decisiones en la aplicación de políticas públicas. Existen diversas interpretaciones sobre este hecho. Unas apuntan a la incapacidad de los miembros del órgano ejecutivo para prevenir y gestionar los conflictos; otras consideran que es el despliegue de una astucia maquiavélica que promueve situaciones de polarización que, supuestamente, favorecen la estrategia gubernamental para impulsar el denominado “proceso de cambio”. Al margen de la pertinencia de esos asertos, nos interesa indagar acerca de las condiciones políticas e institucionales para explicar la configuración de un estilo de ejercicio del gobierno que tiene como una de sus principales características la centralidad de la figura presidencial.

Para realizar este balance no asumimos la noción convencional de “decisionismo” que, siguiendo a Carl Schmidt, consiste en un estilo que contradice a la democracia como intercambio político basado en el pluralismo y en la vigencia de reglas formales. El decisionismo es un modo de actuación personalista que prescinde de —y atenta contra— la institucionalidad.

En general, está asociado a un estilo político que responde a situaciones de crisis en las cuales el líder encarna al Estado y sus decisiones personales se sobreponen a la deliberación o al debate público.

En esa veta, el decisionismo implica el predominio de la voluntad de un caudillo y la inexistencia de un orden político basado en la vigencia de normas y leyes2.

En esa medida, si bien es posible definir como “decisionismo presidencial” a la centralidad de la figura de Evo Morales en la toma de decisiones del gobierno, es preciso señalar que este rasgo político no es una novedad, puesto que el régimen presidencialista no sufrió modificaciones sustantivas en el nuevo texto constitucional y se mantuvieron los rasgos convencionales del pasado, excepto en la legitimidad de origen del gobernante en la medida que, ahora, la elección presidencial es directa, mediante voto ciudadano, en primera o segunda vuel-

ta, y sin la posibilidad de mediación congresal3. La transformación sustantiva en la democracia boliviana es el tránsito de un presidencialismo de coalición (vigente entre 1985 y 2003, y rasgo principal de la “democracia pactada”) a un presidencialismo de partido dominante o hegemónico (vigente desde enero de 2006 y exacerbado desde 20094) como resultado de la distribución de las preferencias electorales que otorgaron al MAS el control mayoritario del parlamento. Es decir, el incremento del poder presidencial es fruto de la distribución de la votación y no es un efecto del diseño constitucional, puesto que los cambios en el ámbito legislativo y en las reglas electorales fueron mínimos y escasamente relevantes; por ejemplo, se mantuvo el modelo bicameral y se revalidó el sistema electoral mixto5.

En tal sentido, es preciso prestar atención a otros elementos de análisis para juzgar el estilo de gobierno del MAS. La concentración de poder tiene consecuencias obvias para la capacidad decisoria de un gobierno; en esa medida, es importante analizar cuáles son los elementos de regulación, control y restricción que impiden al partido de gobierno hacer un uso discrecional de su mayoría política. Entre los mecanismos convencionales de la democracia representativa se destacan aquellos dispositivos de la arena político-institucional conocidos como frenos y contrapesos y que se definen como control multipartidario y control contramayoritario.6 Ahora bien, entre los elementos peculiares de la actual democracia boliviana resalta la compleja relación entre el partido de gobierno y las organizaciones sociales.

Este lazo adoptó diversos mecanismos de coordinación como el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente; la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) durante la primera gestión gubernamental y, en este segundo período, la realización de “cumbres sociales”, ya sea para definir la agenda gubernamental como para establecer programas sectoriales. Esta diversidad de mecanismos muestra la existencia de distintas maneras de responder a las dificultades de coordinación gubernamental para ejecutar políticas públicas con legitimidad y eficacia. Las dificultades de coordinación gubernamental tienen que ver con las características de la coalición oficialista comandada por el MAS que presenta rasgos de inestabilidad y flexibilidad, puesto que las organizaciones sociales ingresan o salen de la coalición en la medida que sus demandas son canalizadas o sus in-

Chutazo, Edgar Arandia, técnica mixta, 2007.

tereses están representados, excepto en el caso de los sindicatos campesinos que constituyen su base permanente de apoyo. El momento de mayor convocatoria de esta coalición fue la creación de CONALCAM para contrarrestar el accionar del Consejo Nacional Democrático (CONALDE), conformado por prefectos opositores y comités cívicos entre 2007 y 2009.

En cambio, desde fines de 2010 se produjo un achicamiento de CONALCAM y, en la actualidad, esa instancia supra organizacional se circunscribe a su base organizativa campesina y el gobierno ha optado por la convocatoria a “cumbres sociales” como instancias de coordinación de carácter contingente para tomar decisiones legítimas o con respaldo popular. El carácter flexible e inestable de esta coalición tiene que ver con las fases del proceso político, puesto que las convergencias programáticas durante la Asamblea Constituyente dieron paso a la divergencia de intereses entre actores sociales a partir de la implementación del nuevo texto constitucional mediante la aprobación de leyes y la ejecución de políticas públicas. La complejidad de los vínculos entre el gobierno y las organizaciones sociales provocaron el surgimiento de otro tipo de control o regulación de la capacidad decisoria de la mayoría política oficialista. Este control se empezó a manifestar desde el fallido “gasolinazo” de diciembre de 2010 y se profundizó con el conflicto en torno al TIPNIS durante 2011 y lo definimos como una restricción episódica al decisionismo mayori-

tario. Las medidas gubernamentales fueron canceladas, congeladas, revertidas o modificadas por efecto de una acción de protesta colectiva que discurrió por canales extra-institucionales, cuestionó la capacidad persuasiva del presidente del Estado y puso en evidencia las limitaciones fácticas de la concentración del poder político en manos del partido de gobierno.

A continuación, analizamos algunos tipos de control o regulación para evaluar las características del estilo decisional del gobierno del MAS, privilegiando las condiciones institucionales —formales e informales— y sin considerar el voluntarismo de los actores, ni su habilidad o incapacidad negociadora, tampoco sus estrategias discursivas, aunque son temas susceptibles de ser tomados en cuenta para realizar una lectura más completa y compleja del proceso político en tiempos del “proceso de cambio”.

Entre los mecanismos convencionales de regulación de la política institucional se encuentra el control multipartidario, que se refiere a la relación entre poderes ejecutivo y legislativo y tiene que ver con la composición del sistema de partidos y la formación de gobiernos de coalición mediante el establecimiento de mayorías parlamentarias de respaldo al (partido del) Presidente. Se trata de pactos que otorgan capacidad de veto a algunos de sus miembros e implica la distribución de cargos públicos y espacios de decisión

ejecutiva y legislativa a los socios de la coalición gobernante. En otros casos, existen actores opositores con capacidad de veto que ocupan espacios decisorios y restringen el margen de acción del partido de gobierno. Los gobiernos de la “democracia pactada” corresponden al primer esquema y su manifestación extrema fue la “megacoalición” entre ADN, MIR, CONDEPA y UCS que apoyó la gestión de Bánzer-Quiroga (1997-2002). En cambio, el primer gobierno de Evo Morales expresa la segunda faceta debido a la existencia de una figura de gobierno dividido por el control opositor del Senado entre 2007 y 2009. De todas maneras, estas restricciones son limitadas porque el poder ejecutivo dispone de otros mecanismos para gobernar, e inclusive normar sin que sus decisiones dependan del órgano legislativo, tal como acontece con la emisión de decretos presidenciales.

Las posibilidades y límites del control multipartidario dependen de la calidad de las interacciones partidistas y, por ende, del grado de pluralismo político y la existencia de actores relevantes, aparte de la coalición dominante. En la segunda gestión de gobierno de Evo Morales, merced al predominio oficialista en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, este tipo de control se ha reducido al mínimo. Más aún, durante 2010, en la etapa de la transición para la implementación de la Constitución Política, la mayoría parlamentaria otorgó prerrogativas al

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Loco con perro, Edgar Arandia, dibujo, 1975.

Otro mecanismo es el control contramayoritario que se refiere al accionar de las autoridades estatales encargadas de velar por la aplicación de la ley y el respeto a la norma constitucional sin someterse a los

dictámenes del partido de gobierno. En el pasado, en algunas circunstancias, la Corte Nacional Electoral jugó un papel de regulación de las decisiones de eventuales mayorías parlamentarias oficialistas.

Asimismo aconteció con la Corte Suprema de Justicia durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), antes del enjuiciamiento de sus miembros por parte de la mayoría parlamentaria oficialista. Precisamente, las críticas a la elección de magistrados mediante acuerdos partidistas para el cuoteo de cargos llevaron a que en la nueva Constitución Política se adopte la elección de magistrados por voto ciudadano, en un intento de otorgar mayor legitimidad al control contramayoritario mediante el incremento de la autonomía del órgano judicial respecto al poder político. Las vicisitudes de las elecciones judiciales de octubre de 2011 provocaron una serie de sospechas sobre la filiación de las autoridades elegidas y sobre la legitimidad de su elección sin apoyo mayoritario en las urnas; aspectos que a nuestro juicio son secundarios, puesto que la pertinencia de esas acusaciones dependía del desempeño de las autoridades electas. Por lo pronto, existen pistas para suponer una orientación relativamente autónoma en la conducta de las autoridades judiciales respecto a los inte-

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reses del órgano ejecutivo. Así se percibió en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional que puso de manifiesto su independencia institucional con la emisión del fallo respecto a la consulta previa en el TIPNIS. Con todo, existen motivos para suponer que las decisiones del órgano judicial pondrán restricciones a los intentos de arbitrariedad de la mayoría política oficialista, entre otras cosas, porque las críticas a la legitimidad de origen de los magistrados solamente pueden ser superadas con una legitimidad de desempeño7 por parte de las autoridades judiciales.

En estas condiciones, otro tipo de frenos y regulaciones a la voluntad del órgano ejecutivo proviene de espacios ajenos a la institucionalidad política y se expresa en mecanismos o acciones que, provisionalmente, definimos como restricción episódica al decisionismo mayoritario. Se trata de un control informal y conflictivo por medio de la acción directa y la protesta ejercida por grupos organizados en torno a intereses sectoriales, y que vetan las decisiones gubernamentales o impiden la aplicación de determinadas políticas. Este tipo de regulaciones contingentes o restricciones episódicas adquiere cada vez mayor importancia y tiende a convertirse en el rasgo principal de la segunda ges-

El niño salvaje Kaspar Hauser, Edgar Arandia, dibujo, 1975.

Presidente del Estado para, por ejemplo, la designación de autoridades judiciales.

Asimismo, la aprobación de las leyes orgánicas no dependió de la aquiescencia de las fuerzas de oposición. Es decir, no existe ningún actor con capacidad de veto en el parlamento para influir en las decisiones adoptadas por el partido de gobierno. Ahora bien, en esa fase inicial de implementación de la Constitución Política los temas de la agenda política eran de carácter jurídico y normativo, relativo a las reglas del juego, y no entraban en escenario intereses específicos de grupos sociales, excepto en temas concretos como la definición de la cantidad de representantes indígenas en la cámara de Diputados que provocó desavenencias entre el gobierno y las organizaciones indígenas.

En la medida que el gobierno dispone del apoyo de una mayoría calificada en las dos cámaras legislativas, no existen actores opositores con capacidad de veto, tampoco existen tendencias o fracciones en la bancada oficialista, por ende, el control multipartidario es irrelevante.

tión gubernamental de Evo Morales, puesto que limita la eficacia decisional del poder político, más aún, pone en entredicho su legitimidad a pesar de que el gobierno representa a la mayoría y sus decisiones intentan responder a necesidades e intereses generales.

Intereses y demandas Este tema conduce a abordar el asunto de la representación de intereses y la canalización de demandas a la hora de definir la orientación de las políticas públicas o las decisiones gubernamentales. Para eso es necesario distinguir entre metas generales, particulares y personales8. Las metas generales tienen que ver con intereses “universales” o “nacionales” que comparten la generalidad de los actores de la sociedad, y se traducen en demandas de alta agregación que son, supuestamente, articuladas, representadas y canalizadas por el (partido de) gobierno —en nombre de Estado— y por el líder que conduce al gobierno. Las metas particulares corresponden a intereses grupales; en primer lugar a los intereses del partido de gobierno y de sus militantes, puesto que el desempeño gubernamental en la atención de las demandas sociales implica reproducir y afirmar los lazos entre el gobierno y sus seguidores con base en un horizonte programático común, cuyo cumplimiento y materialización exige la permanencia del partido en el manejo del poder.

La definición y ejecución de políticas públicas implica una (re)distribución de recursos (materiales y, también, simbólicos), este hecho no debe evaluarse solamente a partir de criterios convencionales de clientelismo o corporativismo, sino como parte de la estrategia gubernamental para crear o reforzar condiciones favorables para su permanencia en el poder. Es necesario mencionar que es impensable la política sin la personalización de la representación en caudillos y líderes carismáticos, también es impensable la adopción de políticas públicas sin elementos de rentismo ni clientelismo. Como corresponde, el arte de la política —en un sentido práctico, no solamente estético— es encontrar puntos de equilibrio, en este caso entre intereses generales/nacionales e intereses particulares/grupales, aunque en la actualidad existen algunos temas que cuestionan esta posibilidad, tal como acontece con el incremento de los precios de carburantes, la construcción de la carretera en el TIPNIS o la jornada laboral médica de ocho horas.

El otro cielo, Edgar Arandia, óleo s/tela, 2007.

A las metas generales (nacionales) y particulares (partidistas o corporativas) se suman las metas personales (del líder), en este caso se trata de la reelección presidencial de Evo Morales en 2014. Este objetivo político es un incentivo específico para tomar decisiones públicas con la intención adicional de asegurar su reelección. Esta estrategia influye, sin duda, en la definición de políticas públicas, puesto que las acciones gubernamentales no solamente están dirigidas a cumplir una oferta programática y a reproducir su base de apoyo electoral, también implican ampliar su interpelación política hacia el votante medio, aquel/lla ciudadano/a que no comparte las metas particulares del partido, pero puede alinearse con las metas nacionales o generales impulsadas desde el Estado o con la convocatoria del líder carismático. Como veremos más adelante, también resulta difícil encontrar puntos de equilibrio entre intereses generales, particulares y personales en el momento de definir la orientación de las políticas públicas o las medidas gubernamentales.

Estos elementos de análisis permiten esquivar una lectura enfocada en el voluntarismo de los actores políticos y sociales, y prestan atención a la complejidad del proceso decisional cuyas características

trataremos de ilustrar analizando los rasgos del contexto político y las vicisitudes de algunos conflictos sociales.

Normas, instituciones y estilo decisional El estilo decisional de Evo Morales se sustenta en el grado de concentración de recursos de poder institucionales en el MAS, como resultado de la distribución de las preferencias electorales en 2009 que le otorgaron el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La persistencia del presidencialismo como régimen de gobierno, a pesar de la profunda reforma constitucional, marcó la continuidad de una lógica caudillista y personalista en el manejo gubernamental que se exacerbó con el control oficialista del órgano legislativo que, como vimos, impide el control multipartidista y relativiza el control contramayoritario.

Esto implica que el proceso político decisional está centrado en un actor relevante que es Presidente del Estado, del partido de gobierno (en algún momento de CONALCAM) y de las organizaciones sindicales que constituyen su base leal de apoyo, esto es, las federaciones de campesinos cocaleros del trópico cochabambino. Esta combinación de roles muestra la complejidad de su estilo de conducción

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gubernamental, puesto que en los tres casos ejerce su condición de líder y no delega funciones.

namental mediante la elaboración y aprobación de una ley por parte de la bancada oficialista.

En el primer caso, no se ha constituido un “grupo palaciego” en torno a la figura presidencial, puesto que sus principales colaboradores han rotado en sus funciones o tuvieron una presencia temporal —excepto el Vicepresidente del Estado, que dispone de candados institucionales al respecto—. Además, establece, como la mayoría de los líderes carismáticos, una relación radial con los miembros de su entorno, que se caracteriza porque el líder es el actor que dispone de mayor información para tomar decisiones sin depender de influencias externas ni de su círculo de ministros, sin llegar al extremo de su colega argentina Cristina Kirchner que no convoca a reuniones de gabinete.

El gobierno tuvo que adaptarse al contexto y, a mediados de 2012, optó por una solución institucional mediante la realización de consulta previa a los pueblos indígenas de la zona. En el transcurso del conflicto, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que reforzó esa solución. Se trata, pues, de una combinación entre restricción episódica (que incide en el comportamiento del órgano legislativo bajo dominio oficialista) y control contramayoritario (que incide en el accionar del órgano ejecutivo), que denota las complejas aristas que asume el proceso político decisional.

En el segundo caso, el MAS es sobre todo una maquinaria electoral y un aparato de movilización política en apoyo a Evo Morales. Las directrices para el accionar gubernamental no provienen de sus congresos ni de las definiciones programáticas del partido, sino de las necesidades coyunturales del ejercicio de gobierno o de las exigencias concomitantes a la implementación de la Constitución Política.

El MAS es un fuerza política cuya consistencia orgánica es precaria, las fronteras entre lo partidista y sindical son difusas y, por ello, a mediados de 2012 se plantearon el desafío de una reestructuración estatutaria mediante un congreso orgánico, lo que denota las dificultades de funcionamiento del “instrumento político” como instancia organizativa con posibilidades de influir en las decisiones gubernamentales. Finalmente, el lazo presidencial con las organizaciones sociales implica un contacto personal con sus electores más fieles, en una lógica asambleísta que desacraliza la figura presidencial pero potencia el liderazgo carismático de Evo Morales; por tanto, tampoco las organizaciones sociales influyen de manera decisiva en las decisiones del jefe de Estado.

Durante la primera gestión gubernamental, la relación de Evo Morales con las organizaciones sociales estuvo mediada por la existencia del Pacto de Unidad y de CONALCAM, empero, eran relaciones con leves divergencias debido a la existencia de una demanda de alta agregación (aprobación de un nuevo texto constitucional) y de un actor opositor (CONALDE) que anulaba las diferencias internas. Las diferencias afloraron en la segunda gestión gubernamental porque la implementación

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Chamico, Edgar Arandia, óleo s/tela, 2006.

de la nueva Constitución Política implicó la distribución de recursos de poder (materiales y simbólicos) mediante leyes y políticas públicas que fueron evaluadas como contrarias a los intereses de algunos grupos o sectores sociales.

combinación entre intereses generales e intereses particulares son opuestas e impiden que, hasta la fecha, se encuentre un punto de equilibrio que permita que este conflicto no concluya con ganadores y perdedores absolutos.

Precisamente, la creciente conflictividad es fruto de la contradicción entre intereses generales (representados por el Estado) e intereses particulares de los grupos sociales (sustentados en sus derechos constitucionales) que rechazan las decisiones gubernamentales. Esta contradicción se puso de manifiesto en el caso del TIPNIS, que constituye la punta de una compleja madeja de conflictos debido a la pugna entre la afirmación gubernamental de la soberanía estatal y la vigencia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Este es el caso más evidente de regulación o restricción episódica al decisionismo mayoritario, puesto que, la movilización de un grupo social no solamente impidió la ejecución de una decisión gubernamental enarbolada por el Presidente del Estado, sino que la revirtió preliminarmente cuando, en octubre de 2011, una marcha indígena provocó la anulación de la obra caminera y el TIPNIS fue declarado intangible mediante una ley. Es decir, una acción colectiva que transcurrió al margen de la política institucional terminó modificando de manera radical, así sea circunstancialmente, una decisión guber-

El discurso de Evo Morales enfatiza en que la construcción de la carretera no es solamente la realización de un interés general/nacional de integración territorial, sino que beneficiará a los habitantes de la zona con mejores servicios públicos, es decir, también responderá a sus intereses particulares. En cambio, las organizaciones indígenas que se oponen a la obra velan por un interés “universal”, como la defensa de la naturaleza en beneficio de la humanidad, y obviamente de los pueblos indígenas de la zona que no sufrirán las consecuencias perniciosas del desarrollo capitalista. Estas modalidades de

Precisamente, la creciente conflictividad es fruto de la contradicción entre intereses generales (representados por el Estado) e intereses particulares de los grupos sociales (sustentados en sus derechos constitucionales) que rechazan las decisiones gubernamentales.

En este artículo no se analizan las analogías y diferencias entre la octava y la novena marcha indígena, así como no tomamos en cuenta la modificación de la estrategia gubernamental con la adopción de la consulta previa como vía para resolver el conflicto en torno al TIPNIS9.

Lo que interesa resaltar es la complejidad de la resolución de este conflicto en su primera etapa, puesto que una comisión legislativa se involucró en las negociaciones y el conflicto fue encaminado hacia una solución eventual con la aprobación de una ley de “intangibilidad”, poniendo en evidencia que pueden actuar mecanismos de control legislativo aunque el formato del sistema de partidos no sea de carácter multipartidario. Y, como vimos, esta regulación o restricción inicial provocada por la protesta indígena se reforzó con el fallo del órgano judicial, que incentivó la búsqueda de una solución consensuada que encaminó el conflicto hacia la realización de una consulta previa, inicialmente rechazada por el gobierno.

lación o restricción episódica se produjo mediante protestas colectivas y, en particular, por la renuencia de las organizaciones sociales afines al gobierno para respaldar la medida. Por eso, el “gasolinazo” marca el principio del fin de CONALCAM, puesto que esa supra organización no fue consultada y tampoco tuvo capacidad para movilizar a sus bases en respaldo a la medida gubernamental, precisamente, debido a la contradicción entre intereses generales y particulares.

A diferencia del “gasolinazo”, el conflicto del TIPNIS pone en juego mayor cantidad de componentes distributivos porque el reconocimiento de derechos colectivos para las “naciones y pueblos indígenas originarios campesinos” puede tener consecuencias negativas o positivas para el ejercicio de la soberanía estatal y, por ende, para el decurso de la configuración del Estado Plurinacional. Es decir, este tema incidirá en el rumbo de la transición estatal, puesto que servirá como referente de una futura Ley Marco de Consulta Previa que debe establecer reglas y procedimientos que definirán la orientación del modelo de desarrollo, puesto que regularán la inversión extranjera para la explotación minera y petrolera en territorios indígenas.

Un evento que mostró facetas distintas a los anteriores fue el conflicto en torno al decreto gubernamental que establecía ocho horas de jornada laboral para los médicos. Las movilizaciones gremiales y universitarias reclamaron el mantenimien-

to de ciertos “derechos adquiridos” de un grupo profesional, frente a la decisión gubernamental que esgrimió la defensa del interés general puesto que pretendía ampliar el acceso a servicios de salud. La resolución del conflicto se tradujo en otro freno a una decisión gubernamental con la postergación de su ejecución mediante el traslado de su tratamiento a una “cumbre” sectorial. La regulación o restricción episódica provocada por la protesta universitaria y médica —a diferencia del “gasolinazo” y del TIPNIS— derivó en el tratamiento del tema en un espacio extra institucional —una “cumbre social”—, cuyas resoluciones deberán seguir un curso formal para traducirse en decretos y leyes que, supuestamente, definirán la resolución final del conflicto.

Este breve recorrido muestra que no es posible delinear un estilo recurrente en la toma de decisiones y tampoco un modelo estable de gestión de los conflictos en la conducta del gobierno, excepto la presencia dominante de la figura presidencial. Un aspecto sobresaliente es la levedad coyuntural de la concentración de recursos de poder institucionales en manos del partido de gobierno, puesto que las restricciones al decisionismo presidencial provienen de acciones colectivas que no discurren por cauces formales y se manifiestan de manera contingente. Los conflictos provocan incertidumbre en el proceso decisional y ponen en entredicho la capacidad del gobierno para tomar medidas con eficacia y legitimidad. AdicionalSeptiembre, Edgar Arandia, acuarela, 2012.

Se destaca este procedimiento porque existe una diferencia nítida respecto al conflicto desatado por la promulgación de un decreto gubernamental —conocido como “gasolinazo”— a fines de 2010, puesto que en esa oportunidad las protestas populares fueron amainadas con otra decisión presidencial: la derogatoria del decreto en enero de 2011. Esta decisión fue asumida por el gobierno debido a que las organizaciones sociales, incluidas las aliadas del MAS, rechazaron una medida que en el corto plazo atentaba contra sus intereses particulares y personales — como consumidores—, sin considerar la racionalidad de una decisión que velaba por el interés general (eliminación de la subvención a los hidrocarburos). La regu-

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Entre las consecuencias políticas de la creciente conflictividad y de un estilo de toma de decisiones sometido a restricciones episódicas o eventuales, destaca la merma de la popularidad de Evo Morales, pese a que, paradójicamente, las decisiones presidenciales están orientadas al “interés general” y el “bien común”. En la medida que las decisiones gubernamentales no privilegian los intereses particulares del partido (pese a que algunas voces opositoras señalaron que la ampliación de las horas de trabajo de los médicos estaba dirigida a beneficiar a cubanos o

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Texto elaborado para la “Mesa de reflexión y análisis político y de políticas públicas” de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, con el apoyo de la Fundación Friedriech Ebert (FES) y el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD.

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Según el Informe sobre Conflictividad (Fundación UNIR Bolivia, diciembre 2001, La Paz), los conflictos sociales se incrementaron de 268 en 2009 a 1.338 en 2011. No obstante, al margen de la pertinencia en la clasificación de los datos (en algunos casos se mezclan conflictos, protestas y demandas), es preciso discernir la importancia cualitativa de los conflictos a partir de evaluar sus efectos en la implementación de políticas gubernamentales o en el apoyo popular al gobierno.

Al respecto, Fabián Bosoer, “Maquiavelo, Schmitt, Gramsci y el decisionismo de los años ‘90: viejos y nuevos príncipes”, CLACSO, Buenos Aires, 2003.

La elección congresal del presidente de la República en las dos primeras décadas, desde la transición a la democracia en 1982, fue resultado de la inexistencia de un vencedor con mayoría absoluta de votos. Evo Morales fue el primer presidente electo de manera directa en 2005, es decir, el comportamiento electoral de la ciudadanía definía las posibilidades de aplicación de esa regla de elección congresal de los gobernantes, vigente en el anterior texto constitucional.

La primera gestión de Evo Morales sufrió las consecuencias de una situación de gobierno dividido por el control opositor del Senado entre 2007 y 2009, con capacidad de veto para limitar o encauzar las decisiones gubernamentales. Esta figura desapareció en la segunda gestión del MAS debido al control oficialista de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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profesionales bolivianos formados en ese país, o que la construcción de la carretera en el TIPNIS era un plan para favorecer a los cocaleros) ni favorecen los intereses personales del líder, se debilita la estrategia oficialista en pos de la reelección presidencial de Evo Morales.

Es decir, los costos negativos de las decisiones gubernamentales muestran que sus determinaciones no responden a un cálculo convencional basado en una racionalidad instrumental o a un mero pragmatismo dirigido a mantener o acrecentar la popularidad de la imagen presidencial.

En tal sentido, resulta paradójico llegar a la conclusión de que al estilo de gobierno

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Las atribuciones del presidente de la (antigua) República y del (flamante) Estado Plurinacional son similares. Paradójicamente, algunos leves cambios van en detrimento del presidencialismo, puesto que el Art. 18 de la actual Constitución Política establece que la censura congresal —por dos

de Evo Morales le hace falta una mayor dosis de populismo y que sus decisiones se subordinen a demandas corporativas e intereses grupales para fortalecer su legitimidad y viabilizar su reelección. El MAS debe elegir entre el cumplimiento de los objetivos (generales) del “proceso de cambio” y la atención a las exigencias (particulares) de los grupos sociales. Una decisión que puede ir en desmedro de su proyecto político pero en beneficio de su permanencia en el poder.

Fernando Mayorga Ugarte Sociólogo y Doctor en Ciencia Política Director del CESU-UMSS

Conflictividad social y política en el segundo gobierno de Evo Morales Alejandro Almaraz Ossio

tercios— a los ministros interpelados —individual o colectivamente— implica su destitución. Una medida que ya no depende de la aceptación o rechazo presidencial como se establecía en el anterior texto constitucional.

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Al respecto, Adam Przeworski, “Política y administración” en Varios autores, Política y gestión pública, CLAD/FCE, Buenos Aires, 2004.

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La importante distinción entre legitimidad de origen y de desempeño es abordada por Rosanvallon Pierre, La legitimidad democrática, Manantial Ediciones, Argentina, 2009.

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Cfr. Adam Przeworski, “Política y administración” en Varios autores, Política y gestión pública, CLAD/ FCE, Buenos Aires, 2004.

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Una serie de hipótesis al respecto están esbozadas en mi artículo “Estado y pueblos indígenas, pasado y presente:¿la “deconstrucción” del movimiento indígena?”, Nueva Crónica y Buen Gobierno, número 108, 2da. Quincena de julio 2012, Prisma y Plural Editores, La Paz.

Ciudad para dos, Edgar Arandia, acrílico s/tela, 2002.

mente, este acontecer tiene consecuencias políticas.

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l análisis y discusión de la conflictividad social y política que se viene produciendo en la sociedad boliviana, bajo el segundo gobierno de Evo Morales, tiene la importancia de revelar, a profundidad, los fenómenos sociopolíticos que se desarrollan en la actual realidad del país, y las tendencias con las que evoluciona y prefigura la situación futura. No obstante, el adecuado análisis de esta amplia y compleja problemática exige, para aproximarse a su esclarecimiento integral y profundo, situarla, en primer término, en el proceso histórico del que es parte.

En términos más concretos, para abordar adecuadamente la conflictividad social y política desarrollada en el segundo gobierno de Evo Morales, es necesario partir de la contextualización de este Gobierno y su interacción con el conjunto de los actores sociales y políticos en el proceso histórico al que corresponde, y, particularmente, en el segmento que se ha denominado popularmente como “proceso de cambio”, con el cual está indisolublemente vinculado.

Una vez establecida esta contextualización histórica, será más fácil, pertinente y esclarecedora la consideración analítica de los principales conflictos del periodo en cuestión, así como el juicio prospectivo respecto a su desenlace e impacto en la configuración de futuros escenarios en la realidad social y política del país.

1. El proceso de cambio y sus realizaciones En el propósito, recién mencionado, de contextualizar el segundo gobierno de Evo Morales en el proceso histórico contemporáneo del país, es preciso remitirse a la consideración de aquel conjunto de acontecimientos sociales y políticos, concatenados en su causalidad histórica, que, desde el campo de la política y desde sus mismos actores protagónicos, se ha denominado como “proceso de cambio”, del que ha derivado el Gobierno de Evo Morales y sobre el que éste ejerce decisiva influencia. En este sentido, es también necesario establecer previamente algunas pautas conceptuales básicas y referencias históricas mínimas que permitan dilucidar el sentido, origen histórico y devenir crítico del “proceso de cambio”.

En primer término es conveniente despejar las interpretaciones de finalidad propagandística que, con la superficialidad y parcialidad propias de la actitud proselitista, abundan en el debate político del momento. Este es el caso particular del discurso gubernamental que entiende al

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“proceso de cambio”, e incluso a la “revolución democrática y cultural”, como simples sinónimos del Gobierno de Evo Morales. Tales interpretaciones son útiles para la acción proselitista y para el fácil despliegue discursivo coyuntural, pero aportan poco a la comprensión cabal del proceso histórico, o, peor aún, la nublan y obstruyen. Rechazando la pretensión de igualar conceptualmente el proceso de cambio con el Gobierno de Evo Morales, cabe interpretar básicamente a aquel, como la proyección estatal de la emergencia popular producida durante las últimas décadas, que cuestionaron y subvirtieron las viejas estructuras de la dominación colonial interna y las nuevas del modelo neoliberal. Dicha proyección estatal está, a su vez, expresada y materializada en un conjunto de realizaciones que suponen la transformación, en algún grado y forma, de las estructuras y políticas estatales, en la dirección de las demandas históricas de los movimientos sociales-populares protagonistas de aquella emergencia precursora.

La identificación concreta de estas realizaciones que materializan el proceso de cambio nos muestra, primero y fundamentalmente, la nueva CPE que, como producto de un proceso constituyente de amplia, activa y decisiva concurrencia social, ha re-definido el carácter, las estructuras y los objetivos del Estado boliviano de acuerdo con las aspiraciones y demandas expresadas en dicho proceso, y en cuyo centro se halla la declaración de su carácter plurinacional, comunitario y autonómico. Adicionalmente, cabe también mencionar como significativas expresiones de estas realizaciones, por un lado, la instalación y desarrollo inicial del proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria, con el resultado parcial de la redistribución comunitaria de una importante superficie de tierras antes concentradas bajo formas de tenencia latifundaria, dolosa o improductiva. Por otro lado, la adopción de la nacionalización de los hidrocarburos, aunque básicamente restringida a la formalidad de la declaración jurídica y de la constitución institucional, y con muy escaso y débil desarrollo en el ámbito del respectivo proceso productivo real. Es de fundamental relevancia en la evaluación global del “proceso de cambio” advertir que las realizaciones estatales que lo materializan, en casi todos los casos de mayor trascendencia transformadora e importancia general, como el de la propia nueva CPE, han quedado restringidas a la formalidad jurídica e institucional.

Sin embargo, tienen la extraordinaria significación de definir, desde el propio seno

de la institucionalidad estatal, el carácter de un nuevo Estado y una nueva sociedad a partir de las aspiraciones y demandas más largas y ampliamente albergadas por los sectores mayoritarios de la sociedad boliviana. De este modo, tales realizaciones estatales materializan al “proceso de cambio” y, al mismo tiempo, le asignan su sentido y derrotero histórico.

Una vez planteada la substancia del proceso de cambio, corresponde abordar sintéticamente los antecedentes históricos de su advenimiento. En este propósito, es de fundamental importancia advertir que este proceso deviene del triunfo de las luchas sociales desarrolladas, cuando menos, durante las dos últimas décadas del siglo pasado y el primer lustro del presente. Estas luchas tuvieron la singularidad histórica de articular, de manera crecientemente intensa y orgánica, los nuevos propósitos populares de resistencia al modelo neoliberal, aplicado en el país con especial radicalidad desde los años ochenta del siglo pasado, con las antiguas y siempre latentes aspiraciones emancipatorias respecto a la dominación colonial interna. De este modo, las demandas obreras y populares que postulaban principalmente la defensa de los derechos sociales y del patrimonio nacional, frente al fuerte impulso privatizador y liberalizador ejercido desde el Estado y el paradigma globalizado de las reformas modernizadoras y de libre mercado, se encontraron y fortalecieron recíprocamente con las demandas anticoloniales de reivindicación étnica que el movimiento indígena y campesino planteaba con la creciente fuerza de su emergencia como nuevo actor social, renovando las luchas centenarias de sus antepasados.

La emergencia del movimiento indígena y campesino, durante los años 80 y 90 del siglo pasado, fue gestada por la conformación de nuevas organizaciones sociales liberadas de la tutela estatal y de la instrumentación de los sectores de poder impuestos en la etapa histórica precedente; se guió por una plataforma reivindicativa que, en lo fundamental, replanteaba la histórica causa territorial en términos política y jurídicamente adecuados al nuevo contexto histórico nacional e internacional, y tuvo como factor coyuntural desencadenante la perentoria necesidad de impedir la extensión agraria de las reformas liberalizadoras, expresada en el propósito gubernamental de sustituir la Reforma Agraria de 1953 por un régimen legal mercantilizador de la tierra.

El enfrentamiento popular a las reformas neoliberales, así como a la persistente ex-

económico y político, urgidos por bloquear las perspectivas transformadoras del proceso, lanzaron agresivamente mediante el movimiento regionalista cívico-empresarial. Pero si su fuerza social y política les permitió a los movimientos sociales populares derrotar a sus adversarios históricos, el importante margen de autonomía en su iniciativa le permitió incidir decisivamente sobre los actos del propio Gobierno.

Serie Huayna Potosí, Angie Salgar, fotografía.

clusión social y dominación cultural de las comunidades indígenas, fue adquiriendo cada vez más amplitud, legitimidad, cohesión organizativa y proyección política.

Así, en pocos años, las débiles y aisladas acciones defensivas con las que algunas organizaciones sindicales pretendieron detener infructuosamente las reformas neoliberales, merced a su convergencia con la emergente movilización indígena y campesina, se convirtieron en la vigorosa contraofensiva popular que derrotó y revirtió varias medidas de gobierno de especial importancia.

Por último, la contraofensiva popular encontró, en la demanda de realización de la Asamblea Constituyente, una perspectiva cierta de articulación de las múltiples demandas populares en función de la transformación integral e inmediata de la institucionalidad estatal. Bajo este norte reivindicativo común, y con la voluntad y certidumbre de la transformación social profunda, acumuladas en las contiendas y en las victorias anteriores, y coyunturalmente coincidentes con las primeras manifestaciones de fracaso económico del modelo neoliberal, se desplegó la gran movilización nacional cuyo desenlace insurreccional, en octubre de 2003, expulsó al neoliberalismo del poder político y generó la disponibilidad histórica para la transformación global del Estado y la sociedad. En aquel momento, el ascenso de Evo Morales al gobierno, en virtud de la voluntad electoral de la abrumadora mayoría de la ciudadanía, quedaba inexorablemente determinado por los acontecimientos históricos.

2. El viraje en la orientación de la gestión de gobierno Como es evidente aun en la más rápida revisión de la historia reciente, casi todas las arriba mencionadas realizaciones estatales que materializan al “proceso de cambio” y definen su sentido y horizonte, se produjeron durante el primer gobierno de Evo Morales. En efecto, es este el contexto temporal de la realización de la Asamblea Constituyente y la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, así como del desarrollo inicial del proceso de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, de la dictación de la nacionalización de los hidrocarburos, y aun de otras medidas de menor y menos clara relevancia en la perspectiva transformadora esencialmente asumida por el proceso de cambio. Este hecho obedece a las condiciones sociopolíticas existentes en aquel momento y, dentro de ellas, especialmente a la estructuración y relación de fuerzas de los factores de poder intervinientes.

En el marco de estas condiciones, concurre, en un primer y fundamental lugar, la continuidad del ascenso popular y de su iniciativa movilizada que, desde la etapa histórica anterior, determinó la apertura del proceso de cambio. Los movimientos sociales populares, durante el primer gobierno de Evo Morales, tuvieron el decisivo papel de otorgarle una amplia, sólida y activa base social, cuyo despliegue movilizado fue capaz de contener y derrotar, definitivamente, la contraofensiva regresiva que los sectores tradicionales de poder

De esta última situación derivó una segunda condición básica para las realizaciones del proceso de cambio durante el primer gobierno de Evo Morales, como es la precaria e intermitente conformación de una suerte de co-gobierno fáctico entre las organizaciones sociales populares movilizadas en respaldo al Gobierno y en pos de las transformaciones estructurales, y el núcleo de poder conformado de hecho en el seno del Gobierno y en torno a la creciente concentración de decisiones en el Presidente. Este núcleo de poder, de orientación ideológica conservadora y débil identificación con las expectativas revolucionarias de las organizaciones populares, tiene su génesis, durante la etapa previa a la llegada al gobierno de Evo Morales, en las debilidades con las que se construyó y desarrolló el “instrumento político” y, en particular, en el distanciamiento de su conducción respecto a las organizaciones sociales que lo componían. Es pues el circunstancial acuerdo y el relativo equilibrio de fuerzas entre estos dos componentes del amplio sujeto social y político del proceso de cambio, el que posibilitó los logros estatales del mismo por sobre las renuencias y vacilaciones del núcleo de poder gobernante, aunque en varios casos, como el de las modificaciones congresales al texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente, con evidente menoscabo a sus contenidos transformadores.

Pero desde el inicio mismo del segundo gobierno de Evo Morales, estas condiciones se modificaron radicalmente en un sentido absolutamente adverso al horizonte y las perspectivas transformadoras del proceso de cambio. Paradójicamente, es la relección de Evo Morales por la abrumadora mayoría con la que la sociedad boliviana ratificó su voluntad de transformación social profunda, la que constituyó el factor desencadenante de la crisis, paralización y regresión del proceso de cambio. De este modo, los efectos concentradores del poder y las decisiones en la gestión estatal producidos por aquel acontecimiento fortalecieron enormemente al núcleo de poder gobernante y debilitaron, e incluso disolvieron, la capacidad de incidencia au-

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Paradójicamente, es la relección de Evo Morales por la abrumadora mayoría con la que la sociedad boliviana ratificó su voluntad de transformación social profunda, la que constituyó el factor desencadenante de la crisis, paralización y regresión del proceso de cambio.

Sin título, Angie Salgar, fotografía.

tónoma de las organizaciones populares sobre la conducción estatal. Este desequilibrio se tradujo inmediatamente en el radical y acelerado viraje conservador y regresivo de la concentrada gestión del Estado, y en la consiguiente recomposición de su relación con los distintos actores sociales y políticos, distanciándolo y enfrentándolo a los sectores populares con los que había ejercido precario co-gobierno, y articulándola a sectores dominantes que habían presentado tenaz oposición a las medidas revolucionarias del primer gobierno de Evo Morales. La descripción siguiente es ilustrativa de este punto de inflexión en el proceso de cambio y su conducción estatal: El holgado control de los poderes públicos y el fortalecimiento de su convocatoria política, otorgados al gobierno por su relección en 2009, fueron asumidos por éste en función de su esquivo y superficial compromiso con los sectores subalternos de la sociedad y de su ya avanzado desplazamiento ideológico-político, como la segura oportunidad de eliminar la incidencia autónoma de los movimientos sociales populares sobre la gestión pública central y concentrar todo el poder en un

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estrecho e inaccesible círculo. Para este crucial propósito, los siempre débiles vínculos con esos actores fueron disueltos o desvirtuados para convertirse, invirtiendo su original sentido democrático y destruyendo su legitimidad, en mecanismos de subordinación clientelar de las organizaciones populares al mando político gubernamental. (Almaraz, 2012: 65) Si durante el primer gobierno de Evo Morales las condiciones de fuerte influencia de los movimientos sociales populares sobre la gestión gubernamental impusieron la adopción de acciones estatales de algún sentido transformador, desde el inicio mismo del segundo gobierno, las nuevas condiciones determinaron que la gestión estatal asumiera la sistemática y global orientación contraria, paralizando todo impulso o iniciativa de auténtico sentido transformador, y promoviendo la recomposición de los intereses de los tradicionales sectores dominantes en la administración estatal. Dicho viraje se produjo más por omisión que por acción, en tanto que la ausencia de acciones transformadoras de las estructuras imperantes promueve la reproducción inercial de éstas e, incluso,

en algunos casos, facilita su re-estructuración y fortalecimiento. Los hechos demostrativos de esas acciones y omisiones regresivas tienen la multiplicidad y amplitud de la globalidad de la gestión estatal, por ello, es pertinente limitarse a mencionar aquellos que resultan más representativos de la nueva orientación gubernamental.

Para empezar, el desarrollo legislativo e institucional de la nueva Constitución Política del Estado, cuya trascendencia fundamental es la de la construcción concreta de la nueva institucionalidad pública de contenido plurinacional y de la democracia ampliada y profundizada, ha sido objeto de paralización, obstrucción o distorsión profunda desde el accionar del gobierno central. Así se revela en el caso de la aprobación de varias leyes, entre ellas las denominadas orgánicas, de función central para la organización del sistema político y de administración de justicia. En ellas, las violaciones del mandato constitucional han sido múltiples y frecuentemente profundas, y su sentido general ha sido el de impedir o menoscabar la transformación efectiva de esos fundamentales ámbitos de la institucionalidad pública1.

Respecto al sistema judicial, la vulneración de la constitucionalidad ha sido especialmente grave y extensa, pues del campo formal de las nuevas estructuras legales se ha prolongado al de la aplicación de las mismas, materializada en la conformación concreta de los nuevos y principales órganos públicos encargados de la administración de justicia en todo el país. Así, las varias y sensibles inconstitucionalidades de las nuevas leyes relativas a la administración de justicia, se han complementado con la ejecución del proceso de elección de los nuevos magistrados en condiciones de muy evidente ilegitimidad. Este oscuro y cuestionado proceso se ha producido bajo la apariencia formal de la vigencia de las nuevas disposiciones constitucionales en la materia. Sin embargo, constituye la más amplia, profunda y conculcatoria violación de la nueva Constitución, pues su resultado final es la absoluta e integral subordinación de los órganos públicos relacionados con la administración de Mirmidon, Edgar Arandia, dibujo, 1975.

justicia al poder político ejercido desde el gobierno central, y la consecuente vulneración total del principio democrático de la independencia de poderes reafirmado en la nueva Constitución como principio básico en el nuevo Estado democrático y de derecho.

Más allá de las grandes reformas legales e institucionales, la violación de la nueva Constitución Política del Estado se ha verificado de manera creciente, por lo menos a lo largo de los dos últimos años, en innumerables actos del gobierno central que desconocen o conculcan los derechos constitucionales. Entre ellos, los relativos a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas tienen especial relevancia y significación, puesto que, al ser su inclusión y desarrollo constitucional un elemento substancial en la adopción del carácter plurinacional del Estado boliviano, y en el sentido anticolonial y emancipatorio del proceso de cambio en su globalidad, su conculcación determina, incontrovertiblemente, un impedimento letal para la construcción de la institucionalidad plurinacional y una profunda reversión en la marcha general del proceso de cambio.

Han sido ya muchas las violaciones a los derechos constitucionales indígenas perpetradas por el gobierno central, pero es indudablemente en el prolongado e intenso conflicto en torno al proyecto gubernamental de la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Mojos, atravesando el Territorio Indígena y Parque

Nacional Isiboro Sécure, que se expresan, con dramática elocuencia, las más graves y abundantes violaciones. El caso del TIPNIS tiene la extraordinaria singularidad de enmarcar la vulneración de varias e importantes disposiciones legales de alcance general, como las normas ambientales relativas a las áreas protegidas o las concernientes a los procedimientos para la inversión pública, junto a la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas constitucionalmente establecidos. Pero, además de estos atropellos a los derechos constitucionales colectivos, la acción represiva del gobierno central ha pasado a la violación brutal de los más básicos derechos humanos y garantías constitucionales de las que son titulares los indígenas movilizados en su condición de personas naturales. Es el caso de la violación masiva de, por lo menos, los derechos a la libre expresión, a la libre petición, al libre tránsito, a la libertad, a la integridad física y a la vida.

En el plano de la gestión y la política económica, la nueva CPE, en su extraordinaria cualidad de instrumento programático para la transformación de la sociedad y el Estado, señala con claridad un derrotero para la gestión estatal, básicamente representativo de las aspiraciones y demandas que movilizaron a los sectores populares. Este derrotero programático para la transformación de la economía nacional, visto en síntesis, parte del reconocimiento de la necesidad de conformar y preservar una economía plural en la que, mediante deseables relaciones de colaboración, coexistan los sectores privado, tradicional, estatal, social y comunitario. Sin embargo, la economía plural constituye el marco a cuyo interior deben producirse las transformaciones de las estructuras económicas y productivas imperantes, en el sentido de la construcción del modelo social-comunitario. En esa dirección, resulta fundamental e indispensable, y constituye también un insoslayable mandato histórico y constitucional, la apropiación nacional, principalmente mediante la intervención productiva directa del Estado, de los recursos naturales de valor estratégico y, consiguientemente, de los excedentes generados por su explotación o aprovechamiento. Luego, la masiva inversión de esos excedentes obtenidos por la intervención estratégica directa del Estado debe dirigirse a la ampliación, fortalecimiento y proyección del sector social y comunitario de la economía y la producción, principalmente mediante la creación y desarrollo de empresas sociales y comunitarias situadas en la totalidad del amplio universo de la producción de bienes y

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Sin título, Angie Salgar, fotografía.

servicios. Estos procesos particulares son el ineludible camino principal para la construcción de una economía efectivamente dirigida desde la soberanía nacional y los intereses del país, sólidamente basada en la producción y con inclusión social amplia y equitativa, como lo exige el mandato histórico y constitucional expresado en el horizonte del modelo social y comunitario.

Sin embargo, ya en el primer gobierno de Evo Morales, los avances en esta perspectiva de transformación económica fueron muy modestos, contradictorios y dudosos, y, en el segundo, se trocaron en una abrumadora tendencia inversa de recomposición y dinamización de las estructuras, relaciones y mecanismos que antes determinaron el contenido y comportamiento de la economía del país. Como datos de concluyente claridad reveladora, cabe mencionar, dentro del unívoco sentido del conjunto de la gestión económica estatal, la frustración evidente de los principales postulados y proyectos nacionalizadores, y el uso típicamente neoliberal de las reservas internacionales netas del Estado boliviano.

La nacionalización de los hidrocarburos, postulado de muy importantes antecedentes históricos y profundamente arraigado en el imaginario popular, fue la demanda social, junto a la de la Asamblea Constituyente, de mayor capacidad para convocar a la movilización y la lucha popular contra el modelo neoliberal, al punto de que

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la ofensiva final contra este, y su derrota política, se produjeron bajo la consigna central de nacionalizar el gas. Al mismo tiempo, la indiscutible importancia actual de la producción hidrocarburífera en la composición de los ingresos fiscales y en la acumulación estatal de excedentes, le otorgan un evidente carácter estratégico.

En razón de todo ello, se dictó, mediante el Decreto Supremo del primero de mayo de 2006, la nacionalización de los hidrocarburos en una modalidad jurídica y operativa de realización gradual, siendo necesaria la complementación de varias otras medidas de gobierno particularmente destinadas a la re-constitución y eficaz funcionamiento de la empresa estatal del sector.

En efecto, a la luz de la historia y de la incontrovertible realidad presente, solo la intervención directa y efectiva de una empresa estatal puede permitir la real apropiación nacional de los recursos hidrocarburíferos, y la dirección y control efectivo de su proceso productivo. No obstante, los acontecimientos vinculados al “gasolinazo” comenzaron a revelar, con inequívoca claridad, que la nacionalización se había quedado casi totalmente paralizada en su sola adopción formal, pues su desarrollo en la realidad concreta del sector, expresada en la intervención directa del Estado, se limitaba a los ámbitos secundarios de la refinación y el transporte, y, en el básico de la producción, a solo algunos campos marginales y declinantes, absolutamente irrelevantes en la producción global de hidrocarburos en el país2. En concordancia con lo anterior, se revelaba también que las empresas transnacionales detentaban un poder unilateral sobre los hidrocarburos bolivianos, substancialmente igual al que disfrutaban antes de la nacionalización, y que el único cambio en su relación con el país, al margen de los aspectos formales y simbólicos, radicaba en su mayor tributación. Por lo demás, esto último fue producto de la reforma de la Ley de Hidrocarburos determinada durante el Gobierno de Carlos Mesa y, en cualquier caso, está muy lejos de poder considerarse como una nacionalización.3 La frustración en la aspiración de verdadera apropiación nacional de los recursos naturales estratégicos, que se genera con especial sensibilidad en el caso de la fallida nacionalización de los hidrocarburos, se ha extendido a la situación de otros recursos que, sin tener la importancia económica ni la visibilidad que actualmente tienen los hidrocarburos, tienen importancia estratégica en el contexto de las posibilidades productivas del país, es el caso de la minería y del sector forestal. En ambos casos, la gestión de Evo Morales, en

sus dos gobiernos, se ha expresado casi sin variación alguna en la prolongada omisión de toda reforma de significación, lo que ha determinado la plena continuidad de los sistemas de detentación y explotación de los respectivos recursos, implantados y desarrollados desde la radicalidad neoliberal históricamente precedente4.

Así, la minería en sus sectores y rubros propiamente estratégicos permanece bajo el control de la inversión extranjera en condiciones de aun mayor holgura y discrecionalidad que la ejercida respecto a los hidrocarburos, y aportando a los ingresos nacionales porcentajes mucho menores de sus ganancias significativamente acrecentadas por el incremento de los precios en el mercado internacional. Las nacionalizaciones producidas en el sector minero-metalúrgico, desvinculadas de una política nacional e integral del sector, con escaso sentido estratégico y generalmente supeditadas a la presión social y al desenlace de conflictos, están muy lejos de transformar o, siquiera, contrarrestar la subsistente política minera neoliberal.

En cuanto al sector forestal, pese a su natural potencialidad para acoger a las comunidades indígenas y campesinas como actores productivos comunitarios, cuya participación supone una amplia inclusión social, una profunda reivindicación cultural, y las importantes potencialidades para la preservación ambiental que brindan los tradicionales saberes que los pueblos indígenas han construido en su ancestral interacción con los seres del bosque, así como a la persistente y vehemente identificación retórica con estos sectores y a los particulares compromisos asumidos frente a ellos, el gobierno de Evo Morales no tomó iniciativa alguna, salvando el alcance de algunos preceptos de la nueva legislación agraria en el ámbito forestal.

En consecuencia, durante los más de seis años de gobierno de Evo Morales, ha permanecido vigente el régimen forestal creado por los actores empresariales durante el periodo neoliberal, con plenitud de sus consecuencias prácticas de uso especulativo de los más valiosos recursos forestales, y de fomento general a la explotación ilícita y destructiva de los bosques.

La situación de las Reservas Internacionales Netas del Estado boliviano es todavía más ilustrativa de la orientación conservadora adoptada por el Gobierno de Evo Morales, con especial resolución durante su segundo periodo. Estos recursos financieros se han acumulado en grandes e inéditas magnitudes durante los últimos años, como insistentemente lo hace notar el discurso y la propaganda gu-

bernamental, como consecuencia directa de las mayores percepciones de la renta hidrocarburífera por parte del fisco. No obstante, cabe cuestionar la función de esos recursos por sobre la cuantía necesaria para asegurar la estabilidad monetaria del país, la misma que debe equilibrarse con la de la deuda pública y la de las importaciones. En el presente caso, las RIN de Bolivia exceden en varios miles de millones de dólares los montos requeridos para aquellos fines, lo que permite al Estado boliviano la inversión de estos últimos en términos de plena soberanía. De esta manera, el Gobierno tuvo la extraordinaria e inédita oportunidad de financiar, con absoluta independencia, los procesos productivos que transformen la economía y la sociedad boliviana en el sentido histórico atribuido al proceso de cambio por su sujeto social. Sin embargo, a despecho de los reiterados anuncios, y más allá de la fallida y pequeña inversión en la planta separadora de líquidos, hasta el presente no lo ha hecho. Por el contrario, en una práctica de ortodoxia neoliberal, el Gobierno ha mantenido invertidas estas reservas en la banca privada de los países ricos y en bonos de los tesoros de los mismos, exponiendo su seguridad ante la persistente crisis de esas entidades, y a cambio de mínimos intereses. En conclusión, no existe transformación estructural alguna en la economía boliviana, sino, al contrario, la persistencia, en algunos casos fortalecida, de las políticas del capitalismo trans-nacionalizado que imperaron en los últimos tiempos. Una ilustrativa y rigurosamente fundamentada visión global, al respecto, es la siguiente:

Ya en el contexto del segundo gobierno de Evo Morales, el viraje diametral en la orientación de la gestión estatal reconfigura radicalmente el panorama de la conflictividad social y política, invirtiendo las inter-relaciones de sus actores centrales.

también se ha registrado el impacto regresivo del viraje político y programático del segundo gobierno de Evo Morales. Este es el caso del proceso de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria que, a partir de la modificación del marco legal e institucional para la gestión pública en materia agraria, logró la redistribución de una significativa superficie de tierras antes detentadas con la ilegitimidad del latifundio o del fraude, en favor de la propiedad comunitaria de indígenas y campesinos, además de haberla también formalizado sobre otra superficie aún mayor5. Pero, a partir del segundo gobierno de Evo Morales, este nuevo ciclo transformador de las estructuras de tenencia de la tierra ha venido experimentando una sensible desaceleración, particularmente en sus mecanismos específicamente redistributivos.

Para consumar plenamente el viraje de la política estatal en este ámbito, el propio Presidente del Estado Plurinacional ha anunciado una pausa en la verificación de la función económica y social de la propiedad agraria, cuyo directo e inequívoco efecto es el de paralizar los procesos de redistribución de la tierra que constituyen el objetivo central de la política agraria

emergente del proceso de cambio, y la transformación estructural centralmente demandada por las luchas indígenas y campesinas a lo largo de la historia.

3. La inversión de la conflictividad social y política El acentuado y acelerado viraje programático y político que se viene produciendo en el segundo gobierno de Evo Morales, ha convertido las vacilaciones e indefiniciones que en su primer gobierno fueron contrapesadas por la incidencia de la movilización e iniciativa popular, en un enérgico impulso estatal de restauración, continuidad y potenciamiento de las estructuras socioeconómicas y políticas históricamente imperantes, que operan desde la exacerbada concentración del poder sobre el conjunto de la gestión estatal y con muy escaso contrapeso de los actores sociales. A causa de este fenómeno fundamental, los resultados de la gestión estatal que durante el primer gobierno de Evo Morales tuvieron algún carácter transformador, han invertido su sentido, produciendo la inversión total de conflictividad social y política en su configuración central.

En suma, la política económica se orientó a profundizar el patrón primario exportador, que tiene como consecuencia el debilitamiento y el abandono del sector interno de la economía, pues sigue siendo una economía dominada por el capital monopólico que aprovecha los recursos naturales nativos y la explotación de la fuerza de trabajo local, pero que realiza y acumula la plusvalía fuera de nuestras fronteras. En esa medida, el Gobierno da continuidad a las políticas neoliberales, pues consolida una orientación tradicionalmente basada en la vigencia del patrón de acumulación impuesto por la división internacional del trabajo en el capitalismo, con un Estado rentista que actúa en detrimento de los sectores productivos y de la posibilidad de crear el mercado interno. (CEDLA, 2011: 153) En el caso de las pocas transformaciones del proceso de cambio que, trascendiendo la formalidad jurídica y discursiva, alcanzaron el ámbito de la realidad concreta,

Serie Manimales, Edgar Arandia, acuarela, 2012.

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indirectos, como por el sentido histórico de su objeto y por su alto impacto político inmediato, son los de la generalizada resistencia popular al alza en el precio de los combustibles, popularmente denominada “gasolinazo”, y el de la resistencia indígena a la construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS.

Naturaleza mutante, Edgar Arandia, óleo s/tela, 1974.

En el contexto del primer gobierno de Evo Morales, la conflictividad socio-política se configuró centralmente en torno a la realización o inminencia de las transformaciones promovidas y anunciadas por los acontecimientos que daban apertura al proceso de cambio. De un lado, la ascendente movilización e iniciativa de los movimientos sociales populares incidía decisivamente sobre el Gobierno surgido de ella misma y lo convertía, cuando menos parcialmente, en el instrumento institucional para producir las transformaciones socio-económicas y políticas históricamente demandadas por aquellos. Desde el campo contrario, los sectores sociales y políticos tradicionalmente dominantes y concentradores de la riqueza y el poder político, advirtiendo la inminente lesión de sus intereses, resistía intensamente las transformaciones estructurales, acudiendo a todos los múltiples recursos y mecanismos del poder económico y político aún detentado. De este modo, los principales conflictos de aquel periodo enfrentaron a estos dos bloques sociales, con intensidad llevada a la violencia física, en torno a la posibilidad de realización de las transformaciones contenidas en el horizonte programático del proceso de cambio. Así se revela en el caso del desarrollo de todo el proceso constituyente, y especialmente

20 and a mios

en la realización de la Asamblea Constituyente; o en los acontecimientos que materializaron los principales logros en la redistribución de la tierra. En el plano general, la intensa, masiva y violenta ofensiva lanzada por los grupos de poder en el 2008, mediante el movimiento cívicoregional y su plataforma de autonomismo radical, tenía el evidente propósito principal de impedir las medidas revolucionarias o preservar, de los alcances de ellas, sus intereses corporativos.

Ya en el contexto del segundo gobierno de Evo Morales, el viraje diametral en la orientación de la gestión estatal reconfigura radicalmente el panorama de la conflictividad social y política, invirtiendo las inter-relaciones de sus actores centrales.

Así, el comportamiento gubernamental lo conduce a la gradual pero rápidamente efectiva concertación con los mismos sectores tradicionales de poder que lo enfrentaron en el contexto anterior, al mismo tiempo que lo distancian y enfrentan con los sectores populares que antes lo respaldaron. Si bien aquellos nuevos acercamientos no han supuesto un abierto y movilizado despliegue de los sectores de poder en favor del Gobierno, y frecuentemente se asumen con discreción por ambas partes, su evidencia y efectividad

quedan elocuentemente demostradas en los acuerdos celebrados entre éste y los poderosos gremios empresariales de los hidrocarburos, la agroindustria o la propia Confederación Nacional de Empresarios Privados, los cuales adquieren la trascendencia de una profunda reorientación programática en la gestión del Gobierno, explícitamente reconocida por él mismo.

En cambio, el desencuentro con los sectores populares se viene traduciendo en una creciente ola de conflictos cada vez más intensos y violentos, en los que la profundidad también creciente de las contradicciones y controversias entre las pretensiones de las partes impiden su resolución consensual. Adicionalmente a este panorama básico de la nueva conflictividad social y política, los cambios en la actitud gubernamental han desencadenado también la conflictividad entre los sectores populares, resquebrajando o fracturando la amplia convergencia popular que posibilitó la apertura del proceso de cambio y el logro de sus realizaciones.

En el amplio, complejo y dinámico panorama global de los nuevos conflictos sociales y políticos, enmarcados en las tendencias dominantes recién descritas, es evidente que los más relevantes, tanto por la concurrencia de sus actores directos e

En el caso del “gasolinazo”, ocurrido a fines del año 2010, se revela con mucha nitidez el definitivo abandono gubernamental de la nacionalización de los hidrocarburos como objetivo prioritario de la gestión estatal y como componente fundamental de la política económica, y, al mismo tiempo, la clara voluntad de retorno a la política neoliberal que asigna a la iniciativa privada extranjera el rol protagónico en el desarrollo global de la industria de los hidrocarburos. En efecto, debe recordarse que el principal propósito del “gasolinazo”, reconocido por las propias autoridades del gobierno central, fue el de promover la exploración y explotación de nuevos campos hidrocarburíferos a cargo de las empresas transnacionales, reconociéndoles un precio substancialmente más alto por su producción. Resulta muy significativo y revelador de la profundidad y consistencia de los acuerdos que el Gobierno ha concretado con el capital transnacional petrolero, que, pese a que la movilización popular impidió con su capacidad de presión la consolidación del “gasolinazo”, después de algún breve lapso, el Gobierno ha retomado y concretado exitosamente su proyecto, bajo la figura de estímulos a la producción de los hidrocarburos. El sentido profundo del “gaso-

BIBLIOGRAFÍA ALMARAZ, Alejandro 2012.

“La reveladora furia de García”. En La mascarada del poder. Cochabamba: Kipus.

14-74.

BERRAONDO, Mikel (Coordinador) 2006. Pueblos indígenas y derechos humanos.

Bilbao: Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto.

CEDLA 2011. Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras. La Paz: CEDLA.

linazo” tiene una cabal y rigurosamente fundamentada interpretación global, en la formulación siguiente: En definitiva, el “gasolinazo” resulta ser una “confesión de parte” sobre el fracaso de la nacionalización; una prueba dramática de la incapacidad de la política reformista para potenciar la capacidad productiva del país y cumplir objetivos trascendentales como la industrialización de los hidrocarburos. Es, en otro sentido, la prueba de que aún dependemos de la decisión de las transnacionales para producir, decisión que sigue determinada por el nivel de ganancias que esperan obtener y no por consideración a las necesidades de la población, desmintiendo la posibilidad de la armoniosa convivencia del capital monopólico con la economía estatal y la economía comunitaria, como postula el “socialismo comunitario”. (CEDLA, 2011:159) En cuanto al conflicto en torno a la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Mojos, atravesando el TIPNIS, que pese a su ya extraordinaria duración aún se halla en pleno desarrollo, cabe observar que su sentido fundamental es el de la profunda contradicción existente entre la visión global del progreso y del bienestar social, generado desde la territorialidad indígena, y los proyectos de fuerte contenido extractivo y mercantil, generados desde los intereses sectoriales del capital extranjero y de los grupos dedicados al cultivo de coca excedentaria. Así, mientras las comunidades indígenas del TIPNIS, respaldadas por el conjunto del movimiento indígena que advierte en este

CONTRERAS, Álex 2012.

Coraje, memorias de la Octava Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS. Cochabamba: JV Editora.

FERNÁNDEZ, Roberto 2012. “El reacomodo del poder petrolero transnacional en Bolivia”. En La mascarada del poder. Cochabamba: Kipus.125-142.

INRA 2010. La tierra vuelve a manos indígenas y campesinas. La Paz: Excelsior.

caso el peligro de un antecedente adverso a la vigencia de sus derechos territoriales, pugnan por el ejercicio pleno de su territorialidad que, radicada en su tradicional interacción con su hábitat, condiciona su reproducción étnica y social y su bienestar colectivo dentro de sus particulares pautas culturales, el Gobierno central, en agresivo servicio de los intereses del mercado, incluyendo el ilícito rubro de la coca y la cocaína, pretende la depredatoria ocupación de ese espacio territorial, con sus irreparables efectos de destrucción de la vida silvestre y desestructuración y desplazamiento de las comunidades indígenas que lo habitan ancestralmente.6 Adicionalmente, este conflicto tiene la singularidad de mostrar, con dramática elocuencia, el repertorio de los recursos coercitivos con los que el gobierno central viene encarando sus conflictos con los sectores populares, los mismos que por su agresividad represiva y conculcadora de los derechos humanos, en toda su amplitud, representa una seria amenaza para la democracia. No solo la concebida en el horizonte de ampliación y profundización preceptuado en la nueva Constitución Política del Estado y postulada por los movimientos sociales populares como objetivo central del proceso de cambio, sino incluso la antigua democracia liberal.

Alejandro Almaraz Ossio Ex Viceministro de Tierras del primer Gobierno de Evo Morales

1

Son especialmente ilustrativos, por una parte, el caso de la Ley del Régimen Electoral, en la que se viola flagrantemente el derecho constitucional de los pueblos indígenas en condición de minoría poblacional en sus respectivos departamentos, a la representación política directa mediante diputados elegidos en circunscripciones especiales indígenas. Y por otro lado, el de la Ley del Órgano Judicial, en la que se imponen requisitos arbitrarios e inconstitucionales para el ejercicio de la magistratura.

2

En CEDLA (2011), se encuentran datos precisos y suficientemente respaldados respecto a los alcances del control operativo ejercido por las empresas transnacionales sobre los campos y la producción hidrocarburífera.

3

En referencia a estos aspectos de la nacionalización de los hidrocarburos, ver Fernández, Roberto (2012).

4

Téngase en cuenta que, hasta el presente, continúan vigentes el Código de Minería y la Ley Forestal aprobados durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, con una orientación radicalmente neoliberal.

5

Entre 2006 y 2010 se titularon, en favor de comunidades indígenas y campesinas, alrededor de 20 millones de has., de las cuales, alrededor de 4 millones tenían el carácter de una redistribución propiamente considerada. Al respecto, véase INRA (2010).

6

En Contreras se encuentra un pormenorizado recuento del desarrollo del conflicto en torno al TIPNIS.

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Conflictos y desafíos políticos e institucionales del segundo gobierno de Evo Morales

Introducción

U

na prolongada explosión de conflictos sociales ha acompañado permanentemente, como un ruidoso contrapunteo político, al segundo gobierno del presidente Evo Morales Ayma. De hecho, durante los años 2010 y 2011, Bolivia –junto a Perú y la Argentina– ha sido uno de los países latinoamericanos que ha registrado el número más alto de conflictos sociales. Incluso se ha afirmado que el país estaría viviendo el “mayor número de protestas de los últimos 41 años”. Pero los conflictos sociales son un dato político relevante (y preocupante) no sólo por su cantidad, sino también por haber alcanzado altos niveles de radicalidad e intensidad, que se han expresado en situaciones de violencia y enfrentamiento. ¿Cuál es la orientación y el sentido de los conflictos sociales durante el segundo gobierno de Evo Morales? ¿Cuáles son las diferencias respecto al primer gobierno? ¿Qué estrategias se han seguido en la gestión de los conflictos por parte de los actores inmiscuidos y qué escenarios políticos e institucionales se han configurado o derivado? ¿Cuáles son los principales “campos de conflictividad” en ese periodo? ¿Cuáles son los principales rasgos en la relación entre Estado y sociedad en situaciones de conflicto? ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de la explosión y gestión de conflictos para la mejora de la gobernabilidad democrática? ¿Qué desafíos políticos e institucionales –en fin– es posible percibir para encauzar los conflictos?

Demasiadas preguntas para un estudio tan breve. No obstante, las respuestas parciales y provisorias a tales interrogantes pueden, al menos, considerarse como pistas argumentativas, empíricas y analíticas para ensayar un balance de los principales escenarios de conflictividad acaecidos a lo largo de los años 2010-2012. El énfasis de ese balance no estará puesto en el análisis sociológico del conflicto, cuya impronta es la consideración de los factores estructurales e históricos del mismo (la desigualdad, la exclusión, la violencia simbólica de la matriz colonial, etc.), sino en la noción de conflictividad que remite tanto a los marcos de la acción colectiva como a la configuración del Estado y el campo político.

Ideas preliminares e hipótesis de trabajo La sociología, la ciencia política, la filosofía y la psicología social han elaborado diversas teorías y conceptos en torno al conflicto.

En los límites de este trabajo no es posible y tampoco es necesario presentar un mapa detallado de tan valiosa discusión.

Es imprescindible, sin embargo, presentar algunas definiciones mínimas y “operativas” sobre el conflicto social, que nos permitan organizar mejor los datos y los argumentos. Empiezo pues, glosando un concepto clásico: los conflictos son constituidos por las diferencias entre las posiciones, los intereses y los valores de diversos actores, organizaciones e instituciones, que eventualmente desembocan en situaciones de movilización y de enfrentamiento violento por el control de recursos escasos. El conflicto implica siempre una relación de poder, una inter-acción y una trans-acción.1

Sin título, Angie Salgar, fotografía.

Jorge Komadina Rimassa

¿Quiere esto decir que el conflicto tiene a priori efectos disgregadores? No necesariamente. El conflicto no es bueno ni malo en sí mismo, es un dato inevitable, es decir, indiscernible del modo de vida en sociedad. Si bien en determinadas situaciones puede propiciar cambios sociales positivos, en otros casos, el conflicto constituye una fuerza política destructiva y perversa. La dife-

rencia radica obviamente en las distintas estrategias empleadas para procesar el conflicto: negación, represión, postergación, negociación, arbitraje, etc. Ahora bien, esas “opciones” políticas no son completamente discrecionales, porque dependen a su vez de la particular configuración de diversos factores, subjetivos y objetivos, particularmente de los modos de gobernabilidad que definen el tipo de interacciones entre el Estado y la sociedad.

En mi opinión, la noción de conflictividad cuenta con mayores bondades analíticas que el concepto de conflicto, excesivamente general y cuasi esencialista. Ella remite a una suerte de “patrón” o “marco histórico” de los conflictos. No se trataría tanto de la “simple suma de conflictos puntales sino de un proceso dado del conjunto y de las relaciones que se establecen a partir de ellos”2.

La prevalencia de un cierto tipo de conflicto, las respuestas del Estado, las culturas políticas, las capacidades de movilización de los actores son algunos de los elementos que configuran, en un momento dado, un tipo particular de conflictividad.

Mi hipótesis es que la intensa conflictividad de los últimos dos años y medio está estrechamente relacionada con la hegemonía o predominio ejercido por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el campo político (que incluye la ocupación del Estado y el control de organizaciones sociales estratégicas), y que corresponde a una estrategia y un estilo de gobierno basados en la representación de lo político como antagonismo (“lógica” amigoenemigo). Volveré sobre este argumento más adelante y trataré de mostrar algunas de sus implicaciones.

Antes y después En el año 2010, inicio del segundo gobierno del MAS, se registraron en Bolivia 770 conflictos sociales que representan más del doble de eventos contenciosos producidos un año antes (316 en 2009) y mas del triple de aquellos generados en 2008. En el año 2011 se alcanza un pico: 1304 conflictos, que equivalen a un promedio de 108 por mes y 3,5 por día. Asimismo, durante el primer semestre de 2012 ya se contabilizaron 581 conflictos (Cuadro 1).

Cuadro 1: Conflictos en Bolvia (2006-2012) Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Número de conflictos

450

375

250

316

770

1304

581

Fuente: Fundación Unir

Por su parte, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) de Cochabamba ha asegurado que el número de conflictos sociales (entre huelgas, protestas callejeras, cierre de carreteras o de calles y rebeliones en las cárceles) en las ciudades bolivianas ha llegado a 811 en el año 2010, con un promedio de 67 conflictos mensuales. En los tres primeros meses de 2011 se han gestado 240 conflictos (67 en enero, 91 en febrero y 82 en marzo), 33 conflictos menos de los registrados en ese mismo periodo de 2010.3 La primera sensación que provocan esos datos generales es la clara diferencia entre el primer gobierno y el segundo: durante los 4 años de la primera gestión de gobierno (2006-2010) se registraron solamente 1391 hechos conflictivos, mientras que en los dos primeros años de la segunda gestión (2010 y 2011) se contabilizaron más de 2000 eventos conflictivos. Es sugerente pensar, en consecuencia, que existe una transformación de los marcos estructurales de la conflictividad.

and a mios 23

De manera paralela emerge un nuevo y dinámico campo de conflictividad que gira en torno a la correcta y oportuna aplicación de las normas, a la calidad y eficacia de la gestión pública, al cumplimiento de procedimientos y protocolos, al cumplimiento de acuerdos y a las demandas de participación social.

Pero la diferencia es también cualitativa: durante la primera fase del “proceso de cambio” predominó el conflicto político-ideológico que asumió la forma de “polarización” entre el MAS (y sus aliados) y el bloque de oposición conformado por las fuerzas cívico-regionales de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, coaligados con expresiones remozadas de los “partidos tradicionales”, como es el caso de Poder Democrático y Social-PODEMOS dirigido por el ex-presidente Jorge Quiroga Ramírez. En otras palabras, la conflictividad estaba animada por la lucha entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas del cambio que se disputaban el control del Estado. Por el contrario, durante la segunda gestión de gobierno, los actores del conflicto son sobre todo organizaciones sociales de base, urbanas y rurales, fieles e incondicionales aliados del MAS durante el proceso constituyente que culminó con el referéndum constitucional en enero de 2009.

La tipología de demandas también se transformó. Los actores sociales privilegiaron plataformas sectoriales, corporativas y locales vinculadas con el alza del costo de vida, el acceso al empleo, la vivienda, la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

Dos factores subjetivos catalizan esta explosión de demandas.

Uno, los niveles de crecimiento económicos y su sostenibilidad disparan las expectativas de la población por mejorar la calidad de vida; dos, el proceso constituyente ha permitido que los bolivianos y bolivianas interioricen derechos políticos, sociales, económicos y culturales, que es la condición básica de su ejercicio.

Algo más: una parte significativa de los conflictos sociales se produce en contextos urbanos y particularmente en las ciudades capitales.

De manera paralela emerge un nuevo y dinámico campo de conflictividad que gira en torno a la correcta y oportuna aplicación de las normas, a la calidad y eficacia de la gestión pública, al cumplimiento de procedimientos y protocolos, al cumplimiento de acuerdos y a las demandas de participación social. La construcción del Estado Plurinacional, que amplia y profundiza los mecanismos de la democracia, carece de mecanismos institucionales estables y operativos para facilitar la comunicación densa con la sociedad civil y para lograr impactos significativos en políticas públicas.

Radicalidad y condensación Otro de los rasgos dominantes del conflicto social en el país es el recurso ab initio de medidas de presión como las marchas, bloqueos, paros, huelgas de hambre, crucifixiones y otros. Los actores organizados no suelen recurrir a los espacios de diálogo o negociación. La visibilización del conflicto se produce, primero, por medio de un discurso agresivo y desafiante y, luego, por medio de las medidas de presión y contra-presión que asumen los actores en función de sus recursos de poder. Esta estrategia permite, ciertamente, posicionar de manera rápida la demanda en la agenda política y mediática, pero se convierte en una traba en la fase de resolución porque supone una cristalización temprana de las posiciones, que clausura las opciones de negociación y crea las condiciones para el enfrentamiento violento.

Visita ancestral, Gabriela Benitez, cerámica esmaltada.

De acuerdo a los datos generados por una investigación reciente4, Bolivia presenta un nivel de radicalización “medio” de los conflictos sociales: del total de conflictos registrados en el periodo estudiado, el 72,8% llegó a nivel 3 (que implica un grado de confrontación y medidas de protesta tales como huelgas, paros, etc.) y el 27,2% a nivel 4 (enfrentamientos violentos).

Otro rasgo dominante es la condensación de conflictos, ésta no responde necesariamente a una deliberada sincronización política (como denuncia el gobierno), sino que puede explicarse, de acuerdo a nuestra hipótesis, en función a una estrategia pragmática de los actores que suelen plantear sus demandas cuando el gobierno enfrenta varios conflictos simultáneos (la idea es “pegarse” a litigios ya existentes); se asume implícitamente que en esas condiciones la demanda tiene mayores posibilidades de ser procesada de manera positiva, justamente, para evitar una situación de ingobernabilidad o debilidad. Un hecho paradigmático es el motín policial de 2012 producido antes de la llegada de la IX Marcha Indígena a la ciudad de La Paz. De hecho, de acuerdo a datos de la Fundación Unir, cada año presenta un pico de conflictos durante ciertos meses, en general el primer trimestre es altamente conflictivo por ser un momento de negociaciones salariales entre los sindicatos asalariados y el gobierno, pero esto no constituye una regla. Así, en el año 2010, el pico de conflictos se concentró en septiembre con 105 conflictos; en el año 2011, los meses más intensos fueron abril con 168 conflictos y agosto con 155; durante el primer semestre de 2012, en el mes de marzo se presentaron 123 conflictos.

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Los perros de Uyuni, Edgar Arandia, acrílico s/aglomerado, 2010.

“Somos ingobernables” Así reza un grafitti pintado por la movida libertaria en los muros de varias ciudades de Bolivia. Esta inscripción es la constatación de una cultura política ambivalente, por una parte se valoriza la cultura de contestación y conflicto: “nunca seremos sometidos al poder y a la disciplina”; por otra parte, puede ser leída como la constatación de un fracaso colectivo: “nunca podremos cambiar nuestro (trágico) modo de ser”. Sea como fuese, una de las explicaciones de la alta conflictividad boliviana radica en el habitus político de las organizaciones sociales, urbanas y rurales, que cuentan con sorprendentes capacidades de organización y movilización. Recordemos que el habitus, un concepto del sociólogo francés Pierre Bourdieu, es un conjunto de disposiciones adquiridas y comunes a los actores y que son moduladas mediantes reglas no-escritas que establecen la legitimidad de las prácticas, la acción colectiva, entre ellas. La movilización es un capital político y un recurso de poder en sí mismo.

Una de las expresiones más comunes de esta costumbre está contenida en el propio lenguaje del conflicto: hiperbólico, virulento y agresivo. Esta beligerancia discursiva constituye fronteras entre amigos y enemigos, fortalece la identidad y la cohesión de la acción colectiva. La clasificación y estigmatización de los adversarios como “agentes de derecha” ha sido uno de los dispositivos simbólicos privilegiados por el segundo gobierno del MAS; la COB, la CIDOB y otras organizaciones sociales han sido calificadas como “conspiradoras” y fuerzas de “derecha”.

Una investigación realizada en 2010 sobre nuestra cultura política ha mostrado un dato revelador: la participación de los bolivianos en protestas o manifestaciones públicas es comparativamente alta respecto a otros países de la región latinoamericana5.

En 2008, tres de cada diez bolivianos afirmaba haber participado en protestas. La forma más frecuente que las protestas adquieren en Bolivia es el bloqueo. Sin embargo, esta participación se realiza mediante un código de sanciones y recompensas que incluyen presiones desde las organizaciones sociales.

El Estado resuelve conflictos pero también los produce Otro estudio ha mostrado un hallazgo sobre la dinámica del conflicto en Bolivia6: “el Estado es un actor central en los juegos de poder y de conflicto, pero tiene limitada capacidad estatal para gestionarlos y resolverlos con un sentido de cohesión social y expansión democrática”. El Estado boliviano, por lo tanto, es el principal productor de conflictividad debido a las limitadas capacidades institucionales para prevenir y procesar conflictos y lograr con ellos una innovación institucional positiva. En contrapartida, las organizaciones sociales cuentan con enormes capacidades de veto y movilización política, pero son reacias a la interacción proactiva con el Estado.

Me parece novedosa y relevante la constatación de la emergencia de un nuevo campo de conflictividad llamado “institucional” y constituido en torno a reclamos de “buen gobierno”.

Estas demandas concentran y expresan problemas vinculados con la gestión administrativa, la prestación de servicios públicos, problemas legales-judiciales y legitimidad de las autoridades públicas. Sin embargo, en algunos casos –el conflicto del Tipnis es paradigmático– la demanda del cumplimiento estricto de las normas constitucionales, en base a los derechos de los pueblos indígenas inscritos en la Constitución, puede derivar eventualmente en un conflicto estructural que afecta la legitimidad del gobierno del MAS.

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Cuadro 2: Industrias extractivas, recursos naturales y conflictos sociales relevantes (2010-2012) Tema/conflicto

Factores

Actores

Colquiri

Mineros movilizados demandan la estatización de la mina en manos de cooperativistas.

Fencomin, Comibol , mineros asalariados.

Mallku Khota

Comunarios movilizados demandan expulsión de empresa subsidiaria Pan American Silver.

Ayllus, cooperativistas, empresa, Min. Minas Presidencia, Comibol.

TIPNIS (I y II)

Construcción de carretera en Parque Nacional.

Deficientes procesos de Consulta a los PPII. Temor a la pérdida de biodiversidad, a la colonización y pérdida de bosques.

PPII (TCO TIM, y TCO TICH), Colonos, Estado, Cocaleros., SERNAP, ABC, Empresa Constructora, Min. Medio Ambiente.

Mega-represas El Bala, Cachuela Esperanza (Bolivia), Jirau y San Antonio (Br).

Afectación a TCOs, Parques Nacionales, y comunidades (10) de la zona. Procedimientos ambientales no cumplidos o deficientes.

TCOs, colonos, SERNAP, empresas constructoras, Gobierno de Brasil, Ministerio de Hidrocarburos

Gasolinazo

Alto costo de subsidio a los combustibles para gobierno central, contrabando de combustibles, rechazo total por parte de los MS.

Movimientos sociales, Ministerio de Economía.

Expansión de la frontera hidrocarburífera (Lliquimuni, Madre de Dios, Aguaragüe).

Aprobación de nuevas zonas de exploración.

Procesos de consulta y licencia ambiental cuestionados. Afectación directa a las TCOs (Mosetene, Leco Apolo) y a siete Parques Nacionales y ANMI (i.e. TCO Yaku Igua y Serranía de Aguaragüe).

TCOs, Organizaciones de PPII (OPIM, CIPLA, APG, CIDOB), Petroandina, YPFB, Min. Hidrocarburos y Energía, Empresa Geokinetics, SERNAP.

Expansión de la frontera hidrocarburífera (Lliquimuni, Madre de Dios, Aguaragüe).

Expansión de actividades de exploración en el Bloque Caipipendi (Chaco Serrano de Chuquisaca) Rechazo de actividad hidrocarburífera por parte de la TCO.

TCO Tentayape, AGP, Consorcio Margarita (REPSOL, BG y BRIDAS), YPFB, Min- Hidrocarburos y Energía, ONGs.

Exploración en la TCO Tentayape.

Expansión de operaciones en Campo Margarita.

Expansión de actividades de exploración en el Bloque Caipipendi (Chaco Serrano de Chuquisaca) reanuda conflicto anterior entre TCO y REPSOL. Previa rechazo de actividad hidrocarburífera por parte de la TCO.

TCO Tentayape, AGP, Consorcio Margarita (REPSOL, BG y BRIDAS), YPFB, Ministerio de Hidrocarburos y Energía, ONGs internacionales.

Conflicto por rentas (Tarija y Chuquisaca).

Reservas de gas ubicados en ambos territorios.

Conflicto de larga data no resuelto.

Gob. Departamentos Tarija y Chuquisaca, Min. de Hidrocarburos y YPFB.

Proyectos de explotación y industrialización minera Coro Coro San Cristóbal Ayopampa

Expansión inversión y exploración minera, altos precios, demanda fuerte. Comunidades directamente afectadas, temor a contaminacióndisminución de agua. Procesos de consulta deficientes. Procesos de obtención de licencia ambiental cuestionados.

Comunidades locales, CONAMAQ, Ministerio de Minería, COMIBOL, KORES, Sumitomo), Gobierno de Potosí.

Cambio institucional

Fallo del Tribunal Constitucional.

Proceso de consulta cuestionado.

Uno de los principales motores de la conflictividad social es la política (neo)extractivista, exportadora y desarrollista del Gobierno. A pesar de que la Constitución consagra y santifica la idea del “vivir bien”, en “armonía con la naturaleza”, y a pesar de las nacionalizaciones ejecutadas en los dos gobiernos del Presidente Evo Morales, las actividades generadas por esas políticas se han convertido en las fuentes vivas de los principales conflictos sociales en la actualidad (ver cuadro 2). ¿Cuáles son las evidencias para sostener esa tesis? De acuerdo a un informe de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL, 2011), en la Comunidad Andina de Naciones el porcentaje de materias primas exportadas aumentó subió a 82,3% en 2009. Bolivia forma parte de los países cuyas exportaciones so-

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Según el criterio de Donald Bebbington, un especialista en conflictos provocados por las industrias extractivas, el fondo del problema no es la extracción de recursos en sí misma, sino la predominancia de una “lógica cultural y una forma de ocupación del espacio que refleja el poder del centro frente a las regiones”.

Se trata de una contradicción entre el poder de la inversión privada trasnacional frente a los modos de vida y las instituciones tradicionales de las comunidades indígenas7.

El actual patrón de gobernabilidad complica aún más las cosas.

En el primer gobierno de Evo Morales (2005-2010) los principales conflictos se produjeron por el antagonismo entre las elites regionales conservadoras y el nuevo gobierno, pero las contundentes victorias electorales del MAS y particularmente el resultado del referéndum constituyente (enero 2009), han transformado ese escenario de extrema polarización. El MAS ha ocupado el centro del campo político, controla casi la totalidad de las instituciones estatales, pero, además, ha construido eficientes mecanismos políticos para controlar a las organizaciones sociales estratégicas.

Nueva Ley de Minería (Propuesta).

Proceso de Consulta (propuesta Conamaq).

Fuente: Adaptación del cuadro elaborado por A. Bebbigton (2011)

Industrias extractivas y control de recursos naturales: nueva gramática del conflicto

Una porción importante de los actuales conflictos enfrenta al Estado con colectivos sociales afectados por esas actividades extractivas (gas, minerales, caminos y otras actividades que destruyen el medio ambiente), o por organizaciones sociales interesadas en controlar los beneficios de las rentas y excedentes que están en juego. No se trata, luego, de eventos que confrontan a los “ecologistas” con los “desarrollistas”, sino de una conflictividad muy compleja que involucra a muchos actores con intereses y aspiraciones diferentes.

brepasan el 90% de las exportaciones globales (junto a Perú, Ecuador y Chile). Aún más, en los últimos cinco años, la participación de bienes primarios en la estructura global de exportaciones pasó del 89,4% en 2005, a casi el 93% en la actualidad.

De hecho, el conflicto del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es paradigmático porque ha opuesto dos visiones contrapuestas sobre el desarrollo y el territorio. Sin embargo, no es el único caso: el “gasolinazo” de 2011 intentó recortar el alto costo del subsidio a los combustibles; las peleas entre Tarija y Chuquisaca han girado en torno a la propiedad de las regalías del campo Margarita, cuya explotación también ha provocado un conflicto en Itika Guasu entre la Asamblea del Pueblo Guaraní y la REPSOL; el reciente conflicto de Mallku Khota cuestiona los impactos negativos de la actividad minera, pero también moviliza a centenares de cooperativistas mineros interesados en promover esta actividad minera.

Otra constante en la mayoría de los conflictos que involucran a los pueblos indígenas ha sido la inobservancia del recurso a la consulta previa, libre e informada a estas colectivas, reconocida en la Constitución Política, pero también en la declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos indígenas (elevada al rango de Ley en Bolivia) y en el Convenio 169 de la OIT. Aquí se ha cometido un error político estratégico porque la aplicación inteligente, transparente y de buena fe de este instrumento podría servir como un espacio de mediación y de prevención de conflictos entre los pueblos indígenas y el gobierno.

En ese marco, me imagino que no es fácil prevenir o solucionar los conflictos. Las respuestas del Gobierno han sido hasta ahora coyunturales y aisladas, trata de encontrar una “salida” al conflicto del momento ejerciendo presión sobre los grupos movilizados.

El problema es que este enfoque reactivo no permite abordar el fondo de los problemas. En Bolivia la mayoría de los conflictos no se resuelve, simplemente se posterga.

En todo caso, como lo muestra la última columna del Cuadro 2, las innovaciones institucionales que han producido los conflictos mineros, petroleros y mega-proyectos son muy escasas, pero, sobre todo, han sido severamente cuestionadas por los actores involucrados. Sólo contados casos se solucionan de manera proactiva y desembocan en reformas institucionales serias, en base a acuerdos estables y de consenso entre las partes implicadas.

Hoy, más que nunca, es necesario abrir un gran debate nacional sobre las visiones de progreso, desarrollo y crecimiento. Desde mi punto de vista, el punto de partida de ese debate es la siguiente constatación: la extraordinaria expansión de las “fuerzas productivas” en la época del capitalismo global, basada en la tecno-ciencia, ha provocado una crisis ecológica que amenaza con destruir toda forma de vida en el planeta. La razón es muy

Enfermo de amor, Edgar Arandia, óleo s/tela, 2010.

simple: los países ocupan y trabajan más superficie de la que disponen y consumen más energía de la pueden disponer por medio de la sobreexplotación de recursos fósiles y minerales.

Los llamados gobiernos progresistas de América Latina, a pesar de sus diferencias ideológicas con los países desarrollados, comparten gran parte de las tres premisas de ese horizonte. Primero, el dominio-instrumental de los hombres sobre la naturaleza, que ha sido percibida como un medio de producción, pero también como una esfera separada de la cultura y opuesta a ella. Segundo, la idea de progreso se confundió con la representación moderna de la historia como evolución de formas simples de organización social hacia formas superiores y complejas,z encarnadas en las instituciones y valores de la sociedad industrial. Tercero, la ideología del progreso ha consagrado la idea del crecimiento económico como medio para resolver las carencias económicas de las poblaciones, sobre todo de aquellas que fueron estigmatizadas como “subdesarrolladas”.

El corazón de los actuales problemas sociales no es tanto la ausencia de una estrategia de gestión y transformación de conflictos, creo que el problema de fondo es más bien la ausencia de un horizonte político que pueda eliminar o neutralizar, en parte, las fuentes activas del conflicto: el modelo de desarrollo y el modo de gobernar.

El campo político y la conflictividad A partir de las elecciones nacionales realizadas en diciembre de 2005, el “campo de fuerza” de la política boliviana ha conocido una transformación sustantiva: el MAS-IPSP ha ocupado el emplazamiento central del campo político y ha concentrado un inédito quantum de poder que le ha permitido desplazar a sus adversarios a los márgenes o, finalmente, al exterior del cam-

and a mios 27

po, allá donde cesa su calidad de actores políticos legítimos. La gramática de la “democracia pactada” que predominó durante la década de los ochenta y noventa, ha dado paso a un poder que no requiere de alianzas o negociaciones para tomar decisiones. Asimismo, se ha configurado un nuevo universo discursivo/ simbólico8 y se han establecido las bases de reconfiguración del Estado mediante la aprobación de nuevas reglas de juego plasmadas en la Constitución Política del Estado (CPE).

El centro del teatro político articula tres “lugares” estratégicos de la política: el Estado, el “instrumento político” y las organizaciones sociales. Es decir, no abarca solamente al partido o al sistema de partidos, sino que incluye tanto el control del Estado9 como de las organizaciones e instituciones estratégicas de la sociedad civil. Por el contrario, las fuerzas políticas opositoras han sido desplazadas a la periferia del campo y carecen de articulación política y liderazgo. El poder de movilización del MAS, su capital político, se ha objetivado en instituciones estatales. El peso del Estado es decisivo en la conformación de un campo político, puesto que concentra diversos recursos de poder, algunos de ellos de manera monopólica como el uso legal de la violencia o las competencias normativas. En el límite, un actor es estratégico por su capacidad de generar o neutralizar la violencia.

Pero esa apabullante correlación de fuerzas es altamente paradójica: existe fuerza pero no liderazgo. Se trata de una suerte de “hegemonía limitada”, que se expresa dramáticamente en la ausencia de canales de consulta y participación social, en un estilo de gobierno verticalista y sectario y en los evidentes déficits de la gestión pública, entre otros rasgos. Aunque la Constitución reconoce mecanismos de democracia participativa, ellos aún no han sido implementados: no existen espacios políticos que permitan una interacción no-instrumental entre el Estado y las organizaciones que conforman la sociedad civil. La presencia de un partido dominante tiende a formar una modalidad de resolución de conflictos por la vía de la imposición y la aplicación de sanciones.

Asimismo, la hegemonía “incompleta” se verifica en la predominancia de un discurso marcadamente antagonista y virulento, que expulsa de manera simbólica a los adversarios del campo político, estigmatizándolos como fuerzas de derecha. En contraste, las fuerzas de oposición al MAS no sólo carecen de un

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discurso y una visión alternativa, tampoco cuentan con un liderazgo y una estrategia capaces de unificar a su aliados y disputar el centro político.

Aquí se presenta una paradoja. Por una parte, el Estado es un actor central en el teatro del poder, pero tiene una limitada capacidad para gestionar y procesar los conflictos; el gobierno goza de una enorme legitimidad de origen, cuenta con un profundo arraigo en organizaciones sociales y ha demostrado tener una alta representatividad; no obstante, su performance ha producido una baja legitimidad por los resultados de la gestión. No es casual, por tanto, que las modalidades de procesamiento de conflictos privilegien mecanismos no-formales como las alianzas secretas con grupos de poder, las cuotas en la administración pública para las organizaciones sociales y los llamados “incentivos selectivos”, que permiten intercambiar la fidelidad política a cambio de la distribución de diversos recursos.

Coda: Los desafíos políticos e institucionales del gobierno

1) Aplicar mecanismos y espacios institucionales (ya inscritos en las normas) de participación de las organizaciones sociales y ciudadanos en la gestión de gobierno, y crear nuevos dispositivos de democracia participativa sobre la base de tres principios: la deliberación pública, la rendición de cuentas y la participación con poder de decisión.

2) Transparencia y acceso a información pública relevante. Se deben crear mecanismos para cualificar la comunicación densa entre el Estado y la sociedad. La información es la condición de la participación y el control social.

3) La solución de conflictos debe estar orientada a desarrollar procesos de innovación institucional, es decir, de permanentes ajustes en la gestión pública, en las normas, en las políticas, en los servicios y en los planes y proyectos ejecutados por el Estados.

4) Aplicación rigurosa de los protocolos y procedimientos previstos por la Ley para resolver controversias.

Jorge Komadina Rimassa Analista e investigador social. Docente de la UMSS

6

Fernando Calderón (coord.) (2011) “Los conflictos sociales en América Latina”.

PNUD-FUNDACIÓN UNIR-PAPEP: La Paz. Pag. 86.

“Cuando hablamos de conflictividad, nos referimos a una dimensión mucho más amplia que simplemente la ‘suma de los conflictos’ (…) la conflictividad como constante en las relaciones sociales implica la existencia de condiciones económico estructurales y psicológico-culturales que hacen que las personas y grupos se comporten de cierta manera particular frente a sus necesidades, intereses y problemas, frente a otros actores”. Monzón citado por Fernando Calderón (coord.) (2011) “Los conflictos sociales en América Latina”. PNUD-FUNDACIÓN UNIR-PAPEP: La Paz. Pag. 86.

7

Anthony BEBBINGTON (2007) “Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales. IEP- CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS SOCIALES: Lima.

8

Maria Teresa Zegada et al (2011). “La democracia desde los márgenes” Clacso-Muela del Diablo: La Paz.

9

El MAS no solo cuenta con mas de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, también controla la mayoría de las gobernaciones del país y la casi totalidad de las alcaldías de provincia. Finalmente, tiene una influencia determinante en las decisiones del poder electoral y en los poderes judiciales.

El País, 12/04/2011.

4

El ya citado trabajo coordinado por F, Calderón (2011).

5

Daniel Moreno (coord..) (2010) “La cultura política de la democracia en Bolivia, 2010”. PNUD-ASDI-Vanderbilt University: Cochabamba.

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César Rojas Ríos

No quiero poner el punto final a este análisis sin referirme brevemente a los principales desafíos del gobierno para construir nuevos modos de pensar y procesar los conflictos, para cambiar, en suma, el peligroso “patrón” de conflictividad actualmente vigente. Se trata de un desafío complejo y de largo plazo porque involucra, por una parte, cambios en creencias y mentalidades políticas y, por otra parte, la construcción de instituciones transparentes y democráticas. De manera concreta, además de las ideas ya anotadas a lo largo del texto, esos desafíos están vinculados con los siguientes ámbitos:

Lewis Coser (1961) “Las funciones del conflicto social”. Fondo de Cultura Económica: México-Buenos Aires.

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Conflictividad sinuosa De la democracia de alta tensión a la democracia callejera

Zarate Willca, Edgar Arandia, acrílico s/aglomerado, 2007.

Se trata de una suerte de “hegemonía limitada”, que se expresa dramáticamente en la ausencia de canales de consulta y participación social, en un estilo de gobierno verticalista y sectario y en los evidentes déficits de la gestión pública, entre otros rasgos.

Prolegómeno

historia. Las movilizaciones de los cocaleros de El Chapare y Yungas en enero de 2002. De allí a la primera medición de fuerzas entre Evo Morales y Sánchez de Lozada en el conflicto de enero de 2003: un empate que preanuncia la catástrofe del gobierno del MNR ocho meses después. Pero antes, en febrero de 2003, en el centro del poder político, la Plaza Murillo, policías y militares se enfrentan violentamente debido al amotinamiento de la fuerza verde olivo. La confrontación entre Estado/sociedad empieza a descomponer al propio Estado: el gobierno pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza represiva, y entonces no se sabe si “el Estado en primer lugar es un productor de orden y seguridad o se convierte en una fuente adicional de desorden e inseguridad” (Waldmann, 2003: 21). Esto produce un vacío de poder que será rellenado por dos días consecutivos de una turba que se desparrama por la ciudad de La Paz, saqueando y dejando instalado su mensaje de fuego: las sedes de los partidos tradicionales que gobernaron el país; la Cervecería Nacional, empresa símbolo de la evasión impositiva; y la Vicepresidencia y su espuria lucha contra la corrupción, acabarán por arder.

E

n Bolivia tuvimos un conflicto por día durante los últimos cuarenta años, es decir, llevamos este ritmo vertiginoso desde la década de los ’70. En el período 2000 - 2005 el país tuvo 3,527 conflictos, es decir, 59 eventos promedio por mes (datos Ceres); mientras de 2006 a 2012 se contabilizaron 4,046 conflictos, o sea, 52 eventos promedio por mes (datos Unir). En ambos periodos, tenemos más de 30 conflictos por mes (1.8 por día). Una tempestad prolongada, pero no idéntica.

Precisamente, para comprenderla a cabalidad requerimos mirar la longitud del ciclo completo de conflictividad (2000-2012), es decir, imbuirnos de perspectiva histórica, pues sólo de esta manera podremos caracterizar de forma debida el periodo actual, permitiéndonos delinear hipótesis sólidas que eviten aguarse en cuanto cambian las circunstancias y, por tanto, resisten al paso del tiempo y pueden trascender la simple confianza coyuntural.

Hipótesis (1) En el ciclo neoliberal (2000 - 2005), la conflictividad inicia con la “guerra del agua”, constituyéndose en un conflicto-proceso que, concatenado con otros sucesivos conflictos emblemáticos y una constelación de conflictos-eventos —en un contexto de descenso sistémico y “elevación política” de los movimientos sociales— derivaron en un conflicto-terminal: octubre de 2003, abriendo una corta pero intensa etapa de transición con una segunda “presidencia fallida”.

Acontecimientos tangibles e intangibles relevantes del ciclo: • • • • • • • •

[Estado de Sitio ineficaz] [Enfrentamiento policías/militares] [Turba en acción] [Ensanchamiento de coalición de gobierno ineficaz] [Represión dura y sucia, infructuosa] [Inicio de la polarización socio-política] [Intensificación de la incertidumbre] [Mover y ampliar la frontera de lo político]

La “guerra del agua” se trata de un conflicto-evento que en su dinámica contenciosa, pero sobre todo debido a la gestión gubernamental desacertada, se transforma en un conflicto-proceso.

Es decir, un conflicto-evento consiste en un conflicto que se consume en sí mismo en cuanto consigue una respuesta satisfactoria a su demanda y en consecuencia las bases sociales pasan a

...el colapso del ciclo neoliberal, a través de dos “presidencias fallidas”, surgen como una unidad resultante de la fusión de muchos conflictos y movimientos sociales que se influyen y determinan recíprocamente, madurando de forma conjunta el cuestionamiento general al orden existente y generando finalmente el “giro a la izquierda” de la población en una elección fundacional, que terminó por producir de esta manera una “inflexión histórica” que levantará el nuevo arco histórico plurinacional.

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Número de conflictos por año 1970 a 2007 800 700

Hampha’tu, Edgar Arandia, óleo s/tela, 2006.

600 500 400

desmovilizarse. Mientras, un conflicto-proceso, si bien puede o no conseguir su demanda (y la “guerra del agua” lo consigue en grado superlativo con la expulsión de la multinacional Bechtel), se mueve sobre un andamio sociopolítico: ancla su malestar en una tensión estructural, se enmarca en una ideología y está montada en una ola histórica emergente, movilizadoras de un contraproyecto social. Si el primero es una gota de agua que se diluye en el río de la historia; el segundo significa la primera gota de un diluvio o la semilla de un árbol futuro que marcará historia.

De esta manera se comporta la “guerra del agua”: la inicial demanda (divisible) de anulación del “tarifazo” se transforma en una demanda indivisible como es la expulsión de Aguas del Tunari (multinacional Bechtel); pero habiendo hecho fracasar en el trayecto al sexto estado de sitio (después de cinco estados de sitio exitosos: dos con Paz Estenssoro, uno con Paz Zamora y dos con Sánchez de Lozada), a pesar de ser el más violento de todos y dejando firmemente instalada una agenda ideológica-política que se irá fortaleciendo emplazada por otros conflictos emblemáticos, alterarán definitivamente el balance de poder entre Estado/ sociedad, para acabar siendo implementadas en el gobierno de Evo Morales: la recuperación de las empresas estratégicas del Estado (nacionalización), la instalación de una Asamblea Constituyente y la recolocación indígena y popular (plurinacionalismo).

En palabras de Anthony Giddens, estos conflictos emblemáticos y los movimientos sociales que los alimentan, proporcionarán “pautas significativas para potenciales transformaciones futuras” (1994: 148).

Antes de cerrar este ciclo, digamos algo sobre los sucesivos conflictos emblemáticos en medio de una constelación de conflictos-evento: la “guerra del agua” surge en abril de 2000, cuatro meses después, en septiembre de 2000, se produce el embate indígena, la aparición de la intrahistoria, es decir, la irrupción candente de lo más profundo e interno, de los olvidados de la

300 200 100 0 1970 1973

1976

1979

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1994

1997

2000

2003 2006

Fuente: 38 años de conflictos sociales en Bolivia. Cochabamba: Ceres, 2008.

Recapitulemos: la derrota infringida por la Coordinadora del Agua al gobierno de Banzer representa el inicio de una caída sostenida que desembocará tres años después, octubre de 2003, en el colapso del sistema de partidos tradicionales: cada nuevo conflicto emblemático se constituyó en un peldaño más hacia el derrumbe del Plan Bolivia. La primera “presidencia fallida” se había consumado. Y todo esto cuando el MNR, aliado con el MIR y NFR, sumaban en conjunto un ilusorio 59,7% de respaldo electoral; pero con un certero descenso sistémico, es decir, todos los subsistemas (económico, político, institucional, social) empezaron a sumar múltiples disfuncionalidades y rendimientos deficitarios. Tanto los indicadores socioeconómicos como los políticos se encontraban en rojo: el crecimiento económico era negativo (-0.20), la pobreza alcanzaba a un 60.6% y la indigencia al 36.4%, en el área rural el 91% se encontraba en situación de pobreza, el índice Gini marcaba una desigualdad extrema de 0.61. En el campo político, Sánchez de Lozada contó, en las elecciones de 2000, con un 22,46% de favorabilidad y un 70% de desfavorabilidad; mientras la confianza en los partidos políticos registraba un 29% de respaldo, sólo por delante de la policía que se encontraba en el último lugar con un 28%, y el apoyo al sistema se encontraba por debajo del 47.2% registrado en 2002.

Si bien la política no había cambiado —los pésimos políticos habían acabado por imponerse sobre los óptimos esperanzadores (Calcagno, 1999)—, sí había otra sociedad que maduraba polí-

ticamente, espoleada por cada uno de los conflictos emblemáticos: los movimientos sociales atacaron las posiciones centrales de los poderes de la época (partidos tradicionales, multinacionales, Embajada de Estados Unidos, en otras palabras, el orden constituido) que dejaron de funcionar con espontánea suavidad, privilegiando cada vez más la coerción sobre la concertación.

Así, se produjo una “explosión de conciencia” (Javaloy, 2001: 296) que removió las fronteras de lo político: nacionalización de los hidrocarburos, realización de la Asamblea Constituyente, democracia participativa y empoderamiento de los sectores sociales. Su reclamo consistía en remodelar la realidad. De esta manera acabaron por elevar hacia la política la creciente oposición que tenía lugar en la sociedad, convirtiendo al MAS en el portavoz de todo ese descontento flotante y catapultándolo como eje político del país. La rueda oxidada de la historia se había puesto a girar nuevamente en una visión distinta de Bolivia. ¿Cómo se podrían leer todos y cada uno de estos acontecimientos?

Un conflicto-proceso que, concatenado a otros conflictos emblemáticos, generan un proceso de condensación. Parafraseando a Fernando Mires podríamos decir lo siguiente: el colapso del ciclo neoliberal, a través de dos “presidencias fallidas”, surgen como una unidad resultante de la fusión de muchos conflictos y movimientos sociales que se influyen y determinan recíprocamente, madurando de forma conjunta el cuestionamiento general al orden existente y generando finalmente el “giro a la izquierda” de la población en una elección fundacional, que terminó por producir de esta manera una “inflexión histórica” que levantará el nuevo arco histórico plurinacional. Este fenómeno es un acontecimiento excepcional, pues son muy escasos aquellos momentos históricos donde conflictos con orientaciones, bases sociales y orígenes distintos pueden coincidir en el tiempo; mientras, conflictos aislados existen siempre (Cfr. Mires, 2009: 441). En otros términos, el salto cualitativo de una conflictividad desarticulada socialmente a una canalizada políticamente requiere del alineamiento de una serie de causas, condiciones y contextos extraordinarios.

Hipótesis (2) Durante el gobierno del MAS (2005 - 2012), la conflictividad presenta dos ciclos: el primero, continúa y cierra la polarización, acompañada de una constelación de conflictos-eventos; y el segundo, presenta una conflictividad multivectorial que, a partir del “gasolinazo”, abre una ventana de oportunidad para la movilización social que el gobierno pretende “cerrar” con la IX marcha del TIPNIS, en un contexto de hibridez sistémica.

Acontecimientos tangibles e intangibles relevantes del ciclo: • [Emergencia de conflictos de alta tensión aislados y horizontales: Huanuni, Colquiri] • [Conflicto de la “capitalidad plena”] • [Perfilan conflictos paradójicos, legítimos en sus demandas pero anómicos en sus medios] • [Represión infructuosa (Calancha) y perversa (TIPNIS)] • [Reposicionamiento estratégico] • [Conjura de la incertidumbre: la inestabilidad se volatiliza y se asienta la percepción de perpetuación del poder] • [Déficit de sociedad]

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Venenoso amor, Edgar Arandia, técnica mixta retablo, 2007.

El primer ciclo de conflictividad del gobierno de Evo Morales Este primer ciclo continúa y cierra el proceso de polarización iniciado en el gobierno de Carlos Mesa, donde la sociedad, primero, pareció convertirse en una sociedad ambidextra que golpeó tanto desde el oriente como del occidente, colisionando la agenda constituyente con la autonomista. Y luego, en marzo de 2008, resultó siendo para el gobierno una “temporada en el infierno”, pues fue el año donde se produjo el “golpe cívico-prefectural”: los comités cívicos de la denominada “media luna”, coligados con expresiones remozadas de los partidos tradicionales, tomaron todas las reparticiones estatales tanto en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, poniendo en verdadero riesgo la estabilidad del gobierno, la viabilidad de la democracia y la continuidad del país como unidad territorial. En el Porvenir serán las fuerzas del cambio las que terminarán de imponerse sobre las fuerzas conservadoras (Miranda, 2012).

Si realizamos una mirada longitudinal a este nuevo ciclo de conflictividad, podemos observar que los peores momentos pasaron para el gobierno del MAS: el conflicto por la “capitalidad plena”, que dejó maltrecho el proceso constituyente, produjo hondas heridas en la población sucrense y una fisura desgarradora entre gobierno/Sucre (el gobierno defiende su compromiso de llevar adelante la nueva constitución), y el golpe cívico-prefectural, donde la “media luna” consumó un desafío abierto al gobierno de Evo Morales (el gobierno defiende su legitimidad y la integridad territorial de la nación). En ese momento todo parecía indicar que la conflictividad devenida en polarización, a su vez, desembocaría en una guerra civil. No fue así, aunque el país estuvo instalado por varios días en el síndrome del abismo.

El segundo ciclo de conflictividad del gobierno de Evo Morales La conflictividad actual presenta distintos vectores u orientaciones: corren en paralelo y en ciertas coyunturas de manera imbricada, una conflictividad redistributiva (piden desde una tajada

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hasta quedarse con toda la torta y lo hacen recurriendo a medidas templadas hasta extremas) y otra que involucra a ciertos sectores sociales desafectos con el gobierno (de resistencia a sus políticas hasta ensayos de interpelación política). Los sectores que espolean la conflictividad redistributiva viven presos del síndrome de la movilidad social ascendente y la anomia social; mientras los segundos, bajo el síndrome de la alternancia gubernamental urgente.

Empecemos perfilando la conflictividad redistributiva: en el periodo neoliberal, la conflictividad podría ser catalogada como la reacción ante la pobreza histórica y estructural del país en un contexto de descenso sistémico (rendimientos económicos, políticos, institucionales y sociales, negativos) y ascenso ideológico casi meteórico de una alternativa política (MAS). Mientras, una buena parte de la actual conflictividad, más bien, podría ser caracterizada como una conflictividad con afán redistributivo y espoleada por una Constitución generosa en la otorgación y exigibilidad de derechos en un contexto de hibridez sistémica (crecimiento económico, legitimidad gubernamental y déficits institucionales) y paulatina reposición de la oposición en el campo político.

La conflictividad activada por la pobreza decantó en un gobierno que agrandó la torta económica (el año 2003 el crecimiento económico fue de –0.20 según el reporte del Banco Mundial; mientras este 2011 fue de 5.1%), y ahora los sectores sociales, sobre todo aquellos que padecieron una larga hambruna, desean una tajada del ansiado bienestar –Tocqueville vio hace mucho tiempo que la gente puede ser explotada y depauperada durante siglos, hasta que nace una ideología igualitaria y justiciera que la despierta y manda a rebelarse–; pero otros que tienen su tajada, también desean agrandar su porción en el río revuelto de la conflictividad, obedeciendo al hecho de que si bien el deseo puede ser colmado, el desear es insaciable.

Estamos ante una explosión de las expectativas amparada por una vasta otorgación de derechos –los arquitectos de la nueva

Constitución no anticiparon correctamente las consecuencias inmediatas implicadas en sus planos–, y entonces todos pasan al asalto y el gobierno se ve tratando con tinieblas en pequeña y mediana escala. Esta conflictividad tiene dos caras: por una parte, la escasez pasada produjo una abundancia de conflictos, si los sectores encuentran como contrapartida una tajada de la “abundancia” de recursos actuales, los conflictos redistributivos se harán cada vez más escasos; por tanto, en manos de la economía está la resolución estratégica de los conflictos y en la gestión política su manejo táctico. El gobierno está ante el supremo reto de ajustar la explosión de expectativas y necesidades con la capacidad de generar excedentes y provisiones –una sequía tan sostenida y profunda como la boliviana, requiere del gobierno una lluvia persistente de recursos económicos–. Si lo consigue, la conflictividad redistributiva devendrá en integradora, pues sector que encuentra a través del conflicto su respectiva gratificación genera, como contrapartida, lealtad, tanto al sistema como al gobierno. Ahora bien, si las frustraciones relevan a las gratificaciones, la conflictividad puede madurar en términos disruptivos, aunque cabe que el gobierno pueda lograr colmar la sed impaciente de estos diversos sectores proclives al conflicto.

Y por otra parte, la antesala del conflicto (diálogo y gestión con las autoridades), o se acortó o se esfumó, de tal manera que los sectores sociales pasan sin mayores consideraciones directamente al conflicto. Optan por la eficiencia de la movilización antes que por la incertidumbre de la negociación. Preocupante: el uso de medidas de presión más radical y violenta empieza a primar, como empieza a predominar lo insociable sobre la sociabilidad del hombre, las fuerzas que disgregan sobre las que cohesionan. Lo que cuenta es la defensa de mis intereses haciendo uso de los medios más eficaces para tal fin, sin reparar en el otro. Lo casos suman y siguen en su descomposición: tienen su primer antecedente en el conflicto de Huanuni, y ahora está en el candelero Coroma/Quillakas, Mallku Khota y Colquiri (se enfrentaron con muertos y heridos, cooperativistas mineros con asalariados). La anomia social se instaló en el país bajo la sombra de Hobbes: existe un debilitamiento progresivo de los valores y las normas que regulan el comportamiento de la gente, reforzada por la impunidad y la impotencia de las autoridades, que está abriendo las compuertas a todos los medios de presión, sin reparar en su legitimidad o ilegitimidad, en su legalidad o ilegalidad. Todo vale, y, de esta manera, nadie se frena en tirar la primera piedra, así sea contra su vecino, paisano o connacional. Así lo hiera o lo mate. El hombre se ha convertido en lobo del propio hombre, más proclives a devorarse entre sí, como si estuvieran en medio de la selva, que a entenderse y vivir en paz, bajo el cobijo de la ley y el orden.

Esta conflictividad tiene dos caras: por una parte, la escasez pasada produjo una abundancia de conflictos, si los sectores encuentran como contrapartida una tajada de la “abundancia” de recursos actuales, los conflictos redistributivos se harán cada vez más escasos; por tanto, en manos de la economía está la resolución estratégica de los conflictos y en la gestión política su manejo táctico. na de oportunidad para los más diversos conflictos, que tienen en este punto de inflexión una de sus condiciones de activación. ¿Qué empezó a suceder? Tres cuestiones sustantivas. La primera, parecía que el gobierno del MAS, con el respaldo del 64% obtenido en las elecciones generales de 2009, lograría el ansiado cierre histórico, es decir, la inclusión de todos los sectores sociales logrando reequilibrar la sociedad y conjurar la inestabilidad, pero, más bien, lo que ha venido sucediendo es lo siguiente: si en un inicio el MAS era una cebolla de cien telas, con el paso del tiempo se fue deshojando, primero de las capas altas, luego de parte de las medias, de algunas obreras y ahora de ciertas capas indígenas, predominantemente de tierras bajas, para ensimismarse en su corazón más íntimo: cocaleros, bartolinas y colonizadores, paralelamente, cooperativistas, contrabandistas y comerciantes. La coalición corporativa del nuevo orden emergente. Y, al atender de forma consistente los intereses de su clientela política, el Mas se encamina a deconstruirse como partido hegemónico para constituirse en un partido de representación.

La segunda, los desafectos, en principio, venían constituidos por todos aquellos perjudicados por los cambios económicos y los agraviados por las decisiones políticas, a los que fueron sumándose todos los indignados por los desatinos y déficits de la gestión gubernamental. Todos estos sectores hacen frente común y tienen su nutrida remesa de quejas. Esto se pudo apreciar con toda nitidez en el recibimiento apoteósico a los marchistas del TIPNIS por parte de la población paceña. ¿Qué se vio? Un em-

Estos son los hijos legítimos del proceso de cambio. Les despertaron la sed y les mostraron el horizonte, ahora desean que el gobierno, su gobierno, les facilite el camino y les haga llevadero el andar sin reparar en los medios.

Ahora caractericemos esa parte de la conflictividad desafecta: uno, no debemos olvidar que el gobierno nace con una desafección congénita o “contrarrevolucionaria”, que se cerró a cal y canto a todo posible cambio social y tuvo sus expresiones en enero de 2007 en Cochabamba, luego en noviembre de 2007 en Sucre durante el conflicto de la “capitalidad plena” y, posteriormente, en el “golpe cívico-prefectural” en septiembre de 2008; y dos, a partir del “gasolinazo” y la VIII marcha del TIPNIS, con la acogida multitudinaria en La Paz y la aprobación de la Ley 180 de defensa del TIPNIS, se produjo un cambio en la correlación de fuerzas entre gobierno/sectores sociales, abriéndose una venta-

Animal nocturno devorando niños, Edgar Arandia, dibujo, 1974.

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Y la tercera, la reciente coyuntura conflictiva donde estuvieron implicados médicos, universitarios, maestros y la COB, asumió progresivamente una textura antigobierno y, por otra parte, el Movimiento Sin Miedo (MSM), de manera más decidida que Unidad Nacional (UN), dio su respaldo abierto a los tres sectores culpabilizando al gobierno como “el único responsable de los conflictos”. Es decir, antes del “gasolinazo” y la VIII marcha del TIPNIS, el MSM se encontraba en un periodo de incubación, ahora salió del cascarón y lanzó un desafío político abierto al gobierno. Y si el MAS deja capas sociales a su paso, el MSM pretende recogerlas y formar con ellas un bloque popular alternativo para reconducir el proceso de cambio. Tiene de su lado, aunque en competencia partidaria con UN y otros partidos, a todos los desafectos por uno u otro motivo, y tiene enfrente al núcleo social duro del MAS y al propio gobierno. De esta manera, se va produciendo una incardinación entre lo social y lo político donde ciertos conflictos, al no encontrar salida por sus propios medios y para lograr una mayor simetría de poder, recurren al respaldo político; pero al hacerlo, convierten la demanda en una cuestión de poder. Un camino plagado de cumbres borrascosas, pero un camino, al fin de cuentas, para quienes no tienen otra opción que seguir adelante.

Colofón ¿Qué percibimos en términos generales en el país?

El paso de una democracia de alta tensión a una democracia callejera. Cuatro apuntes caracterizadores: el primero, una democracia de alta tensión es aquella que metaboliza de manera recurrente conflictos que mantienen casi en una permanente crisis de gobernabilidad a sus gobiernos, y en riesgo de un quiebre disruptivo a la democracia; mientras, una democracia callejera

BIBLIOGRAFÍA CALCAGNO, Alfredo Eric y CALCAGNO, Eric 1999. Para entender la política. Entre la ilusión de lo óptimo y la realidad de lo pésimo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

GIDDENS, Anthony 1994. Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza Universidad.

JAVALOY, Federico et.al 2001. Comportamiento colectivo y movimientos sociales. España: Prentice Hall.

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tiene como ingrediente diario un sin fin de conflictos de diversa intensidad social, pero sin generar crisis de gobernabilidad a sus gobiernos ni poner en riesgo de quiebre a la democracia.

El segundo, una democracia de alta tensión responde a una sociedad extremada en sus condiciones materiales (desigualdad) y distancias sociales (discriminación), que condiciona una política extremista (maximalista y adversativa); mientras, una democracia callejera corresponde con una sociedad de clase media nivelada”, donde se ha instalado una mayor movilidad social ascendente, pero donde los sectores —aún carentes de mejoras materiales compiten muchas veces con fiereza— por cuotas redistribuidas y donde los sectores privilegiados protegen —muchas veces acremente— los privilegios ganados.

El tercero, tanto en una democracia callejera como en una democracia de alta tensión, los invocados checks and balances (pesos y contrapesos) no se presentan en el escenario institucional, sino en la arena social; donde la democracia directa se ejerce —para sorpresa de sus doctrinarios— en la relación cotidiana, directa y contenciosa entre los sectores sociales y el gobierno, es decir, donde los sectores sociales ejercen una dosis del prometido poder y alcanzan unas gotas del oasis esperado, cuando se organizan, activan y luchan. El dicho cotidiano: “guagua que no llora no mama”, se convirtió en un leitmotiv social.

El cuarto, lo perverso, tanto de la democracia de alta tensión como de la democracia callejera, consiste en que lo que sucede (implementación de la Asamblea Constituyente) o deja de suceder (continuación de Aguas del Tunari), lo que se haga (nacionalización de los hidrocarburos) o deja de hacerse (suspensión de las ocho horas para los médicos), se genera a través del conflicto, o sea, por medio de enfrentamientos y bajo la égida del eventual vencedor. No a través de consensos, pactos o negociaciones, ni de la lucidez que apareja. En consecuencia, tanto el medio de funcionamiento de la sociedad como de constitución de lo estatal, resulta siendo la conflictividad.

La reconfiguración del campo político boliviano sus impactos e incidencia en la evolución de la conflictividad como epistemología y pedagogía del poder.

plazamiento no sólo de clases altas y medias, como fue en el periodo de la polarización política, sino pluriclasista y multiétnico —en esto consistió el agregado pluri-multi de los indígenas del TIPNIS—. Es decir, la desafección corre a lo largo y ancho de la pirámide social, y por eso también encontramos abajo tensiones y confrontaciones entre colonizadores/originarios, cocaleros/ originarios, cooperativistas/asalariados y entre organizaciones sindicales versus organizaciones comunitarias. Es decir, a los tradicionales conflictos verticales (por ejemplo, agroindustriales/ comunidades indígenas) se le suman los conflictos horizontales entre sectores pertenecientes a la misma clase social. A la polifonía contenciosa se le sumó el poliformismo.

¿Hasta cuando la sociedad boliviana tendrá que metabolizar esta inundación de conflictividad que le genera sucesivas coyunturas insomnes? Hasta que el país en su decurso histórico, en sus flujos y reflujos, pero, sobre todo, en su capacidad de asimilar sus debidos aprendizajes históricos, encuentre su óptimo sistémico.

César Rojas Ríos Sociólogo y conflictólogo

MIRES, Fernando 2009. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. México: Siglo XXI. MIRANDA, Boris 2012. La mañana después de la guerra.

La Paz: El cuervo.

WALDMANN, Peter 2003. El estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina.

Caracas: Venezuela.

Helena Argirakis Jordán Trance, cerámica esmaltada y pirograbado, 50 x 50 cm. Terra pía, cerámica esmaltada y pirograbado, 55 x 55 cm.

Andinahuyruro, cerámica esmaltada, 55 x 55 cm. Augurio de arcoiris en luna, cerámica esmaltada. (Gabriela Benitez).

a conflictividad1 en el país ha experimentado sucesivas evoluciones y transformaciones debido a la dinámica interrelación entre el contexto socio histórico y las diversas situaciones conflictivas en particular (conflictos coyunturales); como resultado de lo anterior, podemos identificar distintas ecuaciones o geometrías variables entre las etapas o momentos históricos y su interacción con el fenómeno conflictivo en cuestión. Este breve ensayo tiene el propósito de explorar, identificar y determinar tanto el contexto de tres grandes momentos o etapas históricas cercanas (la etapa de lucha inter hegemónica entre 2000 a 2009, el momento de transformación de ciclo producido entre el 2010 y el año 2011 y la etapa de lucha intra hegemónica que se articula nítidamente en el 2011), como también las manifestaciones y características de los conflictos y/o situaciones de conflictividad (el binomio conflicto –conflictividad) que se han vivido en dichas etapas o momentos, y que se han configurado o articulado de una manera específica que permite retratar (captar) el periodo de tiempo analizado.

L

Como metodología de trabajo utilizaremos el maridaje entre el análisis político y la conflictología o el análisis de conflictos, desde una mirada diacrónica de la relación conflicto–sociedad civil–Estado. Esta mirada diacrónica y de triangulación de actores permite construir un marco histórico contextual, que sale fuera de los parámetros clásicos del análisis político basado en el estático enfoque institucional–normativo, como también busca superar las limitaciones de una “lectura episódica”2 del conflicto y la conflictividad, para descubrir las tendencias que se abren y los aprendizajes que se cristalizan con este abordaje dinámico. Por otro lado, más que realizar un recuento numérico, una sistematización de “cuantos” conflictos se han producido o registrar el incremento cuantitativo en los episodios de conflictos, nos interesa comprender las lógicas socio políticas detrás de los acontecimientos. Entender cuál o cuales son las lógicas subyacentes al binomio conflicto–conflictividad en las diversas etapas históricas caracterizadas, para identificar los aprendizajes que emanan de allí.

De esta manera, podemos identificar diversas situaciones conflictivas para caracterizar cada momento e ilustrar nuestra pri-

mera idea de base: los contextos históricos tensionan la manera en que se produce la conflictividad en Bolivia y, viceversa, la conflictividad provoca transformaciones en el contexto histórico.

Los conflictos que identificamos y analizaremos en el presente ensayo son: la promulgación del Decreto Supremo No. 748 o el “gasolinazo”, que se ubica en el momento de transformación de ciclo entre los años 2010 y 2011, anticipando algunas tendencias para la siguiente etapa. Luego, analizaremos los efectos de la VIII y IX marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas (organizados en la CIDOB) por el TIPNIS, realizadas los años 2011 y 2012 respectivamente, que muestran la incorporación a la etapa de lucha intra hegemónica y la mutación en la manera en que se administra la relación y la disputa política al interior del bloque social hegemónico en el poder. Por último, analizaremos la conflictividad durante los meses de junio y julio de 2012 e identificaremos una nueva inflexión en el manejo de la conflictividad a partir de las demandas de los efectivos de base policial, quienes realizaron un motín en el mes de junio de 2012. Consideramos que el motín policial introduce una nueva inflexión en el manejo de la conflictividad, ya que constata lo que consideramos es un elemento latente, vuelto explícito, que puede reordenar el campo político nacional del año 2012 en adelante: la renovada fuerza y centralidad de la escenografía mediática-virtual como el soporte de la politicidad y como campo de lucha en el que se dirimen las disputas políticas. En otras palabras, examinaremos la tensión e interrelación entre conflictividad y medios en el contexto de la etapa de lucha intra hegemónica.

En la última parte del ensayo, exploraremos las aristas y contornos de la hipótesis de trabajo que alienta el presente ensayo, respecto a la conflictividad como una epistemología3 y pedagogía del poder. La conflictividad como epistemología y pedagogía del poder parte (desde la Teoría del Caos) del replanteamiento de la noción negativa del binomio conflicto-conflictividad como tal y rescata la esencia interpelativa, movilizadora y transformadora del conflicto, por lo que —desde esta mirada— no solo es posible, sino deseable el cambio que todo conflicto entraña.

Consecuentemente, dichos cambios o transformaciones posibilitan amplios procesos de sensibilización y diversos aprendizajes, tanto de parte del Gobierno, como de la sociedad civil, para una orientación prospectiva hacia el futuro. Dicha perspectiva permite explorar la “dimensión relacional del conflicto”.4 Por lo tanto, desde la hipótesis de la conflictividad como epistemología y pedagogía del poder, presentamos la interpretación de que el actual Gobierno del MAS no se debilita o se desgasta con la conflictividad, sino —al contrario— se aproxima, apropia, procesa, aprende-aprehende del conflicto y las situaciones de conflictividad, posibilitando al oficialismo de Gobierno reinventarse políticamente. En otras palabras, convierte el binomio conflicto -conflictividad de un factor (aparentemente) negativo y de desgaste al ejercicio del poder, en una oportunidad de aproximarse a ciertos influjos o sensibilidades sociales, que le orientan en el horizonte político. Esta idea se ilustra con una cita de Roberto Laserna y Jesús Ortega: “El conflicto no es solamente una forma de expresarse frente al Estado sino también un mecanismo de construcción de poder en el que tratan de medir fuerzas y dilucidar diferencias”.5 Una primera aproximación: conflictividad estructural y conflictividad coyuntural.

T + cálido, cerámica esmaltada y pirograbado, 50 x 50 cm.

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Antes de desarrollar el análisis de la conflictividad vigente, vale la pena contextualizar el periodo actual que se diferencia de la situación vivida entre los años 2000 hasta el año 2009 (inclusi-

Junio, Adgar Arandia, acuarela, 2012.

ve), ya que en aquel tiempo se vivió un contexto de conflictividad estructural o demandas de alta agregación, que devino en el embate a la estatalidad o el periodo denominado Estado en crisis6.

Dicha etapa de convulsiones sociales profundas se caracterizaron básicamente por el cuestionamiento a las estructuras y relaciones de dominación imperantes (basadas en la racialización del poder) y en la priorización de demandas universales en torno a las necesidades y servicios básicos encarados como derechos humanos inalienables. Estos ejes reivindicactivos provocaron diversos tipos de rupturas y desencajes entre la realidad fáctica de la sociedad movilizada en el tiempo y la institucionalidad político–jurídico de la anterior configuración estatal contenida en la figura republicana.

A diferencia de aquél periodo, actualmente se viven situaciones de conflictividad coyuntural, de naturaleza parcial, gremial, sindical en donde —en palabras del documento titulado “Factores Claves de la Conflictividad” de la Fundación UNIR7— las instancias corporativas priorizan sus intereses sectoriales antes que los universales. Bajo la concepción de la conflictividad coyuntural, las organizaciones de la sociedad civil efectivamente se movilizan y generan situaciones de conflictividad, pero las demandas y reivindicaciones no trascienden las fronteras de los intereses particulares, por lo que no devienen en matrices de conflicto de largo aliento y de transformación societal. Por lo tanto, la naturaleza, la incidencia y los efectos de la conflictividad son diferentes al periodo anterior. El eje articulador de las movilizaciones actuales consiste en hacer reclamos y demandas al Gobierno central, intentar modificar su visión y/o su accionar político e incidir en el proceso de toma de decisiones, mas no solicitan la transformación estructural radical del statu quo, como decir el retorno a la época de la democracia pactada y/o a la anterior Constitución Política del Estado. Ninguna de las actuales plataformas de demandas que subyacen a los 300 conflictos que se van desarrollando hasta marzo de 2012 (según el informe citado debajo de la Fundación UNIR), han tenido la capacidad de incidir, alterar y/o reemplazar los trasfondos del proyecto hegemónico vigente.

Sin embargo, si bien el conflicto del TIPNIS (expresado en la VIII y IX marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas de

2011 y 2012), como las demandas del sector policial, evidencian los contornos de debates societales pos constituyentes pendientes, los actores sociales de dichas movilizaciones y repertorios de acción colectiva no han podido canalizar sus reivindicaciones sectoriales más allá de sus propias fronteras políticas discursivas, para convertirlas en demandas de alta agregación o reivindicaciones universales identificables o sensibles a la gran mayoría de la población. Por lo tanto, dichos conflictos aún se manifiestan como conflictos coyunturales o demandas de mediana agregación.

A manera de antecedentes: la etapa “heroica”8 de lucha inter hegemónica antagónica del año 2000 al 2009.

A fin de dar una marco histórico referencial al análisis que desarrollamos, podemos identificar una primera etapa “heroica” (2000 al 2009) como la etapa constitutiva y estructural del actual proceso histórico en curso en el país, ya que en estos años se disputa y dirime tanto el acceso como el control del Estado, su institucionalidad y sus recursos de poder, pero, sobre todo, la composición étnica, cultural, social y civilizatoria de los conductores del Estado. Además, la etapa heroica reposiciona el tamaño, rol, alcance y centralidad del Estado en la vida de los bolivianos, en un esfuerzo por eliminar los efectos del Consenso de Washington y/o las políticas neoliberales en el país. Las demandas “heroicas” o de alta agregación giraron en torno a la nacionalización de los recursos naturales, la (re)fundación del Estado Plurinacional y la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, repercutiendo en la condensación de nuevas lógicas o sentidos comunes respecto a las relaciones intra e inter societales con el Estado repuesto como eje ordenador de los campo sociales en Bolivia, además de la consolidación de nuevas correlaciones de fuerzas y maneras de establecer equilibrios políticos, a la par de recomposiciones (ascensos y descensos) en las estructuras de poder. El final de la etapa heroica —con su particular manera de administrar la disputa política por medio de la lucha inter hegemónica antagónica— nos devela algunos elementos que esclarecen la articulación de una siguiente etapa en las formas de administrar la disputa y el relacionamiento político en Bolivia.

Por tal motivo, presentamos una apretada síntesis de los ritmos, fluctuaciones, tensiones, clivajes y rupturas al interior de esta

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etapa histórica en Bolivia que denominamos de lucha inter hegemónica antagónica.9 De 2000 a 2003: el “develamiento del Estado en crisis” manifestado por el cuestionamiento al sistema de creencias dominante en torno al modelo neoliberal y los efectos de la implementación del Decreto Supremo 21060, las variaciones en las correlaciones de fuerzas entre el fracturado sistema político partidario de la democracia pactada y las emergentes fuerzas corporativas sociales no partidarias, organizadas en torno a los movimientos sociales del Pacto de Unidad, además de la impugnación de legitimidad de la institucionalidad política vigente contenida en la anterior Constitución Política del Estado, profundiza un largo proceso de insatisfacción, turbulencia, agitación y conflictividad societal.10 De 2004 a 2008: la configuración del campo político nacional11 por medio de la articulación del Bloque Cívico Regional cruceño y su confrontación con el Bloque indiano originario campesino y popular, para dar lugar a la disputa política polarizada dividida en dos momentos: el primer momento de la ruta crítica legal institucional de los cabildos, referéndums, iniciativas legislativas ciudadanas y procesos electorales, caracterizado por el constitucionalista cruceño especialista en autonomías —Juan Carlos Urenda— como la “ingeniería constitucional impecable”.12 Este es el momento de articulación, auge, legitimidad y despliegue máximo del Bloque Cívico Regional,13 conocido como el “empate catastrófico”.14 El final de la etapa del empate catastrófico se consolida con el evento electoral del Referéndum Revocatorio de agosto de 2008, iniciando el segundo momento de la administración de la disputa política, por medio de hechos de fuerza o la ruptura de la ruta crítica legal institucional.

De 2008 a 2009: éstos años aparecen como clivajes y rupturas del ciclo anterior a través de cinco hechos de fuerza, dialógicos y electorales significativos que determinan el fin del “punto de bifuración”.15 Estos hechos son: la toma de instituciones en el oriente, en septiembre de 2008, el Referéndum Nacional Constituyente, en enero de 2009, los efectos del sindicado caso terrorismo de Eduardo Rozsa Flores en abril del mismo año, las dificultades para la oposición de derechas de consolidar un “frente único” para las elecciones nacionales y los resultados de las elecciones nacionales de diciembre de 2009, provocando la decadencia del Bloque Cívico Regional.

Entre el año 2000 al 2009 evidenciamos la transformación del sistema político partidario de la democracia pactada hacia la

Tejiendo en pentagrama, Gabriela Benitez, cerámica esmaltada pirograbado y tejido de lanas de alpaca, 57 x 57 cm.

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configuración del campo político nacional, habida cuenta del influjo de nuevos actores y sujetos políticos, demandas, procesos reivindicativos que incidieron en evoluciones en las estructuras de poder y, en consecuencia, una nueva agenda nacional que tomó cuerpo en la (re)fundación del Estado Plurinacional. Así, las lógicas y formas de manejo de la disputa política cambiarán sustancialmente de este momento en adelante. La energía disruptiva que desestabilizó al sistema político partidario provocaría un efecto de democratización de facto de la política boliviana, por la incidencia de la ampliación de las formas de administración de la conflictividad política hacia organizaciones corporativas no partidarias, históricamente invisibilizadas, marginalizadas y/o ausentes en las formas de intermediación política entre el Estado y la sociedad durante los años de la democracia o gobernabilidad pactada en Bolivia. Durante esta etapa, la relación política se orientó hacia la administración de la disputa política a través de la polarización antagónica pluri institucional,16 comprendida en los bloques históricos de poder17 como actores exclusivos y excluyentes de la etapa de lucha inter hegemónica. La polarización antagónica se basa en una relación “amigo–enemigo” (o estás conmigo o en mi contra), donde “no existe nada en común y ningún marco simbólico compartido”, en el cual la “otredad” debe ser erradicada del juego político.18 Dichos bloques de poder antagónicos ejercieron un efecto ordenador y frenaron el efecto de dispersión en un campo político inestable y variante a raíz del develamiento del Estado en crisis y luego del empate catastrófico.

La transformación de etapa del campo político nacional: fines de 2009 y año 2010 El año 2010 se vislumbra como un año de transformación de etapa, tomando en consideración los efectos de las elecciones departamentales y municipales de abril, además del impacto de la “legislación estructural”19 promulgada en julio del mismo año.

A partir de una mirada desde Santa Cruz, podemos sintetizar los impactos de las elecciones departamentales y municipales de abril de 2010 con las siguientes características emergentes y sus efectos nacionales: • La política en Bolivia se vuelve geográficamente policéntrica, aunque políticamente se mantienen las tensiones entre los influjos centralistas y sus contrarios. (Estas tensiones serán uno de los temas centrales de la agenda política de 2011 y 2012.)

• La territorialización y regionalización de la política por la puesta en vigencia de las autonomías, manifestándose éstas

Ciclo andino, Gabriela Benitez, cerámica esmaltada y ocarina de huevito, 25 x 25 x 5 cm.

...desde la hipótesis de la conflictividad como epistemología y pedagogía del poder, presentamos la interpretación de que el actual Gobierno del MAS no se debilita o se desgasta con la conflictividad, sino —al contrario— se aproxima, apropia, procesa, aprende-aprehende del conflicto y las situaciones de conflictividad, posibilitando al oficialismo de Gobierno reinventarse políticamente.

a través de la conformación de (sub)sistemas políticos sub25nacionales.20 • El surgimiento de agendas políticas regionales, departamentales y locales a partir de la conformación de los sistemas políticos sub-nacionales.

• Los complejización de la agenda política nacional a partir de la particularización de los subsistemas políticos, ejerciendo presión sobre la determinación y manejo de la agenda pública.

• La definición y manejo de las agendas regionales y locales, algunas veces en contraposición con la agenda nacional, provocando la dispersión de la política. (Efecto centrífugo).

• Los territorios como geografías políticas en pugna, habida cuenta del quiebre de la exclusividad de las fuerzas políticas locales clásicas o tradicionales: las hegemonías territoriales locales también son cuestionadas y los equilibrios internos son tensionados.

• El riesgo de (mayor) fragmentación y dispersión en el campo político nacional al no existir lógicas ordenadoras del campo político, al fracturarse la cohesión y exclusividad del espacio de interdiscursividad del dispositivo “autonomía departamental” y al agotarse las relaciones polarizadas “amigo–enemigo”.

• La posibilidad de surgimiento y/o consolidación de otros actores o sujetos políticos. (Como por ejemplo, los pueblos indígenas de tierras bajas que se tensionan durante el conflicto del TIPNIS para intentar trascender del universo discursivo de las reivindicaciones de los derechos colectivos de los indígenas amazónicos, para devenir en un movimiento de pueblos indígenas de carácter y alcance nacional).

• La posibilidad de la(s) oposición(es) y de reagruparse, refugiarse, reinventarse y proyectarse políticamente desde la escenografía política de lo local.

• La reclusión de la forma organización “partido político” a los subsistemas políticos territoriales, que daría contención a la cohabitación del campo político en la escenografía política nacional y el (sub)sistema político partidario en lo regionallocal.

• Las autonomías como espacios de gobierno en potencia: la gestación de oportunidades y posibilidades de reproducción pluralista de la política desde los gobiernos autónomos, posibilitando la consolidación de éstos como contrapeso natural del campo político nacional.

Sin embargo, se debe recalcar que si bien las autonomías funcionan como subsistemas políticos geográficamente policéntricos, no necesariamente inciden de manera efectiva en la variación o alteración de las correlaciones de fuerzas a nivel del campo nacional, ya que para que se consoliden estos subsis-

temas políticos como actores de poder de incidencia o impacto nacional, depende previamente del desenlace de las pugnas y disputas internas de las correlaciones de fuerzas locales. Por lo tanto, dependiendo de la organización y estabilización de los subsistemas políticos territorializados, éstos podrían ejercer un interesante efecto ordenador y de contrapeso a la dinámica de desarrollo hegemónico del campo nacional. Por esta condicionante interna afirmamos que las autonomías como subsistemas políticos sub-nacionales son espacios de gobierno en potencia y que la política (y ejercicio de la democracia en Bolivia) se lee —a partir de 2010— en clave territorial.

Estos puntos se manifestaron nítidamente en el año 2011 a través de dos acontecimientos principales: el avance del “masismo” en las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales en las geografías territoriales y simbólicas de las oposiciones, modificando las correlaciones de fuerzas electorales luego de los comicios departamentales y municipales de abril de 2010. Este hecho fue denunciado por las fuerzas de oposición al Gobierno central y los medios masivos de comunicación locales como el “copamiento” del MAS de los espacios institucionales, o el llamado “totalitarismo” del oficialismo de Gobierno en su afán de llenar la totalidad de los espacios y resquicios de la institucionalidad del Estado, provocados por algunas situaciones de conflictividad que provocaron vacíos momentáneos y reacomodos institucionales.21 Por el otro lado, el segundo acontecimiento que devela que las autonomías son espacios de gobierno en potencia y que la política en Bolivia se lee en clave territorial, se evidencia (entre otros elementos) a través del climax de una crisis al interior de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña durante el mes de julio de 2011 (que paralizó a dicho ente legislativo durante ocho meses), por la negativa del oficialismo departamental de la alianza VERDES-Frente Amplio a posesionar a la asambleísta indígena del pueblo yuracaré mojeño, Rosmery Gutiérrez.

Estos son algunos de los acontecimientos constitutivos para la re configuración del campo político hacia la lucha intra hegemónica agonista22 —caracterización que condensa los rasgos sobresalientes de la siguiente etapa de la lucha y/o disputa política—, ya que si bien continúa existiendo la oposición (por la presencia en los medios de comunicación) como entidad política nacional, paulatinamente va perdiendo su capacidad de incidencia o impacto por su desinserción del campo político nacional. Paralelamente, comienzan a surgir otro tipo de demandas, reclamos y reivindicaciones que, por su naturaleza, textura, y por los actores políticos que las plantean al Gobierno central, no puede ubicarse tan fácilmente en el espacio clásico de la(s) oposición(es) de derechas. Este abanico emergente de posiciones reivindicativas complejiza y a la vez cualifica el mapa de las oposiciones y agonismos, ya que dibuja los contornos y límites respecto a las (aún prevalecientes) relaciones antagónicas y las tensiones contingentes respecto a las “otras” relaciones políticas posibles (amigo, aliado, rival, adversario), desde la relación política del agonismo. También se constata en este temprano momento de reconfiguración del campo político hacia la lucha intrahegemónica, el advenimiento de una “anarquización” y/o desaceleración de las autonomías, muchas con lógicas centrífugas respecto al sistema político nacional.

Frente a este panorama de creciente complejidad, la promulgación del Decreto Supremo No. 748 (en diciembre de 2010) generó un clivaje interno que tensionó nuevamente el campo político, reviviendo la polarización y frenando el efecto de dispersión del campo de fuerzas político. Irónicamente, en lugar de provocar polarización antagónica con las oposiciones de derechas, provo-

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ca enfrentamientos con “rivales” del mismo espacio de interdiscursividad.23 Este efecto rebote de enfrentamientos y conflictividad al interior del mismo bloque socio político de poder, provoca alteraciones en la naturaleza constitutiva y estructural del campo político, ya que a diferencia de la etapa anterior en donde la lucha política se basaba en la eliminación política de la otredad (bajo la lógica del juego de suma cero o “amigo-enemigo”), la relación política agonista no solo exige la presencia y permanencia de los diversos actores del campo político, sino la construcción y mantenimiento de un “consenso conflictivo entre diversos actores”. La búsqueda de este consenso conflictivo entre diversos actores es más difícil de lograr, habida cuenta que el contexto en que aparece el “gasolinazo” presupone la finalización de la etapa “heroica” de transición estatal, por lo que sobreviene el tránsito de las demandas de “alta agregación” hacia las demandas de “baja agregación”.24 (Es decir, de la confrontación de visiones de mundo y/o proyectos de país, se pasa hacia la política de lo cotidiano o de la coyuntura.) En el interín, el pluralismo de oposiciones y agonismos (expresadas en sus diversos formatos) intentan reorganizarse desde sus escenarios geográficos y el campo político se encuentra en proceso de estabilización, luego del cierre de la lucha antagónica polarizada de alta intensidad de la etapa anterior.

La reconfiguración del campo político nacional en el año 2011: cuando la lucha interhegemónica antagónica deviene en lucha intrahegemónica agonista. La promulgación del Decreto Supremo No. 748 o el “gasolinazo”.

Uyuni, Adgar Arandia, acrílico, 2007.

Como se adelantó brevemente, el año 2011 inaugura un período de conflictividad muy diferente al protagonizado en la década anterior. El giro en la matriz reivindicativa hacia las demandas de gestión política y económica de parte de la sociedad civil, las presiones sectoriales para políticas públicas específicas, las tensiones y contradicciones al interior del Pacto de Unidad, la conformación de “líneas” al interior del oficialismo de Gobierno y la fractura del espectro de la oposición (hasta hace poco, exclusivamente de derechas) en un pluralismo de oposiciones, tanto de derechas como de parte de las detracciones del oficialismo de Gobierno, incidieron en la dispersión horizontal del poder en

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el campo de fuerzas políticas y provocaron presiones crecientes no solo al interior del Gobierno del MAS, sino amenazando a la cohesión, unidad y continuidad del pacto social en el poder. Por lo anterior, considero que la promulgación del Decreto Supremo No. 748, o el “gasolinazo”, fue una medida con un trasfondo no sólo económico sino eminentemente político, al intentar repolarizar el campo de fuerzas nacional y reconducir las relaciones políticas hacia la lógica antagónica del “amigo-enemigo”, característica central de la etapa anterior.

En un intento de proponer una hipótesis explicativa respecto a la promulgación del Decreto Supremo No. 748, encuentro que la razón subyacente en el intento de repolarización del campo de fuerzas buscaba incidir en la conformación de nuevos ejes (políticos) ordenadores con lógicas nacionales, que evitarían la tendencia hacia la dispersión horizontal o centrífuga propia de los flamantes (sub)sistemas políticos “autónomos” en los niveles de gobierno sub-nacional.

Analizando el conflicto del “gasolinazo” desde la perspectiva del oficialismo de Gobierno del MAS, la búsqueda de repolarización del campo político nacional intentaría reintroducir demandas de alta agregación para reordenar el campo de fuerzas en torno a un eje político y discursivo en común para, de esa manera, evitar la profundización de las disidencias, detracciones y reclamos al interior del bloque de poder indiano-originario-campesino y popular. Sin embargo, si la línea de pensamiento que propongo es correcta, la estrategia del oficialismo de Gobierno calculó de manera errónea la fuerza, peso político, capacidad de irradiación de influencia y de agregación o cohesión de la oposición, ya que ésta no contaba con presencia significativa en el campo de fuerzas nacional al haberse fracturado y dispersado la oposición (en singular) de una entidad política compacta y cohesionada, hacia la expresión de diversas oposiciones de derechas (en plural) recluidas en sus geografías materiales y simbólicas de resistencia en los territorios. (En palabras más simples, el Gobierno del MAS sobreestimó las capacidades de respuesta de la oposición de derechas al no dimensionar la rapidez de la desinserción de la oposición del campo de fuerzas nacional y —paralelamente— subestimó el impacto de sus estrategias antagónicas en su propio universo discursivo al interior del bloque social en el poder).

Se produjo un “efecto boomerang” que estimularía el clivaje constitutivo para la reconfiguración del campo político hacia la lucha intrahegemónica.

Por lo tanto, la conflictividad en torno a la promulgación del Decreto Supremo No. 748, o el “gasolinazo”, avivó tensiones significativas entre numerosos sectores y grupos sociales que provenían de las fracturas y desprendimientos del propio Bloque indiano-originario-campesino y popular. A diferencia de etapas anteriores de disputas, la vanguardia del conflicto no estaba cohesionada ni liderizada en torno a la oposición de derechas; al contrario, irónicamente, las críticas más duras, arraigadas y persistentes provenían de las detracciones del bloque en el poder, que comenzaban a posicionar la bandera de la “reconducción del proceso de cambio”. La disputa política antagónica se deslizaba hacia el conflicto político agonista: este hecho no sólo caracterizaría los influjos de la conflictividad del año 2011, sino quizá marcaría la tendencia respecto a las relaciones al interior del campo de fuerzas de los próximos años.

Entre los efectos políticos del DS No. 748 o “gasolinazo” encontramos: • Se reaviva la polarización que ejerce un efecto ordenador (en el corto plazo) en el campo político nacional.

• Se reintroducen demandas de alta agregación al campo político para volver a generar adhesión y cohesión interna. Por ejemplo, la reintroducción en el debate de la opinión pública sobre los resultados y efectos de la nacionalización; la seguridad y soberanía alimentaria; los nuevos contenidos del anti imperialismo; las demandas de reivindicación marítima, además del debate, en mayo de 2011, respecto a la medidas en torno a la abrogación del DS 21060; la política del Vivir Bien en el marco de la cumbre climática en Cancún, entre otras.

• En este momento, la relación entre el MAS y algunos movimientos sociales del Pacto de Unidad se encuentra tensionada, deteriorada, pero no rota. Los movimientos sociales descontentos buscan redefinir la alianza con el Gobierno.

• El Gobierno reafirma una “vanguardia del proceso de cambio” para defender la revolución democrática y cultural, en base a las organizaciones sociales denominadas “las trillizas”.25 Es decir, reafirma un núcleo duro de apoyos sociales en la coalición gobernante. Se inicia la diferenciación entre las “trillizas” y las “mellizas” (CIDOB y CONAMAQ), que se profundizaría en el conflicto del TIPNIS. • La diferenciación de las trillizas (comunidades interculturales, bartolinas y campesinos) con las mellizas (CIDOB y CONAMAQ) gradualmente delimitaría las nuevas fronteras y límites del campo de disputa política en el escenario de la lucha intra hegemónica, que se visibilizaría nítidamente con el inicio del conflicto del TIPNIS en agosto de 2011.

• El rol del CONALCAM (central en la anterior etapa de lucha interhegemónica) está en tela de juicio y en un proceso de desinserción (como forma política organizativa) del campo político nacional.

• Recuperaron (coyunturalmente) palestra pública algunos actores políticos sectoriales —como por ejemplo la Central Obrera Boliviana— que se convierten en “rivales” del Gobierno, compitiendo por su espacio de interdiscursividad.

• Se registra (en algunas encuestas y sondeos publicados) un descenso en la popularidad del Presidente Morales, ya que éste asumió personalmente la responsabilidad y costos políticos del “gasolinazo”. Surge el cuestionamiento, en los medios de comunicación, de si el “proceso de cambio” se “cae” sin la presencia de Evo Morales o sobre la posibilidad de pensar/ imaginar el proceso sin el caudillo.

• Comienza a posicionarse públicamente la idea de “reconducción del proceso de cambio”. (Otra variante que apareció en los escenarios prospectivos de la conflictividad fue pensar el año 2014 con el MAS —y también el liderazgo de Evo Morales— de oposición y los efectos en la gobernabilidad.)

• Sin embargo, a pesar de lo anterior —y coincidiendo con las conclusiones de Fernando Mayorga26 — no se modificó la distribución de los recursos de poder de carácter institucional, permaneciendo éstos en manos del oficialismo de Gobierno.

• Por otro lado, comienza a posicionarse del imaginario social la erosión del capital simbólico, de la credibilidad e imagen del Gobierno y sus principales autoridades.

• Se revalorizó nuevamente a “la calle” como escenario parapolítico, arrebatándole esta escenografía a la exclusividad del oficialismo de Gobierno.

• Nuevamente se repliega a la retaguardia de las organizaciones y sectores sociales la oposición partidaria-institucional y sus representaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

• Se interpeló al eje discursivo del (neo)nacionalismo y del neo estatismo ante la naturaleza del DS 748.

Camina el Willca, Adgar Arandia, acrílico, 2007.

• Se comienza a gestar una disyuntiva fundamental en el seno del bloque en el poder, entre la visión desarrollista y del Vivir Bien.

• Ante la progresiva desinserción e incidencia de la oposición de derechas en la escenografía nacional y ante la reconfiguración del campo de lucha política hacia la disputa intrahegemónica, presenciamos la rearticulación y redimensionamiento de una estrategia política de las oposiciones en la búsqueda de la contención del oficialismo de Gobierno, al asumir nítidamente, de ahora en más, a las empresas de redes multimedia de comunicación el rol como operadores políticos de primera línea ante la ausencia de gestión de vocerías de alcance nacional de las diversas formas organizativas de la oposición, recluidas a las escenografías territoriales regionales-locales.

• Se ensamblan progresivamente nuevas escenografías y soportes de politicidad a través de los medios de comunicación, el internet y las redes sociales, en donde (entre otros) se dirime la disputa por el capital simbólico de la política y la determinación del régimen de verdad. Se complejiza y profundiza la guerra de baja intensidad por el control de los sentidos comunes de la política y el poder en Bolivia.

Haciendo una interpretación de los impactos políticos del “gasolinazo”, podemos evidenciar que el campo de fuerzas político se repolarizó (durante ocho meses) en torno a “nuevas” (resignificadas) demandas de alta agregación que incidieron en un “reordenamiento” en torno a un eje político y discursivo común, aunque con un golpe de efecto inesperado: la reorientación de las luchas, disputas y conflictividad al interior del Bloque indianooriginario-campesino y popular.27 Durante estos ocho meses de repolarización advertimos dos grandes beneficios logrados por el oficialismo de Gobierno: primero, el trazado de una nueva frontera política entre el oficialismo y sus detractores, provocando una suerte de “depuración” al interior de las filas del MAS, que luego (durante el conflicto del TIPNIS) irá definiendo con mayor claridad y nítidez su posicionamiento en el universo discursivo, empujando a los detractores, cada vez, más hacia la frontera de “derecha” política para intentar mantener la exclusividad del polo ideológico-discursivo de la “izquierda”. Por otro lado, el segundo beneficio percibido para el Gobierno fue la posibilidad de la administración de la variable tiempo (los ocho

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meses mencionados), durante la cual mantuvo a la sociedad civil, las oposiciones y a los medios masivos de comunicación concentrados y centrados en torno a la agenda nacional.

A partir del “gasolinazo” hasta un clímax en la conflictividad política del año 2011 en torno al conflicto del TIPNIS en agosto del mismo año, podemos presenciar la paulatina descomposición de las fuerzas sociales que conformaron el Pacto de Unidad, provocando la desagregación del bloque socio histórico en el poder hacia el bloque político del MAS y sus estructuras orgánicas. El bloque histórico de poder lentamente se retrajo y se desagregó en bloques políticos que contendían desde diversas posiciones variables, pero aún en el mismo universo discursivo. Sin embargo, se constata que no varió la correlacion de fuerzas ni se conformaron nuevas reglas de juego, aunque ya se habían conformado nuevos escenarios políticos a partir de las elecciones departamentales y municipales del año 2010.

A su vez, (re)emerge la escenografía para-política de “la calle” como espacio de impugnación con otros protagonistas, aparecen algunos actores políticos reafirmados (los pueblos indígenas de tierras bajas) y se presenta debilitada en esta coyuntura la credibilidad e imagen presidencial y del oficialismo de Gobierno, aunque con posibilidades (y tiempo hasta el año electoral del 2014) para revertir lo anterior.

Por lo tanto, a partir de 2011 en adelante, la política en Bolivia se dirime en tres escenarios principales: los formales, legales e institucionales, aún en proceso de transición (nacionales y sub nacionales) y los para-políticos contenidos en “la calle” y en los mediáticos-virtuales. Todos las escenografías identificadas están transversalizadas por la clave territorial-regional como código de traducción político particular.

Las dos fases del conflicto del tipnis expresadas en la VIII Y IX Marchas de los Pueblos Indígenas de tierras bajas: años 2011 y 2012 Una segunda manifestación de conflictividad que da cuerpo a la reconfiguración del campo de fuerzas nacional gira en torno al conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, en sus dos fases, expresadas a través del repertorio de acción colectiva de los pueblos indígenas de tierras bajas contenidas en la VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS, por la Vida, la Dignidad y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; y en la IX Marcha Indígena por la Defensa de la Vida y la Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente, las Área Protegidas, el cumplimiento de la CPE y el Respeto de la Democracia28. Las marchas marcan el inicio de una escalada y la transformación de la conflictividad, y refina los contornos de “otro” tipo de relación política entre los (ex)aliados del mismo bloque político. El TIPNIS marca un punto de inflexión en las formas

...es en el contexto de la VIII y IX Marcha que las movilizaciones de los pueblos indígenas salen fuera del universo reivindicativo de los derechos colectivos de los indígenas amazónicos y tienen la oportunidad de devenir en una plataforma de debate social transversal, posibilitando su consolidación como sujetos de poder con presencia nacional.

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y escenografías de relacionamiento político, ya que el conflicto entre los pueblos indígenas de tierras bajas (organizados en la CIDOB) y el Gobierno dejó de ser un conflicto sectorial e interno al bloque en el poder, para devenir en un conflicto nacional que influyó en la percepción de una distancia entre los sectores sociales (indígenas amazónicos) y el Gobierno.29 Entre los principales efectos políticos del conflicto del TIPNIS encontramos: • La emergencia, ascenso, clímax y decadencia de los indígenas de tierras bajas como actores políticos que se tensionan internamente y buscan devenir en sujetos de poder de alcance nacional, intentando consolidar su fuerza como movimiento indígena de tierras bajas fuera del paraguas asociativo del Pacto de Unidad. Ahora, si bien la presencia política de los pueblos indígenas de tierras bajas en la escenografía nacional la podemos rastrear (en el último ciclo histórico de la democracia pactada) hasta la primera Marcha Indígena del año 199030, es en el contexto de la VIII y IX Marcha que las movilizaciones de los pueblos indígenas salen fuera del universo reivindicativo de los derechos colectivos de los indígenas amazónicos y tienen la oportunidad de devenir en una plataforma de debate social transversal, posibilitando su consolidación como sujetos de poder con presencia nacional. Por el otro lado, la presencia e incidencia política de los pueblos indígenas de tierras bajas ha estado basada en articulaciones sectoriales en torno a su matriz de demandas e intereses, sin tener presencia constante y permanente en la escenografía política nacional, por lo que afirmo en este trabajo que la sola presencia de los pueblos indígenas de tierras bajas en la escenografía política nacional no es sinónimo de un movimiento indígena de tierras bajas consolidado, que trascendiera las fronteras y límites de sus propias demandas. Sin embargo, si bien el conflicto del TIPNIS y la VIII marcha de la CIDOB tensionó internamente a los pueblos indígenas, posibilitando la configuración del movimiento indígena de tierras bajas en el oriente y su propagación fuera de su propio universo discursivo, este mero hecho no garantizaba su presencia, su alcance, ni su permanencia en el campo de fuerzas nacional mientras que no consolidasen su agenda, su independencia y autonomía política como movimiento indígena frente —por un lado— al Pacto de Unidad y —por otro lado— a las diversas facciones interesadas de las oposiciones de derechas. Considero que la incapacidad de los pueblos indígenas de tierras bajas de consolidar la “agenda del TIPNIS” y de mantener una independencia política y autonomía estratégica frente a los apoyos interesados de las diversas facciones del espectro de oposición de derechas al Gobierno central, fueron algunos de los elementos subyacentes al fracaso de la IX marcha, tras 76 días de movilización. Por este motivo afirmo, al inicio del punto tratado, la emergencia, climax y decadencia de los indígenas de tierras bajas como actores políticos y la posibilidad de articulación del movimiento indígena de tierras bajas, ya que la continuidad o no continuidad del movimiento indígena de tierras bajas dependía de la profundización y transversalización de dicha agenda del TIPNIS hacia la sociedad civil, en la medida en que no centre el núcleo de la disputa con el Gobierno nacional en la exclusividad de las demandas de sus derechos colectivos.

• El año 2011 reafirma la tendencia a que las principales tensiones y contradicciones políticas provienen del interior del bloque social en el poder, hecho que reconfigura por completo la naturaleza de las disputas y relaciones del campo

político nacional. La profundización de las fracturas entre los movimientos y organizaciones sociales que fundaron al Pacto de Unidad y las disidencias al interior del bloque indiano-originario-campesino y popular han ido madurando gradualmente el espectro de las oposiciones, que provienen de desprendimientos del bloque en el poder. El traspaso de la lucha interhegemónica hacia la lucha intrahegemónica, provoca la percepción de “enemistad” entre los actores y fuerzas relevantes del campo político nacional al no existir la presencia significativa (con peso político propio) de la oposición de derechas. Existen múltiples gamas o matices de relaciones posibles en el contexto del “agonismo” político y los “consensos/ conflictos” entre actores.31 Es decir, a causa de las fracturas y disidencias al interior del Pacto de Unidad, los anteriores aliados devienen en adversarios y rivales al interior del mismo espacio de inter discursividad.

• Como ya se adelantó, la visibilización de una nueva agenda que surge a partir de la VIII marcha vislumbra que el trasfondo a la problemática del TIPNIS tiene varias dimensiones y que no se reduce simplemente a la construcción (o no) de la carretera, ni a las reivindicaciones y/o los derechos colectivos de los pueblos indígenas de tierras bajas ni al sistema irresuelto de la tenencia de la tierra en el oriente (como factor de poder) o la cuestión de los colonos y cocaleros (y la supuesta vinculación con el narcotráfico), ya que visibiliza una serie de debates posconstituyentes pendientes desde la llamada agenda de octubre. La emergente “agenda del TIPNIS” plantea, entre sus contornos líquidos, la toma de conciencia respecto a la centralidad de la naturaleza y ecología en la vida del ser humano, y la necesidad de profundas transformaciones civilizatorias en tensión con el paradigma moderno extractivista de desarrollo industrial. El conflicto del TIPNIS evidencia las “tensiones creativas”32 entre los alcances y limitaciones de la agenda de octubre y la emergencia de una nueva agenda del TIPNIS o del Vivir Bien, que aborde el debate pendiente respecto al paradigma moderno de crecimiento y desarrollo ilimitado basado en la industria depredadora de recursos naturales y matriz energética intensiva en hidrocarburos, en el contexto de la crisis económica mundial. (Por ejemplo, las tensiones entre los llamados “desarrollistas” y los “pachamámicos” y, a partir del conflicto del TIPNIS, la versión amazónica del Vivir Bien.) Sin embargo, dichas agendas no necesariamente están contrapuestas ni constituyen oposiciones irreductibles entre sí, sino que plantean la continuidad y secuencialidad de un proceso histórico que avanza en la búsqueda de construcción de una alternativa a la crisis del sistema del mundo capitalista y que presente una opción al paradigma del desarrollo industrial depredador.

• Pero, paralelamente, la aparición de la agenda del TIPNIS constituye una matriz discursiva que funge de eje ordenador coyuntural para aquellas fuerzas de oposición que impugnan la hegemonía del Gobierno del MAS, a partir del intento de articular discursivamente un proyecto país contrahegemónico al del oficialismo de turno. Sin embargo, si bien la agenda del TIPNIS es un eje ordenador en el ámbito discursivo para las fuerzas de oposición al MAS, éstos enfrentan serias limitaciones a la hora de traducir la discursividad de la agenda del TIPNIS en un proyecto contrahegemónico al del Gobierno central, ya que la agenda del TIPNIS contiene potencialidad de interpelación no sólo estructural sino civilizatoria al capitalismo global, convirtiéndose en contradicción y limitante de fondo para las oposiciones de derechas nacionales. Ahora, lo

afirmado con anterioridad tampoco plantea —linealmente— que el oficialismo de Gobierno del MAS “contiene” las amplias dimensiones y contornos de la agenda del TIPNIS. Considero más bien, que la resolución de los contornos líquidos de la agenda del TIPNIS definirá los horizontes y ejes ordenadores de la política en Bolivia en los próximos años, de ninguna manera es un debate cerrado o exclusivo, ni del Gobierno del MAS ni de las oposiciones de derecha.

• El 2011 culmina el paulatino desprendimiento y desaparición de la oposición de derechas del escenario político nacional, debido a las derrotas políticas (de superestructuras) experimentadas desde la toma de instituciones en septiembre de 2008, el sindicado caso Rózsa Flores en abril de 2009, el fracaso de la estrategia electoral del “frente único” en diciembre de 2009 y los efectos de las elecciones de autoridades para las autonomías departamentales y municipales en abril de 2010. Frente a lo anterior, la conflictividad del TIPNIS evidenció la presencia residual de las oposiciones de derechas en el campo de fuerzas nacional y los redoblados intentos de utilización del conflicto, es decir, de la VIII y IX marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas y de la emergente agenda del TIPNIS por parte de las derechas cruceñas y nacionales para reinventar algún tipo de proyecto político con márgenes de legitimidad social. Sin embargo, a pesar de este intento de “funcionalizar” al conflicto, bajo los intereses de las derechas, podemos evidenciar que (al igual que en el “gasolinazo”) las fragmentadas oposiciones de derecha en sus expresiones partidarias no tuvieron protagonismo ni fueron actores de primera línea en la mencionada disputa.

• Esta observación posibilita una nueva hipótesis prospectiva de trabajo: la tendencia de estabilización de un campo político nacional sin la presencia significativa de la forma organización partidos políticos, para dar paso al relacionamiento o la administración de la disputa política entre actores socio políticos corporativos no partidarios (que, como ya se dijo anteriormente, provienen del desprendimiento del mismo bloque social en el poder). Se afirma la reconversión territorializada y policéntrica de la política boliviana, donde se rearticulan subsistemas políticos territoriales como espacios de sobrevivencia y/o resistencia del tradicional sistema partidario. Por lo tanto, estamos ante la cohabitación pluri-institucional de

Serie Manimales, Edgar Arandia, acuarela, 2012.

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diversas formas políticas organizativas y escenografías políticas que interactúan y se tensionan mutuamente: un campo político en la escenografía nacional con actores o sujetos políticos corporativos no partidarios; y en la escenografía subnacional, (sub)sistemas políticos en los territorios con los actores políticos partidarios, sus mutaciones y formas mixtas de organización.

• A su vez, estamos ante la presencia de la mutación del sistema de representación política, abriéndose oportunidades a otras lógicas y formas asociativas, reafirmando la ruptura definitiva del monopolio del sistema partidario y visibilizando otras organizaciones políticas posibles.

• El arribo de la VIII marcha a la ciudad de La Paz el 19 de Octubre de 2011, cierra la primera fase del conflicto del TIPNIS33, con una batalla política a favor del movimiento indígena de tierras bajas. Sin embargo, el inicio del año 2012 marca la segunda fase del conflicto con la legitimación o creación de nuevos escenarios para esgrimir los contornos del conflicto, como la marcha del CONISUR (Consejo Indígena del Sur) exigiendo la construcción de la carretera, los debates en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria del Encuentro Plurinacional34 en diciembre de 2011 y la Cumbre con los partidos políticos en enero de 2012. Los resultados y el balance político de la VIII marcha provocaron que el Gobier-

La utopía es como tener hijos, Edgar Arandia, técnica mixta sobre tabla, 2010.

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no central tome la iniciativa de convocar al Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio en Cochabamba, el 11 y 12 de diciembre de 2011, para evaluar las críticas, posiciones y sugerencias de diversas organizaciones sociales e intentar reposicionar nuevamente una imagen positiva ante la sociedad civil. Por lo tanto, manteniendo la tendencia detectada desde el conflicto del “gasolinazo”, los conflictos se dirimen en tres escenarios: desde la institucionalidad formal -legal, desde (la formalización de) los registros “para-políticos” y desde lo mediático-virtual. Sin embargo, también se mantiene la tendencia de la necesidad de decodificar estos escenarios en clave territorial.

• La realización del Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio (efectuada en Cochabamba el 11 y 12 de diciembre de 2011) y la presentación de sus conclusiones y propuestas en enero de 2012, establece una segunda inflexión en la dinámica del conflicto en torno al TIPNIS, ya que permitió al Gobierno central reencontrar la iniciativa política y la acción estratégica, por lo que la conflictividad del TIPNIS ingresó en una siguiente etapa.35 En otras palabras, el evento allanó (al Gobierno) la recuperación de “la pelota en su cancha”, ya que salió de la posición defensiva y la reacción política impuesta por la dinámica de la VIII marcha de pueblos indígenas de tierras bajas organizada por la CIDOB, para articular escenarios de relegitimación, presentar sus iniciativas de políticas de Estado y gestión pública, además de recoger propuestas, sugerencias y visiones respecto a los contornos de una nueva agenda pública.36 El Encuentro Plurinacional marca una inflexión en el conflicto del TIPNIS, ya que posibilitó al Gobierno reencausar la discusión respecto a una nueva agenda pública nacional (frente al anuncio del Presidente Morales en el 2011 del agotamiento de la agenda de octubre de 2003). A su vez, facilitó al Gobierno la rearticulación de su discursividad frente a una serie de críticas y desgastes mediáticos de fines del 2011. Por otro lado, le viabilizó la oportunidad de diseñar estrategias que puedan direccionar la conflictividad del TIPNIS, por ejemplo, en base a iniciativas legislativas como la de la Ley No. 222 de Consulta Previa, que reduce —en el transcurso de los meses de enero a marzo de 2012— el espectro de acción estratégico de la CIDOB y la plataforma Pro -TIPNIS a un escenario de reacción frente a una serie de iniciativas políticas del Gobierno.37 • Según los Boletines Informativos del CEJIS, la IX Marcha Indígena de la CIDOB partió desde la Catedral de la ciudad de Trinidad hacia La Paz el viernes 27 de abril de 2012. La marcha duró 62 días hasta la ciudad de La Paz, luego la columna de la marcha mantuvo 14 días de vigilia en la misma ciudad, sumando un total de 76 días de movilización, desde el viernes 27 de abril hasta el 10 de julio de 2012. Considero que a partir de esta fecha, el conflicto por el TIPNIS ingresa en su tercera fase de inflexión, luego de la realización de la GANPI en el coliseo de la Villa 1ero de Mayo, cuando se eligió a la nueva directiva de la CIDOB, liderada por la señora Melva Hurtado de la Central de Mujeres Indígenas del Beni-CMIB. Esta tercera fase de inflexión está caracterizada por el intento de recomposición de la CIDOB y el repliegue de la escenografía del conflicto al territorio del TIPNIS, habida cuenta de la realización del proceso de consulta a los pobladores del TIPNIS respecto a la construcción de la carretera. Las palabras de la dirigente de la IX marcha, Bertha Vejarano, ilustran este punto: lo que se avecina es un tiempo de lucha, de coraje y de convicciones, por eso sostiene que “mientras que

los hermanos afines al Gobierno nos sigan dando la espalda, estaremos aquí en la CIDOB unos días haciendo vigilia para que no se metan a la fuerza, luego se va a planificar y bajar al TIPNIS para defender con la muerte nuestra casa”.38 Conflictividad en Junio y Julio de 2012: finalización de la IX Marcha de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas por el TIPNIS, la demanda de los comunarios de Mallku Khota por la reversión de la concesión minera South American Silver (SAS), Cooperativista mineros de Colquiri y Motín policial.

GRÁFICO N° 2. CANTIDAD DE CONFLICTOS: JULIO 2006 - 2012 140 130

118

120

94 90

90 50 40

GRÁFICO Nº 1. CANTIDAD DE CONFLICTOS: ENERO A JULIO DE 2012

30 14

2006

123 120 118

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Informe Mensual de Seguimiento y Análisis de la Conflictividad a Julio de 2012. Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia (julio 2012)

109

100 97 90

28

0

130

110

31

20

94

83

80 75 70 60 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Fuente: Informe Mensual de Seguimiento y Análisis de la Conflictividad a Julio de 2012. Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia (julio 2012)

Según el Informe Mensual de Seguimiento y Análisis de la Conflictividad en Bolivia, elaborado por la Fundación UNIR, durante los meses de junio y julio de 2012 se registraron un total de 109 y 118 conflictos sociales, respectivamente, rompiendo la tendencia de contracción de la conflictividad evidenciada en abril de 2012 (con 75 conflictos reportados). Siguiendo el informe del mes de junio, éste sostiene que entre la segunda y tercera semana del mes se realizaron los principales hechos conflictivos, como el amotinamiento de la policía y las movilizaciones por la actividad minera en Colquiri, además de la demanda de reversión de la concesión minera South American Silver (SAS) de parte de los comunarios de la localidad de Mallku Khota. A su vez, en el informe del mes de julio destaca nuevamente el conflicto de Mallku Khota y el corolario o finalización de la IX Marcha de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas por el TIPNIS (conflicto CIDOB – Gobierno central).

Los informes destacan una tendencia a la alza en la conflictividad respecto a años anteriores, haciendo una comparación de la cantidad de conflictos ocurridos en junio y julio de 2012 con años anteriores (desde 2006), llegando a la conclusión: “que se mantiene la tendencia a un número alto de conflictos, doblando y en algunos casos cuadruplicando las cifras de los años pasados, con excepción de 2011”.39 Sin embargo, como ya se dijo en la introducción al presente ensayo, más que realizar un recuento numérico, la sistematización de “cuantos” conflictos se han producido o registrar el incremento cuantitativo en los episodios de conflictos, nos interesa comprender las lógicas sociopolíticas detrás de los acontecimientos. Entender cuál o cuáles son las lógicas subyacentes al binomio conflicto-conflictividad en las diversas etapas históricas caracterizadas, para identificar los aprendizajes que surgen de allí.

En un esfuerzo por comprender el motivo o causa de dicha tendencia al alza en las situaciones de conflictividad durante el año 2012, tomamos el caso del conflicto entre los policías y el Gobierno central y reintroducimos una variable que habíamos mencionado con anterioridad, que consideramos fundamental y que nos ayudará a dimensionar el binomio conflicto-conflictividad para el último semestre del año 2012: la escenografía mediáticovirtual. Consideramos que dicha variable provoca una inflexión en las escenografías de la conflictividad al pasar a primer plano el escenario mediático – virtual, por lo que esta escenografía se convierte no en la aséptica plataforma de la “defensa de la libertad de expresión y prensa”, sino en el recargado campo de lucha en el que se dirime la politicidad. En otras palabras, identificamos que hasta junio y julio de 2012 la conflicitividad se había dirimido, preponderantemente, en la escenografía de la calle y los espacios para-políticos; sin embargo, a partir de este momento constatamos que la conflictividad se traspasa en primer plano a un campo de lucha mediático-virtual que buscar provocar influencia en la opinión pública, a través de una suerte de guerra de posiciones en los imaginarios sociales.

Si bien el conflicto entre los policías y el Gobierno giró en torno a cuatro demandas centrales —nivelación salarial de los efectivos policiales con las Fuerzas Armadas, renta de jubilación al 100% del salario activo, abrogación de la Ley No. 101 del Régimen Disciplinario de la Policía y la creación de la Defensoría de la Policía40—, constatamos que en el tratamiento mediático del tema, rápidamente hubo una espiral ascendente de demandas que actuó en un lógica de escalada del conflicto —independientemente de las mesas de diálogo y negociación instalados entre los Policías y el Gobierno central— que parecían buscar no necesariamente el cumplimiento de las demandas y la solución del conflicto, ni siquiera el desgaste o debilitamiento del Gobierno, sino, aparentemente, la provocación de la renuncia del Presidente Morales. ¿Cómo se llegó (en el marco de la conflictividad) de cuatro demandas centrales concretas, tangibles y específicas al pedido de renuncia e inclusive a la posibilidad de interrupción del Gobierno constitucional de Evo Morales? ¿Cuáles son las causas que subyacen a esta espiral ascendente de demandas y la escalada del conflicto, hasta lindar en lo que el Gobierno de Evo Morales denunció como afanes golpistas (neogolpismo según Juan Gabriel Tokatlian: 2012), y en el contexto de los “golpes con forma constitucional” (Juan Carlos Monedero. 2012) y en referencia a la “tecnología de derrocamiento”

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Estado, inclusive por medios no militares”. A riesgo de ser redundante, pero en aras de afirmar y aclarar la idea que trabajamos, lo planteado por Pinheiro Guimaraes es posible a través de la escenografía mediática-virtual convertida en campo de batalla o lucha desde donde se dirime la politicidad y el poder.

Conclusiones tentativas: algunos aprendizajes del manejo del binomio conflicto–conflictividad durante el segundo Gobierno de Evo Morales.

Ajenjo, Edgar Arandia, óleo s/tela, 2007.

(Franklin Ramírez: 2000) vista en Paraguay con la deposición del Presidente Lugo en el mismo mes?41 Como ya hemos explicado con anterioridad, ante la progresiva desinserción y ausencia significativa de la(s) oposición(es) en el campo político nacional, ante el vacío de una propuesta contra hegemónica como eje de agregación político y ante el repliegue de la forma organización “partido” y sus mutaciones (agrupaciones ciudadanas) a los (sub)sistemas territorializados, las empresas privadas de redes multimedias de comunicación se convierten en los voceros y representantes de los intereses de las heterogéneas fuerzas de oposición, que se unen en torno a la consigna de “tumbar al MAS”.

Por lo tanto, desde fines de 2010 se ensamblan progresivamente nuevas escenografías y soportes de politicidad a través de los medios, el internet y las redes sociales, donde (entre otros ya mencionados) se dirime la disputa por el capital simbólico de la política y la determinación del régimen de verdad.42 Se complejiza y profundiza la guerra de baja intensidad por el control de los sentidos comunes e imaginarios sociales de la política y el poder en Bolivia. Encontramos que a partir del motín policial, la escenografía mediática-virtual no será un telón de fondo que acompañe los procesos políticos ni tampoco una plataforma neutral en la que se exponen diversos criterios o expresiones públicas (en la lógica de la defensa de la libertad de palabra y expresión), sino que se convierte nítidamente en un campo de batalla o de lucha de primer plano, desde donde se dirime la politicidad y el poder en el siglo XXI. En el artículo citado abajo del periodista argentino y ex director de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique, Pablo Stefanoni, éste toma las palabras del hasta hace poco Alto Representante del Mercosur, Samuel Pinheiro Guimaraes, quien afirmaba que “el neo golpismo reconoce que los gobiernos fueron elegidos democráticamente, pero argumenta que ellos no gobiernan democráticamente. Crea imágenes de esos gobiernos como dictaduras y genera un clima que justifique un Golpe de

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1. La ubicación geográfica y la “sensación térmica” del conflicto Un primer aprendizaje tiene que ver con el doble factor de la ubicación geográfica del epicentro de la conflictividad y la “sensación térmica” que provoca dicha conflictividad. El hecho de que —generalmente— el epicentro de la conflictividad se ubica en la ciudad de La Paz, en la sede de Gobierno, no es un hecho menor, ya que provoca una muy particular configuración entre la percepción ciudadana-mediatizada del conflicto y la incidencia o impacto del conflicto, que no se puede extender linealmente a las demás ciudades capitales de departamentos y menos aún a las zonas rurales del país. Un eje transversal en este trabajo hace referencia a la clave territorial: el país del año 2012 ya no es un simple reflejo lineal o caja de resonancia de lo que se vive en la ciudad de La Paz. El mismo departamento de La Paz presenta enormes heterogeneidades difíciles de alinear a la medida de la ciudad sede de Gobierno, ni qué decir con los demás departamentos de Bolivia. La politicidad en Bolivia se lee en clave territorial.

2. Conflicto, conflictividad, orden y estabilidad Un segundo elemento refiere a la concepción, visión y forma con la que el actual Gobierno “conoce” el binomio conflicto y conflictividad, de manera muy diferenciada a otros Gobiernos de la etapa de la gobernabilidad y/o democracia pactada, que consideraban tanto al conflicto como a la conflictividad como negativos, perjudiciales y una situación social que debiera ser reducida, minimizada, reprimida y –en el mejor de los casos– eliminada, ya que el presupuesto sociológico (ideológico) de dichos Gobiernos se basaba en la utopía del orden y la estabilidad como imaginario social preponderante y deseado. Sin embargo, actualmente existen diversos procesos de clivajes en el mundo que provocan rupturas en las visiones respecto al orden y la estabilidad como socialmente “deseables” e incluso como (fácticamente) posibles, ya que “el orden y la estabilidad” entrañan dolorosos procesos de homogenización e invisibilización social a favor de un imperante.

2ª) La conflictividad y el efecto ventilador Recurro a la imagen simbólica del ventilador para construir una analogía respecto a la dinámica de funcionamiento de esta máquina de fluido disipador y los flujos, tanto del conflicto como de la conflictividad, durante la democracia pactada. Haciendo una semejanza entre el ventilador y cómo se manejaba el conflicto durante la etapa de la democracia o gobernabilidad pactada centrada monopólicamente en los confines de la democracia representativa y el sistema político partidario, vemos que durante esta época, la lógica de manejo o administración del conflicto asimila a éste como un elemento negativo o perturbador del equilibrio u orden del sistema, por ende, (al igual que el ventilador y el aire) tiene un efecto centrífugo, disipador e inclusive dispersador del conflicto y la situación de conflictividad. En otras palabras,

el sistema político partidario de la democracia representativa pactada reaccionaba o respondía al conflicto y la conflictividad como un ventilador, arrojándolos (a los conflictos que evaluaba disfuncionales a los fines u objetivos del sistema) lejos del centro de toma de decisiones y del procesamiento de demandas políticas, provocando el recalentamiento de las demandas insatisfechas desde las periferias del poder. El sistema político partidario actuaba con ceguera selectiva, ya que no reconocía ni asimilaba (hasta las tardías modificaciones al régimen de representación político) a otros actores o sujetos políticos como participantes legítimos y legales del sistema, sino que prioritariamente daba contención a la forma organización partido. Este régimen de representación y manejo de conflictividades funcionó mientras que el modelo neoliberal fue hegemónico, pero frente a los cambios estructurales que sobrevienen al país desde el año 2000 en adelante, el manejo de la conflictividad con el efecto ventilador ha sido y es imposible de sostener. Hoy, los parámetros de la “institucionalidad democrática” (léase la institucionalidad de la democracia liberal representativa como expresión política monopólica) ya no son suficientes ni abarcativos para medir el rendimiento de una democracia que se expande a otros sistemas de participación, representación y, por ende, de reconfiguración o transición hacia otras formas institucionales y manejos de la conflictividad.

2b) La conflictividad y el efecto turbina En contraste con lo anterior, la conflictividad con efecto turbina de avión es la imagen opuesta del manejo del conflicto, en donde —al contrario del ventilador— existe un influjo centrípeto respecto al conflicto y la conflictividad, introduciendo las demandas, reivindicaciones y necesidades hacia un gran centro o vórtice político (a manera del turborreactor del avión) de procesamiento de las demandas. Este manejo o influjo que impulsa el conflicto a ser procesado políticamente (en la toma de decisiones) hacia adentro del Gobierno (por ejemplo, a través de la institucionalización de espacios de deliberación para-política como las Cumbres Sociales y Políticas que organiza el Gobierno del MAS) revierte o modifica la anterior dinámica de acumulación de demandas y reivindicaciones insatisfechas, ya que existe la apropiación de las agendas, temáticas y plataformas reivindicativas que son transformadas en procesamiento de decisiones y acciones políticas. Por lo tanto, se transforma la demanda, reivindicación y/o plataforma de conflictividad en respuestas o toma de decisiones, mas no se ignora o se arroja la demanda a la periferia del aparato estatal. Al contrario, opera una lógica de aritmética política básica: la demanda es procesada y luego convertida en respuesta, mas no es ignorada ni invisibilizada. Como efecto en cadena, esta dinámica de manejo de la conflictividad a manera de una turbina de avión impide cualquier lógica acumulativa en contra del bloque en el poder, habida cuenta que por lo expuesto con anterioridad, no existe la posibilidad de formar un núcleo o vórtice político común fuera de la centralidad del campo político hegemonizado por el bloque en el poder.

Podemos evidenciar con lo anterior que los grandes cuestionamientos “políticos” en esta etapa de disputa, de naturaleza intrahegemónica, giran en torno a “quiénes”, “cómo”, “cuándo” y “dónde” se procesa la toma de decisiones respecto a las políticas públicas y no respecto al recambio de los actores del bloque en el poder. Mas al contrario —y aquí la nota central respecto al balance del actual ciclo de disputa política— cualquier intento de contrapeso político al Gobierno se encuentra en la naturaleza de la disputa intrahegemónica. Sin embargo, desde una fallida lectura de las lógicas de relacionamiento y

Por lo tanto, se transforma la demanda, reivindicación y/o plataforma de conflictividad en respuestas o toma de decisiones, mas no se ignora o se arroja la demanda a la periferia del aparato estatal. Al contrario, opera una lógica de aritmética política básica: la demanda es procesada y luego convertida en respuesta, mas no es ignorada ni invisibilizada. manejo de la disputa política, además de las nociones obsoletas sobre el conflicto y la conflictividad, los grupos, sectores y detractores del bloque en el poder se van, paulatinamente, desinsertando del debate intrahegemónico para posicionarse desde afuera del campo político, acercándose cada vez más a la disolución de cualquier núcleo o vórtice de proyecto contrahegemónico, para convertirse en mero “testimonialismo” político.

3. La conflictividad como epistemología y pedagogía del poder Vivimos una historicidad en la que el conflicto y la conflictividad se tornan en una epistemología (es decir en una forma de conocimiento) y en una pedagogía (en una forma de aprendizaje) del poder que se recicla y relegitima permanentemente en la calle, en las situaciones de conflictividad, desde los repertorios de acción colectiva de la sociedad civil. En el análisis del decurso de la conflictividad en el país, encuentro que el actual Gobierno del MAS entiende la conflictividad de esta manera, y en lugar de que el conflicto y la conflictividad sea visto como algo negativo o nefasto, se convierte precisamente en la fórmula de la reproducción del poder y su proyección a futuro en el acro histórico.

3ª) La conflictividad como pedagogía La propuesta de convocatoria del Gobierno a una Cumbre sobre salud es un ejemplo de cómo la conflictividad deviene en una pedagogía, ya que de la realización de dicha Cumbre nacional podrían emerger diversas problemáticas del sector salud que pueden provocar —como ya lo han manifestado públicamente muchas organizaciones sociales— una reforma estructural del sistema biomédico y de la salud en Bolivia. Si no hubiera existido el conflicto y la situación de conflictividad de los médicos que rechazaron adherirse a las ocho horas de trabajo que requería el Gobierno central, el planteamiento de este objetivo (la reforma estructural del sistema biomédico y de la salud en Bolivia) hubiera sido prácticamente imposible, ya que hubiera suscitado rechazo de entrada, debido a que provenía del Gobierno. Pero, como nace a consecuencia y a efectos de la propia conflictividad social, se convierte en un elemento pedagógico, ya que va sensibilizando y atravesando a la sociedad, formando opinión pública sobre la problemática y, simultáneamente, provocando un proceso de aprendizaje social. En otras palabras, la conflictividad social permite incidir en la progresiva formación de una renovada conciencia colectiva a través del tratamiento de temáticas que afectan a la vida en común; que si no fuera por la conflictividad social, estos temas permanecerían sedimentados en la intersubjetividad sin posibilidad de removerse. La conflictividad como pedagogía es un proceso de aprendizaje dual, tanto para el Gobierno, como para la propia sociedad civil, aunque los tiempos o las temporalidades de dichos aprendizajes sean

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un proyecto contrahegemónico al del MAS. Estos dos escenarios que dialogan y se tensionan mutuamente, nos muestran la reconfiguración del campo político boliviano, donde los principales actores en el escenario nacional son los sujetos políticos corporativos no partidarios que, precisamente por gestionar la política desde la calle, impiden la posibilidad de monopolizar los espacios de creación y reproducción de la política. Por ende, “la calle” es y seguirá siendo un escenario autónomo de gestión política y de poder. (Este es el principal mensaje de la conflictividad como epistemología del poder.)

Sin embargo, como ya se mencionó con anterioridad, una tercera escenografía pasa al primer plano a partir del fracaso de la IX Marcha de la CIDOB y el amotinamiento policial en junio de 2012; esta es la escenografía mediática-virtual como campo de lucha, desde donde se dirime la politicidad y el poder del siglo XXI.

diferenciados. Dichos aprendizajes diferenciados generan la creación de nuevos dispositivos institucionales, imaginarios sociales, discursos “aggiornados” y decisiones sobre políticas públicas. (La posibilidad de pensar, analizar, aprender y educar desde el conflicto…)

Por lo tanto, estamos ante dos miradas encontradas referente al conflicto y la conflictividad en Bolivia: la mirada de los que aún consideran que la conflictividad socio política es un elemento negativo, que desgasta al actual Gobierno y que puede provocar el paulatino debilitamiento tanto de la imagen como de la credibilidad de las autoridades del Estado y, finalmente, provocar la renuncia o posterior salida de éstos.

La otra mirada plantea que ni el conflicto ni la conflictividad son elementos negativos ni desgastantes, sino, al contrario, constituyen una forma de conocer las inquietudes, demandas y reivindicaciones de la sociedad civil —en tiempo real—. b

3 ) La conflictividad en tiempo real En base a lo anterior, el Gobierno del MAS se sensibiliza, se adueña, se apropia, interioriza la conflictividad y procesa rápidamente dichas demandas y reivindicaciones de las organizaciones de la sociedad civil para convertirlas en gestión política, sea a través de legislación, acuerdos, convenios, políticas públicas y otros tipos de respuestas políticas. Para citar algunos ejemplos de esta dinámica podemos mencionar las demandas de la plataforma de la VIII Marcha de los Indígenas de Tierras Bajas, que resultaron en la promulgación de la Ley 180 de Protección al TIPNIS, la realización del Primer Encuentro Plurinacional por el Cambio, la Ley 222 de Consulta Previa, la anulación del contrato con la empresa constructora OAS y el lanzamiento y postergación del Decreto Supremo 1126 que regula las horas de trabajo de los médicos, además de la convocatoria a una Cumbre Nacional sobre Salud Pública y el sistema biomédico. En todos estos casos, las demandas surgen de las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno las procesa política y discursivamente para transformarlas en respuestas y apoyos. En otras palabras, convierte la conflictividad en una forma de conocer la realidad social, de tomarle el pulso a la sociedad, para orientar —en consecuencia— la brújula del poder.

4. Las escenografías de la conflictividad Lo dicho con anterioridad nos muestra dos escenarios de manejo político que corren paralelos: la institucionalidad del Estado a través de la administración del Gobierno y el eterno escenario político, por excelencia, que se encuentra en la calle, desde donde se gestiona política y poder. Clásicamente (es decir, desde las miradas del conflicto como algo nefasto), estos dos escenarios habían estado divorciados y enfrentados, actualmente se convierten en escenarios enlazados, mutuamente imbricados, desde donde el Gobierno procesa rápidamente las demandas políticas de las organizaciones de la sociedad civil y las convierte en respuestas o resultados políticos, impidiendo la formación de ejes, núcleos o vórtices políticos, discursivos e ideológicos desde donde se puedan agregar o aglutinar las oposiciones (en plural) para formar

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Helena Argirakis Jordán Politóloga cruceña

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Epistemología del griego epísteme=conocimiento y logos=estudio, es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Conocida también como la teoría del conocimiento, se ocupa de las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a la obtención de un conocimiento en particular, además de los criterios por los cuales se justifica o invalida.

Comentarios al presente documento de Fernando García Yapur en el Conversatorio Conflictos y desafíos políticos e institucionales del segundo Gobierno de Evo Morales, realizado en la ciudad de Cochabamba el 07 de Septiembre de 2012.

LASERNA, ROBERTO Y ORTEGO, JESÚS. 2003. Reflexiones sobre violencia, conflicto y diálogo social en Bolivia. Cochabamba, CERES–COSUDE. En ROJAS RÍOS, CÉSAR. 2007. Democracia de Alta Tensión. Conflictividad y Cambio Social en la Bolivia del Siglo XXI. Plural Editores. La Paz, Bolivia.

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GARCÍA LINERA, ÁLVARO: 2008. Empate Catastrófico y Punto de Bifurcación. En Críticas y Emancipación. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales. Año 1 No. 1 CLACSO, Buenos Aires. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ libros/secret/CyE/cye2S1a.pdf.

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Durante 2011 desde la Fundación UNIR Bolivia se registraron más de 1.300 conflictos. Este 2012, en los tres primeros meses se superaron los 300. Más allá de las cifras, si bien estos conflictos no comprometen circunstancialmente la gobernabilidad, su acumulación genera contradicciones al interior del proceso (en la medida que las instancias corporativas priorizan sus intereses sectoriales antes que los universales), ocasionan frustración en la ciudadanía y un alto costo económico para el país En este contexto se identifican cuatro factores clave de conflictividad: las relaciones de poder, la institucionalidad, lo político-cultural y la reproducción social. Estos factores están estrechamente interrelacionados y aglutinan los aspectos sustantivos de la misma, por ende, su incremento, así como acciones coercitivas (Estado) y de presión (sociedad) de los actores demandantes. Factores Claves de la Conflictividad. e boletín Puertas Abiertas digital. Información Institucional de la Fundación Unir Bolivia.

Volumen 8 – No. 2 del 1 al 15 de mayo de 2012.

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Tomo del sociólogo Fernando Mayorga la caracterización de esta etapa como “heroica o de alta agregación”. MAYORGA, FERNANDO: Escenarios Políticos Pos Gasolinazo. Conversatorio de Análisis Político para el PNUD – fBDM. Santa Cruz de la Sierra, abril de 2011

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Para mayor referencias y desarrollo sobre la etapa política de lucha inter hegemónica del año 2000 al 2010, ver ARGIRAKIS JORDÁN, HELENA en La Reconfiguración del Campo Político Cruceño: de la lucha inter hegemónica a la lucha intra hegemónica. PNUD. Bolivia.

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Mandina, cerámica esmaltada.

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que sistémico, caracterizando las relaciones políticas por medio de la imagen del “sistema político”, coherente y funcional a los propósitos del paradigma neoliberal predominante. En este texto intento contrastar las posibilidades y alcances explicativos del campo político con las del sistema político.

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URENDA DÍAZ, JUAN CARLOS: 2011. Balance del Proceso Autonómico. Mojón 21 Revista de Pensamiento Político Cruceño. Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria – fBDM.

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El Bloque Cívico Regional es una categoría analítica construida para nombrar y caracterizar la conformación de una alianza pluri-institucional, supra-partidaria y para-política que contenía diversas formas organizativas de las oposiciones nacionales en contra del interpelativo proceso de embate a la estatalidad o Estado en crisis, que tiene su momento de develamiento a inicios del 2000.

Este proceso de embate a la estatalidad fue realizado por la confederación de movimientos sociales que forman luego el Pacto de Unidad, a través del Bloque indiano originario campesino popular, o bloque socio histórico antagónico al Bloque Cívico Regional. El mencionado Bloque Cívico Regional conformó un bloque histórico de resistencia y búsqueda de mantenimiento conservador del statu quo en el país, asentándose en la geografía material y simbólica de la denominada “media luna”, articulando su proyecto político contra hegemónico en torno al dispositivo ideológico y discursivo de la autonomía departamental.

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GARCÍA LINERA, ÁLVARO: 2008. Empate Catastrófico y Punto de Bifurcación. En Críticas y Emancipación. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales. Año 1 No. 1 CLACSO, Buenos Aires.

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Idem.

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GARCÍA LINERA, ÁLVARO; CHÁVEZ LEÓN, MARXA Y COSTAS MONJE, PATRICIA: 2004. Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia. Estructuras de Movilización, Repertorios Culturales y Acción Política. Diakonía. Oxfam.

La Paz, Bolivia.

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La hegemonía tiende a construir un bloque histórico, o sea, a realizar una unidad de fuerzas sociales y políticas diferentes, y tiende a mantenerlo unido a través de la concepción del mundo que ella ha trazado y difundido, “La estructura y las superestructuras forman un bloque histórico”.* La lucha por la hegemonía debe involucrar todos los niveles de la sociedad: la base económica, la superestructura política y la superestructura espiritual. * Antonio Gramsci. Ibid., p. 48. En GRUPPI, LUCIANO. 1978. El Concepto de Hegemonía en Gramsci. México. Ediciones de Cultura Popular.

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MOUFFE, CHANTAL: Alteridades y subjetividades en las ciudadanías contemporáneas en Diálogos de la Comunicación. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Disponible en: www.dialogosfelafacs.net/75/articulos/pdf/75ChantalMouffe.pdf

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La “legislación estructural” hace referencia a cinco leyes promulgadas en julio de 2010: la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, le Ley del Órgano Electoral, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial y la Ley del Tribunal Constitucional, que completan la ingeniería constitucional de la CPE, refrendada el 25 de enero de 2009.

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La utilización de la conceptualización de “subsistemas políticos” en el nivel territorial, regional y sub-nacional no es un error, omisión o incongruencia respecto a lo afirmado páginas atrás respecto al campo político en el nivel nacional. Aquí nace una idea fuerza que se desarrollará más adelante: la cohabitación del campo político en lo nacional y los subsistemas políticos en el nivel territorial–regional, posibilitando estos subsistemas políticos sub-nacionales el espacio de refugio en el enclave territorial al anterior o tradicional sistema partidario y sus mutaciones.

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“Totalitarismo” es una categoría analítica de naturaleza histórica, ideológica y política mal utilizada (por desconocimiento), o utilizada de mala fe, por las oposiciones de derechas y por los medios masivos de comunicación cuando hacen referencia a las conductas o comportamientos políticos del MAS/oficialismo de Gobierno en Bolivia. Los regímenes totalitarios son los fascismos y comunismos históricos en el contexto de la segunda guerra mundial, como son los casos del fascismo de ultra derecha italiano de Benito Mussolini, el nacional socialismo de Adolfo Hitler en Alemania o el falangismo de Francisco Franco en España y de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal; además de los regímenes comunistas de la ultra izquierda en Europa Oriental o el régimen comunista hiper-presidencialista de Stalin en la ex-URSS. Como se verá a simple vista, hay profundas distancias entre el uso de la categoría histórica del “totalitarismo” para referirse a los regímenes de los extremos ideológicos en el contexto explicativo de la segunda guerra mundial, y el referido al “copamiento” de los espacios institucionales de los órganos de Gobierno del Estado, en sus diversos niveles territoriales. 22 Según Chantal Mouffe, la relación agonista consiste en el “consenso conflictivo entre diversos actores”, en donde se reconoce la legitimidad de los conflictos y de los actores porque existen principios éticos políticos que van a ser interpretados de manera distinta, y esto es algo positivo, ya que no hay que tratar de llegar a una sola interpretación. Entrevista de KEVE, CAROLINA a Chantal Mouffe: Chantal Mouffe: la politóloga belga amiga del agonismo político. La democracia no significa llegar a consenso a toda costa. 9 de septiembre de 2010.

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MAYORGA, FERNANDO: Escenarios Políticos Pos Gasolinazo. Conversatorio de Análisis Político para el PNUD – fBDM. Santa Cruz de la Sierra, abril de 2011.

Comentarios al presente documento de Fernando Mayorga en el Conversatorio Conflictos y desafíos políticos e institucionales del segundo Gobierno de Evo Morales, realizado en la ciudad de Cochabamba el 07 de Septiembre de 2012.

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5. La electoralización de la coyuntura Un último factor a mencionar para contextualizar el presente refiere a la temprana electoralización de la coyuntura, habida cuenta que la situación de conflictividad que se vive, posibilita el lanzamiento de globos de ensayos temáticos, discursivos, programáticos e inclusive de posibilidades de liderazgos emergentes y alianzas (en el caso de las oposiciones) que puedan prefigurar el escenario electoral del 2014.

CONFLICTO: relación entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles. (Fischer et al.) Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones. (Kriesberg.) En Informe mensual de seguimiento y análisis de la conflictividad en Bolivia. Junio de 2012. Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR, Bolivia. Julio de 2012 “El concepto de conflictividad da cuenta (sistemáticamente) de una situación de conjunto, no de un hecho particularizado”. En ROJAS RÍOS, CÉSAR. 2007. Democracia de Alta Tensión. Conflictividad y Cambio Social en la Bolivia del Siglo XXI. Plural Editores. La Paz, Bolivia

Siguiendo a Álvaro García Linera, el develamiento de la crisis se da cuando 1) las ideas dominantes de la sociedad —plasmado en su sistema de creencias— ya no son creíbles y comienzan a ser cuestionadas de forma tal que pueden llegar a ser sustituidas por otras; 2) la institucionalidad dominante deja de interpretar los comportamientos colectivos, por lo que existen fracturas en las estructuras de autoridad y legitimidad y 3) existen cambios en las correlaciones de fuerzas de quienes detenten exclusivamente el poder en un contexto histórico determinado. Provoca el derrumbe de ideas dominantes, instituciones y fuerzas dominantes…sobreviene una crisis de estatalidad y se fractura la hegemonía. En GARCÍA LINERA, ÁLVARO: 2008. Empate Catastrófico y Punto de Bifurcación. En Críticas y Emancipación. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales. Año 1 No. 1 CLACSO, Buenos Aires. http://bibliotecavirtual. clacso.org.ar/libros/secret/CyE/cye2S1a.pdf

Utilizo la categoría analítica de “campo político” del sociólogo francés Pierre Bourdieu para caracterizar las relaciones dinámicas, cambiantes, informales y simbólicas que devienen de la transformación de y en la política, a partir de la emergencia de movimientos societales disruptivos de los últimos decenios del siglo XX, que provocan un recambio epistemológico, teórico y conceptual en las ciencias sociales. Este recambio redimensiona la manera de percibir y caracterizar las relaciones políticas en Bolivia, ya que en la época de la gobernabilidad y democracia pactada en el país, los análisis políticos preponderantemente se realizaban con los aparatos teóricos y conceptuales del enfo-

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MAYORGA, FERNANDO: Texto citado.

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Las trillizas hacen referencia a los movimientos sociales que están en la base del Pacto de Unidad y el fundamento orgánico del MAS, compuesto por los colonizadores o comunidades interculturales, las bartolinas y los campesinos, a través de sus respectivas confederaciones.

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MAYORGA, FERNANDO: Escenarios Políticos Pos Gasolinazo. Conversatorio de Análisis Político para el PNUD – fBDM. Santa Cruz de la Sierra, abril de 2011.

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Sostenemos que la repolarización y reordenamiento del campo político duró alrededor de ocho meses, desde la promulgación y derogación del “gasolinazo” (diciembre de 2010 y enero de 2011), hasta el surgimiento del conflicto en torno al TIPNIS y la realización de la VIII gran marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas en agosto de 2011. El conflicto del TIPNIS plantea una inflexión o clivaje en la estrategia de repolarización del Gobierno, ya que introduce la “agenda del TIPNIS” que tensiona el monopolio discursivo del oficialismo de Gobierno.

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Los pueblos indígenas de tierras bajas y habitantes del territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), organizados en instancias como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Sub Central TIPNIS, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Sub Central TIM, son los actores directos de la VIII Gran Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS, por la Vida, la Dignidad y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas que partió desde Trinidad hacia La Paz el pasado 15 de agosto de 2011. (La marcha duró 66 días hasta el arribo a Plaza Murillo el 19 de Octubre de 2011).

Desde que empezó el pedido de las comunidades del TIPNIS de frenar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos —que atravesaría por su territorio con impactos sociales, ambientales y económicos para estos pueblos indígenas— los mismos han expresado en diferentes pronunciamientos y cartas su rechazo a la construcción de la misma y los argumentos para esta medida de presión que han tomado. Indígenas del occidente, organizados en la Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), se han sumado y han dado su apoyo a la demanda y a la marcha. http://www. somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=732:pueblosindigenas-actores-de-la-viii-marcha-por-la-diignidad-territorio-y-en-defensadel-tipnis&catid=89:defendamos-el-isiboro-secure&Itemid=110. Por su lado, la IX Marcha Indígena por la defensa de la Vida y la Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente, las Áreas Protegidas, el cumplimiento de la CPE y el Respeto de la Democracia, partió desde la Catedral de la ciudad de Trinidad hacia La Paz el pasado viernes 27 de abril de 2012. (La marcha duró 62 días hasta la ciudad de La Paz, luego, la columna de la marcha mantuvo 14 días de vigilia en la misma ciudad, sumando un total de 76 días de movilización, desde el viernes 27 de abril hasta el 10 de julio de 2012.) Boletín Informativo No. 2 del 27 de abril y Boletín Informativo No. 76 del 10 de julio de 2012 del CEJIS. Los boletines informativos del CEJIS se realizaron en coordinación con la Comisión de Comunicación de la IX Marcha Indígena. http://www.cejis.org/search/node/boletines%20informativos%20de%20la%20IX%20marcha y http://www.cejis.org/node/668

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En Temas claves de la democracia en tiempo de cambio, CIPCA Santa Cruz, Fundación IRFA – Radio Santa Cruz, en el capítulo titulado Regímenes Autonómicos: el debate pendiente de la sociedad cruceña, en el subtítulo Contribuciones para profundizar los procesos autonómicos.

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La primera Marcha Indígena por el “Territorio y la Dignidad” se realizó del 16 de agosto al 17 de septiembre de 1990, durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora, quien resolvió que el Parque Nacional Isiboro Sécure, el Ibiato y el Bosque Central de los chimanes sean declarados territorios indígenas mediante Decretos. Los líderes de la movilización indígena de tierras bajas fueron Ernesto Noe, Marcial Fabricano y Tomás Ticuasu. La primera marcha contó con alrededor de 750 marchistas que llegaron a la sede de Gobierno tras 34 días de caminata. http://eju.tv/2011/10/la-flor-del-patuj-smbolo-de-la-marchade-indgenas-del-tipnis-boliviano/

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La naturaleza de las relaciones de la administración de la disputa intrahegemónica son diferentes a las relaciones de la lucha interhegemónica, ya que, en el caso de la última, los actores provienen de dos espectros ideológicos opuestos y diferenciados sustancialmente en oposiciones binarias (derechas e izquierdas), por lo que son más fáciles de identificar y caracterizar. Mientras que en la administración de la disputa intrahegemónica, los actores provienen de desmembramientos del mismo bloque histórico de poder (el bloque indiano originario campesino y popular) y del mismo espectro ideológico (los matices de las izquierdas y los progresismos), propiciando no sólo debates ideológicos sino también de naturaleza cosmológica e intercivilizatoria, por lo que la caracterización de dichos actores y la naturaleza de sus relaciones no son tan fáciles de distinguir.

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Concepto introducido por el Vicepresidente García Linera para explicar el surgimiento de conflictos al interior del bloque indiano originario campesino y popular. Ver Las Tensiones Creativas de la Revolución La quinta fase del Proceso de Cambio, de Álvaro García Linera. Vicepresidencia del Estado – Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 2011.

Considero que la primera inflexión en la conflictividad del TIPNIS se produjo el 25 de septiembre de 2011 con la intervención policial a la VIII marcha de la

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CIDOB y los pueblos indígenas de tierras bajas. Ver ARGIRAKIS, HELENA. 2011. La agenda de octubre, la agenda del TIPNIS y los contornos líquidos de un debate impostergable. en http://www.la-epoca.com.bo/includes/imprimir. php?id=972 34

Ver el Dossier documental sobre el TIPNIS con leyes y decretos en http:// www.cejis.org/node/325 Contiene la Ley No. 180 de Protección del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure del 24 de octubre de 2011, además de otras leyes y decretos supremos importantes.

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La primera parte de la conflictividad del TIPNIS sería entre agosto y diciembre de 2011, favoreciendo al conjunto de pueblos indígenas de tierras bajas congregados en la CIDOB. La segunda etapa de la conflictividad se inicia en enero de 2012, cuando el Gobierno central anuncia los resultados del 1er Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio y luego presenta, en febrero, la Ley No. 222 de Consulta Previa en un intento de abrogar la llamada Ley Corta del TIPNIS del 24 de octubre de 2011, que declaraba la intangibilidad del Parque Nacional Isiboro Sécure.

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MAS prepara agenda 2012 tras Encuentro Plurinacional. http://www.eldiario. net/noticias/2012/2012_01/nt120112/politica.php?n=83&mas-prepara-agenda-2012-tras-encuentro-plurinacional

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Para un mayor desarrollo sobre este punto, ver ARGIRAKIS, HELENA: El conflicto del TIPNIS del 2011 como umbral para el 2012 en www.la-epoca.com. bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id.

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Boletín Informativo No. 76 del 10 de Julio de 2012. http://www.cejis.org/search/ node/boletines%20informativos%20de%20la%20IX%20marcha y http://www. cejis.org/node/668

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Informe Mensual de Seguimiento y Análisis de la Conflictividad en Bolivia. Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia (junio y julio 2012) http://www.unirbolivia.org/nueva3/images/stories/analisisdeconflictos/Info_Conflic_JULIO_2012_def.pdf

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Informe Mensual de Seguimiento y Análisis de la Conflictividad en Bolivia. Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia (junio 2012) http://www.unirbolivia.org/nueva3/images/stories/analisisdeconflictos/Info_Conflic_JUNIO_2012_def.pdf

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En el artículo Golpes reales o ¿golpes imaginados? (En Le Monde Diplomatique. Edición 158 de agosto de 2012), Pablo Stefanoni hace referencia al concepto de “neogolpismo”, acuñado por el profesor de la Universidad Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, y sostiene que “aunque parece claro que los `viejos golpes´ han perdido vigencia, eso no ha anulado la existencia de golpes o el `neogolpismo´, que siguió gozando de buena salud en la pos guerra fría”. Por otro lado, menciona una cita del catedrático de la Universidad Complutense y ex-asesor de Hugo Chávez, Juan Carlos Monedero, quien afirma que “en América Latina, al igual que la lucha armada no se ve legítima, tampoco son admitidos los golpes de Estado tradicionales. De allí el nuevo oximorón: los `golpes constitucionales´. En el año 2000, el politólogo Franklin Ramírez acuñó el término “tecnología de derrocamiento” para dar cuenta de la combinación de movilizaciones callejeras, maniobras conspirativas del Poder Legislativo, pérdida de apoyo al interior de las Fuerzas Armadas y, eventualmente, el aval de la Embajada de Estados Unidos…

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Michel Foucault afirma que la verdad no queda ajena a la cuestión del poder; la verdad se produce de acuerdo a múltiples relaciones y luchas por el poder, a disputas agonísticas constantes que conllevan efectos en los individuos, en las instituciones y, por supuesto, en el amplio dominio del saber. Cada sociedad construye su régimen de verdad, su “política general de la verdad”; lo que equivale a decir que cada sociedad produce históricamente los rituales y mecanismos que permiten aceptar lo verdadero y rechazar lo falso. La verdad, por lo tanto, no se encuentra fuera del poder ni carece de efectos de poder. De este modo el planteamiento de la verdad conduce a la política. Como Foucault expresa: “el problema político esencial para el intelectual no es criticar los contenidos ideológicos que estarían ligados a la ciencia, o de hacer de tal suerte que su práctica científica este acompañada de una ideología justa. Es saber si es posible constituir una nueva política de la verdad. El problema no es cambiar la conciencia de las gentes o lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico, institucional de la producción de la verdad” (Gigli, 2006). GIGLI, FLAVIO. 2006. Citado en Álvarez Uria, Fernando. Defendiendo a Foucault. <http://www.opinorama.com.ar/archives/defendiendo-a-foucault/>

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La “sensación térmica” es la sensación aparente que las personas tienen en función de los parámetros que determinan el ambiente en el que se mueven, que son determinados por la temperatura seca y la humedad, la velocidad del aire y la relación del aire con el ambiente, así como en función de los parámetros personales, que tienen que ver con el índice metabólico del cuerpo, el índice de indumento o abrigo que proporciona la ropa y el índice de Zaiden, que define el nivel de calor que proporciona la cantidad de grasa del cuerpo.

(En http://es.wikipedia.org/wiki/Sensaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica). Por lo tanto, utilizo la analogía entre la “sensación térmica” del clima con la situación de conflictividad, para representar la interacción entre factores objetivos con factores subjetivos que nos dan una muy particular configuración.

Movilidad social BOLIVIA BOLIVIA y conflictos en BOLIVIA

El chutazo 1, Edgar Arandia, técnica mixta, 2007.

Eduardo Leaño Román

”Para crear un gobierno que será administrado por hombres para regir a otros hombres, la mayor dificultad consiste en lo siguiente: primero hay que capacitar al gobierno para controlar a los gobernados, y luego obligarlo a controlarse a sí mismo.” (Madison)

Introducción

E

n uno de los libros de Roberto Laserna y Miguel Villarroel, se advierte un loable esfuerzo por cuantificar y sistematizar los conflictos en Bolivia transcurridos entre 1970 y 20081. Conforme aquel trabajo de investigación, en dicho lapso, se registraron 11.983 eventos conflictivos.

Esta elevada cifra refleja un promedio de 26,0 conflictos por mes y casi uno por día. La gestión de Hernán Siles Suazo (1982-1985) fue el periodo gubernamental más conflictivo durante este tiempo, tuvo que afrontar un promedio mensual de 54 conflictos, cerca de dos por día; la consecuencia casi inevitable, no solo por la cantidad sino también por la intensidad de los conflictos, obligó al presidente Siles a acortar su periodo de mandato.

Otro dato, más reciente, referido al número de conflictos, es el que nos proporciona la Fundación UNIR Bolivia. Según la cuantificación realizada por esta entidad, durante los dos periodos de gobierno del presidente Evo Morales, el 2011 fue el año con mayor cantidad de conflictos: se registraron 1.406 conflictos, un promedio de

117,16 conflictos por mes y 3,90 por día2.

Aquel año, la abundancia de mayor conflictividad se reflejó durante los meses de abril y agosto: 168 y 155, respectivamente, es decir, algo más de cinco conflictos por día.

Aquellas cifras parecen revelar que la “democracia callejera”, después de todo proceso electoral (democracia representativa), es la forma privilegiada de participación política de los bolivianos. Los datos cuantitativos son importantes, a través de números observamos un panorama desalentador de nuestra realidad; pero, no es suficiente que alguien “cuente” los conflictos, es necesario dar “cuenta” de ellos; no basta decir qué ocurre, hace falta complementar explicando por qué ocurre. Empeñados en este propósito, el presente ensayo intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la causa de la elevada conflictividad en Bolivia? Con seguridad no hay una sola explicación que esclarezca este cuestionamiento, habrá muchas y desde perspectivas diferentes.

A fin de buscar una posible respuesta que explique aquel problema, formulamos la siguiente hipótesis: la elevada cantidad de conflictos que se presentan en nuestro

país es a consecuencia de que los bolivianos privilegiamos el campo político como el espacio favorito de movilidad social.

Elementos conceptuales En la perspectiva de hacer inteligible el desarrollo de la hipótesis, conviene realizar algunas precisiones conceptuales. Veamos: Conflicto social. Se han planteado un número considerable de definiciones de conflicto social; sin embargo, para referirnos al conflicto sobre autonomías departamentales, asumimos la formulada por Cadarso, quien señala que conflicto social es un “proceso de interacción contenciosa entre actores sociales que comparten orientaciones cognitivas movilizados con diversos grados de organización y que actúan colectivamente de acuerdo con expectativas de mejora, de defensa de la situación preexistente o proponiendo un contraproyecto social”3.

Estratificación social. En su sentido más amplio, la estratificación social es una noción que hace referencia al hecho de que los individuos y los grupos están distribui-

Agosto, Edgar Arandia, acuarela, 2012.

dos en estratos, superiores e inferiores, diferenciados en función de una o más características específicas generales. La estratificación implica concebir que en todas las sociedades existen diferentes “capas” o “estratos” en los cuales se ubican las personas. En la concepción weberiana4 de estratificación social se distinguen tres componentes: la clase social, el estatus atribuido y la clase política. La primera se relaciona con la ocupación económica, la segunda con el tipo de prestigio asociado con la posición social y la tercera con la pertenencia a los grupos gobernantes. Considerando estos criterios, una persona puede ubicarse en un estrato superior o inferior.

la lucha entre quienes intentan conservar el capital político y quienes intentan apropiárselo.

Movilidad social. La estratificación social no es rígida, es más o menos flexible, no está definida de una vez y para siempre.

Toda sociedad brinda a sus miembros alguna posibilidad de ascender de un estrato a otro, a esto se llama movilidad social.

Lipset y Bendix definen la movilidad social “como el proceso por el cual los individuos pasan de un estrato social a otro”5. Desde esta perspectiva, los individuos pueden desplazarse socialmente hacia arriba o hacia abajo de la pirámide que es la estratificación social.

A partir de estos básicos elementos conceptuales, se intentará llevar a cabo la explicación referida a la causa del exagerado número de conflictos que tienen que afrontar los diferentes gobiernos.

Campo político. En los estudios de Pierre Bourdieu, la sociedad es observada como un conjunto de campos relacionados entre sí y, a la vez, relativamente autónomos, de acuerdo con su interpretación, cada campo se constituye en un espacio de conflicto entre actores enfrentados por los bienes que ofrece ese campo. Bourdieu define el concepto de campo como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o instituciones, en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él (Gutiérrez, 1997).

Este espacio se caracteriza por relaciones de alianza entre los miembros, en una búsqueda por obtener mayor beneficio e imponer como legítimo aquello que los define como grupo; así, como por la confrontación de grupos y sujetos en la búsqueda por mejorar posiciones o excluir grupos6.

Existen tantos campos como capitales se encuentran en juego: campo económico, campo político, campo cultural, campo académico, etc. Cada agente trata de acrecentar el volumen de su capital y ascender socialmente.

Se entiende el campo político como un espacio complejo donde se entablan relaciones que implican confrontaciones, negociaciones, saber conceder y saber ceder, saber hablar en el momento y lugar oportunos y, por el contrario, saber guardar silencios. La lucha en el campo político es

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No es el campo económico (tenemos pocas empresas exitosas, ninguna industria seria, somos un país de “vende cositas”), ni el campo académico (muchos ingresan a las universidades, pocos egresan y mucho menos son los que se titulan), los espacios que los bolivianos asumimos para ascender socialmente. Por la enorme cantidad de conflictos que hostigan a los distintos gobiernos, parece que encontramos en el campo político la oportunidad para lograr cierta movilidad social.

Estratificación social en Bolivia De acuerdo con un trabajo de investigación realizado por Equipos Mori, institución especialista en estudios mediante encuestas, el año 2007 la estratificación social en nuestro país presentaba el siguiente panorama7: El estrato alto está conformado por el 10% de la población (alto-alto 1%, alto-medio 3% y alto-bajo 6%). En su mayoría son dueños de negocios grandes y altos ejecutivos. Cuentan con nivel de educación universitaria concluida y postgrado. Poseen activos materiales que brindan comodidad y confort.

El estrato medio está constituido por el 20% (medio-alto 7% y medio bajo 13%).

Las ocupaciones son más diversas, aunque predominan los profesionales asalariados e independientes y trabajo por cuenta propia. El nivel educativo alcanzado es universitario o técnico superior, sin embargo, se aprecia mayor proporción de personas con nivel universitario incompleto. Las posesiones materiales son notoriamente menores de las que poseen los del nivel alto.

El estrato bajo lo integran el 55% de la población (bajo-medio 23% y bajo-bajo 32%).

Las ocupaciones corresponden a trabajo de menor calificación, mayoritariamente son trabajadores por cuenta propia y asalariados no profesionales. Predomina un nivel de educación de secundaria incompleta. Poseen escasos bienes materiales.

El estrato más bajo, denominado marginal, está conformado por el 14% de la población. Predomina la ocupación como asalariado no profesional y nivel de educación de primaria incompleta.

Este panorama nos muestra que el 70% de los bolivianos pertenecen al nivel bajo y marginal de la estratificación. Es decir, más de 2/3 de la población apenas sobrevive y no tiene posibilidades de emprender actividades económicas y se mantiene en un nivel educativo muy bajo. Estas enormes inequidades sociales se constituyeron en el terreno fértil para cultivar y cosechar un enorme número de conflictos.

En 30 años de democracia hemos tenido demasiados conflictos. Algunos más intensos, otros menos intensos, muchos por motivos económicos, otros por razones diferentes, algunos de carácter nacional, otros más locales, etc. Pero casi todos demandando algo al gobierno central. Los conflictos se convirtieron en el escenario que ha permitido promocionar liderazgos políticos y movilidad social entre los protagonistas. Concejales, alcaldes, gobernadores, asambleístas departamentales, diputados, senadores, ministros, viceministros, casi todo el ambiente político está colmado de personas que lideraron conflictos sociales.

Ciertamente, si al respecto no contamos con información cuantitativa exacta, para los fines del presente trabajo bastará con hacer referencia a algunos casos representativos a manera de ilustración.

Casos emblemáticos Evo Morales El actual presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, es el caso emblemático de la persona de estrato bajo que logró una importante movilidad social8. Nació en el seno de una familia humilde de campesinos en la comunidad de Isallave, perteneciente al

En 30 años de democracia hemos tenido demasiados conflictos. Algunos más intensos, otros menos intensos, muchos por motivos económicos, otros por razones diferentes, algunos de carácter nacional, otros más locales, etc. Pero casi todos demandando algo al gobierno central. Los conflictos se convirtieron en el escenario que ha permitido promocionar liderazgos políticos y movilidad social entre los protagonistas. and a mios 53

En agosto de 1994, los cocaleros despuntan como actores políticos nacionales al organizar una marcha de 600 kilómetros hasta La Paz, el 19 de septiembre llegaron a la sede de gobierno exigiendo “vida, coca y soberanía”; allí, Evo Morales se convirtió en figura nacional y el gobierno de entonces, presionado por el prestigio de la marcha, prometió de todo para disolver la arremetida. El incumplimiento de las promesas hizo rebrotar la idea de que no habrá política favorable a los intereses de los estratos bajos mientras éstos no controlen el poder político.

Serie Manimales, Edgar Arandia, acuarela, 2012.

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En el prolongado conflicto que emprendieron los cocaleros, Evo Morales fue apresado, confinado y golpeado en varias ocasiones, su situación como enemigo de los Estados Unidos lo va convirtiendo en figura internacional. Antes de las elecciones mu-

nicipales de diciembre de 1995, las organizaciones sindicales del campo intentaron tramitar personería jurídica para pasar en dichos comicios, pero la Corte Electoral decidió rechazarlas en dos oportunidades.

En aquella oportunidad participaron con la sigla de Izquierda Unida y, para sorpresa de algunos, los cocaleros se estrenaron exitosamente consiguiendo victorias electorales en 10 alcaldías y 49 concejalías.

Muchos dirigentes campesinos ascendieron socialmente y comenzaron a gobernar los municipios; los conflictos empezaron a dar sus primeros resultados.

terreno de los conflictos, sino que, en alguna ocasión, desacreditó a la formación académica para llegar a la primera investidura del país: “Yo no he estudiado para ser Presidente, ni he pasado talleres, ni seminarios y cuando tuve problemas ahí estaban Fidel Castro, Néstor Kirchner, Lula (Luiz Inacio da Silva, ex presidente del Brasil) para enseñarme cómo se administra para servir al pueblo” (El Día: 1 julio 2011).

Esto refleja que el campo político es el espacio efectivo para ascender socialmente.

En ocasión de las elecciones generales de 1997, usando nuevamente la sigla de Izquierda Unida, los cocaleros presentaron como candidato a la presidencia a Alejo Véliz, y Evo Morales participó como candidato uninominal a la cámara de diputados. En dicha contienda electoral cuatro dirigentes campesinos accedieron al parlamento como diputados uninominales: Evo Morales, Román Loayza, Néstor Guzmán y Félix Sánchez. Así, la vía electoral abría sus puertas a un estrato social más alto a cuatro líderes campesinos.

Es otro dirigente campesino que, forjado en los conflictos sociales, logró cambiar de estrato social9. Nació en Ajllata, provincia Omasuyos, el año 1942. Estudió en Santiago de Huata hasta 6to básico. En 1990, junto a otros dirigentes e intelectuales de izquierda, fundó el Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), el cual fue desarticulado y posteriormente detenido y recluido en la cárcel por alzamiento armado. En los años de reclusión logró el bachillerato y posteriormente inició estudios de historia en la Universidad Mayor de San Andrés, carrera que concluyó el año 2000. En 1998 fue elegido Secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). La reorganización del mayor sindicato campesino, la CSUTCB, a fines de los ‘90, la revuelta indígena en los años 2000 y 2001 y el cerco a La Paz en 2003 —acontecimientos que tuvieron a Felipe Quispe como protagonista— marcaron una época de luchas sociales junto con las movilizaciones por el agua en Cochabamba y los bloqueos de los cocaleros en el Chapare. En esos años, Felipe Quispe empezó a ser conocido como el Mallku por el espíritu combativo de su dirección. Entre 1998 y 2003, Quispe se transformó en una de las figuras prominentes de oposición a la política económica del presidente Hugo Bánzer y en la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

Desde 1997, como diputado y dirigente cocalero, Evo Morales y sus seguidores tuvieron que enfrentar en intensos conflictos al presidente Hugo Banzer, quien enarbolaba la consigna de “Coca cero” para el Chapare. A fin de poner punto final al avance de Morales, el 22 de enero de 2002, 104 parlamentarios decidieron expulsarle del Congreso aduciendo que no ha hecho un uso ético de su curul, aunque meses más tarde la Corte Suprema de Justicia confirmó que las acusaciones eran infundadas.

En las elecciones generales de junio de 2002, Evo Morales, como candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, obtiene más de medio millón de votos y se ubica en el segundo lugar: logra ocho senadores y 26 diputados, la mayoría de ellos de extracción campesina. En octubre de 2003, la “guerra del gas” puso fin al gobierno de Sánchez de Lozada y en las elecciones generales de diciembre de 2005, Evo Morales obtuvo el 53,7% en los comicios y accedió directamente a la presidencia de Bolivia, consiguió 72 diputados y 12 senadores. En diciembre de 2009, Morales logró otra victoria electoral por mayoría absoluta y obtuvo 88 diputados y 26 senadores. Gran parte de ellos representantes campesinos de estrato bajo que participaron en inagotables conflictos sociales.

Evo Morales no solo se encumbró como líder nacional y presidente de Bolivia en el

Felipe Quispe

El 2000, Felipe Quispe Huanca, fundó su organización política, Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), y obtuvo seis escaños en las elecciones generales de 2002, todos ellos dirigentes indígenas campesinos. Aunque este hecho le permitió ascender socialmente, él renunció al cargo de diputado a los pocos meses de asumida la investidura.

...el surgimiento de conflictos guarda estrecha relación con el hecho de que los bolivianos privilegiamos el campo político como el principal escenario para conseguir movilidad social.

Mayor David Vargas En el siglo XXI tuvimos tres importantes conflictos policiales: abril del 2000, febrero de 2003 y el reciente de junio de 2012. Los tres conflictos demandaron básicamente reivindicaciones económicas, pero el de 2003 fue el más violento. El lunes 10 de febrero, los efectivos de los distritos policiales 1, 2, 3, 4 y 5, junto al GES, se acuartelaron por un recorte de 14 millones de bolivianos a su presupuesto, por el impuestazo y aumento salarial. Este acuartelamiento se convirtió en un motín de tres días. Se pudo evitar el motín policial, pero la intervención de las autoridades del Ministerio de Gobierno no fue efectiva. Si bien se hicieron los contactos con Hacienda, no le dieron la importancia necesaria hasta horas antes del enfrentamiento. Uno de los principales cabecillas del motín policial fue el mayor David Vargas, aunque fue dado de baja, éste se constituyó en una destacada figura pública, organizó su partido político y fue elegido asambleísta constituyente el 2006.

Aunque no estamos hablando de un dirigente de estrato bajo, probablemente pertenezca a un nivel medio-bajo, el conflicto emprendido y liderado se convirtió en la palestra que le permitió alcanzar una innegable movilidad social. Luego, para las elecciones de diciembre de 2009 y abril de 2010, sin demasiado éxito, intentó aliarse con otras organizaciones políticas.

Abel Mamani, Roberto de la Cruz y Edgar Patana Probablemente se trata de tres personalidades de un estrato bajo-alto. En octubre de 2003, encabezaron la revuelta popular en la ciudad de El Alto denominada la “guerra del gas”, que acabó con la renuncia de Sánchez de Lozada. Abel Mamani, en aquel momento, era el máximo líder de la Federación de Junta de Vecinos (FEJUVE-El Alto), mientras Roberto de la Cruz y Edgar Patana eran dirigentes de la Central Obrera Regional de aquella urbe.

TrenzHaditas, Gabriela Benitez, cerámica esmaltada.

ayllu Sullka del Cantón Orinoca, localizado en la provincia Sud Carangas del departamento de Oruro. Por distintas razones no culminó el bachillerato. En 1980, a causa de los desastres naturales que acabaron con el 70% de sus cosechas en su comunidad, junto a sus padres se trasladó al Chapare cochabambino para probar suerte incursionando en nuevos cultivos: coca, naranja, plátano y arroz. En 1982, con la democracia recuperada, Evo Morales se convirtió en secretario de departes del sindicato “San Francisco” y, en 1988, llegó a la secretaría ejecutiva de la Federación de productores de coca del trópico de Cochabamba. Mientras los demás líderes campesinos estaban vinculados a distintas siglas políticas, Morales Ayma se preservó como a-partidista hasta confluir junto a los propios sindicatos en su actual organización partidaria. En 1987, el Congreso Nacional de Bolivia puso en vigencia la Ley 1008 que proscribía el cultivo de coca en el Chapare; esto fue la declaratoria formal de guerra en contra de la región. A Evo Morales le tocó encabezar una lucha desigual contra todo el Estado boliviano, en aquellas circunstancias conoció a Filemón Escóbar (ex dirigente minero), quien le había convencido de que la vía para alcanzar logros políticos (movilidad social) no pasaba por la lucha armada, sino por la paciente acumulación electoral. Esta idea fue un factor clave para entender su trayectoria política y le ayudó a empalmar demandas concretas con actos de acumulación electoral. Pero la influencia de Escóbar no fue absoluta, Evo empleó en esos años un discurso dual: en la práctica, condujo al movimiento cocalero por la ruta electoral, pero en tiempo de choque directo con el ejército y la policía, amenazó frecuentemente con organizar una resistencia armada desde los cocales.

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El gobierno de Evo Morales, en el primer periodo de su gobierno, como recompensa al líder de la “guerra del gas” o como “cuota” de El Alto, designó a Abel Mamani en el cargo de Ministro de Aguas. Esto significó un importante ascenso social, aunque después renunció a dicha responsabilidad.

Luego se incorporó al Movimiento Sin Miedo (MSM) y fue candidato a la alcaldía por esta tienda política el 2010.

Roberto de la Cruz formó su organización política, Movimiento 17 de octubre (M17), en homenaje al mes en que se llevó a cabo la “guerra del gas”. No accedió a ningún cargo público hasta que en abril de 2010 fue elegido, por el Movimiento al Socialismo (MAS), como asambleísta departamental en la gobernación de La Paz. Este mismo año, Edgar Patana fue elegido como alcalde de la ciudad de El Alto por el MAS. El ejercicio de ambos cargos implican, en cierto modo, el logro de movilidad social para estos protagonistas del conflicto que terminó expulsando al presidente de entonces.

Conflictos en el gobierno de Evo Morales (2006 – 2009) Durante este periodo de gobierno, dos conflictos acapararon la agenda política: el conflicto de las autonomías departamentales, reclamada por los cívicos autonomistas de la “media luna”; y, el conflicto por la capitalía plena reclamada por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca.

No es objeto del presente ensayo analizar cada uno de estos conflictos. Sin embargo, cabe señalar que el conflicto autonómico lo inició el Comité Cívico pro Santa Cruz a fines de octubre del 2003; conquistaron la elección de prefectos el 2005; el siguiente año, mediante referendo, se aprobaron las autonomías departamentales en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija; durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente (agosto 2006–diciembre 2007), lucharon para que el nuevo texto constitucional incluya el tema de autonomías departamentales; implementaron referendos para la aprobación de sus estatutos autonómicos el 2008; entre el 15 de agosto y 15 de septiembre, se desarrollaron acciones violentas que implicaron la toma de instituciones públicas y duros enfrentamientos en El Porvenir, departamento de Pando, con el saldo trágico de 13 personas muertas; finalmente, después de algunos acuerdos entre el MAS y la oposición, se modificaron más de un centenar de artículos del texto aprobado en Oruro y, el 25 de enero de 2009, se aprobó la nueva Carta Magna incluyendo

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cuatro tipos de autonomías: departamentales, regionales, municipales e indígenas.

El prolongado y, en algunas ocasiones, intenso conflicto por autonomías departamentales desarrollado en el campo político, ha brindado la oportunidad para que los principales dirigentes cívicos accedan, primero, al cargo de prefectos y, luego, al de gobernadores de sus respectivos departamentos. Rubén Costas y Ernesto Suárez Satori son un claro ejemplo de esta movilidad social, aunque son personas que pertenecen a un estrato alto, el conflicto les permitió salir del anonimato y constituirse en líderes regionales. No ocurrió lo mismo con Leopoldo Fernández de Pando y Mario Cossio de Tarija, ambos eran personalidades que tenían una trayectoria en el ámbito político. Otro caso emblemático en esta línea es German Antelo Vaca que, después de presidir el Comité Cívico pro Santa Cruz (2005-2006), fue elegido senador por Convergencia Nacional en las elecciones generales de 2009.

El conflicto por la capitalía plena, fue liderado por Jhon Cava, Aideé Nava, Jaime Barrón y Fidel Herrera. La principal demanda que exigieron era que la Asamblea Constituyente incluya en la nueva Constitución Política del Estado que la sede de los cuatro órganos del Estado sea la ciudad de Sucre. Esta reivindicación fue planteada a mediados del mes de junio de 2007, el conflicto se agudizó cuando el cónclave decidió suprimir este tema de la agenda de discusión. La respuesta de los cívicos chuquisaqueños fue una serie de acciones violentas que impidieron la continuidad de la Asamblea Constituyente. La oferta del gobierno (trasladar el Órgano Electoral, el Defensor del Pueblo y otras instituciones) fue rechazada por el Comité Interinstitucional. La réplica del gobierno fue llevar la Asamblea Constituyente a sesionar en el Liceo Militar, en el intento por evitar esta ilegal sesión, los cívicos tuvieron dos bajas. Ante tal situación delicada, el cónclave se trasladó a la ciudad de Oruro para aprobar en detalle la nueva Carta Magna y sin la inclusión de la capitalía plena para Sucre.

El conflicto de Sucre cristalizó dos nuevos liderazgos: Jhon Cava y Jaime Barrón.

El primero, en abril de 2010, postuló a la

gobernación por la agrupación ciudadana Alianza por Chuquisaca, pero fue superado por el candidato del MAS. El segundo, el mismo año, ganó la elección a la alcaldía de Sucre, pero, a los pocos meses de su gestión, renunció al cargo debido a que fue acusado por presunta discriminación a campesinos el 24 de mayo de 2008.

Conflictos en el gobierno de Evo Morales (2010 – 2012) En esta gestión de gobierno se presentaron varios conflictos, no de las dimensiones del anterior periodo, pero conflictos significativos. En mayo de 2010, en el municipio de Caranavi, se formuló al gobierno central la demanda de instalación de una planta procesadora de cítricos en esa población; el conflicto, que implicó el bloqueo de caminos, se prolongó por el lapso de 12 días, el último día hubo una intervención policial que dejó un saldo de dos muertos y 29 heridos, entre policías y civiles. El conflicto se resolvió con la promesa del presidente Morales de construir una planta procesadora en Caranavi. Los líderes que encabezaron este conflicto probablemente aparecerán como candidatos en las siguientes elecciones generales, departamentales o municipales; sin duda, será una oportunidad para ascender socialmente.

El conflicto emblemático de 2011 fue el del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), pero dicha contienda aún no se ha resuelto. A mediados de agosto de 2011 empezó la VIII marcha indígena de tierras bajas rumbo a la ciudad de La Paz, para oponerse a la decisión del gobierno de construir una carretera que cruce por el corazón del TIPNIS. Luego de la violenta represión de indígenas en la localidad de Chaparina, la solidaridad con los marchistas creció enormemente y, una vez en la sede de gobierno, los indígenas se sintieron fortalecidos y arrancaron al gobierno la promulgación de la Ley N° 180 de protección del TIPNIS. Poco después, el gobierno alentó otra marcha del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) en demanda de la construcción de la carretera y por la abrogación de la Ley N° 180, esta marcha indígena llegó a la ciudad de La Paz a fines del mes de enero y logró la promulgación de la Ley N° 222, que establece la consulta previa para la construcción de la carretera

¿Qué hacer? La respuesta es sencilla, pero difícil su aplicación.

Hay que cambiar el patrón de movilidad social.

Las escaleras del amor, Edgar Arandia, óleo s/tela, 1998.

por el TIPNIS. En contra de esta ley, los indígenas del oriente iniciaron la IX marcha, llegaron a la ciudad de La Paz el 27 de junio y debido a que sus dirigentes no consiguieron dialogar con el Gobierno, decidieron resistir desde el mismo corazón del TIPNIS a la consulta previa. La resistencia indígena parece haber surtido efecto porque el gobierno consultó solo a 30 comunidades, una le dijo “no” a la carretera (San Miguelito) y, faltan otras 32 por consultar donde, aparentemente, la resistencia es mayor.

Independientemente a la manera en que desemboque esta contienda, lo cierto es que el conflicto ha visibilizado a dos líderes indígenas: Adolfo Chávez y Fernando Vargas. No debemos extrañarnos que en los siguientes procesos electorales figuren como candidatos de alguna tienda política y, si todo les sale bien, ocuparán algún cargo político.

Otros dos conflictos le afligieron al gobierno el 2012: el conflicto de los médicos y el de los policías. El 24 de enero, el gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 1126, que disponía la jornada laboral de

ocho horas en el sector de salud; la medida se constituyó en el detonador del conflicto que enfrentó al gobierno central con los médicos del país. Inicialmente, éstos se opusieron a cumplir el decreto, pero, posteriormente, exigieron ser incluidos en la Ley General del Trabajo y, después, demandaron resolver el problema estructural de salud solicitando la construcción de más y mejor infraestructura; la dotación de más y mejor equipamiento y el aprovisionamiento de más y mejores insumos.

Los médicos desnudaron la ausencia de políticas de salud del gobierno. El conflicto se prolongó por 53 días, se suspendió la aplicación del Decreto Supremo N° 1126 hasta la Cumbre Nacional de Salud, inicialmente prevista para fines del mes de julio pero postergada para octubre. Este fue un conflicto que afectó al estrato medio de la sociedad, aunque estos privilegian la formación académica para lograr movilidad social, el conflicto sacó a relucir algunos liderazgos que seguramente serán tomados en cuenta en la lista de candidatos de las próximas elecciones.

En junio, los policías desataron otro conflicto en demanda de la nivelación de salarios con los miembros del ejército. La revuelta policial se prolongó por seis días y se llegaron a acuerdos más o menos satisfactorios para ellos. Guadalupe Cárdenas, la esposa de un suboficial, fue la principal protagonista de este conflicto. Con seguridad no faltará alguna organización política que considere su nombre para postularla a algún cargo en las elecciones que se avecinan.

Hasta aquí, hemos intentado explicar que el surgimiento de conflictos guarda estrecha relación con el hecho de que los bolivianos privilegiamos el campo político como el principal escenario para conseguir movilidad social.

A manera de conclusión Privilegiar el campo político como el espacio más importante para ascender socialmente trae consecuencias negativas: 1. En primer lugar, a diferencia del espacio económico o académico, el campo

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se vayan creando oportunidades económicas, debe brindarse alternativas para elevar el nivel educativo.

Eduardo Leaño Román Sociólogo y conflictólogo. Es Jefe Nacional del Área de Ciudadanía del CDC (Capacitación y Derechos Ciudadanos) y Subdirector de la Revista Turbulencias.

polít cas públ cas

¿Qué hacer? La respuesta es sencilla, pero difícil su aplicación. Hay que cambiar el patrón de movilidad social. Hay que hacer los esfuerzos para orientar la movilidad social hacia la actividad económica y hacia la formación académica. Esta labor implica buscar los mecanismos para acortar la brecha en la estratificación social de manera sostenible, es decir, que la clase media pase a ser el 70% y, al mismo tiempo, que

Ámuki, Gabriela Benitez, cerámica esmaltada.

58 and a mios

análisis

político es una forma inestable o poco duradera de preservar la movilidad social lograda. Transcurre poco tiempo para ser removidos del cargo conseguido con demasiada dificultad o sacrificio.

Una vez que sucede esto no somos nada ni nadie.

2. Priorizar el campo político para lograr ascenso social, engendra un auge por promover una elevada participación política, esto genera un elevado número de conflictos, los cuales producen desorden e inestabilidad en el país y el consecuente subdesarrollo económico.

3. Privilegiar el campo político para la movilidad social afecta a la baja institucionalización en el país, entendida ésta como el proceso por el cual adquieren valor las organizaciones y los procedimientos.

4. Brindarle demasiada importancia al campo político nos hace considerar a las elecciones sólo como un mecanismo para aumentar el poder de las fuerzas perturbadoras y destruir la estructura de la autoridad pública.

1

Laserna, Roberto y Villarroel, Miguel: “38 años de conflictos sociales en Bolivia”. Cochabamba, CERES-COSUDE, 2008.

2

UNIR Bolivia: ”Informe de seguimiento y análisis de la conflictividad en Bolivia 2011”.

Fundación UNIR, enero 2012.

3

Cadarso, Pedro Luis Lorenzo. Fundamentos teóricos del conflicto social. España, Siglo XXI, 2001. p 12

4

Weber, Max. “Economía y sociedad”. México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

5

Lipset, Seymour y Bendix Reinhar. “Movilidad social en la sociedad industrial”. Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1969. p 22

6

Bourdieu, Pierre. “Cultura y poder”. México, Grijalbo, 1990, p 136.

7

Informe de Estratificación Social a Escala Nacional por nivel socioeconómico. Equipos Mori, 2006/2007.

8

Este punto lo desarrollamos en base al libro de Zuazo, Moira: “Cómo nació el MAS”. La Paz, FES-ILDIS, 2008.

9

Las referencias a Felipe Quispe tienen su fundamento en el escrito de Cunéo,Martín: “Bolivia: Felipe Quispe. El último Mallku” . Viejo Topo, 26 octubre 2011.

Nuevas instituciones, viejos desempeños: Las dificultades en la transición hacia las autonomías en el Gobierno Departamental de Cochabamba María Teresa Zegada Presentación

E

l presente documento no pretende responder a los problemas planteados en estos dos años de implementación de las autonomías en el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. En realidad, tiene el objetivo de visibilizar y poner en la mesa de discusión los temas críticos ligados al complejo proceso de construcción autonómica, desde el punto de vista político-institucional.

El documento final es resultado de un trabajo de recolección de información documental y hemerográfica, pero fundamentalmente de entrevistas realizadas a los principales actores involucrados en el proceso y del debate generado en la “Mesa de Análisis Legislativo Departamental”, organizada por el Proyecto de Fortalecimiento Democrático de las Organizaciones Políticas en Bolivia ejecutado por el PNUD-Bolivia, en coordinación con la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM) en el marco de un proyecto que abarca otros departamentos del país. En ella participaron fundamentalmente Asambleístas Departamentales y otros actores invitados, que se realizó el 28 de mayo de 2012 con base en una presentación preliminar del informe.

Cabe señalar que el proceso de implementación de las autonomías es predominantemente político, por lo que sus alcances y sus limitaciones están estrechamente ligadas a la acción estratégica de sus protagonistas, a la correlación de fuerzas internas y al contexto de relaciones de poder intergubernamentales.

Introducción Después de un inédito proceso de elección de autoridades subnacionales realizado en abril de 2010, los primeros gobiernos autónomos departamentales asumieron sus funciones el 30 de mayo del mismo año.

De acuerdo al mandato constitucional (Art. 272), la autonomía implica, además de la elección directa de sus autoridades, el ejercicio de dos funciones básicas: la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo.

Sin duda, este mandato implica un complejo proceso de transición entre el anterior régimen prefectural y el actual —régimen autonómico—. Para efectuar una evaluación político institucional de los avances y límites del proceso autonómico en estos dos años de gestión abordaremos las siguientes dimensiones de análisis:

60 and a mios

1. La elección directa de autoridades y la conformación del Gobierno Departamental.

2. La construcción del marco normativo.

3. El ejercicio de competencias autonómicas y sus limitaciones.

4. La Asamblea Legislativa Departamental: Facultades legislativas y fiscalizadoras.

5. La incidencia política en la gestión: relaciones e interacciones.

6. El proceso estatuyente.

7. Riesgos, potencialidades y derroteros del proceso autonómico.

1. Elección directa de autoridades y conformación del Gobierno Departamental El 4 de abril de 2010 se realizaron elecciones para la conformación de los gobiernos departamentales, de manera concurrente con otros niveles autonómicos. Los resultados para el departamento de Cochabamba fueron los siguientes: Resultados elecciones para gobierno departamental de Cochabamba (2010) Frente o partido

Votación para gobernador

Votación para Asambleístas Departamentales por población

MAS

61,9%

60,7%

UN-CP

26,9%

24,8%

MSM

7,8%

10,7%

MNR

4,4%

3,8%

FUENTE: Elaboración propia en base a Separata Informativa No. 4, Corte Nacional Electoral

Como producto de esta elección, el MAS logró mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), la misma que quedó conformada de la siguiente manera: de un total de 34 asambleístas, 27 pertenecen al MAS, 4 al frente UN-CP, 1 al MSM. A ellos suman dos asambleístas por pueblos indígenas, Yuracaré y Yuqui, completando la totalidad de la Asamblea. Estos resultados revelan que el MAS cuenta con una amplia mayoría en la correlación de fuerzas internas para la toma de decisiones.

Sin duda, la legitimidad de origen con que cuenta el gobernador, producto de los resultados electorales, le otorga condiciones políticas necesarias para la gestión, es decir, estabilidad interna, así como una relación fluida, tanto entre el órgano ejecutivo y el legislativo departamental como con el gobierno nacional. Esto significa que, al contar con una mayoría de más de dos tercios en la Asamblea, el Ejecutivo cuenta con los votos suficientes para

Actualmente, existen una serie de dificultades en la administración, tanto en los órganos departamentales como en la relación entre ambos, en unos casos generadas por la falta de conocimiento cabal de las funciones y alcances de las mismas por parte de los funcionarios públicos, en otros, por ciertas ambigüedades y falta de claridad normativa aprobar sus iniciativas sin mayores dificultades; de la misma manera, la afinidad con la línea política gubernamental facilita las relaciones intergubernamentales y la consecución de acuerdos, aunque resulta crítica para la necesaria “autonomización progresiva” de las decisiones y para romper el vínculo de dependencia entre ambas instancias.

Formalmente, el Gobierno Departamental está conformado por un Órgano Ejecutivo y un Órgano Legislativo. El Ejecutivo ha adaptado una nueva estructura organizacional modificando funciones y denominaciones de los anteriores esquemas prefecturales, por ejemplo, la creación de las actuales Secretarías, que posiblemente más adelante se denominarán ministerios1 por el rango y el alcance que deben lograr y se tenderá a buscar una mejor adecuación de sus funciones. El Presidente de la Asamblea señalaba, por ejemplo, que actualmente cuentan con una Secretaría de Minería, pero que ésta no puede cumplir sus funciones porque las competencias constitucionales establecen que las decisiones en estos temas son de competencia nacional, lo mismo sucedería con los temas de salud y educación (Freddy Illanes, Mesa de Análisis Legislativo Departamental).

En todo caso, desde el punto de vista de los actores involucrados en la gestión, el mayor logro en relación con la autonomía está en la consolidación de una nueva estructura institucional, es decir, un andamiaje que cuenta con una infraestructura mínima, personal y con funciones administrativas básicas requeridas para su desempeño. Pero, como constataremos más adelante, se verifica en las autoridades departamentales una suerte de temor o recelo a tomar decisiones y ejercer eficazmente las funciones autonómicas que les corresponde, buscando concertar o mantener la aquiescencia del gobierno nacional para cada paso.

A ello hay que añadir deficiencias en la conducción del proceso: “En Cochabamba no existe liderazgo político para conducir hacia las autonomías” (Mario Orellana, Mesa de Análisis Legislativo Departamental), con lo que coincide la Asambleísta Roxana Neri.

Por otra parte, hace falta que el Gobierno Departamental asuma en su integridad la competencia que le confiere la Constitución, que es conducir la planificación y el desarrollo departamental (Art. 300 inc. 35), de ahí que el proceso autonómico se convierte en un proceso de construcción de capacidades para cumplir con esos objetivos.

La misión institucional, construida sobre el mandato constitucional, es la siguiente: La Misión del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba es la de impulsar y promover el desarrollo social, cultural y económico en el Departamento a través de la formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos para favorecer la integración de sus regiones y habitantes bajo principios de equidad e igualdad de oportunidades.2 Una debilidad histórica de Cochabamba ha sido la carencia de una visión de desarrollo regional. Ésta, en el pasado, estuvo ligada a la demanda de grandes proyectos de infraestructura como Misicuni o el aeropuerto internacional, pero no respondió a una visión integral de necesidades y potencialidades regionales. Quizás, el intento más importante de aproximación a un proyecto de desarrollo regional se elaboró en el equipo de la ex CORDECO en la década de los ochenta, pero no logró mayor impacto.

En todo caso, esta estructura no es definitiva, se requiere un proceso de ajustes y reingeniería institucional adecuado a los requerimientos del gobierno autónomo, que se espera se concrete en la redacción del Estatuto Autonómico. En realidad, se precisa un nuevo diseño institucional que rompa con las viejas lógicas prefecturales y avance hacia una refuncionalidad de las autoridades; de hecho, existen varias iniciativas desde el Ejecutivo y también en las comisiones del Legislativo que han surgido en el proceso estatuyente, por ejemplo, la revisión del régimen de representación territorial buscando una representación más fidedigna de la realidad regional, la creación de un vice-gobernador con funciones específicas y no solamente como un reemplazo a la principal autoridad, entre otras.

El Ejecutivo está avanzando para dotarse de una visión departamental, munida de algunos insumos técnicos de diagnóstico regional. Actualmente, se encuentra en el trabajo de establecer un diseño que le otorgue identidad a la región y, sobre todo, un rol en el contexto nacional. En efecto, se ha concluido el denominado Plan Territorial de Desarrollo Departamental, aunque esta iniciativa no ha sido discutida en el seno de la Asamblea Legislativa Departamental y tampoco fue difundida entre las instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía. En la Mesa de Análisis Legislativo Departamental, los asambleístas de oposición hicieron explícito su desconocimiento oficial del Plan Territorial y demandaron su difusión en el marco de discusión del Estatuto (Henry Paredes, Mesa de Análisis Legislativo Departamental).

Actualmente, existen una serie de dificultades en la administración, tanto en los órganos departamentales como en la relación entre ambos, en unos casos generadas por la falta de conocimiento cabal de las funciones y alcances de las mismas por parte de los funcionarios públicos, en otros, por ciertas ambigüedades y falta de claridad normativa —de la que nos ocuparemos más adelante—, y por último, por factores circunstanciales como la inestabilidad de ciertos funcionarios clave, como es el caso de la Secretaría de Planificación cuya cabeza ha sido removida al menos tres veces en lo que va de la gestión.

La idea, según relatan los responsables, es convertir a Cochabamba en el centro articulador de la integración boliviana, complementada con la idea de Cochabamba como centro de educación y conocimiento. En ese sentido, ha favorecido el emplazamiento de UNASUR en la región y la realización frecuente de reuniones y eventos internacionales; pero para cumplir con ese objetivo se requiere infraestructura caminera que comunique a Cochabamba con los departamentos vecinos (así justifican la importancia de la carretera Cochabamba-Beni).

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Serie Huayna Potosí, Angie Salgar, fotografía.

d) La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (de 17 de julio de 2010).

De manera indirecta depende de otras leyes nacionales como: a) La Ley del Órgano Electoral Plurinacional. b) La Ley del Régimen Electoral. c) La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.

La CPE dispone claramente los alcances de la autonomía en el artículo 272: “implica la elección directa de sus autoridades…, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria”. Al mismo tiempo, establece los distintos niveles autonómicos (departamental, regional, municipal e indígena) con igual jerarquía, así como las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas de los distintos niveles autonómicos.

En todo caso, la construcción de un imaginario cochabambino con identidad propia y una planificación sostenible, requiere al menos dos condiciones: que sea participativa, de manera que articule las diversidad social y cultural, y trascienda las voluntades e intereses políticos coyunturales, es decir, adquiera un carácter estratégico de mediano y largo plazo.

Además de las dificultades propias de la construcción de este plan, como la contratación de equipos técnicos, los recursos y la capacidad de representar los intereses regionales, se tropieza también con otro tipo de obstáculos que muestran claramente el predominio de la lógica centralista del gobierno nacional y departamental. Dicho plan, una vez concluido, se sometió a consideración del Ministerio de Planificación —medida que no era necesaria—; consecuentemente, los funcionarios de dicho ministerio realizaron, desde hace varios, meses una serie de observaciones y recomendaciones, dilatando la concreción de una versión definitiva de la propuesta, ante lo cual, el Gobierno Departamental habría tomado la decisión de prescindir de dicha burocracia y trasladar su discusión al contexto departamental en el marco del proceso estatuyente.

2. La construcción del marco normativo El marco normativo que regula las autonomías tiende a romper el monopolio legislativo anterior. Dicho marco contempla: a) La Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009. b) La Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas No. 017 (de 24 de mayo de 2010). c) El Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba (de 30 de junio de 2010).

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Ahora bien, en el proceso de implementación, la primera ley que se emite es la Ley 017, que fue pensada para facilitar la transición del sistema prefectural al de la gobernación; fue concebida como una ley de emergencia para implementar las autonomías y regular las gestiones administrativas inmediatas, como, por ejemplo, el pago de sueldos a los funcionarios públicos. Dicha Ley manda ejercer las competencias exclusivas, aunque por las condiciones generales no ha sido posible su ejercicio pleno. Por su parte, el Ministerio de Hacienda se hace cargo de varios aspectos financieros de las entidades autonómicas para garantizar la continuidad de la gestión, incluso, cuando ya se comenzaron a emitir leyes departamentales en temas administrativos, el gobierno apela a la vieja ley 2042 (ley de Administración Presupuestaria de 1999), mediante la cual el gobierno central mantiene la tutela presupuestaria y la aplica por resoluciones ministeriales (lo cual, de hecho, infringe el nuevo marco jurídico, porque, jerárquicamente, una resolución ministerial esta por debajo de cualquier ley departamental).

Al presente no está clara la vigencia de la Ley 017 (de transición), que en realidad debió ser abrogada una vez aprobada la Ley Marco de Autonomías. No obstante, no hay una disposición transitoria expresa que establezca su abrogación, y eventualmente sigue siendo utilizada, por ejemplo, para dar continuidad a proyectos que provienen del pasado. Esta situación causa confusión y fricciones interinstitucionales, como sucedió, por ejemplo, en relación con la decisión de si los estados financieros deben, o no, ser aprobados por la ALD3. Este tipo de incongruencias normativas son parte de la complejidad del proceso, que requerirá ajustes progresivos.

Más adelante se aprobó el Reglamento General con el objetivo de regular las relaciones internas en la Asamblea Legislativa Departamental, que se elaboró en base al modelo del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin duda es un instrumento útil, pero deberá ser modificado y ajustado para mejorar su desempeño.

El caso de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es más complejo. Dicha ley rige para viabilizar la aplicación de las autonomías. Su mayor virtud reside en el orden y distribución de las competencias entre los distintos niveles sub-nacionales, buscando un modelo autonómico congruente, sin embargo, no tiene la misma claridad en relación, por ejemplo, con la distribución de los recursos o en la coordinación intergubernativa. Su espíritu, que debió ser amplio para enmarcar los diversos procesos autonómicos y no obstaculizarlos, vulnera ese objetivo cuando regula

Otra de las dificultades que inhibe la capacidad de gestión de las competencias por parte de las autoridades es el “miedo” o “recaudo” para encarar una gestión autonómica, generado en gran medida por el desconocimiento de los alcances de la autonomía, y por la posible aplicación de leyes contra los funcionarios responsables, como la Marcelo Quiroga Santa Cruz. aspectos demasiado concretos o tiende a mantener una suerte de tutelaje del gobierno central sobre las autonomías. Así, “la ley marco de autonomías no es un instrumento que nos facilita el ejercicio de competencias, en la Asamblea existe la claridad para identificar estas situaciones, la ley marco nos quita competencias que nos asigna la Constitución, por ejemplo en el campo medioambiental” (Soledad Delgadillo, Mesa de Análisis Legislativo Departamental).

Otro ejemplo del predominio de las lógicas centralistas fue presentado por la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, cuando habían solicitado en la ALD el tratamiento de un proyecto de ley para poder dotar a los ex combatientes de un “bono coraje”, ante la postergación de su tratamiento acudieron al gobernador, quien señaló que como ya existe una ley nacional sobre el tema no correspondía un nuevo bono departamental. Lo propio sucede con decisiones sobre salud y educación, pues se encuentran limitados por la CPE y sobre todo por la Ley Marco de Autonomías (Roxana Neri, Mesa de Análisis Legislativo Departamental).

Evidentemente, la CPE resulta mucho más avanzada en sus ambiciones autonómicas que la Ley Marco, aunque también contiene contradicciones internas, por ejemplo, entre el Art. 272 y el Art. 321 referido a la política fiscal que promueve una visión centralizadora.

Finalmente, existen un conjunto de leyes nacionales que se han ido emitiendo en los últimos años en distintos rubros, que generan tensión con las autonomías y conducen a mantener el centralismo, por ejemplo, la Ley de Juegos de Lotería y Azar (Nº 060) y sus decretos reglamentarios (0781 y 0782), la Ley de la Educación (Nº 070) y el Decreto Supremo 0813, la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (Nº 144), la Ley de Clasificación de Impuestos (Nº 154), la Ley General de Telecomunicaciones y TIC (Nº 164), entre otras (Borth 2011)4. Estas ponen en evidencia una recurrente invasión del nivel central en el ámbito de las autonomías. Por lo que, de acuerdo con uno de los asambleístas entrevistados, se considera necesario impulsar a nivel nacional una amplia agenda de debate que establezca con claridad las competencias de manera armónica, clara y coherente.

En todo caso, para la construcción de nuevos instrumentos legales y para el reacomodo de los existentes, tanto a nivel nacional como sub-nacional, será oportuno atenerse como punto de referencia a la CPE como instancia máxima de legislación, y de manera secundaria a la Ley Marco de Autonomías u otras leyes

secundarias, que podrían ser susceptibles de modificación en la arena parlamentaria.

3. El ejercicio de competencias autonómicas y sus limitaciones Si bien la Ley de Transición mandaba el ejercicio de las competencias exclusivas (Art. 6), el proceso de aplicación resultó muy limitado y complejo; peor aún en relación con las competencias concurrentes y compartidas, sobre las cuales no existe claridad normativa.

De acuerdo a una evaluación realizada por el Servicio Estatal de Autonomías5, las competencias más aplicadas son las siguientes: la elaboración de estatutos (Art. 300 I,1), la planificación, diseño y construcción, así como conservación y administración de carreteras de redes departamentales (Art. 300 I, 7), los proyectos de electrificación rural (Art. 300 I, 15), la promoción y conservación de cultura, patrimonio histórico y otros (Art. 300 I, 19), la elaboración, aprobación y ejecución de programas de operaciones y presupuesto (Art. 300 I, 26), la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para la niñez, adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad (Art. 300 I, 30). En cambio, no se activaron la construcción de líneas férreas y ferrocarriles (Art. 300 I, 8), la creación y administración de impuestos de carácter departamental (Art. 300 I, 22), la creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental (Art. 300 I, 23), así como la promoción de la inversión privada en el marco de las políticas nacionales (Art. 300 I, 34), el comercio, la industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental (Art. 300 I, 24).

Otras que son consideradas fundamentales para el desarrollo no han sido asumidas por los gobiernos departamentales, como la promoción del empleo y mejora de condiciones laborales (Art. 300 I, 4), políticas de turismo (Art. 300 I,20) y los proyectos para sectores vulnerables, entre muchas otras.

Por estas razones, la gestión autonómica departamental de la gobernación podría calificarse incipiente, en ella operan sobre todo proyectos de corto plazo, obras de infraestructura o continuidad de proyectos de gestiones anteriores que, en muchos casos, siguen manteniendo el cordón umbilical con el gobierno central.

En relación con el manejo presupuestario, si bien es el propio gobierno departamental el que elabora su presupuesto, que se inicia en el Ejecutivo y luego pasa a la ALD para su evaluación y aprobación, luego se remite al gobierno nacional. Una de las limitaciones, expresada por autoridades entrevistadas, deviene de los escasos recursos económicos con que cuenta el gobierno departamental para los nuevos proyectos, por lo que se tienen que hacer permanentemente ajustes, transferencias prespuestarias, proyectos compartidos con municipios y finalmente apelar al gobierno central para el financiamiento de algunas obras, sobre todo las de mayor costo económico.

Otra de las dificultades que inhibe la capacidad de gestión de las competencias por parte de las autoridades es el “miedo” o “recaudo” para encarar una gestión autonómica, generado en gran medida por el desconocimiento de los alcances de la autonomía, y por la posible aplicación de leyes contra los funcionarios responsables, como la Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ello explica también, la tendencia del Ejecutivo a enviar todo tipo de decisiones administrativas para su aprobación a la ALD. En pocas ocasiones se ha ejercido efectivamente la autonomía, por ejemplo, ante la burocratización y demora que comporta el trámite de reformulación de presupuestos en instancias naciona-

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La Asamblea Legislativa, desde el inicio de actividades, ha ejercido sus funciones legislativas. Hasta el momento, (fines de mayo de 2012) ha tratado y aprobado más de 180 leyes, sin embargo, la mayoría son de carácter administrativo y el resto son de carácter declarativo, es decir, no implican propiamente un proceso de construcción de la autonomía ni la formulación de políticas públicas departamentales. En perspectiva comparada, un análisis realizado por el Servicio Estatal de Autonomías (SEA)6, muestra a Cochabamba como el departamento que habría elaborado mayor cantidad de leyes en la gestión 2010, el 45% de las leyes considerando a todos los departamentos. Sin desmerecer la labor legislativa de los asambleístas cochabambinos, esta desproporción responde en gran medida al tipo de leyes que se aprueban en Cochabamba, que, como dijimos, se refieren en su mayoría a decisiones que no ameritarían precisamente un rango de ley.

Sin título, Angie Salgar, fotografía.

les, el gobernador Novillo acudió a una disposición legal anterior (Art. 33 de la 1178) para respaldar la emisión de una resolución y dar curso a una licitación de obras considerada relevante. Ha sucedido algo similar en relación con decisiones sobre la elaboración de planes sectoriales.

En relación con los impuestos, la aplicación de las autonomías no significa automáticamente la creación de nuevos impuestos, aunque implica el desafío para generar ingresos propios, por ejemplo, un cobro diferenciado de impuestos al transporte vehicular a nivel interprovincial, u otros, pues con seguridad, el Estado no dispondrá de recursos adicionales para el funcionamiento de las autonomías. Los recursos anteriores ya están asignados (por ejemplo, IDH y regalías), no obstante, en un futuro debate nacional será necesario replantear dicha distribución y adecuarla a las nuevas necesidades, visiones y leyes departamentales.

Se podría afirmar que la autonomía financiera no ha alcanzado un grado de “madurez” suficiente que permita el manejo integral de los recursos por parte de los gobiernos sub-nacionales.

De ahí que se mantiene una dependencia respecto del gobierno nacional que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, establece imposiciones contrarias a las disposiciones del Art. 272 de la nueva CPE. Se espera que varias medidas, entre ellas el futuro pacto fiscal, clarifiquen dichas asignaciones, así como las competencias concurrentes y compartidas. Aquí resulta pertinente recordar el artículo 305 de la constitución que señala que: “Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio”.

Como se puede ver, en este campo se ha avanzado muy poco por los siguientes factores: la ausencia de una normativa clara respecto a la asignación de competencias concurrentes y compartidas, la incapacidad de asumir varias de las competencias exclusivas, la falta de un pacto fiscal que establezca claramen-

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te una nueva distribución de recursos entre los distintos niveles autonómicos, la sujeción de algunas competencias exclusivas a políticas nacionales, por último, la ausencia de coordinación entre entidades autonómicas respecto a la definición de prioridades. También en el caso de Cochabamba, la ausencia de un Plan de Desarrollo Territorial para orientar las capacidades y los recursos.

4. La Asamblea Legislativa Departamental: El ejercicio de las facultades legislativa y fiscalizadora El Órgano Legislativo Departamental cuenta con facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas en el ámbito de sus competencias, está conformada por 34 Asambleístas Departamentales: 32 elegidos y elegidas por sufragio universal, según criterios de equidad de género, población y territorio (16 son elegidos por población y 16 por territorio), y dos representantes de naciones y pueblos indígena originario campesino (Yuqui y Yuracaré), elegidos y elegidas de acuerdo a normas y procedimientos propios.

Para su funcionamiento, la Asamblea cuenta con una directiva conformada por un presidente, un primer y segundo vicepresidentes y dos secretarios, y está organizada en seis comisiones: Desarrollo Institucional administrativo y transparencia, Desarrollo Económico Plural Producción e Industria, Desarrollo Humano integral y política social, Organización Territorial y Entidades Territoriales autónomas, Interculturalidad, Derechos Humanos y Seguridad Integral y Madre Tierra y Medio Ambiente (ver anexo).

Un asunto pendiente, que será motivo de debate en la elaboración del Estatuto Autonómico Departamental, es una representación territorial, poblacional y cultural más adecuada que se refleje en una nueva asignación de escaños; en ese sentido, está en debate si es conveniente, por ejemplo, una representación por provincias, por las macro regiones predeterminadas o mediante otras delimitaciones territoriales más convenientes.

Una de las explicaciones reside en el Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental (Art. 6), que obliga al gobernador a remitir todo convenio o acuerdo a la Asamblea para que ésta apruebe, incluso en temas de orden meramente administrativo, “todas las modificaciones presupuestarias tienen que hacerse mediante una ley, de ahí viene la cantidad de leyes aprobadas, pues cada modificación amerita una ley en lugar por ejemplo de agruparlas.. ello se debe a la falta de planificación y al hecho de que se responde directamente a la demanda social” (Mario Orellana, Mesa de Análisis Legislativo Departamental).

Por estas razones, se está considerando la necesidad de modificar el Reglamento General. Por otra parte, como señalamos anteriormente, el Ejecutivo tiende a buscar la aprobación, mediante leyes, de una serie de decisiones referidas a movimientos económicos y partidas presupuestarias, en procura de respaldar sus actos, produciendo una proliferación de leyes en esas materias7. En realidad la Asamblea regulariza, o en su caso subsana, las acciones del Ejecutivo y genera una corresponsabilidad con las acciones de esa instancia.

Para tener una aproximación más precisa, alrededor del 60% de las leyes son de carácter administrativo, alrededor de un 20% son leyes de aprobación de convenios o de carácter declarativo, por ejemplo, se ha declarado a Morochata como capital de la producción de la papa, a Entre Ríos como la capital hidrocarburífera y a Punata como capital del rosquete, entre otras. Se trata en todo caso de leyes que no tienen un alcance significativo. En tanto que, solo un 5% contiene leyes de mayor trascendencia como, por ejemplo, la Ley Departamental de la Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria, o la ley del Reglamento para la elaboración participativa del proceso estatuyente, probablemente la más significativa en relación con el proceso autonómico.

Por otra parte, sobre todo entre los asambleístas por territorio, predomina el interés por responder a las necesidades y demandas de sus bases sociales, en una lógica similar a la de los Consejeros Departamentales, por lo tanto, promueven permanentemente iniciativas que gestionen beneficios de diversa índole para sus territorios.

Esta multiplicidad de leyes, que en muchos casos no corresponden a la gestión legislativa departamental por su contenido, también se explica por factores más subjetivos como la falta de formación y capacitación de asambleístas en relación con la responsabilidad legislativa en el marco autonómico, o la falta de visión de desarrollo del departamento, por lo cual se cae en la improvisación (Mario Orellana, Mesa de Análisis Legislativo Departamental).

Se podría afirmar que la autonomía financiera no ha alcanzado un grado de “madurez” suficiente que permita el manejo integral de los recursos por parte de los gobiernos sub-nacionales.

En relación con la función fiscalizadora se habría avanzado un poco más que en la legislativa. El Reglamento General de la ALD establece mecanismos concretos como las minutas de comunicación (recomendaciones al Ejecutivo y otras instancias públicas. Art. 124), la censura (art. 130), que es de cumplimiento obligatorio y vinculante respecto del Órgano Ejecutivo, exceptuando al gobernador, e implica la destitución inmediata. Por otra parte, dispone la petición de informes escritos (Art. 133 y ss) y orales (Art. 138 y ss), interpelaciones (Art. 138 y ss), las inspecciones oculares por mayoría absoluta (Art. 151), así como la fiscalización permanente. Algunos de ellos, como las peticiones de informe, se han aplicado durante estos años de manera frecuente en relación con distintos aspectos de la gestión, tanto al Ejecutivo como a empresas públicas y mixtas, lo cual resulta positivo, pero, desde otro punto de vista, el exceso de solicitudes en ocasiones tiende a burocratizar la gestión.

Como resultado de las acciones de fiscalización emprendidas, existen algunos informes orales, la mayoría son escritos, elaborados por el Ejecutivo en ocasiones de manera general y ambigua. En realidad, el proceso hasta ahora ha concluido con una serie de informes, pero no así con resoluciones directas, minutas de comunicación u otras.

Las autoridades coinciden en que en este campo se estaría avanzando adecuadamente, aunque también se tropieza con dificultades por desconocimiento técnico de los asambleístas o por motivos políticos cuando se tratan temas altamente críticos, como la carretera por el TIPNIS o el incremento del narcotráfico en el departamento.

Un factor que en general inhibe las capacidades fiscalizadoras es la afinidad política de la mayoría oficialista en la Asamblea con el Ejecutivo, la cual tiende a evitar conflictos a la gestión del Ejecutivo y a secundar sus actos.

5. La incidencia política en la gestión: relaciones e interacciones Como señalamos anteriormente, las relaciones entre el gobierno nacional y el gobierno autónomo departamental son armónicas.

Mientras el gobierno nacional actúa con una lógica centralista, — coherente con la estrategia política de concentración del poder— la actuación de la gobernación se refleja en una actitud de apoyo y colaboración, o en su caso, de sometimiento, como hemos podido constatar en los acápites anteriores en relación con la toma de decisiones y el ejercicio de competencias autonómicas.

Por otro lado, entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Departamental no se verifican tensiones políticas importantes dada la mayoría oficialista que predomina en esa instancia. Si bien la oposición despliega iniciativas legislativas o demandas de fiscalización, éstas no llegan a afectar la estabilidad política. De esa manera, existe un actitud cooperativa entre ambas instancias, construida sobre una relación fluida en la que la ALD coopera, por ejemplo, en las reformulaciones presupuestarias o movimientos económi-

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cos que debe realizar el Ejecutivo. De la misma manera, la elaboración del POA se ha realizado interactuando con los asambleístas y tomando en cuenta las diversas necesidades y demandas de las provincias y regiones expresadas por sus representantes.

En la constelación de relaciones al interior del la Asamblea se despliegan algunas tensiones entre oficialismo y bancadas de oposición. Sin embargo, la escasa minoría de la oposición inhibe su capacidad de injerencia efectiva en los resultados. Sus representantes sostienen que si bien intervienen en los debates presentando propuestas o solicitudes, dado que se les otorga el uso de la palabra, no siempre son escuchados y menos tomados en cuenta; dichos representantes perciben que su presencia es esencialmente testimonial.

A pesar de su reducido tamaño, al interior de la oposición existen diferencias políticoideológicas entre la bancada UN-CP y el MSM, aunque las eventuales disputas se producen por otros motivos, como el acceso a cargos directivos o los escasos recursos de poder de que disponen. El frente UN-CP, por ejemplo, ejerció su mayoría —dentro de la minoría — copando los cargos en la directiva.

En todo caso, la oposición ha creado algunas estrategias políticas para ser escuchada, para comenzar reivindica la autonomía como una iniciativa histórica de la oposición y destaca el rechazo inicial del MAS a la autonomía (Gamal Sherham, Mesa de Análisis Legislativo Departamental). Por otro lado, la oposición suele llevar las discusiones de las comisiones directamente al pleno, para generar repercusiones y cobertura mediática, además propone iniciativas legislativas que generan controversia, como por ejemplo, el proyecto de ley del impuesto a la coca.

En relación con los asambleístas indígenas, en general éstos son poco proactivos y se pronuncian apoyando las disposiciones del bloque oficialista, su presencia es más bien formal y simbólica, con escasa o nula incidencia política en la Asamblea.

Al interior de la bancada mayoritaria, si bien hay algunas diferencias o tensiones, éstas suelen disiparse sin poner en riesgo la Serie Salar de Uyuni, Angie Salgar, fotografía.

gobernabilidad o estabilidad de la Asamblea. Las pugnas se producen mayormente por cargos, por ejemplo, en la directiva o por visiones coyunturales distintas respecto a algún tema concreto de debate. Al interior del MAS se puede diferenciar dos grupos: los asambleístas territoriales rurales campesinos de provincia (más orgánicos con sus bases y sus organizaciones), y aquellos que accedieron por población, cuyo accionar es más bien de carácter individual y su representación es básicamente urbana.

La relación del gobierno departamental con la sociedad es poco conflictiva, existe desde la gobernación una permanente predisposición y apertura a dialogar con instituciones y organizaciones, y a encarar por esa vía la resolución de los conflictos, aunque dichos diálogos no siempre se materializan en políticas concretas.

6. El proceso estatuyente Nos referiremos al complejo proceso de construcción de los Estatutos como norma básica departamental para el funcionamiento de las autonomías. La constitución (Art. 275) establece que cada órgano deliberativo elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto, que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros; y, previo control de constitucionalidad, se realizará un referéndum aprobatorio para su aplicación.

mentos base. En realidad se ha decidido comenzar este nuevo proceso desde el principio, por una parte porque las anteriores propuestas se realizaron con carácter previo a la aprobación de la nueva Constitución y la Ley Marco de Autonomías, por otra, porque de acuerdo a la nueva CPE, la entidad encargada de la “elaboración” (además de aprobación) del estatuto es la ALD según el Art. 275. Por último, porque se pretende cumplir con el mandato constitucional de gestar el Estatuto como producto de un proceso participativo y no basado en propuestas previamente definidas.

De ahí que el proceso se ha iniciado con una Ley Departamental (090/2011) que aprueba un Reglamento Para la Elaboración Participativa del Proyecto de Estatuto Autonómico del Departamento de Cochabamba, que contiene 26 artículos. En el reglamento se establecen los parámetros básicos para la construcción del Estatuto, los plazos (ocho meses a partir de la convocatoria (Art. 4) y se señala a la directiva y a las comisiones de la ALD como instancias responsables de llevar adelante el proceso (Art. 5), asignándoles temáticas específicas de trabajo, y encomienda a la Directiva el ordenamiento, estructuración, redacción y concordancia final (Art. 12).

No se puede dejar de mencionar como un antecedente importante en el caso de Cochabamba, la experiencia previa propiciada hace algunos años por la entonces Delegación Presidencial para las Autonomías y el Consejo autonómico Departamental. Después de un proceso de recolección y discusión de iniciativas que movilizó a varios sectores ciudadanos, se elaboró el primer borrador de Estatuto que luego fue corregido y difundido públicamente en el 2009. En esa misma coyuntura, tres personajes de la oposición presentaron una propuesta alternativa para la discusión.8

Del mismo modo, establece un cronograma de actividades que incluye campañas informativas, presentación de propuestas por parte de personas individuales o colectivas sin restricción alguna, en forma oral o escrita (Art. 17), y encuentros territoriales y sectoriales. Asimismo, establece la sistematización de las propuestas y la elaboración del proyecto de Estatuto Autonómico Departamental, el mismo que será sometido al pleno de la ALD para su deliberación y aprobación (Art 19). Aunque se trata de un reglamento para la “elaboración del proyecto de Estatuto” incluye también los pasos siguientes: el control de constitucionalidad, la solicitud de convocatoria a Referéndum y, por último, su promulgación y publicación (Art. 25).

Dichas propuestas, —tanto la del frente oficialista como la del opositor— se han incorporado en este nuevo proceso sólo como insumos a ser considerados en el debate, y no así como docu-

Un hecho destacable, es que la ley que aprueba el Reglamento fue consensuada entre el oficialismo y la oposición, y se aprobó por unanimidad.

La mayor cualidad del proceso es su carácter participativo, pues parte de la idea de una construcción colectiva —por mandato constitucional—, que se traduce en la apertura irrestricta y amplia a la participación ciudadana, mediante la presentación de propuestas a las seis comisiones legislativas a través de varios mecanismos: libros notariados, encuentros territoriales y sectoriales y recepción permanente de iniciativas ciudadanas.

En los encuentros territoriales se ha establecido una fase. La primera de socialización e información a la ciudadanía respecto al sentido del proceso Estatuyente, sus objetivos y la importancia de la participación social.

En suma, se han realizado 25 encuentros territoriales propiciados por las seis comisiones; 16 encuentros sectoriales para recoger las propuestas de las organizaciones sociales (muchas de ellas simplemente actualizaron las propuestas que presentaron años antes), sumando un total de 41 encuentros, entre ellos, tres especiales realizados con los indígenas Yuquis, Yuracarés y con el Consejo de Ayllus y Markas del departamento. Se han llenado alrededor de 50 libros notariados y se han recibido en las propias comisiones varias propuestas escritas y orales, individuales y colectivas. Como resultado, se han reunido alrededor de 10.000 iniciativas.

Autonomías que es el encargado de hacer el acompañamiento, coordinar propuestas desde la gobernación y preparar normas y leyes para el departamento de Cochabamba. Entre las tareas del delegado también está diseñar conjuntamente un modelo de gobernación y trabajar en un plan de desarrollo.

Las dificultades que se han percibido, sobre todo en los encuentros territoriales, fueron el difícil acceso a algunos lugares, la escasa capacidad de convocatoria a las organizaciones, y en su caso, la poca disponibilidad y voluntad para asistir a las reuniones. Pero los problemas más críticos devienen del desconocimiento ciudadano al plantear sus propuestas, por un lado respecto al tipo de competencias del gobierno departamental, y por otro, al alcance legislativo de las propuestas. Muchas de las iniciativas presentadas son más bien de competencia municipal, o referidas a problemas cotidianos que no competen al organismo departamental y tendrán que ser depuradas o, en su caso, derivadas a los organismos competentes. Se prevé, en futuros encuentros, explicar a los ciudadanos porqué sus propuestas no fueron incorporadas en el Estatuto Departamental.

En general, las preocupaciones de la gente están ligadas a sus necesidades inmediatas, empleo, cobertura de servicios, distribución de recursos o mayor participación, en tanto que las organizaciones prepararon propuestas afines a sus intereses corporativos o particulares.

La fase de sistematización se realiza en las distintas comisiones de trabajo, para la redacción de artículos que reflejen una versión concertada que luego será debatida en la ALD. Dicha labor cuenta con el apoyo técnico respectivo por la dificultad que comporta el proceso.

Cuadro síntesis del proceso estatuyente Fases

Actividad

Responsables

Fas 1

Aprobación de la ley que aprueba el reglamento para la elaboración participativa del proyecto de estatuto.

Asamblea Legislativa Departamental

Fas 2

Comisiones de la Campañas de información y difusión Asamblea Legislativa ciudadana.

Departamental

Fas 3

Encuentros Territoriales y Sectoriales y recepción de propuestas.

Comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental

Fas 4

Sistematización de propuestas y redacción de artículos pertinentes.

Comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental

Fas 5

Ordenamiento, organización, estrucDirectiva de la turación, redacción de estilo y conAsamblea Legislativa cordancia del Proyecto de Estatuto Departamental Autonómico Departamental.

Fas 6

Encuentro departamental para dar a conocer los resultados del proceso.

Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental

Fas 7

Deliberación y aprobación.

Asamblea Legislativa Departamental

Elaboración propia en base a “Plan de Trabajo” del Proceso Estatuyente en: www.asambleacochabamba.bo

El Ejecutivo también ha formulado sus propuestas y trabaja con el Legislativo mediante el nombramiento de un Delegado para las

and a mios 67

A pesar de que el proceso aún no ha concluido, los temas gravitantes en el contenido de las propuestas son:

7. Riesgos, potencialidades y derroteros del proceso autonómico

tra sus limitaciones en las leyes secundarias y en los intentos de aplicación.

Estado centralista que no permita el avance y desarrollo de los departamentos”.9

- La visión de Cochabamba y la proyección de un Plan Territorial.

- Los límites y alcances del régimen competencial.

- La representación política territorial (por provincias, macroregiones y otras).

- La posible binominalidad en la representación de género, recuperando la idea del chacha warmi.

- La representación indígena, debido a demandas de los enclaves aymaras, mojeños o trinitarios que demandan participación.

- El control social.

- La creación de impuestos o patentes.

- Los símbolos departamentales.

- La administración de competencias en educación y salud.

- La creación de Subgobernaciones en regiones o provincias.

- La incorporación del vicegobernador con funciones específicas.

A más de tres años de aprobación del texto constitucional y a dos años de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías, el proceso parece haberse estancado o, en su caso, da cuenta de un avance muy incipiente. Una mirada minuciosa permite establecer los logros, pero sobre todo las dificultades en el proceso autonómico del Gobierno Departamental de Cochabamba.

Entre los logros está principalmente la conformación de un nuevo andamiaje institucional —que sin duda requiere una serie de ajustes—, con personal e infraestructura instalados que constituyen las bases para la construcción institucional de las autonomías. El siguiente paso es dotarse de un Estatuto Autonómico Departamental que consolide el proceso al interior del departamento. Otro elemento favorable que deviene del campo político, es la estabilidad producida por una correlación de fuerzas absolutamente favorable al Ejecutivo, y una importante legitimidad de origen que proviene del apoyo ciudadano traducido en más del 60% de los votos.

Otra de las limitaciones proviene de la visión fuertemente centralista en las autoridades —histórica—, junto al temor o recelo del ejercicio de las facultades autonómicas por parte de los funcionarios locales. Complementariamente, existe el predominio de una visión presidencialista en el Gobierno Departamental, la asamblea no ha terminado de posicionarse con la solvencia y autoridad de que otorga la ley, más bien es funcional al Ejecutivo y a los lineamientos generales de la gobernación.

Para terminar, cabe recordar que la autonomía no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar las condiciones de vida de la gente.

En todo caso, varios de estos temas —sobre todo los más controversiales— no necesitan estar consignados en Estatuto, sino de manera general.

En la actual etapa se plantean varios desafíos, por una parte un mayor involucramiento de los asambleístas, que se traduzca en un debate sólido y toma de decisiones para cuidar la calidad del estatuto en términos de coherencia, legalidad y participación.

Asimismo, se necesita prever una redacción rigurosamente enmarcada en la CPE y la Ley Marco de Autonomías, para transitar sin dificultades el control de constitucionalidad.

Por otra parte, está la necesidad de realizar una devolución a la sociedad (que está prevista) para el conocimiento e involucramiento de la ciudadanía y las organizaciones, de manera que se produzca una verdadera apropiación social del mismo. El objetivo político en ese sentido es lograr un importante apoyo y la adhesión de la gente en vistas al próximo referéndum, y así garantizar una holgada mayoría y legitimidad en torno a este instrumento jurídico.

Algunos riesgos sobre los cuales alertan algunos asambleístas, sobre todo de oposición, están referidos a que el proceso participativo no sea tal, sobre todo, a la hora de elaborar los articulados de la versión final del Estatuto, y se convierta en un documento de gabinete; o que éste resulte demasiado funcional a la visión centralista y concentradora de poder del gobierno nacional, lo cual significaría ponerle límites jurídicos a los alcances autonómicos y frustrar las aspiraciones regionales.

Esta también es una preocupación de algunos asambleístas del MAS: “Los Estatutos como herramienta que oriente debe ser absolutamente consensuado, que muestre una perspectiva pactada para los cochabambinos”. “Dentro de la Asamblea debemos fortalecer el debate” (Soledad Delgadillo, Mesa de Análisis Legislativo Departamental).

Con todo, el proceso denominado “estatuyente” en Cochabamba es destacable tanto por el involucramiento de diversos sectores como por el cumplimiento de las etapas previstas en los plazos establecidos, y sobre las cuales, se han generado muchas expectativas. Como señalaba el Presidente de la Asamblea, el Estatuto será la norma básica para poder avanzar, norma sobre la cual además se deberá elaborar el Plan de Desarrollo (Freddy Illanes, Mesa de Análisis Legislativo Departamental).

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Entre las principales dificultades, destacadas por las propias autoridades, están las siguientes: - Ambigüedades, contradicciones y vacíos en los instrumentos normativos nacionales que complejizan el ejercicio autonómico.

- La injerencia o “invasión” permanente de las entidades del gobierno nacional en la gestión departamental, mediante leyes nacionales y a través de la supervisión y control a la gestión y los recursos.

- La falta de determinación en las autoridades y funcionarios departamentales para asumir decisiones públicas que rompan con la estructura fuertemente centralista, y que en su caso implican algunos riesgos políticos y personales.

- La falta de voluntad/conducción política para impulsar decididamente la autonomía.

- El desconocimiento de los actores sobre los alcances y límites de la autonomía.

- Una cultura política históricamente anclada en el centralismo.

- La falta de una visión regional respecto al desarrollo y al lugar que debe ocupar Cochabamba en el contexto nacional e internacional.

Sin duda, el Estatuto puede constituirse en un punto de partida para retomar la iniciativa autonómica porque establecerá mayores y mejores puntos de referencia para el ejercicio pleno de la autonomía. Sin embargo, un riesgo sobre el cual advierten algunas autoridades de oposición es que la autonomía puede ser vulnerada en la construcción estatutaria por la falta de voluntad política. El contraargumento esgrimido por asambleístas del oficialismo es que en realidad la autonomía no habría sido una demanda sentida de la población, al menos en Cochabamba, sino más bien incorporada de arriba-abajo al influjo de la presión política coyuntural. En todo caso, se debe asumir el desafío planteado por el propio gobernador, que en el momento de la promulgación de la Ley del Reglamento para la elaboración del Estatuto señalaba que se debe trabajar para “dejar de ser un

Escenarios prospectivos a) Aprobación de un Estatuto que contribuya a avanzar en las autonomías + fortalecer una cultura política autonomista + ejercicio cada vez más pleno de las autonomías + apropiación social del proceso + legitimidad. b) Aprobación de un Estatuto que no refleje intereses sociales regionales + deslegitimación + formalismo + escaso apoyo ciudadano. c) Empantanamiento por desacuerdo en temas críticos, predominio de intereses políticos o particulares + postergación estatuto + dilación en su aplicación + alargar situación de incertidumbre.

El debate está abierto…

María Teresa Zegada Socióloga, docente e investigadora de la UMSS, Cochabamba

La autonomía es una realidad normativa que constituye uno de los pilares fundamentales del nuevo Estado: plurinacional y autonómico, aunque estemos aún muy lejos de un ejercicio pleno.

Los Asambleístas del MAS ratifican su voluntad autonomista cumpliendo el mandato constitucional, al menos así lo expresaron: “ese es nuestro compromiso con nuestro corazón de cochabambinos” (Ever Clavijo, Mesa de Análisis Legislativo Departamental). “Si queremos apropiarnos de la autonomía unos u otros la vamos a ahogar, la autonomía sí va a funcionar si somos consecuentes con nuestro departamento y con nosotros mismos”, señalaba otro asambleísta del Movimiento al Socialismo.

Como pudimos constatar a lo largo del trabajo, la consolidación y el avance de las autonomías es un proceso lento y gradual, y por su complejidad implica un aprendizaje colectivo, pero sobre todo requiere de voluntad política para impulsarla. Por tanto, estaríamos en un proceso que podría caracterizarse más bien como de lenta transición hacia las autonomías.

Si bien el alcance de la autonomía en la Constitución es bastante ambicioso, no está exento de contradicciones internas y encuen-

Serie Huayna Potosí, Angie Salgar, fotografía.

and a mios 69

1

2

3

4

Al parecer ha resultado inconveniente la denominación de “Secretarías”, porque su connotación simbólica en la percepción ciudadana no las reconoce como interlocutores válidos —secretarios del gobernador—, y en muchos casos han solicitado la presencia directa del gobernador, desautorizándolos, en ese sentido se está considerando la posibilidad de denominarlos ministerios.

Misión establecida en la página oficial de la Gobernación: www.cochabamba.bo En una noticia de prensa publicada el 25 de abril, un representante de la ALD denunció públicamente la demora y omisión del gobernador en el envío de los estados financieros a esa instancia, que, en cambio, los remitió directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. El gobernador respondió que al estar abrogada la Ley 017 no estaba obligado a enviar estados financieros a la ALD.

PNUD- FBDM, Cochabamba, diciembre 2011.

5

Documento presentado en el Primer Encuentro Nacional de Asambleístas Departamentales organizado por el Ministerio de Autonomías, Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD y la fBDM en octubre de 2011.

6

Presentación institucional del Servicio Estatal de Autonomías s/r.

7

Ello se debe a que en sus reglamentos internos se establece que cualquier modificación presupuestaria debe hacerse mediante ley, así como la firma de un convenio entre el gobernador y otra institución externa.

8

Se trataba de una propuesta elaborada por Gamal Sherham, Oscar Mercado y Ricardo Pol, miembros de tiendas políticas opositoras al MAS.

9

Periódico Opinión, 23 de mayo de 2012.

Borth, Carlos. “El lento inicio de la odisea nacional”. Ponencia presentada en el 2do Encuentro Político Nacional,

BIBLIOGRAFÍA

Entrevistas realizadas:

FUENTES DE INVESTIGACION Fuentes primarias: -Pagina web : www.cochabamba.bo -Pagina web: www.asambleacochabamba.bo Documentos internos y de difusión, entre ellos: -“Herramientas para la elaboración participativa del proyecto de estatuto autonómico departamental de Cochabamba”.

-Tríptico de difusión del proceso estatuyente.

-Sistematización preliminar de las propuestas ciudadanas para el proceso estatuyente (comisiones de trabajo).

-Revisión de prensa (periódicos Los Tiempos y Opinión de Cochabamba).

-Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009.

-Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas No. 017 (de 24 de mayo de 2010).

-Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba (de 30 de junio de 2010).

-Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (de 17 de julio de 2010).

-Leyes departamentales aprobadas y promulgadas durante las gestiones 2010, 2011 y 2012 en www.cochabamba.bo

Carillo Marco, Presidente comisión Organización Territorial y entidades territoriales autónomas (entrevista realizada el 4 de mayo).

Cuadros Reynaldo, Delgado ante la Asamblea Departamental para impulsar el proceso estatuyente (entrevista realizada el 16 de mayo).

De la Fuente José, técnico consultor (entrevista realizada el 30 de abril).

Ivankovic José, integrante de la comisión Madre Tierra y Medio Ambiente (entrevista realizada el 10 de mayo).

Orellana Mario, integrante de la comisión Desarrollo Institucional, administrativo y transparencia (entrevista realizada el 7 de mayo).

Mercado Oscar, Segundo vicepresidente (entrevista realizada el 9 de mayo).

Neri Roxana, Presidenta comisión Desarrollo Humano integral y política social (7 de mayo).

Sanmillán Freddy, Asesor General de la Gobernación (entrevista realizada el 14 de mayo).

“Mesa de Análisis Legislativo Departamental” realizada con los Asambleístas Departamentales el día lunes 28 de mayo de 2012 en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental.

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DERECHOS

Sin título, Angie Salgar, fotografía.

L

COLECTIVOS Y DE GÉNERO EN EL ESTADO PLURINACIONAL: UN Contrapunteo NECESARIO

¿Cuál es el lugar de la acción afirmativa en los derechos de los pueblos y de género?

Sarela Paz Patiño 72 and a mios

os desafíos relativos a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del Estado Plurinacional, no es algo que se ponga en duda en un contexto de plurinacionalidad; sin embargo, los derechos relativos al género no necesariamente son procesados con la misma importancia para el devenir político del naciente Estado. No obstante lo afirmado, el presente artículo propone que tanto los derechos de los pueblos como los derechos de género se están desarrollando en un contrapunteo, entre tradiciones de pensamiento que retoman las figuras de acción afirmativa, tan presentes en el razonamiento liberal para procesar derechos de minorías, y figuras de reconocimiento de derechos para pueblos y para el género ligadas a tradiciones de pensamiento, acuñados en los movimientos indígenas del país. Así, se trata de pensar y analizar cómo ambos enfoques están permitiendo el desarrollo de derechos colectivos y derechos de género bajo condiciones de articulación.

¿Qué es una figura de acción afirmativa?

La figura de acción afirmativa forma parte

de un debate general en la política acerca de: qué hacemos con las diferencias en un contexto donde la igualdad es condición básica para la formulación de la ciudadanía, la formulación de la participación y representación política. El contenido de igualdad como parte del legado de una democracia representativa que garantiza igualdad de derechos para todos bajo una condición de ciudadanía; esto es, sujeto que forma parte de la comunidad política, lleva supuestos que son abordados críticamente por el desarrollo institucional de la acción afirmativa.

Un primer fundamento es que la igualdad, como postulado político y como imaginario discursivo, esconde desigualdades que produce la sociedad; desigualdades que al no ser atendidas o consideradas en el terreno político o la esfera pública, producen exclusión política. Las desigualdades están asociadas a la diferencia de género, raza, cultura, a veces grupos de edad, y son factores de exclusión y discriminación en una sociedad que busca el ideal de la igualdad.

En ese sentido, la acción afirmativa es un planteamiento político institucional que argumenta acerca de la necesidad política de atender específicamente a poblaciones vulnerables, poblaciones que han sido ob-

jeto de discriminación y/o exclusión, generando incentivos institucionales en las reglas políticas para que las diferencias de género, raza, cultura o edad, vayan superando su condición de desventaja en la acción política.

Ello nos vincula al segundo fundamento que está detrás de la acción afirmativa.

Como planteamiento político institucional implica una modificación importante en el diseño político de la democracia representativa. Supone el desarrollo de los derechos diferenciados en una forma política —democracia representativa—, que concibió la igualdad de derechos como el pilar de sus principios político institucionales.

Atender y sancionar en el ámbito público derechos que sólo pueden ser ejercidos por determinadas poblaciones, implica una reorganización de los principios de igualdad que deberán convivir con los principios de la diferencia. Así, igualdad y diferencia se convierten en valores políticos de la democracia contemporánea.

El acomodo entre principios de igualdad y diferencia implica un impacto cualitativo en la organización jurídico-política del Estado. Acá entra el tercer fundamento de la acción afirmativa. El Estado se desplaza desde una comprensión tradicional liberal republicana que entiende la institución

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Serie Salar de Uyuni, Angie Salgar, fotografía.

pública como neutra, hacia una institución que protege y vela los derechos generales y los derechos específicos reconocidos para poblaciones específicas. El desarrollo de los derechos diferenciados produce un Estado y unas instituciones sensibles a las diferencias discriminadas, a las que les otorga protecciones específicas en cuanto a sus demandas, produciéndose un desplazamiento, según Iris Marion Young, de un paradigma distributivo que piensa la justicia como igualdad a un paradigma distributivo que razona la justica como un asunto de resolución de la dominación y opresión (Young, 2000: 323-353).

Es importante identificar en el debate político, que la figura de acción afirmativa forma parte de un debate dentro la familia liberal; liberales que asumen una posición tradicional respecto a la neutralidad del Estado, esto es, el Estado es neutral y ciego a las diferencias culturales, raciales, de género, de región o de sexo; y liberales que, como menciona Walzer, son sensibles a la discriminación y exclusión que se produce en la diferencia cultural, racial, de género, región o sexo, y consideran necesario el desarrollo de un Estado y unas instituciones comprometidas con la diferencia (2009: 146-147). No obstante lo mencionado, la figura institucional de acción afirmativa ha permitido encarar, desde la política pública, atención a las demandas de sectores excluidos y discriminados y, para el caso de los sujetos que son beneficiarios de los derechos diferenciados, organización de intereses y articulación de identidades políticas que han

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impactado la composición de la representación política en la democracia.

Básicamente, la figura de acción afirmativa nos enfrenta a un doble debate político en la democracia referido a: primero, los derechos diferenciados crean desigualdades antes que eliminarlas; y segundo, los derechos diferenciados esencializan al sujeto y no consideran las diferentes formas en que es posible construir articulación en democracia.

Quienes argumentan que los derechos diferenciados crean desigualdades, consideran que los derechos individuales ya permiten acomodar las diferencias, por lo que la verdadera igualdad exige derechos iguales para cada individuo, sin tener en cuenta el género o la etnicidad (por abordar algunos elementos de desigualdad).

El eje del argumento se encuentra, por tanto, en cómo los derechos diferenciados, antes que crear desigualdades, las eliminan, mediante un mecanismo de apoyo político que altera decisiones a favor de los sectores excluidos y que busca corregir su condición de desigualdad, que deviene en una grave injusticia. Los derechos diferenciados dentro de la vida institucional de la democracia ayudan a corregir desigualdades, porque mitigan la condición de vulnerabilidad de sectores discriminados en relación a las decisiones que toman sectores que están en situación de poder, protecciones específicas para el grupo vulnerable.

Según Kymlicka, las protecciones específicas aseguran oportunidades e imponen restricciones a sectores que gozan del poder o sectores que forman parte de la cultura dominante y, además, las protecciones específicas están inspiradas en la dimensión de imparcialidad de justicia de Rawls (1997), que subraya la importancia de corregir desigualdades para pensar la justicia como una dimensión de vida buena (1996: 152- 154). El carácter y alcance de los derechos diferenciados que están inspirados en la dimensión de imparcialidad, variarán según el contexto, según las condiciones de vulnerabilidad de los excluidos y, en todo caso, serán producto de una deliberación democrática que se inspira en la imparcialidad como dimensión de la justicia. En ese sentido, los derechos individuales como derechos iguales para cada individuo que toma distancia de la raza, lo étnico, el género, lo regional o los grupos de edad, son sentidos de neutralidad evidentemente falsos que requieren ser corregidos por el principio de derecho diferenciado. Una dimensión de la naturaleza anotada invita a reflexionar la acción afirmativa más allá de las cuotas.

Pasemos a observar algunos argumentos sobre los derechos diferenciados como una manera de esencializar al sujeto. Iris Marion Young nos propone que la acción afirmativa cuestiona el principio de la no discriminación y la convicción de que las personas deberían ser tratadas sólo como individuos y no como miembros de grupo, cuestiona la distribución de posiciones privilegiadas entre los grupos. No obstante el alcance de lo mencionado, la autora concluye que la acción afirmativa no pone en cuestión temas relativos a la organización institucional del poder y la toma de decisiones (2000: 323-326). Sin embargo, las prácticas preferenciales que favorecen a los miembros de grupos discriminados significan una política de conciencia que contribuye a socavar la opresión entre los sujetos excluidos, porque conllevan la ventaja de producir representación del propio grupo excluido en la toma de decisiones. En ese sentido, la acción afirmativa mitiga la ceguera de las instituciones y las personas que toman decisiones.

Al producirse la propia representación del grupo excluido se desarrolla un espacio público heterogéneo y se pone en disputa el significado de la diferencia social, factores que contribuyen a posibilidades emancipatorias. La auto-organización, la afirmación de identidad cultural o de género y la movilización alrededor de demandas específicas de grupo, permite conseguir poder y participación en las instituciones

dominantes, permite desarrollar un sentido positivo de la diferencia de grupo y generar un pluralismo cultural democrático, donde es muy difícil considerar “algunas normas” como neutrales y/o universales.

En ese sentido, el horizonte institucional de la acción afirmativa considera necesario que los miembros de sectores excluidos del poder político, léase para el caso del documento mujeres e indígenas, requieren de organizaciones específicas para reforzar expresiones positivas de su experiencia subordinada, afirmar el significado público y político de su diferencia y asegurar participación en las instituciones políticas.

El sentido de representación y de construcción de demandas específicas que se desarrollan mediante el incentivo de articulación política de los sujetos discriminados, forma parte del debate de esencializar el sujeto. Considerar y pensar una organización específica como mecanismo que refuerza expresiones positivas de la experiencia subordinada, es para Chantal Mouffe, una visión de identidad política esencial que presupone al sujeto subordinado como una entidad transparente y racional; esto es, un sujeto que contiene en su movilización un significado homogéneo sobre su acción, sin considerar la pluralidad de registros que contiene toda identidad política. En la reflexión de la autora, una buena parte de quienes defienden la acción afirmativa como incentivo para movimientos políticos feministas, raciales, culturales o de grupos de edad, pasan por alto la heterogeneidad de posiciones que está contenida en los sujetos discriminados, heterogeneidad de posiciones que es el reflejo de distintas relaciones con la estructura de poder (1999: 107-126).

Esencializar al sujeto implica considerar sus posiciones políticas como preconstituidas, como distantes a las articulaciones discursivas que se ponen en juego en los procesos de construcción de toda identidad política, y de los factores de contingencia y ambigüedad que definen la política. Es también una manera de tomar distancia de la multiplicidad de las relaciones de subordinación que constituyen a los sectores discriminados. Ciertamente, lo mencionado supone entender la política como un enfrentamiento entre intereses e identidades ya constituidos y nos empuja a desarrollar el formato institucional de acción afirmativa como el desarrollo de la “ciudadanía de grupos diferenciados”. El eje del debate debemos ubicarlo en cómo a partir de los derechos diferenciados y la incorporación de la diferencia como un valor político en la democracia, contem-

...el horizonte institucional de la acción afirmativa considera necesario que los miembros de sectores excluidos del poder político, léase para el caso del documento mujeres e indígenas, requieren de organizaciones específicas para reforzar expresiones positivas de su experiencia subordinada, afirmar el significado público y político de su diferencia y asegurar participación en las instituciones políticas. poránea, logramos generar un pluralismo democrático que transforma radicalmente los principios de la democracia representativa y su igualdad de derechos.

Acción afirmativa y el contexto institucional boliviano Comencemos con el texto constitucional y la manera en cómo se han acomodado los derechos diferenciados para mujeres e indígenas. Si hay algo que debemos reconocer en la constitución aprobada en enero de 2009 es el gran espacio que ocupan los derechos para pueblos indígenas, derechos específicos que protegen ampliamente la condición étnica cultural de las poblaciones indígenas en Bolivia. No obstante lo mencionado, es plausible interrogarse acerca de la condición de acomodo de derechos para pueblos y naciones indígena originarios en la constitución boliviana, puesto que éstos y su alcance no se inspiran en una comprensión de minorías poblacionales, lo que implicaría tener como principal figura de reconocimiento un sistema de cuotas en la educación, salud, representación política e incluso sistema de gobierno (autogobierno).

El acomodo de derechos diferenciados para pueblos y naciones indígena originarios en la constitución boliviana, está inspirado en el principio de autodeterminación política de pueblos y naciones que

deciden formar parte de un pacto social.

Con menor impacto la constitución define derechos diferenciados considerando la condición de género.

Concretando lo que encontramos en el texto de la constitución, se observa que los derechos diferenciados para pueblos indígenas atraviesan el contenido constitucional desde la fundamentación de principios con los artículos 2, 3 y 5, donde se define la condición de preexistencia de las naciones originarias, el ejercicio de su libre determinación, la aceptación de sus instituciones políticas y el derecho que les asiste a ser consultados en la implementación de la política pública por parte del Estado, pasando por los derechos civiles y su artículo 21 donde se protege la condición de autoidentificación, o los derechos políticos donde, en el artículo 26, las naciones y pueblos indígena originarios pueden designar su representación de forma directa, hasta los derechos educativos y culturales donde, desde el artículo 78 hasta el artículo 107, se protege y promueve una educación diferenciada, la condición plurilingüe de los intercambios lingüísticos, el desarrollo de la identidad y la cultura indígena originaria y la participación de los pueblos originarios en la definición de la política educativa. Todos estos derechos están inspirados desde el principio de autodeterminación política para pueblos y naciones.

Entrando a los derechos definidos para pueblos indígenas en relación al órgano legislativo y ejecutivo, podemos observar una inversión del razonamiento; puesto que en tres artículos se menciona la participación de los pueblos indígenas en ambos órganos, haciendo hincapié en una dimensión de minorías. Los artículos 147 y 172 plantean que se debe garantizar una participación proporcional de las naciones y pueblos indígenas, participación que debe respetar el carácter plurinacional del Estado, y es el artículo 146 que claramente nos habla de la participación indígena en el legislativo como minoría, haciendo hincapié en las circunscripciones especiales, las cuales sirven para minorías poblacionales y están hechas específicamente para el área rural. Es posible afirmar, con lo anteriormente mencionado, que los derechos diferenciados que dan lugar a acción afirmativa para pueblos y naciones indígenas contienen una tensión constitucional; esto es, amparan y protegen derechos específicos basados en el principio de autodeterminación política y, a su vez, amparan y protegen derechos específicos basados en el principio de minoría. El primero expresa planteamientos

and a mios 75

políticos que proceden de las naciones y pueblos originarios en condición de mayoría —quechua y aymaras— y el segundo expresa la manera en cómo se acomodan los derechos para los pueblos y naciones indígena originarios de tierras bajas. Lo apuntado deber ser visto como una tensión política dentro del desarrollo institucional de acción afirmativa para pueblos y naciones indígena originarios.

La tensión se ahonda en el texto constitucional cuando observamos el orden territorial del Estado. En sus artículos 269 y 270, los territorios indígenas forman parte de la estructura territorial del Estado bajo una condición de autogobierno y de preexistencia. Mucho más cuando nos vamos al acápite de autonomía indígena, artículos 289 a 296, donde podemos observar que el principio de libre determinación se expresa en un gobierno con normas propias, un territorio de jurisdicción y mecanismos de consulta y referéndum que deberán ser respetados por el Estado.

Si le sumamos a lo planteado en la estructura territorial del Estado la parte de RRNN y medio ambiente, concretamente, los artículos que van desde el 352 al 353, del 374 al 375, del 385 al 388 y, sobre todo, lo

que está compuesto por la temática tierra y territorio que se expresa en los artículos 394-395 más 403, observaremos que el principio político que acomoda los derechos diferenciados para las naciones y pueblos indígena originarios es el de autodeterminación política. En contraste, la representación política en los artículos 209 y 210 plantea que una de las modalidades de representación será vía pueblos indígenas, los que pueden elegir a sus candidatos mediante el mecanismo de normas propias. Asimismo, en los artículos 278 y 284; la representación de pueblos indígenas en la Asamblea Departamental y en los Concejos Municipales será por escaños o cuotas que expresan una geometría política de minoría.

La constitución aprobada en 2009 refleja principios básicos referidos a los derechos diferenciados para mujeres que están desarrollados en el tema de representación.

Tal vez por tal motivo, la figura de afirmación positiva en la temática de género está profundamente centrada en la perspectiva de cuotas. Como principio de equidad de género, el artículo 8 nos plantea la necesidad de desarrollar principios y valores basados en una igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y, yendo especí-

derechos diferenciados en la mencionada ley. Primero, el carácter y procesamiento de lo plurinacional, segundo, el contenido y sentido de la equidad y equivalencia de género y, tercero, el postulado intercultural de democracia que combina tres formas políticas de ejercicio de la democracia.

ficamente a lo formulado en la representación en el órgano legislativo, artículo 147, se plantea que la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá estar conformada por hombres y mujeres en igual porcentaje, paridad y alternancia de género en las Asambleas Legislativas Departamentales y Concejos Municipales, artículo 172.

Concretamente, en el artículo 210 referido a las organizaciones políticas, la constitución plantea que se debe garantizar igual participación entre hombres y mujeres.

Reflexionemos acerca del primer pilar. Si en el contenido de la constitución es posible afirmar que los derechos diferenciados para pueblos y naciones indígena originarios asumen un doble principio constitucional: autodeterminación política y derecho de minorías, en la Ley del Régimen Electoral se consolida una visión de derecho diferenciado basado en el principio de minorías. Esto definirá el lugar de la acción afirmativa para sectores indígenas dentro las organizaciones políticas. La participación y representación de las naciones y pueblos indígenas que definen el contenido y sentido de plurinacionalidad se expresa a través del artículo 2, donde se plantea las circunscripciones especiales, básicamente, escaños para ejercer representación indígena pero en condición de minoría. A partir de ello, se definen escaños o cuotas de representación política en el escenario nacional, departamental, regional y municipal.

El acomodo de derechos diferenciados para mujeres en temáticas como trabajo y empleo, igual salario y derechos laborales durante el embarazo, se los encuentra en el artículo 46 y, en el artículo 395, hay referencias específicas para la titularidad de las mujeres en la distribución de tierras.

El contexto que marca la Ley del Régimen Electoral se centra en definir los términos de participación ciudadana, desarrollando reglas de juego con acción afirmativa para la representación política en el caso de mujeres y pueblos indígenas. Es necesario precisar que en esta ley, el desarrollo de derechos diferenciados para mujeres cobra mayor contenido y cuerpo que el planteado por la constitución. Tres son los pilares que expresan el acomodo de

Sin título, Angie Salgar, fotografía.

Ciertamente, el eje de la representación política indígena se convierte en un ejercicio de acción afirmativa que se expresa en las circunscripciones especiales, y las circunscripciones especiales se basan en un principio de minorías que además pueden ser representadas, según la ley, por partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. El juego político para la representación indígena se abre a tres posibilidades: el partido, la agrupación o su propia organización.

Reflexionemos acerca del segundo pilar, el contenido y sentido de la equidad y la equivalencia de género. Partiendo del artículo 2 y yendo al artículo 11 de la Ley del Régimen Electoral, la equidad de género se muestra como paridad y alternancia en la lista de candidatos a asumir representación en las diversas instancias legislativas y ejecutivas que expresan los niveles de gobierno del Estado boliviano; también paridad y alternancia en el poder electoral y paridad en el poder judicial. Las reglas de juego planteadas por la ley nos orientan claramente a manejar dos principios de acción afirmativa en el caso de género. El primero, formulado en la constitución, implica equidad como 50% hombres y 50% mujeres, y el segundo, planteado en la Ley del Régimen Electoral, supone paridad y alternancia entre hombres y mu-

La perspectiva de complementariedad o dualidad no es posible de procesarse bajo la figura de cuotas, no es una disputa por espacios de poder en la geometría de la democracia representativa, sino más bien es un contenido político que le da sentido a la participación de mujeres indígenas o campesinas en la política, una participación enraizada en las experiencias culturales de la democracia comunitaria. jeres. En el caso del poder judicial, la ley apunta claramente a la consolidación del 50% como cuotas que deben ser ocupadas por mujeres.

Estos principios, equidad, paridad y alternancia, tienen el antecedente de la ley de cuotas del 30% planteada en 1997 y deben reconocerse como principios que empujan la figura institucional de acción afirmativa para mujeres en el contexto de los diversos poderes constituidos y en el contexto de los partidos políticos. El juego político nos muestra que si bien las organizaciones políticas están lejos de lograr 50% de participación entre hombres y mujeres, lo cierto es que no se puede dejar de evaluar cómo, a partir del nuevo contexto institucional, se tiene una participación política de mujeres en el órgano legislativo que alcanza a un 28%, y, desagregado, un 23% en la Cámara de Diputados y un 44% en la Cámara de Senadores. También tenemos el dato referencial que se produjo en la Asamblea Constituyente, de un 33% de participación de mujeres.

El dato de 28% desagregado por departamento muestra que en la Cámara de Senadores solo dos departamentos tienen déficit de participación femenina. Ellos son Cochabamba y Chuquisaca, que llegan a un 25%, mientras que el resto de los departamentos alcanzan a un 50%. En el caso de la Cámara de diputados los departamentos con porcentaje más alto de participación de mujeres está en La Paz y Santa Cruz, ambos con un 28%, le sigue Chuquisaca con un 27% y el resto de los departamentos fluctúan entre el 20 y el 22%. Los datos expresan porcentajes de participación femenina en titularidad (Coordinadora de la Mujer, 2010).

Acción afirmativa y el contexto. El contrapunteo político entre distintas tradiciones El desarrollo institucional de los derechos colectivos y los derechos de género, en el contexto de la materia estatal plurinacional, muestra un proceso donde concurren

horizontes liberales para acomodar la diversidad —expresado en el desarrollo institucional de la acción afirmativa—, junto con tradiciones de pensamiento político que están acuñadas en la experiencia indígena y que buscan abordar la diversidad bajo otros principios. En el caso de la diversidad cultural y su tratamiento dentro del Estado, el planteamiento central es restituir a los pueblos indígenas el derecho político que les fue despojado, por eso, la formulación política de la preexistencia como fundamento de la libre determinación y su acomodo en un formato plurinacional es un factor cualitativamente distinto del planteamiento institucional de acción afirmativa. Para el caso de género, la figura de equidad ampliamente anidada en el razonamiento liberal contrapuntea con planteamientos políticos de paridad, complementariedad y/o dualidad, que son razonados desde el contexto político cultural de Chacha/Warmi (Aldunate y Paredes, 2010). La perspectiva de complementariedad o dualidad no es posible de procesarse bajo la figura de cuotas, no es una disputa por espacios de poder en la geometría de la democracia representativa, sino más bien es un contenido político que le da sentido a la participación de mujeres indígenas o campesinas en la política, una participación enraizada en las experiencias culturales de la democracia comunitaria.

Restitución del poder político para los pueblos originarios, pueblos preexistentes y significación política de participación de las mujeres desde los modos y maneras en que opera la democracia comunitaria, son factores de transformación cualitativa en la política que pueden jugar un rol de descolonización ante imaginarios discursivos de etnia y género, que son susceptibles de ser acomodados en la forma política de la democracia representativa. La arena política junta y combina las distintas tradiciones señaladas. Las mujeres indígena campesino originarias se desplazan en la política tomando los avances desarrollados en el planteamiento de equidad

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76 and a mios Alegría y llanto, Marizol Soliz, óleo sobre lienzo 30 x 40 cm.

les de poder se neutraliza, produciéndose expresiones de ventriloquismo de género: puntos de poder patriarcal que hablan a nombre de las mujeres y tratan de representarlas. Básicamente, una expresión de colonización sobre el género.

Sarela Paz Patiño Socióloga boliviana y PhD en Antropología Social CIESAS. México

La combinación de experiencias y tradiciones políticas que se entremezclan con el ejercicio de los derechos colectivos y los derechos de género en el Estado Plurinacional, evidencian un proceso expuesto a una doble condición: transformar las relaciones internas de la sociedad boliviana o renovar las relaciones de dominación que caracterizan su dimensión colonial. En el caso de género es posible afirmar que los planteamientos de equidad y complemenTrenzar en pentagrama, Gabriela Benitez, cerámica esmaltada.

BIBLIOGRAFÍA Aldunate, Victoria y Paredes, Julieta, Construyendo Movimientos, La Paz, AECI/CajaGranada Fundación/ 2010.

Coordinadora de la Mujer, Datos de Representación de Mujeres en base a los datos de la Corte Electoral, La Paz, 2010.

Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural, Barcelona, Paidós, 1996.

Mouffe, Chantal, El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Barcelona, Paidós, 1999.

78 and a mios

Rawls, John, Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

Walzer, Michael, “Comentario” en Charles Taylor, El multiculturalismo y la ‘política del reconocimiento’, México, Fondo de Cultura, Económica, 2009.

Young, Iris Marion, La justicia y la política de la diferencia, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000.

Terra pía 2, Gabriela Benitez, cerámica esmaltada y pirograbado 55 x55 cm.

La combinación de tradiciones ha establecido algunos comunes en la perspectiva de género; esto es, algunos elementos en los que hay consenso. Aspectos como: violencia doméstica, participación política, derechos de género pensados desde contextos culturales, forman parte de principios comunes. Movimientos de mujeres que vienen desde una experiencia de lucha por la equidad, hoy se ven enfrentados a entender situaciones de vida de mujeres campesinas e indígenas donde muchas veces la dimensión de equidad adquiere poca resonancia. En similitud con lo mencionado, mujeres indígenas y campesinas que vienen desde imaginarios de complementariedad, han entrado en diálogo con los planteamientos de equidad, lo cual las lleva a reelaborar aspectos de su vida cotidiana.

tariedad, articulados a iniciativas políticas de despatriarcalización y descolonización, pueden constituirse en factores de transformación, siempre y cuando, las mujeres conquisten no solo participación, sino decisión y agregación de contenido político a su intervención en la política. En contrapartida, cuando su propia intervención en los espacios de decisión está en función de la estructuración del poder masculino, —muchas veces mujeres que juegan roles fundamentales están en relación al eje de poder masculino —, su capacidad de interpelar y desestabilizar formas patriarca-

Entre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas

y demandan su participación vía paridad, paridad y alternancia que son negociadas desde la figura de cuotas; así como, viviendo experiencias políticas de complementariedad, intentan significar los discursos de género desde situaciones de vida que tienen un enraizamiento cultural en la forma política de los pueblos indígenas.

y los derechos de las mujeres descentrando el multiculturalismo

Rosalva Aída Hernández Castillo

E

n este artículo me propongo compartir algunas reflexiones surgidas de la experiencia mexicana sobre las tensiones entre los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de las mujeres, con el propósito de re-pensar, desde una perspectiva de género, las políticas de reconocimiento cultural de colectivos humanos. La intensificación de los flujos migratorios del sur al norte y el surgimiento de importantes movimientos indígenas en las Américas, han puesto en las últimas décadas en la mesa del debate, el tema de los derechos culturales y políticos de estos colectivos humanos y ha venido a cuestionar la visión universalista y liberal de la ciudadanía. La demanda del reconocimiento cultural de estos colectivos y las reformas del Estado para reconocer el carácter multicultural de las naciones, ha re-abierto viejos debates antropológicos en torno al relativismo cultural y el universalismo conceptual.

En los extremos de este debate se encuentran, por un lado, sectores que a partir de una concepción de la cultura como una entidad homogénea de valores y costumbres compartidas, al margen de las relaciones de poder, plantean la necesidad de suspender cualquier juicio de valor con respecto a otra cultura, y a nivel político muchas veces idealizan las prácticas e instituciones de las culturas consideradas como no-occidentales (haciendo eco al ideal roussonioano del Buen Salvaje, que occidente sigue buscando en sus excolonias). En el otro extremo se encuentran los sectores que, desde el liberalismo, niegan el derecho a una cultura propia, y en el caso de América Latina, el derecho autonómico de los pueblos indígenas, y justifican la aculturación y la integración a partir de una reivindicación de los valores republicanos y de un discurso igualitario de la ciudadanía, asumidos como valores universales. Estas visiones polarizadas, una esencialista y la otra etnocéntrica, dejan a los y las indígenas, en el caso que nos ocupa, con pocas opciones para construir su futuro y re-pensar sus relaciones con los Estados-nación. Sin embargo, existen otras visiones que, desde la práctica política y la resistencia cotidiana, están tratando de salir de esta encrucijada y están proponiendo maneras más creativas de repensar las identidades étnicas y genéricas para construir una política del reconocimiento cultural que considere la diversidad dentro de la diversidad.

Las reflexiones que aquí comparto están estrechamente vinculadas a dos debates fundamentales en los que me he visto in-

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volucrada en los últimos años: el debate en torno al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el debate en torno a la construcción de un feminismo no etnocéntrico que reconozca la diversidad cultural. Como académica y como activista estoy convencida de que la construcción de la justicia social debe incluir la lucha contra el sexismo y el racismo, y es en el entrecruce de estas dos luchas que hemos aprendido, de las organizaciones de mujeres indígenas, además de la importancia de reivindicar una perspectiva de género para analizar los derechos culturales de los pueblos indígenas, de un análisis culturalmente situado para aproximarnos a las desigualdades de género.

En el campo de la antropología jurídica me ha tocado confrontar, por un lado, las perspectivas idealizadas del derecho indígena contextualizando las prácticas jurídicas y los sistemas normativos indígenas en el marco de relaciones de poder internas y externas; pero, paradójicamente, dentro de los ámbitos académicos feministas, he sido acusadas de “relativista cultural” al señalar que no podemos asumir a priori que sabemos lo que constituye la igualdad y la desigualdad de género en las sociedades indígenas sin conocer el contexto histórico y cultural en el que se construyen las identidades femeninas y masculinas (ver Hernández Castillo 1998, 2001, 2002, 2008, 2010). La polarización de los debates tanto en torno al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, como en torno a los derechos universales de las mujeres, deja poco espacio para matizar nuestras perspectivas y escuchar las voces que están proponiendo maneras más creativas de repensar las identidades étnica y genérica.

La nueva agenda de las mujeres indígenas En la última década, hemos visto surgir en distintas regiones de América Latina, procesos organizativos de mujeres indígenas en los que se conjugan las demandas colectivas de sus pueblos con sus demandas específicas de género. Podríamos señalar que hemos sido testigos del surgimiento de una nueva identidad política, que no se diluye, ni dentro de las identidades políticas de los pueblos indios, ni dentro de las identidades de género de los movimientos feministas.

Algunos analistas ubican el surgimiento de estas nuevas actoras sociales en 1992, en el marco de la Conmemoración de los 500 Años de Resistencia Indígena, Negra

...existen otras visiones que, desde la práctica política y la resistencia cotidiana, están tratando de salir de esta encrucijada y están proponiendo maneras más creativas de repensar las identidades étnicas y genéricas para construir una política del reconocimiento cultural que considere la diversidad dentro de la diversidad.

y Popular, cuando organizaciones indígenas de toda Latinoamérica se movilizaron en contra de la celebración del “V Centenario del Encuentro entre Dos Mundos” y denunciaron la continuación del proyecto colonial por parte de los Estados-Nación latinoamericanos. En el marco de estas movilizaciones, que incluyeron congresos, encuentros, seminarios, talleres, mujeres indígenas de todo el continente que tuvieron la posibilidad de compartir reflexiones y experiencias, y de empezar a plantear que no era posible luchar contra la exclusión de los pueblos indios dentro de las sociedades nacionales, sin reconocer la exclusión de las mujeres al interior de las mismas comunidades indígenas.

En el caso concreto de México, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1ro de enero de 1994, visibilizó la presencia de mujeres dentro del movimiento indígena y campesino nacional. Lo que desde un principio diferenció al zapatismo de otros movimientos guerrilleros latinoamericanos, en los que también han participado mujeres, fue la inclusión dentro de su plataforma de lucha de demandas de género a través de la llamada Ley Revolucionaria de Mujeres.1 Sin embargo, no es posible entender la importante participación de las mujeres indígenas en estos dos momentos históricos, ni el posterior surgimiento de agendas de género desde las organizaciones indígenas, si no reconocemos la larga historia de luchas y resistencias en las que han venido participando desde la época colonial (ver Gall y Hernández Castillo 2004), y los múltiples diálogos que en las últimas décadas han influido en la construcción de sus identidades políticas.

Los movimientos campesinos, las organizaciones político-militares, la teología de la liberación, los feminismos rurales, las agencias internacionales y hasta las mismas instituciones estatales, han contribuido a crear espacios de encuentro para

Mediodía en Uyuni, Edgar Arandia, óleo s/tela, 2007.

las mujeres indígenas y han aportado elementos para la construcción de agendas de género culturalmente situadas, que retoman, re-semantizan o rechazan elementos de los distintos discursos sobre los derechos de las mujeres.

Una perspectiva dialógica de estas identidades políticas nos permitirá ver a las organizaciones de mujeres indígenas no cómo bastiones de resistencias milenarias, ni como aglomerados de sujetos pasivos que retoman de manera mecánica los discursos y prácticas que les llegan de fuera.

Reconocer la capacidad productiva que tienen los discursos globales, no niega la capacidad que los actores sociales tienen de re-significar estos discursos y, en muchas ocasiones, incluso de producir discursos alternativos que se globalizan mediante las mismas redes de comunicación construidas desde los centros de poder.

Los nuevos discursos de las mujeres indígenas, tanto los de quienes se reivindican como feministas, cómo los de aquellas que enfatizan su adscripción étnica retomando la cosmovisión, contradicen las perspectivas que señalan la fuerza homogeneizadora del capital, subestimando la

capacidad de resistencia y reelaboración de las culturas locales, y planteando el surgimiento de una “condición postmoderna” mundial que tiende a borrar las especificidades culturales (Jameson, 1990).

Es evidente que todas las organizaciones con quienes trabajamos se encuentran en diálogo con discursos globales. Las nuevas tecnologías de comunicación les han posibilitado el contacto y la participación con otros grupos sociales, como son las indígenas norteamericanas, las organizaciones de derechos humanos, la cooperación internacional, las redes feministas, que son parte de las estructuras globales de comunicación e información en las que participan las indígenas latinoamericanas contemporáneas (Lash y Urry, 1994:64). Los elementos encontrados en estas estructuras de comunicación han sido apropiados e integrados a una nueva identidad política, que a la vez se promueve mediante esas mismas redes de comunicación globales. Las “nuevas costumbres” que reivindican las indígenas organizadas, han retomado elementos del discurso de derechos humanos, del discurso feminista y del discurso ecologista de distintas organizaciones con quienes tienen contacto. Más que una imposición de visiones del mundo, se han creado espacios de diálogo intercultural en los que

indígenas y no indígenas han compartido sus visiones del mundo. Es importante no idealizar estos espacios, que siguen marcados por desigualdades estructurales, pero tampoco hay que subestimar la capacidad de apropiación y resignificación de los actores sociales.

Las distintas genealogías políticas e historias personales de las mujeres organizadas han marcado la manera en que ellas y sus organizaciones priorizan, o no, las demandas de género y/o las demandas colectivas de sus pueblos. La gran diversidad interna del movimiento continental de mujeres indígenas es a la vez su fortaleza y su debilidad, llegar a consensos o plantear demandas generales ha implicado negociar perspectivas políticas en torno a cómo se vive y se conceptualiza la cultura, los derechos y las relaciones entre hombres y mujeres. Ante la diversidad de voces que surgen de las organizaciones de mujeres indígenas es fácil caer en la tentación de legitimar unas y silenciar otras, representando como “auténticas” aquellas que reivindican la cosmovisión indígena como espacio de resistencia y descalificando como “aculturadas” aquellas que plantean la existencia de un feminismo indígena, o en el otro extremo, etiquetar de “esencialistas y conservadoras” a las

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que rechazan a los feminismos desde los movimientos étnico-políticos y legitimar o abrir espacio en los debates políticos y académicos sólo a aquellas que se acercan más a la agenda del feminismo urbano y occidental. Ambas perspectivas pueden resultar en nuevas estrategias de colonialismo discursivo (ver Mohanty 1988) que nieguen la complejidad y riqueza de estas nuevas identidades políticas.

Las distintas genealogías y experiencias organizativas de las participantes en este incipiente movimiento continental de mujeres indígenas, han influido en la manera en que éstas se han apropiado, o no, de las herramientas y críticas de los feminismos latinoamericanos. Algunas de ellas, sobre todo en México y Guatemala, han empezado a hablar de la existencia de feminismos indígenas que asumen como prioritaria la reflexión y práctica para

transformar las desigualdades entre los género. Otros sectores, sin embargo, han rechazado el concepto de feminismo y han optado por reivindicar la cosmovisión indígena como un espacio desde el cual repensar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El discurso y la práctica de las feministas indígenas, como las integrantes del grupo Kaqla en Guatemala o de algunas integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México, ha resultado mucho más cercano y afín a la agenda de las organizaciones feministas, por lo que se han abierto las posibilidades de algunas alianzas políticas. Sin embargo, el etnocentrismo de la academia y del activismo feminista ha dificultado el diálogo con los sectores de las mujeres indígenas que reivindican la cosmovisión, y se ha explorado muy poco el potencial emancipatorio que tiene para ellas la espiritualidad indígena.

Las mujeres indígenas están desarrollando teorizaciones propias a partir de sus intelectuales orgánicas que participan en los eventos continentales de la última década. Estas teorizaciones se ven reflejadas en los resolutivos de la Primera Cumbre, en los que la reivindicación de los conceptos de complementariedad y dualidad fueron el eje de los debates en la Mesa de Trabajo sobre Educación, Espiritualidad y Cultura, que emitió una declaración en la que planteba: “Reconocemos que la espiritualidad es la base del conocimiento y de la educación indígena, por lo tanto hay que fortalecerla y mantenerla llevándola con respeto…Nos proponemos construir nuestra propia identidad rescatando los conocimientos ancestrales, escuchando la voz de nuestros ancestros y nuestras voces espirituales para elegir el camino y construir el futuro. Reafirmamos la necesidad de cultivar la espiritualidad, testifican-

La función del pajpaku, Edgar Arandia, acrílico s/tela, 2005.

do, compartiendo nuestras experiencias y conocimientos propios, aprovechando las energías mutuas y asumiendo los conceptos y creencias de nuestra cultura. Retomamos la cosmovisión indígena o ciencia de los pueblos indígenas reconociendo a los ancianos y ancianas como portadores de sabiduría ancestral, que ellos sean los maestros de las futuras generaciones.

Fortalecemos las prácticas espirituales de la comunidad, donde los adultos enseñen a los jóvenes y niños mediante la práctica.

Revaloramos la espiritualidad como el eje principal de la cultura mediante la práctica de nuestros principios y capacitación para fortalecer nuestros conocimientos.” (Op. Cit: 128) A partir de esta concepción de cosmovisión y espiritualidad, algunas mujeres mayas proponen un concepto de género que implique: “una relación respetuosa, sincera, equitativa, de balance, de equilibrio — lo que en occidente sería de equidad—, de respeto y de armonía, en la que tanto el hombre como la mujer tienen la oportunidad, sin que suponga una carga más para la mujer, sino un elemento Facilitador. Solamente así se podrá estar bien espiritualmente, con el propio ser humano, con la tierra, el cielo y los elementos de la naturaleza que nos dan oxígeno… Por lo que para nosotras hablar de enfoque de género supone remitirse al concepto de Dualidad manejado desde la cosmovisión indígena según el cual todo en el universo se rige en términos de Dualidad, el cielo y la tierra, la felicidad y la tristeza, la noche y el día y se complementan: el uno no puede estar sin el otro. Si hubiera diez días con sólo sol moriríamos, no lograríamos soportarlo. Todo se rige en términos de Dualidad, indudablemente, el hombre y la mujer.”(Estela, mujer indígena de la Asociación Política de Mujeres Mayas, Moloj, Mayib´ Ixoquib´, Guatemala. Citado en Calixta Gabriel 2004).

Es evidente que desde estas perspectivas, el concepto de complementariedad no es ya una excusa para evitar hablar del poder y la violencia en las relaciones de género, sino al contrario, se convierte en una herramienta de crítica para cuestionar las actitudes colonizadoras de los hombres indígenas y plantear la necesidad de repensar la cultura desde la equidad de los géneros.

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Es evidente que desde estas perspectivas, el concepto de complementariedad no es ya una excusa para evitar hablar del poder y la violencia en las relaciones de género, sino al contrario, se convierte en una herramienta de crítica para cuestionar las actitudes colonizadoras de los hombres indígenas y plantear la necesidad de repensar la cultura desde la equidad de los géneros.

De los diálogos interculturales a las alianzas políticas El acercarnos a los discursos políticos de las mujeres indígenas organizadas y comprender su potencial emancipatorio, no es para nosotras sólo una curiosidad académica, sino que consideramos que los diálogos interculturales son un paso fundamental para construir alianzas políticas que partan del reconocimiento de la diferencia. Las perspectivas de la “hermandad mundial de las mujeres” que reivindicaba el movimiento feminista de los sesenta y setenta, terminó por imponer una agenda política excluyente que universalizaba la experiencia de las mujeres blancas de clase media. No creemos en esta hermandad mundial, pero si creemos en la política de la solidaridad y estamos convencidas de que es posible construir alianzas a partir de preocupaciones comunes. El hablar de feminismos y de mujeres en plural y reconocer las diferencias entre nosotras, no debe implicar imposibilidad para ver las similitudes contextuales en las que desarrollamos nuestras luchas, como es el contexto global de dominación económica que influye los poderes y resistencias locales.

En nuestra preocupación por repensar las alianzas políticas como mujeres, como activistas y como académicas, nos ha parecido especialmente inspirador el trabajo de una feminista de la India llamada Chandra Mohanty, quien, en 1986, escribió un artículo muy polémico intitulado “Bajo los Ojos de Occidente: Academia Feminista y Discurso Colonial”, en el que criticaba el etnocentrismo del feminismo occidental y acusaba a las académicas feministas de ejercer un colonialismo discursivo al representar en sus trabajos a las mujeres del llamado “Tercer Mundo” siempre como víctimas y sujetos pasivos de la dominación patriarcal.

Tratar de construir puentes de comunicación reconociendo nuestras diversidades y haciendo de ellas un potencial de lucha y no una limitación, es un paso fundamental para construir las redes de solidaridad que se necesitan para que nuestras lu-

Serie Manimales, Edgar Arandia, acuarela, 2012.

chas locales puedan impactar de manera más profunda a los poderes globales.

Algunas pistas metodológicas para repensar la cultura desde el género Pero las mujeres indígenas no están solas en este empeño por replantear el concepto de cultura y reformular las políticas del reconocimiento, desde las ciencias sociales y desde la literatura, otras feministas se han abocado a una tarea similar, buscando perspectivas epistemológicas y estrategias políticas que permitan romper con la dicotomía universalismo-liberal/ esencialismo-étnico. Muchas teóricas y activistas feministas del llamado “Tercer Mundo” han planteado la necesidad de recuperar las identidades culturales como espacios de movilización política, pero a la vez re-definir las mismas a partir de una perspectiva no esencialista de la cultura. Desde el feminismo chicano y negro en los Estados Unidos (Cherrie Moraga, Gloria Anzaldúa, Norma Alarcón, Audry Lorde, Michelle Wallace y bell hook por mencionar algunas), desde los estudios poscoloniales en el sureste asiático (Chandra Mohanty, Lata Mani, Vandana Shiva) y desde los incipientes feminismos indígenas en Mesoamérica (Amanda Pop Bol, Lucía Willis Pau, Alma López, Marta Sánchez), se están formulando nuevas propuestas para repensar la cultura desde el género.

Estos cuestionamientos al etnocentrismo feminista y las propuestas teóricas de historizar y contextualizar el análisis de la desigualdad de género, nos pueden ser muy útiles a quienes, desde la academia o desde la militancia política, estamos pugnando por construir un feminismo latino-

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concepción binaria y simplista del poder en la que el hombre es el dominador y la mujer la subordinada, que, hasta muy recientemente, hegemonizó las perspectivas feministas de la academia europea y norteamericana.

Mono plural, Edgar Arandia, óleo s/tela, 2005.

americano de la diversidad que reconozca la pluralidad de contextos en los que las mujeres construimos nuestras identidades de género, vivimos las relaciones de desigualdad y desarrollamos nuestras estrategias de lucha.

Volver los ojos hacia las reflexiones y propuestas de otras feministas del “Tercer Mundo” que nos hablan desde sus países o desde sus experiencias diaspóricas, de una manera que establezcan diálogos constructivos y aprendizaje de experiencias y búsquedas similares que nos permitan más que repetir esquemas, construir nuestros propios caminos y proyectos, dejando abierta la posibilidad de articular luchas de sur a sur.

Estas voces y experiencias que nos hablan desde los márgenes y que en algunos casos se han autodefinido como feministas poscoloniales, nos dan algunas pistas metodológicas para repensar la cultura desde el género2:

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1. Historizar y contextualizar las formas que asumen relaciones de género para evitar el universalismo feminista.

En sus críticas, muchas de las feministas poscoloniales han confrontado los discursos universalizantes de algunos feminismos académicos (ver Moller Okin 1999), que partiendo de las experiencias y necesidades de las mujeres blancas del primer mundo han establecido una perspectiva generalizadora de las relaciones de género, exotizando o silenciando a aquellas mujeres cuyas experiencias de subordinación están marcadas por la raza y la clase. Estas feministas poscoloniales han respondido con trabajo antropológico históricamente situado (ver Mahood, 2001, 2003, Abu-Lughod 1986, Mani 1999), con sus investigaciones históricas (Chaterjee 1993, Hatem 1998) y con su producción literaria (Mernissi 1993, al-Sa´dawi 1999, Anzaldúa 1987, Alarcón 1999 ) a los discursos univerzalisantes sobre “las mujeres” y el “patriarcado”, han confrontado la

En sus críticas a los esencialismos feministas nos muestran que estas perspectivas universalistas del patriarcado y de las mujeres, no sólo hacen “representaciones erróneas” de las mujeres que no comparten las características de las “normas de género” que se presumen, sino que se trata de discursos con efectos de poder que colonizan las vidas de las mujeres. Chandra Mohanty, en su ya clásico artículo “Bajo los Ojos de Occidente: Académicas Feministas y Discursos Coloniales” (“Under Western Eyes: Feminist Scholars and Colonial Discourses” publicado por primera vez en 1985 y re-editado varias veces en inglés y en otros idiomas), nos muestra cómo fusiona este colonialismo discursivo haciendo un recorrido por distintos trabajos académicos que han contribuido a construir a las “Mujeres del Tercer Mundo” como un bloque indiferenciado. Muchos de los trabajos que ella analiza asumen que la categoría mujer es algo construido e interiormente homogéneo, independientemente de categorías como clase, raza o etnia. Lo cual implica un concepto de género fundamentado en la diferencia sexual. Estas estrategias de colonización discursiva tienden a construir a la mujer del Tercer Mundo como: circunscrita al espacio doméstico, víctima, ignorante, pobre, atada a la tradición, que se convierte en el alter-ego de la académica feminista que es liberada, toma sus propias decisiones, tiene control sobre su cuerpo y su sexualidad, es educada y moderna.

La tensión entre occidentalismo, como estrategia discursiva que integra silenciando las especificidades (Mignolo 1996), y el orientalismo (Said 1990 [1973]), como estrategia que exotiza y construye al “otro” como el alter ego del sujeto moderno, también se ponen de manifiesto en la literatura feminista latinoamericana.

Por mencionar algunos ejemplos, textos como Mujeres e Iglesia: Sexualidad y Aborto en América Latina de Ana María Portugal, editado por Mujeres por el Derecho a Decidir (1989), ó el libro colectivo Los Intereses de las Mujeres y los Procesos de Emancipación en América Latina, siguen asumiendo que todas las mujeres de América Latina enfrentamos los mismos problemas de salud reproductiva (en el primer caso) y entendemos la emancipación de la misma manera, en el segundo.

En otros espacios he analizado cómo ha funcionado el orientalismo en la representación etnográfica que se ha hecho de “la mujer indígena” en Mesoamérica, señalando el énfasis victimizante que han tenido muchas de las etnografias feministas (ver Hernández Castillo 2001b).

El problema de estas representaciones es que se traducen en prácticas políticas excluyentes que no integran a las agendas de los movimientos feministas las necesidades específicas de las mujeres negras ó indígenas.3 La historia de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, que desde 1981, se han venido realizando en distintos países de nuestro continente es una historia de exclusiones y silenciamientos, Bogotá, Colombia (1981); Lima, Perú (1983); Bertioga, Brasil (1985); Taxco, México (1987); San Bernardo, Argentina (1990); Costa del Sol, El Salvador (1993); Cartagena, Chile (1996); Juan Dolio, República Dominicana (1999); Playa Tambor, Costa Rica (2002); Sierra Negra, Brasil (2005); Ciudad de México (2008) y Bogotá (2011).

La feminista afrodominicana, Sergia Galván, ha registrado estas exclusiones (1995), siendo de las pocas voces que se ha atrevido a señalar el racismo que permea al feminismo latinoamericano: “El movimiento feminista, al igual que los demás movimientos sociales, se ha configurado sobre la base de los prejuicios raciales. El racismo permea toda nuestra vida, tanto en la dimensión macroestructural como en la esfera personal, y meternos en un proceso para su deconstrucción es algo muy complejo. Resulta más cómodo negarlo que desalborotarlo y problematizarlo. De ahí que el movimiento feminista se sienta tan amenazado cuando se toca el tema del racismo. La defensa no se deja esperar, lo cual se explica en la actitud férrea en contra de la corriente del feminismo afrocéntrico” (1995:4). Esta situación llevó a las mujeres afrolatinoamericanas a crear sus propios espacios políticos y organizar el primer Encuentro de Mujeres Negras de América Latina y el Caribe en julio de 1992, en Republica Dominicana.

Su presión ha influido para que en los siguientes encuentros se desarrollen paneles y talleres en donde se ha discutido el problema del racismo.4 En el VII Encuentro Feminista, realizado en Chile en 1996, por primera vez se incluyó, como uno de los tres principales temas del encuentro, la reflexión en torno a “Las dimensiones discriminatorias ocultas del feminismo: las mujeres indígenas, negras, pobres y lesbianas...en nosotras”. Sin embargo, las di-

ferencias y tensiones entre la corriente feminista que se autodefine como autónoma y aquellas que son definidas como institucionales, hegemonizó todo el encuentro y casi provocó un sisma en el movimiento feminista latinoamericano.5 Nuevamente, el problema del racismo pasó a un segundo plano y sigue siendo la asignatura pendiente del feminismo latinoamericano.

Una exclusión aún mayor han sufrido las mujeres indígenas, cuya participación ha sido casi nula en los diferentes encuentros y quienes muchas veces han sido representadas en los encuentros feministas internacionales por las asesoras de sus organizaciones. En el Congreso de la Ciudad de México, en el 2011, si bien hubo dos mesas organizadas y coordinadas por mujeres indígenas, éstas estuvieron relegadas a los peores espacios físicos (una de ellas en una capilla sin sonido) y en los peores horarios. Al igual que las mujeres negras, han optado, a partir de 1995, por construir sus propios espacios: los Encuentros Continentales de Mujeres Indígenas, realizándose el primero en Quito, Ecuador, el segundo en México (1997), el tercero en Panamá (2000) y la Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas realizada en el 2002 en Oaxaca, México, ampliándose la participación a mujeres de grupos indígenas de otros continentes. A partir de estos encuentros se ha formado una Coordinadora Continental de Mujeres Indígenas, en la que confluyen indígenas de América Latina, Estados Unidos y Canadá.6 Estas nuevas voces han vuelto más patente las exclusiones del movimiento feminista latinoamericano y vuelven urgente el re-plateamiento de las estructuras organizativas y las agendas políticas, a partir de una perspectiva que articule las diferentes luchas de las mujeres de nuestro continente.

las mujeres por transformar prácticas que afectan sus vidas, una amenaza para la identidad colectiva del grupo. El historizar prácticas culturales como el sati, (la inmolación de las viudas en las piras funerarias de sus maridos), (Mani 1987, Oldenburg Veena 1994) ó la infibulación o mutilación genital (Koso-Tomas 1987, Mama 1995, Mari Tripp 2002), ha permitido a estas feministas demostrar que muchas de las prácticas “tradicionales” que afectan y violentan la vida de las mujeres han cambiado con el tiempo, ya que muchas veces tienen su origen en contextos coloniales, y que su modificación o desaparición no afecta la continuidad identitaria del grupo.

Estos estudios nos han mostrado que cuando las transformaciones de ciertas tradiciones afectan los intereses de los sectores en el poder, que enarbolan los argumentos en torno a los peligros de la integridad cultural, como el caso del debate en torno a los derechos agrarios de las mujeres que se ha dado en Africa y en diversos países del sureste asiático, es cuando el argumento de la “defensa de la tradición” se ha utilizado para deslegitimar las demandas de las mujeres a la tierra (ver Mari Tripp Op. Cit. , Agarwal 1995, Khadiagala 1999). Para confrontar estos usos del argumento cultural, Uma Narayan propone que: “Un feminismo anti-esencialista puede contrarrestar esta perspectiva estática de la cultural, insistiendo en la importancia de una comprensión histórica de los contextos en los que una “cultura particular” se ve y se define como tal [...]. Por tanto una comprensión antiesencialista de la cultura debe enfatizar que las “etiquetas” que se eligen para definir una determinada cultura, no son simples descripciones que usamos para definir realidades distintas ya existentes.

Por el contrario, se trata de designaciones arbitrarias que se encuentran conectadas

2. Considerar la cultura como un proceso histórico para evitar los esencialismos culturales Al mismo tiempo que las feministas poscoloniales han advertido los peligros de los universalismos, han reconocido que esta preocupación por respetar la diferencia puede llevar a esencialismos culturales que muchas veces sirven a los intereses patriarcales al interior de los colectivos identitarios. Las representaciones ahistóricas de las culturas como entidades homogéneas de valores y costumbres compartidas, al margen de las relaciones de poder, da pie a fundamentalismos culturales que ven en cualquier intento de

Ovillo de animales sagrados, cerámica esmaltada 50 x 50 cm.

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Al mismo tiempo que las feministas poscoloniales han advertido los peligros de los universalismos, han reconocido que esta preocupación por respetar la diferencia puede llevar a esencialismos culturales que muchas veces sirven a los intereses patriarcales al interior de los colectivos identitarios.

a diversos proyectos políticos que tienen distintas razones para insistir en la diferencias que separan a una cultura de otra” (2000:87 traducción mía). El deconstruir la manera en que ciertos rasgos son seleccionados (y no otros) como representativos de una cultura o integrales a una identidad, nos permitirá develar las redes de poder que se ocultan detrás de la representación de la diferencia. Esta misma autora señala que la perspectiva histórica de las identidades nos permite apreciar la manera en que ciertos rasgos de una cultura cambian, sin que nadie considere que

Matrimonio en el conventillo, Edgar Arandia, óleo s/tela, 1998.

esto pone en peligro la integridad cultural (al incorporar, por ejemplo, automóviles, la tecnología agrícola, los medios de comunicación...), mientras que de manera selectiva se decide que otros cambios sí constituyen una pérdida cultural: “El análisis feminista de esos aspectos del cambio cultural puede ayudar a llamar la atención sobre esos procesos a los he denominado “etiquetación selectiva” (un “selecting labeling”), mediante los cuales aquellos que tienen poder, de manera conveniente para ellos, designan ciertos cambios en valores y prácticas como en consonancia con la

preservación cultural, mientras que designan otras transformaciones como “pérdida cultural” o incluso como “traición cultural” (Narayan Op.Cit 89 traducción mía).

3. Reconocer la manera en que nuestras luchas locales están insertas en procesos globales de dominación capitalista

Desde la antropología, el relativismo cultural de ciertos estudiosos que reivindican la perspectiva de la “sobrevivencia cultural”, ha contribuido a hacer representaciones idealizadas de los pueblos indígenas, sin dejar espacio a las voces y cuestionamientos de las mujeres al interior de los propios grupos. Estas representaciones han sido utilizadas por los grupos de poder de esos colectivos para legitimar sus privilegios. El otro extremo de esta perspectiva, ha sido la de quienes descalifican a partir de su origen colonial todas las instituciones y prácticas de estos colectivos, estereotipando sus culturas también a partir de una “etiquetación selectiva”.

El hablar de feminismos y de mujeres en plural y reconocer las diferencias entre nosotras, no debe implicar imposibilidad para ver las similitudes contextuales en las que desarrollamos nuestras luchas, como es el contexto global de dominación económica que influye los poderes y resistencias locales.

En un reciente artículo publicado por Chandra Mohanty (2002), en el que revisa sus argumentos contra el etnocentrismo feminista que desarrolló en “Bajo los Ojos de Occidente... “( “Under Western Eyes...”) en 1986, la autora señala que en aquel momento consideraba importante enfatizar los peligros del universalismo feminista, argumentos que sigue sosteniendo, pero que en el momento actual esa crítica ya ha sido ampliamente desarrollada por los feminismos poscoloniales y que considera necesario trabajar no sólo en la etapa deconstructiva de los discursos, sino también en la parte constructiva de las estrategias de lucha, al respecto señala: “Ahora me encuentro con la necesidad de enfatizar las conexiones entre lo universal y lo local. En 1986 mi prioridad era mostrar la diferencia, pero ahora quiero recuperar un sentido que siempre ha estado ahí, su conexión con lo universal.

En otras palabras, estas discusiones me permiten enfatizar cómo la diferencia no es sólo diferencia. Al conocer las diferencias y las particularidades, podemos más fácilmente ver las conexiones y las comunalidades, porque ninguna frontera ni ningún límite está completamente trazado ni rígidamente definido. El reto es ver cómo las diferencias nos permiten explicar las

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conexiones y los cruces de frontera de una mejor manera, cómo el especificar las diferencias nos permite teorizar nuestras preocupaciones universales de forma más adecuada. El ver las diferencias y ubicar las preocupaciones universales me posibilita pensar en alianzas y coaliciones a través de las fronteras” (Mohanty 2002:505 traducción mía).

Considero que este llamado de Chandra Mohanty a construir coaliciones y alianzas transfornterizas mediante un feminismo de la diversidad anti-imperialista resulta especialmente pertinente en momentos como el actual en el que la globalización económica y el proyecto civilizatorio de unos pocos esta siendo impuesto con la fuerza de las armas. El vínculo entre discurso y poder que han enfatizado muchas de las feministas citadas, se vuelve especialmente relevante en este contexto en el que el lenguaje a través de los medios de comunicación se esta convirtiendo en un arma fundamental para enmascarar el asesinato y la impunidad. Estamos frente a discursos globales que tratan de convencer al mundo de que justicia significa venganza, que democracia significa autoritarismo, que guerra significa preámbulo de la paz y que libertad significa sumisión.

Se trata de los “daños colaterales al lenguaje” que John Berger describe como una de las consecuencias de la agresión militar a Irak y de la “guerra antiterrorista” desatada por los Estados Unidos, a partir de los atentados del 11 de septiembre. El escritor inglés señala que estamos ante una pérdida de sentido de las palabras que conduce, de modo inevitable, a una disminución de la facultad de imaginar, ya que la imaginación debe contar con categorías sólidas y precisas, a fin de poder saltar entre ellas y por encima de ellas (Berger 2002). Los discursos sobre Libertad Absoluta, Justicia Infinita, Libertad

Duradera, Ejes del Mal, van vaciando los conceptos de sentido y afectando las posibilidades de imaginar; estos daños “colaterales” afectan también la capacidad de imaginar otros futuros posibles.

Contrariamente a las visiones simplistas que se tiene de la deconstrucción como herramienta metodológica que necesariamente implica relativización total y desmovilización, en contextos como el actual, en el que los discursos globalizadores del poder están colonizando nuestros cuerpos y nuestras mentes, el lenguaje y la deconstrucción se convierten en armas políticas fundamentales. Las feministas poscoloniales, que han hecho del lenguaje su trinchera de lucha y que tienen una larga experiencia en develar las estrategias textuales del poder, pueden contribuir de manera importante a enfrentar estos discursos globales de muerte.

Repensar el multiculturalismo desde una perspectiva de género implica, necesariamente, vincular el concepto de cultura con el concepto de poder, desde este posicionamiento las políticas del reconocimiento cultural no se contraponen a las visiones feministas, sino que localizan las estrategias de lucha en contextos particulares.

Reconocer e historizar nuestras diferencias nos permitirá re-pensar nuestras estrategias globales desde una política de alianzas que recupere nuestras diversidades y enriquezca con ellas los proyectos políticos feministas.

Rosalva Aída Hernández Castillo Profesora-Investigadora de CIESAS, México. Aidaher2005@yahoo.com.mx

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BIBLIOGRAFÍA Abu-Lughod, Lili (1986) Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society, University of California Press, Berkeley.

Agarwal, Bina (1995) A Field of One´s Own: Gender and Land Rights in South Asia Cambridge University Press, Cambridge.

Alarcón, Norma (1990) “The Theoretical Subjects of This Bridge Called My Back and Anglo-American Feminism” in Gloria Anzaldúa (ed.): Making Faces/Making Soul: Haciendo caras, Aunt Lute, San Francisco pp. 40-68 Alexander, Jacqui and Chandra Talpade Mohanty (eds.)

(1997) Feminist Genealogies, Colonial Legacies and Democratic Futures Routledge Press, New York and London.

Al-Sa´dawi, Nawal (1999) Mujer en Punto Cero Editorial Horas y Horas/Las Femineras, Madrid.

Alvarez Sonia, Elisabeth Friedman, (et. al) (2002) “Encountering Latin American and Caribbean Feminisms” in Signs Journal of Women in Culture and Society vol. 28 No.2 pp.539-579.

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Para un análisis de la Ley Revolucionaria de Mujeres ver Millán 1996, 1997 a.

Esta sección ha sido desarrollada de manera más amplia en un artículo a publicarse sobre los Feminismos Poscoloniales y sus aportes al feminismo latinoamericano ver Hernández Castillo 2008.

Considero que no es el caso de las mujeres lesbianas que han jugado un papel importante en el movimiento y han logrado incorporar de manera más efectiva sus intereses a la agenda del movimiento feminista.

Sin embargo, estos talleres han contado con poca participación . Al respecto se pueden revisar la reflexión de Silvia Marcos sobre el Taller de Feminismo y Diversidad Cultural en el VIII Congreso Latinoamericano y del Caribe, en Marcos 1999.

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Para una descripción de las posturas feministas autónomas y las institucionales y sus implicaciones, se puede consultar la excelente historia de los ecuentros escrita colectivamente por Sonia Alvarez, Elisabeth Friedman, Ericka Beckman, Maylei Blackwell, Norma Stoltz Chinchilla, Nathalie Lebon, Marysa Navarro y Marcela Ríos Tobar (2002). Una historia más descriptiva del movimiento feminista latinoamericano se puede encontrar en Vargas Valente (2002), para una historia del feminismo mexicano ver Marcos 1999b y Tuñon (1997).

Un ejemplo de las voces de estas nuevas feministas indígenas se puede encontrar en Delgado Pop (2000), Sánchez Néstor (2001), Pop Boll (2000), Willis Paau (2000), Duarte en prensa.

Hernández Castillo, Rosalva Aída (2008) “Feminismos Poscoloniales. Reflexiones desde el Sur del Río Bravo” en Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo.

Descolonizando el Feminismo Teorías y Prácticas desde los Márgenes Colección Feminismos, Editorial Cátedra, Valencia 2008. pp.117-160.

Artía Rodríguez, Patricia (2001) Desatar las Voces, Construir las Utopías: La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en Oaxaca , Tesis de Maestría en Antropología Social, CIESAS, Mexico D.F.

(2002) “Género y Ciudadanía Diferenciada en México”.

En Marcos Calderón (et. al) Ciudadanía, Cultura Política y Reforma del Estado en América Latina COLMICH/IFE, Michoacán,

Berger, John. (2002) “Prólogo: Un Esfuerzo por Comprender” en Arundhaty Roy El álgebra de la justicia Infinita Barcelona: Ed. Anagrama. pp.11-19.

(2001ª)La Otra Frontera. Identidades Múltiples en el Chiapas Poscolonial, México D.F.:Ed. Porrúa-CIESAS. [publicado en inglés como Histories and Stories from Chiapas. Border identities in Southern Mexico Austin:University of Texas Press, Austin

Shiva, Vandana (1988) Abrazar la Vida. Mujer, Ecología y Desarrollo Cuadernos Inacabados. Horas y horas la Editorial, Madrid.

5

Hernández Castillo, Rosalva Aída (Coordinadora) (2010) Etnografías e Historias de Resistencias. Mujeres Indígenas, Procesos Organizativos y Nuevas Identidades Políticas PUEG-UNAM/CIESAS, México D.F-

Anzaldúa, Gloria (1987) Bordelands/La Frontera: The New Mestiza Spiters-Aunt Lute, San Francisco California.

Delgado Pop, Adela (2000) “¿Qué es ser mujer indígena a las puertas del nuevo milenio?” en Morna MacLeod y M. Luisa Cabrera (Compiladoras) Identidad: Rostros Sin Márcara (Reflexiones sobre Cosmovisión, Género y Etnicidad) OXFAM, Guatemala. pp.15-25.

1

Hatem Mervat (1998) “Aísha Taymur´s Tears and the Critique of Modernist and Feminist Discourses on Nineteenth Century Egypt”. En Lila Abu-Lughod Remaking Women: Feminism and Modernity in The Middle East. Princeton University Press. pp.50-83.

(2002) “Indigenous Law and Identity Politics in México: Indigenous Men´s and Women´s Perspective for a Multicultural Nation” en Political and Legal Anthropology Review Vol. 25 No.1 PP.90-110.

Cumbre de Mujeres Indígenas de América (2003) Memoria de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de América Fundación Rigoberta Menchú Tum, México, D.F. Cardinales, cerámica esmaltada 55 x 55 cm.

Galván, Sergia (1995) “El mundo étnico-racial dentro del feminismo latinoamericano”. En FEMPRESS Special Issue, Santo Domingo, pp.34-36

Duarte, Ixkic (2001 “Alma López: La doble mirada del género y la etnicidad” a publicarse en la revista Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Gabriel Xiquín, Calixta (2004) “Liderazgo de las Mujeres Mayas en las Leyendas y Mitologías según su Cosmovisión” (ms) Ciudad de Guatemala.

Gall Olivia y R. Aída Hernández Castillo (2004) “La Historia Silenciada. Las Mujeres Indígenas en las Rebeliones Coloniales y Poscoloniales”. En Sara Elena Pérez Gil y Patricia Ravelo (coordinadoras) Voces Disidentes. Debates Contemporáneos en los Estudios de Género, CIESAS- Porrúa, México D.F.

(2001b)“Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico. Las Mujeres Indígenas y sus demandas de género” en Debate Feminista Año 12, Vol. 24 Octubre. pp.206-230.

(1998) “Construyendo la Utopía. Esperanzas y Desafíos de las Mujeres Chiapanecas de Frente al Siglo XXI”. En R. Aída Hernández (ed.) La Otra Palabra. Mujeres y Violencia en Chiapas, antes y después de Acteal Mexico D.F: CIESAS/ COLEM/CIAM. pp.125 Hook, Bell (1988) Talking Back, Thinking Feminisit, Thinking Black South End Press, Boston, Mass.

Honig, Bonnie (1999) “My culture made me do it” en Moller Okin, Susan Is Multiculturalism Bad For Women? Princeton Nueva Jersey: Princeton University Press.

Jameson, Frederic (1990) Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham.

Khadiagala Lynn (2001) “The Failure of Popular Justice in Uganda: Local Councils and Women’s Property Rights en Development and Change Vol. 32 No.1 pp.55-76.

Koso-Thomas O.(1987) The circumcision of women. A strategy for eradication Zed Books, Londres.

Lash, Scott y John Urry (1994) Economics of Sign and Space, Ed. Sage, Londres.

Lovera, Sara y Palomo, Nelly (coordinadoras) (1999) Las Alzadas México: Ed. CIMAC.

and a mios 89

Mahmood, Saba (2001) “Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival” in Cultural Anthropology (16) pp.203-231. ______________(2003) Pious Transgressions: Embodied Disciplines of the Islamic Revival Princeton University Press, Princeton.

Mama, Amina (1995) “Sheroes and Villains: Conceptualizing Colonial and Contemporary Violence Against Women in Africa” en Alexander, Jacqui y Chandra Talpade Mohanty Feminist Genealogies, Colonial Legacies and Democratic Futures Routledge Press, Nueva York y Londres. pp.46-63.

Mani, Lata (1998) Contentious Traditions: The debate on sati in colonial India University of California Press, Berkeley.

Marcos, Sylvia (1999ª) “La Otra Mujer. Una propuesta de reflexión para el VIII Congreso Feminista Latinoamericano y del Caribe” en Cuadernos Feministas Año2, No.9, julioagosto-septiembre 1999. _____________(1999b) “Twenty five Years of Mexican Feminisms” en Women´s Studies International Forum Vol.22, No.4 pp.431-433Millán, Margara (1996ª) Mujeres indígenas y zapatismo: nuevos horizontes de visibilidad” en Cuadernos Agrarios N. 13, enero-junio. pp.152-167 _____________ (1996b) “Las zapatistas de fin del milenio.

Hacia políticas de autorrepresentación de las mujeres indígenas.” En Chiapas Núm.3 Ed. Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas y Dirección General de Asuntos del Personal Académico. México pp.1932. ________________(1997) “Chiapas y sus mujeres indígenas. De su diversidad y resistencia”. En Revista Chiapas N. 4, IIEc-ERA. pp.209-216.

Mernissi, Fatima.(1993) El Poder Olvidado. Las mujeres ante un Islam en cambio Ed. Icaria-Antrazyt, Barcelona.

Mignolo, Walter (1996) “Posoccidentalismo: el argumento desde América Latina”, in Santiago Castro-Gómez and Eduardo Mendieta (Coordinadores) Teorías sin disciplina.

Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate. Miguel Angel Porrúa-University of San Francisco, México.

Mohanty, Chandra (1991) “Under Western Eyes: Feminist Scolarship and Colonial Disccourses” en Chandra Mohanty; Ann Russo; Lourdes Torres eds. Third World Women and the Politics of Feminism, Broomington: Indiana University Press.

Oldenburg, Veena Talwar (1994) “The continuing invention of the sati tradition” in John Stratton Hawley (ed.) Sati the blessing and the curse Oxford University Press, New York. pp.120-167.

Pop Bol Amanda (2000) “Racismo y Machismo: Deshilando la Opresión”. En Morna MacLeod y M. Luisa Cabrera (Compiladoras) Identidad: Rostros Sin Márcara (Reflexiones sobre Cosmovisión, Género y Etnicidad) OXFAM, Guatemala. pp.111-141.

Portugal, Ana María (1989) Mujeres e Iglesia: Sexualidad y Aborto en América Latina. Católicas por el Derecho a Decidir. México.

Rojas, Rosa. (1996) Chiapas ¨Y las Mujeres Qué? Tomos I y II México:Colección Del Dicho al Hecho, Ed. La Correa Feminista.

Said, Edward, (1990 [1973]), Orientalismo. Madrid. Libertarias/Prodhufi.

Sánchez Nestor, Martha (2001) “Ya las mujeres quieren todo” en Cuadernos Feministas.

¿Importan los feminismos?

Multiculturalismo, despatriarcalización y construcción del Estado plurinacional

Tripp Aili Mari (2002) “The Politics of Women´s Rights and Cultural Diversity in Uganda” in Maxine Molyneux and Shahra Razavi (editoras) Gender, Justice, Development and Rights Oxford University Press, Oxford. pp.384-413.

Tuñón, Esperanza (1997) Mujeres en escena: de la tramoya al protagonismo (1982-1994), Programa de Estudios de Género, México.

Vargas Valente, Virginia (1993) Los intereses de las Mujeres y los Procesos de Emancipación en América Latina Programa Universitario de Estudios de Género PUEG-UNAM, México. _____________________ (2002) “Los feminismos latinoamericanos en su tránsito al nuevo milenio. (Una lectura político personal)”. En: Daniel Mato (coord.): Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) and CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela.

Caracas.

Willis Paau,Lucía (2000) “Reflexiones desde mi experiencia de Mujer” en Morna MacLeod y M. Luisa Cabrera (Compiladoras) Identidad: Rostros Sin Márcara (Reflexiones sobre Cosmovisión, Género y Etnicidad) OXFAM, Guatemala. pp.73-95.

______________________2002 “Under Western Eyes” Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles” en Signs: Journal of Women in Culture and Society Vol. 28 No.2 pp.499-535.

Moller Okin, Susan (1999) Is Multiculturalism Bad For Women? Princeton Nueva Jersey: Princeton University Press.

Narayan, Uma (2000) “Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist Critique to Cultural Essentialism” in Uma Narayan and Sandra Harding Descentering the Center. Philosophy for a Multicultural, Postcolonial and Feminist World Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, pp.80-101

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Chukiyawu Marka, Edgar Arandia, técnica mixta, 2006.

Pilar Uriona Crespo

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l artículo con que inicia el texto constitucional aprobado y validado por voto popular en el referéndum de febrero de 2009 resume en pocas, pero reveladoras palabras, el proyecto de transformación societal al que se aspiraba a llegar a través de la problematización y redefinición de las relaciones políticas que surgen entre los movimientos sociales, la institucionalidad estatal y la sociedad civil.

Así pues, al subrayar que Bolivia es “un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, dicho artículo sugiere que el proceso de cambio desencadenado hace más de dos décadas1 en este país obliga a asumir el reto de que, para devenir y verificarse, el mismo demanda poner en tela de juicio las dinámicas de explotación capitalista y el modo en que éstas se han ido articulando con el fenómeno de la colonización y del colonialismo interno al que alude Silvia Rivera (2003). Ambos generaron y reproducen una praxis cotidiana cimentada en la lógica del mantenimiento de una cultura política que se erige sobre la dicotomía jerárquica y clasificatoria, así como del ejercicio de la dominación como modelo de relación.

Sobre todo, porque suponer que solamente con la descolonización se logrará erradicar del escenario socio-político, económico y cultural todo tipo de asimetría en la construcción de las relaciones de poder, implica caer en una especie de ceguera selectiva, que lleva a pasar por alto el hecho de que en el marco de lo estatal nunca ha existido neutralidad respecto a la diferencia sexual.

De ahí que sea urgente insistir en el hecho de que si la deconstrucción discursiva y el rastreo histórico de los orígenes de la desigualdad son una estrategia de lucha reivindicatoria, la misma debe contemplar el cuestionamiento crítico a lo previamente aceptado como modelo “natural” o “prescriptivo” de configuración del poder, instando a promover una comprensión más autocrítica de nuestros supuestos, así como de las motivaciones y valores que guían nuestras prácticas y nos conducen a asumir tales creencias. Eso sí, teniendo siempre presente que transformar el campo estatal de manera radical obligaría a permitir que en él tengan acogida todas las reivindicaciones demandadas desde la diversidad de luchas sociales y, entre ellas, la de los feminismos.

Hablar de comunidad y de pluralidad, por tanto, invita a ensayar otros modos de concebir la política vinculándola con elementos tales como la memoria, la conciencia y la resistencia de esas subjetividades diversas, cuyas aspiraciones confluyen en tanto tienen el mismo potencial inventivo para recrear, expresar o representar la propia política y darle contenidos nuevos.

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Esos tres puntos implican: i) exponer cómo los feminismos, en tanto discurso y práctica, han interactuado en Bolivia con el fenómeno del multiculturalismo a lo largo del periodo en que, desde los gobiernos neoliberales y siguiendo la tónica marcada por el contexto internacional durante los 80’s y 90’s, se intentaba delinear los límites y alcances de una política del

reconocimiento de las identidades diversas; ii) explorar el modo en que feminismos y plurinacionalidad se vinculan entre sí en el campo de lo discursivo-estatal; y iii) sondear las posibilidades de que la despatriarcalización, en efecto, pueda erigirse como uno de los referentes fundamentales para dar cabida al ejercicio de reorganización horizontal de los pactos socio-culturales y de desarticulación del poder en tanto esquema opresivo basado en la desvalorización de las diferencias y en el tratamiento estratificado, devaluado, polar y descalificador de las mismas.

1. Feminismos, género y multiculturalismo: Según Emma Cervone (2009), el concepto del multiculturalismo, acuñado entre los años 80 y 90 en el ámbito de la academia norteamericana, apuntaba a revelar la existencia de una multiplicidad de identidades (étnica, religiosa, cultural, de género, de opción sexual, etc.), las cuales, para poder coincidir dentro de un proyecto nacional alcanzando una convivencia armónica, requerían del reconocimiento oficial estatal expresado en leyes, políticas públicas y reformulación de normas supremas.

Sin embargo, analizado en sus repercusiones tangibles, el multiculturalismo propuesto en esos términos no terminaba de sacudir o interpelar los límites que ponían coto a la continua implementación de relaciones competitivas de fuerza y que impedían llegar un paso más allá en el camino de la democratización.

Más bien, el mismo se erigía como una ficción, como un ejercicio discursivo sobregeneralizador, difuso y ambivalente que dejaba sin tocar un contrasentido esencial: si la inclusión del derecho a la diversidad como herramienta de corrección de las desigualdades históricas requería, para legitimarse, de una acción validadora previa otorgada como un reconocimiento formal desde el ámbito del poder oficial, ¿cuánto había de cierto en la afirmación de que a través del multiculturalismo se lograría ir avanzando en el camino de la justicia social?

Desde mi perspectiva, sin embargo, creo que si bien uno de los principales méritos de la Asamblea Constituyente fue proporcionar desde lo normativo y socialmente pactado un paradigma embrionario que prescriba la reforma radical del Estado, su mayor vacío o debilidad fue haber dejado sin resaltar el hecho de que, en el marco de lo estatal-institucional y de sus políticas, lo patriarcal —y no sólo lo colonial y lo discriminatorio en razón de raza y clase— es uno de los ejes sobre los que se cimenta la construcción de dinámicas de opresión y dominación.

En efecto, si como señala Achille Mbembe, descolonizar implica “de-construir montajes mentales, representaciones y formas simbólicas que constituyen las estructuras de un proyecto imperial y universalista que se erige como sistema histórico de poder” (2009:142), despatriarcalizar necesariamente debe convertirse en un acto paralelo.

Considerando lo anterior, en las líneas que siguen pretendo reflexionar en torno a tres cuestiones que me parecen centrales al momento de determinar cómo la transición entre dos paradigmas estatales repercute, o tiene su correlato, en el modo en que se configuran los mapas que explican el origen de las relaciones de poder jerárquicas que vinculan asimétricamente a hombres y mujeres. Es decir, de los referentes que guiaron y guían las acciones y demandas orientadas a subvertir las relaciones sexistas y que han sido, por un lado, el enfoque de género instalado en el país desde los años 90, y que aspira a ser una estrategia emancipatoria de denuncia de la desigualdad y discriminación en todas sus formas y que, de modo incipiente, se ha ido instalando en los debates públicos a partir de 2010 bajo el rótulo de «despatriarcalización».

Kusillo, Edgar Arandia, óleo s/tela, 2010.

Así pues, “reconocer” como práctica política continuaba teniendo un sesgo ambiguo en términos de poder, debido a que la misma podría ser otorgada como un premio por parte de un actor político —el Estado— al que se consideraba como más autorizado que otros para señalar qué subjetividades consideradas como “distintas” y/o “minoritarias” podían auto-expresarse y por medio de qué caminos.

Así, el multiculturalismo favoreció a este proceso, desgastando al género como categoría analítica-explicativa al desvincularla de la idea de patriarcado y del marco interpretativo de los feminismos, despojándolo de ese modo de su potencialidad interpelante que apuntaba a hilvanar proyectos, movilizar fuerzas, producir discursos, organizar la vida y las relaciones ...

En ese marco, dentro de los Estados neoliberales, el concepto de patriarcado como categoría de análisis y de denuncia que atribuía la existencia de la opresión femenina al ejercicio expreso o sutil, palpable pero no visible de un tipo de poder que descansaba en asignar espacios, no sólo en su aspecto práctico colocando a las mujeres en lugares de sumisión, sino en su aspecto simbólico, nombrando y valorando esos espacios, comenzó a desdibujarse, mientras que se exaltó como referente alterno la noción de género.

Si bien, inicialmente, la misma fue una definición que buscaba problematizar de forma contundente cómo y por medio de qué mecanismos la diferencia sexual se erigía como marca de opresión sin abandonar el paradigma feminista, poco a poco, como ha sostenido Rosa Cobo (2011), la misma fue siendo entendida al margen de los planteamientos de esta lucha reivindicatoria más abarcadora cayendo en la subsecuente despolitización.

Así, el multiculturalismo favoreció a este proceso, desgastando al género como categoría analítica-explicativa al desvincularla de la idea de patriarcado y del marco interpretativo de los feminismos, despojándolo de ese modo de su potencialidad interpelante que apuntaba a hilvanar proyectos, movilizar fuerzas, producir discursos, organizar la vida y las relaciones, cuestionando y resistiendo toda intencionalidad normativa que buscase generar dicotomías y disciplinamiento en función a la diferencia sexual y los roles estereotipados.

Como alternativa, los movimientos de mujeres surgidos en la década de los 90 debieron encarar una elección trascendental: o se mantenían al margen del proyecto estatal neoliberal, resistiéndolo desde la crítica autónoma, o elegían no quedar al margen de las dinámicas polí-

ticas, de la construcción oficial discursiva, ni ceder espacios institucionales de toma de decisión.

Quienes optaron por esta última salida, apostaron por lo que se conoce como la “política de la presencia”, desde la cual se intentaba posicionar como mecanismos emancipatorios la inclusión de un catálogo de derechos, la incidencia y la elaboración de leyes y políticas públicas que incluyan como conceptos orientadores la igualdad de oportunidades, las medidas de acción positiva y la transversalización de género.

No obstante, ir ocupando espacios de poder antes negados o vetados para las mujeres, condujo a que apareciera una tensión de fondo, fundamentada sobre todo en el cuestionamiento de cómo las mujeres que acceden al poder institucionalizado podían ocupar sus espacios preestablecidos, encarar sus reglas y desde dónde lograban hacerlo.

Así, como insumos para el debate autocrítico aparecieron las siguientes interrogantes: inclinarse por la política de la presencia para tomar espacios de poder configurados con reglas masculinas y construidos bajo una lógica androcéntrica, ¿supondría tener que responder a una agenda partidaria dejando de lado la agenda identitaria y feminista? Tales espacios conquistados ¿proporcionarían el margen de acción necesario para interpelar y denunciar la discriminación y la opresión genéricas repolitizando el sexo, u obligarían a acomodarse a lo existente?

Ampliar la ciudadanía política ¿permitiría considerar los derechos conquistados como una mera posesión o se los concebiría más bien en términos de relación, cuyo ejercicio supondría ir desordenando las estructuras desde las que irradian las relaciones de poder?

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debe a una toma de posición intencional que haya sido expresada a lo largo de la argumentación que el autor sostiene en el texto al que me remito, sino más bien al hecho que el documento citado fue elaborado en 2010, momento en que la cuestión de la despatriarcalización hacía una tímida aparición en el escenario de la reconfiguración política. Es por esto que me parece importante matizar sus afirmaciones, haciendo un ejercicio de diálogo intertextual en el que sus reflexiones puedan debatir con las mías.

Partamos entonces recalcando que, para R. Bautista, “no se puede hacer una exposición del Estado plurinacional sin antes describir aquello a lo cual se opone o trata de superar. Es decir, antes de iniciar tal exposición es necesario mostrar el modo histórico de su aparición”, de forma tal que se vayan desnudando las bases de la estructuración colonial del Estado boliviano que “es racista y clasifica de modo racial aun la propia clasificación social”.

Lo antes expuesto termina llevando a que Baptista afirme que “lo pluri de lo plurinacional no estaría indicando la suma agregada de identidades dispersas y opuestas entre sí; [sino que] lo pluri no se constituye numéricamente sino históricamente”.

Al respecto, y para iniciar el debate, un primer punto en el que quiero enfocarme tiene que ver con que, desde mi perspectiva, la despatriarcalización —al igual que la descolonización— es también un proceso histórico y que, tras reformular las tensiones y desencuentros, pero también los puntos de afinidad entre visiones referidas a las causas de opresión que oponen a hombres y mujeres que enarbolan múltiples identidades, permite el cruce de las luchas de movimientos y organizaciones de mujeres para ampliar el acceso y ejercicio de sus derechos humanos universales y específicos y para rastrear y evaluar las diferentes maneras en que mujeres y hombres acceden a las ciudadanías.

Afinación, Edgar Arandia, óleo, 2010.

Dado que en Bolivia, en la fase de lo que Cervone (2009) denomina “post-reconocimiento de las diversidades” y que abarca el tránsito hacia la autodeterminación, el énfasis aún está puesto en lo representativo más que en lo reivindicatorio definido a través de la participación de cada grupo, colectivo o sector social, estas preguntas permanecen en el aire.

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2. Feminismos y Estado plurinacional: Al buscar una definición ofrecida dentro del propio campo de reflexión social en el contexto boliviano respecto a qué se entiende por Estado plurinacional, me ha parecido interesante recuperar la propuesta que, sobre el mismo, hace Rafael Bautista (2010).

mente frente a qué dinámicas de dominación este tipo de Estado va perfilándose, generando la posibilidad de explicar su aparición a partir del recurso de análisis histórico. En segundo lugar, porque en la definición que Bautista propone, la despatriarcalización no se recoge como un eje análogo a la descolonización.

En primer lugar, porque ésta se construye a partir de la necesidad de definir previa-

Quiero destacar aquí, sin embargo, que, según comprendo e intuyo, ello no se

dentro de esos marcos de vinculación predefinidos.

y perpetúan las relaciones de poder y de dominación sobre las mujeres.

Ahora bien, dado que, al igual que la nación, el género como categoría y el patriarcado como estructura son elementos construidos histórica y culturalmente, cabe preguntarse si en el actual proceso de cambio el énfasis puesto en la revalidación de la pluralidad de lo étnico y en la deconstrucción de las relaciones de poder coloniales, enfatizando en este último elemento, desplazará o eliminará del escenario político otras vetas de exploración para seguir problematizando cómo y por qué lo distinto o lo diverso tienden a ser manejados como conceptos que designan, más que pluralidad emancipatoria, posibilidades para perpetuar la desigualdad como moneda de cambio.

Es importante pues, preguntarse si desde los diversos feminismos se podrá dialogar con el proyecto plurinacional planteando que sus aspiraciones y demandas se incluyan en él, tomando para ello las propuestas con que se cuenta actualmente como la referida a la despatriarcalización.

Habría, por tanto, que seguir explorando posibilidades para dotar de significado compartido a este proyecto plurinacional sin perder de vista que, dado que en el horizonte del cambio no se plantea dejar de considerar al Estado como estructura fundamental desde donde se organizan e irradian las relaciones de poder y además se prescribe el ordenamiento social, el mismo aún entraña un régimen de género y todavía deja sin priorizar el cuestionamiento de narrativas que reproducen

3. ¿Qué despatriarcalización se plantea?

En un escenario donde se intenta reconstruir los esquemas relacionales gestionando realidades pluriculturales y en base a los principios de equivalencia, armonía e interculturalidad, abordar la despatriarcalización desde lo estatal requiere no pasar por alto que las categorías seleccionadas como ejes de las políticas públicas para implementarla son también un criterio de ordenación de las relaciones.

Dado que, desde mi punto de vista, las demandas feministas siguen siendo abordadas como temas secundarios o poco relevantes, es urgente insistir en que la adopción de una política de las identidades plurales parte por reconocerle a las y a los actores sociales diversos —en el discurso y en la práctica— un valor equi-

Trompetista, Edgar Arandia, dibujo, 1979.

En esa línea, si coincidimos con Benedict Anderson (1983) en señalar que las naciones son comunidades imaginadas, es preciso escarbar en el modo en que la identificación y auto-identificación con una nación como producto de la puesta en común de la etnicidad, la cultura, la lengua o la ocupación de un territorio, entre otros elementos, también responde a una construcción social y, como tal, posee un fin político y un esquema de ordenamiento y prescripción de lo que se permite y lo que puede considerarse como transgresor

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monios colectivos, que implica destacar el compromiso constitucional que señala que el Estado tiene como obligación proteger la familia como núcleo fundamental de la sociedad, garantizando las condiciones económicas y sociales necesarias para su desarrollo integral en términos de igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones, requerirá considerar las perspectivas feministas que identifican lo familiar como el espacio más emblemático de la consolidación del patriarcado.

Apuntar, como propone la Unidad, a emancipar la familia de su carácter jerárquico, supone tener presente que la misma funge como el ámbito primario de intercambios que va modelando las lógicas de relación hacia el exterior con otras instituciones y organizaciones y con el contexto sociopolítico en el que está inserta, pues ésta “recibe y acusa impactos sociales, político-económicos, culturales y religiosos, reproduce nuevas generaciones, socializa, transmite valores, normas y roles, legitima la autoridad ejercida por los varones, establece tareas diferenciadas por sexo-género, provoca el silenciamiento de afectos y, en su interior, define relaciones simétricas o complementarias, jerárquicas o igualitarias” (Sánchez, 2005:129).

Ensayo en la trastienda, Edgar Arandia, dibujo, 1995.

valente para expresarse, participar y para poseer y ejercer derechos generales y específicos. Y obliga también a señalar que este reconocimiento contribuye a establecer que la identidad no es algo fijo, inmutable y cerrado, sino algo que se recrea y por ello es capaz de reconocer elementos comunes en otras identidades y en otros proyectos emancipatorios.

De ahí que resaltar el hecho de que si bien descolonización y despatriarcalización se han presentado desde lo público como procesos paralelos, que pueden coadyuvar a encontrar puentes solidarios entre sujetas y sujetos que han sufrido un tipo de opresión racial específica que se cruza con la dominación sexual, la despatriarcalización es un camino que debe ser transitado por las mujeres en su pluralidad y complejidad identitaria, por las mujeres afro, las mujeres indígenas y las no indígenas, las de tierras altas y bajas,

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explorando si para cada una de ellas tiene sentido, o no, hablar de feminismos y despatriarcalización.

Así pues, considerando que la despatriarcalización se está asumiendo como componente de la política pública, cabe preguntarse cómo se plantea abordarla como estrategia y ejercicio, no sólo en el ámbito estatal, sino viendo sus repercusiones en lo comunal y en lo familiar, viendo sobre todo cómo se filtra en tales instancias y delimita la tarea de auto-transformación, evaluando de manera critica y sostenida, y desde la propia Unidad de Despatriarcalización, el objeto, los alcances, los resultados esperados, las contradicciones e impacto de los Programas que dicha Unidad ha definido y promueve (matrimonios colectivos con identidad, propuesta de una ley de equivalencia constitucional, transversalización de la idea de despatriarcalización en el plan de lucha contra

la discriminación y el racismo y visibilización en el censo nacional de población y vivencia del aporte del trabajo doméstico).

Y es importante cuestionar desde lo constructivo, por ejemplo, si elegir como símbolo de descolonización al matrimonio colectivo con identidad como práctica cultural, en efecto, coadyuva a poner en tela de juicio el sustrato del contrato sexual.

Es decir, al mismo como base de un pacto fraterno que supone la división “públicoprivado” y define todas las relaciones sociales a partir de la idea de que lo privado no es relevante y provoca que la diferencia sexual se transforme, asimismo, en diferencia política (Pateman, 1995), y como dinámica donde se potencian micro-machismos imperceptibles, concretos, basados en la normalización y la manipulación que perpetúa una relación de género.

Por tanto, implementar una política pública que intente redefinir la familia como base del Estado Plurinacional necesita incluir como reflexión crítica no sólo qué se entiende por familia, sino también qué se entiende por comunidad, analizando la trayectoria discursiva que ha permitido plasmar un artículo constitucional que, como veíamos al inicio de este texto, le da centralidad en la organización social e introduciendo en la discusión el hecho de que la misma puede asumir diversas formas, no una sola, funcional al sistema de heteronormatividad obligada.

Al respecto, plantear una dinámica paritaria como modelo de la nueva familia, implica apostar por una resocialización para que la responsabilidad de lo privado no recaiga en las mujeres únicamente y ello se refleje en una reconfiguración de las relaciones macro-sociales. Sin em-

Al respecto, plantear una dinámica paritaria como modelo de la nueva familia, implica apostar por una resocialización para que la responsabilidad de lo privado no recaiga en las mujeres únicamente y ello se refleje en una reconfiguración de las relaciones macro-sociales.

bargo, paralelamente, es preciso plantear cómo es posible afectar o transformar las dinámicas familiares en los núcleos ya establecidos y que han asumido la división sexuada de roles como la base natural en torno a la cual organizar lo íntimo.

Asimismo, si lo novedoso del proceso de cambio implica apuntar al empoderamiento social y a la equivalencia de lo representativo y participativo, hay que preguntarse cómo la política pública puede contribuir a que desde el Estado el compromiso no se limite a fortalecer las actividades tradicionales como la instrucción, la salud y la asistencia, lo cual puede generar nuevas formas de dependencia provocando la aparición de un patriarcado público, donde el Estado asume un rol paternal.

En cuanto a la reconstrucción de las luchas políticas de resistencia contra el dominio patriarcal en el campo de la participación y la toma de decisiones, cabe destacar que el horizonte de las mismas, que supone la adopción de la paridad, es recuperado en el proyecto referido a la Ley de Equivalencia Constitucional, cuya meta es incidir por una inclusión efectiva y plena de las mujeres en los espacios de decisión y liderazgo institucional.

En el marco post-constituyente, la paridad debe re-plantearse ya no sólo como una demanda de inclusión numérica, sino como una propuesta alternativa de redefinición de las dinámicas de poder desde una perspectiva feminista que extienda esta concepción al ámbito de lo privado, desafiando con ello y poniendo en crisis los modelos de organización que definen

roles de género y estereotipos. En la misma línea, si despatriarcalizar implica visibilizar esquemas de opresión ocultos y politizarlos, insistir para que se cuantifique y valore el aporte del trabajo del hogar en el próximo Censo de Población y Vivienda es un modo de contribuir a ello.

Finalmente, también en la línea de lo que supone adoptar una política de las identidades, la iniciativa de transversalizar la despatriarcalización como visión en el Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación constituye una estrategia central.

Así, para redefinir las relaciones de poder es necesario señalar que patriarcado es una estructura de opresión tan básica como la que se refiere a clase y raza. Por ello, posicionar firmemente una política de las identidades supone también debatir cómo se puede reivindicar lo que un sistema de dominación racista y sexista considera negativo para volverlo en un referente positivo y así crear solidaridades, teniendo presente que la opresión en torno a la raza, a la opción sexual y a la clase atraviesan y pueden dividir la identidad de género y crear mayor afinidad con un tipo de lucha, dejando en segundo plano otras.

Pilar Uriona Crespo Politóloga, investigadora asociada del CIDES-UMSA

Asimismo, en esta lógica, analizar el segundo objetivo que persiguen los matri-

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Chukiyawu dark, Edgar Arandia, técnica mixta, 2000.

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Desde mi punto de vista, los intentos por cuestionar las lógicas excluyentes y coloniales de manejo del poder registrados desde la conquista hasta la consolidación del periodo republicano, pasando por las fases dictatoriales y de recuperación democrática, han estado siempre latentes, manifestándose ya sea bajo la forma de rebeliones indígenas, de la creación de movimientos como el de los caciques apoderados o, entre otras, de la resistencia obrero-sindical.

Sin embargo, considero que el paso de lo velado a lo explícito se ubica temporal y contextualmente en 1990, año en el que tuvo lugar la Marcha por el Territorio, la Dignidad y la Vida. La misma obliga al Estado neoliberal a abrirse a las políticas de reconocimiento y multiculturalismo, sentando el precedente desde el cual la pluralidad se inserta como referente reivindicatorio.

BIBLIOGRAFÍA Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1983.

Bautista, Rafael, ¿Qué significa el Estado plurinacional? En: Bolivian Research Review/RevistaE. Vol. 8 Issue 2), Octubre-Noviembre, 2010.

Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”, Descolonización y despatriarcalización en la nueva Constitución Política. Horizontes emancipatorios del constitucionalismo plurinacional. La Paz, 2010.

Cervone, Emma, Los desafíos del multiculturalismo. En: Repensando los movimientos indígenas. Carmen Martínez Novo (editora). FLACSO. Quito, 2009. PP. 199-214.

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Cobo, Rosa, Conexión Fondo de Emancipación, Pensando los feminismos en Bolivia. Serie Foros Nro. 2. Creativa. La Paz, 2012.

Mbembe, Achille, ¿Qué es el pensamiento poscolonial?

En: Teorías y políticas de descolonización y decolonialidad.

José Luis Saavedra (Comp.). Editorial Verbo Divino. Cochabamba, 2009. PP. 141-147.

Pateman, Carole, El contrato sexual. Antrophos. Barcelona, 1995.

Rivera Cusicanqui, Silvia, Violencias (re)encubiertas en Bolivia. La mirada salvaje. La Paz, 2010.

Sánchez, Olga (Comp.), Palabras, representaciones y resistencias de mujeres en el contexto armado en Colombia.

Medellín, 2005.

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Entrevista a

Daniel Zovatto

Daniel Zovatto es doctor en Derecho Internacional y Ciencias Políticas, con una maestría en Administración Pública. Desde 1985 se ha desempeñado en distintos puestos de dirección y supervisión de más de 100 programas de asistencia técnica en temas de fortalecimiento institucional, gobernabilidad, sistemas electorales y desarrollo. También ha trabajado como consultor para diversos gobiernos latinoamericanos.

Actualmente se desempeña como director regional para América Latina de IDEA Internacional.

Esta entrevista se realizó en el marco de las jornadas de análisis político internacional: “Hacia una nueva Ley de organizaciones políticas en Bolivia”, organizada por el Tribunal Supremo Electoral con el apoyo de IDEA Internacional, FES, FBDM y PNUD Bolivia.

Nueva Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia

5. ¿Durante su visita a Bolivia, cómo ha percibido el proceso de elaboración de esta norma y cuáles serían sus principales recomendaciones para las organizaciones que se vayan a sumar a este proceso?

1. ¿Cuál es el análisis que hace sobre el sistema de partidos en la región?

3. ¿Qué aspectos centrales debe contemplar esta norma y cuáles son los principales desafíos en este sentido?

Es verdad que en los países andinos, especialmente Venezuela, Ecuador y Bolivia, los sistemas implosionaron y se vive una debilidad de los sistemas partidarios muy grande. A ese grupo se podría añadir Guatemala. Pero en otros países la situación es mejor, como en Chile, por ejemplo, o México o Brasil. En Colombia, también el viejo bipartidismo entró en crisis, pero de todas maneras su sistema de partidos no está atravesando una crisis muy severa.

En Bolivia se ha visto que el sistema de partidos políticos entró en crisis en la década de los noventa y colapsó a inicios de 2000, cuando los partidos tradicionales dieron lugar a lo que es hoy un sistema de partidos políticos, integrado por un partido predominante, como es el Movimiento Al Socialismo (MAS), y por una oposición que está bastante fragmentada y débil.

2. Considerando que Bolivia tiene ahora una nueva forma de organización territorial, nueva Constitución y una nueva forma de democracia ¿Cuán pertinente es pensar en una nueva Ley de Organizaciones Políticas?

Bolivia está viviendo un proceso de cambio importante, en este sentido, la nueva Constitución Política del Estado y la nueva Ley de Régimen Electoral determinan la necesidad de una actualización de la Ley de Partidos Políticos de 1999.

Por otro lado, tras la implosión de los partidos políticos en Bolivia, ocurrida a principios de la década pasada, cuando terminan de desaparecer el MNR, ADN, MIR, Condepa y UCS, y la aparición del MAS como partido principal con dos o tres fuerzas menores, hizo que se reconfigure la normativa y se incluyan dos figuras nuevas: las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, ambos con posibilidades de presentar candidatos. Estos cambios en el sistema político, en el sistema de partidos, y en la nueva Constitución, obligan a una necesaria adecuación de la normativa jurídica vigente.

coraje institucional para asumir este tema, que podría generarle un desgaste importante o sumarle credibilidad, dependiendo de los resultados. Pero hay que considerar que esta instancia no va a tener la última palabra en esto. Cuando el anteproyecto pase a las cámaras es una segunda etapa en la que quizás exista la tentación de imponer la mayoría, ahí el MAS debe tener la suficiente madurez como para aprobar una Ley que respete lo que está plasmado en la Constitución boliviana: la pluralidad y el pluralismo. Además, en algún momento, el MAS va a estar en la oposición y ahí es donde la Ley debe tener equilibrios.

Es importante que la norma que se está analizando desde el Tribunal no deba concentrar su mirada únicamente en la coyuntura actual, sino deberá tener una mirada de mediano y largo plazo. La Ley debe ser producto de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas que hoy tienen representación parlamentaria, para que se genere un alto grado de credibilidad.

El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral esté a cargo de hacer el anteproyecto me parece una buena oportunidad para generar espacios de confianza. Hay que destacar su

Sin título, Angie Salgar, fotografía.

A esto se suma la complejidad del proceso boliviano, que es bastante singular: la Constitución Política del Estado habla de que el país tiene una democracia representativa, comunitaria y participativa. Todo eso implica el desafío de enfrentar este tema.

4. El financiamiento a organizaciones políticas ha generado mayor debate en el encuentro convocado por el Tribunal Constitucional ¿Cómo debe abordar la futura Ley este tema?

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La futura Ley debe normar la naturaleza jurídica de las organizaciones políticas, de eso depende que se les otorgue denominación de instituciones de derecho público, que tendrá consecuencias importantes. Se deben analizar las condiciones para su existencia y creación, así como cuáles serán las causales para su extinción. También se debe considerar todo lo relacionado a su estructura interna y los mecanismos de democracia interna. Por otro lado, la Ley debe normar y garantizar condiciones de equidad y se debe discutir el financiamiento de los partidos políticos, es uno de los temas que vale la pena volver a discutir. Otro tema que deberá estar presente en la Ley es el transfugio, que aqueja a muchas democracias, debilita a los partidos y ahonda la falta de credibilidad en ellos.

En este contexto, el dinero no puede ir sólo a actividades electorales proselitistas, sino a convertir a los partidos en verdaderas instancias de pensamiento. No hay que darles recursos sin un adecuado nivel de control y hay que definir para qué se les está dando dinero. Los recursos deben ir a financiar actividades ordinarias de las organizaciones, otro porcentaje para sus campañas y otra parte para que elaboren y produzcan propuestas de políticas públicas, es decir, investigación y capacitación. También debe ir a fortalecer la participación de las mujeres en la política para que haya una mayor equidad de género. De lo que se trata es de tener fuerzas políticas transparentes, con democracia interna, planteamientos de largo plazo y estatutos de conocimiento público, por ejemplo.

Primero que Bolivia y Venezuela son los únicos países en América Latina que cancelaron su sistema de financiamiento. En Bolivia, como sucede en otros países de la región, la credibilidad en los partidos es muy baja, hay una desconfianza y un nivel de rechazo evidentes. Sin embargo, si Bolivia quiere configurar un buen sistema de organizaciones políticas con democracia interna eficaces y que coadyuven al desarrollo de la calidad de vida de los bolivianos, hay que invertir parte de los recursos públicos en el fortalecimiento, la democratización e institucionalización de esas organizaciones.

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Entrevista a

Jorge Lazarte Rojas

Jorge Lazarte es Doctor en Ciencia Política, de la Sorbonne Nouvelle, Paris III, París, Francia. Ha sido profesor en varias universidades de Bolivia y conferencista en instituciones dentro y fuera del país.

Asesor de la Central Obrera Boliviana; del Congreso Nacional y de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Investigador asociado del ILDIS y vocal de la Corte Nacional Electoral. Profesor asociado de las Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica de Bolivia y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Delegado Presidencial en Asuntos Políticos del gobierno de Eduardo Rodríguez V. y Vicepresidente cuarto de la Asamblea Constituyente. Profesor invitado por la Sorbonne Nouvelle-Iheal, Paris III, Francia; y por

la herencia es la andina precolonial con sus animosidades marcadas entre sus “señoríos” y que se prolongan en el presente, contaminándose con otras vertientes.

la Universidad de Salamanca, Instituto de Iberoamérica, España. Ha publicado diversos libros sobre temas sociales: reforma política, partidos, sistema electoral y cultura política. Entre ellos: Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. Historia de la COB. 1952-1987 (1988). Bolivia: Certezas e incertidumbres de la democracia, tres volúmenes (1993).

Entre dos mundos. La cultura política y democrática en Bolivia (2000). Entre los espectros del pasado y las incertidumbres del futuro. Política y democracia en Bolivia a principios del siglo XXI (2005). Hacia un país moderno y democrático. La Asamblea Constituyente: un nuevo comienzo (2006). Derrumbe de la “res-pública”. Los procesos electorales en Bolivia: 2002, 2004 y 2005 (2008).

Estas “formas” fueron llamadas mucho más tarde “métodos de lucha”, según los cuales todos los medios son válidos para los fines buscados. Esto no sólo es contrario a la democracia sino no admisible para la sobrevivencia de la sociedad y su necesaria cohesión interna.

Vivir al borde del abismo no es sano para ninguna sociedad porque crea incertidumbre, que hace imposible pensar en tiempos largos sin los cuales no se puede construir un proyecto de vida.

4. Y ¿qué se hace para que el conflicto no desencadene violencia y acabe con la sociedad?

Ya mencionamos que hay dos tipos de mecanismos: unos internos y otros externos. El mecanismo interno es una suerte de auto contención, auto control, que es lo mismo que tener sentido del límite, o saber dónde detenerse para evitar lo peor, que sea irreversible. Con este mecanismo más bien el conflicto puede adquirir un sentido positivo, y convertirse en una revelación de algo que no marcha bien, así puede ser una oportunidad positiva de reajuste de algo que no funciona bien sin necesidad de llegar hasta la ruptura. Somos un país de los extremos, de “hasta las últimas consecuencias”, y no sólo en la vida pública.

El otro mecanismo de contención “externa”, son las reglas que una sociedad se fija como límites a todos, reglas que ahora se llaman “legalidad”, que tampoco funcionan en Bolivia. Se vive bajo una cultura de desprecio a la legalidad, cuyo cumplimiento es también considerado puro “formalismo”.

Conflicto y conflictividad en Bolivia 1. ¿Cómo ve el conflicto y la conflictividad en Bolivia?

Ahora está de moda hablar de este tema. Esto coincidió con el advenimiento de la democracia y la necesidad de garantizar su gobernabilidad. En el pasado, el país vivía sus conflictos sin preguntarse demasiado sobre ellos. En el presente, y no sólo en Bolivia, han aparecido los llamados “conflictólogos” por el crecimiento inusitado de conflictos de “alta intensidad” en el mundo postguerra fría. La cuestión entre nosotros es que solemos mostrarnos poco reflexivos en el aprovechamiento del nuevo instrumental analítico. Quizá es por su fundamento societal por donde hay que empezar para no mirarnos el ombligo.

El conflicto es inherente a toda sociedad, que por ello mismo vive siempre bajo la amenaza de desagregación interna.

Los conflictos en la sociedad enfrentan a unos con otros, y del conflicto no violento se puede pasar al conflicto violento autodestructivo. Por ello es que las sociedades no aman sus conflictos, más bien los temen, y que para enfrentar sus riesgos de entropía, de desorden, le ponen límites compatibles con su propia preservación. Toda sociedad tiene la necesidad de controlar sus conflictos. Entonces, las sociedades producen mecanismos reales o imaginarios para controlarlos. Unos son los frenos internos, es decir, los inhibitorios; los otros, son los frenos externos, las reglas de la sociedad.

Quizá una primera particularidad básica del conflicto en Bolivia no es tanto el conflicto mismo, sino la conflictividad, entendida como la alta propensión al conflicto. Con ello quiero decir, que todo puede convertirse en conflicto. Basta una desinteligencia, un diferendo, un desacuerdo, para dar lugar a una disputa, a una discusión (no al diálogo) que sube en tensión, se acelera, se exacerba y puede fácilmente rema-

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tar en descalificaciones, amenazas verbales y físicas, por tanto, ya estaríamos en los umbrales de la violencia.

2. ¿Y cómo afectaría la vida democrática del país esta condición?

De algún modo, la democracia es la domesticación del conflicto, no su eliminación. O también puede decirse que es la institucionalización del conflicto. Institucionalización no sólo quiere decir la aceptación del conflicto como inevitable, sino su legitimación en sintonía con el pluralismo, pero también y en el caso de Bolivia, la regulación del conflicto, o su canalización según regla. En este sentido, puede decirse que vivir en democracia supone un primer pacto que es la renuncia al uso de la violencia como medio de acción en los conflictos, porque eso hace imposible la convivencia. No se puede convivir y al mismo tiempo hacer uso de la violencia.

El segundo, es el compromiso de someter a ciertas reglas el manejo de los conflictos.

3. ¿Cuáles son las características de nuestra sociedad en términos de conflictividad? ¿La historia tiene mucho que ver en esto?

Fuera de la conflictividad, la segunda particularidad de los conflictos en Bolivia, es la de sus formas. Es decir, hacer valer el “contenido”, sin importar mucho el cómo, o los medios del conflicto. Eso viene de lejos, la alta conflictividad viene de la colonia, como lo han constatado historiadores y observadores muy perceptivos de la vida social en Sucre o Potosí o La Paz, que eran sociedades muy violentas y con mucha animosidad interna, como por otra parte, también lo era, por ejemplo, Europa con la diferencia de que entre nosotros esta herencia no ha podido ser vencida. La otra fuente de

5. En ese sentido, ¿cuáles son los factores de conflictividad que caracterizan a la sociedad boliviana?

Cuando el “ser”, que es el no acatamiento efectivo de la regla, se combina con la inexistencia de un “deber ser”, que es un inhibidor moral, ambos culturales, tenemos el resultado de una sociedad que se desordena tanto en lo privado (con ásperas disputas de familia, conflictos domésticos, violencia) como en lo público (la “democracia” sin freno de la calle) que crea ingobernabilidad, entendida como poca aptitud de ser gobernada, desde arriba y desde abajo, esto se ve en conflictos cotidianos según la lógica del “todo está permitido”.

Una sociedad que vive produciendo conflictos pero sin estar equipado para controlar los conflictos que ella misma produce, es siempre una sociedad en suspenso. Somos un país pleitista, demasiados abogados que viven de los pleitos, con altos costos en recurso, tiempo y vida para los litigantes, que se podrían evitar si esta inclinación por conflictuarlo todo, pudiera ser revertida, no teniendo que llegar hasta los tribunales, que tienen mucho de kafkiano. Detenerse a tiempo, no expresar el conflicto de mala manera, o mejor evitar entrar en él, y cuando se ha entrado, impedir que sobrepase no sólo a las instituciones sino también a las personas.

Sin título, Edgar Arandia.

6. ¿Cuál el problema para manejar los conflictos?

El gran problema son los enfoques de análisis de los conflictos en Bolivia, que se focalizan sólo en las motivaciones de los conflictos, en sus demandas o en derechos alegados que se exige sean reconocidos; además personalizan con nombres, con los cuales se pretende legitimar el conflicto, no se mira la otra parte que son las formas del conflicto, es decir, los medios con los cuáles se abren y se desarrollan los conflictos. Este enfoque sobre las motivaciones y no sobre los medios, hace más difícil la comprensión y manejo de los conflictos, dando como natural la no importancia de los medios. Ninguna educación y acción para la democracia puede ignorar este aspecto que es fundamental, que no es sólo el “qué” sino el “cómo”.

El otro problema es que se tiene una mirada demasiado coyunturalista, ignorando la historia larga. Los contenidos de los conflictos han variado en el tiempo, lo mismo que sus modalidades, pero los medios de acción, por desbordamiento y descontrol, son parecidos desde la espesura de la historia.

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7. ¿Hay un modelo o tipología de conflictos en el país?

a todos antes de saltar la barrera más allá de lo que ya no sea posible sino seguir avanzando hasta las “últimas consecuencias”. Pero para ponerse de acuerdo hay que desear y querer ponerse de acuerdo con el otro, que es distinto a nosotros, probablemente tiene algo de razón en el conflicto, lo que hace suponer que nosotros podríamos estar equivocados. Esto es ponerse en el lugar del otro, y eso es lo que no se aprende ni se trasmite en la sociedad.

Lo que sí suele haber es que se pongan de acuerdo los que ya están de acuerdo, se da tolerancia con los que se nos parecen pero no con los distintos, respecto de los cuales puede primar o prima la desconfianza y el recelo, que puede llegar hasta la paranoia.

8. ¿Y tendrá algo que ver la diversidad cultural que hay en nuestro país?

Ciertamente el clivaje cultural es fuente de conflictos, pero aquí también lo decisivo han sido las formas. La cuestión de fondo no es el respeto a las diferencias, que es un principio democrático, sino todo el discurso “diferencialista” de toda especie (de género, edad, región, de etnia) que se ha impuesto en el último tiempo y que ha complicado las relaciones entre unos y otros. El “diferencialismo” al acentuar las “diferencias” perturba la comunicación entre los “diferentes”.

Cuando más diferente de los otros, menos uno se entiende con ellos, entonces hay menos comunicación y más se complica la posibilidad de ponerse de acuerdo. El “diferencialismo” puede ir tan lejos hasta conflictuar los fines colectivos que deberían ser compartidos en una sociedad. Lo curioso ahora es que tenemos fines no compartidos con medios compartidos, cuando las cosas deberían ser al revés.

9. ¿Y por dónde deberían ir los enfoques de análisis de la conflictividad en Bolivia?

Empezar por tener una imagen más apropiada de la realidad de los conflictos. La mayor parte de los informes sobre conflictos parten de la premisa falsa de que en Bolivia hay “sed de diálogo”, o de que “somos de una cultura del diálogo”.

Esta premisa que no tiene nada que ver con lo que pasa diariamente, y que sólo sale en las encuestas, que como se sabe son artefactos cuyos resultados dependen de las preguntas que se hagan. Si se pregunta al encuestado si está de acuerdo con el dialogo, la respuesta es obvia. Pero estar de acuerdo no quiere decir “creer” en lo que se estaría de acuerdo. Podríamos decir, que se desea el diálogo pero no se cree en su realidad. Es la distinción entre el “deber ser” y el “ser” que se suprime en estos informes desde hace años.

Lo que hay que hacer es simplemente mirar lo que pasa fuera y no reemplazar la observación diaria de la realidad con las encuestas de oficina. Ciertamente las encuestas bien hechas pueden ser útiles, sin considerarlas como un todo, pues en este caso han hecho daño al país proyectando una imagen distorsionada de lo que somos. Lo recomendable es que las encuestas no nos amputen la capacidad de observación diaria que se tenía en el pasado, porque nos brindan más información útil que muchas de las encuestas de los últimos años.

Sin título, Edgar Arandia.

Podríamos decir que hay un modelo de conflicto caracterizado por el “maximalismo” en los fines y de “ultimatismo” en los medios. Exigencia de fines difícilmente negociables, es decir planteados en clave de principios y valores, lo que los hace absolutos. La Constituyente fue exactamente eso. Y el “ultimatismo”, pensado como el arsenal de medios corrientes, como los que se observan diariamente, utilizados para imponer y poner contra la pared, arrinconar, o dejarlo sin salida, al contrincante, y que se acompaña con el secuestro del tercero “ajeno”, que es la sociedad, que no tiene nada que ver en el conflicto, pero que sirve de rehén para forzar la capitulación de la otra parte. Está claro que esto nada tiene que ver con el “diálogo” ni la concertación.

Ponerse de acuerdo y negociar son partes de un proceso de diálogo y deliberación, que no existen en Bolivia, donde el argumento de la fuerza es más importante que la fuerza del argumento. El diálogo (que no hay que confundir con simplemente hablar o parlotear) es un ejercicio más paciente que debería desactivar cualquier situación potencialmente riesgosa o peligrosa; evitar su estallido, o por lo menos su escalamiento, y encontrar un punto neurálgico que aproxime

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10. En este sentido, ¿cuál debería ser la forma de gestionar conflictos?

La cuestión no es de técnicas, sino de espesura cultural. La técnica pueda ayudar a buscar o encontrar salidas, y ganar tiempo, pero no a cerrar el conflicto; peor aún, a resolver el conflicto, lo que es más complicado. Muchos de los conflictos en Bolivia se desarrollan por episodios, donde suelen aparecer los mencionados “especialistas” en conflictos para aconsejar no siempre con fortuna lo que debería hacerse. Son los conflictos mal cerrados, anticipatorios de su rebrote más adelante, alimentados desde un poder acosado que da un “paso atrás para dar dos adelante”, que también anuncia que el conflicto ya está en agenda diferida. Lo que debe buscarse es cambiar la lógica misma de los conflictos, que es cambiar su modelo, y tener la convicción de que ceder para que cedan los otros es inherente al comportamiento democrático, y no una debilidad. Para ponerse de acuerdo hay que proponer alternativas susceptibles de ser aceptables para la otra parte. Fines negociables y medios aceptables, pero esto es tarea de largo plazo, no se debe pretender salir del conflicto “a como dé lugar”. Esto implica impulsar procesos de formación educativa, fortaleciendo valores de reconocimiento, comunicación, entendimiento entre los diferentes. Promoviendo valores transversales de convivencia desde los núcleos escolares y familiares. Esto que puede parecer evidente ha sido ignorado o marginalizado en la reforma educativa de los años noventa centrada en la “interculturalidad”, que no es lo mismo, pero podía ayudar si no hubiera sido ahogada por el “diferencialismo” cultural.

Tampoco la actual “revolución” educativa, supera este aspecto, todavía no se focaliza en formar “ciudadanos”, más razonables y no expeditivos, que vloren las “instituciones” sin las cuales no funciona ninguna sociedad. La institución es la regla bajo la cual satisface una necesidad o cumple una función.

Una ausencia de sentido institucional, afecta al Estado, como “forma” política de organización de la sociedad, y lo que se llama Estado es más instrumento de poder de los que lo han “capturado”, como se decía en el pasado, y contra el cual se ha levantado siempre una sociedad turbulenta. Esta ausencia de institucionalidad, que no es lo mismo que no existan instituciones precarias, ayuda a explicar los dislocamientos en el aparato de poder (ejemplo: policías y militares). Institucionalidad quiere decir construir Estado y no simplemente poder, y en democracia es tener Estado de derecho, es decir poder domesticado hacia todos los lados y desde todos los lados. Esto mismo dicho de otra manera, ninguna institucionalidad por fuerte que sea sería capaz de procesar conflictos según la lógica del “todo está permitido”.

11. ¿Usted se identifica con el enfoque de transformación de conflictos?

Razonablemente se puede sintonizar con las aspiraciones de este enfoque, pero también razonablemente preguntarse si existen condiciones mínimas para “transformar” un conflicto en conflicto “constructivo”, para avanzar. Está claro que el problema primario de un conflicto es el de su regulación y control. Si los conflictos se hacen disruptivos por el uso generalizado de la fuerza, es muy difícil que sean “constructivos”. Lo que quiere decir, que aquí hay que empezar casi de cero. Comprender el conflicto no es lo mismo que vivir el conflicto, Comprender los conflictos en su fundamento y sus forma es abrir el camino para cambiar la valencia de los conflictos de tal modo que ayuden a avanzar y no a paralizar o retroceder.

Serie Manimales, Edgar Arandia, acuarela, 2012.

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Miscelánea de Fortalecimiento Democrático Actividades

Actividades Jornadas de Análisis Internacional: Gobierno y políticas públicas en América Latina. En el mes de julio el Proyecto de Fortalecimiento Demo-

Ciclo de conversatorios indígenas y política. En septiembre, el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD, inició el Ciclo de Conversatorios de indígenas y política, con el tema: “La Plurinacionalidad, identidad nacional y el estado actual del movimiento indígena”. Estos conversatorios se llevaron a cabo en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz. Hombres y mujeres índigenas, jóvenes de diversas organizaciones sociales y políticas, debatieron y analizaron la pertinencia y posibilidad de la construcción de una identidad que recoja o sintetice los elementos comunes de la diversidad. Aunado a esta temática, se analizó los elementos que hoy en día constituyen lo indígena, ensayando algunos escenarios del devenir del movimiento indígena en la actualidad.

crático del PNUD, en coordinación con el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Tribunal Supremo Electoral, llevaron a cabo las Jornadas: Feminismos de la diversidad, para discutir temas como, el tratamiento de los derechos colectivos y los derechos de las mujeres; la descolonización de los feminismos desde el Sur. Las jornadas contaron con la presencia de la Dra. Rosalva Aída Hernández (México), doctora en antropología por la Universidad de Stanford y Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Jornadas de Análisis Internacional: Gobierno y políticas públicas en América Latina ¿Cómo gobernar en el siglo XXI?. El ObservaJovenkracia desde las organizaciones políticas. Con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD, los jóvenes del partido Unidad Nacional realizaron la premiación a los grupos ganadores del Concurso: Soy joven, ¿cuánto se? ¿cuanto puedo? ¿cuánto doy?.

El mismo tiene el objetivo de impulsar y apoyar una serie de iniciativas juveniles enmarcadas en la promoción de valores democráticos que se orientan al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Fueron premiados ocho proyectos de las ciudades de La Paz y El Alto. Las propuestas se enmarcan en las temáticas de: liderazgo y participación ciudadana, 30 años de democracia, gestión pública responsable, inclusión e igualdad, interculturalidad, arte-cultura y medio ambiente. Las propuestas premiadas serán financiadas para su ejecución y/o desarrollo.

torio de Análisis de Políticas Públicas, como iniciativa del Proyecto de Fortalecimiento Democrático, se ha propuesto promover el análisis y reflexión en torno a los mecanismos de decisión pública que se generan en el proceso de construcción de políticas públicas. En ese marco, se han desarrollado las Jornadas de Análisis internacional Gobierno y políticas públicas en América Latina ¿Cómo gobernar en el siglo XXI? con la participación del profesor mexicano Luis F. Aguilar Villanueva, presidente del Comité de expertos de la ONU en administración pública (UN-CEPA). Las Jornadas permitieron el desarrollo de dos conferencias públicas (La Paz, Santa Cruz) dos mesas de análisis y reflexión con actores claves de los Órganos ejecutivo y legislativo, con la temática: “Las políticas públicas de la gobernanza democrática”. También se realizó un Taller de actualización temática en la que participaron como invitados especiales un grupo de actores de las organizaciones políticas, para el efecto, se instaló el panel nacional: “Políticas Públicas en el Estado Plurinacional”, en la que presentaron ponencias los docentes investigadores: Fernanda Wanderley y Jorge Kafka.

Ciclo conversatorios Género y política. En los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, se lleva a cabo la segunda ronda de conversatorios de análisis político: “Los retos de la articulación de los derechos colectivos y los derechos de las mujeres en el Estado Plurinacional”. De esta manera, mujeres, feministas y líderes de organizaciones políticas y de la sociedad civil, debaten y analizan la forma de articulación e integración de estos derechos, las implicaciones y los avances en la producción de garantías jurídicas y de “buenas prácticas” en el contexto de la cimentación del Estado Plurinacional en Bolivia.

Ciclo conversatorios

GÉNERO Y POLÍTICA

¿Qué es?

¿Qué busca?

• Es una red de espacios de análisis de políticas públicas que el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD impulsa para reflexionar y debatir en torno a los procesos de decisión pública.

• Es un sistema de observación permanente e incremental de análisis de políticas públicas que acumula datos y evidencias empíricas, y provee de información especializada a gestores públicos, actores políticos, sociales, analistas e investigadores.

• Producir esquemas alternativos y/o suplementarios de análisis político en los distintos ámbitos y niveles de intervención gubernamental (social, económico, autonómico, etc.), que cualifiquen la toma de decisiones y las miradas sobre la gestión de las políticas públicas en Bolivia.

• Dotar de información y evidencia empírica, a través de estudios de caso, a los decisores públicos, actores políticos y sociales para producir alternativas y/o correcciones en el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas.

¿Cuál es la metodología?

Asume la perspectiva de análisis de las políticas públicas, el conocimiento de las decisiones e intervenciones públicas tal como de hecho ocurre, en particular.

• Estudia la construcción y determinación de la agenda pública.

• Caracteriza las alternativas de decisiones públicas.

• Analiza la puesta en marcha de las políticas públicas, el juego de intereses, el despliegue de estrategias y configuración de arenas de conflicto.

¿Cómo funciona?

El Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD en coordinación con actores institucionales y políticos.

• Encarga la elaboración de estudios.

• Difunde y socializa hallazgos y resultados.

• Promueve la organización y el desarrollo de espacios especializados de análisis y deliberación (mesas, foros, conversatorios, encuentros, etc.).

Foro de Análisis de Políticas Públicas. El Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD, a través del Observatorio de Análisis de Políticas Públicas, ha programado la realización del Foro de Análisis de Políticas Públicas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El objetivo que persigue este espacio es el de generar escenarios que permitan crear una cultura de análisis de políticas públicas para servidores públicos de entes ejecutivos y legislativos de los diferentes niveles territoriales del Estado. Las temáticas planteadas para estos espacios son: a) Análisis de la estrategia de implementación de la autonomía departamental; b) Análisis del diseño de política pública planteada en la Ley de Revolución Productiva; c) Sistema fiscal financiero departamental; y d) Política productiva en Bolivia. La agenda temática propuesta tiene como sustento los estudios que se han preparado en el Observatorio, de acuerdo a las líneas de trabajo establecidas para la presente gestión.

Información: www.gobernabilidad.org.bo

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Miscelánea de Fortalecimiento Democrático Publicaciones

Actividades VI Encuentro Nacional de Asambleístas Departamentales. Dentro de la agenda de trabajo establecida por el Proyecto de Fortalecimiento Democrático (PFD) del PNUD, se ha programado la organización y reedición del Encuentro Nacional de Asambleístas Departamentales en coordinación con la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM). En ese contexto, y a solicitud expresa de la presidencia de la Asociación Nacional de Asambleas Legislativas Departamentales de Bolivia (ANALDE), se han unido esfuerzos para la realización del VI Encuentro Nacional de Asambleístas Departamentales. El encuentro se ha realizado en la ciudad de Santa Cruz, el 28 y 29 de septiembre, con la presencia de asambleístas departamentales del país y de la Ministra de Autonomías Claudia Peña.

El encuentro instaló una mesa de análisis en torno al diseño del sistema fiscal financiero departamental y la estrategia de implementación de las autonomías departamentales.

Temáticas que han sido presentadas por los investigadores: Vladimir Ameller y Diego Ayo, como avance de los estudios realizados en el marco del Observatorio de Análisis de Políticas Públicas del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD.

Mesa de Análisis Legislativa Departamental. Las Asambleas Legislativas Departamentales de La Paz, Cochabamba y Oruro, a través de sus directivas, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD y la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM), organizan las “Mesas de Análisis Legislativo Departamental”.

Dichos espacios de análisis, tienen como protagonistas a las bancadas de asambleístas departamentales que integran los entes legislativos. Adicionalmente, se cuenta con el aporte de analistas e investigadores sociales. De esta manera, se ha establecido la siguiente agenda temática: a) Caracterización del proceso estatuyente departamental; b) Balance político institucional de la Asamblea Legislativa Departamental; c) Gestión y diseño institucional del gobierno autónomo departamental; d) Modelos de desarrollo departamental.

Jornadas de análisis internacional: Gobierno, oposición, construcción partidaria y democracia interna en América Latina. El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en coordinación con el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD e IDEA Internacional, organizan las jornadas de análisis político internacional sobre las nuevas condiciones político e institucionales del desempeño y función de las organizaciones políticas en América Latina, insumos reflexivos y analíticos para la construcción de una nueva Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia. Para el efecto, participaran como invitados expertos de Argentina, Brasil. Bolivia, Chile, México y Venezuela, quienes intercambiarán sus visiones en torno a las experiencias nacionales y el desarrollo del análisis comparado. Las jornadas contemplan un conjunto de actividades: conferencias públicas, conversatorios con actores claves del campo político y Talleres de Actualización Temática para miembros de las organizaciones políticas, en las que se buscará la mayor extensión y deliberación política especializada.

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Política Pública: Una visión panorámica de Luis F. Aguilar Villanueva. La publicación constituye el primer número de la serie de Cuadernos de Reflexión y Análisis de Políticas Públicas que impulsa el Observatorio de Análisis de Políticas Públicas del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD Bolivia. El documento ha sido encargado al experto internacional en Políticas Públicas, el profesor Luis F. Aguilar Villanueva, con motivo de su visita a Bolivia para participar en las Jornadas de Análisis Internacional: Gobierno y políticas públicas en América Latina, organizada por el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD. El texto responde a preguntas que son formuladas recurrentemente en espacios de decisión política y reflexión académica como ser: ¿Qué es la política pública? ¿Cómo y donde nace? ¿Cómo es que esta rama de estudio ingresa y es recepcionada en el imaginario latinoamericano? ¿Cuál es el proceso que sigue toda política pública? ¿Qué esquemas decisorios pueden producirse en el proceso de formulación de la política pública? ¿Cuál es el futuro de las políticas públicas en el siglo XXI?, etc. El documento constituye un instrumento importante para aquellos que pretenden introducirse en el análisis de las políticas públicas, puesto que examina, de manera clara y sencilla, su conceptualización, sus etapas y su perspectiva actual. Aguilar (re)plantea los nuevos desafíos de las políticas públicas, señalando que uno de sus principales retos reside en lograr la validez de la “eficacia directiva de los gobiernos”.

Memoria Conferencia sobre el Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados de la Asamblea Legslativa Plurinacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. José Carlos Morales, Manuel García, Birgitte Feiring y Jay Hartling.

La memoria refleja las intervenciones de los especialistas de Naciones Unidas invitados para dar conferencias durante las Jornadas sobre el Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas. Éstas incluyeron una serie de talleres desarrollados con pueblos indígenas, periodistas, organizaciones sociales, autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, y empresarios privados de Bolivia en diferentes partes del país, con el fin de: aportar en el debate y la reflexión para la elaboración de un proyecto de ley de Consulta Previa que garantice efectivamente el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia.

Financiamiento a partidos políticos en América Latina. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Organización de los Estados Americanos y Universidad Nacional Autónoma de México. Primera Edición. México, 2011.

El libro, coordinado por Pablo Gutiérrez y Daniel Zovatto, es una publicación conjunta del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad Nacional Autónoma de México, el año 2011.

El tema de financiamiento de partidos políticos en la región es una temática relativamente nueva que reconocemos tras la llegada de la tercera ola democratizadora en Latinoamérica, a partir de 1978. Este tema siempre ha sido central en el debate de las reformas democráticas por las cuales han atravesado los países de la región en las últimas décadas; en ese sentido es que varias organizaciones se han encargado de estudiar la temática, entre ellas IDEA Internacional y la OEA, quienes el año 2004, publicaron la obra “De las normas a las buenas prácticas: el desafío del financia¬miento político en América Latina”

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Turbulencias, revista de análisis sobre conflictividad Revista trimestral del CDC (Capacitación y Derechos Ciudadanos) Año 1, número 1. Agosto 2012. A través del análisis y la reflexión, la revista Turbulencias busca proporcionar un conjunto de claves y conocimientos para entender las diferentes facetas de la conflictividad en Bolivia. Con este propósito presenta artículos especializados y entrevistas a voces contrapuestas que, desde sus propias miradas, pretenden aportar a enriquecer la comprensión y el debate sobre este tema. Nacida en agosto de 2012, es una publicación trimestral de la organización sin fines de lucro, Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC). El primer número se ha destinado al análisis de la democracia callejera; la conflictividad en torno a la construcción del segundo tramo de la Carretera del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); las revueltas policiales en Bolivia; el caso Corroma-Quillacas; y un diálogo sobre el estado de la conflictividad en Bolivia desde la mirada de los analistas sociales Jorge Lazarte y Hugo Moldiz.

Adicionalmente, en un esfuerzo por dar valor agregado a este trabajo, la revista posa su lente en otras esferas y, de este modo, examina la conflictividad en América Latina y el mundo.

Con este fin, toma casos emblemáticos como la crisis financiera o la primavera árabe, en el mundo; o las movilizaciones estudiantiles en Chile para examinar sus coyunturas y analizar su conflictividad. Para Turbulencias “Las sociedades se han puesto en movimiento y la protesta nuevamente ha tomado la calle; sólo que ésta vez, lo ha hecho dentro de la democracia”.

Jornadas

Bibliofilia política

de análisis político internacional

Enciclopedia Documental del Proceso Constituyente Boliviano. Vicepresidencia del

publicación es producto de la sistematización de la información presentada en dos seminarios en torno a comunicación, ciudadanía e interculturalidad, realizados en el mes de octubre de 2011, el primero, y en el mes de febrero de 2012, el segundo. Ambos eventos giraron en torno a la pregunta ¿Cuál es el estado de las relaciones teóricas y prácticas de la comunicación con la ciudadanía integral e intercultural? Estuvieron a cargo del Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR en alianza con la Universidad Andina Simón Bolívar. El libro está compuesto por 4 capítulos, cada uno con artículos referidos a temáticas específicas. El primer capítulo, Conceptos sobre comunicación intercultural, está compuesto de 10 artículos.

Comunicación intercultural en Bolivia hoy, el segundo capítulo, consta de 7 artículos sobre este tema. El capítulo tercero, Prácticas de la comunicación intercultural, se compone de 6 experiencias documentadas sobre interculturalidad y comunicación. Y, finalmente, el último capítulo, Viviendo la comunicación intercultural, reúne tres artículos sobre los retos que enfrenta este tipo de comunicación que recorre toda la publicación.

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er.

taller

Bolivia Chile Venezuela Argentina Brasil México

Gobierno y oposición política, experiencias comparadas

taller

Fundación UNIR. Memoria de los Seminarios: Comunicación para una Ciudadanía Integral e Intercultural. Primera Edición. 321 pp. La Paz, 2012. Esta

PAISES PARTICIPANTES

2do.

Partidos de gobierno: desafíos de la construcción político-partidaria en América Latina

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taller

Estado Plurinacional. Primera Edición. La Paz, 2012. La Enciclopedia Documental del Proceso Constituyente Boliviano, es una Enciclopedia (en versión impresa y en DVD) compuesta de un preámbulo, 5 Tomos y algunos anexos que recopilan información y documentación histórica acerca del proceso constituyente por el cual atravesó el Estado Plurinacional de Bolivia, para llegar a la aprobación de la nueva (y actual) Constitución Política del Estado boliviano (2009). El Tomo I, reúne bajo el título de: En los Umbrales de la Asamblea Constituyente, documentación gráfica y textual sobre todo lo ocurrido durante la fase preparatoria. El Tomo II, bajo el título de: Visión de País: Exposición de las Representaciones Políticas, compila documentación sobre el debate de visión de país. El Tomo III, denominado: Informes por Comisiones, contiene información sobre el trabajo en comisiones. El Tomo IV, que lleva el nombre de: Sesiones Definitorias: Sucre-La Paz-Oruro, reúne documentos sobre las deliberaciones del tramo final. Y, finalmente, el Tomo V, contiene, bajo el título: Congreso Constituyente, la documentación sobre las sesiones finales de aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

G O P O S I C I O N B I D E M O C R A C I A R N P C O N S T R U C C I O N E L R P A R T I D O S T R A M E R I C A L A T I N A I C T O O R I O

Organizaciones políticas: democracia interna y organización territorial en América Latina

er.

www.gobernabilidad.org.bo

Lugar: Cochabamba Fecha: Lunes 1 y martes 2 de octubre de 2012

Lugar: Santa Cruz Fecha: viernes 26 y sábado 27 de octubre de 2012

Lugar: La Paz Fecha: jueves 29 y viernes 30 de noviembre de 2012

Balance y perspectiva

Suscripciones: www.gobernabilidad.org.bo