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Indiferencia estatal y líderes sociales en Colombia El sistema de salud colombiano, un atentado contra
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Edison Bautista Diaz
ebautistad@unal.edu.co Filología e idiomas: francés Adriana Patricia Diaz, docente
Resumen
[Texto argumentativo] En el presente ensayo se muestra cómo, a pesar de las evidencias sobre el alto índice de asesinatos de líderes sociales en Colombia luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, presentadas por algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, el Gobierno del presidente Iván Duque no ha tomado las medidas necesarias para disminuir este flagelo; por el contrario, ha desinformado acerca de la realidad actual de los líderes sociales. Aunque el Ministerio del Interior creó un plan de acción para disminuir los crímenes contra defensores de derechos humanos, su implementación no ha solucionado la problemática y las estadísticas siguen creciendo.
Palabras Clave
Líder social, Derechos humanos, Acuerdo de Paz, Asesinatos, Desinformación.
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En algunos medios de comunicación están siendo recurrentes las noticias sobre asesinatos de líderes sociales en el país, un flagelo que ha estado presente en Colombia durante muchos años debido al largo conflicto interno que se ha vivido en el territorio, y que aún hoy persiste. Después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), los asesinatos a líderes sociales se han incrementado considerablemente, debido a que diferentes actores armados buscan quedarse con el manejo de las economías ilegales que existen en algunos departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Caquetá y Córdoba. Así lo explica el Plan de Acción Oportuna cuando realiza el contexto de la problemática: “Desde el año 2016 y en lo corrido del 2018, grupos armados organizados han reconfigurado situaciones violentas en sus disputas territoriales, que han implicado el incremento de la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos […]” (Ministerio del Interior, 2018, p. 6). Pero si los conflictos se dan entre grupos al margen de la ley con el fin de apropiarse del territorio, ¿qué tienen que ver los líderes sociales?
Los líderes sociales son fundamentales en la organización y protección de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables, ya que son ellos los que tienen un conocimiento más integral sobre sus problemáticas. En Colombia son muchas las comunidades que han visto la necesidad de agruparse con el fin de desarrollar procesos en beneficio de sus territorios, debido a que son muy pocas las ayudas que han recibido por parte del Estado a lo largo de la historia. Tales agrupaciones están representadas, en su gran mayoría, por una de las 23 tipologías de líderes sociales y defensores de derechos humanos que reconoce
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el Gobierno nacional. De igual modo, siguiendo los lineamientos establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se afirma que una persona es un líder social […] cuando se esfuerza, en diversos contextos y situaciones, de manera individual o colectiva, en promover o proteger el derecho o los derechos civiles y políticos de un individuo o un grupo, así como en fomentar la garantía y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. (Ministerio del Interior, 2018, p. 4)
La labor llevada a cabo por los defensores de derechos humanos interfiere con los intereses económicos de grupos al margen de la ley, por lo cual los líderes se convierten en objetivo militar de estos grupos. Como ciudadanos colombianos, los líderes sociales tienen la opción de abandonar su labor social o buscar el amparo del Estado ante las continuas amenazas. Muchos deciden continuar y, a pesar de las múltiples denuncias y la cantidad de hechos fatales en su contra, el Gobierno nacional no ha tomado las medidas necesarias para protegerlos. Por lo anterior, se puede afirmar entonces que para el Gobierno no es prioridad la defensa de los derechos humanos de los líderes sociales.
En primer lugar, es necesario aclarar que en el Gobierno actual se siguen presentando asesinatos sistemáticos de líderes sociales. Esto ha sido demostrado por algunas organizaciones como el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- ACNUDH). Según dichas organizaciones, en lo que lleva la presidencia de Iván Duque se han perpetrado alrededor de 600 asesinatos de defensores de derechos humanos, lo que denota un aumento notable de este flagelo con respecto a los años anteriores. Para la primera semana de noviembre de 2020, INDEPAZ registró 251 hechos relacionados con asesinatos a líderes sociales y mostró que los departamentos de Cauca y Antioquia son los más afectados (Ortiz y Díaz, 2020). Edison Bautista Diaz / ebautistad@unal.edu.co
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El panorama actual no está lejos de parecerse al del año 2019, año en que fueron registrados por INDEPAZ 279 asesinatos a defensores de derechos humanos, de los cuales el Gobierno solo reconoció 108, de acuerdo con el segundo informe de la Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, dado a conocer en julio del año pasado (CPDHAI, 2020). Sumado a estas cifras, está el casi centenar de líderes que perdieron la vida en el último trimestre de 2018. En la siguiente gráfica se encuentran registradas las cifras elaboradas por INDEPAZ, que muestran el número de homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, teniendo en cuenta un periodo de tres años y siete meses (2016 – 2020):
Figura 1: Homicidios personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos. Fuente: Indepaz, (2020).
En la gráfica se puede observar un crecimiento considerable en las cifras de asesinatos para finales del año 2017 –un año después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP–, y luego una tendencia por arriba de los 200 homicidios en los tres años siguientes. Al considerar los datos expuestos anteriormente, se hace evidente una problemática a la cual se le debe dar prioridad por su relevancia en el contexto nacional actual: los grupos al margen de la ley están en constantes enfrentamientos para lograr el dominio del territorio en el que los defensores de derechos humanos juegan un papel importante, puesto que ejercen labores de restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, protección del medio ambiente, etc.
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Ahora bien, esta clase de delitos no se ha presentado únicamente en el actual Gobierno. Existen registros de los múltiples homicidios en Colombia a causa del conflicto interno y de los diferentes procesos de reorganización política llevados a cabo en el país. Un hecho histórico que nos muestra los antecedentes de esta problemática es el genocidio perpetrado a líderes y lideresas del partido Unión Patriótica (UP) luego del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en la década de los 80, del cual habla el actual senador de la República Iván Cepeda en su artículo Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia (2006). Así mismo, Carlos Duarte en su investigación ¿La violencia hacia los líderes sociales es despolitizada? (2020) para La Silla Vacía, aclara que existen evidencias del aumento de asesinatos a defensores de derechos humanos justo después de periodos de transición política, tales como el ya mencionado acuerdo llevado a cabo en la presidencia de Belisario Betancur en 1984, y el Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Según Duarte, luego de la entrega de armas del grupo guerrillero, de la desintegración de sus comandos y del abandono del territorio ocupado a lo largo y ancho de Colombia hasta el 2016, diferentes grupos armados han visto la oportunidad de apropiarse del territorio abandonado y así controlar las economías ilegales que funcionan en varios departamentos, con el objetivo de fortalecer sus estructuras. En este orden de ideas, se podría interpretar que no existen unas medidas acertadas por parte del Gobierno que se enfoquen en la reducción de asesinatos, ni una elaboración pertinente de estrategias que brinden las ayudas necesarias para la protección y prevención de las vidas de los líderes sociales. Esto no sucede a pesar de que, por una parte, los asesinatos de líderes sociales o defensores de derechos humanos se siguen presentando y distintas organizaciones nacionales e internacionales dan cuenta de ello, y, por otra, de que sean hechos persistentes en la historia del país. Edison Bautista Diaz / ebautistad@unal.edu.co
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En segundo lugar, las respuestas rápidas propuestas por el Gobierno nacional no han sido cumplidas. Tanto el Pacto por la vida para la protección de derechos humanos –firmado por el Gobierno nacional y los gobernadores de Antioquia, Chocó y Córdoba–, como el PAO (Plan de Acción Oportuna) –establecido también por el Gobierno–, no han sido eficaces para lograr una disminución de los asesinatos a líderes, dando paso a una verdadera política de protección y prevención que dé garantías a esta población para llevar a cabo su labor social. Según un informe publicado por Somos Defensores en junio del año pasado, “las acciones que se señalan en materia de protección están lejos de proporcionar garantías para la labor de los liderazgos sociales” (Programa Somos Defensores, 2020, p. 75). Esta situación puede deberse al hecho de que el Gobierno nacional ha priorizado, como en el periodo del expresidente Álvaro Uribe, la militarización como principal plan para solucionar la problemática en las regiones más afectadas por este delito. Las políticas militaristas fueron impuestas por el presidente Iván Duque dos meses después de haber tomado posesión, al ordenar el despliegue de 5.000 tropas adicionales para combatir a los narcotraficantes en Norte de Santander (El Heraldo, 2018). Asimismo, para octubre de 2019, el presidente ordenó reforzar la seguridad en el norte del Cauca, luego de las múltiples masacres que se presentaron (El País, 2019). Pareciera entonces que el Gobierno nacional, enmarcado en las ideas militaristas del partido Centro Democrático como estrategia fundamental para garantizar la seguridad del pueblo colombiano, ha decidido volver a la violencia armada.
Mientras que el Gobierno sigue con su enfoque militar, el CINEP en conjunto con otras organizaciones alertan sobre la falta de evaluación por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a las múltiples denuncias hechas por miles de defensores de derechos humanos que se han visto amenazados por actores armados. Según el informe coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas, […] en el año 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020, el número de solicitudes de protección fue 15.810, y durante ese mismo periodo el número de evaluaciones de nivel de riesgo realizadas a la población objeto de la UNP fue 2.869. (2020, p. 312)
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Lo anterior revela una falta de compromiso gubernamental con un seguimiento orientado en la verificación de las posibles amenazas a los defensores de derechos humanos. Esto impide trazar un panorama general de los posibles autores de los crímenes y así implementar medidas más pertinentes para la solución de la problemática en cada región del país.
Por su lado, el PAO, decreto firmado por el presidente de la República y la actual ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, busca fortalecer la protección de los defensores de derechos humanos mediante tres ejes de trabajo entre los que se encuentran la reingeniería institucional, una estrategia de comunicaciones y la actuación estratégica en el territorio. Sin embargo, no existen fechas de implementación de dicha estrategia, lo que ha hecho que la propuesta del presidente de la República y el Ministerio del Interior se quede solo en el papel. A su vez, en el mismo documento se resalta la dificultad que se tiene para evaluar la efectividad de las medidas que se piensan adoptar: “A nivel local, persisten dificultades para consolidad los datos y verificar el impacto de las acciones territoriales” (Ministerio del Interior, 2018, p. 23). Además, el acceso a algunas zonas representa una importante dificultad.
Entre tanto, el presidente de la República, la fiscalía y la ministra del Interior se esforzaron por desviar la atención de lo que en realidad está ocurriendo en el país, dejando a un lado el compromiso que tienen con los líderes sociales, al mostrar ante la opinión pública cifras contradictorias. El mismo presidente Iván Duque en una emisión televisiva realizada el 31 de diciembre de 2019 dijo “quiero destacar que en el año 2019 tuvimos una reducción del 25 por ciento en los asesinatos de líderes sociales” (Correa, 2019, párr. 2); posteriormente, diría lo mismo en su discurso del 20 de Julio de 2020 en el congreso de la República. Por su parte, y en respuesta a una solicitud hecha por la Comisión segunda de la Cámara para un debate de control político, el Ministerio de Interior aseguró que Edison Bautista Diaz / ebautistad@unal.edu.co
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En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 8 de mayo desde el año 2016 al 2020, donde se nota una clara disminución de homicidios desde el año 2019, el cual representa aproximadamente un 46% de reducción entre el 2018 y el 2020. (Ministerio del Interior, 2020, p. 9)
La Fiscalía General de la Nación, por su parte, afirma que desde el 7 de agosto de 2018 hasta julio de 2020 solo han sido asesinados 120 líderes sociales, lo que evidencia una incoherencia de cifras dentro del mismo Estado. Esto podría traducirse, ante la sociedad colombiana, como una cortina de humo para ocultar lo que verdaderamente está ocurriendo con los líderes sociales en el país.
En conclusión, como se evidenció en el desarrollo del ensayo, no existe un compromiso claro y cimentado por parte del Gobierno actual para la defensa de los derechos humanos de los líderes y lideresas en Colombia. Por un lado, hay un claro incremento de los asesinatos de líderes sociales durante el actual Gobierno, registrado por organizaciones que desarrollan una labor activa en la defensa de los derechos humanos; por otro lado, las medidas adoptadas por el presidente Iván Duque y las instituciones a su cargo –basadas en ideas precedentes abanderadas por la consigna de la violencia– muestran un claro desconocimiento de la realidad de los defensores de derechos humanos en el país, lo cual deja a dicha población desprotegida y en un elevado grado de vulnerabilidad. Los hechos demuestran una dolorosa intención por parte del Gobierno para tapar la absoluta negligencia e indiferencia hacía este flagelo, que afecta no solo al líder social, a sus familiares y a las comunidades que representan, sino a toda una nación que se ha visto sumida por décadas en el derramamiento de sangre, naturalizado ya por varios sectores de la sociedad.
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Referencias
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¿Consideras que Historia debería ser una asignatura independiente en la educación básica y media? Bárbara Daniela Ramírez y Juana Mc Carter, estudiantes de Química y de Español y Filología Clásica respectivamente, nos exponen su opinión frente a este tema en su video-ensayo Colombia, un país sin memoria histórica.
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