Cuando se habla de educación en Latinoamérica es inevitable hablar de cómo la condición económica de los estudiantes influye sobre las oportunidades de progreso que estos tienen. De hecho, en algunos casos, se puede hablar de la distancia que puede alcanzar un joven en el campo laboral con tan solo conocer su procedencia o los ingresos en su hogar. Sin embargo, no son directamente las condiciones económicas las que tienen impacto sobre la vida del estudiante, sino la calidad de la educación que recibe. El estar matriculado en un colegio no tiene ningún peso, pues todo este recae en el rendimiento, pero no en el escolar sino en el rendimiento en una prueba estandarizada, ya que dependiendo del resultado, el estudiante podría acceder a una institución de educación superior que le abriría un abanico de oportunidades laborales y, por ende, de progreso. Así que, resumiendo, lo que importa es la calidad educativa1; de esta dependen los resultados en la prueba estandarizada. Pero ¿qué pasa cuando en un país o en una región, la calidad está sujeta a la condición socioeconómica? Simplemente los resultados en estas pruebas también están sujetos a la condición económica y al nivel de desarrollo social. Entonces ¿cómo garantizar el desarrollo en un sistema educativo con tal nivel de inequidad? Si bien, no se puede hablar de una supresión de la prueba estandarizada de ingreso, si se puede hablar de otro sistema de ingreso, y en esto yace la intensión del presente texto; señalar cuáles son las dificultades de los actuales sistemas de admisión y demostrar cómo beneficiaría a la educación terciaria o superior en Colombia, en términos de equidad, un sistema de admisión de criterio múltiple.
1 La definición adoptada por el autor será presentada posteriormente en el texto.