Documento Final - Comisión Orden jurídico

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Documento de trabajo Comisión “Un nuevo orden jurídico para el desarrollo con inclusión”

El proceso de independencia y organización de nuestro país, iniciado en 1810, encuentra después de la batalla de Caseros el punto de partida de Nuestra Constitución Nacional sancionada en 1853, la que después, con sus posteriores modificaciones de 1860 y 1866, consolida al Estado Nación hasta nuestros días. A partir de ese momento, cualquier cambio lo representamos como Reforma Constitucional. La Constitución como ley fundamental de la Nación, cuyos antecedentes están referidos en el preámbulo, cuando reconoce los Pactos pre-existentes, no sólo concita el imperio de constituirse como tal, sino además, de expresar la necesidad de establecer reglas de conducta para el gobierno y la sociedad: la determinación de los derechos y obligaciones de la convivencia nacional. Ahora bien, dicha Constitución es la expresión de las pujas ideológico-políticas y su relación de fuerza; del desarrollo económico y social, de los estadios culturales y civilizatorios. Vale decir, la Constitución es una construcción humana que como tal, debe reflejar los procesos históricos y su necesidad de instituirse. Así como en aquel tiempo fundacional las dicotomías entre unitarios y federales, conservadores y liberales, dieron paso a un Carta Magna Federal y Liberal, en el comienzo del Siglo XX la dinámica occidental osciló entre dos sistemas -el Capitalismo y el Colectivismo-, que connotaron los idearios de los diferentes partidos políticos: conservadores, radicales, demócratas, comunistas, socialistas. Unos reivindicaban “el statu quo vigente”; los otros reivindicaban a los segmentos proletarios, los derechos sociales, el progreso para todos, desde torres de marfil. El ingreso de las mayorías a la vida social argentina es producto de la irrupción del movimiento nacional y popular bajo la conducción del Gral. Perón. El peronismo, intérprete del momento histórico social, llevó adelante la Reforma Constitucional de 1949, en la cual primó la idea del “constitucionalismo social”, poniendo sobre relieve la necesidad de otro modelo de Estado y la garantía de modernos derechos sociales para los niños, los ancianos, la mujer y la protección de los trabajadores, entre otros. Después, la historia conocida: cambia la relación de fuerza, Armas vs. Pueblo. Presente la barbarie, los bombardeos, el resentimiento, la persecución y la derogación de la Constitución legítimamente consagrada por los constituyentes elegidos democráticamente por el pueblo. Un regreso a la Constitución del ‘53, más como parodia que como convicción porque la profanaron en 1963, 1966, y 1976 con la más sangrienta represión. El regreso a la democracia, la década del 80 con el Consenso de Washington y la caída del Muro de Berlín. El neoliberalismo como contexto internacional fue marco para la Reforma de 1994. Ésta, a partir de un núcleo de coincidencias básicas conocido como el Pacto de Olivos, apuntó a la incorporación de nuevos derechos y garantías, a un mayor equilibrio de poderes y al fortalecimiento del federalismo. Sin embargo, quedó signada por avalar la posibilidad de la reelección presidencial como una ambición personal y no como una institución reconocida en el mundo y con una fuerte biblioteca de respaldo. Ya anteriormente, algunas de nuestras provincias habían realizado reformas constitucionales provinciales acorde con las necesidades de sus distritos: Jujuy 1986, Río Negro 1988, Formosa


1991. Y posteriormente, al amparo de la Constitución Nacional de 1994 y sus nuevos institutos, se suscitan en correspondencia con ella nuevas reformas: Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, entre otras. Sin embargo, una provincia como nuestra anfitriona tiene la constitución más antigua de las constituciones provinciales, data del año 1916 y conserva institutos que ofenden a nuestra época como por ejemplo, la prohibición a integrar las cámaras legislativas a “los afectados por incapacidad física o moral”. En la primera década del siglo XXI los modelos del capitalismo financiero en los países desarrollados estallan por los aires. Como antecedente de la crisis internacional, la Argentina del 2001, con el corralito y el corralón, presentó la peor cara: la de la miseria y la angustia. Por sucederle a un país emergente, solo toman nota de la situación las hermanas repúblicas de Sudamérica. Los gobiernos progresistas de Bolivia, Venezuela y Ecuador recuperan para sí la voz de los desposeídos e inician los procesos de Reforma Constitucional con la visión del “constitucionalismo social” que medio siglo atrás Perón predicara; quizás no expresado con sus mismos términos (“soberanía política, independencia económica y justicia social”), pero sí con el mismo espíritu: el que Néstor Kirchner le imprimiera al continentalismo de la UNASUR. Es un error pensar que las temáticas sociales y económicas tienen una dinámica autónoma, ajena a las decisiones políticas. Y, como en todo estado de derecho y toda democracia, el accionar político encuentra un marco y un sentido en las constituciones de cada país. A partir de 2003 la concepción de nuestro Estado ha cambiado. La lógica del mercado como regulador de la vida política, económica y social demostró ser la causa de los peores recuerdos recientes de nuestra patria. No podemos permitirnos tener un texto constitucional con prioridades que están a contramano de nuestros logros y nuestro porvenir. En Argentina nos debemos un texto constitucional que nuevamente proteja a los niños, los ancianos, las minorías, el género, etc. Desde 2003 Argentina ha incorporado una gran cantidad de derechos sociales que podrían estar amparados con mayor fuerza que una ley, como la Asignación Universal por Hijo, el financiamiento educativo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el acceso a derechos y garantías de igualdad entre las personas, la pluralidad necesaria de los servicios de comunicación audiovisual, entre tantos otros. Y aunque las voces opositoras se escuden en argumentos pueriles para no querer dar un debate sobre el paradigma social del futuro, expresamos que el Movimiento Nacional y Popular que fundara Perón y recuperara Kirchner, tiene en la compañera Cristina Fernández de Kirchner la conducción del movimiento Peronista y por ende, la garantía del proyecto. Porque para nosotros primero está la Patria, después el Movimiento y luego las mujeres y hombres y sus cargos; tenemos que lograr que la Constitución refleje el modelo de país que las argentinas y los argentinos necesitamos para transitar nuestro tercer centenario.


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