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sociales hartos de la impunidad y del abuso de parte de quienes detentan el poder. Esa forma de enfrentar a la autoridad va a llegar a un punto en que permeará por todos los poros de la nación. La violencia ya no puede ser atenuada ni evitada porque se ha perdido el equilibrio entre las clases en pugna, por eso decimos que la violencia que hoy se vive es la antesala de lo que no muy lejos vislumbramos: un gran estallido social de alcances inimaginables, precisamente por la ruptura de ese equilibrio. En Guanajuato, la violencia no sólo es física, sino verbal, psicológica y autócrata, unos ejemplos para ilustrar la diaria sangría: a) cerca de las 03:30 horas del 12 de enero pasado, más de cuarenta personas entre adultos y adolescentes, que salieron de entre el caserío de la colonia La Cruz en la ciudad de Salamanca, detuvieron el avance del tren, con el objeto de saquear la mercancía de los vagones; sorprendidos por policías, a quienes agredieron con piedras y bombas molotov, huyeron sin que ninguno fuera capturado. Hugo Martínez, trabajador de seguridad privada del ferrocarril, destacó que es imposible detener a un mundo de gente: “los ves venir, como cuando los forajidos atracaban los trenes para robar el correo, igual nosotros nada podemos hacer, porque nos agreden, hay compañeros que sí han resultado lesionados… esta gente no respeta ni a la policía que anda armada, menos a nosotros, por eso hacemos lo que podemos, pero cuando ya no se puede, mejor ni nos metemos porque, en una de esas hasta la vida andamos perdiendo”.

Lo cierto es que por los poco más de diez kilómetros de vías que atraviesan la zona urbana de Salamanca, los atracos son una constante, pues los jóvenes, en su mayoría, se suben al tren cuando pasa a la velocidad más baja, cierran las válvulas de aire y las ruedas del tren se detienen en cuestión de minutos; b) la ola criminal que afrenta al país y de la que Guanajuato no es una excepción, parece haber hecho perder piso a la autoridad. Baste con leer las declaraciones de algunos de los principales funcionarios del estado ante los recientes sucesos que mantienen en vilo la tranquilidad de la ciudadanía, para darnos cuenta de que el respeto a la ley como norma básica de nuestra sociedad, está siendo socavado precisamente por aquéllos que han jurado defenderla. Desde que empezaron las ejecuciones en Guanajuato no ha existido una sola consignación de los probables inculpados; las averiguaciones previas se turnan a la PGR, sin que vuelva a saberse de su avance. La impunidad parece ser la norma y no la excepción. Las declaraciones del procurador Daniel Chowell ante el incremento de las extorsiones, no puede ser más que desafortunada cuando vincula a las víctimas de este delito, algunas secuestradas y otras abatidas por sicarios, con actividades ilegales como la piratería o el narcomenudeo, ¿significa que para el procurador las personas extorsionadas, secuestradas o asesinadas estaban fuera de la ley? En el mismo tenor se ha pronunciado el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva, cuando el pasado 23 de enero al reconocer la existencia de siete levantados en el estado y comentar la aparición de dos personas decapitadas en Celaya, enfatizó que hasta ahora la violencia se ha dado sólo entre grupos criminales, sin que por el momento “se haya afectado al resto de la ciudadanía”; c) el mal gobierno de Guanajuato, no quiere comprender lo que ocurre, su cinismo tiene cegados a los que forman parte de él, por eso, empieza a hacer crisis la presente administración en otros frentes: la muerte de un individuo que se encontraba detenido para ser investigado por una acusación de abigeato (versión distinta a la difundida oficialmente y reproducida por la mayor parte de los medios de que se trataba de un delincuente, como si ya hubiese sido juzgado y sentenciado), ocurrida en las oficinas del Ministerio Público en San Felipe, no puede ser desligada de este contexto. Vicente Palomo, de 53 años, fue llevado ante el agente del Ministerio Público en San -13génesis 139