Ética, democracia y elecciones. Abril 2015.

Columna del mes de Abril 2015

Ética, democracia y elecciones.

Dr. Gabriel Corona Armenta Consejero Electoral

Ética, democracia y elecciones.

En nuestra colaboración anterior discutimos en general el papel de la ética en la política democrática contemporánea. Vimos que los regímenes democráticos han desarrollado una arquitectura de pesos y contrapesos, que permite que el buen funcionamiento de las distintas áreas del Estado no dependa exclusivamente de las virtudes personales de los políticos. La división y el equilibrio de los poderes, las elecciones como medio principal de rendición de cuentas vertical, así como la existencia de instancias de control y vigilancia que permiten la rendición de cuentas horizontal, constituyen los principales aspectos de la arquitectura de un régimen democrático. El mayor o menor desarrollo de estos aspectos es la materia de trabajo de los estudios, actualmente en boga, sobre la calidad de la democracia.

En esta colaboración nos centraremos en el aspecto ético de la esfera de las elecciones y en los componentes del sistema electoral que permiten su despliegue. Siguiendo a Pedro Salazar[1], podemos realizar el análisis a partir de los actores del proceso electoral: a) los partidos y los candidatos; b) los gobiernos; c) las autoridades electorales, y d) los ciudadanos.

Los partidos políticos son actores plenamente legitimados para competir por alcanzar el poder o por mantenerlo. A ellos hay que añadir ahora los candidatos independientes, que ya son una realidad en las elecciones federales y locales en nuestro país. La gran virtud de la democracia es que la competencia por el poder entre los partidos políticos y candidatos es legítima y se lleva a cabo en el contexto de reglas aprobadas y aceptadas por los propios competidores. Las reformas electorales de las últimas décadas han detallado al máximo estas reglas, con la finalidad de asegurar equidad en las condiciones de la competencia. De esta forma, por ejemplo, los partidos pueden allegarse recursos privados, además de los que se les otorgan por 1

concepto de prerrogativa legal, pero con límites estipulados por la ley.

Partidos y candidatos pueden aplicar sus recursos de origen público y privado a desarrollar sus campañas, pero si rebasan el tope de gastos establecido por la ley enfrentan el riesgo de la anulación de la elección. En suma, las reglas garantizan las condiciones para que partidos y candidatos compitan, pero también establecen los límites y las sanciones para los comportamientos que contravengan dichas reglas.

En un régimen democrático el gobierno tiene su origen precisamente en las elecciones. Por lo tanto, los gobiernos, federal y locales, tienen un evidente origen partidario, pero al gobernar deben hacerlo para todos. Sin embargo, también es cierto que quienes gobiernan se esfuerzan por lograr aceptación entre los gobernados, con lo cual aspiran a que su partido conserve esa posición de gobierno.

El marco legal debe establecer con toda claridad lo que pueden hacer los gobiernos y sus servidores de todo nivel. No se puede prohibir que un gobierno desarrolle su política social, pero la ley sí puede tipificar como delito electoral la conducta de un servidor público que condicione la aplicación de dicha política a que los ciudadanos voten de determinada forma. Los funcionarios públicos deben utilizar los recursos que tienen a su cargo exclusivamente para los fines establecidos por la ley, y ésta, a su vez, debe establecer las sanciones para el funcionario que viole la norma.

En este contexto, las autoridades electorales tienen grandes responsabilidades. Las autoridades administrativas (el INE y los institutos electorales locales), las jurisdiccionales (el TEPJF y los tribunales electorales locales) y las penales (la FEPADE y sus correspondientes locales), deben garantizar que la competencia electoral se ajuste a los principios rectores recogidos en nuestro marco legal: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.

Pero también las autoridades electorales están integradas por ciudadanos, cuyo comportamiento puede ajustarse o separarse de dichos principios, por lo cual el marco legal también prevé las sanciones para los funcionarios electorales que lo violen. El desempeño de los funcionarios electorales debe ser enteramente 2

transparente ciudadano.

y estar sometido

permanentemente al

escrutinio

Los ciudadanos constituyen el actor fundamental del orden democrático. Finalmente, son ellos (somos todos) los que deciden con su voto, o con su abstención, la integración de los órganos de gobierno y de representación, así como la permanencia o desaparición de los partidos políticos.

En suma, los ciudadanos son los protagonistas del proceso democrático. La participación ciudadana en la política está garantizada por los derechos y prerrogativas establecidos en el marco legal, entre los cuales resaltan el derecho a votar, a afiliarse al partido político de su elección, a postularse como candidato independiente, a ser observador electoral, etcétera.

Por supuesto, el ciudadano puede decidir participar o no hacerlo, pero los partidos y las autoridades electorales están obligados a generar las condiciones necesarias para incentivar la participación ciudadana. Los ciudadanos deben estar atentos al comportamiento de partidos, gobierno y autoridades electorales, con la finalidad de detectar y denunciar oportunamente cualquier comportamiento inadecuado.

[1] Pedro Salazar, “Una reflexión sobre ética, política y democracia”,http://www.juridica.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/c ont/245/pr/pr7.pdf.

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