Movilización Nacional en Colombia Análisis sobre las razones de los manifestantes para marchar el próximo 21 de noviembre y posibles afectaciones en Colombia como consecuencia de la ola de protestas en Latinoamérica
Desde hace unos meses comenzó en América Latina una ola de protestas sociales que han revivido el derecho a la protesta como mecanismo democrático para defender los intereses sociales y económicos de los ciudadanos. Aunque inicialmente fueron interpretadas como unas crisis puntuales, originadas inicialmente por el aumento de los costos de vida y una cuestionada legitimidad de los gobiernos de turno, rápidamente se hizo evidente que son el resultado de las enormes grietas del modelo de desarrollo económico y político que países latinoamericanos han mantenido por años. En el caso de Chile, las protestas no solo han dejado un registro de 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras en medio de saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. También revelaron las difíciles condiciones económicas que por décadas ha mantenido la clase media y baja del país. De 18 millones de chilenos, once están endeudados y más de cuatro son considerados morosos por cubrir gastos básicos en tratamientos médicos, de educación y pensión. Es así como el descontento social por un sistema neoliberal que favorece a la clase rica del país ha dado lugar a unas protestas con una vigencia de cuatro semanas y que por el momento han desembocado en la convocatoria de un plebiscito por una nueva constituyente que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (19731990). Sobre las protestas en los países de Perú y Bolivia, fue evidente que los actos de corrupción cometidos por la élite política provocaron que la ciudadanía no confiara en ella, lo cual dificultó el diálogo entre las partes y se registrara un vacío de poder en las tres ramas de poder. En el caso del gobierno de Bolivia, el cual se mantuvo en el poder durante 14 años, se registró un golpe de Estado de parte de las Fuerzas Militares y la población civil al no avalar el accionar de las autoridades electorales que manipularon el recuento de votos a favor del ahora exiliado expresidente Evo Morales. Para el caso del gobierno de Perú, y luego de la decisión del presidente Martín Vizcarra de ordenar la disolución del Congreso por los rechazos del parlamento sobre la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, se emitió de manera conciliadora un ambicioso paquete de corte social y de reactivación económica en un plan de trabajo para asegurarle a la sociedad peruana que se rechazan las agendas de libre mercado, a las que se señalan de ahondar la desigualdad en toda la región latinoamericana. Ahora bien, para el caso de Colombia, está por comenzar una protesta social que pondrá a prueba al actual gobierno. Como es sabido, el próximo 21 de noviembre se movilizarán 153 organizaciones sindicales de centrales obreras y organizaciones sociales,
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estudiantiles y de oposición política para reclamar contra el llamado ‘paquetazo de Duque’, el cual se resume en los siguientes temas: 1. Reforma laboral. 2. Reforma pensional 3. Creación del Holding Financiero: La creación de esta entidad eliminaría el control directo del estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales. 4. Privatización de empresas: El gobierno podría estar pensando privatizar Ecopetrol, ISA, CENIT, electrificadoras regionales y todas las empresas dónde la participación del estado sea inferior al 50%. 5. Implementación del tarifazo nacional: se argumenta que las tarifas de energía se incrementarán hasta en un 35% para los estratos 4, 5 y 6 en el país con el fin de beneficiar a Electricaribe. 6. Reforma tributaria: Esta pretende rebajar los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e imponer más tributos a la clase media y a los trabajadores. 7. Salario mínimo digno: que permita tener una vida digna y que cubra la canasta familiar. 8. Cumplimiento de los acuerdos pactados con Fecode, los trabajadores estatales y los estudiantes. 9. Defensa de la protesta social: Según los organizadores del paro, el gobierno busca restringir al máximo la protesta social la cual es un derecho que hay que defender. Estos puntos que son motivo de movilización nacional llegan en unas condiciones de desventaja para el gobierno colombiano. Por un lado, las protestas en Latinoamérica son un espejo de las varias alteraciones de orden público que pueden surtir en Colombia de no ser controladas bajo la garantía de los derechos humanos para los manifestantes y con el compromiso de crear mesas de concertación para llegar a acuerdos sobre el llamado ‘paquetazo de Duque’. Es evidente que la violencia callejera llegó junto con la explosión social en Latinoamérica y aunque históricamente las marchas van acompañadas de algunos hechos vandálicos y de enfrentamientos, en esta ocasión los incendios en las estaciones del metro de Chile, los saqueos e intrusión de manifestantes, así como el enfrentamiento con la policía en Perú y Bolivia, son un punto de referencia para creer que en Colombia las protestas pueden tener un alto grado de violencia. Esto se infiere al observar que no solo marcharán actores legítimos con razones plausibles para protestar, pues también estarán infiltrados otros actores cuyo interés de marchar es generar focos de violencia. Al respecto, las Fuerzas Militares no solo ha implementado un dispositivo especial en los pasos fronterizos ante las
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informaciones que maneja Migración Colombia sobre la llegada de ciudadanos desde Chile y otros países vecinos que intentarían generar actos de vandalismo, también ha implementado fuertes medidas de seguridad desde que circula en redes sociales un corto video en el que un hombre encapuchado que se hace llamar @El Patriota anunció la creación de un grupo ciudadano autodenominado ‘Resistencia Civil Antidisturbios’ para cometer actos violentos en contra de la Fuerza Pública e infraestructura de transporte durante el paro nacional del 21 de noviembre. La respuesta del gobierno frente a estas amenazas a priori es contundente para garantizar unas protestas pacíficas y seguras para los manifestantes. No obstante, pueden desviar su intención si la fuerza pública hace uso de la fuerza contra los manifestantes y genere así enfrentamientos que comiencen a desvirtuar las protestas, tal como fue en el caso de Chile. Por otro lado, las manifestaciones vienen respaldadas con la más reciente encuesta Gallup, que señala la desaprobación de la gestión del presidente en un 69% frente a un 70% de colombianos que consideran que el país va por mal camino pues algunas cifras preocupan, como el desempleo que viene con un doble dígito sostenido; y la inflación, que está cerca de superar su rango meta. Esta problemática social se respalda con las propuestas que se oyen desde sectores gremiales, como pagar un salario inferior al mínimo a los jóvenes o aumentar la edad de jubilación. Habría que agregar las tareas que le exige la OCDE a Colombia, como la enajenación de empresas estatales, que deberían estar más en el sector privado que en el sector público, o el nuevo trámite de la Ley de Financiamiento, pilar de la política económica del gobierno que no ha sido bien acogido por los mismos movimientos.
Al respecto, el Gobierno nacional argumenta que el llamado paquetazo no está fundamentado y considera que busca generar desorden público, por lo que asegura que las reformas a proponer en materia laboral y pensional serán llevadas, antes que todo, a la Mesa de Concertación con las organizaciones que precisamente han convocado la marcha. De hecho, tras la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que sostuvo el Gobierno con
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distintos gremios, se resaltó que la actual administración no está promocionando bajar el salario mínimo. Así mismo, señaló que el gobierno no respaldará el aumento de la edad de pensión, tampoco el aumento de la cotización de los trabajadores, ni está promocionando alguna afectación a Colpensiones. Sin embargo, y aunque hay un gobierno que al parecer ha escuchado las necesidades de su pueblo asegurando en un tono prudente y conciliador que trabaja para promover los cambios que reclaman millones de ciudadanos, las dudas que surgen entonces frente al paro programado para el próximo 21 de noviembre son: ¿cuáles son entonces las razones que justifican una movilización nacional si el gobierno ha aclarado que por ahora no se presentará ningún supuesto paquetazo laboral ni pensional que golpearía a los trabajadores? y, ¿se puede asegurar que las protestas que han desestabilizado a América Latina podrán replicarse en Colombia? Sobre la primera pregunta, las razones son particulares para cada uno de los ciudadanos que saldrán a marchar. Para algunos será prioridad marchar contra la corrupción, otros marcharán para reclamar por el asesinato de líderes sociales, otros para repudiar la discriminación, la pobreza y desigualdad. Lo que es claro es que el común denominador es manifestar su descontento social ante un gobierno que no ha podido llenar las expectativas en salud, educación, empleo y pensiones de miles de colombianos que salieron de la pobreza y hoy están en situación de vulnerabilidad y con un alto riesgo de caer de nuevo en ella. Pese a que variables como el crecimiento económico, el tamaño del mercado de capitales y la solidez del sistema financiero reflejan el manejo ortodoxo y el lado positivo de la economía colombiana, las crecientes tasas de inflación y desempleo suponen un punto de inflexión adicional para el Estado, que deberá crear planes de acción inmediatos frente al impacto fiscal que implica destinar el limitado capital público existente para asistir a los colombianos en salud, alimentación, vivienda, educación, entre otros, como consecuencia apenas lógica, del cumplimiento de sus obligaciones estatales. Es entonces que la ciudadanía estará reactiva a las reformas que el Estado aplique para justificar que su situación es similar a la que enfrentan los países de Ecuador, Chile y Perú. Claro que eso no necesariamente se dará en la marcha del 21 de noviembre sino en el momento que el gobierno emita sus propuestas de reformas ante el Congreso de la República. Respecto a la segunda pregunta, ha sido un temor generalizado que se replique en Colombia la situación que se vive en Latinoamérica; sobre todo si se tiene en cuenta que Colombia reúne las condiciones sociales y económicas que incitaron en primer lugar esta ola de protestas.
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Como se ha dicho, el Gobierno tiene un margen de maniobra muy limitado y una debilidad política. Además, el crecimiento de la economía no alcanza para cerrar las brechas sociales. Es por esto que se puede argumentar que el efecto de las protestas de Latinoamérica han estado teniendo efecto en Colombia desde antes del paro del 21 de noviembre pues todas estas organizaciones que van a marchar se identificaron con los reclamos que han hecho los ciudadanos de otros hemisferios a sus respectivos gobernantes. El derecho a la protesta es lo que se está replicando en Colombia y puede tener un tono pacífico o violento que va a depender del nivel de respuesta del gobierno colombiano. Esto quiere decir que si se registra en el paro una crisis por actos de vandalismo y el gobierno criminaliza la protesta respondiendo con mano dura tanto a infiltrados como a los manifestantes, se puede generar un espacio donde se deslegitima la protesta y así aumenta el descontento social. Por la misma vía, si el gobierno denota un divorcio radical con las necesidades ciudadanas y solo se limita a cambios de gabinetes, paquetes de medidas y cancelación de eventos internacionales mientras se exigen soluciones de fondo, el descontento solo aumentaría para darle continuidad al propósito de esta marcha en días venideros. En definitiva, la salida a una eventual crisis no será policial, sino política. El gobierno colombiano se ha enfocado en no permitir alteraciones de orden disponiendo de las Fuerza públicas para contener cualquier acto violento que se llegue a presentar, pero lo cierto es que la violencia continuaría y podría aumentar si el gobierno promueve los cambios que reclaman millones de ciudadanos.
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Recomendaciones de seguridad Generalmente, las marchas y protestas llevan consigo riesgos a la seguridad física, problemas de transitabilidad, entre otros. Para la marcha del 21 de noviembre esa no será la excepción y para minimizar estos riesgos, G4S Colombia hace las siguientes recomendaciones para consideración: •
Conozca las vías y puntos de encuentro donde se realizarán las protestas. Puede consultarlas en nuestro mapas de riesgos:
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Si es posible postergue para otro día su diligencia si piensa salir y transitar por las vías de las ciudades afectadas ya que el transito se verá afectado.
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Si inevitablemente debe transitar, verifique con las Autoridades / Gestor de Riesgos G4S, el estado de alertas sobre la vía.
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Reportar el inicio del desplazamiento a la Central G4S, quien hará el seguimiento y coordinación de los apoyos pertinentes, ante alguna eventualidad.
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Antes de salir a carretera, tenga establecidos los protocolos y procedimientos corporativos a seguir en caso de presentarse un incidente o ser detenido, incluyendo los protocolos de comunicación; como establecer un sistema rápido y seguro de comunicación para reportar cualquier situación de peligro.
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Al momento de conducir, tenga siempre presente las normas básicas de tránsito. Evite realizar paradas, pero de ser necesario, absténgase de dialogar con personas extrañas.
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No camine por sectores solos y/o oscuros. Mantenga un bajo perfil y no saque sus dispositivos móviles en lugares donde se concentre las movilizaciones.
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Si por algún motivo se encuentra en una zona que fue gasificada, recuerde: el Gas Lacrimógeno tiene un efecto pasajero, mantenga la calma y trate de salir del área, no intente frotar el rostro con las manos ya que el efecto del gas se acelera.
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