POR UNA SOLUCIÓN CONSTITUCIONAL A LA CRISIS POLÍTICA: EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD Frente a la información difundida referida a presuntos pagos por asesorías efectuados por la empresa Odebrecht al presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando este era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, cuestionado por haber aprobado la construcción de la Carretera Interoceánica del Sur a cambio de sobornos, Fuerza Social expresa a la opinión pública lo siguiente: 1. En la segunda vuelta electoral del año 2016, fuimos la primera organización política de izquierda en hacer un llamado público a nuestra militancia y a la ciudadanía progresista a dar un voto crítico por PPK con la finalidad de impedir el retorno del autoritarismo, la corrupción y la permisividad con el narcotráfico, que encarnaba la candidatura de Keiko Fujimori. En esta oportunidad, demandamos a Pedro Pablo Kuczynski a que, de no refutar de manera sólida, integral y satisfactoria ante la opinión pública las graves acusaciones hechas contra él, dé un paso al costado y renuncie al cargo de Presidente de la República. El mensaje a la Nación emitido anoche por PPK es absolutamente insatisfactorio y, al no desvirtuar los graves cargos que se le imputan, justifica plenamente el pedido de renuncia. 2. El escenario político de las elecciones del 2016, en las que se planteó una clara división entre decencia y corrupción y entre autoritarismo y democracia, mantiene su plena vigencia, con la diferencia que hoy PPK parecería haber cruzado la línea divisoria fundamental en el campo de la corrupción, traicionando de ese modo la confianza y el mandato que le entregaron las fuerzas democráticas del país. 3. La salida estrictamente constitucional a la crisis es que el Congreso acepte la renuncia de PPK y que el Primer Vicepresidente asuma la Presidencia de la República hasta completar el periodo de gobierno para el que fueron elegidos. No existe ningún fundamento para impulsar un procedimiento distinto al establecido constitucionalmente. El nuevo gobierno, liderado por el actual Vicepresidente Martín Vizcarra, debería nombrar a un gabinete de ancha base con personas y fuerzas no comprometidas con el autoritarismo y la corrupción, e impulsar una amplia coalición democrática y republicana, orientada a defender la autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, con miras a garantizar la separación de poderes y la continuidad de los procesos de investigación vinculados al caso Lava Jato. 4. El fujimorismo está manipulando la crisis con la finalidad de tender un manto de impunidad sobre sus propias responsabilidades vinculadas a la recepción de financiamiento encubierto de Odebrecht y a la relación de Keiko Fujimori con el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos. Más grave aún, se estaría configurando un contubernio o pacto tácito entre el fujimorismo y Odebrecht al entregar a la comisión Lava Jato, y no a la Fiscalía, información selectivamente comprometedora con relación a PPK, en un momento oportuno para el fujimorismo, provocando una crisis de gobierno y desviando la atención a las evidencias encontradas por la investigación del Fiscal José Domingo Pérez, que justificarían la solicitud de medidas restrictivas (incluyendo la prisión preventiva) contra Keiko Fujimori. Ello explicaría la puesta en marcha de un “golpe
constitucional” dirigido a destituir al Fiscal de la Nación y a controlar el Tribunal Constitucional. El primer paso de este golpe fue dado anoche con la aprobación de sanciones contra los magistrados del TC. 5. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y su reemplazo por Martín Vizcarra debiera significar, con el respaldo de todas las fuerzas democráticas, despejar la crisis del Poder Ejecutivo, estabilizar el funcionamiento institucional del país, y volver a situar en el centro del escenario político la tarea prioritaria de cerrarle el paso al fujimorismo, que continúa representando la peor amenaza para la democracia, que violenta la separación de poderes y favorece la impunidad de la corrupción. 6. Fuerza Social llama a todas las organizaciones y corrientes democráticas, republicanas y progresistas a cerrar filas en la defensa de la institucionalidad democrática, la independencia del sistema de justicia, la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción y la impunidad, y por los cambios en favor de las grandes mayorías nacionales. Lima, 15 de diciembre de 2017 Comité Ejecutivo Nacional Partido Descentralista Fuerza Social