calidad y precios y el obtener las materias primas a precios competitivos significa que deben producirse en explotaciones económicas racionales, lo que sin duda debe exigir un enorme esfuerzo público en racionalizar las explotaciones agrarias para que sean eficientes. - Favorecer la integración vertical El sector industrial no puede introducirse en la producción directa de las materias primas. Es necesario un fuerte impulso de los sistemas de contratación a medio y largo plazo de las producciones agrarias destinadas al sector industrial. Según la cifra que maneja el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sólo un 24% de las producciones agrarias están sometidas a algún tipo de contrato. La inexistencia de relaciones entre la oferta y la demanda ante unos productos de origen biológico sometidos a los avatares climáticos introduce grandes riesgos sobre las cantidades, calidades y precios disponibles. La industria necesita un abastecimiento seguro y si éste no es posible aquí, lo buscará en otros mercados. Precisamente por eso, es crucial el que se fomente esa política de contratación, que podría ser parte de un marco más amplio interprofesional. Para ello, las Administraciones Públicas deben comprometer nuevamente su imparcialidad. Deben ser árbitros y no favorecer a ninguna de las partes. - Las asignaturas pendientes de las Administraciones Públicas La primera de ellas es adaptar el modelo territorial a las variaciones territoriales que se han producido en la actividad económica. Al menos las actividades de supervisión, inspección y control deben centralizarse en unidades administrativas ubicadas en las proximidades de los establecimientos industriales que haya que supervisar, inspeccionar o controlar. Máxime cuando existen sistemas industriales locales de cierta significación. El segundo problema es el de la necesaria coordinación. Con la creación de las Comunidades Autónomas la sociedad entendió que la proximidad de los funcionarios a los ciudadanos conllevaría una mayor eficacia en las relaciones de unos y otros, y la verdad es que se siguen
encontrando deficiencias notorias. Las Consejerías siguen siendo vasos incomunicados. Este problema existe en todas las Comunidades y por tanto somos incapaces de proponer un modelo que resuelva esa incomunicación. - Fomentar las organizaciones sectoriales de empresas A priori tenemos un sector con miles de pequeñas empresas en un mundo globalizado donde la ventaja competitiva es para las más grandes. En esa disyuntiva cabe la adopción de muchas medidas, especialmente, las orientadas a favorecer fiscalmente la fusión o adquisición de empresas para formar unidades mayores. Sin rechazar en absoluto estas acciones, entendemos más eficaz a corto plazo el favorecer la constitución de fuertes organizaciones sectoriales de empresas que pueden asumir competencias delegadas de las Administraciones Públicas en acciones formativas, de investigación y desarrollo, de ordenación de las producciones y en la apertura de nuevos mercados exteriores. La cooperativa fue una fórmula que encontró el mundo cristiano en los albores del siglo XX, como un instrumento económico que podía frenar el movimiento comunista internacional y se ha venido aplicando en algunos casos con notoria eficacia y en otros cosechando importantes fracasos. Pero la idea sigue ahí. En este caso se trataría de que las organizaciones empresariales asumieran directamente responsabilidades en el diseño, eje-
cución y gestión de acciones cooperativas en áreas muy concretas. La primera es la de la formación. Nadie mejor que las propias empresas para poder diseñar, ejecutar y gestionar la formación de sus futuros trabajadores. Las Administraciones Públicas competentes deben financiar la constitución de los Centros formativos sectorialmente especializados, pero el diseño, ejecución y gestión de los mismos deberían ser de las propias organizaciones de ese sector. En la asistencia técnica a las empresas y en el fomento de la investigación y el desarrollo, la constitución de centros tecnológicos es otra acción colectiva. La financiación inicial de los Centros debe ser pública, pero la propiedad y gestión debe ser de las empresas del sector. Es la única forma de que lo puedan considerar suyo y no un prestatario externo en el que nunca se integrarán. La experiencia existente en España sobre estos Centros exige inicialmente que en sus proximidades pueda existir una masa crítica de empresas para su despegue. Masa crítica que puede establecerse en 120 empresas. Existen por lo tanto condiciones idóneas para la constitución de tres nuevos Centros Tecnológicos Agroalimentarios, pero vuelvo a incidir de que para que sirvan realmente a todas y cada una de las pymes, éstas deben sentir que esos Centros son suyos y no sólo que están a su disposición. El problema será convencer a los empresarios para que se integren en organizaciones capa-
El aprovechamiento de los recursos existentes ha generado una gran diversidad de productos locales. /Redacción.
13