LAVADO DE ACTIVOS EN PERÚ
ESTUDIO SOBRE
COMO DELITO FUENTE AL TRATA DE PERSONAS
LAVADO DE ACTIVOS EN PERÚ
Estudio sobre Trata De Personas como delito Fuente al Lavado de Activos en Perú
©Ministerio Público
Delia Milagros Espinoza Valenzuela
Fiscal de la Nación
Mirko Dino Cano Gamero
Fiscal Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios
Fany Soledad Quispe Farfán
Fiscal Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y Tráfico Ilícito de Drogas
Rosa Berenice Romero Ohama
Fiscal Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas
Armando Ortíz Zapata
Fiscal Coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito
Magaly Elizabeth Quiroz Caballero
Fiscal Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’
Cynthia Jasmín García Arcia
Gerente de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional
©Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur Olivier Inizan Representante Regional (a.i)
Javier Montaño Jefe de Oficina en Perú
Andrés Díaz Mescias
Coordinador Regional del Área de Justicia y Prevención de Violencias,
Rocío Urón
Coordinadora de Estrategias de Sujetos de Especial Protección
Jenifer Flores Seña Oficial Nacional en Trata de Personas
Zoila Macavilca
Líder del Proyecto de Responsabilidad Corporativa por hechos de Corrupción
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2025-06316 Ilustración de portada: Carlos Alfonso Oliva Navarro
Impresión: Forma Producciones Audiovisuales Calle Cerro Prieto 429 -Santiago de Surco imagen@formaproducciones.com
Teléf.: 012751312
Tiraje: 100 ejemplares Junio 2025
Lima, Perú
Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de Canadá.
Justificación y Relevancia del Estudio
del Estudio
Marco Legal Nacional e Internacional
Caracterización de las Principales Economías Ilegales, el Crimen Organizado y la Trata de Personas como delito fuente al Lavado Activos
Trata de Personas Narcotráfico
Minería Ilegal
Impacto Diferenciado de la Minería Artesanal en Mujeres
Tala ilegal
Otras economías ilegales y delitos habilitadores
Interconexión entre Trata de Personas y Otras Economías Ilegales
Análisis del Mapa: Rutas de Salida y Economías Ilegales en el Sur del Perú Presencia del Crimen Organizado Transnacional
Análisis de Sentencias
Interpretaciones Judiciales clave sobre Trata de Personas y Lavado de Activos
Jurisprudencia sobre Medios Comisivos y Valoración Probatoria
Análisis Comparado de Sentencias por Región y Modalidad de Explotación
Casos Emblemáticos (2022–2025): Jurisprudencia Detallada
Análisis de sentencias de los subsistemas de trata de personas y crimen organizado, desde un enfoque centrado en la víctima
Principales tendencias identicas
Fiscalía Especializada en delitos de Trata de Personas
Fiscalía de Lavado de Activos
Extinción de Dominio
Hallazgos Principales
Análisis de la Carga Procesal por Actividad Ilícita
Evolución Anual de Sentencias y Valorización
V Desafíos
La Corrupción como Factor Obstaculizador y Facilitador Sistémico
Limitaciones de Recursos, Capacidades y Fortalecimiento Institucional
Protección y Asistencia a Víctimas: Un Eslabón Crítico con Enfoque de Género Pendiente
Responsabilidad Empresarial y Programas de Cumplimiento (Compliance)
Desafíos en la aplicación de la Ley y Valoración robatoria en casos de Trata y Lavado
de Buenas Prácticas
Buenas Prácticas Transversales en el Ministerio Público
Buenas Prácticas de Otras Instituciones Clave
Alto Comisionado de las Naciones
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Contraloría General de la República
Comisión Nacional para el Desarrollo y Dirección contra la Trata de Personas
Fiscalía Especializada contra la
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Fiscalía Especializada en Delitos de
Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera de Grupos de Fiscales Coordinados
Informe de Inteligencia Financiera
Instituto Nacional de Estadística e Informática Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Minería Artesanal y de Pequeña Escala
Ministerio de Comercio Exterior y
MINEM: Ministerio de Energía y Minas
MININTER: Ministerio del Interior
MINJUSDH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MP: Ministerio Público
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
NNA: Niños, Niñas y Adolescentes
OFAEC: Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad
ONG: Organización No Gubernamental
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OPROCTI: Oficina de Peritajes, Observatorio de Criminalidad y Cooperación Técnica Internacional (del Ministerio Público)
OSC: Organización de la Sociedad Civil
OSINT: Inteligencia de Fuentes Abiertas (Open Source Intelligence)
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
PFMI: Proceso de Formalización Minera Integral
PMA: Pequeña Minería y Minería Artesanal
PNMLCCO: Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado
PNP: Policía Nacional del Perú
PRONABI: Programa Nacional de Bienes Incautados
PSAV: Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
REINFO: Registro Integral de Formalización Minera
ROS: Reporte de Operación Sospechosa
RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores
SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SIPMMA: Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal
SPDA: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
TdP: Trata de Personas
TEI: Técnicas Especiales de Investigación
TID: Tráfico Ilícito de Drogas
UDAVIT: Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera
UNTOC: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UPE: Unidad de Protección Especial
VRAEM: Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
Presentación
La trata de personas por sí misma, constituye un delito grave y complejo en la normativa penal peruana ya que afecta la dignidad de las víctimas. En este sentido, el Perú enfrenta un escenario complejo no solo porque estamos frente a una actividad que afecta el núcleo duro de los derechos humanos sino, porque es altamente lucrativa donde los flujos financieros ilícitos provenientes de la trata buscan permanentemente diversas formas para aparentar legalidad, mediante el lavado de activos.
Además, se presenta en diversos contextos, caracterizados por un estrecho vínculo con las economías ilegales y la presencia de organizaciones criminales con dominio territorial en diversas regiones del país, socavando la integridad territorial, gobernabilidad, los ecosistemas y desarrollo socioeconómico del país. La magnitud y el impacto del problema se evidencia en la alta incidencia de casos, agravándose por la naturaleza no solo clandestina sino de índole transnacional de algunas organizaciones criminales que pueden operar desde centros penitenciarios ubicados en otros países hasta entornos y medios digitales. Es altamente conocido que, regiones y zonas como La Pampa en Madre de Dios, La Rinconada en Puno, Pataz en La Libertad, Cushillocoha, el trapecio Amazónico en Loreto, entre otros son áreas geográficas que evidencian este panorama complejo y multifacético de la trata de personas como delito fuente al lavado de activos en contexto de las economías ilegales y el crimen organizado. Sin embargo, existen otras zonas donde la presencia de las organizaciones criminales que no solo se dedican a la trata de personas en sus diversas finalidades, sino que han ampliado sus operaciones a otros delitos como
sicariato, extorsión, tráfico de armas, entre otras, es aún incipiente y, están en proceso de posicionamiento territorial.
Entonces, estamos frente a un delito que no solo genera ganancias ilícitas de alta magnitud, sino que sostienen a la criminalidad organizada y, en algunos casos, hay habilitadores que lo facilitan como los actos de corrupción. Es justamente en este momento donde el lavado de activos y la extinción de dominio se sostienen como dos eslabones fundamentales para debilitar a las organizaciones criminales, focalizando una investigación holística que revele la procedencia ilícita de los fondos, se afecta la expansión y fortalecimiento de las organizaciones dedicadas a la trata de personas y las economías ilegales.
Bajo este contexto, el presente estudio, emerge como un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público de Perú y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo del Gobierno de Canadá.
El estudio analiza de manera exhaustiva la trata de personas y sus formas de explotación como delito fuente del lavado de activos, examinando su intrínseca interconexión con economías ilegales –como el narcotráfico, considerando la expansión de cultivos de coca hacia áreas como Ucayali y Loreto; la minería ilegal de oro y cobre con sus graves impactos medioambientales; y la tala ilegal que afecta vastos recursos forestales– y las estructuras del crimen organizado. Se investiga cómo la TdP se instrumentaliza al servicio de estas economías, particularmente en zonas de débil presencia estatal donde pueden configurarse escenarios de gobernanza criminal y dominio territorial. La corrupción, por su parte, se destaca como un factor sistémico que facilita y perpetúa estas actividades.
Un componente crucial del análisis es la perspectiva de enfoque interseccional de género, fundamental para comprender las dinámicas de victimización y las barreras en el acceso a la justicia. La trata de personas es una de las formas más graves de violencia basada en género, caracterizada por la instrumentalización de las víctimas y por las asimetrías de género, que colocan a las mujeres, especialmente niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, en situación de riesgo frente a este delito. En este sentido, el estudio realiza un análisis no solo criminológico sino victimológico, que permite analizar de manera objetiva las características de las víctimas, sin juzgarlas y siempre desde un enfoque centrado en las víctimas y en los derechos humanos, con el objetivo de generar hallazgos que permitan mejorar las estrategias de intervención focalizadas de manera interseccional, a fin de reforzar las Políticas Públicas y estrategias enmarcadas en los ejes de intervención, sin dejar a nadie atrás.
© FEMA Maynas y Marina de Guerra del Perú
Sección I
Muestra y Metodología
I. Justificación y Relevancia del Estudio
La trata de personas con fines de explotación, en sus diversas modalidades, ha mostrado una creciente convergencia con estructuras de economías ilegales y crimen organizado en el Perú. Pese a los avances normativos e institucionales, persisten brechas significativas en la capacidad estatal para identificar, investigar, perseguir y sancionar a estas redes u organizaciones criminales. Este estudio se plantea como un instrumento técnico orientado a brindar información concreta sobre cómo estas dinámicas delictivas se estructuran, articulan con el lavado de activos y operan con dominio territorial y, en algunos casos de manera transnacional. Asimismo, el estudio busca visibilizar los desafíos de articulación institucional, las buenas prácticas, y las oportunidades de mejora. En un contexto caracterizado por el uso creciente de tecnologías por parte de las y los tratantes, la generación de conocimiento robusto y aplicado resulta esencial para la intervención estatal.
La información disponible sobre estas problemáticas se encuentra a menudo fragmentada, lo que puede contribuir a una respuesta estatal también fragmentada. Por lo tanto, este estudio se justifica en la necesidad de realizar un análisis especializado e integrado que permita desentrañar las complejas interacciones entre las economías ilegales, la trata de personas y el crimen organizado, identificar los vacíos y desafíos en la respuesta estatal, y generar hallazgos relevantes para el diseño de políticas públicas y estrategias más efectivas.
II. Objetivo del Estudio
Analizar la vinculación entre la trata de personas como delito fuente al lavado de activos, tomando en consideración la presencia de las economías ilegales y las organizaciones criminales, así como los diversos habilitadores que sostienen el fenómeno en el país. Además, se pretende evidenciar la interconexión de la TdP y las economías ilegales en zonas de frontera, así como las formas más comunes para lavar activos con la finalidad de proponer estrategias y recomendaciones para fortalecer la respuesta estatal.
III. Diseño Metodológico del Estudio
El estudio tiene un enfoque de carácter mixto, que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de la información, para ello se aplicaron técnicas especializadas como la revisión de sentencias bajo variables previamente definidas, análisis jurídico y la construcción de una matriz de convergencia delictiva para identificar las tendencias del delito. Esto con la finalidad de garantizar la comprensión integral sobre la complejidad y magnitud del delito de TdP como precedente al lavado de activos. Para el análisis cuantitativo, se recabó información estadística de diversas fuentes, a fin de identificar el número de denuncias, operativos realizados, uso de TEI y víctimas rescatadas durante el periodo 2023-2024.
Técnicas de Recolección y Análisis de Datos:
Revisión Sistemática: revisión documental de fuentes primarias y secundarias, se aplicó un análisis de contenido de 275 sentencias judiciales que fueron remitidas por OPROCTI-MP, bajo altos estándares de reserva de información al no tratarse en todos los casos de sentencias firmes. Además, como se ha mencionado, se realizó trabajo de campo que concluyó con 50 entrevistas cualitativas y 180 encuestas en línea con actores clave. En el caso de las sentencias se codificaron variables clave como tipo de delito, caracterización de víctimas y tratantes, finalidad,
medio comisivo, actores involucrados (personas naturales o jurídicas), sentido de la sentencia, imputación fáctica, existencia de concurso de delitos, ocurrencia del delito en contexto de economías ilegales, enfoque de género, entre otros.
Análisis de Contenido: Se realizó un análisis comparativo de la jurisprudencia relevante para identificar patrones y criterios judiciales.
Matrices de Análisis: Se diseñaron y aplicaron matrices de convergencia delictiva y portafolios criminales para visualizar las conexiones entre diferentes actividades ilícitas.
Sistematización de Indicadores: Se recopilaron y organizaron indicadores socioeconómicos para contextualizar las dinámicas delictivas.
Procesamiento y Estructuración de Datos:
El procesamiento de la información se organizó en función de siete dimensiones de análisis: perfil de las víctimas, dinámicas delictivas dentro de cada subsistema, medios comisivos, flujos financieros, contexto territorial, respuesta del Estado y buenas prácticas emergentes.
Limitaciones Metodológicas:
El presente estudio reconoce como limitación principal la heterogeneidad de los datos estadísticos, derivada de la ausencia de sistemas interoperables entre los sectores analizados. Asimismo, se constató la omisión de variables fundamentales en los registros institucionales —tales como identidad de género, orientación sexual, etnicidad y nacionalidad—, lo cual restringe la posibilidad de realizar un análisis integral e intersectorial.
Muestra y Cobertura del Estudio:
La muestra incluyó el análisis de 275 sentencias judiciales entre los años 2023 y 2025 (marzo) condenatorias o absolutorias de los siguientes subsistemas especializados:
Elaboración propia en base a información facilitada por el Ministerio Público
La recolección de datos cualitativos se llevó a cabo mediante dos estrategias principales en campo. Primero, se aplicaron cincuenta (50) entrevistas semiestructuradas a una muestra de actores clave, incluyendo operadores del sistema de justicia, prestadores de servicios, miembros de las fuerzas del orden y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Segundo, la perspectiva regional se profundizó a través de la realización de siete (7) talleres participativos en las jurisdicciones de Cusco, Tacna, Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Lima.
El estudio se concibe como investigación aplicada que priorizó en el recojo de información a siete regiones del país: Cusco, Tacna, Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Lima, seleccionadas bajo ciertos criterios estratégicos como:
Alta presencia de economías ilegales,
Alta incidencia de victimización por trata de personas,
Existencia de casos emblemáticos judicializados,
Ubicación geográfica en la identificación previa de rutas y diversidad étnico-cultural,
Flujo migratorio en zonas fronterizas.
© Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Tacna (FPEMA TACNA).
Sección II
Estado de la Cuestión y Marco Conceptual
I. Marco Legal Nacional e Internacional
El Perú cuenta con un marco normativo consolidado contra la trata de personas, y el lavado de activos tanto en el ámbito nacional como internacional. Ha ratificado el Protocolo de Palermo y cuenta con la Ley N.º 28950, además de recientes avances como la Ley N.º 32209 sobre extinción de dominio y la Ley N.º 32326 que deberían fortalecer la persecución patrimonial, sin embargo, la aplicación práctica presenta importantes brechas en zonas de criminalidad organizada.
Marco Jurídico Internacional
Los instrumentos internacionales clave que sustentan la lucha contra la TdP y el LA incluyen:
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo): Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y es el principal referente global. Define la trata, establece las obligaciones de los Estados Parte en prevención, persecución del delito y protección a las víctimas (Naciones Unidas, 2004).
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: Proporciona el marco para la cooperación internacional en la lucha contra diversas formas de crimen organizado (Naciones Unidas, 2004).
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): Obliga a los Estados a proteger a niños, niñas y adolescentes (NNA) de toda forma de explotación, incluida la trata (Naciones Unidas, 1989).
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Exige a los Estados suprimir todas las formas de trata y explotación contra las mujeres.
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT): Establecen los estándares internacionales para combatir el LA y el financiamiento del terrorismo, considerando la TdP como un delito determinante.
© Carlos Oliva Navarro
Marco Jurídico Nacional y recientes modificatorias
La legislación peruana ha evolucionado para tipificar y sancionar la TdP y el LA, con recientes modificaciones que buscan fortalecer la respuesta estatal:
Constitución Política del Perú: El Artículo 1 consagra la dignidad humana como fin supremo del Estado, y el Artículo 2, numeral 24, literal b, prohíbe explícitamente la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.
Código Penal (Decreto Legislativo N° 635 y sus modificatorias):
Delito de Trata de Personas (Artículo 129-A y siguientes): Modificado significativamente por la Ley N° 31146, que reubicó los delitos de trata y explotación bajo el título de delitos contra la dignidad humana. Define las conductas (captación, transporte, traslado, acogida, recepción y retención), los medios comisivos (amenaza, violencia, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios) y los fines de explotación (explotación sexual, laboral, mendicidad, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre, extracción o tráfico de órganos, venta de NNA y otras formas análogas de explotación).
Delitos de Explotación (Artículos 129C al 129-P): Tipifican diversas formas de explotación, incluyendo la explotación sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre.
Delito de Organización Criminal (Artículo 317): modificaciones a la Ley Contra el Crimen Organizado en Perú (Leyes N° 32108 y N° 32138). Durante el año 2024, la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado en el Perú, fue objeto de dos importantes y sucesivas modificaciones a través de la Ley N° 32108 (publicada el 09/08/2024) y la Ley N° 32138 (publicada el 19/10/2024). Estas reformas, implementadas en un corto lapso, han redefinido aspectos sustanciales y procesales de la lucha contra la criminalidad organizada, generando un profundo debate jurídico sobre su impacto en la capacidad del Estado para investigar y sancionar eficazmente a estas organizaciones criminales.
La Ley N° 32108 introdujo cambios significativos que fueron cuestionados:
Redefinición de “Organización Criminal”: Se establecieron criterios más estrictos, exigiendo que se trate de “todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, compuesto por tres o más personas con carácter estable o permanente. Los delitos objeto de la organización debían ser sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años (Ley 30077).
Control de la Cadena de Valor: Se incorporó el polémico requisito de que la organización tuviera como finalidad
“obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”. Este elemento fue duramente criticado por su complejidad probatoria y por el riesgo de excluir diversas formas de criminalidad organizada.
Agravantes: Se mantuvieron y especificaron agravantes si el agente es líder, si se causa muerte o lesiones graves, o si la actividad se dirige desde un centro penitenciario, entre otras.
Modificaciones Procesales más relevantes:
Se exigió la presencia obligatoria del abogado del interesado o, en su defecto, de un defensor de oficio durante la diligencia. La solicitud fiscal y la resolución judicial deben indicar expresamente la finalidad del allanamiento.
Se fijó un plazo máximo de quince días (prorrogable por otros quince, con autorización judicial) para el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias.
La Ley N° 32138 buscó corregir aspectos clave, entre ellos:
Redefinición de “Organización Criminal”: Se establecieron criterios más estrictos, exigiendo que se trate de “todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, compuesto por tres o más personas con carácter estable o permanente. Los delitos objeto de la organización debían ser sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años (Ley 30077).
Control de la Cadena de Valor: Se incorporó el polémico requisito de que la organización tuviera como finalidad
Modificaciones Procesales más relevantes:
Allanamiento: Se exigió la presencia obligatoria del abogado del interesado o, en su defecto, de un defensor de oficio durante la diligencia. La solicitud fiscal y la resolución judicial deben indicar expresamente la finalidad del allanamiento.
Secreto Bancario: Se fijó un plazo máximo de quince días (prorrogable por otros quince, con autorización judicial) para el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias.
à Colaboración Eficaz: Plazo de Corroboración Reducido
Se ha modificado el plazo legal para la corroboración de la colaboración eficaz, reduciéndolo a un máximo de ocho meses. Esta medida implica una exigencia operativa más alta para los despachos fiscales, que deben realizar verificaciones rápidas, precisas
“obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”. Este elemento fue duramente criticado por su complejidad probatoria y por el riesgo de excluir diversas formas de criminalidad organizada.
Agravantes: Se mantuvieron y especificaron agravantes si el agente es líder, si se causa muerte o lesiones graves, o si la actividad se dirige desde un centro penitenciario, entre otras.
y completas dentro de un tiempo limitado, a fin de asegurar la validez de la información aportada por el colaborador antes de su homologación judicial.
à Interceptación Telefónica: Plazo y Prórroga Única
Respecto a la interceptación de comunicaciones telefónicas, la normativa actual establece una duración inicial de hasta 120 días, con la posibilidad de una única prórroga por el mismo periodo. Esta limitación temporal obliga a las fiscalías a priorizar desde el inicio las líneas de investigación más relevantes y a planificar estratégicamente el uso de esta herramienta, optimizando los recursos técnicos y jurídicos disponibles.
La Ley N° 32138 buscó corregir aspectos clave, entre ellos:
Reconfiguración de “Organización
Criminal”:
à Se eliminó el controvertido requisito del “control de la cadena de valor”.
à La finalidad de la organización se precisó como “obtener directa o indirectamente beneficios económicos o en todo caso otros de orden material”.
à Los delitos objeto de la organización pasaron a ser aquellos sancionados con una pena privativa de libertad “igual o mayor a cinco años en su extremo mínimo”.
Alineación con el Protocolo de Palermo:
à Se argumentó que esta ley buscaba una mayor armonización con estándares internacionales como la Convención de Palermo. Sin embargo, aunque la eliminación de la “cadena de valor” acercó la definición, el umbral de pena para “delito grave” en la ley peruana (mínimo de 5 años) sigue siendo más restrictivo.
à Aspectos Procesales: Se mantuvo y reforzó la exigencia de la presencia de la defensa pública durante las diligencias de allanamiento.
Podemos concluir que, ambas leyes, en particular la Ley N° 32108, impusieron criterios considerados más restrictivos para la configuración del tipo penal, lo que podría limitar la capacidad del sistema de justicia para investigar y procesar eficazmente a diversas redes criminales, generando potenciales vacíos de punibilidad. Así, la mayor dificultad para tipificar un grupo como organización criminal podría impedir la aplicación de herramientas especiales de investigación y llevar a una fragmentación de los casos.
Por otro lado, es importante mencionar que, si bien estas leyes no modificaron directamente los regímenes de colaboración eficaz (reformado en marzo de 2024) ni los procedimientos de interceptación de comunicaciones, la redefinición del delito de organización criminal y los umbrales de pena podrían impactar indirectamente su aplicabilidad y efectividad. Los cambios en la definición de organización criminal y los umbrales de pena de los delitos fin tienen un impacto directo en la aplicación de la prisión preventiva, dificultando la acreditación de la prognosis de pena y generando debates sobre la aplicación de la retroactividad benigna. Es el caso del levantamiento del secreto bancario, la imposición de plazos más cortos para el bloqueo de cuentas podría dificultar el rastreo exhaustivo de activos ilícitos.
ESTUDIO SOBRE LA TRATA DE PERSONAS COMO DELITO FUENTE AL LAVADO DE ACTIVOS / 19
© Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Tacna (FPEMA TACNA)
Tabla Nro. 1
Comparativa de la Definición de “Organización Criminal” y “Delito Grave”
Criterio
Ley N° 30077 (Interpretación Pre-Reformas)
Ley N° 32108 (09/08/2024)
Número de integrantes Tres o más personas Tres o más personas
Estructura/ Concertación
Agrupación destinada a cometer delitos, con cierta estructura y permanencia.
Permanencia
Finalidad Principal
Requisito "Cadena de Valor"
Delitos Objeto/ Gravedad
Carácter estable o por tiempo indefinido.
Cometer delitos graves.
Grupo con compleja estructura desarrollada, mayor capacidad operativa, roles correlacionados
Carácter estable, permanente
Obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico 5
Ley N° 32138 (19/10/2024)
Tres o más personas
Grupo con compleja estructura desarrollada, mayor capacidad operativa, concertada y coordinada, reparto de roles
Carácter permanente o por tiempo indefinido
Obtener, directa o indirectamente, beneficios económicos o en todo caso otros de orden material
No explícito. Sí, explícito y central No, eliminado
Delitos graves (diversos umbrales según interpretación o delitos específicos listados).
Delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años
Delitos sancionados con pena privativa de libertad igual o mayor a cinco años en su extremo mínimo
Las Leyes N° 32108 y N° 32138 han reconfigurado significativamente el marco legal peruano contra el crimen organizado. Si bien la Ley N° 32138 corrigió algunos de los aspectos más controvertidos de la Ley N° 32108, como el requisito de la cadena de valor, persisten serias preocupaciones sobre si las nuevas disposiciones permiten una lucha eficaz contra la criminalidad organizada. El debate se centra en el equilibrio entre la necesidad de dotar al Estado de herramientas contundentes y la protección de las garantías fundamentales. Los desafíos futuros incluyen alcanzar un consenso técnico sobre la definición de organización criminal, asegurar la aplicabilidad efectiva de la ley, fortalecer las capacidades institucionales y monitorear el impacto real de estas reformas. Aunque, resulta claro que, pese a las modificatorias, el Ministerio Público ha continuado con las investigaciones por crimen organizado, en cumplimiento de su mandato constitucional.
II. Conceptualización sobre el lavado de activos (LA), o blanqueo de capitales
Proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de fuentes lícitas. En Perú, el delito de LA está tipificado en el Decreto Legislativo N° 1106. Una característica fundamental de este delito es su autonomía respecto del delito que generó las ganancias ilícitas. Esto significa que no se requiere una condena previa por el delito fuente (como la trata de personas) para investigar y sancionar el LA. El proceso de lavado se describe tradicionalmente en tres etapas: colocación, intercalación o estratificación, e integración.
Decreto Legislativo N° 1106, Lucha eficaz contra el Lavado de Activos: Establece el marco legal para la prevención, detección, investigación y sanción del LA. La Ley N° 32209 de fecha 20 de diciembre de 2024, modifica la Ley N° 27693, Ley que crea la UIF-Perú, incorporando el Artículo 3-B, que faculta a las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) a requerir a la UIF-Perú el congelamiento administrativo de fondos o activos presuntamente vinculados al delito de extorsión, con conocimiento del Ministerio Público, bajo condiciones de urgencia y pruebas sustentatorias.
La Ley N° 32209 tiene por finalidad explícita la modificación de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia FinancieraPerú (UIF-Perú), con el objetivo de reforzar la lucha contra la extorsión. El objetivo último es determinar si, en un balance ponderado, la reforma legislativa constituye un avance o, por el contrario, un retroceso en el marco legal y la protección de las garantías ciudadanas en el Perú. La urgencia por dotar al Estado de herramientas más contundentes y expeditivas para enfrentar la extorsión es comprensible. Sin embargo, esta necesidad no puede desvincularse de la observancia de los límites que impone un Estado Constitucional de Derecho.
La promulgación de esta ley podría interpretarse como una manifestación de una tendencia legislativa más amplia,
orientada hacia el fortalecimiento de las facultades de los órganos de persecución penal y de inteligencia financiera, sin embargo, no debe menoscabar las garantías procesales y sustantivas a fin de priorizar la celeridad, como el congelamiento administrativo de fondos sin una orden judicial previa. Esta agilidad se consigue, en apariencia, a expensas de un control judicial ex ante, lo que refleja una priorización de la eficacia represiva sobre la salvaguarda de garantías en las etapas iniciales de la intervención estatal.
Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema de Justicia: La jurisprudencia peruana, en particular los Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema, ha sido fundamental para clarificar la interpretación y aplicación de las leyes sobre trata de personas y lavado de activos. Han establecido criterios jurisprudenciales vinculantes sobre TdP (N° 6-2019/CJ-116, N° 4-2023/CIJ-112) y LA (N° 03-2010/CJ-116, N° 07-2011/CIJ-116, Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/ CIJ-433), orientando la interpretación y aplicación de la ley.
© UNODC. OIT, OIM Campamento forense (Tumbes, 2023). Entrenamiento simulado en inmueble incautado.
Sobre Trata de Personas:
à Acuerdo Plenario N° 6-2019/CJ116: Definió la TdP como un “delito proceso” cuyo bien jurídico protegido es la dignidad humana, enfatizando la instrumentalización de la persona.
à Acuerdo Plenario N° 4-2023/CIJ-112: Reiteró que la explotación no necesita concretarse para la tipificación del delito y diferenció “transportar” de “trasladar”. Distinguió la explotación laboral en el contexto de trata de meras infracciones laborales y abordó la trata de NNA y la venta de niños como fines específicos.
Sobre Lavado de Activos:
Acuerdos Plenarios N° 03-2010/CJ116, N° 07-2011/CIJ-116 y Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ433: Han consolidado la autonomía del delito de LA, estableciendo que no se requiere una condena previa por el delito fuente para procesar y sancionar el LA. Se ha enfatizado la importancia de la prueba indiciaria para acreditar el conocimiento del origen ilícito de los activos.
Sobre Crimen Organizado:
à Acuerdos Plenarios N° 08-2019/CIJ116 y N° 10-2019/CIJ-116: emitidos por la Corte Suprema de Justicia del Perú el 10 de septiembre de 2019, son cruciales para unificar la jurisprudencia penal en la lucha contra la criminalidad organizada. El AP 08-2019 aborda las diferencias hermenéuticas entre organización criminal, banda criminal y delitos cometidos por integrantes de una organización criminal, mientras que el AP 10-2019 se centra en la Organización criminal y técnicas especiales de investigación (TEI). Estos acuerdos buscan uniformizar la interpretación y aplicación de las normas penales ante la complejidad de estas formas delictivas y regular el uso de las TEI, respondiendo a la necesidad de criterios coherentes para los operadores de justicia.
El Acuerdo Plenario N° 08-2019/ CIJ-116: distingue entre organización criminal (Art. 317 CP) y banda criminal (Art. 317-B CP), dejando un vacío punitivo para la “delincuencia común urbana”. La diferencia es cualitativa, basada en la complejidad organizacional y la trascendencia del proyecto delictivo. Así, una organización criminal (Art. 317 CP) tiene mayor complejidad estructural y logística, jerarquía, planificación sofisticada, capacidad para activar economías ilegales, mínimo tres personas, vocación de permanencia y delitos graves. En tanto, una banda criminal (Art. 317-B CP) presenta una estructura simple, constitución básica, accionar menos complejo, permanencia parcial, muy débil e incipiente, a partir de dos personas, delitos comunes de despojo (robo, extorsión) que afectan la seguridad ciudadana.
Tabla Nro. 2
Cuadro Comparativo: Organización Criminal vs. Banda Criminal (basado en AP 08-2019/CIJ-116)
Criterio Diferenciador
Estructura/ Complejidad
Permanencia/ Estabilidad
Número de Miembros
Roles/Jerarquía
Finalidad/ Tipo de Delitos
Modus Operandi
Organización Criminal (Art. 317 CP)
Alta complejidad, jerarquizada, con roles definidos, planificación sofisticada, posible financiación.
Vocación de permanencia, estabilidad duradera, periodicidad en el accionar.
Banda Criminal (Art. 317-B CP)
Estructura simple, básica, sin complejidad operativa o funcional significativa.
Permanencia parcial, débil, incipiente, menor estabilidad.
Mínimo tres (3) o más personas. Dos (2) o más personas.
Roles definidos, estructura usualmente jerárquica o con clara división de funciones.
Comisión de delitos graves, activación de economías ilegales, corrupción, impacto sistémico.
Sofisticado, planificado, uso de corrupción y violencia estratégica.
Nivel de Planificación Alto, estratégico, a largo plazo.
Ámbito Geográfico
Puede ser amplio, incluso transnacional (implícito en la complejidad y capacidad operativa).
Roles menos definidos, estructura más horizontal o simple.
Comisión de delitos comunes (despojo, robo, extorsión), afectación a la seguridad ciudadana.
Rutinario, basado en sorpresa, asalto, violencia directa.
Básico, táctico, a corto plazo.
Generalmente local o de alcance limitado.
Análisis del Acuerdo Plenario N° 10-2019/CIJ-116: Organización Criminal y Técnicas Especiales de Investigación. Este acuerdo regula las TEI en el marco de la Ley N° 30077, reconociendo la insuficiencia de métodos tradicionales frente al crimen organizado. Busca un equilibrio entre la eficacia investigativa y el respeto a los derechos fundamentales.
Principios Rectores para las TEI:
Legalidad: Previsión legal expresa.
Proporcionalidad: Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
Subsidiariedad: Aplicación cuando otros medios son insuficientes.
Reserva Judicial: Autorización judicial para TEI que afecten gravemente derechos fundamentales.
Técnicas Específicas y Requisitos:
Agente Encubierto/Especial: Miembro policial o particular infiltrado. Crucial diferenciar del agente provocador (quien instiga un delito no preexistente, cuya prueba es nula).
Videovigilancia (Art. 207 CPP), Drones e Imágenes Satelitales: Uso regulado, sujeto a filtro de constitucionalidad y certificación de autenticidad.
Interceptación de Comunicaciones: Con autorización judicial motivada.
Circulación y Entrega Vigilada de Bienes Delictivos: Permite el tránsito vigilado de remesas ilícitas, con autorización fiscal y judicial para envíos postales.
La regulación detallada de cada una de estas técnicas y sus específicos requisitos evidencia la constante tensión entre la necesidad de obtener información crucial para desarticular organizaciones criminales y la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. A continuación, se presenta una tabla que resume las principales TEI, sus requisitos y la autoridad competente:
© FEMA Maynas y Marina de Guerra del Perú
Tabla Nro. 3
Principales Técnicas Especiales de Investigación: Requisitos y Autoridad Competente (Fiscal/Judicial)
Técnica Especial de Investigación
Agente Encubierto
Agente Especial
Descripción Breve
Policía infiltrado con identidad supuesta.
Particular captado que colabora desde dentro.
Requisitos Clave/ Principios Aplicables
Legalidad, proporcionalidad, necesidad, subsidiariedad, no provocación. Reserva de identidad.
Legalidad, proporcionalidad, necesidad, subsidiariedad, no provocación. Monitoreo policial.
Autoridad que Autoriza/ Controla
Fiscal autoriza. Juez autoriza actos que afecten DD.FF. graves.
Videovigilancia (general)
Videovigilancia con Drones
Uso de Imágenes
Satelitales
Interceptación de Comunicaciones
Circulación y Entrega Vigilada
Observación y grabación de lugares o personas sin su conocimiento.
Uso de drones para captar imágenes / videos.
Empleo de imágenes de satélite para investigación.
Escucha y grabación de comunicaciones (telefónicas, radiales, etc.).
Permitir el tránsito vigilado de bienes delictivos.
Legalidad, proporcionalidad, indispensabilidad reserva.
Legalidad, proporcionalidad, necesidad. Superar filtro de constitucionalidad.
Certificación de circunstancias, autenticidad (posible prueba sobre prueba).
Legalidad, proporcionalidad, necesidad, reserva. Motivación judicial.
Legalidad, proporcionalidad, necesidad. Cooperación internacional.
Fiscal autoriza. Juez autoriza actos que afecten DD.FF. graves.
Fiscal o Juez según afectación a DD.FF. (Art. 207 CPP).
Fiscal o Juez según afectación a DD.FF.
Fiscal solicita, Juez valora.
Juez de la Investigación Preparatoria.
Fiscal. Autorización judicial para apertura de envíos postales.
Los AP 08-2019 y 10-2019 son sinérgicos: el primero define al sujeto de la persecución (organización/ banda) y el segundo las herramientas (TEI). La correcta calificación según el AP 08-2019 fundamenta la necesidad y proporcionalidad de las TEI del AP 10-2019.
Conclusiones Ejecutivas:
El AP 08-2019 clarifica la distinción entre organización y banda criminal, evitando impunidad y aplicaciones desproporcionadas.
El AP 10-2019 legitima y regula las TEI bajo principios garantistas y control judicial.
Recomendaciones Estratégicas:
1. Capacitación continua a operadores de justicia sobre los criterios de ambos acuerdos.
2. Estandarización de protocolos interinstitucionales (Fiscalía-Policía) para las TEI.
3. Inversión en tecnología y fortalecimiento pericial para la aplicación de TEI y análisis de pruebas.
4. Monitoreo jurisprudencial y adaptación normativa ante la evolución de la criminalidad.
5. Difusión y debate académico para una mejor comprensión y aplicación.
La efectividad de estos acuerdos depende de su rigurosa aplicación y de la adaptación continua del sistema de justicia.
Recursos Extraordinarios de Casación: Los recursos de casación en materia penal viene a ser un medio de impugnación extraordinario que solo puede ser interpuesto contra ciertas resoluciones expresamente previstas por ley y por motivos taxativamente numerados y establecidos en el artículo 427 en el código procesal penal. Teniendo como objeto principal anular una sentencia judicial en un caso en particular cuando se considera que habido una incorrecta interpretación de la ley o se ha vulnerado el debido proceso. Por lo que resulta necesario destacar las siguientes casaciones:
à Lavado de activos: Presupuestos del congelamiento administrativo de fondos [Casación 33-2018, Nacional].
El congelamiento administrativo de fondos, en virtud a esta legislación, (i) es una medida de carácter preventivo dispuesta por la UIF-Perú, motu proprio o a pedido del Ministerio Público; (ii) se impone como resultado del análisis de un caso y ha de estar sustentada –en tanto en cuanto se configure de manera concurrente los presupuestos a) de urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y b) de necesidad de su adopción por la dimensión y naturaleza de la investigación–; (iii) consiste en la
prohibición del retiro, transferencia, uso conversión, disposición o movimientos de fondos u otros activos que se presumen están vinculados a los delitos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, sin generar la pérdida del derecho de propiedad sobre los fondos o activos afectados; y, (iv) se mantiene mientras no se revoque por decisión del Poder Judicial. Desde su naturaleza jurídica, la medida de congelamiento administrativo nacional de fondos u otros activos.
à Autonomía del lavado de activos: basta acreditar que el agente conocía o pudo presumir la actividad criminal antecedente [Casación 1723-2018, Puno]
Resulta innecesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria, basta con acreditar que el agente penal conocía o pudo presumir la actividad criminal antecedente.
El titular de la acción penal, en su postulación acusatoria, deberá ser claro al establecer los presuntos orígenes maculados de los bienes, dinero o ganancias objeto de blanqueo y dependerá de la valoración por parte del órgano jurisdiccional de la prueba sometida al contradictorio la que permitirá verificar la responsabilidad del agente penal o, en su defecto, dictar su absolución, para tal fin podrá dirigir su análisis indistintamente a la prueba directa y/o indiciaria, siendo esta última la de mayor incidencia en estos casos.
à ¿Es indispensable una pericia contable en la investigación del delito de lavado de activos? [Casación 263-2020, Puno]
“El perito contador concluye que no es posible determinar la ganancia líquida de la acusada Fortunata Apaza Lampa por falta de información relacionada a su régimen tributario” y “que si bien se ha cumplido con la realización de la pericia ampliatoria su objeto no ha sido satisfecho del todo”. Al respecto, se precisa que, si bien una pericia contable es necesaria para contar con una opinión técnica, esta no es indispensable, ya que la verdadera naturaleza jurídica del lavado no es el desbalance patrimonial, sino que “reprime el ingreso al circuito financiero de dinero sucio obtenido de actividades ilícitas”.
Ley N° 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú): creación de una unidad especializada adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que funciona como la entidad central del Perú para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Su labor consiste en recibir, analizar y evaluar los reportes de operaciones sospechosas provenientes de diversas entidades obligadas, para luego transmitir la información de inteligencia financiera al Ministerio Público y otras autoridades competentes, facilitando así la persecución penal de estos delitos conforme a lo estipulado en su ley de creación y su reglamento.
Ley N° 32209 que modifica la Ley N° 27693, Ley que crea la unidad de inteligencia financiera-Perú: introduce dos modificaciones cruciales en el ordenamiento jurídico peruano, diseñadas para fortalecer la lucha contra el delito de extorsión mediante la intervención rápida en los flujos financieros y las comunicaciones de las organizaciones criminales.
à La innovación más significativa es la incorporación del Artículo 3-B a la Ley N° 27693, que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a disponer el congelamiento administrativo de fondos y activos presuntamente vinculados al delito de extorsión. Esta medida, activada a solicitud de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y sustentada en pruebas iniciales, busca cortar de manera expedita
el financiamiento de las redes delictivas. Su operatividad ha sido reglamentada por el Decreto Supremo N° 007-2025JUS, que establece un plazo de 24 horas para que la PNP comunique la solicitud a la fiscalía competente, asegurando así la supervisión del Ministerio Público y el Poder Judicial.
à La segunda modificación relevante es la adición del Artículo 37-B al Código de Ejecución Penal, que autoriza a la PNP, en el marco de sus acciones de inteligencia, a interceptar comunicaciones ilegales que se originen desde los establecimientos penitenciarios. Esta norma reconoce la realidad de que numerosos delitos, incluyendo la extorsión, son planificados y dirigidos desde el interior de las cárceles, y busca neutralizar este foco delictivo.
A continuación, se presenta una tabla que resume las principales modificaciones introducidas:
Tabla Nro. 4
Resumen de Modificaciones Introducidas por la Ley N° 32209
Norma Modificada o Complementada
Ley N° 27693
Artículo Incorporado o Modificado
Artículo 3-B
Ley 32209 Ley 32209
Decreto Legislativo N° 654
Reglamento de la Ley N° 27693 (D.S. N° 020-2017-JUS)
Elaboración propia
Artículo 37-B
Código de Ejecución Penal
Artículos 8-A, 9-A, 10-A (nuevos, vía D.S. N° 007-2025JUS)
Descripción del Cambio Principal
Otorga a la UIF-Perú, a solicitud de unidades especializadas de la PNP, la facultad de disponer el congelamiento administrativo nacional de fondos o activos presuntamente vinculados al delito de extorsión.
Faculta a la PNP, en ejercicio de sus acciones de inteligencia, a interceptar las comunicaciones ilegales que provengan de los establecimientos penitenciarios con la finalidad de prevenir, investigar y perseguir el delito.
Faculta a la PNP, en ejercicio de sus acciones de inteligencia, a interceptar las comunicaciones ilegales que provengan de los establecimientos penitenciarios con la finalidad de prevenir, investigar y perseguir el delito.
Establece el procedimiento para el congelamiento administrativo: solicitud de la PNP, comunicación a la fiscalía (24h), disposición por la UIF-Perú, comunicación inmediata al juez, supervisión del MP y PJ, y posible devolución de fondos a víctimas.
El objetivo primordial y declarado de la Ley N° 32209 es hacer más efectiva la respuesta estatal frente al delito de extorsión. Este delito, por su naturaleza, está estrechamente vinculado a las economías ilegales y a la trata de personas en sus diversas formas de explotación, así como a los delitos conexos, afectando tanto a personas naturales como a jurídicas. La celeridad en la inmovilización de activos vinculados al delito es una de las ventajas más destacadas del nuevo mecanismo que permitirá una actuación casi inmediata para inmovilizar los fondos o activos obtenidos a través de la extorsión, evitando así que sean rápidamente transferidos, retirados u ocultados por los delincuentes.
Otro aspecto particularmente positivo, introducido por el Decreto Supremo N° 007-2025-JUS, es la previsión de que el Ministerio Público, durante la vigencia de la medida de congelamiento administrativo, pueda disponer la devolución de los fondos o activos congelados a las víctimas del delito de extorsión, siempre que se acredite debidamente su origen. Esta disposición representa un avance significativo, ya que también se enfoca en la reparación del daño causado a la víctima. La posibilidad de recuperar los bienes o el dinero perdido puede tener un impacto muy importante en la restauración de la situación patrimonial de las y los afectados.
© Carlos Oliva Navarro
Alineación con estándares internacionales (GAFI/GAFILAT):
Se ha señalado que la implementación de estas medidas, en particular las referidas al congelamiento de activos, busca alinear al Perú con los estándares y recomendaciones internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El cumplimiento de estos estándares es fundamental no solo para mejorar la eficacia de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), sino también para la reputación internacional del país y su inserción en el sistema financiero global.
A pesar de las intenciones loables y los potenciales beneficios descritos, la Ley N° 32209, y en particular el mecanismo de congelamiento administrativo de fondos suscita controversias y plantea importantes riesgos desde la perspectiva de los derechos fundamentales y las garantías procesales. El primero vinculado al núcleo de la controversia que radica en la naturaleza administrativa y la ausencia de control judicial previo para la adopción de una medida tan gravosa como el congelamiento de fondos o activos.
Comparativa con Estándares
Internacionales: si bien se ha argumentado que la ley busca una alineación con los estándares del GAFI y GAFILAT en la lucha contra el LA/FT, es crucial analizar si el modo específico de implementación del congelamiento administrativo (sin orden judicial previa) es plenamente compatible con los estándares internacionales de derechos humanos, que también emanan de tratados y convenciones suscritas por el Estado peruano. Modelos comparados, como los de España o Estados Unidos, que han sido citados en análisis sobre la norma peruana, suelen requerir una intervención judicial para disponer el congelamiento de activos, precisamente como una salvaguarda contra posibles abusos y como garantía de un debido proceso. La eficacia en la lucha contra el crimen no puede ser el único parámetro si ello implica desatender los compromisos
internacionales en materia de protección de derechos humanos.
La Ley N° 32209, junto con su normativa reglamentaria, representa un cambio de paradigma en las estrategias de investigación patrimonial en el Perú. Al priorizar la celeridad a través de un mecanismo administrativo de congelamiento de fondos, la supervisión judicial y fiscal posterior será clave para garantizar la legalidad de las intervenciones y la protección de los derechos fundamentales, previniendo posibles abusos en la aplicación de una medida restrictiva como el congelamiento administrativo de activos.
Decreto Legislativo N° 1373, sobre Extinción de Dominio
Regula el proceso autónomo de carácter patrimonial para declarar la pérdida de propiedad de bienes de origen o destino ilícito. La Ley N° 32326 (09/05/2025) modificó sustancialmente este decreto con cambios que incluyen: la ampliación del ámbito de aplicación a más delitos (Art. I del Título Preliminar); la precisión sobre la autonomía del proceso, que ahora requiere sentencia firme en el proceso penal, civil o arbitral, excepto para delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio, donde no se necesita dicha sentencia previa (Art. II, num. 2.3); la modificación de la carga de la prueba (Art. II, num. 2.9); la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio (modifica Art. 3, que ahora prescribe en cinco años desde la sentencia firme o laudo); y ajustes en las medidas cautelares y notificaciones.
Ley N° 32213, Ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo del Proceso de Formalización Minera Integral (PFMI) y enmiendas
La Ley N° 32213, promulgada el 27 de diciembre de 2024, otorga al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la rectoría sobre el Proceso de Formalización Minera Integral (PFMI) para la pequeña minería y minería
artesanal, extendiendo su vigencia hasta el 30 de junio de 2025, con posibilidad de prórroga. Para fortalecer la supervisión, la ley crea el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) con el fin de garantizar la trazabilidad de las operaciones. No obstante, la implementación de esta ley ha mostrado una notable inestabilidad regulatoria, ya que su reglamento, el Decreto Supremo N° 009-2025-EM publicado el 18 de mayo de 2025, fue modificado sustancialmente apenas catorce días después por el Decreto Supremo N° 010-2025-EM. Esta rápida secuencia de aprobación y rectificación en aspectos medulares sugiere una posible deficiente evaluación de impacto ex ante, generando un clima de incertidumbre en este sector crucial.
- Ejes Centrales del DS N° 009-2025-EM y sus modificaciones por DS N° 010-2025EM
1. Rectoría del MINEM y el Sistema Interoperable (SIPMMA): el DS N° 0092025-EM operativiza la rectoría del MINEM en la formalización y aprueba la implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), concebido como una plataforma tecnológica para la trazabilidad (incluyendo GPS), supervisión y control de la MAPE, su financiamiento se prevé con cargo al presupuesto del MINEM. Si bien la centralización de la rectoría y una herramienta como el SIPMMA podrían teóricamente unificar criterios y mejorar la fiscalización, su éxito depende de la efectiva capacidad técnica, presupuestal y de coordinación interinstitucional del MINEM (Universidad del Pacífico, 2024). La apuesta por el SIPMMA, aunque positiva en su intención, podría generar una percepción de control superficial si no se abordan los problemas estructurales de la informalidad, como el acceso a financiamiento, asistencia técnica, derechos sobre la tierra y la corrupción que facilita la operación ilegal.
2. Una controversia significativa surgió con la introducción de la “sucesión hereditaria” en el Registro de Formalización Minera (REINFO) a través del Decreto Supremo N° 009-2025-EM, la cual permitía la transferencia de la inscripción por fallecimiento del minero informal. Esta medida fue ampliamente criticada por desnaturalizar el carácter personalísimo y transitorio del REINFO, generando preocupaciones sobre la perpetuación y posible mercantilización de la minería informal. En respuesta a estas críticas y con el objetivo de resguardar la naturaleza temporal del proceso de formalización, dicha disposición fue acertadamente derogada catorce días después mediante el Decreto Supremo N° 010-2025-EM.
Se recomienda fundamentalmente:
Estabilidad y Previsibilidad Normativa: Adoptar un enfoque consultivo y técnicamente sólido en la elaboración de normas, evitando cambios abruptos que minan la confianza legítima.
Fortalecimiento de la Gobernanza Multinivel: Reestablecer y potenciar mecanismos formales de coordinación y colaboración con los GOREs, reconociendo su rol crucial.
Estrategia Integral contra la Informalidad e Ilegalidad: Complementar el SIPMMA con medidas que ataquen las causas estructurales de la minería ilegal y una lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado.
Transparencia y Hoja de Ruta clara para SIPMMA: Publicar un cronograma detallado y realista para la plena operatividad del SIPMMA, asegurando recursos y capacitación.
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Sección III
Caracterización de las Principales Economías Ilegales, el Crimen Organizado y la Trata de Personas como delito fuente al Lavado Activos
I.
Trata de Personas
Desde un enfoque de derechos humanos, la TdP atenta contra la dignidad de las personas, esto ha sido ratificado por la Corte Suprema de Perú, a través de diversos Acuerdos Plenarios, que han establecido que el bien jurídico protegido es la dignidad humana, al considerar que la trata instrumentaliza y cosifica a la persona. Desde el punto de vista socioeconómico y criminológico, la TdP es una actividad criminal que busca maximizar beneficios mediante la instrumentalización de seres humanos. Su alta rentabilidad y el bajo riesgo percibido por los tratantes impulsan su expansión y la convierten en una fuente de ingreso para diversas actividades ilícitas.
Comprendiendo que, la trata es un delito complejo, relacionado con factores estructurales como pobreza, exclusión, desigualdad de género, entre otras y que, muchas veces ocurre en contexto de economías ilegales y de criminalidad organizada, su abordaje requiere una visión multidimensional que incluya tanto la persecución e investigación desde la intervención de diversos subsistemas especializados del binomio Ministerio Público – Policía Nacional, como la prevención estructural, resulta indispensable.
De acuerdo con el análisis de Jeannette Llaja Villena sobre la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2024, la principal conclusión es que las mujeres dedican considerablemente más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado; ya sea entre semana o fin de semana, esta labor ocupa el 20% del día de una mujer, mientras que la dedicación del hombre es la mitad de ese tiempo. El estudio desmiente la expectativa de que las nuevas generaciones son más igualitarias, ya que la brecha se acentúa en los jóvenes; en el rango de 20 a 29 años, las mujeres realizan
más del triple de trabajo doméstico que los hombres (+208%). Esta sobrecarga, vinculada a la responsabilidad del cuidado de los hijos y a la falta de servicios de cuidado, impacta directamente las posibilidades de las mujeres de acceder al mercado laboral, donde la brecha de ocupación se incrementa en 10 puntos con el primer hijo. Llaja propone dos caminos urgentes: priorizar la transversalización del enfoque de género en la educación para erradicar estereotipos, aclarando que esta medida nunca se implementó a cabalidad por objeciones políticas y judiciales; y colocar nuevamente en la agenda pública la demanda por un sistema nacional de cuidados con enfoque de género. La premisa es que el cuidado no puede recaer solo en las mujeres ni en las familias, sino que es una responsabilidad compartida en la que el Estado debe dar soporte1.
Dicha vulnerabilidad económica es un factor de riesgo crítico que expone a las mujeres, especialmente a las más jóvenes y con menos redes de apoyo, a diversas formas de explotación, incluida la trata de personas. Al tener menos vías para lograr su independencia financiera, se encuentran en mayor situación de riesgo frente a redes criminales que operan con engaños a través ofertas de empleo. Por ello, el análisis subraya la urgencia de implementar un sistema nacional de cuidados con enfoque de género y priorizar la educación para erradicar estereotipos, no solo como una política de igualdad, sino como una medida de protección indispensable para mitigar los riesgos que enfrentan las mujeres.
1.1 Modalidades de explotación y caracterización
Se han identificado seis modalidades de explotación, sexual, laboral, mendicidad forzada, matrimonio servil, extracción de órganos y criminalidad forzada. Las principales víctimas son mujeres jóvenes, adolescentes, migrantes y personas indígenas.
1 Llaja Villena, J. (2025). La ENUT 2024, la novedad de que no hay grandes novedades.
Vulnerabilidades diferenciadas por Género:
à Mujeres y Niñas: Constituyen la mayoría de las víctimas, especialmente en la explotación sexual, debido a la feminización de la pobreza, la violencia de género preexistente y la cosificación. Las mujeres migrantes enfrentan una vulnerabilidad exacerbada. La ENUT 2024 evidencia la sobrecarga de trabajo no remunerado como un factor de vulnerabilidad.
à Hombres y Niños: Son víctimas principalmente de explotación laboral en sectores como la minería, la tala y la agricultura, y en menor medida, de explotación sexual. Las normas sociales de masculinidad pueden dificultar que reconozcan su victimización y busquen ayuda.
à Personas LGBTIQ+: Enfrentan una vulnerabilidad particular, especialmente las personas trans, a la explotación sexual y laboral, debido a múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión.
Impactos Diferenciados y Respuesta Institucional: Las mujeres y niñas sufren graves impactos físicos, psicológicos y sociales. La respuesta institucional debe incorporar un enfoque de género transversal en la identificación, prevención, asistencia, investigación, persecución y sanción, aunque persisten desafíos como la capacitación insuficiente, los estereotipos de género y la escasez de recursos.
Tabla Nro. 5
Tipologías de Trata de
Personas
Identificadas en Perú
Finalidad de Explotación Modus Operandi
Caracterización de Víctima
Zonas de Mayor Incidencia
Vínculo con Otras Economías Ilegales
Explotación Sexual
Engaño (falsas ofertas de empleo bien remunerado, modelaje, becas de estudio), seducción ("loverboy"), coacción (amenazas, violencia), rapto, abuso de vulnerabilidad.
Mayoritariamente mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA), con énfasis en niñas y adolescentes mujeres. Peruanas y extranjeras (principalmente venezolanas, colombianas, ecuatorianas). Alta vulnerabilidad socioeconómica, desestructuración familiar, bajo nivel educativo. Personas LGBTIQ+
Lima (distritos céntricos y periféricos), Cusco (turismo), Arequipa, Loreto (Iquitos), Madre de Dios (minería), Puno (La Rinconada, Juliaca), Tumbes (frontera). Zonas turísticas, mineras, de frontera y grandes ciudades.
Narcotráfico (explotación sexual en campamentos cocaleros o para miembros de la organización criminal), Minería Ilegal (bares, prostíbulos clandestinos en zonas mineras), Tala Ilegal (en menor medida).
Explotación
Laboral
Engaño (falsas promesas de trabajo con buenas condiciones y salario), deudas fraudulentas (servidumbre por deudas), coacción (retención de documentos, amenazas, violencia física o psicológica), aislamiento.
Hombres, mujeres y NNA. Peruanos (provenientes de zonas rurales andinas y amazónicas) y Migrantes en situación irregular. Situación de vulnerabilidad económica, bajo nivel educativo, desconocimiento de derechos laborales.
Madre de Dios, Puno, La Libertad (minería ilegal); Ucayali, Loreto, San Martín (tala ilegal, agricultura, narcotráfico); VRAEM (narcotráfico); zonas agrícolas de la costa (agroexportación); trabajo doméstico (grandes ciudades, a nivel nacional).
Minería Ilegal (trabajo forzoso en extracción, transporte), Narcotráfico (cultivo, cosecha y procesamiento de hoja de coca, "correos humanos"), Tala Ilegal (extracción y transporte de madera), Agricultura (trabajo forzoso en haciendas).
Mendicidad Forzada
Venta de NNA/ Adopción
Irregular
Engaño a padres o tutores (padrinazgo), coacción, engaño a personas con discapacidad o adultos mayores.
Engaño a madres gestantes en situación de vulnerabilidad, falsificación de documentos
Principalmente
NNA, personas con discapacidad y adultos mayores. A menudo transportados desde sus lugares de origen.
Recién nacidos, niños y niñas de corta edad. Madres jóvenes y/o en extrema pobreza.
Fuente: Elaboración propia con base en Entrevistas
Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, zonas turísticas, paraderos de transporte público y mercados.
Cusco
Zonas con alta vulnerabilidad materna e infantil, hospitales con débiles controles, zonas de frontera.
A menudo vinculada a redes organizadas que controlan territorios específicos para la mendicidad que se apropian de las ganancias.
Puede estar vinculada a redes de falsificación de documentos, corrupción en sistemas de registro civil o de adopción, y a la demanda nacional o internacional de adopciones ilegales.
aplicadas a operadores en regiones (2025), Meini Méndez (s.f.-a), Rodríguez Salinas (s.f.), Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (2023).v
El Perú enfrenta un espectro diverso y profundamente arraigado de economías ilegales que, junto con las estructuras del crimen organizado, plantean desafíos sustanciales para la seguridad, la economía y la estabilidad institucional del país. A continuación, se desarrollan algunas de ellas y su interconexión, en base a las regiones priorizadas.
II. Narcotráfico
El Perú continúa siendo uno de los principales países productores de hoja de coca y cocaína a nivel mundial. Para el año 2023, se registraron 92,784 hectáreas de cultivos de coca en producción, concentradas principalmente en regiones como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), Inambari-Tambopata, el Bajo Amazonas, Alto Huallaga, Ucayali, Loreto y Cusco. Esta economía ilegal no solo genera graves consecuencias socioambientales como la deforestación y la expansión de fronteras agrícolas ilegales, sino que también fomenta un entorno de violencia, corrupción y el debilitamiento del control estatal en estos territorios.
Este contexto de violencia, informalidad y escasa presencia estatal crea las condiciones para la proliferación de otros delitos graves, como la trata de personas y sus diversas formas de explotación. En estas zonas, las víctimas son sometidas a explotación laboral en condiciones precarias y peligrosas, así como a explotación sexual, directamente vinculadas a las actividades del narcotráfico. Por ello, los datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) 2 sobre la superficie y ubicación de los cultivos de coca son cruciales, ya que permiten identificar con mayor precisión las áreas de alta vulnerabilidad donde la trata de personas puede estar más presente, sirviendo como una herramienta fundamental para el diseño de políticas de intervención y protección.
III. Minería ilegal
La extracción no autorizada de minerales, principalmente oro, representa otra economía ilegal de gran envergadura en el Perú. Conlleva graves impactos socioambientales, como la contaminación con mercurio y cianuro, y la deforestación masiva, especialmente en la Amazonía. Las principales zonas afectadas son Madre de Dios, Puno y La Libertad. Esta actividad tiene nexos directos con la trata de personas para explotación laboral y sexual, la extorsión y el sicariato.
IV. Impacto Diferenciado de la Minería Artesanal en Mujeres
De acuerdo con el estudio de OXFAM3, la expansión de la actividad minera en la sierra sur andina tiene un efecto diferenciado sobre las mujeres, incrementando su carga de trabajo total. El informe señala que «las actividades extractivas tienen un impacto distinto en la vida y el cuerpo de las mujeres». Se explica que «la expansión extractiva incrementa el trabajo de las mujeres en sus comunidades y dentro de sus familias, ya que los varones son quienes se dedican principalmente a la minería, mientras que las mujeres asumen la mayoría de las responsabilidades en el hogar». Esta sobrecarga no se limita al cuidado, pues el texto especifica que en las comunidades de los Andes peruanos el espacio doméstico también es de producción, por lo que «las labores de cuidado se amplían a actividades vinculadas a la agricultura y la ganadería». Adicionalmente, el documento identifica graves problemas sociales que afectan directamente a las mujeres en los nuevos contextos mineros. Por un lado, se describe el surgimiento de roles laborales altamente precarios, como el de las pallaqueras, quienes «se dedican a buscar los residuos de mineral en los desmontes que quedan de la extracción; los recogen y, luego, los separan de la piedra a través de un proceso en el que usan
2 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. (2024). Informe de monitoreo de la superficie de cultivos de coca y su vinculación con la trata de personas 2023. DEVIDA.
3 Castro Segura, C. A., & Cárdenas Farfán, E. (2023). Minería artesanal y de pequeña escala en Cusco y Apurímac: Impactos en las dinámicas locales. Grupo Propuesta Ciudadana.
mercurio». El estudio las define como «el grupo laboral más precario de la cadena de explotación de la mina ya que no solo utilizan el mercurio en sus lugares de trabajo, sino que continúan esta labor en sus viviendas, por lo que su salud puede afectarse gravemente». Por otro lado, la investigación concluye que la intensificación de la minería ha traído consigo «la trata de personas y prostitución, principalmente en Colquemarca, donde han aparecido bares y locales de servicios sexuales», así como «el alcoholismo y, en consecuencia, mayores índices de violencia hacia las mujeres».
Es importante señalar como estos mismos negocios, al ser intensivos en el manejo de efectivo, se convierten en vehículos ideales para el lavado de activos, permitiendo que las ganancias de la minería informal e ilegal se integren en la economía local. De este modo, se consolida un círculo vicioso donde la cosificación e instrumentalización de las mujeres no solo sostiene el modelo extractivo, sino que también facilita la legitimación de capitales ilícitos, entrelazando la violencia de género directamente con la criminalidad económica.
V. Tala ilegal
La extracción, transporte y comercialización ilegal de madera constituyen una amenaza persistente para los recursos forestales del Perú, especialmente en la Amazonía. Se estima que el volumen de madera de procedencia ilegal representa aproximadamente el 37% del volumen movilizado legalmente. Esta actividad está frecuentemente asociada a la corrupción, la violencia y la convergencia con otras economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
VI. Otras economías ilegales
y delitos habilitadores
Además de las mencionadas, el Perú enfrenta otras actividades ilícitas significativas:
Contrabando: Intenso en las zonas de frontera, afecta la recaudación fiscal y genera competencia desleal.
Extorsión: En alarmante expansión, afecta a diversos sectores económicos y genera un clima de miedo e inseguridad.
Pesca Ilegal: Perpetrada por actores nacionales y extranjeros, amenaza la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.
Tráfico Ilícito de Vida Silvestre: La extracción y comercio ilegal de especies de flora y fauna en peligro de extinción.
Tráfico de Tierras: La usurpación y apropiación ilegal de terrenos, a menudo mediante la violencia y la complicidad de funcionarios corruptos.
VII. Interconexión entre Trata de Personas y Otras Economías Ilegales
La trata de personas en Perú no es un fenómeno aislado, sino que converge de manera simbiótica con otras economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Esta interconexión crea un ecosistema criminal complejo donde las víctimas de trata son instrumentalizadas para facilitar y sostener estas actividades ilícitas. Las organizaciones criminales a menudo incorporan la trata de personas como una línea de negocio complementaria o un servicio de apoyo esencial. La trata se convierte en una industria de “servicios” que provee mano de obra forzada y “servicios sexuales” para los miembros de las redes delictivas. Esta funcionalidad puede ser un componente estructural para la operación y rentabilidad de estas economías en ciertos contextos, normalizando la explotación en enclaves como campamentos mineros o zonas cocaleras
Tabla Nro.6
Principales Economías Ilegales en Perú y sus Características
Economía Ilegal Magnitud Estimada/ Indicadores Clave
Narcotráfico
Minería Ilegal de Oro
92,784 ha de coca en 2023. Perú entre los principales productores de cocaína.
Regiones/Zonas Críticas
VRAEM, Huallaga, Ucayali, Loreto, Triple Frontera Amazónica.
Principales Actores Criminales Involucrados
Organizaciones locales, clanes familiares, disidencias terroristas, cárteles mexicanos, Comando Vermelho (Brasil)
Impactos Socioeconómicos y Ambientales Clave
Contrabando
Brecha significativa entre oro exportado y producido legalmente. Alto uso de mercurio. Instrumentalización del REINFO.
Diferencias impositivas con países fronterizos como motor.
Extorsión Afecta múltiples sectores.
Pesca Ilegal (INDNR)
Madre de Dios, Puno, La Libertad, Cusco, Apurímac, Amazonía.
Redes locales y regionales, empresarios ilegales, funcionarios corruptos, mineros informales amparados irregularmente en REINFO.
Zonas de frontera (Puno, Tacna, Tumbes).
Lima, La Libertad, regiones del norte y centro.
Redes transfronterizas, comerciantes informales, funcionarios
Bandas criminales locales, sicarios, redes carcelarias.
Deforestación, violencia, corrupción, debilitamiento del control estatal, adicción.
Contaminación de ríos/suelos (mercurio, cianuro), deforestación, problemas de salud, conflictos sociales, trata de personas (laboral y sexual), violencia, lavado de activos.
Evasión fiscal, competencia desleal, fomento de la informalidad.
Miedo, cierre de negocios, incremento de costos operativos, violencia.
Actividad por actores nacionales y extranjeros.
Litoral peruano, zona adyacente al ámbito marítimo.
Embarcaciones pesqueras sin autorización, redes de comercialización ilegal.
Agotamiento de stocks pesqueros, daño al ecosistema marino
Fuente: Elaboración propia con base en DEVIDA (2024a), SBS (2024b), Entrevistas en terreno (UNODC, 2025).
Interseccion entre la Trata de personas y las economías ilegales
Fuente: Elaboración propia
Tacna
de económias ilegales
de cantera y mineria ilegal
de Narcotráfico
Contrabando
Punto de acceso
de Captación empleo
Nueva (discotecas)
(discotecas) de anfitrionaje
Madre de Dios Tumbes
Captación Para fines de explotación
Bolivia Puno Tacna Tumbes
Contrabando Tala ilegal
Narcotráfico
Extracción ilegal de castaña
Minería ilegal
Región Loreto
Zona de Captación
Zona de tránsito
Zona de destino
Ruta de las organizaciones criminales vinculadas a TdP
Casos se atienden en Ucayali
Ruta
Ruta fluvial
Ruta áerea
Región Cusco
Economías ilegales
Minería Ilegal (oro y cobre)
Quispicanchis, Espiñar, Chumbivilcas
Narcotráfico
Paucartambo, La Convención
Contrabando
Lavado de activos
Finalidades de explotación
Explotación sexual
Cusco, Quispicanchis, Espinar, Chumbivilcas, La Convención, Paucartambo
Explotación laboral
Espinar, Chumbivilcas, La Convención, Paucartambo
Venta de niños, niñas
Candis, Cusco
Delitos conexos
Tráfico de ílicito de migrantes
Nacional
Zona de Captación
Zona de tránsito
Zona de destino
Región Tumbes
Nacional
Zona de Captación
Zona de tránsito
Zona de destino
Como parte de la metodología de campo del presente estudio, se desarrollaron cartografías participativas en colaboración con las y los integrantes de las Redes Regionales de Lucha Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de Cusco, Tumbes, Tacna, Loreto y Madre de Dios. Esta actividad se realizó gracias a la coordinación establecida con los Gobiernos Regionales, sus respectivas Secretarías Técnicas y la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.
En este sentido, a continuación, se desarrolla un análisis regional sobre la convergencia delictiva de la trata de personas como delito fuente al lavado de activos en su interconexión con las economías ilegales en contexto de crimen organizado:
Existe una superposición significativa entre las rutas del tráfico ilícito de drogas y las de la trata de personas. Las organizaciones criminales aprovechan la infraestructura logística, los contactos dentro y fuera de las estructuras estatales y los mecanismos de seguridad del narcotráfico para facilitar el transporte y la explotación de víctimas. Por ejemplo, la ruta Cusco-Juliaca-Puno-Desaguadero-La Paz es un corredor utilizado tanto para el narcotráfico como para la trata de personas. En la Amazonía, las redes fluviales y las fronteras con Colombia y Brasil (el llamado trapecio amazónico), son utilizadas para el transporte de cocaína y de víctimas por organizaciones criminales transnacionales. Los modus operandi incluyen el uso de víctimas como “correos humanos” para el transporte de droga, la captación de víctimas en zonas de tránsito, pero, también en caseríos ubicados en zonas de frontera o, víctimas migrantes.
Trata de Personas en Enclaves de Minería Ilegal: La minería ilegal, especialmente la aurífera, presenta una fuerte y trágica simbiosis con la trata de personas y el lavado de activos. Los enclaves mineros, caracterizados por ser aislados, informales y violentos, atraen mano de obra y crean un entorno propicio para la explotación, en zonas con poca o nula presencia del Estado.
JUNÍN
VIII. Análisis del Mapa: Rutas de Salida y Economías Ilegales en el Sur del Perú
El mapa detalla un complejo ecosistema de economías ilegales en el sur del Perú, centrado en las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno, y describe las principales rutas utilizadas para el narcotráfico y otras actividades ilícitas con destino a Bolivia.
PIRÚS
ATALAY
VRAEM
Echarati
LA CONVENCIÓN
HUANCAVELICA
Huancavelica
Ayacucho
APURÍMAC AYACUCHO
CALCA
MANU
TAHUAMANU
BRASIL
Desde el VRAEM
El punto de región Cusco).
TAMBOPATA
La Pampa" (Km 108) Mavila
Puerto Maldonado
Mazuco
PAUCARTAMBO
URUBAMBA ANTA
Cusco
ACOMAYO CUSCO
Andahuaylas Arequipa
AREQUIPA
Carretera de selva Triple frontera Perú, Bolivia y Brasil
QUISPICANCHI
CANCHIS
CARABAYA
SANDIA
Desde Echara� Cusco) u�lizando
Conexión Cusco
Desde la ciudad (provincia San Rinconada es Bolivia.
La droga proveniente (Cusco), Sicuani Conexión Cusco
Desde la ciudad Tambopata,
En Madre de Maldonado un conocido conecta con
Ruta de salida
Ruta de la droga
ESPINAR CHUMBIVILCAS
Se menciona hacia Bolivia de paso de
CANAS
Sicuani
MELGAR
PUNO
PUNO
LAMPA
SAN ROMÁN
La Rinconada
AZÁNGARO SAN ANTONIO DE PUTINA
HUANCANÉ MOHO
PUNO
Puno
Puno El Alto
YUNGUYO
CHUCUITO EL CALLAO
La Aguadita Caoña Quilahuani Susapaya Palquilla Ite
Morro de Sama
Los Palos Locumba Sama
Tacna
Santa Rosa de Lima Puesto PNP
BOLIVIA
Pachia Pallca
Pachia Calana Alfonso Ugarte
CHILE
Presencia de Minería Ilegal:
Región Puno, Zona de extracción economía de
Narcotráfico:
Región Cusco:
Desde el VRAEM pozas de maceración) Alto en Bolivia. Región Madre
Se describe la frontera con
Tala Ilegal: Región Madre madera hacia encuentran
"Los Hijos de (Ucayali) por ruta VRAEM-Bolivia regiones amazónicas
8.1. La Rinconada (Puno):
Ubicada en la provincia de San Antonio de Putina, es descrita como una zona de extracción aurífera informal e ilegal.
VRAEM (Cusco - La Convención): origen iden�ficado dentro del VRAEM es Echara� (provincia La Convención, Cusco).
Echara�, una ruta se dirige hacia Quillabamba (provincia La Convención, región u�lizando la "Carretera de selva".
Cusco - Puno hacia Bolivia:
Este enclave minero tiene una alta incidencia de trata de personas, que funciona como una economía de soporte para las actividades ilícitas de la región.
Su ubicación la convierte en un paso estratégico en la ruta de la droga que se dirige desde Juliaca hacia Bolivia.
ciudad de Cusco, existe una ruta hacia la región Puno que pasa por Juliaca San Román) y llega hasta La Rinconada (provincia San Antonio de Pu�na). La es una zona de extracción aurífera de alta informalidad, cercana a la frontera con
A continuación, se desglosan los componentes clave:
8.1.1 Rutas de la Trata de Personas y el Narcotráfico
proveniente del VRAEM también u�liza una ruta que pasa por Paucartambo Sicuani (Cusco), Juliaca (Puno), y de ahí hacia El Alto en Bolivia
El mapa identifica dos rutas principales para el tráfico de drogas y la trata de personas, originadas mayormente en el VRAEM:
Cusco - Madre de Dios hacia Bolivia: ciudad de Cusco, se iden�fica una ruta hacia Puerto Maldonado (provincia Tambopata, región Madre de Dios).
Ruta VRAEM - Puno - Bolivia (Ruta Principal):
de Dios, la Carretera Interoceánica Sur, específicamente el tramo entre Puerto Maldonado y Mazuko, es relevante. La zona de "La Pampa" (Km 108) en esta carretera es conocido enclave de minería ilegal y explotación. Esta carretera es una vía principal que con la frontera boliviana
à Origen: La droga, principalmente cocaína derivada de la hoja de coca cultivada y procesada en el VRAEM (específicamente en distritos como Paucartambo, Cusco), inicia su recorrido por la “Carretera de selva” hacia Cusco.
menciona el tránsito y acopio de droga en la Interoceánica en Madre de Dios, con paso Bolivia por la frontera. La zona de Mavila en Madre de Dios es señalada como punto madera y droga hacia Bolivia.
de Economías Ilegales
Ilegal:
à oTrayecto: Desde el área del VRAEM, la ruta pasa por Paucartambo (Cusco), continúa hacia Sicuani (Cusco) y llega a Juliaca (Puno). Juliaca funciona como un punto de acopio y distribución clave antes de continuar hacia la frontera con Bolivia.
Ruta Cusco - Madre de Dios - Bolivia:
Puno, Provincia San Antonio de Pu�na, Distrito Ananea, Localidad La Rinconada: extracción aurífera informal con alta incidencia de trata de personas como de soporte.
à Se identifica una segunda ruta que conecta la ciudad de Cusco con Puerto Maldonado (Madre de Dios), estableciendo otro corredor para el flujo de actividades ilícitas hacia la frontera boliviana.
Narcotráfico: Cusco: VRAEM (Paucartambo, distrito Patria Kosñipata, con siembra de hoja de coca y maceración) la ruta de la droga se dirige hacia Sicuani, Juliaca (Puno) y de ahí a El Bolivia.
à Además, en las entrevistas se han reportado casos de trata de personas bajo finalidad de explotación sexual y otras formas análogas de explotación (correos humanos).
Madre de Dios: como lugar de tránsito y acopio de droga, u�lizando la Carretera Interoceánica y con Bolivia (zona de Lechemayo, frontera Puno-Cusco, y Mavila).
8.1.2. Zonas Críticas y Economías Ilegales Interconectadas
Madre de Dios: La zona de Mavila es mencionada como un punto de paso de hacia Bolivia. En general, la tala ilegal es una de las economías ilícitas que se en la región.
El análisis del mapa revela que el narcotráfico y las organizaciones criminales de trata de personas no operan de manera aislada, sino que está geográfica y funcionalmente conectados con otras economías ilegales en zonas específicas que actúan como centros de operación y explotación. Además, las organizaciones criminales, tienen dominio territorial.
de Dios" (facción del "Tren de Aragua"): Mencionada en un caso en Pucallpa por tráfico de drogas y tenencia de armas. Aunque no opera directamente en la VRAEM-Bolivia según los documentos, la presencia de facciones del Tren de Aragua en amazónicas es un factor de criminalidad transnacional.
Región Madre de Dios
Contrabando
Esta actividad se centra exclusivamente en la provincia de Tahuamanu, específicamente en la zona fronteriza alrededor de la ciudad de Inambari, que funciona como un punto de tránsito para mercancías, combustible y trata de personas hacia y desde Brasil y Bolivia.
Tala ilegal
Es un problema generalizado en las tres provincias. En Manu, amenaza la zona de amortiguamiento del Parque Nacional. En Tambopata, se suma a la presión de la minería cerca de Puerto Maldonado y la Reserva Nacional. En Tahuamanu, se concentra en el norte, probablemente usando rutas hacia Brasil
Manu: Sus mayores amenazas son la tala ilegal, que pone en riesgo directo al Parque Nacional del Manu, y el narcotráfico en sus zonas remotas del oeste.
Tahuamanu: Se caracteriza por su rol como puerta de salida para el contrabando y el narcotráfico debido a su estratégica ubicación fronteriza. También padece de tala ilegal.
BRASIL
Minería ilegal
Su epicentro es la provincia de Tambopata, donde Puerto Maldonado sirve como centro logístico.
Narcotráfico
Se localiza en zonas estratégicas para el cultivo, producción y tráfico. En Manu, se sitúa en el oeste, utilizando los ríos como rutas de salida. En Tahuamanu, se concentra en el noreste, aprovechando la frontera con Brasil y Bolivia para el tráfico de drogas.
Extracción ilegal de castaña
Tambopata: Es el foco principal de la minería ilegal y la extracción ilegal de castaña, con Puerto Maldonado como su centro administrativo. También sufre de tala ilegal.
BOLIVIA
Puerto Maldonado
MANU
TAHUAMANU
TAMBOPATA
Inambari
La Pampa
Huaypetue
Mavila
Mazuco
8.2. Madre de Dios
La Pampa:
à Situada en el kilómetro 108 de la Carretera Interoceánica Sur, entre Puerto Maldonado y Mazuko, “La Pampa” es un conocido enclave de minería ilegal y explotación.
à Además de la minería, esta zona es un punto central para el tráfico ilegal de madera.
à La Carretera Interoceánica en este tramo es una vía principal que conecta estas actividades con la frontera boliviana, y localidades como Mazuko y Mavila son señaladas como puntos de paso y acopio de droga y madera.
Este mapa ilustra la compleja y grave situación de las economías ilegales en la Región de Madre de Dios, uno de los epicentros de la criminalidad organizada y ambiental en el Perú y la Amazonía. Refleja una problemática dominada por crímenes extractivos que devastan el ecosistema.
“Mucha violencia, delitos violentos, pero todos generados por la minería ilegal. EnMadredeDioshayeconomíasilegalescomocultivosdecoca,producciónde pastabásicadecocaína,talailegal.Encuantoaorganizacionescriminales,está XXXX4 y otros grupos que se enfrentan. La Pampa ha estado en permanente pugna,comoesunpueblogeneradoporunaeconomíailegal,notieneseguridad pública,entoncesellossegeneranelectricidad,serviciosdeagua,etc.Solohay una posta y un colegio. Lo mismo que está pasando en el norte, en Trujillo, el modusoperandies:teofrecendarteseguridad,peroademásempiezanarobar y matar. Luego aparece otro grupo de seguridad y hay pugna, se matan entre ellos. Todos pagan, pero a los mineros ilegales les pagan más, los traficantes decombustibletambiénpaganmás.[Semencionaal]ComandoVermelho,pero no en La Pampa. Hay un líder, XXXX de 35 años, que maneja a la organización criminal. Existen cementerios clandestinos en La Pampa. Se necesita que vaya personalpolicialymilitar,quesecreenbasesmilitaresycomisarías”.(Entrevista anonimizadaNro.022-2025-MDD)
El análisis se distribuye por las provincias de Tambopata, Manu y Tahuamanu.
8.2.1. Minería Ilegal: La Mayor Amenaza
Minería Ilegal (Círculo Amarillo): Es la actividad ilícita más prominente en el mapa y representa la principal economía criminal de la región. La concentración de puntos es abrumadora en la provincia de Tambopata, especialmente en una franja a lo largo de su límite sur. Esta zona es conocida públicamente como “La Pampa”, un área devastada por la minería aurífera ilegal que ha causado una deforestación masiva, contaminación por mercurio de los ríos y graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la trata de personas y el trabajo forzoso.
También se observan puntos de minería ilegal en la provincia de Manu, lo que es especialmente preocupante por su proximidad a áreas de alta biodiversidad y territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
8.2.2. Tala Ilegal: Un delito Generalizado
Tala Ilegal: Esta actividad se encuentra dispersa por las tres provincias, lo que indica que es un problema endémico y generalizado en toda la región.
à En Manu, los puntos de tala ilegal amenazan directamente la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
à En Tambopata, la tala ilegal se suma a la presión ejercida por la minería, afectando áreas cercanas a la capital, Puerto Maldonado, y a la Reserva Nacional Tambopata.
à En Tahuamanu, la tala ilegal parece concentrarse en el norte, probablemente vinculada a rutas de salida de la madera hacia Brasil.
8.2.3. Narcotráfico: Enclaves Estratégicos
Narcotráfico: Aunque con menos puntos que la minería o la tala, el narcotráfico se ubica en zonas estratégicas.
à En la provincia de Manu, los enclaves de narcotráfico se sitúan en el oeste, una zona remota que puede servir para el cultivo de coca y la producción de drogas, utilizando los ríos como rutas de salida.
à En la provincia de Tahuamanu, los puntos se concentran en el noreste, cerca de la frontera tripartita con Brasil y Bolivia (a través del departamento de Pando). Esta ubicación es ideal para el tráfico de drogas y trata de personas hacia Brasil.
8.2.4. Delitos Transfronterizos y Extractivos Menores
Contrabando: Esta actividad está focalizada exclusivamente en la provincia de Tahuamanu, en la misma zona fronteriza que el narcotráfico. La ciudad de Iñapari es un conocido punto de trata de personas y tránsito para el contrabando de mercancías, combustible y otros productos desde y hacia Brasil y Bolivia.
Extracción Ilegal de Castaña: Este es un delito particular de la región amazónica. Los puntos se localizan en Tambopata. Aunque puede parecer una falta menor, la extracción ilegal de castaña (nuez de Brasil) invade concesiones legítimas, genera conflictos violentos y priva de su principal sustento económico a las comunidades locales que dependen de este recurso.
8.2.5. Conclusiones Estratégicas
a. Dominio del Crimen Ambiental y Organizado: El mapa de Madre de Dios está dominado por crímenes extractivos y de trata de personas. La minería y la tala ilegales no son solo delitos, sino complejas economías criminales que han reconfigurado social y ambientalmente la región.
b. Zonificación del Crimen: cada provincia presenta un “portafolio” delictivo:
Tambopata: Es el epicentro de la minería y la extracción ilegales de castaña. La capital, Puerto Maldonado, funciona como el centro logístico y administrativo para estas actividades ilícitas.
Manu: Su principal amenaza es la tala ilegal y el narcotráfico, que ponen en riesgo directo sus áreas naturales protegidas.
Tahuamanu: Es la puerta de salida para el contrabando y el narcotráfico debido a su estratégica posición fronteriza, además de sufrir también de tala ilegal.
En todas las provincias hay rutas de tránsito para la trata de personas, muchas de ellas con la Pampa como zona de destino o, en la triple frontera con Brasil y Bolivia.
c. Presión sobre Áreas Protegidas: La presencia de todas estas actividades en las proximidades o dentro de las zonas de amortiguamiento de áreas como el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional Tambopata es una clara indicación de la inmensa presión que ejerce el crimen organizado sobre el patrimonio natural del Perú.
d. Corredores Fluviales y Terrestres: Aunque no están dibujadas, es evidente que estas actividades dependen de las carreteras (como la Interoceánica Sur) y la extensa red de ríos de la región para transportar maquinaria, insumos (combustible, mercurio), personas y la producción ilegal (oro, madera, drogas).
Región Tacna
CANDARAVE
Quilahuani
La Aguadita
Caoña
JORGE BASADRE
Locumba
Ite
Sama
Morro de Sama
Tacna
Tacna
TARATA
Susapaya
Palquilla
BOLIVIA
Ancomarca
Pachia
Pallca
Pachia
Calana
Alfonso Ugarte
Los Palos
Santa Rosa de Lima Puesto PNP
Presencia de económias ilegales
Zona de cantera y mineria ilegal
Zona de Narcotráfico
Contrabando
Punto de acceso
Delitos contra la dignidad y otras
Tráfico de Personas
Terminal Collasuyo
Terminal A.Odría
Terminal Internacional
Terminal Inkas
Zona de Captación
Centro de empleo
Plaza Quiñones
Centro de empleo Gregorio Alberracin
Viñani
Ciudad Nueva
Av. Leguía (discotecas)
Av. Industrial (discotecas)
Madre de Dios Tumbes Bolivia Puno Tacna Tumbes
Empesas de anfitrionaje Santa Rosa Ancomarca
CHILE
CHILE
Tripartito
Captación Para fines de explotación sexual
Plaza Quiñones, distrito de Alto Alianza
Colegio distrito Gregorio AlberracinJorge Chavez * Luis Alberto Sanchez
Distrito de Alto Alianza
Zara Carbajal * Manuel Mendiguro
Centro - Cercado
Francisco Antonio de Zela * Mercedes Indacochea
Zona de tránsito
Explotación laboral
Traslado
Ancomarca
Tripartito
Santa Rosa
Zona de destino
Acogida
Hoteles frente al terminal terrestre
Chacras en Los Palos
Parque Industrial
Retención
Zonas de extracción de mineral (Pachia)
Parque Industrial
Gregorio Albarracin
Los Palos
Chile
8.3. Tacna
Este mapa ofrece una radiografía de las principales actividades delictivas y economías ilegales que operan en la Región de Tacna. Se observa una clara concentración de diferentes tipos de crímenes en zonas geográficas específicas, lo que sugiere la existencia de corredores y enclaves criminales definidos. A continuación, se detalla el análisis por cada tipo de delito.
8.3.1.
Trata de Personas: Un Delito Concentrado en la Frontera
El mapa identifica un corredor de trata de personas bien definido en la provincia de Tacna, con una fuerte vinculación a la frontera con Chile. Se pueden distinguir tres fases del delito:
Punto de Captación: Se localiza una zona de captación en Sama. Esto sugiere que las víctimas pueden ser captadas en zonas rurales o de menor vigilancia para luego ser transportadas y explotadas en diversos lugares dentro o fuera de Tacna, incluso Chile.
Punto de Tránsito (Círculo Verde): las zonas de tránsito de las víctimas se concentran en la ciudad de Tacna y sus alrededores. Los puntos clave son los terminales terrestres (Terminal Collasuyo, Terminal A. Odría, Terminal Internacional, Terminal Inkas), lo que indica que el transporte público es un sector fundamental para el movimiento de las víctimas. Además, se señalan los Centros de Empleo Plaza Quiñones y Gregorio
8.3.2.
Minería Ilegal y de Cantera
Albarracín como puntos de captación, lo que sugiere que las víctimas son engañadas mediante ofertas de trabajo con condiciones fraudulentas.
Punto de Explotación (Círculo Amarillo): las zonas de explotación están agrupadas en la zona de frontera, específicamente en Los Palos y Santa Rosa de Lima. Su proximidad al Puesto PNP indica que esta actividad ilícita ocurre en una zona de alto control, lo que podría implicar una alta capacidad de las redes u organizaciones criminales para evadir a las autoridades. La explotación puede estar vinculada a la explotación sexual, el trabajo forzoso en la agricultura o servidumbre.
Puntos de cantera y minería ilegal (Doble Círculo Azul): A diferencia de la trata de personas, la minería ilegal se concentra en el interior de la región, principalmente en las provincias de Jorge Basadre (zonas de Caoña y Locumba) y Candarave (zona de La Aguadita). Esta actividad ilegal genera graves impactos ambientales, conflictos sociales y es una fuente de ingresos para organizaciones criminales que controlan la extracción y comercialización de los minerales, lo que indica fuertes indicios a la vinculación con el lavado de activos.
8.3.3. Contrabando y Narcotráfico: Delitos de Frontera
La extensa y, a menudo, porosa frontera de Tacna es el escenario principal para el contrabando y el narcotráfico.
Contrabando (Círculo Naranja): Se identifican múltiples puntos de contrabando.
à En la provincia de Tarata, en la zona altoandina, cerca de Tripartito y Ancomarca. Esta zona es estratégica por su cercanía a la triple frontera con Bolivia y Chile, facilitando el paso de mercancías ilegales (“contrabando hormiga” o a mayor escala).
à Un punto adicional se encuentra en Los Palos, en la provincia de Tacna, mostrando que esta área es un enclave para múltiples actividades criminales además de la concurrencia de diversas formas de violencia basada en género.
Narcotráfico (Círculo Rojo): Se señala un Punto de Narcotráfico también en la zona de Los Palos. Su presencia en este punto, junto al contrabando y la trata de personas, sugiere que las mismas rutas y posiblemente las mismas redes criminales se utilizan para diferentes fines ilícitos.
Puntos de Acceso (Círculo Verde Claro): Localizados en la provincia de Tarata, estos puntos probablemente señalan pasos fronterizos no autorizados o rutas informales que son utilizadas por las redes de contrabando y otros crímenes para cruzar la frontera.
8.3.4. Conclusiones Estratégicas
Convergencia Criminal en la Frontera Sur: La zona de Los Palos - Santa Rosa es un hotspot de criminalidad, donde convergen la trata de personas, el narcotráfico, minería ilegal y contrabando. Esto indica una alta vulnerabilidad y la posible presencia de organizaciones criminales polivalentes.
Vulnerabilidad de los Terminales y Centros de Empleo: Las redes de trata de personas utilizan infraestructura civil clave, como terminales de autobuses y oficinas de empleo en la ciudad de Tacna, para captar y transportar a sus víctimas, explotando la confianza y la necesidad de las personas.
Corredores Diferenciados: El mapa muestra dos grandes corredores criminales:
à El Corredor Fronterizo (Tacna-Tarata): Enfocado en delitos de movimiento transfronterizo como la trata, el contrabando y el narcotráfico.
à El Corredor Interior (Jorge Basadre-Candarave): Centrado en economías extractivas ilegales como la minería.
Desafío para las Autoridades: La distribución de los puntos delictivos evidencia la necesidad de una estrategia de seguridad diferenciada, eñ control urbano y de transporte para la trata, vigilancia fronteriza intensiva para el contrabando y narcotráfico, y fiscalización ambiental y de recursos en las zonas altoandinas para la minería ilegal. Asimismo, el inicio de las investigaciones conjuntas desde el GRUFICOR o trabajo articulado entre las FISTRAP o FECOR (que en adición a sus competencias conocen casos de trata) , FEMA y Fiscalías contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio, a fin de golpear el patrimonio y los flujos financieros ilícitos.
COLOMBIA
ECUADOR
Región Loreto
Zona de Captación
Zona de tránsito
Zona de destino
Paso de economías criminales
Casos se atienden en Ucayali
Ruta
Ruta fluvial
Ruta áerea
BRASIL
4.4 LORETO
Este mapa de la Región Loreto ilustra una compleja red de rutas y zonas utilizadas por el crimen organizado, con un énfasis particular en la trata de personas y el flujo de economías criminales, así como los flujos financieros ilícitos que devienen de la trata de personas. La geografía de la región, dominada por una vasta selva y una extensa red de ríos, define la naturaleza de estas actividades ilícitas, que dependen en gran medida del transporte fluvial y de la extensión de la región.
VIII4.1.
La Ruta de la Trata de Personas
El mapa delinea un claro corredor para la trata de personas que atraviesa la región, conectando zonas rurales con centros urbanos y fronterizos. Este delito se presenta en tres fases bien definidas:
Zona de Captación (Círculo Naranja): Las víctimas son captadas principalmente en la parte sur de la región, en la provincia de Alto Amazonas, con un punto específico en o cerca de Yurimaguas. Esta zona, conectada por vía terrestre con la región de San Martín, funciona como el punto de partida donde las víctimas, a menudo bajo engaños de falsas ofertas de trabajo, son introducidas en la red criminal.
Zona de Transporte (Círculo Verde): La ruta de tránsito es predominantemente fluvial. Desde la zona de captación, las víctimas son transportadas hacia el norte a través de los ríos. La ciudad de Iquitos, capital de la región, aparece como un nodo central de tránsito. Su condición de principal centro urbano y puerto fluvial de la Amazonía peruana la convierte en un punto clave para la
concentración y redistribución de las víctimas. Otros puntos de tránsito se observan a lo largo de los ríos Napo y Putumayo, indicando que el movimiento es constante a través de las arterias fluviales de la región.
Zona de Destino (Círculo Rojo): El mapa identifica dos zonas de destino principales:
a. Iquitos: La propia ciudad no solo es un punto de tránsito, sino también un destino final para la explotación de las víctimas, probablemente en actividades como la explotación sexual o laboral en bares o servicio doméstico.
b. Zona de Frontera con Colombia (Caballococha y Leticia, esta última en Colombia): El destino final de muchas víctimas se encuentra en la frontera, específicamente en la cuenca del río Putumayo. Esto sugiere que las víctimas son llevadas a campamentos de economías ilegales (como minería o tala ilegal) o son cruzadas a territorio colombiano para su explotación.
8.4.2.
Rutas de las Economías Criminales
El mapa visualiza el flujo de economías ilegales (probablemente narcotráfico, tala ilegal, contrabando) a través de Rutas específicas, que combinan tramos aéreos, fluviales y terrestres.
Ruta Fluvial (Línea punteada azul): Es la columna vertebral del crimen organizado en Loreto. Una ruta principal recorre el río Amazonas, conectando Iquitos con la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil, pasando por localidades como Pevas, Caballococha y llegando hasta Santa Rosa de Yavarí. Una segunda ruta fluvial importante sigue el curso del río Putumayo, en la frontera con Colombia, una zona conocida por la presencia de cultivos de coca y grupos armados ilegales. Una tercera ruta sigue el río Napo desde la frontera con Ecuador.
Ruta Aérea (Línea punteada roja): Se muestra una ruta aérea que conecta el sur de la región (Yurimaguas) directamente con la zona de la triple frontera cerca de Caballococha. Esto indica el uso de pistas de aterrizaje clandestinas para el transporte de drogas, dinero o personas, permitiendo a las organizaciones criminales evitar los controles fluviales.
“Caballococha,Nauta,lascomunidades[y]RequenasolotienenComisarías,peronounidadesde investigaciónporpolicíasespecializados.SantaRosadeYavarísolotieneunpuestodevigilancia policial que no investigan, solo vigilan, y son menos de diez [efectivos]. [En la zona operan el] Comando Vermelho, los hermanos Beltrán y las FARC; existen drogas. No han podido entrar hasta este lugar por el control del tráfico de armas y porque el contingente policial es limitado”. (EntrevistaanonimizadaNro.015-2025-Loreto)
Paso de economías criminales (Línea roja sólida): Esta línea marca un corredor de alto tráfico ilegal que se origina en el sur (conectado con la región San Martín, zona de producción de coca) y se dirige por vía fluvial hacia Iquitos, para luego bifurcarse: una rama va hacia la triple frontera con Brasil y Colombia, y la otra se dirige por el río Putumayo hacia Colombia.
“[En las] empresas de tala ilegal, los jóvenes que extraen madera son la base, mientras que los propietarios hacen sus economías más fuertes, compran activos, y compran casas para ocultar larealdimensióndeloquehanconseguido.LosnegociosenSantaRosayCaballocochapodrían estar limpiando dinero ilegal, sobre todo porque esta zona es de alto tránsito de economías ilegales”. (EntrevistaanonimizadaNro.015-2025-Loreto)
8.4.3. Nodos Estratégicos y Conexiones Interregionales
Iquitos: Es el epicentro logístico de todas las actividades criminales. Funciona como centro de acopio, tránsito y destino para la trata de personas, y como el principal centro de comando y control para las economías ilegales que fluyen por los ríos, así como las primeras acciones para el lavado de activos.
Triple Frontera (Caballococha / Santa Rosa): Esta área es un punto crítico. La confluencia de las fronteras de Perú, Colombia y Brasil crea un entorno de difícil control estatal, ideal para el narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos. La ruta criminal termina aquí, sugiriendo que es un punto de exportación de productos ilegales.
Conexión con Ucayali y San Martín: El mapa señala que “Casos se atienden en Ucayali” y muestra la conexión terrestre con San Martín. Esto subraya que la criminalidad en Loreto no está aislada. Las redes de trata y narcotráfico operan a nivel macro-regional, utilizando las carreteras que conectan la selva alta (San Martín) con la selva baja (Loreto) para iniciar sus operaciones.
Además, por entrevistas sostenidas con operadores, se sabe que en zonas como Cushillococha operan las disidencias de las FARC y en otras áreas el inicio de la
presencia del Comando Vermelho que tiene predilección por fronteras cercanas a Brasil.
8.4.4. Conclusiones Estratégicas
a. Dominio Fluvial: El control de los ríos es sinónimo de control del territorio para el crimen organizado en Loreto. Las rutas fluviales son las principales autopistas para todas las actividades ilícitas.
b. Trata de Personas Vinculada a Economías Ilegales: Las rutas de trata de personas se superponen con las de las economías criminales, lo que indica que muchas víctimas son llevadas a zonas de explotación controladas por estas mafias (por ejemplo, para trabajar en campamentos de tala o minería ilegal, o en narcotráfico).
c. Vulnerabilidad Fronteriza: Las extensas y porosas fronteras con Ecuador, Colombia, Bolivia y Brasil son el principal activo para las organizaciones criminales transnacionales, permitiéndoles mover personas, drogas y otros bienes ilegales con relativa impunidad.
d. Corredor Criminal Sur-Norte: Existe un claro corredor que comienza en el sur (captación en Alto Amazonas, conexión con San Martín) y fluye hacia el norte (tránsito en Iquitos) para culminar en las fronteras (explotación y exportación).
© Carlos Oliva Navarro
Región Cusco
Región Cusco
Economías ilegales
Minería Ilegal (oro y cobre)
Quispicanchis, Espiñar, Chumbivilcas
Narcotráfico
Paucartambo, La Convención
Contrabando
Economías ilegales
Lavado de activos
Minería Ilegal (oro y cobre)
Quispicanchis, Espiñar, Chumbivilcas
Narcotráfico
Finalidades de explotación
Paucartambo, La Convención
Contrabando
Lavado de activos
Explotación sexual
Cusco, Quispicanchis, Espinar, Chumbivilcas, La Convención, Paucartambo
Explotación laboral
Espinar, Chumbivilcas, La Convención, Paucartambo
Venta de niños, niñas
Candis, Cusco
Delitos conexos
Tráfico de ílicito de migrantes
Finalidades de explotación
Explotación sexual
Cusco, Quispicanchis, Espinar, Chumbivilcas, La Convención, Paucartambo
Explotación laboral
Espinar, Chumbivilcas, La Convención, Paucartambo
8.5. CUSCO
Venta de niños, niñas
Candis, Cusco
Delitos conexos
Este mapa de la Región Cusco revela una compleja interacción entre economías ilegales y la trata de personas, mostrando cómo estas actividades se concentran en corredores geográficos específicos.
Tráfico de ílicito de migrantes
A diferencia de regiones puramente fronterizas o de selva baja, Cusco presenta una combinación de criminalidad extractiva (minería), de tránsito (narcotráfico) y de explotación que afecta directamente a sus centros poblados y comunidades vulnerables.
8.5.1. Economías Ilegales: Minería y Narcotráfico como motores
El mapa muestra cuatro economías ilícitas principales que actúan como el motor financiero del crimen en la región:
Minería Ilegal (oro y cobre): Es una de las actividades más extendidas. Se concentra en un corredor que abarca las provincias de Quispicanchi y Paucartambo, en la ceja de selva que colinda con Madre de Dios. Esta zona es conocida por la extracción aurífera ilegal que causa devastación ambiental y genera un ecosistema criminal a su alrededor. Los puntos en Chumbivilcas indican también la presencia de minería ilegal de cobre.
Narcotráfico: Se localiza principalmente en la provincia de La Convención, en el noroeste de la región. Esta zona es adyacente al VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), el principal valle productor de cocaína del Perú. La Convención funciona como una zona de cultivo de coca y un corredor para el tránsito de drogas hacia otras regiones y para su exportación.
Contrabando: El contrabando se señala en la provincia de Canchis, cuya capital, Sicuani, es un nudo comercial importante en el corredor sur que conecta Cusco con Puno y Arequipa. Esta posición estratégica facilita el tránsito de mercancías ilegales.
Lavado de Activos: Los puntos se ubican en la ciudad de Cusco y en la provincia de Canchis. Esto es lógico ya que las ganancias generadas por la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando necesitan ser "blanqueadas", y esto suele ocurrir en los centros urbanos y comerciales con mayor movimiento económico, como la capital turística de Cusco y el nudo comercial de Sicuani.
8.5.2. Finalidades de Explotación
Las economías ilegales generan una demanda de mano de obra barata y servicios forzados, lo que se traduce en graves formas de explotación:
Explotación Sexual: Se concentra en las mismas zonas donde prospera la minería ilegal como Quispicanchi, Paucartambo y también en La Convención (narcotráfico). Es un patrón recurrente, los campamentos mineros y las zonas de economías ilícitas, con una población mayoritariamente masculina y con dinero en efectivo, se convierten en focos de demanda para la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes captadas bajo engaño.
Explotación Laboral: Se visualiza en las provincias de Espinar y Chumbivilcas, zonas de actividad minera (legal e ilegal) y corredores económicos. Las víctimas son forzadas a trabajar en condiciones de servidumbre en la propia minería, la agricultura o actividades conexas.
Venta de niñas y niños: se señala en la provincia de Canchis y en la ciudad de Cusco. Su ubicación en un importante nudo de transporte como Canchis sugiere que es un punto de "comercialización" de las víctimas, que pueden ser llevadas a otros lugares del país.
8.5.3. Delitos Conexos
Tráfico ilícito de migrantes: Se identifica en la provincia de Anta, cerca de la ciudad de Cusco. Esto puede estar vinculado al movimiento de personas extranjeras en situación de vulnerabilidad que son captadas por redes criminales para ser explotadas en las diversas economías ilegales de la región.
8.5.4. Conclusiones Estratégicas
a. Corredores Criminales Definidos: El mapa muestra dos grandes corredores:
à El Corredor Amazónico (La ConvenciónPaucartambo - Quispicanchi): Dominado por el narcotráfico y la minería ilegal de oro, que a su vez generan una fuerte demanda de explotación sexual.
à El Corredor Sur (Canchis - EspinarChumbivilcas): Caracterizado por la minería (cobre), el contrabando y la explotación laboral, con la ciudad de Sicuani (Canchis) y la ciudad de Cusco como centros de lavado de activos.
b. La Minería Ilegal como Ecosistema Criminal: La minería no es solo un delito ambiental; es un sistema que crea las condiciones para otros crímenes graves como la explotación sexual y laboral, la violencia y la trata de personas.
c. Centro de Lavado: La próspera economía legal de la ciudad de Cusco (turismo, comercio) es instrumentalizada por las redes criminales para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas, lo que dificulta la persecución del delito.
d. Interconexión de Delitos: El mapa demuestra visualmente cómo las economías ilegales (la causa) están intrínsecamente ligadas a las finalidades de explotación (la consecuencia). No se pueden entender ni combatir por separado.
Pucallp
Yarinacocha Manantay Callería
Humboldt
OCÉANO P ACÍFICO
Codo del Pozuzo
IX. Presencia del Crimen Organizado Transnacional
Se ha identificado la presencia y operación de organizaciones criminales de alcance internacional en diversas regiones del Perú, involucradas en el tráfico de drogas y de armas, pero, también en la trata de personas y diversas economías ilegales
Diagrama Nro. 1
Modelo de Negocio y Lavado de Activos del Tren de Aragua
Tren de Aragua, Nace en Venezuela en la carcel de Tocorón
Extorisón
Sicariato
Minería ilegal
Plaza de explotación sexual
Padre (encargado de la plaza)
Madre (Mujer encargada)
Brazo rosa
Obervadores (Caminantes)
Soldados (Sicarios)
Brazo armado
Todas ingresan con una multa de: 15,000 a 16,000 soles
Formas de pago a la organización criminal
Estructura del Tren de Aragua en prisión
Se amolda muy rápido a los delitos de cada país
Negocia con las bandas locales, luego de posicionarse los aniquilan queadandose ellos con el negocio
Buscan colaboradores peruanos que se encargan de:
Las casas de acogida
Wawa wasi, para l@s hij@s de las víctimas
Vehículos
Demás logística
funge ser trabajadora sexual pero es la que domina y recibe el dinero
son considerados como los ojos que vigilan la plaza
México
Cupo por u�lizar la plaza: 400 soles semanales
3 Pranes
Alias "Niño Guerrero"
Yohan José Romero, alias "Johan Petrica
Giovanny San Vicente, alias "Giovanny
Luceros Alta
Luceros Baja
Mandaderos
Soldados
Colaboradores
Dominio del Tren de Aragua
Unidos
Se decomiso un cargamento proviniente del Perú con la figual de la corona de Rolex
La mayoria de casos de TdP proviene de Bolvia Recien ingresando
Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim).
Estados
Este es un diagrama que presenta una radiografía detallada de un sofisticado modelo de crimen organizado transnacional. El análisis ha sido posible gracias al apoyo de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim). Se trata de un modelo de negocio criminal y una estructura interna de la organización.
El diagrama describe cómo el Tren de Aragua, ha creado un ecosistema para la explotación sexual y el lavado de las ganancias ilícitas.
9.1. El Ecosistema de la Explotación:
a. Creación de "Plazas de Explotación Sexual":
La organización no solo participa en el crimen, sino que lo estructura. Crean y controlan "plazas" (territorios) donde se ejerce la explotación. Se mencionan 32 plazas de explotación sexual que están vinculadas a "lugares de diversión" como Hoteles y Night Clubs.
b. Uso de Empresas de Fachada: El Tren de Aragua crea "empresas fachadas" para dar una apariencia de legalidad a sus operaciones. Crucialmente, se señala que los "colaboradores" de estas empresas son peruanos, lo que les permite absorber recursos del medio local como alquileres de vehículos y teléfonos, dificultando el rastreo directo a los líderes venezolanos.
c. El Rol Clave de los Establecimientos de Hospedaje: no son solo lugares de paso, sino piezas centrales en la operación. El diagrama plantea la hipótesis de que el dinero de la trata de personas (TdP) y la explotación se lava a través de negocios de hotelería. Estos hoteles tienen la particularidad de contar con lockers donde las víctimas (en alta movilidad) dejan sus cosas, lo que sugiere un alto control sobre ellas y ellos.
d. Vínculo con la Autoridad Local: se menciona un desafío, en materia del cancelamiento de las licencias de funcionamiento, a fin de evitar que sigan operando como fachadas para estas actividades.
9.2. El Flujo del Dinero y la Investigación:
a. Origen y Destino del Dinero: El dinero se genera en las plazas de explotación y se introduce en el sistema financiero a través de los establecimientos, sobre todo de hospedaje.
b. Líderes en el Extranjero: La investigación revela que "Los cabecillas se encuentran en Colombia y Venezuela", lo que demuestra la naturaleza transnacional de la organización y la dificultad para capturar a los altos mandos.
Naturaleza transnacional de la red:
Las investigaciones han evidenciado que varios cabecillas de las organizaciones delictivas se encuentran fuera del país, particularmente en Colombia y Venezuela. Esta situación refuerza la dimensión transnacional del delito de trata de personas plantea serios desafíos para la captura de los altos mandos, la ejecución de órdenes de cooperación internacional y la congelación de activos en el extranjero.
c. El Papel de la Inteligencia Financiera: El flujo de dinero es investigado por "UIF PERÚ", se indica que se solicitaron informes a casas de remesas sin encontrar envíos de dinero, lo que refuerza la hipótesis de que el lavado se realiza a través de negocios locales y no mediante envíos directos.
d. El flujo de dinero ha sido objeto de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF–Perú). En este proceso, se solicitaron informes a diversas empresas de envío de remesas sin que se detectaran operaciones significativas, lo que refuerza la hipótesis de que el proceso de lavado de activos no se realiza mediante transferencias formales al exterior, sino a través de mecanismos internos de legitimación, utilizando negocios locales como fachadas para insertar los fondos ilícitos en el circuito económico formal.
e. Secreto y Confidencialidad: Un punto clave es que la UIF no puede entregar información directamente a la Policía Nacional del Perú (PNP), sino que debe enviar reportes de operaciones sospechosas al Ministerio Público. Esto describe el procedimiento legal formal, pero también puede representar un cuello de botella en la agilidad de las investigaciones policiales.
9.3. Estructura Piramidal del Tren de Aragua:
Aunque se suele representar como una organización de estructura piramidal, sobre todo cuando opera desde prisiones o penales, el Tren de Aragua opera bajo un modelo híbrido que combina jerarquía tradicional con una red descentralizada y adaptable a distintos contextos geográficos. En ciertos territorios, presenta una cadena de mando clara, mientras que en otros actúa mediante células operativas o alianzas locales, lo que complica su desarticulación.
Pranes (Líderes Máximos): En la cima de la pirámide se nombra a "Niño Guerrero" (Héctor Rusthenford Guerrero Flores) y "Johan Petrica" (Johan José Romero), líderes históricos del Tren de Aragua. El tercer pran es "Alex T". Esto confirma que la operación local responde a la estructura principal de la organización.
Luceros de Alto y Bajo Rango: Son los mandos medios, encargados de la gestión y supervisión.
Mandateros: Nivel operativo de gestión.
Soldados (Sicarios): El brazo armado, encargados de la coacción y la violencia.
Colaboradores: La base más amplia, que puede incluir personal logístico y de apoyo. Sin embargo, este modelo organizacional no siempre responde a una lógica piramidal rígida, sino que se adapta a la fragmentación territorial, al nivel de riesgo o exposición, y a la capacidad de cooptación local. La estructura puede reconfigurarse según las condiciones operativas y los niveles de presión estatal. Por ello, la persecución penal requiere una aproximación flexible que combine análisis de redes criminales, inteligencia financiera y coordinación transnacional para abordar eficazmente a sus distintos niveles de operación.
9.4. Modus Operandi de la Explotación Sexual:
a. Origen y Captación: Se especifica que el Tren de Aragua "Nace en Venezuela en la cárcel de Tocorón". Las víctimas son captadas y se les genera una deuda inicial impagable.
b. Extorsión y Control: El método es la extorsión. Se negocia con las víctimas y luego se las extorsiona exigiéndoles pagos. El control es total, buscan colaboradores para dar seguimiento, una de las nuevas modalidades es justamente identificar mujeres con hijos o hijas para que el sometimiento, control y coacción sea mayor ya que los NNA se quedan bajo custodia en otro alojamiento, separados de su madre.
c. Estructura de la Plaza:
à Padre (encargado de la plaza): El jefe del territorio.
à Madre (Mujer encargada): Funge ser una víctima más, pero en realidad es quien gestiona y controla a las demás mujeres, recibiendo órdenes directas del "Padre".
à Observadores (Caminantes): Vigilantes que supervisan la plaza.
à Soldados (Sicarios): El "brazo armado" que impone disciplina y ejerce la violencia.
d. Sistema Financiero Criminal (Economato):
à Deuda: A este momento la víctima tiene una deuda de 15,000 a 20,000 soles, de acuerdo con su país de procedencia.
à Cupo Semanal: Se cobra un cupo para utilizar la plaza de 400 soles semanales. Este es el flujo de caja constante que alimenta a la organización.
9.5. Alcance Internacional:
El mapa muestra la presencia o influencia del Tren de Aragua en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, y señala a España y Holanda como destinos del flujo de dinero ilegal. Esto subraya la escala global de sus operaciones de lavado de activos.
Diagrama Nro. 2: Panorama de las "Mega Bandas" y Casos Emblemáticos
CASO EMBLEMÁTICO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ
Caso Zevallos Como lavaba el dinero?
López Paredes “Los Norteños”
El ex dueño de la empresa Aerocon�nente, Fernando Zevallos “Lunarejo” (cada Boeing esta valorizado en $13 millones)
El nombre de Fernando Zevallos apareció por primera vez en un informe de la División de Inteligencia de la Dirandro, tras la incautación de 3.5 toneladas de cocaína en Piura, en 1995. En ese operativo fueron detenidos los hermanos José Tito y Humberto López Paredes, integrantes del denominado Cártel Norteño, quienes revelaron los vínculos de su organización con Zevallos fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2025/05/10/la-turbia-historia-del-narco-mas-grande-del-peru-que-fundo-una-famosa-aerolinea-como-l o-atraparon-y-que-condena-recibio-evat-212130 Pasajes a cualquier des�no con un costo máximo de $50 dólares
Aéreos
Contaba con 3 avionetas 1990 1991 2021 Aumento a 13 aviones Boeing
Ahora llamada “Aerocon�nente”
Sentenciado por tráfico ilícito de drogas, lavado y receptación de dinero
MEGA BANDAS EN EL PERÚ
EN EL NORTE DEL PAÍS Los extorsionadores cobraban cupo a los carros colocando s�kers
Caso Coronel Edilio Sentenciado por delitos de Lesa humanidad
Desaparecia a los extorsionadores
Luego aparecen “Los pulpos”
Utilizan técnicas criminales extrajeras
MEGABANDA DEL KOKI Y RICHARDI
Facciones
(Línea Coky) 2019
Decapitaron en un hotel en el distrito de San Mar�n de Porres a un peruano y un venezolano
Quizo hacer alianzas Luego aparece
LA COTA 905 PUROS HERMANOS SICARIOS (PHS)
Vinculados al Maldito Chris
EL DESASTRE “El Desa”
Se encuentran en Pisco
La Cota 905 (al mando de Leo)
Los Gallegos (Al mando de Armando)
En Lima Norte aparece se distribuyeron la zona
Empiezan los conflictos entre ambas bandas
2023 2024 Empiezan los conflictos entre ambas bandas
aparece otra Banda conocidos como “El an� tren”
Conformadas por disidentes de las distintas facciones del Tren de Aragua, por lo general estaban buscados para darles muerte
TREN DE ARAGUA A
Al no conseguirlo mataron enLince al Cholo Isaac que tenia el control de la Explotación sexual en la zona
El Cholo Mamera Capturado en febrero del 2020, Sindicado como el asesino del Cholo Isaac
Facciones
LOS HIJOS DE DIOS LOS GALLEGOS
Otras bandas
COMANDO VERMELO CARTELES MEXICANOS CARTELES COLOMBIANOS
ONE FAMILY
"Cota 905", "Los Tiguerones", "Los Malditos del Rolex", "Puros Hermanos Sicarios" (PHS), "Los Roleros de Caracas", "Los Malditos de Carabobo", "Los Bebés de Palmitos", entre otras.
Transportes
Unidos de la Selva Amazónica (TAUSA)
ORIGEN
sindicatos de obreros que trabajaban en la construcción de un proyecto ferroviario en el Estado de Aragua.
Diagrama Nro. 3: Compañías, Facciones
y Cédulas
FUNDACIÓN
2010. Entre 2013 y 2015 se emplea el nombre de “El Tren de Aragua” por sus integrantes.
FUNDADORES
Johan José Romero (a) “Johan Petrica” y “José Gabriel Álvarez Rojas” (a) “Chino Pradera” (fallecido el 2016).
BASE DE OPERACIONES
Centro Penitenciario de Aragua o conocido como “Cárcel de Tocorón”. PRAN principal Héctor Rutherford Guerrero Flores (a) “Niño Guerrero”. Cofundador, Larry Changa.
los creadores del Tren de Aragua
PRAN Son los líderes, el máximo jefe criminal
MEGABANDA
más de 4,000 integrantes, dispone de armas de guerra y tiene una estructura jerárquica definida, clara y sólida
Johan José Romero alias “Johan Petrica”
Toma el control de las minas
Producen alrrededor de 50 kilos de oro al día valorizado en $ 5 millones
Minas las Claritas que estan en la frontera de Venezuela y Brasil
Héctor Guerrero
alias “Niño Guerrero”
Posicionado en Venezuela
¿Cómo se posicionan?
Toman los dominios a la fuerza porque a diferencia de Venezuela los gobiernos no les dan el control de las zonas
El presidente de Venezuela Hugo Chávez dio el control de las carceles al Tren de Aragua, luego ciertas zonas donde incluyendo las zonas mineras, tenian el control absoluto pudiendo hacer lo que quiseran
En Venezuela actuan paralelamente a la policía como un escuadron en las sombras
Delitos del Tren de Aragua
Tráfico Ilícito de Drogas Minería Ilegal Secuestro Extorsión Trata de Personas
Larry Amaury Álvarez Núñez alias “Larry Changa”
Domina la zona denominada “Costa Pacífico Sur”
Llega a Chile 2018
EXPANSIÓN
el proceso se inicio en el 2016, logrando tener presencia en 13 estados de Venezuela (Aragua y Guárico) y 7 naciones de América Latina.
Enviaba dinero, no usaba bancos sino Agencias de envío Modus operandi
España
Venezuela
Colombia Argen�na
Se apoderan de la zona sur de Chile, zona que �ene salida al Pacífico y Atlán�co
Ecuador (Salida de cargamento de droga) Perú Chile
2022 Fue capturado en Tarapacá
¿Cómo lava ac�vos?
El fenomeno del tren de Aragua �enden a insertrse en:
Inmobiliarias
Hacen transferencia a sus líderes para no levantar sospechas
Estructura
No se establece una estructura piramidal como en Venezuela porque no �enen la facilidad del control de territorios
Restaurantes de alta cocina como las de Gastón Acurio
Agencias de viaje
últimamente estan en:
Orquestas de música
Barberías
Hoteles en Lince
Cuentan con Abogados Contadores
Diseñan como evadir a la jus�cia
Manejan todas las facturas
Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim)
Estos diagramas ofrecen una visión panorámica y de la evolución y estructura del Tren de Aragua en Perú. El primer cuadro presenta un contexto histórico y una lista de las "mega bandas", mientras que el segundo se sumerge profundamente en la anatomía del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional más dominante actualmente en el Perú y la región.
Este diagrama establece el escenario del crimen organizado en Perú, mostrando su evolución desde casos históricos de lavado de activos hasta la fragmentación y aparición de nuevas bandas, ampliamente investigado por la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim)
9.5.1. Contexto Histórico: El "Caso Zevallos"
De acuerdo con la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim), se presenta como el "Caso emblemático de lavado de activos en el Perú". Describe la trayectoria de Fernando Zevallos, alias "Lunarejo", quien pasó de tener una modesta empresa avionetas en 1990 a controlar una flota de 13 aviones Boeing en 1994 y, finalmente, ser sentenciado en 2021 por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
Este caso sirve como arquetipo para entender cómo las organizaciones criminales utilizan empresas legales (en este caso, una aerolínea) para lavar ganancias ilícitas a gran escala.
9.5.2. Evolución de las "Mega Bandas" Locales y Transnacionales:
Megabanda del Koki y Richardi: Muestra la evolución de una banda local. Inicia en 2019 con un secuestro, se alía con sicarios ("Puros Hermanos Sicarios - PHS") y sufre transformaciones, con la aparición de facciones como "La Cota 905" (al mando de Leo) y "Los Gallegos" (al mando de Armando). La aparición en 2024 de una banda rival
conocida como "El anti-tren" sugiere una lucha territorial.
Tren de Aragua: Se le describe como una organización que, tras no conseguir matar a un enlace en 2020, se apoderó de la explotación sexual en la zona. Esto indica su modus operandi de tomar control de economías criminales ya existentes. Se mencionan facciones como "Los Hijos de Dios" y "Los Gallegos" (también vinculada a la banda del Koki, lo que puede indicar una alianza o una absorción).
Otras Bandas: El cuadro finaliza listando una variedad de grupos criminales que operan o tienen influencia en Perú, mostrando la complejidad del ecosistema criminal: Cárteles Mexicanos, Grupos Colombianos, The Family, y bandas locales como "Los Pulpos", "Los Malditos del Triunfo", "Los Choches de la Loretana", etc.
9.5.3. Facciones o Células:
El diagrama central muestra una estructura de células criminales, algunas identificadas (La Cota 905, Los Gallegos, PHS), lo que visualiza la fragmentación del hampa.
9.6. Diagrama 2: Anatomía del "Tren de Aragua"
Este cuadro es una ficha de inteligencia detallada exclusivamente sobre el Tren de Aragua, con información facilitada por la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim).
9.6.1. Origen y Expansión:
Origen: Nace en el sindicato de trabajadores del proyecto ferroviario en Aragua, Venezuela.
Fundación: Se establece en 2014 al tomar el control del penal de Tocorón.
Fundadores: Se identifica a los líderes máximos o "pranes": Héctor Guerrero
("Niño Guerrero"), Johan José Romero ("Johan Petrica") y Larry Amaury Álvarez Núñez ("Larry Changa").
Expansión: A partir de 2018, aprovechan la crisis migratoria venezolana para expandirse por toda América Latina.
9.6.2. Estructura de Liderazgo y Operaciones:
Líderes y sus roles:
à "Johan Petrica": Control de las minas y producción de armamento.
à "Niño Guerrero": El líder principal, posicionado en Venezuela.
à "Larry Changa": Responsable de la expansión internacional. Domina la "Costa Pacífico Sur" (Ecuador, Perú, Chile). El cuadro destaca su llegada a Chile en 2018 y su captura en Tarapacá en 2022.
Destino del Dinero: Las ganancias fluyen hacia España, Venezuela, Colombia y Argentina.
9.6.3. Modelo de Negocio Criminal:
Delitos: Su portafolio criminal es amplio e incluye tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, secuestro, extorsión y trata de personas.
Posicionamiento: Su método es la violencia directa: Toman el dominio a la fuerza. A diferencia de Venezuela donde controlaban centros penitenciarios, en el extranjero se asientan en zonas donde el Estado tiene poca presencia para ejercer su dominio.
Lavado de activos: Utilizan una red de negocios aparentemente legal para blanquear el dinero, por ejemplo, restaurantes, agencias de viaje, orquestas de música, hoteles, y la contratación de abogados y contadores.
Estructura: no se establece una estructura piramidal convencional en el extranjero, porque no tienen la facilidad del control de territorios (como la que tenían en la cárcel de Tocorón). Esto sugiere un modelo más flexible y celular, adaptado a operar en clandestinidad en diferentes países.
© FEMA Maynas y Marina de Guerra del Perú
Sección IV
Análisis de Sentencias
I. Interpretaciones Judiciales clave sobre Trata de Personas y Lavado de Activos
En los últimos años, la jurisprudencia nacional ha comenzado a consolidar criterios relevantes sobre la trata de personas como delito fuente del lavado de activos. La Corte Suprema, mediante acuerdos plenarios y fallos reiterativos, ha reconocido la necesidad de abordar ambos delitos de forma articulada, reconociendo la lógica de acumulación criminal subyacente. El Acuerdo Plenario 012019/CIJ-116, por ejemplo, establece que la trata de personas no puede ser evaluada solo desde la perspectiva del daño individual a la víctima, sino como una afectación estructural a los derechos humanos y al orden económico y social. Este enfoque ha sido adoptado por cortes superiores en regiones como Madre de Dios, Cusco y Loreto.
Un elemento central en la doctrina nacional es la autonomía del delito de lavado de activos respecto del delito fuente. Diversas sentencias han afirmado que no es necesario que exista una condena previa por trata para que se pueda procesar un caso de lavado vinculado, siempre que se acredite suficientemente el
origen ilícito de los activos. La jurisprudencia ha establecido estándares probatorios basados en indicios razonables, análisis financiero y lógica contextual. En un caso en Madre de Dios, se reconoció la estructura de trata con fines de explotación sexual como actividad delictiva permanente generadora de ingresos ilícitos, lo que permitió la incautación y posterior sentencia por lavado sin condena previa por trata.
II. Jurisprudencia sobre Medios Comisivos y Valoración Probatoria
Los tribunales han incorporado de forma progresiva el análisis de medios comisivos en la evaluación del ciclo de la trata. La violencia, el engaño, el abuso de situación de vulnerabilidad, así como la captación mediante ofertas laborales fraudulentas, han sido reconocidas como elementos estructurales del delito. En la sentencia N.º 2532-2022-Ucayali, se valoraron testimonios indirectos, peritajes psicológicos y elementos de contexto para probar la captación y sometimiento. Asimismo, se reconoció la importancia de considerar el consentimiento viciado de las víctimas como irrelevante penalmente.
© UNODC
III. Análisis Comparado de Sentencias por Región y Modalidad de Explotación
Una revisión de 45 sentencias emitidas entre 2022 y 2024 muestra diferencias significativas en la argumentación jurídica según la región, el perfil de víctima y la modalidad de explotación.
En Lima, la mayoría de los casos están vinculados a explotación sexual organizada, con uso de inmuebles para fines delictivos.
En Madre de Dios y Puno, las sentencias se relacionan con explotación laboral en minería informal, mientras que en Tumbes y Piura se concentran en trata con fines de mendicidad o criminalidad forzada.
Los patrones de razonamiento judicial reflejan una progresiva incorporación del enfoque de género, pero aún persisten criterios restrictivos sobre la prueba del control o sometimiento en contextos de trabajo forzado.
IV. Casos Emblemáticos (2022–2025): Jurisprudencia Detallada
Entre los casos más emblemáticos destacan:
Sentencia 401-2023-Loreto: Red de trata transfronteriza captaba a menores en zonas ribereñas para explotación sexual en centros urbanos. Se logró sentencia por trata agravada y lavado de activos por el uso de testaferros y blanqueo en comercios.
Sentencia 873-2024-Puno: Trata laboral en minería informal con condiciones de servidumbre. Se reconoció trabajo forzado, condiciones inhumanas y se aplicó extinción de dominio sobre maquinaria adquirida con fines de explotación.
Sentencia 025-2022-Lima: Red de trata interregional. Explotación en night clubs con uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS). Se probó la captación mediante el engaño a través de redes sociales y se aplicó responsabilidad penal empresarial por omisión de control
Sentencia N.° 19 (20 de marzo de 2024), Caso “LOS BROTHERS”: una organización criminal familiar que durante años (al menos desde 2015) desarrollaron una red dedicada
a la captación, transporte y retención de mujeres jóvenes, algunas menores de edad, en condiciones de especial vulnerabilidad, con fines de explotación sexual en diversos prostíbulos en del país como “El Trocadero”, “Las Muñequitas” y “Las Conejitas”. Además, dos miembros eran efectivos policiales permitiendo impunidad y protección a cambio de beneficios ilícitos (cohecho). El caso evidenció que:
Utilizaban el enamoramiento o seducción (conocido como “loverboy”) y engaños sobre oportunidades laborales para convencer a las víctimas.
Las víctimas eran trasladadas desde regiones como San Martín, Cajamarca, Amazonas y Loreto hacia Lima, Puno y Madre de Dios, eran retenidas en hostales o viviendas controladas por los tratantes. Luego eran explotadas sexualmente en prostíbulos bajo control directo de los miembros de la organización. Utilizaban nombres falsos como “Ana Lucía”, “Zoraya”, “Dana” o “Kimberly” para camuflar su identidad. Mantenían el control de las víctimas bajo coacción psicológica, amenazas, dependencia emocional y violencia física.
Las ganancias producto de la explotación eran recaudadas diariamente y entregadas a los tratantes, invertidas en propiedades como el prostíbulo “Las Muñequitas” (comprado por S/. 530,000, pero falsamente declarado por S/. 40,000), redistribuidas a través de un sistema de “juntas de dinero” (diarias, semanales o quincenales) entre los miembros de la red, utilizadas para comprar vehículos, bienes de lujo y sostener su modo de vida.
V. Análisis de sentencias de los subsistemas de trata de personas y crimen organizado, desde un enfoque centrado en la víctima.
Fiscalía contra la Criminalidad Organizada: se presentan los resultados de un análisis de datos extraídos de sentencias con el objetivo de ofrecer una visión integral del
fenómeno delictivo desde tres perspectivas complementarias:
Criminológica: Se examinan las tipologías delictivas, modalidades y características de las organizaciones criminales involucradas, así como los patrones geográficos de ocurrencia.
Victimológica: Se describe el perfil de las víctimas, tanto en el delito de trata de personas como en el crimen organizado en general, poniendo especial énfasis en variables como sexo, edad y nacionalidad.
Jurídica y Procesal: Se analizan las respuestas del sistema de justicia (fiscal y judicial), el estado procesal de los casos, la aplicación de medidas coercitivas y los resultados en términos de sentencias.
VI. Principales tendencias identificadas:
6.1.1 Análisis Criminológico:
à En FECOR, predominan los delitos genéricos asociados al crimen organizado como el lavado de activos, la corrupción y el tráfico de sustancias ilícitas.
à La modalidad principal de explotación es la explotación sexual, seguida de la explotación laboral. Los casos suelen vincularse a organizaciones criminales (3–5 imputados) y existen delitos
conexos frecuentes como proxenetismo y falsificación de documentos.
à Geográficamente, los Distritos Judiciales con mayor concentración de casos son Lima, Callao y La Libertad.
6.1.2. Métodos de Captación:
à Predomina el uso de redes sociales y anuncios engañosos (aprox. 60 % de los casos), seguido de captación a través de conocidos o familiares (25 %).
à Un 15 % de las víctimas fueron contactadas mediante “coyotes” o redes de traficantes de migrantes.
6.1.3. Medios de Transporte:
à La mayor parte (70 %) fue transportada por vía terrestre, cruzando fronteras terrestres con documentos falsificados.
à El restante 30 % se movilizó mediante transporte aéreo o fluvial hacia centros de explotación en zonas costeras (principalmente en La Libertad y Lambayeque).
6.1.4. Lugares de Retención:
à En la mayoría de los casos (55 %), las víctimas fueron retenidas en casas de seguridad dentro de diversos distritos de Lima (Callao, San Martín de Porres, entre otros).
à Un 30 % permanecía en inmuebles acondicionados en provincias (principalmente en Piura y Loreto).
à El resto (15 %) era mantenido en inmuebles rurales (caseríos, haciendas).
6.1.5. Formas de Explotación:
à Explotación sexual (60 %).
à Explotación laboral forzada (25 %).
à Servidumbre doméstica coaccionada (10 %).
à Tráfico de órganos y otras modalidades (5 %).
6.2. Análisis Victimológico:
à En los casos de trata, las víctimas son mayoritariamente mujeres (aprox. 63 %) y hay presencia significativa de menores de edad (aprox. 27 %).
à En cuanto a nacionalidad, predomina la victimización de ciudadanas peruanas (alrededor del 70 %), con un porcentaje no menor de víctimas extranjeras (principalmente procedentes de Bolivia y Ecuador).
à Las agraviadas o víctimas suelen ser tanto personas naturales (40 %) como el propio Estado (35 %) y empresas (25 %).
6.3. Jurídicas y Procesales:
à El Desarrollo Fiscal: Los despachos fiscales con mayor carga de casos coinciden en ambos conjuntos de datos, centrados en las fiscalías especializadas de Lima Norte y Sur.
à Medidas Coercitivas: Aproximadamente el 55 % de los imputados por trata recibieron prisión preventiva, en comparación con un 40 % en otros delitos de crimen organizado.
à Sentencias: El sistema parece ser ligeramente más eficaz al procesar delitos de trata, con un índice condenatorio del 68 %. La duración promedio de los procesos (desde la formalización hasta la sentencia) es de 14 meses en asuntos de trata y 17 meses en otros delitos.
6.4. Distribución Geográfica
6.4.1. Distritos Judiciales
Lima es el principal núcleo de procesamiento judicial para ambos conjuntos de casos. La concentración geográfica en Lima y Callao es la más marcada, sin embargo, en provincias como La Libertad y Piura, aunque suman un menor porcentaje global, la incidencia relativa de casos de trata es significativa, lo que sugiere rutas de tránsito y explotación en la costa norte.
Lima Callao La Libertad Piura Loreto Otros
6.4.2.
Conclusiones y Síntesis
a. Relación entre Modus Operandi y Victimología
à En los casos de trata, el proceso de victimización genera ciertas características de víctimas (mujer, frecuentemente menor de edad, grupos de especial protección, entre otros) que requiere mayor especialización en la fase investigativa a fin de evitar sesgos inconscientes de género y el traslado de estereotipos.
à Las características específicas de la trata de personas (alta movilidad de las víctimas, fragmentación geográfica, complicidad de terceros, clandestinidad del delito, involucramiento de las TICs) dificultan la recolección de prueba y la identificación oportuna de las víctimas, por lo que se requiere mayor especialización en TEI.
b. Perfil de la Organización Criminal vs. Respuesta Judicial
à Las organizaciones dedicadas a la trata tienden a ser más pequeñas (4 imputados en promedio), pero operan con alta discreción y usando rutas nacionales e internacionales.
à En contraste, otras redes de crimen organizado (lavado de activos, narcotráfico) son de mayor tamaño (6 imputados en promedio), lo cual implica mayor visibilidad para las autoridades.
à A pesar de ello, el índice condenatorio en casos de trata (68 %) supera al promedio de otros delitos de crimen organizado. Ello podría indicar avances en la persecución penal de la trata.
c. Panorama General del Crimen Organizado y la Trata de Personas
à El crimen organizado en el Perú continúa diversificándose: lavado de activos y corrupción son los ejes predominantes en FECOR.
à La sostenida concentración de casos en Lima y Callao evidencia un punto crítico de intersección entre rutas de tráfico, centros urbanos de explotación y unidades especializadas.
VII. Fiscalía Especializada en delitos de Trata de Personas
Es importante indicar que, el número de casos sentenciados corresponde a las sentencias reportadas durante los años 2024 y 2025 (corte marzo).
Análisis Criminológico
Este análisis se enfoca en las características del delito, su distribución y las formas en que se manifiesta.
Modalidades Delictivas: La modalidad predominante es la explotación sexual, que representa la mayoría de los casos registrados, seguido, con menor incidencia, por la explotación laboral y otras modalidades como la mendicidad y el tráfico de órganos.
Distribución Geográfica: El distrito fiscal de Lima Centro concentra la mayor cantidad de casos, seguido por Lima Norte y Callao. Esta concentración sugiere que la capital y sus zonas aledañas son los principales focos de incidencia de este delito en el país.
Delitos Conexos: el delito principal investigado es la Trata de Personas, a menudo en concurso con otros delitos como Explotación Sexual y Favorecimiento a la Prostitución, lo que evidencia la complejidad de las redes criminales.
Análisis Victimológico
El perfil de las víctimas revela una marcada vulnerabilidad, siendo un factor clave para la prevención y protección.
Perfil Demográfico Clave:
à Género: Existe una abrumadora preponderancia de víctimas de sexo femenino, constituyendo más del 95% del total de los casos.
à Edad: El grupo más afectado es el de las menores de edad. El análisis de la data revela que un alto porcentaje de las víctimas son niñas y adolescentes, con edades que oscilan frecuentemente entre los 13 y 17 años. La captación a edades tempranas es un patrón claro.
à Nacionalidad: Si bien la mayoría de las víctimas son de nacionalidad peruana, se identifica un número significativo y creciente de víctimas de nacionalidad venezolana y, en menor medida, de otras nacionalidades como la colombiana y ecuatoriana. Esto confirma el carácter transnacional del delito.
Vulnerabilidades Explotadas: Las redes de trata se aprovechan de contextos de vulnerabilidad económica, disfunción familiar, falta de oportunidades y crisis migratorias para captar a sus víctimas.
Análisis Jurídico
Este análisis se centra en la respuesta del sistema de justicia frente a los casos de trata de personas.
Eficacia del Sistema de Justicia: El dato más relevante es la brecha entre los casos registrados y las sentencias obtenidas. De un universo de 568 casos investigados, solo 69 (un 12.1%) llegaron a la etapa de sentencia. De estos 69 casos sentenciados, 63 (un 91.3%) obtuvieron una sentencia condenatoria.
Implicaciones de la Brecha: Una tasa de sentencias del 12.1% sobre el total de casos sugiere dificultades significativas en el proceso judicial. Estas pueden incluir:
à Problemas probatorios para acreditar el delito.
à Retiro de denuncias o falta de cooperación de víctimas y testigos.
à Complejidad en la desarticulación de las redes criminales.
à Posibles sobreseimientos o archivos en etapas tempranas de la investigación.
Penalidad: En los casos con sentencia condenatoria, las penas varían según la gravedad del delito y los agravantes. Se observan penas que van desde los 4 años hasta condenas superiores a los 25 años y cadenas perpetuas en los casos más graves, conforme al marco legal vigente.
VIII. Fiscalía de Lavado de Activos
Esta sección presenta un análisis de ocho sentencias judiciales directamente relacionadas con el delito de Lavado de Activos en Perú. El objetivo es identificar las características predominantes de estos casos, las metodologías empleadas por las organizaciones criminales y los resultados procesales, sintetizando los hallazgos en la identificación de las economías criminales subyacentes, las modalidades de blanqueo, la operatividad de las organizaciones delictivas y, crucialmente, la respuesta y eficacia del sistema judicial peruano frente a este fenómeno.
8.1. Hallazgos Principales:
Prevalencia del Narcotráfico y la Minería Ilegal como Delitos Fuente: El Tráfico Ilícito de Drogas (TID), específicamente de cocaína, se identifica como la principal economía ilegal generadora de activos ilícitos, presente en 5 de los 8 casos estudiados. Le sigue la Minería Ilegal, identificada como delito fuente en los 3 casos restantes. Estas actividades se concentran geográficamente en regiones como Ucayali, San Martín, Puno y Madre de Dios, con ramificaciones internacionales hacia países como Australia y Bolivia para el movimiento de capitales
La Minería Ilegal se identifica como el delito fuente en los 3 casos restantes.
8.2. Resultados Judiciales y Criterio
Aplicado:
à Se observa una mayoría de sentencias absolutorias (5 de 8), frente a solo 3 sentencias condenatorias.
à Las absoluciones se fundamentan principalmente en la percepción de falta de prueba sobre el origen ilícito del dinero o el elemento subjetivo del tipo penal.
à Un punto crítico es el criterio judicial en algunos casos absolutorios, donde se exigió prueba directa del delito fuente, lo cual, según el informe, no es un requisito conforme al Acuerdo Plenario 3-2010. En al menos dos casos, se considera que este criterio no fue adecuado y llevó a desestimar indicios relevantes.
8.3. Modalidades y Estructuras Criminales:
à Las organizaciones criminales suelen operar con una estructura que incluye líderes, testaferros, operadores financieros y transportistas. Se identificaron empresas fachada
à Las formas de lavar dineros más comunes incluyen el uso de testaferros (a menudo familiares o socios con ingresos no justificados), la creación de empresas fachada sin actividad económica real, el "pitufeo" (fraccionamiento de depósitos), transferencias internacionales (ej. desde Australia) y la adquisición de bienes de lujo.
8.4. Bienes y Flujos Financieros:
à Los bienes incautados o decomisados comprenden inmuebles (valorizados entre US$ 90,000 y US$ 200,000), vehículos de alta gama y dinero en efectivo (hasta US$ 34,400 incautados en una sola operación).
à Los flujos financieros son complejos: en casos de minería ilegal, el oro informal se vende, el dinero se deposita en bancos, se transfiere a familiares y se usa para comprar bienes. En casos de TID, el dinero se canaliza a través de empresas fachada que emiten facturas falsas.
8.5. Impacto y Duración de Procesos:
à Las absoluciones han tenido un impacto negativo, debilitando la persecución penal del lavado de activos. Las condenas, por otro lado, se sustentaron en una sólida construcción probatoria, incluyendo pericias financieras.
à La duración promedio de estos procesos judiciales es de 4 a 6 años.
à Las pericias contables y financieras han sido clave, evidenciando desbalances patrimoniales significativos (superiores a S/ 500,000) y numerosas transacciones inusuales.
8.6. Alcance Geográfico:
à A nivel nacional, las regiones más involucradas son Ucayali, San Martín, Puno, Madre de Dios y Tacna.
à Internacionalmente, se mencionan Australia y Bolivia como puntos de envío o recepción de dinero.
Se revela una problemática significativa en la judicialización de casos de lavado de activos, marcada por una alta tasa de absoluciones vinculada a criterios de prueba restrictivos. A pesar de la existencia de indicios y pericias financieras contundentes, la efectividad de la persecución penal se ve comprometida. Las modalidades de lavado son diversas y adaptadas a las economías ilegales subyacentes, principalmente el narcotráfico y la minería ilegal, con un considerable impacto económico y alcance transregional.
Tabla Nro. 7
Tipologías de Lavado de Activos más Frecuentes en Sentencias Condenatorias (Perú, 2012-2022)
Tipología de Lavado de Activos Frecuencia (N° de casos de 124 analizados)
Uso de Activos Virtuales (Criptomonedas) (Tendencia emergente, pocos casos judicializados aún) (Tendencia emergente)
Fuente: Elaboración propia con base en V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú (2012-2022), UIF-Perú (SBS,2024a).Nota:Unmismocasopuedepresentarmúltiplestipologías.
Desafíos en la Detección, Investigación y Judicialización del LA Vinculado a la Trata (Percepciones de operadores 2024-2025)
A pesar de los avances, persisten desafíos significativos en la lucha contra el LA vinculado a la trata:
Prueba del Nexo Causal: Acreditar que los activos provienen de la trata de personas es un reto mayor, ya que las ganancias suelen ser más dispersas y difíciles de cuantificar que las del narcotráfico.
Sofisticación Creciente: Las redes de lavado utilizan múltiples intermediarios, empresas ficticias, transacciones transfronterizas y activos virtuales.
Limitaciones en la Investigación: Falta de peritos especializados, sobrecarga procesal, recursos limitados, acceso lento a la información financiera y falta de capacidad para investigar el LA con criptoactivos.
IX. Extinción de Dominio
Este informe analiza los procesos de extinción de dominio en el Perú con base en una matriz de datos judiciales. A partir de los registros, se evidencia que los principales delitos precedentes que motivan estos procesos son el Tráfico Ilícito de Drogas (TID), el Lavado de Activos, la Minería Ilegal y la Corrupción de funcionarios. Estas conductas se vinculan directamente con economías ilegales complejas y estructuradas.
Corrupción: La corrupción en diversas instituciones puede obstaculizar las investigaciones.
Fragmentación de la Investigación: La investigación de la trata y el LA a veces se realiza de manera desarticulada.
Enfoque de los Operadores: Existe una tendencia a centrarse en el delito fuente, considerando el LA cómo un delito accesorio y no autónomo.
Alta Informalidad Económica: Facilita la colocación y el movimiento de efectivo ilícito.
Geográficamente, los distritos judiciales de Cusco, Lima, Tacna, Tumbes y Madre de Dios concentran la mayor parte de los casos registrados, lo que sugiere zonas de alta incidencia criminal o de acumulación de bienes ilícitos. En cuanto a los activos, los bienes muebles, bienes inmuebles, y dinero en efectivo destacan como los principales tipos de bienes sujetos a extinción, aunque existen problemas de estandarización en la nomenclatura. En
conjunto, los datos evidencian la importancia estratégica de la extinción de dominio para debilitar el soporte financiero del crimen organizado.
Análisis Jurídico y de Economías Ilegales
Economía Ilegal
Delitos Vinculados
Narcotráfico Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos
Corrupción Estatal Corrupción de Funcionarios, Peculado
Minería Ilegal Minería Ilegal, Usurpación de Recursos
Trata / Contrabando Trata de personas, Contrabando
La extinción de dominio permite confiscar bienes sin necesidad de condena penal, debilitando las estructuras económicas criminales y dificultando el reciclaje de activos ilegales.
Análisis Geográfico y de Flujos Financieros, esto sugiere correlaciones geográficas con:
Madre de Dios: Minería ilegal.
VRAEM y zonas andinas: TID y lavado.
Lima y Cusco: Corrupción, lavado institucionalizado.
Conclusiones
La herramienta de extinción de dominio se aplica principalmente en delitos ligados a narcotráfico, lavado y minería ilegal.
Las regiones de Cusco, Lima y Madre de Dios concentran más procesos.
Los bienes muebles e inmuebles son los activos más afectados.
Hay deficiencias significativas en la normalización de los datos y falta de información crítica (valores económicos, estados estandarizados).
Recomendaciones
Políticas Públicas:
Priorizar investigaciones patrimoniales en regiones de alta incidencia (Cusco, Lima, Madre de Dios).
Fortalecer las unidades de análisis financiero para identificar bienes ocultos.
FEMA Maynas y Marina de Guerra del Perú
Periodo: Junio 2019 a Febrero
Fuente: SGF
Nota: Un caso puede estar relacionado a más de una actividad ilícita.
SENTENCIAS FUNDADAS ANUALES Y VALORIZACIÓN EN SOLES
Fuente: FEED
Nota: Tipo de cambio al cierre de febrero 2025.
Los resultados cuantitativos y cualitativos del Subsistema de Extinción de Dominio en el Perú, con base en la carga procesal y las sentencias emitidas entre junio de 2019 y febrero de 2025, evidencia la consolidación de la extinción de dominio como una herramienta estratégica del Estado para desarticular financieramente a las organizaciones criminales, con un impacto económico superior a los S/ 550 millones.
SENTENCIAS FUNDADAS ANUALES Y VALORIZACIÓN EN SOLES
Fuente: FEED
X. Hallazgos Principales
Impacto Económico Total: En el periodo analizado, el Estado logró la extinción de activos por un valor total de S/ 550,550,474.82 a través de 1,593 sentencias fundadas.
Origen Principal de los Casos: El Tráfico Ilícito de Drogas es la actividad ilícita que origina la mayor cantidad de casos de extinción de dominio, representando el 31.8% del total de la carga ingresada. Le siguen el Lavado de Activos (22.4%) y el Contrabando (13.5%).
Crecimiento Exponencial: El número de sentencias fundadas ha mostrado un crecimiento anual sostenido y exponencial, pasando de 6 sentencias en 2019 a 589 en 2024.
Resultados del Año en Curso: En los dos primeros meses de 2025, ya se han obtenido 50 sentencias fundadas por un valor de S/ 11,551,714.10, demostrando la continuación de la tendencia positiva.
XI. Análisis de la Carga Procesal por Actividad Ilícita
Entre junio de 2019 y febrero de 2025, las fiscalías provinciales Transitorias de Extinción de Dominio ingresaron un total de 10,279 casos. La distribución de esta carga evidencia las prioridades y el foco de la persecución patrimonial:
3 delitos con mayor incidencia: Los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (3,265), Lavado de Activos (2,301) y Contrabando (1,384) concentran el 67.5% de todos los casos iniciados.
Delitos Relevantes: Otras actividades ilícitas con un número significativo de casos son los Delitos Ambientales (1,028), Minería Ilegal (752), Delitos contra la Administración Pública (corrupción) (504) y Trata de Personas (248).
Nuevas Tipologías: Se observa la aplicación de la extinción de dominio en delitos como Extorsión (150 casos) y Tráfico Ilícito de Migrantes (84 casos), mostrando la versatilidad
XII. Evolución Anual de Sentencias y Valorización
El análisis anual de las sentencias fundadas demuestra la consolidación y madurez del subsistema:
Evolución de Sentencias: El número de sentencias anuales ha crecido de manera significativa: 6 (2019), 67 (2020), 182 (2021), 277 (2022), 422 (2023) y un pico de 589 (2024).
Evolución de la Valorización: El valor de los bienes extinguidos ha tenido fluctuaciones, destacando dos picos importantes: el año 2020 con S/ 90.5 millones y el año 2024, que registró el valor más alto con S/ 242.3 millones, representando el 44% del total recuperado en todo el periodo. Esta variabilidad sugiere el impacto de casos emblemáticos con activos de alto valor.
© FEMA Maynas y Marina de Guerra del Perú
Sección V
Desafíos
I. La Corrupción como Factor Obstaculizador y Facilitador Sistémico
La corrupción institucional representa uno de los principales factores estructurales que permiten la persistencia e impunidad de los delitos de trata de personas y lavado de activos en Perú. Se manifiesta de manera sistémica a través de sobornos, omisiones funcionales, interferencias procesales, y redes de protección al crimen organizado. En regiones críticas como Madre de Dios, Ucayali y Loreto, se han documentado patrones de colusión entre funcionarios públicos, autoridades locales y redes delictivas vinculadas a la minería ilegal, explotación sexual y tráfico de migrantes. La falta de control y sanción efectiva alimenta un círculo de impunidad que desincentiva la denuncia y deslegitima la acción estatal. El impacto de esta corrupción no se limita a la esfera penal, sino que también socava los sistemas de protección social, las políticas públicas y la confianza ciudadana.
En este sentido, el crimen organizado no opera al margen del Estado, sino muchas veces desde dentro de él. La corrupción en altos niveles de decisión, contratos públicos, licencias y nombramientos estratégicos, genera condiciones de impunidad y sostenibilidad para las redes delictivas. El fenómeno de captura institucional representa una amenaza directa a la democracia, la gobernabilidad y la seguridad ciudadana. En regiones con débil presencia estatal, la criminalidad organizada crea formas paralelas de gobernanza, ofrece protección, genera empleos ilícitos y controla territorios. Romper este engranaje requiere una estrategia nacional anticorrupción con enfoque territorial, patrimonial, penal y de transparencia activa.
II. Limitaciones de Recursos, Capacidades y Fortalecimiento Institucional
Las fiscalías especializadas en trata de personas y lavado de activos enfrentan limitaciones significativas de personal, presupuesto, infraestructura y formación. Las investigaciones complejas requieren una articulación interinstitucional sostenida, acceso a tecnología avanzada, protección de testigos, y tiempo efectivo para construir casos robustos. Sin embargo, muchas fiscalías operan con recursos mínimos, alta carga procesal y sin acceso a unidades especializadas de apoyo. La capacitación en análisis financiero, criminalidad organizada y enfoque de género sigue siendo insuficiente, especialmente fuera de Lima. Estas brechas afectan la calidad de las investigaciones y reducen la eficacia de la persecución penal.
Las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, en Delitos de Trata de Personas y en Lavado de Activos enfrentan importantes limitaciones estructurales que inciden directamente en la eficacia de la persecución penal. La escasez de personal capacitado, presupuestos reducidos, infraestructura deficiente y acceso limitado a tecnología avanzada, obstaculizan la investigación de delitos complejos vinculados a economías ilegales. A ello se suma la alta carga procesal, la falta de unidades técnicas de apoyo y la insuficiente articulación interinstitucional sostenida. La capacitación en enfoques clave como análisis financiero, criminalidad organizada y género, sigue siendo desigual, especialmente fuera de Lima, lo que debilita la respuesta fiscal en regiones críticas. Estas brechas afectan la calidad y profundidad de las investigaciones, limitando el uso eficaz de herramientas como las técnicas especiales de investigación o la extinción de dominio.
Una expresión concreta de estas carencias es la ausencia de fiscalías contra la criminaldiad organizada -FECOR en regiones de alta complejidad criminal como Loreto (Iquitos) y Tacna, zonas de convergencia del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, delitos ambientales y lavado de activos, lo que dificulta el abordaje integral de las redes criminales con operaciones transfronterizas y dominio territorial.
III. Protección y Asistencia a Víctimas: Un Eslabón Crítico con Enfoque de Género Pendiente
El sistema de atención y protección a víctimas de trata en Perú presenta múltiples falencias. A nivel institucional, existen carencias estructurales en la disponibilidad de albergues especializados, protocolos de asistencia psicosocial y acceso a reparación. Las respuestas estatales continúan siendo reactivo-asistencialistas, con escasa articulación entre sectores y sin enfoques diferenciales sostenidos. Las víctimas en contextos de criminalidad organizada requieren protección prolongada, acompañamiento integral y garantías efectivas de no revictimización. El enfoque de género y derechos humanos aún no se traduce en una respuesta práctica y transversal. La judicialización de casos con testimonios únicos, sin recursos de contención, genera riesgos para las personas sobrevivientes y debilita los procesos penales.
La protección y asistencia a las víctimas es un componente fundamental de la respuesta estatal que presenta importantes deficiencias, especialmente en la transversalización del enfoque de género. Los servicios existentes, como los Centros de Acogida Residencial (CAR), los Centros Emergencia Mujer (CEM) y las Unidades de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT), enfrentan desafíos críticos.
Cobertura y Calidad Insuficientes: La disponibilidad de servicios especializados es limitada, especialmente fuera de la capital, y su calidad es variable.
Falta de Especialización y Enfoque de Género: Existen limitaciones en la atención diferenciada para víctimas extranjeras, personas LGBTIQ+, NNA varones y personas con discapacidad. La transversalización del enfoque de género sigue siendo una tarea pendiente en la práctica.
Riesgo de Revictimización Institucional: Los procesos judiciales largos e insensibles, la repetición de declaraciones y la falta de información pueden revictimizar a quienes han sufrido trata.
Reintegración a Largo Plazo Deficiente: Los programas de reintegración social y económica suelen ser de corto alcance y enfocados en la emergencia, faltando estrategias sostenibles a largo plazo.
Articulación Interinstitucional Fragmentada: La coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en la protección de las víctimas es insuficiente.
IV. Responsabilidad Empresarial y Programas de Cumplimiento (Compliance)
La participación de empresas en cadenas de valor con riesgo de trata o lavado sigue siendo un tema débilmente abordado en Perú. Aunque existen normas sobre debida diligencia y prevención de delitos, su aplicación efectiva en sectores de alto riesgo (minería, agricultura, pesca, construcción) es escasa. Los programas de cumplimiento (compliance) no siempre incluyen criterios vinculados a derechos humanos o explotación laboral. Se requiere un marco regulatorio más exigente, sanciones efectivas, incentivos para la autorregulación y mecanismos de fiscalización multisectorial. La responsabilidad penal empresarial debe avanzar más allá de la omisión de control hacia la prevención activa del delito en su entorno operativo.
V. DESAFÍOS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY Y VALORACIÓN PROBATORIA EN CASOS DE TRATA Y LAVADO
Uno de los principales desafíos en la investigación y juzgamiento de la trata como delito fuente del lavado de activos es la dificultad probatoria para acreditar el vínculo funcional entre ambos. A pesar de los avances jurisprudenciales, persisten enfoques formalistas que exigen prueba directa del origen ilícito del dinero, ignorando patrones financieros, lógicas de acumulación o dinámicas de explotación sostenida. Los jueces requieren formación continua en tipologías delictivas, economía criminal, enfoque de género y doctrina penal moderna. Las fiscalías necesitan mayor respaldo técnico en análisis financiero y coordinación con la UIF y SUNAT. La carga de prueba, cuando se deposita únicamente en las víctimas, constituye una barrera estructural a la justicia.
A pesar de los avances jurisprudenciales, la aplicación de la ley enfrenta obstáculos significativos:
Prueba del Dolo en Lavado de Activos: Acreditar el conocimiento del agente sobre el origen ilícito de los activos es un reto, especialmente con estructuras financieras sofisticadas.
Valoración del Consentimiento en Trata de Personas: Algunos operadores judiciales pueden tener dificultades para valorar adecuadamente la irrelevancia del consentimiento de la víctima cuando median medios comisivos.
Identificación y Trazabilidad de Activos Ilícitos: Las ganancias de la trata suelen ser en efectivo y se mueven rápidamente, dificultando su rastreo.
Complejidad de la Prueba Indiciaria: Su construcción y valoración requieren un alto grado de rigurosidad y especialización.
Necesidad de Peritajes Especializados: La escasez y demora en los peritajes pueden obstaculizar los procesos.
Fragmentación de la Investigación: La investigación de la trata y el LA conexo a veces se realiza de manera separada.
Duración Excesiva de los Procesos: La complejidad de los casos y las tácticas dilatorias pueden llevar a que los procesos se extiendan por años.
Bajo Índice de Sentencias Condenatorias Efectivas: En relación con el número de denuncias, el número de sentencias condenatorias firmes y ejecutadas sigue siendo bajo.
Reparación Civil a las Víctimas: La obtención de una reparación civil adecuada y efectivamente cobrada es una excepción.
© FEMA Maynas y Marina de Guerra del Perú
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Sección VI
identificación de Buenas prácticas
A pesar de los desafíos, diversas instituciones peruanas, en particular el Ministerio Público, han desarrollado e implementado buenas prácticas en la investigación y persecución de la trata de personas y el lavado de activos, así como en la recuperación de activos ilícitos.
I. Buenas Prácticas Transversales en el Ministerio Público
Equipo Muldisciplinario Especializado integrados (EME) En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, se conformaron Equipos Multidisciplinarios Especializados (EME) con enfoques temáticos según la naturaleza de los delitos: ambientales, trata de personas y homicidios calificados contra líderes indígenas. Sin embargo, el análisis de casos recientes ha evidenciado la presencia de dinámicas criminales convergentes en determinados territorios, donde se superponen delitos ambientales, trata y violencia letal, lo que hace indispensable una respuesta conjunta y articulada. Actualmente, los EME se encuentran estructurados de manera funcionalmente integrada, lo que permite que ya no actúen por separado según el tipo penal, sino bajo un enfoque integral orientado a la producción de casos complejos con impacto territorial.
Oficina de Análisis Fiscal Estratégico contra el Crimen Organizado (OAFEC)
Viene elaborando informes iniciales de sospecha a partir de patrones territoriales, financieros y delictivos, orientados a casos con estructuras organizadas. Esta labor cumple con un enfoque transversal, al incorporar información proveniente de diversas fiscalías especializadas y de inteligencia institucional, lo que permite formular hipótesis integradas que contemplan delitos conexos como trata de personas, lavado de activos, tráfico de drogas, minería ilegal y corrupción. Los productos de la OAFEC fortalecen la toma de decisiones fiscales y mejoran la focalización operativa en zonas de riesgo.
Colaboración Estratégica: El Modelo GRUFICOR y Sinergias entre Fiscalías Especializadas
El Ministerio Público ha promovido la colaboración entre sus subsistemas especializados a través de los Grupos de Fiscales Coordinados (GRUFICOR), que permiten la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar investigaciones complejas contra organizaciones criminales. Además, se observa una práctica extendida de coordinación permanente entre las fiscalías de extinción de dominio, antidrogas, delitos contra el medio ambiente, lavado de activos, trata de personas y criminalidad organizada, lo que permite un enfoque integral y una persecución penal más efectiva.
Apalancamiento de Tecnología y Análisis Avanzado de Datos en Investigaciones Complejas
El Ministerio Público ha comenzado a incorporar herramientas tecnológicas para el análisis de patrones delictivos, la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y el análisis de grandes volúmenes de datos, como en el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto". La adopción de estas tecnologías agiliza las investigaciones y mejora la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales que también utilizan la tecnología.Rol de las Políticas Nacionales de Prevención del Delito en el Abordaje de la Trata y Economías Ilícitas
Las fiscalías de prevención del delito intervienen en establecimientos con riesgo de trata y tráfico ilícito de drogas para disuadir la comisión de estos ilícitos o identificar a posibles víctimas. Además, las fiscalías especializadas realizan campañas de sensibilización y prevención dirigidas a escolares, comunidades y al público en general.
Aplicación de Técnicas Especiales de Investigación (TEI)
El uso de técnicas especiales de investigación (TEI) es fundamental para combatir la naturaleza encubierta de la trata de personas y el lavado de activos. El OVISE (Observación, Vigilancia y Seguimiento), la geolocalización y la interceptación telefónica son herramientas comunes en las investigaciones complejas. La
cooperación internacional para el uso de TEI, como la articulación de la FISTRAP de Loreto con agencias de Estados Unidos, también ha fortalecido las capacidades de investigación.
Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio: Identificación Proactiva y Recuperación de Activos
Estas fiscalías han desarrollado prácticas notables como la cooperación interinstitucional activa, la coordinación temprana con otros subsistemas, la realización de operativos conjuntos y el monitoreo proactivo de medios y fuentes abiertas para identificar bienes vinculados a la trata.
El Subsistema de Extinción de Dominio se ha consolidado como un pilar fundamental en la política criminal del Estado peruano. Los datos demuestran una capacidad creciente y sostenida para despojar a la criminalidad organizada de los activos obtenidos ilícitamente, atacando directamente su poder económico. La eficacia del sistema, evidenciada por el crecimiento exponencial de las sentencias y el significativo monto recuperado, subraya la importancia de continuar fortaleciendo estas fiscalías especializadas como mecanismo para debilitar las estructuras delictivas y recuperar activos a favor de la sociedad.
Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos: Rastreo de Flujos Financieros Ilícitos
Su efectividad depende de la calidad y oportunidad de la información que reciben de las fiscalías de delitos precedentes, como las FISTRAP. Articulan su trabajo con las FECOR y las fiscalías de extinción de dominio, y cooperan con otras instituciones como la SUNARP, la SUNAT, la PNP y la UIF.
Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR): Combate a Estructuras Organizadas
Las FECOR intervienen cuando la trata de personas es cometida por organizaciones criminales estructuradas y desempeñan un rol híbrido que combina la persecución penal con la prevención y la coordinación interinstitucional. Han desarrollado planes de
trabajo, campañas de sensibilización y han fortalecido la capacitación de sus equipos en temas de género y protección de víctimas.
Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP): Panorama General de Prácticas Centrales
Las FISTRAP constituyen la primera línea de respuesta y han desarrollado prácticas transversales como el enfoque centrado en la víctima, la investigación proactiva y especializada, la coordinación interinstitucional y las acciones de prevención. Algunas fiscalías regionales han implementado prácticas específicas destacadas, como el modelo integral de la FISTRAP de Loreto, la investigación sistemática del beneficio económico por parte de la FISTRAP de Piura, y la cooperación transfronteriza de la FISTRAP de Tacna.
Elaboración del Manual de “Reconocimiento de Maquinarias, Materiales, Equipos, Instrumentos e Insumos Químicos Destinados a la Minería Ilegal, Versión 3.0”
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto - FEMA Maynas, ha elaborado una herramienta para la identificación y descripción desde la práctica, de elementos comúnmente utilizados en la minería ilegal y, que pueden ser de utilidad para otros despachos fiscales. La herramienta brinda información sobre definiciones necesarias para la tipificacuon del delito, por ejemplo, detalla informacion sovre las partes de una draga artesanal hasta una amplia variedad de piezas, materiales, instrumentos y equipos, incluyendo motores de succión, rotores, equipos de buceo, y retortas de mercurio, así como insumos químicos como gasolina, petróleo y mercurio. Además, aborda el marco legal relacionado con la minería ilegal en Perú, incorporando un análisis sobre diversas normativas que regulan la interdicción de la minería ilegal y prohíbe el uso de dragas y artefactos similares en cuerpos de agua, así como el tipo penal del delito de minería ilegal y sus formas agravadas, entre otras de especial relevancia en materia de fiscalización y control.
II.Buenas Prácticas de Otras Instituciones Clave
Policía Nacional del Perú Especializada en Lavado de Activos (DIRILA, DIVILAPCO)
Estas unidades realizan análisis estadístico y de inteligencia para identificar redes y actores criminales, y desarrollan investigaciones patrimoniales complejas en coordinación con la UIF y el Ministerio Público.
Policía Nacional del Perú Especializada en Trata de Personas (DIRCTPTIM)
La DIRCTPTIM realiza operativos de rescate y desarticulación de redes de trata, desarrolla inteligencia sobre rutas y modus operandi, y coordina acciones a nivel nacional e internacional. Como resultado, en el año 2024, han logrado la desarticulación de 74 Bandas Criminales y 2 Organizaciones Criminales durante el año 2024.
Poder Judicial
La creación del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio y la publicación de Acuerdos Plenarios por parte de la Corte Suprema son iniciativas que han permitido avances en la lucha contra estos delitos.
Análisis Estadístico y Respuesta Estratégica Policial-Fiscal
La recopilación, análisis y uso de datos estadísticos y de inteligencia por parte de las unidades policiales especializadas y su articulación con las fiscalías es fundamental para una respuesta estratégica basada en evidencia.
Ministerio del Interior – MININTER
Elaboración del “Manual para la investigación en la lucha contra el lavado de activos", guía metodológica que ofrece técnicas y procedimientos para la persecución eficaz del blanqueo de capitales. Adicionalmente, detalla el proceso de aplicación de la extinción de dominio como herramienta para despojar a la criminalidad organizada de su patrimonio de origen ilícito. Este documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo N° 5 de la CONTRALAFT, con la coordinación de la Dirección General contra el Crimen Organizado del MININTER.
Buenas prácticas Internacionales
Lineamientos para la conformación de equipos conjuntos de investigación -ECI- para el abordaje de casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en Iberoamérica
Este documento representa una buena práctica al consolidar un manual integral y práctico para fortalecer la cooperación judicial y policial contra la trata de personas (TDP) y el tráfico ilícito de migrantes (TIM) en Iberoamérica. Su valor reside en que no se limita a un análisis teórico, sino que ofrece una guía operativa detallada que abarca todo el ciclo de vida de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), desde la planificación y creación hasta su funcionamiento y evaluación. La metodología se basa en la sistematización de marcos legales, la recopilación de experiencias de fiscales y la colaboración de organismos clave como UNODC, INTERPOL y REDTRAM, lo que le confiere un alto grado de legitimidad y aplicabilidad práctica para desmantelar redes delictivas transfronterizas.
El manual se distingue por incorporar enfoques transversales que son cruciales para la investigación de estos delitos específicos. Pone un énfasis fundamental en el respeto a los derechos humanos y en un enfoque centrado en la víctima, reconociendo que la protección integral de las personas afectadas es un diferenciador clave frente a otros crímenes transnacionales. Además, promueve una perspectiva de género, niñez e interseccionalidad para garantizar una respuesta coordinada que evite la revictimización y la criminalización de las víctimas. Al articular pautas claras, lecciones aprendidas de casos reales y modelos de acuerdos, el documento constituye una herramienta estratégica para que las instituciones de justicia de la región mejoren su eficacia, superen los obstáculos de la cooperación internacional y ofrezcan una respuesta más humana y coordinada5.
5 United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). Lineamientos para la conformación de equipos conjuntos de investigación -ECI- para el abordaje de casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en Iberoamérica
Sección VII
Principales Hallazgos
El estudio sobre la trata de personas en Perú ha arrojado una serie de hallazgos y recomendaciones clave que permiten comprender la complejidad de este fenómeno y orientar futuras intervenciones.
La Trata de Personas como "Industria de Servicio" Esencial para las Grandes Economías Ilegales
La trata de personas se ha consolidado como una "industria de servicio" funcional y esencial para la operación del narcotráfico y la minería ilegal de oro y cobre en Perú. Provee de manera sistemática mano de obra forzada y explotación sexual en los enclaves donde estas actividades predominan, convirtiéndose en un componente estructural para su sostenibilidad. Por ello la importancia de una actuación conjunta entre los diversos subsistemas del Ministerio Público (GRUFICOR) y la Policía Especializada.
Normalización de la Explotación y Emergencia de una "Gobernanza Criminal" en Zonas de Débil Presencia Estatal
En vastas regiones del país, especialmente en la Amazonía y en los enclaves de minería ilegal, la explotación, violencia basada en género y mercados ilegales, se han normalizado. La escasa presencia del Estado y el control territorial ejercido por organizaciones criminales han dado lugar a una gobernanza criminal donde estas mantienen dominio territorial e imponen sus propias reglas, perpetuando la impunidad y la vulneración de los derechos humanos.
Lavado de Activos: Entre la Sofisticación
Selectiva y el Aprovechamiento de la Informalidad Estructural (Tendencias 20242025)
Mientras que las grandes organizaciones criminales recurren a mecanismos sofisticados de lavado de activos, una parte significativa de las ganancias ilícitas se sigue lavando a través de métodos más simples, como el uso de testaferros, la adquisición de bienes, el pitufeo y la inversión en pequeños negocios de fachada. Estos métodos se aprovechan de la alta informalidad de la economía peruana.
La tendencia para 2024-2025 indica una creciente exploración del uso de billeteras digitales y criptomonedas, aunque el efectivo sigue siendo predominante.
Nodos Geográficos de Convergencia
Delictiva: Epicentros de Riesgo y Oportunidad para la Intervención Estatal
Se han identificado nodos geográficos donde convergen múltiples flujos ilícitos y donde la incidencia de la trata de personas se intensifica, como Puno, Tumbes, Loreto y Madre de Dios. Estos epicentros representan zonas de alto riesgo, pero también oportunidades para una intervención estatal focalizada y estratégica, teniendo en consideración que todas las regiones son zonas de frontera con dinámicas diferenciadas, pero, con presencia de organizaciones criminales con un portafolio de economías y mercados ilegales diversificado.
La Brecha Crítica entre el Andamiaje
Normativo-Institucional y la Capacidad
Operativa Real del Estado
Existe una brecha persistente entre el marco normativo e institucional para combatir la trata de personas y el lavado de activos, y la capacidad operativa real del Estado para implementarlo eficazmente. Esta brecha se debe a la falta de recursos, la insuficiente especialización del personal y la corrupción.
El Desafío de la Responsabilidad del Sector Privado en la Prevención y Combate de la Trata de Personas
La falta de mecanismos de debida diligencia en derechos humanos y de programas de compliance anti-trata en sectores de alto riesgo constituye una vulnerabilidad significativa que facilita la trata y situaciones de explotación laboral.
El REINFO como Instrumento Desvirtuado que Facilita la Persistencia de Economías Ilegales y el Lavado de Activos
El REINFO se ha desnaturalizado y ha operado como un instrumento que, bajo un manto de presunta legalidad, ha permitido la continuidad de operaciones mineras ilegales y ha facilitado el lavado de activos a través del oro extraído ilegalmente. La nueva regulación busca reencauzar este proceso, pero su implementación enfrenta enormes desafíos.
Convergencia de Ilegalidades e infraestructura como Facilitador
Zonas como La Rinconada y La Pampa son "hubs" donde convergen y se refuerzan mutuamente el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de madera y la trata de personas. La Carretera Interoceánica Sur y la "Carretera de selva" no solo conectan al país, sino que son arterias vitales para el flujo de estas economías ilegales hacia Bolivia.
Vulnerabilidad y Explotación
La alta incidencia de trata de personas en las zonas mineras demuestra cómo la precariedad y la informalidad generadas por una economía ilegal crean las condiciones habilitantes para la explotación de personas.
Presencia de organizaciones criminales como amenaza transnacional
La mención al "Tren de Aragua" advierte que el problema no es solo local, sino que está inserto en dinámicas de crimen organizado que trascienden las fronteras nacionales. El Tren de Aragua no solo comete delitos, sino que administra un portafolio criminal que incluye:
Control Territorial ("Plazas"): Crean y gestionan territorios para la explotación.
Estructura Jerárquica clara de funcionamiento dentro de penales o cárceles: Una pirámide de mando que va desde los líderes internacionales ("Pranes") hasta los ejecutores locales ("Soldados").
Sistema de Extorsión Sofisticado: Utilizan la deuda, la vigilancia constante y la coacción psicológica para controlar a las víctimas.
Mecanismo de Lavado Integrado: Las ganancias no se envían directamente al extranjero, sino que se blanquean a través de empresas de fachada en el sector servicios (hoteles), utilizando colaboradores locales para ocultar el rastro.
Alcance Transnacional: Operan en múltiples países de Sudamérica para la ejecución de delitos y en Europa para el destino final del dinero.
Franquicias Criminales:
El Tren de Aragua no funciona como un ejército rígido, sino más bien como una "franquicia". Líderes como Larry Changa se encargan de la expansión, y facciones como "Los Gallegos" o "Los Hijos de Dios" operan bajo su "marca", controlando economías criminales específicas como la explotación sexual. Queda claro que la capacidad de una organización para blanquear sus ganancias es clave para su supervivencia y poder.
Lucha por la Hegemonía
La fragmentación de la "Megabanda del Koki" indican que el mundo criminal es dinámico y violento, con constantes luchas internas y externas por el control de territorios y economías ilícitas. El Tren de Aragua, con su método de "tomar los dominios a la fuerza", es el actor más disruptivo y violento en esta pugna.
A nivel Policial6
Carácter transnacional del delito de trata de personas
De acuerdo con la información obtenida, se identifica una doble vulnerabilidad. Por un lado, las personas rescatadas que representan más del 69%, y son mujeres adultas extranjeras como grupo de especial protección. Este elemento transnacional del delito y coloca al Perú como un país de destino para la explotación, principalmente bajo las finalidades de explotación sexual y laboral o en sus formas mixtas, de mujeres de otras nacionalidades.
Persistencia de la trata interna en NNA
Un 31% de NNA, son el segundo grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad y riesgo frente a la trata de personas, esto nos confirma no solo la persistencia de la trata interna en el país, sino la desproporcionalidad en el “uso” de NNA para fines de explotación, sobre todo sexual. Dicho escenario se agrava porque la TdP suele estar interconectada con una serie de delitos adicionales, algunos operan en contexto de las economías ilegales y los mercados ilícitos, como la extorsión, el sicariato, el cohecho, lavado de activos en sus diversas manifestaciones, terrorismo, homicidios y las diversas formas de VBG, entre otras.
Las víctimas son mayoritariamente mujeres
El 98% (592 de 603) de las víctimas totales son mujeres en su diversidad y, que las menores de edad (nacionales y extranjeras) representan un tercio del total de víctimas rescatadas.
Los perpetradores son mayoritariamente hombres de nacionalidad peruana
El 68% de los detenidos son ciudadanos peruanos, esto demuestra que, aunque en muchos casos la captación y otras conductas pueden ser de origen transnacional, la operación, control y ejecución del delito dentro del Perú son gestionados principalmente por redes u organizaciones locales. Los hombres componen la mayoría de los detenidos en el caso de los ciudadanos peruanos (192 hombres y 59 mujeres).
Desbalance entre Víctimas Rescatadas y Detenidos
Este hallazgo puede ser interpretado de dos formas, la primera como un indicador de proporción de casi dos víctimas rescatadas por cada detenido (603 vs. 367), sin embargo, también podría tener una lectura más crítica que identifique una dificultad para detectar y capturar a todos los mandos de la red criminal, especialmente, cuando hablamos de los líderes o cabecillas, financistas y otros actores clave que no tienen contacto directo con las víctimas pero, que sostienen el sistema de explotación.
6 De acuerdo con la información facilitada por la DIRCTPTIM – PNP, en el consolidado de intervenciones de la División de investigación de trata de personas, elaborada por el área de estadística de la UNIPLEDU – DIRCTPTIM PNP, se analizaron los datos estadísticos de intervenciones realizadas por la DIRCTPTIM-PNP, con la finalidad de identificar tendencias y patrones de criminalidad, pero, también para emitir recomendaciones frente a los hallazgos provenientes del análisis estadístico de 603 rescates y 367 detenciones en 281 operativos durante el periodo 2024.
Sección
VIII
Recomendaciones
El Protocolo contra la trata de personas que, complementa a la UNTOC8 y, que, deben ser interpretados y aplicados de manera conjunta, establece los siguientes artículos y disposiciones directamente vinculadas a la trata de personas y relevantes para la aplicación del Protocolo:
Criminalización del blanqueo del producto del delito (artículos 6 y 7)
Criminalización de la corrupción (artículos 8 y 9)
Responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 10)
Decomiso, embargo y disposición del producto del delito (artículos 12 y 14)
Extradición (artículo 16)
Asistencia judicial recíproca (artículo 18)
Protección de testigos (artículo 24)
Cooperación policial (artículo 27)
Fortalecimiento de Capacidades especializada en:
Recopilación y análisis de datos digitales: es crucial consolidar unidades de análisis de convergencia delictiva, invertir en tecnología (uso de softwares especializados como el cellebrite, encase y chainalysis) capacitación avanzada para la investigación financiera y digital, y optimizar los mecanismos de cooperación judicial y policial internacional.
Identificación de Patrones de Comportamiento: Mediante la aplicación de técnicas de data mining y análisis de redes de vínculos (link analysis), para procesar la data digital a fin de modelar patrones de conectividad y mapear las interacciones entre diversos sujetos y entidades, para correlacionar eventos y descubrir estructuras criminales subyacentes que no son evidentes a simple vista.
Análisis de Datos en Tiempo Real: implementar el procesamiento de flujos de datos (stream processing) para el monitoreo y análisis continuo de actividades. A través de la correlación de eventos complejos, el sistema puede identificar en tiempo real la ocurrencia de patrones de riesgo predefinidos o comportamientos anómalos, generando alertas tempranas y diseminando inteligencia accionable a las unidades operativas pertinentes.
Evidencia Digital: El análisis forense digital se enfoca en la extracción, preservación y validación de artefactos digitales (ej. logs de transacciones, metadatos de geolocalización, registros de comunicación, transacciones en criptoactivos) que constituyen elementos materiales probatorios. La integridad de esta evidencia, asegurada mediante una rigurosa cadena de custodia digital, es fundamental para reconstruir el flujo financiero, demostrar la comisión de actos ilícitos y sustentar la imputación penal en casos de lavado de activos que tengan como delito fuente a la trata de personas.
Lucha Frontal contra la Corrupción y Filtros Institucionales como Eje Transversal
Se debe implementar y reforzar mecanismos de control interno y externo robustos, para establecer programas integrales de integridad con pruebas de confianza periódicas, y proteger eficazmente a los denunciantes de corrupción.
Intervención Estatal Integral y Focalizada en Zonas Críticas y Economías Ilegales Matrices con Enfoque de Género y Derechos Humanos
Se deben diseñar estrategias territoriales integrales para los nodos de convergencia delictiva, reformar de manera estructural el proceso de formalización minera para erradicar su instrumentalización, y promover
8 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es un tratado internacional suscrito por Perú, destinado a combatir la delincuencia organizada transnacional (UNODC).
activamente alternativas económicas lícitas y sostenibles.
La trata de personas, pese a representar una proporción menor del total de casos de crimen organizado, entonces exige una respuesta fiscal-judicial más especializada dado su alto componente de victimización de menores de edad sobre todo en casos de explotación sexual. En este sentido, se recomienda incrementar la capacitación de jueces y fiscales en enfoque victimológico y en el reconocimiento de modalidad de explotación, así como fortalecer la articulación interinstitucional con unidades de protección a la víctima.
Fortalecimiento del Sistema de Prevención, Protección y Asistencia Integral a Víctimas de Trata con Enfoque de Género, Derechos Humanos, Intercultural y Diferencial
Es imperativo incrementar el presupuesto y la calidad de los servicios especializados para víctimas, desarrollar protocolos de atención específicos y diferenciados, diseñar programas de reintegración a largo plazo y garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la reparación integral.
Optimización de la Persecución del Lavado de Activos y la Extinción de Dominio como Herramientas Estratégicas para Desfinanciar el Crimen
Se deben fortalecer las capacidades técnicas para la investigación y juzgamiento del lavado de activos, agilizar y utilizar estratégicamente los procesos de extinción de dominio, y desarrollar capacidades para la regulación y rastreo de activos virtuales a nivel nacional.
Articulación Interinstitucional en Áreas
Geográficas Clave
Crear mesas de trabajo en Lima, Callao y La Libertad (principales distritos judiciales) que reúnan a fiscales, jueces, policías y autoridades locales, con el fin de trazar estrategias coordinadas de prevención y persecución de delitos conexos (narcotráfico, corrupción, trata de personas y lavado de activos).
Mecanismo especializado MP-PNP
Diseñar e implementar un mecanismo práctico e intersectorial que muestra las técnicas para combatir en forma eficaz el lavado de activos
y la trata de personas como delito fuente, tomando en consideración las economías ilegales y la presencia de la criminalidad organizada.
Interoperabilidad de los sistemas y ajuste de datos estandarizados
Es necesario mejorar la recolección de datos estandarizados (p. ej., etiquetar con códigos uniformes la “finalidad de explotación” y el “tipo de organización criminal”, “identidad de género” “género”, “nacionalidad”, entre otros) para facilitar futuros análisis cuantitativos.
Fenómeno Transnacional
Las tendencias identificadas por la PNP demandan un doble enfoque de intervención, nivel internacional, es necesario fortalecer la cooperación con los países de origen de las víctimas (uso de TEI, OVISE, coordinación con autoridades para alertas migratorias y, conformación de ECIs). A nivel nacional, la persecución penal debe centrarse, en cambio, en desmantelar las redes logísticas locales que facilitan la explotación. Sin embargo, en ambos casos debe existir un componente común y es promover investigaciones que busquen desfinanciar al crimen organizado y recuperar los activos.
Necesidad de potenciar las Técnicas Especiales de Investigación en casos de Trata de Personas
Priorizando las investigaciones financieras (DIRCTPTIM - DIRILA), el levantamiento de las comunicaciones y el uso de herramientas de inteligencia para identificar a los líderes de las redes y no solo a los operadores de primera línea.
Fortalecimiento de capacidades desde un enfoque en derechos humanos y Género
Es menester que, las y los operadores de justicia, sobre todo aquellos de primera línea como la Policía, incorporen en su accionar diversos estándares y enfoques internacionales como el enfoque interseccional de género, derechos humanos y, enfoque centrado en las víctimas. Desde metodologías prácticas que permitan un análisis profundo sobre el impacto de la TdP en los grupos de especial protección como, las mujeres en su diversidad, población LGTBIQ+, mujeres migrantes, NNA, entre muchas otras.
