Política de articulación de la educación técnica, la formación profesional y el aparato productivo by FOMILENIOII

Política de articulación de la educación técnica, la formación profesional y el aparato productivo

San Salvador, El Salvador (2019)

Política de articulación de la educación técnica, la formación profesional y el aparato productivo

Este material ha sido realizado con el apoyo financiero del Gobierno de Estados Unidos, a través de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés). Incluye aportes técnicos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT); la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP) y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).

San Salvador, El Salvador (2019)

Índice general

Pag. 1

Mensaje de la Vicepresidencia de la República

Pag. 3

Mensaje del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT)

Pag. 5

Mensaje del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)

Pag. 8

Capítulo I: Situación de la educación técnica y la formación profesional en El Salvador

Pag. 15

Capítulo II: Alcance de la política

Pag. 21

Capítulo III: El modelo de articulación entre los sistemas de educación técnica y formación profesional

Pag. 25

El Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y la Formación Profesional

Pag. 32

Proyectos a priorizar por parte del Consejo de Coordinación ETFP

Pag. 36t

Carácter progresivo del esfuerzo de articulación

Pag. 39

Referencias

Pag. 41

Glosario

Pag. 44

Anexos

Mensaje de la Vicepresidencia de la República

El reconocimiento y vigencia del derecho a la educación y al trabajo constituyen una prioridad para el Estado salvadoreño y, en consecuencia, para cualquier Gobierno que aspire a respetar los mandatos de la Constitución de la República de El Salvador. Los artículos 37, 53 y 54 de la Constitución dictaminan las obligaciones del Estado de ”emplear todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna”; para “la conservación, fomento y difusión de la educación y la cultura” y para crear las “instituciones y servicios que sean necesarios” para organizar al sistema educativo y contribuir al cumplimiento de estos fines. A pesar de los importantes avances logrados a la fecha, y ante escenarios sociales y económicos globales cada vez más desafiantes, el país debe fortalecer sus esfuerzos por mejorar la calidad de la educación y la formación, ya que estas constituyen las estrategias más efectivas para forjar ciudadanía y transitar hacia un desarrollo más humano, inclusivo y sostenible. Para ello, la política pública debe estar en constante revisión y las instituciones públicas responsables de su diseño e implementación deben estar en la disposición de articularse e innovar sus estrategias, enfoques y mecanismos de trabajo. Esta Política de articulación es el resultado de un acuerdo entre las instituciones rectoras de los sistemas de educación técnica y formación profesional en El Salvador - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) e Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) – y expresa la voluntad de dar pasos firmes para mejorar las condiciones de vida de la población salvadoreña y elevar los niveles de cualificación y empleabilidad de la fuerza laboral, como factor clave para elevar la competitividad y productividad de las empresas y del país.

La Política propone ejes encaminados a estrechar la coordinación entre las instituciones públicas, y para establecer vínculos y articulación entre los sistemas de educación técnica y formación profesional y los sectores productivos. Para ello, se crearán y activarán instancias de diálogo de carácter técnico y político, responsables de velar por la pertinencia de la educación y formación, y de esta manera contribuir de forma más efectiva a fortalecer la productividad nacional. Una de las apuestas centrales de esta Política es la activación del Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional, en el cual participarán actores públicos y privados, a quienes les corresponde liderar la promoción de iniciativas que impulsen el desarrollo del país. Estamos seguros de que esta Política es un instrumento que nos permitirá avanzar de forma decidida en el abordaje de las prioridades plasmadas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, “El Salvador Productivo, Educado y Seguro”, referidas a estimular el empleo productivo e impulsar la educación con inclusión y equidad social. Esta Política también responde a los compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y concretamente con el cuarto objetivo encaminado a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, entre cuyas metas se encuentran asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la educación universitaria y, al mismo tiempo, aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Oscar Samuel Ortiz Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II Vicepresidente de la República de El Salvador y Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia ad-honorem

Mensaje del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) impulsa proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la educación en general, incluyendo aquellos encaminados a elevar los estándares de la formación técnica y tecnológica. Desde la gestión del Ministerio, hemos realizado esfuerzos significativos para mejorar la calidad y la pertinencia de la educación. Sin embargo, ante los desafíos de un mundo laboral cambiante, y tal como lo señalan diversos diagnósticos en la materia, debemos continuar profundizando estos esfuerzos a fin de vincular más efectivamente la oferta de formación con la demanda de los mercados de trabajo. Lo anterior plantea múltiples retos, incluyendo la consolidación de mecanismos de coordinación y logro de sinergias, principalmente entre las instituciones que por mandato son responsables de la formación y la educación (MINEDUCYT e INSAFORP) a nivel nacional. La política que este día suscribimos procura instalar mecanismos de articulación que integren la institucionalidad del país para el desarrollo de la formación técnica y profesional, conectándolas con el sector productivo. Se espera de esta manera contribuir a que las personas logren un tránsito armonioso entre la educación y el trabajo y que desarrollen competencias integrales que les permitan impulsar proyectos de vida que consideren valiosos; y al mismo tiempo, generar incentivos para las inversiones y mejores condiciones para el desarrollo económico y productivo de El Salvador. Como MINEDUCYT, reconocemos la importancia de organizar el desarrollo integral de la educación técnica y la formación profesional mediante la articulación de instituciones públicas y privadas, incluyendo asociaciones, gremios de trabajadores y empresas debidamente constituidos y respaldados por la legislación competente.

Para el Ministerio, resulta fundamental incrementar el nivel educativo y formativo de la población, contribuir a la movilidad y a la cohesión social. Por ello, esta política también contempla el diseño de instrumentos de política pública, como la creación de un marco nacional de cualificaciones, así como la puesta en marcha de estrategias para promover la certificación de competencias profesionales, que incidan en el reconocimiento y valoración social de los aprendizajes adquiridos por las personas en los diversos ámbitos, incluyendo el sistema educativo formal, el mundo del trabajo o la educación no formal. El objetivo del reconocimiento de las competencias es que las personas puedan optar por una aprobación académica y profesional de su dominio técnico y accedan al sistema educativo en una modalidad que les posibilite, sin abandonar su fuente de ingresos, alcanzar metas académicas, personales y profesionales. Esta política constituye un paso indispensable para armonizar los esfuerzos nacionales y avanzar de manera coordinada hacia el logro del cuarto objetivo de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Carlos Mauricio Canjura Linares Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología

Mensaje del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)

Satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo económico y social del país, y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población salvadoreña a través de la formación profesional es la razón de ser del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). Por mandato legal, el INSAFORP es el ente que rige al Sistema de Formación Profesional, el cual consiste en la unidad funcional del conjunto de elementos humanos y materiales, públicos y privados para la capacitación profesional para jóvenes, población en condiciones de vulnerabilidad y trabajadores de empresas. Durante los últimos años, en el INSAFORP hemos establecido alianzas estratégicas con diferentes instituciones, actores sociales y productivos del país, esto representa avances importantes en la esfera público-privada; estrategias diseñadas e implementadas para tener un impacto positivo en el desarrollo y progreso de El Salvador. Durante veinticinco años, hemos capacitado a más de 4.2 millones de personas con una inversión de más de 350 millones de dólares, abriendo oportunidades para la empleabilidad y la profesionalización de los salvadoreños. No obstante, las condiciones económicas y sociales del país requieren esfuerzos mayores; como INSAFORP estamos comprometidos con implementar y fortalecer políticas públicas pertinentes que a mediano y largo plazo tengan un impacto en el desarrollo productivo del país. En vista de las constantes exigencias de las diferentes industrias para competir en un mercado local, regional y mundial, nuestra institución está en línea con el acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para crear el Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional junto a los sectores productivos, el cual permitirá establecer mecanismos de articulación en función de satisfacer las demandas de formación del recurso humano.

Todo esto corresponde a una visión de país a largo plazo que establece un diálogo técnico y político, como un mecanismo indispensable, para establecer acciones en concreto para lograr las prioridades de nación. Nuestra institución ha implementado políticas de inclusión social, de igualdad y equidad de género conforme a acuerdos internacionales y políticas del Estado, para crear oportunidades de empleabilidad en las mismas condiciones para hombres y mujeres. Como presidente del Consejo Directivo, sé que esta iniciativa es un paso decisivo y necesario para que los sectores productivos tengan el recurso humano calificado que solo el MINEDUCYT y el INSAFORP pueden garantizar, para que estos puedan competir en un mundo globalizado, altamente innovador; de esto no solo depende el crecimiento productivo del país, sino también la sostenibilidad y el mejoramiento de vida de los salvadoreños en una sociedad democrática. Para concluir, quiero destacar que en esta coyuntura económica-social, sólo mejorando la pertinencia de la educación con la formación profesional podremos encaminar al país por el desarrollo, erradicar la exclusión y generar posibilidades reales de empleabilidad

Ricardo F. J. Montenegro P. Presidente de INSAFORP

Capítulo I Situación de la educación técnica y la formación profesional en El Salvador

Capítulo I 9

La educación técnica se entiende, en un sentido amplio, como aquella educación formal, de nivel medio o superior, reglada o supervisada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en el marco de la Ley General de Educación (Arts. 23 y 25) y la Ley de Educación Superior. En este sentido, contempla la educación media que se ofrece bajo ambas modalidades (general y bachillerato técnico vocacional) dado que ambas son parte de trayectorias que conducen a la inserción laboral. La noción amplia de educación técnica utilizada en esta política abarca también la educación superior no universitaria y universitaria, incluye especialmente aquella formación que otorga los grados de técnico y tecnólogo conforme a la Ley de Educación Superior (Arts. 8 y 10), mas no excluye otros niveles, grados y modalidades impartidos por institutos tecnológicos, especializados o universidades. El término formación profesional se circunscribe a lo establecido en la Ley de Formación Profesional, que la define como “toda acción o programa, público o privado, diseñado para la capacitación en

oficios y técnicas, que proporcione o incremente los conocimientos, aptitudes y habilidades prácticas ocupacionales necesarias para el desempeño de labores productivas” (Art. 3). Consiste, entonces, en una educación que no está sujeta a sistemas de grados y está fuera del marco de regulación del Ministerio de Educación. Se aplica a los diferentes sectores productivos (Art. 4) y tiene como ente rector al INSAFORP, quien tiene entre sus atribuciones (Art. 6) formular el proyecto normativo para la complementación y cooperación entre los sistemas de educación formal y no formal, incluyendo criterios para establecer mecanismos de coordinación, así como, normar y coordinar la vinculación entre la formación profesional institucionalizada y la práctica en las empresas. Existen diversos ámbitos en los que se evidencian las oportunidades de mejora para el funcionamiento de la educación y la formación en el país, y que incluyen, pero no se limitan al desempeño de los mercados laborales, la cobertura y la calidad de los servicios de educación

Capítulo I 10

y formación, o a la forma en que se articulan los sistemas que rigen la educación técnica y formación profesional en los planos normativos, institucionales, técnicos y operativos. Por un lado, el mercado laboral salvadoreño presenta una serie de desafíos de larga duración que impiden la plena inserción socioeconómica y realización de las capacidades de las personas. Estos desafíos se explican o exacerban por las brechas existentes entre la oferta de educación/formación y la demanda de conocimientos y habilidades por parte de los sectores productivos. Desde un análisis de la oferta laboral,persisten los niveles inadecuados de calificación de las personas en edad económicamente activa. En 2017, la escolaridad promedio de personas entre 18 a 29 años y 30 a 59 años, ascendía, respectivamente a 9.9 años y 7.4 años (DIGESTYC, 2018). En otras palabras, la población en edades de trabajar aún no lograba concluir la educación media o el bachillerato. Esto reitera hallazgos que posicionan el bajo nivel educativo de los adultos como la privaciónde

mayor incidencia en los hogares salvadoreños (DIGESTYC, 2018), en tanto en 2017, 79.4% de los mismos contaba con integrantes entre los 18 y 64 años que no han finalizado la educación media. Por su parte, el 96.3% de los hogares en situación de pobreza multidimensional presentaba esta privación (DIGESTYC, 2018). Estas brechas son percibidas también del lado de la demanda de recursos humanos. Estudios recientes realizados por USAID (2017) señalan que el 82% de las empresas del sector manufacturero, 75% del sector agroindustrial, 62% del sector de tecnologías de información y comunicación y 61% del sector turismo, enfrentaban dificultades para encontrar personal calificado con las habilidades técnicas necesarias. No sorprende que con estas distancias la subutilización laboral constituya una de las características más estructurales del mercado laboral salvadoreño. De acuerdo a PNUD (2007), el subempleo y no el desempleo era el principal problema del mismo y se convertía en una vía a la que recurría un porcentaje importante de trabajadores.

Capítulo I 11

Datos más recientes (DIGESTYC, 2018) confirman que entre las privaciones más importantes de los hogares se encuentran precisamente aquellas referidas a la calidad del empleo: en 2017, 65.9% de los hogares tenían miembros que enfrentaban subempleo e inestabilidad del trabajo, y 69% falta de acceso a la seguridad social. El subempleo afecta aún más a la población joven, las mujeres y aquellas personas sin ningún año de estudio aprobado; y estáfuertemente asociado a la pobreza multidimensional. También se observan nuevos desafíos en el mercado laboral salvadoreño. Uno de ellos es la aparición y aumento de nuevas formas de subutilización, no cuantificadas tradicionalmente, como la subutilización por competencias (PNUD, 2013). Esta condición hace referencia a personas que ejercen ocupaciones o competencias inferiores a la formación que han recibido y es, de igual manera, reflejo de desequilibrios entre la oferta de formación y las demandas de competencias. Según PNUD (2013), entre 1992 y 2012, se incrementó de menos de un 5% a 13% el porcentaje de trabajadores con subutilización evidente de competencia o en riesgo de subutilización.

El estancamiento en los indicadores de inserción laboral de los jóvenes constituye una señal de alerta sobre el funcionamiento de los mecanismos tradicionales de inclusión (educación y empleo) en términos de efectividad y equidad. Si bien a lo largo de las últimas décadas el porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja se ha mantenido alrededor del 25%-27% (26.6% en 2017, según DIGESTYC, 2018) y no se han observado cambios sustanciales en la sobrerepresentación de mujeres en esta categoría (8 de cada 10 jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres) (Bolaños y Rivera, 2016), se observaba ya entre 1992 y 2012 una reducción en los niveles de participación económica de los jóvenes entre 16 y 25 años (especialmente hombres), así como un aumento considerable del porcentaje de jóvenes insertos en actividades no calificadas (del 10.9% en 1992 al 42.4% en 2012) (PNUD, 2013). Esta situación coexiste con lo que algunos autores denominan la paradoja de “mayor educación, menos empleo” (Hopenhayn, 2008 en PNUD, 2012), en la que se observa una sobre-representación de jóvenes entre desempleados y subempleados y niveles educativos promedio superiores

Capítulo I 12

entre jóvenes desocupados que ocupados, no siendo este el patrón observado en otros grupos etarios. Desde una óptica de prestación de servicios, existen problemas asociados a la cobertura y calidad de la educación y la formación. En la oferta de educación formal, se mantienen las discrepancias territoriales en los niveles de educación media, donde se registran 20 puntos de diferencia en las tasas netas de matrícula entre las zonas urbanas (47.1 %) y rurales (27.1 %) (UNICEF, 2014). Así, “el lugar en el que nace y crece una persona en El Salvador continúa configurando, determinando y limitando” las perspectivas de desarrollo de las personas (PNUD y FAO, 2016), perfilando trayectorias, transiciones y rupturas entre la formación y el empleo. Lo anterior se deriva, entre otros, de restricciones asociadas a reducidas asignaciones presupuestarias para los niveles de educación media y técnica y la consecuente limitada cobertura geográfica: pocos centros escolares con ofertas de bachilleratos

técnicos en las zonas rurales, o la ausencia definitiva de oferta en algunos municipios del país. En adición, los contenidos de educación media-técnica del sector público reflejan poca diversificación y vínculos con las necesidades de los sectores productivos (MINED, 2014): altas proporciones de docentes y centros escolares ofrecen especialidades técnicas en administración y comercio, que no necesariamente responden a la variedad de conocimientos y habilidades demandados por la economía salvadoreña. Desde una perspectiva institucional, y como entes rectores de la educación técnica y formación profesional, tanto MINEDUCYT como INSAFORP gozan de sus respectivas bases legales, presupuestos de operación y planes de trabajo. Si bien ambas instituciones han avanzado desde sus mandatos en el desarrollo de políticas e instrumentos, aún no han logrado sentar las bases para integrar enfoques comunes basados en competencias ni consolidar instrumentos comunes de política pública necesarios para reconocer los aprendizajes de las personas a lo largo de su vida.

Capítulo I 13

Por ejemplo, El Salvador no cuenta con un catálogo nacional de cualificaciones profesionales ni se han definido entre las instituciones rectoras pasarelas para el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos desde los respectivos programas de educación técnica y formación profesional. En otras palabras, no existen mecanismos para que el sistema educativo reconozca formalmente las competencias adquiridas a través de la formación profesional o la experiencia laboral, ni viceversa. Continúan estando vigentes múltiples retos institucionales señalados en diagnósticos previos (UNESCO, 2012), tales como la dispersión y desarticulación de la oferta formativa entre ambos sistemas; la insuficiente atención en el impacto (económico, productivo, social y laboral) de la oferta de educación y formación; la ausencia de una gobernabilidad que permita ordenar las intervenciones en materia de educación técnica y formación profesional; alto grado de concentración en los procesos de toma de decisiones; insuficiencia de financiamiento para la modernización de la educación técnica y formación profesional;

así como la necesidad de coordinar acciones entre estos sistemas para propiciar un incremento en la productividad, fomentar la innovación tecnológica, diversificar la economía, promover el desarrollo empresarial y aumentar la inversión nacional e internacional. Mejorar las oportunidades para el desarrollo de las personas supone la puesta en marcha de medidas de política pública que involucren a múltiples actores, fundamentalmente, a aquellos responsables de la calidad de la oferta de educación técnica y formación profesional en el país, y de aquellos que demandan estos conocimientos y habilidades para generar oportunidades de empleo y dinamizar el desarrollo nacional. En este sentido, sigue siendo una prioridad avanzar en la mejora sustancial de la coordinación entre el MINEDUCYT y el INSAFORP, así como en la comunicación y el intercambio entre estas instituciones y los sectores productivos, para que en torno a un diálogo constante estos puedan materializar la visión de desarrollo del país en torno a políticas, instrumentos, planes y estrategias comunes.

Capítulo II Alcance de la política

Capítulo II 15

Finalidad de la política Contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente, productiva y democrática, a través del fomento de la formación a lo largo de la vida, la empleabilidad y la promoción de mejores condiciones de inserción social y económica de la población salvadoreña.

Objetivo de la política Mejorar la pertinencia de la oferta educativa/formativa, mediante la articulación entre los sistemas de educación técnica y formación profesional y la vinculación de éstos con las demandas de competencias del aparato productivo. Principio Enfoque de derechos

tener como origen y fin el bienestar de la persona humana, y articularse de forma coherente para contribuir a este bienestar.

Definición y alcance Este enfoque reconoce que las personas son titulares de derechos, que el Estado tiene obligaciones para con ellas y que, en consecuencia, la oferta de programas y servicios públicos debe orientarse hacia el cumplimiento de los derechos de las personas. Este enfoque supone dos condiciones: (a) la ciudadanía puede exigirle al Estado que asuma la responsabilidad de cumplirle sus derechos, en contraposición a los enfoques caritativos o clientelares; y (b) el Estado debe ejecutar las acciones necesarias para que la ciudadanía ejerza de manera plena sus derechos. Bajo este marco, y en cumplimiento con los principios constitucionales, las intervenciones en materia de educación técnica y formación profesional deben

Principio Inclusión social Definición y alcance Principio destinado a erradicar las prácticas sociales e institucionales discriminatorias que niegan, limitan, impiden o menoscaban la dignidad de las personas y su derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. La educación técnica y la formación profesional deberán garantizar la inclusión de todos los grupos sociales, garantizando la no discriminación y procurando la disminución sustantiva de los niveles de desigualdad por razones de edad, origen étnico, género, procedencia, orientación sexual, afiliaciones religiosas o políticas, discapacidad, entre otras características.

Capítulo II 16

Principio Equidad de Género

Principio Corresponsabilidad

Definición y alcance

Principio orientado a lograr que mujeres y hombres disfruten en condiciones equiparables de los bienes, oportunidades, recursos y recompensas valorados por la sociedad. Según la Ley de Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la equidad de género hace énfasis en acciones que conducen a la igualdad, para lo cual todas las instituciones del Estado deberán hacer uso de las acciones positivas, como instrumentos de justicia social y mecanismos de corrección que eliminen las discriminaciones y desigualdades de hecho entre mujeres y hombres. Las intervenciones en materia de educación técnica y la formación profesional identificarán la existencia de desigualdades de género y contribuirán a la eliminación progresiva de las mismas en los diversos ámbitos, a fin de potenciar la equiparación de resultados. Entre otras, las intervenciones deberán procurar la atención de necesidades específicas de las mujeres, así como el acceso y participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos formativos y de desarrollo de habilidades y competencias.

El éxito de las intervenciones en materia de educación técnica y formación profesional es responsabilidad y obligación de un conjunto de actores, incluyendo instituciones públicas, sector privado, sociedad civil y ciudadanos. En este sentido, las partes deberán cumplir sus compromisos y establecer sus aportes específicos conforme a su naturaleza, mandato y atribuciones. En tanto existe este principio, el diálogo entre las partes se constituirá en una herramienta fundamental para organizar la participación de los diversos actores en torno al cumplimiento de los objetivos de la política.

Principio Innovación Definición y alcance En tanto constituyen medios para potenciar el desarrollo humano y el crecimiento económico en entornos socio-económicos complejos y globales, la educación técnica y la formación profesional deben promover el aprendizaje continuo y procurar generar nuevas y más efectivas formas de pensar, reflexionar, experimentar, hacer y evaluar. Los actores involucrados en los procesos de educación y formación deben adoptar la innovación como principio y aplicarlo a sus procesos, mecanismos de trabajo y toma de decisiones.

Capítulo II 17

Ejes y estrategias de la política La presente política reconoce que para favorecer la inclusión socio-económica, mejorar la empleabilidad y la productividad, se requiere la creación de espacios formales para la planificación e implementación conjunta de actividades de desarrollo, entre las cuales se encuentran aquellas relacionadas con la educación técnica y la formación profesional. En este sentido, la política se estructura en torno a dos ejes estratégicos: coordinación entre los entes rectores de los sistemas de educación técnica y formación profesional; y vinculación

efectiva entre la oferta y la demanda de competencias laborales. En primer lugar, se propone avanzar en una mejor coordinación entre los entes rectores de los sistemas de educación técnica y formación profesional el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. La coordinación a la que se hace referencia se daría en los siguientes niveles: político, institucional, técnico y territorial con el propósito de integrar los planos de toma de decisiones, marcos jurídicos normativos, procesos clave e intervenciones puntuales en los territorios.

De igual manera, se propone establecer mecanismos concretos para vincular a los entes rectores con los actores que generan la demanda de formación, priorizando a los sectores productivos. La vinculación entre la oferta y la demanda de formación se haría a través del diálogo y la interacción entre MINEDUCYT e INSAFORP con instancias de carácter privado que tengan capacidades y mandatos concretos para participar en el proceso de identificación de necesidades de formación. La idea es fomentar contenidos educativos y formativos pertinentes y alineados a instrumentos de política pública, afines a las necesidades concretas de la población, las demandas de los sectores productivos a y la visión de desarrollo con equidad del país. A continuación, se detallan las estrategias y líneas de acción para cada uno de los ejes de la política: 1

Las estrategias y acciones impulsadas por esta política estarán alineadas con la Política de Equidad e Igualdad de Género del MINEDUCYT y la Política Institucional de Igualdad de Género del INSAFORP.

Capítulo II 18

Eje 1: Coordinación entre los entes rectores de los sistemas de educación técnica y formación profesional Estrategia 1.1: Habilitar mecanismos formales y permanentes para la integración de los sistemas educación técnica y formación profesional. Líneas de acción: 1. Crear el Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional, con participación de los entes rectores de los sistemas y representación del sector privado. 2. Definir unidades al interior de cada uno de los entres rectores, responsables de atender los requerimientos técnicos del Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional. 3. Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los entes rectores para la sostenibilidad del esfuerzo de articulación. Estrategia 1.2: Armonizar políticas, procesos clave y procedimientos internos de cada ente rector, relacionados con la oferta de programas de educación técnica y la formación profesional en el país.

Líneas de acción: 1. Acordar objetivos, metas e indicadores para la planificación de la oferta educativa y formativa. 2. Establecer los mecanismos para armonizar los enfoques técnicos para el diseño curricular. 3. Concertar políticas e instrumentos de aseguramiento de la calidad de los procesos formativos. 4. Establecer procesos y procedimientos para armonizar la acreditación de actores que brindan servicios de educación técnica y formación profesional. 5. Consolidar las prácticas de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la oferta formativa con base en indicadores y evidencia. 6. Incorporar elementos de análisis territorial en las políticas, procesos clave y procedimientos relacionados con la educación técnica y formación profesional. Estrategia 1.3: Articular la oferta de formación a lo largo de la vida en torno a instrumentos comunes que sean pertinentes a los procesos de desarrollo del país y retomen los diferentes esfuerzos que ya realizan las instituciones relacionadas.

Capítulo II 19

Líneas de acción: 1. Fortalecer y ampliar el sistema de certificación de competencias a nivel nacional. 2. Desarrollar herramientas intermedias para el ordenamiento y la clasificación de ocupaciones/cualificaciones y las competencias requeridas para desempeñarlas. 3. Avanzar gradualmente en la consolidación de un marco nacional de cualificaciones.

Eje 2: Vinculación efectiva entre la oferta y la demanda de competencias Estrategia 2.1: Involucrar progresivamente a los sectores productivos en la identificación de necesidades de formación y gestión de procesos formativos, bajo enfoques compatibles con los instrumentos de política pública utilizados por los sistemas de educación técnica y formación profesional. Líneas de acción: 1. Fomentar la organización del sector productivo en Comités Sectoriales de Educación Técnica y Formación Profesional. 2. Desarrollar capacidades en los sectores productivos para la prospección de las necesidades de formación.

3. Propiciar la participación de los sectores productivos en el diseño curricular, el desarrollo formativo, la definición de estándares de competencias (Normas Técnicas de Competencias Laborales u otros), los procesos de evaluación y certificación de competencias y acreditación de actores y centros de formación. 4. Difundir el valor de reconocer los aprendizajes a lo largo de la vida, mediante procesos de certificación por competencias. 5. Incentivar una mayor asignación de recursos para el desarrollo de competencias de la población salvadoreña.

Capítulo II 20

Estrategia 2.2: Desarrollar espacios de intercambio, práctica y aprendizaje para las personas receptoras de procesos formativos en unidades productivas. Líneas de acción: 1. Expandir los sistemas de formación dual o en alternancia en los diferentes sectores productivos. 2. Promover pasantías, contratos de aprendizaje y otros ejercicios que relacionen directamente a las personas que participan en procesos de educación técnica y formación profesional con experiencias en entornos laborales concretos.

2. Promover pasantías, contratos de aprendizaje y otros ejercicios que relacionen directamente a las personas que participan en procesos de educación técnica y formación profesional con experiencias en entornos laborales concretos. Las estrategias y líneas de acción anteriormente enunciadas se concretizan en la puesta en marcha de un nuevo modelo de articulación entre los sistemas de educación técnica y formación profesional, que conlleva la participación del MINEDUCYT, el INSAFORP y representantes de sectores productivos.

Capítulo III El modelo de articulación entre los sistemas de educación técnica y formación profesional

Capítulo III 22

Esta política propone un modelo de articulación sustentado en la habilitación de mecanismos formales y permanentes para el diálogo, planificación e implementación de actividades relacionadas con la educación técnica y la formación profesional. Estos mecanismos permitirán el intercambio de información entre los actores públicos y privados involucrados, a fin de dar respuesta a las necesidades de formación que se originen desde los sectores productivos de la economía y, de esta manera, contribuir a una dinámica de crecimiento económico compatible con la visión de desarrollo nacional. El modelo de articulación contempla la creación de dos tipos de instancias de carácter privado (Comités Sectoriales de Educación Técnica y Formación Profesional, Junta de Comités Sectoriales), así como la conformación de un espacio de diálogo público-privado (Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional). Comités sectoriales de educación técnica y formación profesional. Los comités sectoriales de educación técnica y formación profesional constituyen un espacio de diálogo técnico cuyo fin es contribuir a garantizar la pertinencia de la oferta de educación técnica y formación profesional; es decir, a asegurar que los programas nuevos o existentes respondan a la demanda de competencias en puestos de trabajo de un sector productivo o rama económica determinada.

Estos comités sectoriales se integran como instancias de carácter privado, por agentes involucrados en el desarrollo productivo (gremiales y empresas), trabajadores expertos o expertos técnicos de las distintas empresas o unidades económicas, así como de los responsables de las capacitaciones. Desarrollarán, entre otros y en apoyo a los mandatos establecidos por las instituciones rectoras de los sistemas de la educación técnica y formación profesional, las siguientes funciones: la identificación de puestos de trabajo prioritarios a ser formados;

Capítulo III 23

la elaboración de perfiles de competencias para la implementación de programas de educación y formación utilizando como base el enfoque por competencias y otros afines a los utilizados en los instrumentos de políticas públicas relevantes; la generación de información y recomendaciones para promover una más eficiente interacción entre oferta y demanda del mercado de trabajo. Dada la evolución y la necesidad de actualización constante de las competencias profesionales, los comités sectoriales de educación técnica y formación profesional se conformarán de forma permanente, para lo cual podrán recurrir a diferentes mecanismos, tales como: a) la activación (vía reforma de estatutos u otro mecanismos formal similar) de un comité con dedicación específica al objetivo de esta política en el seno de asociaciones empresariales existentes que representen los intereses de un sector; b) la constitución de una entidad independiente, con personería jurídica y sin fines de lucro, que cuente con la participación de asociaones

empresariales representativas, y que tenga como objetivo explícito procurar la articulación entre la oferta de programas de formación técnica y profesional y la demanda de competencias en puestos de trabajo del sector; c) otras formas de organización que sean compatibles con la naturaleza de las instituciones interesadas y los fines establecidos en esta política. Los comités sectoriales de educación técnica y formación profesional podrán interactuar de forma directa o a través de la Junta de Comités Sectoriales con instituciones, tales como el MINEDUCYT y el INSAFORP y otras instituciones del Estado relacionadas. En todos los casos, los comités sectoriales desarrollarán planes de trabajo y de sostenibilidad que reflejen claramente su contribución a los fines y objetivos de esta política de articulación entre los sistemas de educación t é c n i c a y formación profesional.

Capítulo III 24

Junta de Comités Sectoriales2 La Junta de Comités Sectoriales es una instancia de carácter privado que aglutinará a un número definido de representantes de los comités sectoriales de educación técnica y formación profesional. Tendrá como propósito consolidar las demandas y las propuestas de programas formativos que requieran, entre otros, el reconocimiento y apoyo del MINEDUCYT y del INSAFORP. La Junta de Comités Sectoriales posee un rol fundamental en la identificación de las problemáticas de la educación y formación de la fuerza laboral salvadoreña y en el desarrollo de una cultura común alrededor de la visión de la relación entre la formación y el empleo como herramienta para mejorar la productividad a nivel nacional. En este sentido, la Junta de Comités deberá contribuir a mejorar la calidad del diálogo sobre esta relación, emitir lineamientos técnicos para consolidar

las metodologías e insumos generados por los distintos Comités, generar insumos para mejorar el análisis y la estimación de las demandas de formación, compartir recomendaciones a los entes rectores de la educación técnica y formación profesional para armonizar procesos para la acreditación de proveedores y la certificación de competencias, así como promover la creación y desarrollo de nuevos comités sectoriales. Les corresponderá a los comités sectoriales de educación técnica y formación profesional elaborar las normas de operación de la Junta de Comités Sectoriales, incluyendo objeto, mandato, estructura, funciones, mecanismos de selección de integrantes, mecanismos de deliberación y gestión, resultados esperados y financiamiento. Estas normas deberán ser compatibles con los fines, objetivos, principios y modelo de gobernanza establecidos en esta Política.

Ver Acuerdo de Conformación Junta de Comités Sectoriales, suscrito el dieciocho de marzo de dos mil diecinueve y su respectivo anexo “Normas de operación y funcionamiento, Junta de Comités Sectoriales” donde se describe la naturaleza, mandato, objetivo, funciones, conformación, estructura, formas de sesionar y mecanismos de conformación de la Junta y su alineación con la presente Política

Capítulo III 25

El Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional Objetivo del Consejo Propiciar el diálogo y proponer mecanismos de articulación entre los sistemas de educación técnica y formación profesional en el país, entre éstos y los sectores productivos, para generar más y mejores oportunidades de desarrollo para las personas, la economía y la sociedad. Naturaleza del Consejo El Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional se vislumbra como el espacio de diálogo y articulación estratégica entre los sistemas existentes regidos por el MINEDUCYT y el INSAFORP, respectivamente; y entre éstos y el sector productivo. El Consejo no elimina, modifica, ni sustituye las funciones o atribuciones del MINEDUCYT o el INSAFORP; tampoco supone la creación de nuevas estructuras al interior de estas instituciones. Sí implica la activación de las instancias de articulación al interior del sector privado, anteriormente

descritas: Comités Sectoriales y la Junta de Comités Sectoriales. Lo anterior, a fin de asegurar una interlocución más focalizada y estructurada con los actores que demandan la formación y cualificación del recurso humano. La perspectiva es que el Consejo se constituya en un medio efectivo para arribar a acuerdos que permitan cerrar las brechas entre la oferta de educación/ formación y las demandas de los sectores productivos, y de esta manera, desarrollar al máximo el potencial de la población salvadoreña, satisfacer las necesidades de formación requeridas para el desarrollo económico y social del país, así como consolidar mecanismos de interacción entre las entidades públicas y privadas involucradas en la educación, la formación y la generación de oportunidades de empleo. La descripción del Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional se presenta de forma detallada en el apartado siguiente. Integración del Consejo El CCETFP será integrado inicialmente por: a) El Ministro de Educación o un representante delegado por éste.

Capítulo III 26

b) El Presidente del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional o un representante delegado por el Consejo Directivo del mismo. c) Dos representantes del sector productivo, integrantes de la Junta de Comités Sectoriales. Los delegados y representantes del sector productivo serán nombrados por Acuerdo de las respectivas instancias antes relacionadas. Los miembros del CCETFP ejercerán sus funciones ad-honorem. En todos los casos, las personas que integran el Consejo deberán contar con visión estratégica sobre el desarrollo del país, conocimientos sobre los procesos educativos y de formación por competencias, y la autoridad suficiente para gestionar al interior de las instituciones u organizaciones la implementación de las propuestas, recomendaciones o proyectos comunes que emanen del Consejo. En todo momento, deberá mantenerse una participación equitativa entre los sectores públicos y privados

Funciones del Consejo El CCETFP tendrá las funciones siguientes: a) Facilitar la coordinación entre las diferentes instituciones públicas y privadas involucradas en procesos de educación técnica y formación profesional. i. Recomendar mejoras en las normativas, procedimientos, políticas o alcances de los sistemas de educación técnica y formación profesional a fin de contribuir al desarrollo de las capacidades de la población salvadoreña, y como consecuencia, la productividad y potencial nacional de crecimiento. ii. Proponer elementos para el diseño e implementación de modelos de certificación de competencias laborales que aseguren ciertos estándares y permitan el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos por la población salvadoreña. iii. Propiciar el establecimiento de lineamientos para la actualización de las carreras y profesiones que requiere el país para concretar su visión de desarrollo y promover los mecanismos necesarios para la validación periódica de las

Capítulo III 27

competencias requeridas para desarrollar puestos de trabajo identificados como críticos. iv. Canalizar requerimientos de datos, solicitudes de información, recomendaciones u otros a las diferentes carteras de Estado, sectores productivos, academia u otros actores y que sean de utilidad para la toma de decisiones, contenidos y planes de trabajo del Consejo. v. Promover la coordinación de programas y proyectos comunes, incluyendo aquellos relacionados con el establecimiento de un marco nacional de cualificaciones, que defina una nomenclatura común entre los sistemas de educación técnica y de formación profesional, promueva la valoración de los aprendizajes a lo largo de la vida, asegure estándares de formación para la población salvadoreña y goce de reconocimiento a nivel nacional. b) Reforzar la pertinencia, calidad y cobertura de la oferta formativa en respuesta a las demandas actuales y futuras de los sectores productivos y de la sociedad.

i. Proponer criterios y lineamientos para el diseño, la planificación y la actualización de la oferta formativa, acreditación de instituciones, instructores y docentes técnicos, así como estándares para la implementación de programas y recursos de aprendizaje (infraestructura, equipamiento, materiales, herramientas, entre otros). ii. Mantener una estrecha relación con los sectores productivos y generadores de empleo a nivel nacional, proponer lineamientos para vincular efectivamente a las personas receptoras de programas de educación técnica y formación profesional con las oportunidades disponibles en los territorios (pasantías, contratos de aprendizaje, programas de formación en alternancia, empleos, entre otros) y propiciar que MINEDUCYT e INSAFORP implementen adecuadamente estos lineamientos. iii. Promover la medición de la oferta y demanda de servicios de educación técnica y formación profesional, aprovechando los diagnósticos y estudios prospectivos realizados por los comités sectoriales, academia y dependencias del Estado.

Capítulo III 28

c) Establecer indicadores comunes para el monitoreo, el seguimiento y la evaluación para la mejora continua de las actividades de educación técnica y formación profesional. i. Promover en diferentes dependencias del Estado y la academia, entre otros, la generación oportuna de datos estadísticos, estudios e investigaciones que permitan realizar proyecciones de las necesidades de formación, dar seguimiento y evaluar el efecto de las intervenciones en materia de educación técnica y formación profesional. ii. Generar y divulgar información oportuna sobre el desempeño, avance y resultados conjuntos de los sistemas de educación técnica y formación profesional. iii. Dar seguimiento a las evaluciones de resultados o impacto que realicen el INSAFORP y el MINEDUCYT, para recomendar ajustes en el diseño e implementación de programas de educación técnica y formación profesional, así como en los mecanismos de acreditación y certificación.

d) Impulsar alianzas a nivel nacional e internacional, a fin de fortalecer el conocimiento de los actores en materia de herramientas, instrumentos y experiencias exitosas; elevar los estándares de formación; y promover el reconocimiento internacional de programas y competencias. i. Coordinar la sistematización, documentación, promoción, difusión y escalamiento de prácticas exitosas en materia de educación técnica y formación profesional. ii. Fomentar la innovación en modelos y herramientas para el desarrollo de competencias. iii. Gestionar recursos financieros, técnicos y otros para promover los esfuerzos nacionales por mejorar la calidad, la cobertura de la educación técnica y la formación profesional, así como la sostenibilidad del Consejo. iv. Promover campañas de información y sensibilización para posicionar el potencial de la educación técnica y la formación profesional, en el marco de las acciones coordinadas del Consejo.

Capítulo III 29

e) Orientar el diseño, puesta en marcha y actualización constante de un marco nacional de cualificaciones, instrumento que permitirá la identificación, caracterización, ubicación (temporal y geográfica) y evaluación de las competencias profesionales más significativas y relevantes para el desarrollo económico y la mejora de la productividad del país. Este marco contribuirá a los ejercicios de planificación de oferta de educación técnica y formación profesional tanto del MINEDUCYT como del INSAFORP. Será responsabilidad del Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y la Formación Profesional analizar los insumos existentes, establecer de forma progresiva las diferentes prioridades y fases de trabajo en torno a este proyecto y sentar las bases para que este instrumento cobre vida a nivel nacional. De las sesiones del Consejo El CCETFP se reunirá de forma ordinaria al menos seis veces al año, una vez cada dos meses. No obstante, podrá celebrar reuniones extraordinarias, cuando así fuere necesario.

El Consejo podrá reunirse y sesionar con la presencia de al menos tres de los siguientes miembros: Ministro de Educación o delegado nombrado del MINEDUCYT, Presidente del INSAFORP o delegado nombrado del INSAFORP y un representante de la Junta de Comités Sectoriales. Las decisiones del Consejo de Coordinación ETFP se tomarán por la concurrencia de al menos tres votos de los miembros presentes. Presidencia del Consejo La Presidencia del Consejo será rotativa entre los sectores públicos y privados que lo constituyen, y tendrá una temporalidad de un año, alternándose entre los integrantes. La Presidencia del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: a) Convocar a reunión a los demás miembros del Consejo. b) Preparar la agenda e insumos técnicos para las reuniones. c) Involucrar a instituciones, organismos o personas según conveniencia, en acciones relacionadas con la articulación de los sistemas de educación técnica y formación profesional.

Capítulo III 30

d) Presidir las reuniones. e) Levantar, sistematizar y divulgar ayudas memoria de acuerdos. f) Preparar informe anual de avances, obstáculos y recomendaciones. g) Comunicar a la sociedad y a actores interesados información pertinente a los resultados de la coordinación de los sistemas de educación técnica y formación profesional. Apoyos técnicos al Consejo El funcionamiento del CCETFP obedecerá a criterios de eficiencia, minimización de costos administrativos y aprovechamiento de las capacidades instaladas en las instancias que lo conforman. El Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva de carácter técnico que apoyará a la Presidencia del Consejo en el desarrollo de sus atribuciones. El MINEDUCYT, el INSAFORP y la Junta de Comités Sectoriales delegarán recursos técnicos para apoyar las funciones permanentes del Consejo a través de esta Secretaría, a fin de ejecutar, sistematizar e informar los acuerdos y disposiciones emanadas del Consejo.

La Secretaría Ejecutiva será responsable de coordinar la agenda de trabajo del Consejo, supervisar la preparación de los insumos requeridos para la toma de decisiones del Consejo, especialmente en lo que respecta a: el diseño del marco nacional de cualificaciones, el establecimiento de lineamientos para unificar procesos de acreditación y certificación por competencias, así como el diseño de indicadores para objeto de monitoreo y evaluación de la educación técnica y formación profesional en el país. Para avanzar en estos temas, la Secretaría podrá recurrir a la contratación de asesorías o asistencias técnicas nacionales o internacionales. Rendición de cuentas del Consejo El CCETFP deberá presentar reportes anuales de sus logros y avances. Tanto el MINEDUCYT como el INSAFORP incorporarán en sus ejercicios de rendición de cuentas los avances del Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y la Formación Profesional.

Capítulo III 31

En adición, el Consejo como tal podrá asumir un ejercicio propio de rendición de cuentas para dar a conocer sus resultados ante los partes integrantes del mismo, sectores productivos y la sociedad en su conjunto. De la interacción con otras instituciones y el sector privado El CCETFP podrá, a propuesta de cada miembro y por decisión unánime, convocar a participar en las sesiones del Consejo de Coordinación, con voz, pero sin voto, a otras instancias cuya participación se considere estratégica, relevante o pertinente para los fines u objetivos del Consejo, incluyendo dependencias del Estado, representantes del sector académico, sociedad civil.

Para efectos de alineación con las prioridades de desarrollo y las políticas públicas vigentes, el Consejo de Coordinación mantendrá una estrecha al Consejo, apoyará la convocatoria con otras instituciones del Estado y fortalecerá la gestión de recursos para la articulación entre los sistemas de comunicación con la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, entidad que emitirá lineamientos estratégicos educación técnica y formación profesional. Sostenibilidad La permanencia, sostenibilidad y cumplimiento de la finalidad y funciones del Consejo constituyen responsabilidades de las partes integrantes y del Estado.

Proyectos a priorizar por parte del Consejo de Coordinaciรณn ETFP

Capítulo III 33

Marco Nacional de Cualificaciones El Consejo de Coordinación ETFP liderará proyectos que requieran de la participación de ambos sistemas y cuya finalidad sea fortalecer el entorno de la política pública. Un primer proyecto a priorizar será el diseño y puesta en marcha de un marco nacional de cualificaciones (MNC).

las describe, clasifica y ordena conforme a criterios acordados (sectoriales, funcionales, niveles de competencias u otros) entre los sectores productivos y los respectivos sistemas, y señala aquella formación asociada a estas cualificaciones que debería corresponder a la oferta que emana de ambos sistemas (Arbizú, 2004; Comunidades Europeas, 2009).

Un marco de cualificaciones se define como un “instrumento de clasificación de las cualificaciones en función de un conjunto de criterios correspondientes a determinados niveles de aprendizaje, cuyo objeto consiste en integrar y coordinar los subsistemas nacionales de cualificaciones y en mejorar la transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualificaciones en relación con el mercado de trabajo y la sociedad civil” (Comunidades Europeas, 2009)

En otras palabras, los MNC dotan de un lenguaje común a los sistemas de educación técnica y formación profesional en tanto definen normas para comparar y evaluar conocimientos y destrezas que pueden ser observados y validados. Por lo tanto, permiten reconocer los aprendizajes y competencias adquiridos por las personas a lo largo de sus diversas trayectorias y experiencias educativas (formales y no formales) y laborales, estructuran las distintas etapas de la educación y la formación, las transiciones entre ellas y la valorización de las trayectorias. Como consecuencia, facilitan la inserción económica y son útiles para la planificación de la educación y la formación.

El marco nacional de cualificaciones (MNC) constituye un eje central para los sistemas de educación técnica y formación profesional, en tanto identifica las cualificaciones profesionales más significativas o relevantes para el entorno económico,

Capítulo III 34

El funcionamiento de un MNC supone también la existencia de uno o varios organismos competentes que establecen si las personas han logrado o superado un determinado nivel de aprendizaje o competencias.

INSAFORP y el sector privado avancen en el desarrollo de instrumentos comunes para la toma de decisiones, el seguimiento a las actividades impulsadas, así como la evaluación de las acciones promovidas.

La experiencia internacional en la creación de marcos de cualificaciones confirma que éstos son procesos de larga duración, que pueden tomar incluso décadas en materializarse. Será responsabilidad del Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional analizar los insumos existentes, establecer de forma progresiva las diferentes prioridades y fases de trabajo en torno a este proyecto y sentar las bases para que este instrumento cobre vida a nivel nacional

Los sistemas de monitoreo y evaluación, así como el establecimiento de indicadores comunes de gestión, constituyen ejemplos de estos instrumentos. El Consejo definirá el tipo de indicadores a establecer, dependiendo del alcance y nivel de los efectos que se deseen medir. Los efectos de las de las intervenciones en materia de educación técnica y formación profesional puede medirse en las personas, mediante mejoras en la empleabilidad, condiciones laborales o salariales; las empresas, mediante mejoras en la productividad, innovación, posición relativa en los mercados nacionales e internacionales; en la sociedad en su conjunto, a través de mejoras en los niveles de desarrollo económico, cohesión social y competitividad (Billorou et al, 2011).

Indicadores comunes para el monitoreo y evaluación de la educación técnica y formación profesional El logro de los objetivos y el cumplimiento de las atribuciones establecidas para el Consejo requieren que MINEDUCYT,

Capítulo III 35

De igual manera, pueden medirse en los siguientes niveles (Billorou et al, 2011): • Reacción o grado de satisfacción de las personas participantes. • Aprendizaje y desarrollo efectivo de habilidades y competencias. • Transferencia o aplicación, referido al grado en que los aprendizajes se transfieren a la práctica laboral. • Pertinencia de la formación e impacto a nivel de desempeño laboral, resultados organizacionales o sociedad en su conjunto. • Retorno de la inversión (para estimar la rentabilidad y comparar los costos con el valor obtenido en términos monetarios). El Consejo deberá gestionar con las distintas dependencias la identificación, definición, cálculo y seguimiento periódico de aquellos indicadores que le permitan a los entes rectores (MINEDUCYT e INSAFORP) medir su desempeño y avanzar en la toma de decisiones estratégicas sobre la orientación y contenidos de la educación técnica y formación profesional.

A la fecha, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología cuenta con indicadores de calidad de la educación técnica tecnológica para las áreas de: estudiantes, profesores, gestión institucional, información educativa y participación de otros. El INSAFORP cuenta con indicadores de resultados vinculados a las acciones formativas que ejecuta. Dispone además de indicadores de impacto de los programas que desarrolla, sin embargo, no se realizan evaluaciones de impacto con una periodicidad sistemática. No existe evidencia de que los entes rectores dispongan de acuerdos sobre los indicadores que utilizarán para medir el progreso y avance colectivo en materia de educación técnica y formación profesional. Por su parte, el sector productivo necesita construir indicadores propios vinculados a la necesidad de recurso humano y a la formación de los mismos, lo cual en este momento no tiene disponibles de forma agregada o colectiva.

Carรกcter progresivo del esfuerzo de articulaciรณn

Capítulo III 37

La implementación de las estrategias y acciones previstas en esta Política se realizará de forma progresiva y deberá prever el desarrollo de, al menos, las siguientes fases: • Activación de la Junta de Comités Sectoriales: El funcionamiento del Consejo requiere de la participación de representantes de la Junta de Comités Sectoriales, instancia que debe conformarse formalmente previo a la habilitación del Consejo, y que también presupone la consolidación de los comités sectoriales de educación técnica y formación profesional. • Preparación de insumos técnicos: En una fase preparatoria, el MINEDUCYT y el INSAFORP trabajarán en la armonización de sus enfoques por competencias, y de conceptos y procedimientos referidos a procesos clave que implementan de forma paralela. Estos procesos incluyen: investigación de los mercados laborales y de las demandas de educación/ formación de sectores productivos y agentes económicos;

planificación de la oferta educativa y formativa, diseño curricular y aseguramiento de la calidad de los procesos formativos; certificación de competencias; acreditación de actores (como por ejemplo, instructores/docentes técnicos, centros de formación, programas formativos); vinculación de los receptores de procesos formativos con los sectores productivos y agentes económicos, a través de pasantías, contratos de aprendizaje, formación dual o en alternancia, entre otros; evaluación de los programas de educación técnica y formación profesional. Conforme a las funciones y atribuciones del Consejo, estos procesos clave deberán articularse de formas más efectivas bajo un activo liderazgo del Consejo y marcarán la agenda inicial de trabajo del Consejo. • Funcionamiento inicial del Consejo de Coordinación de ETFP: El funcionamiento inicial del Consejo se circunscribe a la participación por parte del sector público de aquellos entes rectores de los sistemas de educación técnica y formación profesional (MINEDUCYT e INSAFORP)

Capítulo II 38

así como de los representantes de los Comités Sectoriales, organizados y representados por la Junta de Comités. Lo anterior obedece a la necesidad de avanzar paso a paso en la consolidación de los aspectos técnicos necesarios para el funcionamiento del modelo de articulación. En esta fase inicial, el Consejo dará inicio a los proyectos priorizados en el marco de esta Política. • Ampliación del modelo de articulación: Dado que la educación técnica y la formación profesional son temas de interés nacional que requieren coordinación y colaboración con otras instituciones y organizaciones de los sectores público, privado, academia y sociedad civil, se prevé en un mediano plazo transitar hacia

una fase de funcionamiento ampliado del modelo de articulación, a fin de incorporar de forma progresiva a otros actores, tales como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, representantes de universidades, movimientos laborales, entre otros. La decisión de incorporar a nuevos actores será tomada por consenso, una vez el Consejo estime conveniente y contribuya al logro de los fines, objetivos y atribuciones del Consejo. En todo momento, deberá mantenerse una participación equitativa entre los sectores públicos y privados y aspirar a mejorar progresivamente la representatividad del mismo3.

De expandirse el Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y la Formación Profesional, éste definirá las reglas de operación para sostener sus sesiones, incluyendo pero no limitándose a las notificaciones requeridas, el quórum necesario para integrarse y el número de votos para la toma de decisiones

Referencias 39

Referencias: Arbizú, F (2004). El Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Madrid: INCUAL Asamblea Legislativa de El Salvador. Ley de Educación Superior. Asamblea Legislativa de El Salvador. Ley General de Educación. Asamblea Legislativa de El Salvador. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Asis, F. y G. Arredondo (2012) Análisis comparado de la situación del SNCP en los ocho países latinoamericanos. Propuesta de Acción. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el apoyo de CIEP y CIREM. Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROSOCIAL). Billorou, N. et al (Eds) (2011). Skills development impact evaluation. A practical guide. Geneva: ILO CINTERFFOR. Disponible en: http://guia.oitcinterfor.org/sites/ default/files/guia/skills-development-impact-evaluation.pdf Bolaños, F. y M.E. Rivera (2016) Los jóvenes NINI en El Salvador. San Salvador: FUNDAUNGO. Comunidades Europeas (2009) Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EFQ-MEC). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas. Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) (2018). Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA). Resultados de aprendizaje esperados para los niveles técnico superior universitario, bachillerato universitario, licenciatura, maestría y doctorado. Ciudad de Guatemala: Editorial Serviprensa. DIGESTYC (2018) Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017. Ciudad Delgado: DIGESTYC. FES (2017). Nota conceptual del diseño curricular de una nueva oferta técnica vocacional para el Proyecto FOMILENIO II. Documento interno de FOMILENIO II. INSAFORP (2006) Política Nacional de Formación Profesional.

Referencias 40

MINED (2014) Investigación evaluativa del estado actual del desarrollo del currículo nacional de la educación técnica tecnológica de El Salvador. San Salvador: MINEC y PROEDUCA Documento propuesta Sistema Nacional de Formación Técnica y Profesional en El Salvador (presentado por Mesa Técnica, Febrero 2015). OIT (2000) Resolution concerning human resources training and development. ILO. ILC 88th Session, Geneva, 2000 PNUD (2008). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2007-2008. El empleo en uno de los pueblos más trabajadores del mundo. San Salvador. PNUD (2013) Informe sobre Desarrollo Humano 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador. PNUD y FAO (2016). Cuaderno sobre Desarrollo Humano: Seguridad alimentaria y nutricional: camino hacia el desarrollo humano. San Salvador: PNUD y FAO. STPP y MINEC-DIGESTYC (2015). Medición multidimensional de la pobreza. El Salvador. San Salvador: Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Estadística y Censos. STPP (2015) Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: El Salvador productivo, educado y seguro. San Salvador: Secretaría Técnica y de Planificación, Gobierno de El Salvador. UNESCO (2012). TVET Policy Review en El Salvador, UNESCO OREALC. Abril 2012. UNICEF (2014). Informe de la situación de la Niñez y la Adolescencia en El Salvador. Transformar inequidades en oportunidades para todas las niñas, niños y adolescentes. San Salvador: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia USAID (2017). Proyecto de USAID Puentes para el Empleo. Estudio de Mercado Laboral. Hojas informativas de sectores: manufacturero, agroindustrial, tecnologías de la información y comunicación, turismo. Sitios web: www.asamblea.gob.sv

Glosario 41

Término: Demanda (mercado laboral) Definición: En los mercados laborales, la demanda de trabajo se refiere a la cantidad de trabajadores que el conjunto de unidades productivas o empresas requieren contratar para poder desempeñar sus actividades.

Término: Empleabilidad Definición: Conjunto de conocimientos, aptitudes y destrezas que brindan a una persona la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo o permanecer en él. Es un concepto dinámico relacionado con el grado de ajuste entre la oferta y demanda de competencias.

Término: Formación a lo largo de la vida Término: Demanda de competencias Definición: Educación formal, de nivel medio o superior, reglada o supervisada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y que tiene entre sus propósitos dotar a alumnos de competencias y herramientas para facilitar una fluida transición entre el sistema educativo y un empleo o actividad económica de calidad.

Definición: Actividades orientada a desarrollar conocimientos y habilidades, emprendida en cualquier momento del ciclo vital de una persona; concreción del derecho de los seres humanos a aprender y acceder a nuevos conocimientos, independientemente de la edad y del momento de la vida en que se encuentran.

Término: Formación profesional Definición:

Término: Educación técnica Definición: Educación formal, de nivel medio o superior, reglada o supervisada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y que tiene entre sus propósitos dotar a alumnos de competencias y herramientas para facilitar una fluida transición entre el sistema educativo y un empleo o actividad económica de calidad.

Tipo de formación que tiene por objetivo procurar los conocimientos, las destrezas y/o competencias requeridas en determinadas ocupaciones, oficios o profesiones. La formación profesional pretende facultar a las personas para un desempeño laboral calificado y eficiente en determinados puestos de trabajo, y por lo tanto, contribuyen a mejorar la empleabilidad y la productividad.

Glosario 42

Término: Programa de formación Definición: Conjunto de actividades, contenidos y/o métodos aplicados con el fin de alcanzar determinados objetivos (conocimientos, capacidades y/o competencias), organizados con una secuencia lógica y una duración concreta.

Término: Marco de cualidicaciones

Término: Pertinencia de de la educación/ formación Definición: Atributo deseable de los programas de educación técnica y formación profesional que asegura que sus respectivos contenidos y resultados responden de forma coherente a las necesidades de conocimientos, habilidades y competencias- presentes y futuras- de los sectores productivos. La pertinencia de la educación y formación facilita el cierre de brechas entre oferta y demanda en los mercados laborales y contribuye a mejores resultados en materia de empleabilidad y empleo.

Definición: Instrumento para el desarrollo, la clasificación y el reconocimiento de las habilidades, conocimientos y competencias, según una escala continua de niveles acordados con base en un conjunto de criterios. Los marcos de cualificaciones pueden tener alcances diferenciados y comprender de forma exhaustiva todos los logros y rutas de aprendizaje, o bien, circunscribirse a un determinado nivel educativo, sector o área en particular.

Término: Certificación de competencias

Término: Competencia Definición: Conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades (personales, sociales y metodológicas), que son adquiridas a lo largo de la vida y en diferentes ámbitos, incluyendo las experiencias educativas (formales y no formales), las situaciones de trabajo y otras relacionadas con el desarrollo profesional y personal. Las competencias son observables y denotan una capacidad demostrada de realizar tareas, actividades o procesos, y por lo tanto pueden ser evaluadas, validadas y certificadas

Definición: Proceso de reconocimiento formal de competencias de la fuerza laboral, independientemente de la forma en que fueron adquiridas. La certificación es el mecanismo por el cual se comprueba de forma independiente que una persona posee los conocimientos, destrezas o habilidades necesarias para realizar una tarea o un conjunto de tareas asociados a una ocupación, puesto de trabajo o profesión.

Glosario 43

Término: Enfoque por competencias

Término: Oferta de competencias

Definición:

Los enfoques por competencias hacen énfasis en la capacidad demostrable o en la evidencia de haber logrado un nivel de aprendizaje y no en la duración de un estudio o en la existencia de diplomas que los respalden. En este sentido, abren espacios para articular los sistemas de educación técnica y formación profesional a través de instrumentos como el marco nacional de cualificaciones.

Se refiere al conjunto de habilidades, destrezas y aptitudes que posee la población, y en particular la fuerza laboral. Contempla tanto las habilidades que se poseen como su evolución

Término: Sector productivo Definición:

Término: Oferta (mercado laboral) Definición: En los mercados laborales, la oferta de trabajo se refiere al conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar.

En un sentido amplio, se refiere al conjunto de actores que generan oportunidades económicas y de empleo, así como a las personas que integran las unidades económicas o empresariales. En un sentido acotado, considera a grupos de actividades económicas con características comunes que se integran en torno cierto tipo de productos o procesos productivos.

Anexo 44

Anexo 1:

Marco jurídico y de políticas públicas vinculadas a la educación técnica y la formación profesional

Leyes

Políticas

- Ley General de Educación - Ley de Educación Superior - Ley de Formación Profesional - Ley de la Carrera Docente - Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico - Código de Trabajo - Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad - Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres - Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en Sector Privado - Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa

- Política Nacional de Formación Profesional (2006) - Política Nacional de Innovación y Tecnología (ICT) - Política Nacional de Fomento Diversificación y Transformación Productiva de El Salvador - Política Nacional de Emprendimiento - Política Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - Política Institucional de Igualdad de Género del INSAFORP - Política Nacional de las Mujeres (ISDEMU) - Política de Equidad e Igualdad de Género del MINEDUCYT - Política Nacional de Empleo (2018)

San Salvador, El Salvador (2019)