Devolución de saldo a favor: un nuevo criterio judicial en pro de los derechos humanos del contribuyente

El estado de la recaudación en México

México, a pesar de que en los últimos años ha aumentado el porcentaje de recaudación tributaria y su número de contribuyentes (del 11.5% en el año 2000 al 16.7% en 2021; y de 28 millones de contribuyentes al SAT en enero de 2010 a 84 millones en noviembre de 2023), sigue siendo de las naciones con menos recaudación de la región. En 2021 –año más alto–, recaudó menos de la mitad que el promedio de la OCDE y nueve puntos por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, situándose en el lugar 22 de un total de 26.

No pagar o no recaudar los suficientes impuestos además de contravenir directamente con los artículos 36 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)–impide que los gobiernos puedan redistribuir en aspectos como la educación, la salud, la impartición de justicia y la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso de sectores económicos que son fundamentales, impactando de manera negativa en la garantía de derechos de los sectores en mayor vulnerabilidad social y afectando indirectamente los diferentes artículos de los pactos de derechos civiles y políticos, así como de derechos sociales, culturales y económicos.

Lo anterior, es una realidad que, ciertamente, debe ser cada día más difundida y comprendida en un país donde la gente quiere menos desigualdad, pero no quiere pagar más impuestos. Así se determinó, por ejemplo, en la tesis aislada II.2o.A.13 A(11a.) por parte del Tribunal Colegiado de Circuito en el sentido de que, en el control constitucional sobre los impuestos, es necesario que el juzgador reconozca su estrecha relación con los derechos humanos y la posibilidad de que el Estado pueda garantizarlos a través de su imposición. De hecho, una mayor recaudación fiscal como estrategia de mayor y mejor redistribución de la riqueza posibilitaría disminuir en nuestro país uno de los contextos mayormente asociados a la violencia criminal como es la desigualdad social.

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