Puntos Finos Julio 2024

Política fiscal con enfoque de derechos humanos en la región de América Latina. Experiencias y buenas prácticas

Desde el marco teórico en torno a los conceptos y la interrelación entre ellos, se tiene que, por un lado, la política fiscal puede ser definida como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos por parte del Estado para influir en la economía y lograr objetivos socioeconómicos; mientras el enfoque puede concebirse como una herramienta teórica y metodológica que busca incorporar una serie de normas, principios, obligaciones, deberes y elementos esenciales de los derechos humanos en las políticas públicas. De esta forma, la política fiscal con enfoque de derechos humanos podría ser caracterizada como la aplicación de principios y normas de derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de políticas fiscales y presupuestarias, lo que implica partir del hecho de que la política fiscal es un instrumento fundamental para la garantía o no de tales derechos.

América Latina

Sobre la importancia de una política fiscal con enfoque de derechos humanos en América Latina, cabe comenzar diciendo que adoptar una postura tal es urgente e imperativo en el contexto latinoamericano, marcado por profundas desigualdades en el acceso a derechos básicos como salud, educación, vivienda y seguridad social y por debilidades en los sistemas de protección social, caracterizados por la baja recaudación, la regresividad tributaria, la alta evasión y el gasto público insuficientes; condiciones que se vieron agravadas y exacerbadas por la pandemia de coronavirus disease (Covid­19) que empujó a millones de personas a la pobreza, evidenciando las debilidades de los sistemas de protección social.

En este escenario, una política fiscal con enfoque de derechos humanos como parte de una reforma estructural y un nuevo pacto fiscal podría contribuir a enfrentar estos desafíos, al promover una recaudación más justa y progresiva, y una asignación del gasto público orientada a garantizar niveles esenciales

de derechos para toda la población; a favor de un futuro de mayor dignidad y justicia social.

Por un lado, la desigualdad en el acceso a derechos es un problema grave en América Latina, la región más desigual del mundo, a pesar de que el gasto social público ha aumentado en la región en los últimos años –del 11.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010 al 14.1% en 2021–. Piénsese, por ejemplo, en la estadística que revela que el 50% más pobre de la población en América Latina y el Caribe se lleva solo el 10% de los ingresos, mientras que el 10% más rico recibe el 55%, datos que se agravan aún más en términos de riqueza, donde la concentración es incluso mayor (el 10% más rico acumula el 77% y el 50% más pobre solo el 1%). Casos como los de Brasil, Chile y Uruguay son significativos, pues, en estos países, el 1% más rico concentra entre el 22 y el 27% del ingreso total. En términos generales, los sectores que suelen salir más afectados de esto son los grupos de mayor vulnerabilidad como niñas y niños, mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, residentes rurales y desempleados.

México

En cuanto a México, en los últimos años se han implementado varias medidas para impulsar una política fiscal con enfoque de derechos humanos, entre ellas: la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, desde la cual se incorporaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos principios, obligaciones y deberes para todas las autoridades públicas y todos los sectores gubernamentales respecto a los derechos humanos de todas y todos; el cauce reciente de la política fiscal hacia el bienestar de la población de mayor vulnerabilidad (programas de bienestar como la pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad, el apoyo para madres solteras, los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, el programa La Escuela es Nuestra, entre otros, a los cuales se ha destinado más de tres mil millones de pesos), lo que ha sido posible a partir de un aumento importante de la base de contribuyentes (de 28 millones de contribuyentes en enero de 2010 a 84 millones en noviembre de 2023) en armonía con una menor dependencia de los ingresos petroleros (del 44.3% del total de ingresos totales en 2008 al 17.2% en 2019), así como de una diversificación de riesgos y sostenibilidad de la deuda pública, un déficit presupuestario moderado (del ­4.4% del PIB en 2014 al ­3.8% en 2021) y un superávit primario presupuestario.

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