Política fiscal con enfoque de derechos humanos en la región de América Latina

¿A qué nos referimos cuando hablamos de política fiscal con enfoque de derechos humanos?

Desde el marco teórico en torno a los conceptos y la interrelación entre ellos, se tiene que, por un lado, la política fiscal puede ser definida como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos por parte del Estado para influir en la economía y lograr objetivos socioeconómicos; mientras el enfoque puede concebirse como una herramienta teórica y metodológica que busca incorporar una serie de normas, principios, obligaciones, deberes y elementos esenciales de los derechos humanos en las políticas públicas. De esta forma, la política fiscal con enfoque de derechos humanos podría ser caracterizada como la aplicación de principios y normas de derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de políticas fiscales y presupuestarias, lo que implica partir del hecho de que la política fiscal es un instrumento fundamental para la garantía o no de tales derechos.

Normatividad internacional

Respecto a la normatividad internacional, entre tratados y compromisos internacionales de derechos humanos, relevante para la política fiscal se encuentran los siguientes, de manera enunciativa mas no limitativa:

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece la obligación de los Estados de adoptar medidas hasta el máximo de recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de derechos económicos, sociales y culturales;

• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece normas claras para la cooperación entre los Estados en materia de protección de derechos humanos;

• Convención Americana sobre Derechos Humanos y Protocolo de San Salvador, mismos que consagran los derechos económicos, sociales y culturales y las obligaciones para con ellos de los Estados;

• Observaciones Generales de Comités (Comité de los Derechos del Niño, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad), como interpretaciones autorizadas que desarrollan el contenido de los derechos y las obligaciones estatales;

• Informe sobre política fiscal de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

• Principios rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos de la ONU, mismos que establecen normas y principios como la compatibilidad con los derechos humanos, el fin de la realización de derechos de la política fiscal, la evaluación sistemática de las medidas económicas en derechos, sobre todo, en grupos vulnerados, así como las obligaciones de los Estados y de las instituciones financieras internacionales en cuanto al respeto de derechos humanos;

• Informe sobre los parámetros de un criterio basado en los derechos humanos de la recuperación de las crisis económicas y financieras mundiales; y

• Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, que busca traducir los estándares de derechos humanos en directrices concretas para la política fiscal en las Américas.

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