En la Haya, Calderón Maquina su Propia Impunidad

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Calderón maquina

GLORIA LETICIA DÍAZ Y JESÚS ESQUIVEL

P

ese a los esfuerzos de Felipe Calderón para frenar la demanda por crímenes de guerra y de lesa humanidad que en su contra interpusieron cerca de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI), en diciembre próximo la fiscal Fatou Bensuada podrá definir su destino.

Presentada el 25 de noviembre de 2011 contra el presidente mexicano y otros protagonistas de la guerra contra el crimen organizado (incluidos el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván), la demanda pasó el primer filtro: la fiscalía del CPI determinó que hay materia para juzgar. Ahora está a punto de entrar al “análisis preliminar”.

Llegar a esta etapa “es algo muy grave porque implica que la fiscalía de la CPI le dice al mundo que en México se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero se le da una última oportunidad al gobierno de demostrar que tiene tanto capacidad como voluntad de juzgar esos delitos”, sostiene en entrevista con Proceso Netzaí Sandoval Ballesteros, el abogado de los demandantes.

El expediente de 700 fojas entregado al entonces fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, originalmente documentaba

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su propia impunidad

Felipe Calderón puso en práctica una estrategia para intentar diluir la demanda de los 23 mil mexicanos que lo acusaron de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, según revela a Proceso un funcionario federal. El presidente, explica, designó en la embajada de México en los Países Bajos a dos incondicionales con la misión de protegerlo de los golpes jurídicos que pudiera recibir desde allá. Más aún, añade que el mandatario saliente también pactó con Enrique Peña Nieto mantener a esos escuderos en sus puestos diplomáticos.

470 casos de violaciones al derecho internacional, 200 de ellos relacionados con torturas de militares cometidos en instalaciones castrenses (Proceso 1838). Actualmente el documento cuenta con más de mil 400 cuartillas por las aportaciones que organizaciones civiles y víctimas de la guerra contra el narcotráfico han enviado a la CPI. Calderón no ha escatimado en el uso de la fuerza del Estado para evitar que el caso avance, tanto así que nombró a uno de sus maestros en la Escuela Libre de Derecho, Eduardo Ibarrola Nicolín, como embajador en el Reino de los Países Bajos con

un objetivo: detener cualquier demanda contra Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ya que, según organizaciones no gubernamentales, la mala conducción del combate al narcotráfico ha dejado un saldo de más de 70 mil muertos, por lo menos 10 mil desaparecidos y unos 160 mil desplazados por la violencia.

“Fue Calderón quien directamente le dio esa instrucción a Ibarrola. Lo envió a los Países Bajos a que evite que lo demanden por violaciones a los derechos humanos, esa es su única misión”, revela un alto funcionario federal al corres-

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AP photo / Peter Dejong

LA GU ERRA DE CALD E R Ó N

Corte de La Haya. “Hay materia para juzgar”

ponsal de este semanario en Washington, Jesús Esquivel.

“Ibarrola se quedará en el puesto aún después de que llegue (Enrique) Peña Nieto a la presidencia; ese es uno de los arreglos que logró Calderón con el nuevo presidente”, añade el funcionario a condición de que su nombre no fuera revelado, por temor a represalias.

Profesor titular de la Escuela Libre de Derecho hasta 2002, Ibarrola Nicolín tuvo cargos directivos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre ellos la coordinación de asesores de Fernando Solana Morales, quien fuera canciller en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Durante el gobierno de Zedillo y los primeros 17 meses del gobierno de Vicente Fox, Ibarrola Nicolín, maestro en Sociología Política por la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, fungió como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR). Ahí estuvo a cargo de la investigación contra Raúl Salinas de Gortari por su presunta relación con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Sobre este asunto, desde Suiza el juez Paul Perraudin declaró el 17 de mayo de 2002 que después de casi siete años de investigaciones llegó a la conclusión de que

“las estructuras del Estado mexicano protegían al tráfico de drogas”. Tres días después, Ibarrola Nicolín dejó su cargo en la PGR. Considerado por excolegas de la procuraduría como “un abogado muy grillo y fiel únicamente a sus jefes en turno”, a partir de 2002 Ibarrola regresó a la SRE gracias a Fox: estuvo dos años en el consulado de México en Houston y desde ahí colaboró con la PGR de manera informal, como le confió una fuente al corresponsal de Proceso en Washington, y de 2004 al primer trimestre de 2007 fue jefe de la cancillería en la embajada de México en Washington.

Con la venia de su discípulo Calderón y la aprobación del Senado, el 21 de mayo de 2007 Ibarrola presentó sus cartas credenciales como embajador de México en Guatemala. Tras cinco años de estar al frente de la segunda representación más importante para las relaciones bilaterales mexicanas, después de la de Estados Unidos, el 17 de abril pasado Ibarrola Nicolín fue ratificado por el Senado de la República como embajador en el Reino de los Países Bajos y representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.

La encomienda que Ibarrola llevó –insistió el funcionario entrevistado por el corresponsal en Washington– fue impedir que Calderón sea enjuiciado por la CPI con sede en La Haya.

“Ibarrola es un tipo muy truculento y astuto –apuntó la fuente–; Calderón le reconoce estas cualidades, por eso lo manda a La Haya para que lo defienda a como dé lugar, de todo y contra todo. Habría que ver si Peña Nieto defiende el acuerdo que hizo con Calderón por encima de las presiones que, se pronostica, habrá una vez que asuma la presidencia y de que Calderón vuelva a ser un ciudadano de a pie”.

El Estado como escudo personal Ibarrola no llega solo a defender a Calderón ante la CPI. Con él está Alejandro León Vargas, quien aparece en la página de internet de la SRE como responsable de asuntos económicos de la embajada de México en el Reino de Países Bajos.

“Tenemos información, de manera extraoficial, de que Alejandro León Vargas es el enviado especial para litigar este asunto en la Corte Penal Internacional”, dice Netzaí Sandoval a la reportera.

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, León Vargas tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Georgia, Estados Unidos, y una más en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. En 2006 formó parte del consulado de México en Arkansas, y antes fue litigante del despacho ju-

rídico Van Bael & Bellis y de la consultoría ENHESA en Bruselas.

Esto implica que “Calderón está usando recursos del Estado para defenderse en lo personal; no está usando un despacho privado”, puntualiza Sandoval.

–¿Tendría que contratar su propio abogado para defenderse de las acusaciones en su contra en La Haya? –se le plantea al abogado.

–En este momento no, porque lo que hizo la Fiscalía de la CPI fue informarle a México (en mayo pasado) de la demanda que interpusimos, un resumen que protege a los denunciantes y pide al Estado la versión de los hechos, lo que ocurrió en junio. Sin embargo Calderón ha convertido el asunto en algo personal. Él ha utilizado recursos públicos para defender su participación como individuo dentro de esta crisis. Desde nuestro punto de vista, si quisiera hacerlo pulcramente tendría que hacerlo con sus propios recursos.

Prueba de lo anterior, insiste Sandoval, es que el mismo día que se presentó la denuncia en La Haya, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para desvirtuar el caso. Y el 27 de noviembre, en nombre del “Gobierno de la República”, se publicaron sendos desplegados en medios nacionales en los que se amagaba con explorar “todas las alternativas para proceder legalmente” contra los 23 mil quejosos. La amenaza obligó a Sandoval y a 31 personas más a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Proceso 1831).

Una vez que el caso de México llegó a la CPI, recuerda el abogado, el gobierno de Calderón procuró que el entonces fiscal de origen argentino Luis Moreno Ocampo bloqueara la querella para que no pasara el primer filtro de análisis.

“Nosotros nos enteramos por una fuente primaria que a Moreno Ocampo se le ofrecieron contratos en México, al parecer cursos de derechos humanos para servidores públicos; no nos atrevimos a denunciarlo públicamente porque no teníamos la certeza de que eso fuera posible. Un día antes de que Moreno Ocampo dejara la fiscalía de la CPI, Jorge Castañeda lo confirmó veladamente en un artículo en Reforma”, señala el litigante.

Bajo el título “Sin carpetazo en la CPI”, el excanciller Castañeda narró en su colaboración semanal en Reforma que, con la pretensión de que el argentino rechazara la demanda contra Calderón, “viajaron delegaciones mexicanas a La Haya y a Nueva York, y enviados de Moreno a México para buscar un acuerdo”.

Castañeda dice que, antes de salir de la CPI, el fiscal tenía varios proyectos en mente, “desde la creación de un instituto de estudio sobre las drogas en América Latina hasta la corrupción en la FIFA, 1877 / 21 DE OCTUBRE DE 2012

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AP photo / Pat Sullivan

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Ibarrola Nicolín. Peón calderonista

pasando por dar cursos y asesorías a diversos gobiernos, sobre todo en América Latina”. De ahí que, apunta, “resulta lógico pensar que en algún momento ciertos sectores del gobierno de México hubieran podido creer que de haber logrado un acuerdo con Moreno, éste podía esperar asociaciones interesantes y hasta lucrativas en México”.

Comenta Sandoval: “Aparentemente, Luis Moreno Ocampo no pudo cerrar el caso, no sólo por la información que les hicimos llegar sino porque la fiscalía de la CPI consultó a organizaciones de derechos humanos, entre ellas una francesa, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, que opinó que en México había una crisis humanitaria y que por lo tanto no podía cerrar el expediente”.

Sostiene que la nueva fiscal, Fatou Bensouda, originaria de Gambia y la segunda de a bordo durante la gestión de Moreno en la CPI, “nos da la confianza en que el caso se va a acelerar, porque su nombramiento surge de la presión de países africanos que exigen que también se juzgue a otros países por crímenes de lesa humanidad, y eso implica que se va a analizar con detalle el caso mexicano”.

Además, como Bensouda “está empezando su tarea, es menos susceptible a aceptar contratos o grandes asesorías que le pudiera ofrecer el gobierno de Calderón como lo hizo con Moreno Ocampo; la fiscal no va a aceptar ningún pacto”.

La confianza de Sandoval se sustenta en el contacto permanente que tiene con el personal de la fiscalía. “Nos han dicho que ya tienen suficiente información para analizar la situación de México, y por

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esos contactos –de los que no podemos mencionar sus nombres porque nos hacen firmar escritos para mantenerlos en secreto por el riesgo que corren– es muy probable que la CPI tome una decisión antes de que termine el año”.

Si bien la fiscalía puede cerrar definitivamente el caso, también existe la posibilidad de que inicie el análisis preliminar.

“En esa etapa –explica Sandoval– todavía no se definen culpables ni implica necesariamente que Calderón sea responsable de los crímenes.

Sí que existen los crímenes y se tiene que juzgar a alguien, pero a la CPI no le interesar juzgar nunca al soldado raso que torturó: le interesa la responsabilidad de los mandos. No habría una detención o una medida en contra de Calderón por ahora; para eso ya se tendría que iniciar una etapa de proceso que se abre solamente si el Estado no tiene ni voluntad o capacidad para juzgar esos delitos”.

De declararse el análisis preliminar en diciembre, Enrique Peña Nieto estaría obligado “a sancionar a los criminales de guerra y de lesa humanidad en México”, destaca el litigante.

A semanas de la toma de posesión de Peña Nieto, el abogado manifiesta su preocupación por las declaraciones que hizo el miércoles ante inversionistas en Londres: que la violencia “lamentablemente se ha agravado en algunas partes de nuestro país”, pero que “la imagen y la proyección que hoy se da al exterior es quizá peor de lo que se vive, que no por ello deja de ser importante”.

Netzaí Sandoval considera que, con esas palabras, “Peña Nieto desdeña la situación y le parece que no hay una crisis grave, que no tiene que tomar medidas para juzgar a los responsables de los gravísimos crímenes y que no tiene que modificar la situación. Si es así, a quien va a perjudicar es a Calderón, porque la CPI tendrá elementos para abrir el proceso contra él”.

–¿La CPI podría considerar por ello responsable a Peña Nieto?

–Depende muchísimo si en próximo sexenio sigue habiendo torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, crímenes que durante el gobierno de Calderón pudieron evitarse pero que él permitió con su política de seguridad. En principio, Peña Nieto no sería responsable ante la CPI por lo ocurrido en el periodo de Calderón, pero lo será si continuara con la misma política –concluye Netzaí Sandoval. O

MARCELA TURATI

A

seis semanas de que culmine este sexenio con el negativo saldo de más de 10 mil desaparecidos, el presidente Felipe Calderón presumió un mañoso dato para aplaudirse por la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima): que en un año localizó a 113 personas reportadas como desaparecidas.

El anuncio lo hizo durante el primer aniversario de Províctima, aunque omitió decir que las personas encontradas no habían sido desaparecidas por la delincuencia organizada o las fuerzas de seguridad –como es característico del sexenio–, sino que eran ciudadanos que no se habían reportado a sus casas.

Al analizar las circunstancias del hallazgo de las primeras 66 víctimas de desaparición que Províctima presumió como encontradas, Proceso halló que 24 de ellas decidieron salir de su domicilio sin especificar a dónde iban; 10 se pelearon con su familia y eran hospedadas por otros familiares; cuatro estaban en prisión preventiva y dos en hospitales; tres eran migrantes de paso por México; tres no tenían señal de teléfono o dinero para comunicarse; una estaba arraigada, otra en un refugio para víctimas de trata, y de tres no hay datos. Otras 13 estaban muertas.

Ninguno de los desaparecidos que fue-