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LUX La revista de los trabajadores. Año LXXXVI, Número Especial. Septiembre de 2013. Publicación mensual.

Órgano Oficial del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Registrado como artículo de 2ª. Clase en la Administración de Correos No.1, de México, D. F., con Fecha 5 de octubre de 1936. Director: Fernando Amezcua Castillo

Jefe de Redacción: Alejandro Velázquez Betancourt Redacción: Felipe Sánchez

Articulistas: Jonh Saxe, Pedro Miguel, Antonio Gershenson, Gustavo Leal Fernández, Raquel Rodríguez, Arturo Alcalde Nieto, Carlos Fazio, Raúl Jiménez Vázquez, Epigmenio Ibarra, Israel Rodríguez, Raúl Gatica, José Jacques y Medina Diseño Web: José Antonio Garcés González C. Cuauhtémoc Moreno A. Iván Fernando Amezcua Felipe Sánchez Mario Navarrete Luxigrama: Eduardo Hernández Trujano.

Colaboradores: Todos los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Domicilio: Antonio Caso No.45. Tel. 55355460 Apartado Postal 10439.

Numero Especial Reforma energética.


Índice Editorial

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Reforma energética desde la perspectiva del SME

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CFE se privatiza

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Martín Esparza Flores Auditoría ciudadana ante la reforma energética

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Martín Esparza Flores La expropiación petrolera y su involución histórica

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Martín Esparza Flores La entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de la CFE

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Martín Esparza Flores La reforma energética, a favor de trasnacionales

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Martín Esparza Flores La CFE “siembra” quejas por todo el país

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Martín Esparza Flores Lecciones de historia a la tecnocracia: Díaz apadrina a los monopolios

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Martín Esparza Flores Lecciones de historia a la tecnocracia: Cárdenas, su avance nacionalista 23 Martín Esparza Flores Lecciones de historia a la tecnocracia: López Mateos y la soberanía energética 25 Martín Esparza Flores Por qué decir “no” a la reforma energética: las manipulaciones oficiales 27 Martín Esparza Flores

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Por qué decir “no” a la reforma energética: la voracidad de los panistas 29 Martín Esparza Flores Fábrica de quimeras oficiales Comisión Federal de Electricidad

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Martín Esparza Flores Documento de recepción por parte del Senado de la República de las 317517 firmas que acompañan la Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto

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Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto promovida por la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la Red Nacional de Resistencia en Contra de las Altas Tarifas de Energía Eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas

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La reforma energética desde la perspectiva de la prensa

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EPN y el gas shale

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John Saxe-Fernández Peña: petróleo y seguridad

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John Saxe-Fernández Peña, Pemex y la doctrina del shock

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Carlos Fazio Pemex: demolición en curso

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John Saxe-Fernández Reforma energética, rescate energético Pablo Moctezuma Barragán

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Pemex: patriótica cautela

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John Saxe-Fernández Por el Rescate de la Nación

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Pemex: ¿al rescate del big oil?

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John Saxe-Fernández Arrebato y “bonanza” shale

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John Saxe-Fernández Chicontepec: ¿mejoró o empeoró?

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Antonio Gershenson EPN: ¿Pemex al “quinto paso”?

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John Saxe-Fernández 62

Pemex: el plan “transformador” John Saxe-Fernández Petróleo: el velo del secreto

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John Saxe-Fernández 64

Apetito por Pemex John Saxe-Fernández Pragmatismo petrolero

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John M. Ackerman EPN: arriesgándolo todo

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John Saxe-Fernández

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Iniciativa de decreto: insostenible

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John Saxe-Fernández Energía: privatización vergonzante

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Rechazar la privatización encubierta

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Alejandro Nadal Electricidad: a privatizar lo privatizado

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Jesusa Cervantes Espejismos, medias verdades y mentiras

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Arturo Rodríguez García Peña, el ilusionista

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Carlos Fazio Fábulas de los privatizadores

77

Pedro Miguel Petróleo: la gran transa

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John Saxe-Fernández (Acuerdo Chevron-YPF)

80

Chevron ingresa a Neuquén con represión al pueblo José Rigane ¿Cuál es la enfermedad de Pemex?

82

¿A quién pertenece nuestro México?

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Adolfo Gilly

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Reforma energética, vínculos electrónicos

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Historia de un compromiso: 75 años

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de la Expropiación de la Industria Petrolera 88

El Petróleo y Yo No a la privatización de PEMEX

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Un video que ha causado controversia (Pemex)

88

Dr. John Saxe-Fernández: El caso Pemex, asalto a la Nación

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La semilla de la discordia (1 a 4)

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Reforma energética, caricatura Tiempos orwelianos

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“El Samet”

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editorial

Este número especial de Lux se avoca a revisar las diversas opiniones y trabajos de especialistas en torno a la reforma energética presentada recientemente por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El material recopilado en esta edición de nuestra revista pone en evidencia, y de ahí su importancia, la realidad oculta detrás del discurso oficial a través de una profusa campaña publicitaria en medios electrónicos e impresos, que muestra de manera superficial y sin sustento los supuestos beneficios de su propuesta. En su afán por persuadir a la opinión pública, los promotores de la reforma explotan la figura del general Lázaro Cárdenas para afirmar que buscan que los artículos 27 y 28 constitucionales digan “palabra por palabra” lo que el presidente Cárdenas quiso decir, pero según ellos no dijo, al realizar la Expropiación Petrolera en 1938. Aseguran también que su propósito es modernizar las empresas estatales encargadas de explotar los energéticos del país, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), para hacerlas más competitivas a nivel mundial, que éstas no se venden, que quienes saldremos ganando seremos, desde luego, nosotros, el pueblo, y que para volver realidad la ilusión de que los recibos del gas y la electricidad, sí, los nuestros, rebajen sus costos, es necesario inyectar recursos y permitir la apertura de áreas estratégicas de estas industrias a empresas y empresarios nacionales e internacionales, aunque en algunas de ellas esta participación se viene realizando desde principios de la década de los 90, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de México. Luego entonces, en su idílico proyecto, para ellos, con la supresión de un párrafo, la alteración de la sintaxis, el giro en el sentido de una frase o el empleo de un término por otro, la soberanía energética de la Nación se fortalece y lo proclaman a los cuatro vientos, pero en ningún momento presentan datos que soporten su dicho ni, muchos menos, informan a la opinión pública que esos cambios, aparentemente insustanciales, tomarán su verdadera y perniciosa magnitud en las leyes secundarias cuando la iniciativa se discuta en las Cámaras para su aprobación, como ha sucedido ya en las recientes reformas laboral y educativa. De la misma forma, es decir, sin contextualizar, o mejor dicho descontextualizando los nocivos requerimientos que en la práctica presenta la extracción del gas shale, el gobierno se regodea en afirmar que otros países explotan numerosos yacimientos de este hidrocarburo, sin mencionar que se trata precisamente de él, mientras que, “adivinen quién no”, México sólo ha sido capaz de hacerlo en “unos cuantos”, pero ni por asomo dicen que la técnica para obtenerlo, conocida como fracking, resulta altamente contaminante para los mantos acuíferos. Para una mejor comprensión del asunto, este Especial de la reforma energética de nuestra revista se divide en tres grandes apartados: Primero, las publicaciones que expresan el pensamiento del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, quien se ha ocupado principalmente de los efectos que la reforma tendría en la industria eléctrica, así como el texto íntegro de la iniciativa ciudadana para elevar la energía eléctrica a rango de derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en segundo lugar, los artículos de algunas publicaciones de circulación nacional que se han ocupado de revisar el tema con profundidad; por último, la selección de trabajos audiovisuales aparecidos en Internet y la expresión gráfica de uno de nuestros compañeros en Resistencia. La atenta lectura del contenido de este especial de Lux permite desentrañar el verdadero origen de la reforma y quiénes serán realmente los favorecidos, así como poseer los elementos indispensables para el análisis objetivo de un tema que, como muchos otros, resulta de indiscutible trascendencia para todos los mexicanos.

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Martín Esparza Flores** inversión “fuera de presupuesto” que, de acuerdo con el documento de la CFE, concierne a la realización de obras cuya ejecución se encomienda, previa licitación, a empresas privadas, también se elevó de forma significativa pues mientras en el 2007 en tal renglón reportaba inversiones del orden de los 12 mil 992 millones de pesos, en el 2011 llegó a la cifra récord de 36 mil 365 millones de pesos. Poniendo en duda los supuestos estándares de eficiencia de la empresa que, como se demuestra con sus propios De tal suerte que los llamados Productores informes, entregó la materia de trabajo a contratistas Independientes de Energía (PIE) tuvieron la puerta privados, endosando el costo a las finanzas públicas. abierta para hacer rentables y seguras inversiones Los reportes de Comisión Federal de a través de la figura de los Pidiregas (Proyectos de Infraestructura con Impacto Diferido en el Registro Electricidad respecto a la “Generación Bruta de del Gasto), obteniendo de paso el compromiso Energía” del periodo 2007-2011 son indicativos inquebrantable de la CFE para comprarles, al precio de cómo la paraestatal ha cedido terreno en el área por ellos convenido, la energía generada. Es decir, de la generación a los privados, al grado de que en que la desnacionalización y privatización del sector el 2011 los particulares agrupados en las figuras de productores independientes, permisionarios, fue una de las prioridades del expresidente. autoabastecimiento y cogeneración, ya producían Y si bien el informe rendido por Jaime 143, 903, 30 Gigawatts-hora, contra 257, 395, 00 González Aguadé, último director de la paraestatal, se de la CFE; es decir, más del cincuenta por ciento guarda de llamar por sus nombres a los beneficiarios generado por la entidad pública, lo que demuestra el con las jugosas concesiones, no puedes soslayarse en inobjetable desplazamiento dentro del sector eléctrico su informe de inversiones el alto costo que tal modelo nacional. de inversión privada tuvo para las finanzas públicas Indudable que, al analizar los datos reportados al favorecer, sobre todo, a firmas trasnacionales como Iberdrola, Mitsubishi y otras muchas, al grado de por la CFE, al jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, haber representado en 2011 un monto superior al se le presenta el insalvable dilema de optar por el rescate y fortalecimiento de la industria eléctrica, registrado por la propia CFE. nacionalizada por un presidente patriota como lo fue Según reportes oficiales rendidos por la Adolfo López Mateos, cuyo objetivo fue utilizarla entidad, mientras en 2007 canalizó para proyectos de como un área estratégica para el desarrollo del país, inversión en la industria eléctrica nacional 23 mil 145 o terminar sepultando los principios de tan ilustre millones, para 2011 la cifra apenas llegó a los 35 mil mexicano al permitir que continúe la silenciosa 119 millones; en contraparte, en 2007 los Pidiregas de privatización del sector eléctrico, por la puerta de la paraestatal sumaron 12 mil 993 millones de pesos, atrás, como fue el estilo de los gobiernos panistas. para llegar en 2011 a la suma de 38 mil 365 millones por encima de la inversiones asignadas en la CFE en su carácter de empresa pública. Cuidando de ocultar el rostro de las firmas extranjeras que en el gobierno de Felipe Calderón terminaron por adueñarse de la generación de energía eléctrica en el país, el informe sexenal 2006-2012 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establece que una de las estrategias planteadas en el sector fue la realización de proyectos como la construcción de centrales de generación que, tramposamente y según la pasada administración, “no constituyen servicio público”.

Los costos por concepto de amortización de los Pidiregas también se dispararon, pues mientras en el 2007 ascendían a siete mil 541 millones de pesos, en 2011 alcanzaron la cifra de 14 mil 643 millones de pesos. Importante destacar también que la

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Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.


Martín Esparza Flores** La anunciada intención de aprobar en el Congreso de la Unión la reforma energética, que permitiría abrir las puertas a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) debe de ser motivo de una compleja reflexión nacional, donde todos los sectores sociales participen y exijan que antes de cualquier modificación constitucional, los impulsores del proyecto expliquen bien y a todos los mexicanos las condiciones en que se han administrado nuestros recursos energéticos en los últimos sexenios.

Cambiar el actual régimen de propiedad exclusiva de la nación a través del Estado, bajo el supuesto de que es la única salida para fortalecer financieramente a Pemex, es venderle una gigantesca mentira a todo el país, sobre todo cuando desde hace varios años expertos en la materia han señalado con exactitud que el problema financiero de la paraestatal más importante radica en su injusto régimen fiscal y la errada fragmentación que se hizo de la misma, al dividirla en empresas subsidiarias durante el sexenio salinista. No puede entregarse a manos privadas la riqueza que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es propiedad del pueblo de México, bajo el sofisma de que la reforma no busca “privatizar” uno de los sectores que a nivel mundial es considerado como estratégico para el desarrollo económico, como es el de los hidrocarburos.

Desde todos los ámbitos de las organizaciones sociales tiene que construirse la inaplazable demanda de exigir una auditoría ciudadana para que el gobierno mexicano entregue a la sociedad toda la información necesaria que permita conocer cuál ha sido el manejo y el rumbo que han dado a los recursos energéticos los gobiernos, como los emanados del Partido Acción Nacional, que terminaron entregando el sector eléctrico a trasnacionales (Iberdrola, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergen, TransAlta y Mutsui, entre otras) con un alto costo para las finanzas públicas, mediante la autorización de 772 permisos bajo la figura de productores independientes de energía, con lo que también prohijaron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como en el caso de Pemex, una “quiebra técnica” en sus finanzas y la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, por medio de un ilegítimo decreto de extinción. Así como en la expropiación petrolera de 1938 el pueblo entero se volcó a ayudar, con lo que tuvo a su alcance, al gobierno de Lázaro Cárdenas para pagar la indemnización a las firmas extranjeras, ahora el gobierno priísta debe consultar y explicar a ese mismo pueblo el porqué de su intención por echar reversa a la historia y permitir que el capital privado retorne a disfrutar de las riquezas nacionales. Si nos atenemos a que la máxima soberanía del país radica en el pueblo, deberá tomarse en cuenta su punto de vista, informando con exactitud de las consecuencias y dimensiones que tendrá una medida de tal naturaleza que, por donde se le quiera ver, no puede esconder sus matices antinacionalistas. Quienes alientan la reforma tendrán que explicar cómo es posible que, mientras en todo el mundo los países productores de petróleo han retornado al llamado “modelo integral de gestión” –donde sus gobiernos confieren un valor geopolítico de primer orden a sus reservas petroleras en el rango estratégico de su seguridad nacional–, en nuestro país se pretende actuar en sentido inverso obstinándose a alentar el denominado “modelo atomizado de gestión”

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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/02/24/auditoria-ciudadana-ante-la-reforma-energetica/∗∗ navegaciones.blogspot.com

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Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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adoptado en la década de 1980, cuando de acuerdo con las tendencias globalizadoras se pensaba que era benéfica la fragmentación de las grandes empresas productivas y alentaba la asociación público-privada como justificación de la privatización. En el actual contexto en que pretende incubarse la reforma energética, resulta insalvable ubicar en la agenda de los grandes temas nacionales el análisis del injusto régimen fiscal impuesto a Pemex que en los últimos 2 sexenios conllevó a su franco deterioro financiero, al ser la única empresa petrolera en el mundo que es gravada con impuestos muy por encima de los estándares internacionales, y en el colmo de los despilfarros el gobierno federal se permitió el manejo discrecional de los excedentes petroleros. Pemex se ha convertido en la tablita salvadora de las equivocadas políticas hacendarias de recaudación, que han solapado la evasión fiscal, sobre todo de los grandes consorcios nacionales; un análisis realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2004 reveló que mientras la evasión alcanzó en aquel año la cifra de 610 mil 800 millones de pesos, esta falta de recursos fue subsanada en buena parte por la carga fiscal impuesta a Pemex, que ascendió, en el mismo periodo, a 473 mil millones de pesos. Por esta razón, los expertos indican que la empresa se encuentra en una quiebra técnica, ya que a la fecha el gobierno federal le extrae por el cobro de impuestos y derechos el 128 por ciento de su rendimiento de operación.

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Martín Esparza Flores**

Bastarían 75 años para que las razones históricas y los orígenes de la expropiación petrolera de 1938 sean sepultadas por las políticas neoliberales, que ahora en su intención privatizadora impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan, sin el consentimiento del pueblo de México, regresar sus viejos privilegios a las compañías extranjeras, mismas que en las primeras décadas del siglo pasado mantuvieron en condiciones de semiesclavitud a los trabajadores petroleros del país y a los que el entonces presidente Lázaro Cárdenas apoyó en su organización sindical y en la conquistas de sus legítimos derechos, al restituir con su patriótico deber las riquezas del subsuelo en beneficio de la nación. La inexplicable involución histórica que se intenta concretar sería la culminación de una política de desmantelamiento de las empresas públicas que se ha venido ejecutando desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que ahora busca abrir de par en par las puertas de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en Petróleos Mexicanos (Pemex), al argumentar de manera artificiosa, como en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, inviabilidad financiera, cuando han sido las desatinadas políticas fiscales que le han impuesto una desorbitada carga impositiva las causantes de su quebranto financiero. Pemex, dicen, requiere de multimillonarias inversiones para echar a andar sus proyectos de exploración y perforación en los potenciales yacimientos del Golfo de México, para la construcción de nuevas refinerías y para renovar su tecnología, pero los gobiernos neoliberales se niegan a modificar el sistema de recaudación para que se frene la evasión fiscal de las grandes empresas, y con ello evitar que las millonarias ganancias de la entidad sean la caja chica de los déficits fiscales sino la palanca de su propio desarrollo. Es prioritario refrescarles la memoria a aquellos que ahora buscan de nueva cuenta, como si se tratara del gobierno de Porfirio Díaz, entregar la mesa puesta a las mismas empresas que hace un siglo desangraron al país al robarle, a cambio de migajas, sus riquezas del subsuelo y explotar de manera inhumana a sus trabajadores.

* Contralínea. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/04/21/ **Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Razón por la cual el 1 de junio de 1936 el presidente Cárdenas promovió y apoyó el Primer Congreso del Sindicato de Petroleros, cuyo objetivo era exigir a las compañías extranjeras la firma de un contrato colectivo que les permitiera tener mejores condiciones de trabajo, pues los trabajadores estaban expuestos a la movilización de un campamento a otro, a viviendas inadecuadas, falta de vías de comunicación, carestía de productos, climas extremosos, insalubridad, carencia de servicios médicos y falta de protección para enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Además, y como había ocurrido con los mineros en Cananea, Sonora, eran discriminados en sus salarios pues, aunque eran obligados a trabajar mayores jornadas de trabajo, ganaban menos que los extranjeros. Las empresas extranjeras –donde sobresalían entonces las de capital británico y estadunidense– fueron emplazadas a huelga pues, falazmente, argumentaban ante el gobierno mexicano ser insolventes para sufragar los 26 millones de pesos, y a cuyo pago a favor de sus trabajadores habían sido conminadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; los ensoberbecidos empresarios se atrevieron incluso a poner en duda la palabra y la calidad moral del presidente Cárdenas, quien en un acto de conciliación los invitó a resarcir la deuda laboral que tenían con sus obreros. Como parte del honroso nacionalismo de nuestra historia quedó consignado lo sucedido en la junta del 7 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas solicitó ante los capitalistas extranjeros el pago de los 26 millones como una garantía para levantar la huelga; uno de los dueños de una de las compañías preguntó: “¿Y quién lo garantiza?”. “El presidente de la República”, contestó, con voz firme, el general Lázaro Cárdenas, a lo cual el dueño respondió, insolente: “¿Usted y quién más?”. En ese momento Lázaro Cárdenas dio por terminadas las pláticas. Fue así que el 18 de marzo se concretó la expropiación petrolera, que dio la pauta a un hecho también digno de recordarse: el apoyo de todo el pueblo de México, que acudió días después a las puertas del Palacio de Bellas Artes a cooperar con dinero, gallinas, cerdos o lo que tuviera a su alcance para saldar la deuda del país con las voraces, pero entonces derrotadas, firmas extrajeras.

la-reforma-energetica-favor-de-trasnacionales/

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Pero recordemos cuáles fueron las empresas que formaron parte de la expropiación de 1938: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (London Trust Oil-Shell); Mexican Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco, la segunda empresa petrolera a nivel mundial) con sus tres subsidiarias, Huasteca Petroleum Company, Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; The Waters Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora ExxonMobil, la más grande empresa petrolera del orbe); Californian Standard Oil Company of México; Compañía Petrolera Agwi, SA; Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Pennzoil); Stanford y Compañía Sucrs; Richmond Petroleum Company of Mexico (ahora BP, Plc, fusionada con Arco, Castrol, entre otras); Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial, SA; Compañía de Gas y Combustible Imperio y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation (sigue siendo Sinclair Oil Corporation); Consolidated Oil Companies of Mexico, SA; Sabalo Transportation Company; y finalmente la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf). Paradójico es que sean los empresarios extranjeros que en 1938 dejaron a las plantas petroleras sin refacciones, sin materias primas y sin técnicos calificados (con el fin de sabotear a la industria) los mismos que ahora estén en poder de recuperarlas en condiciones aún más favorables para ellos. Sea pertinente también recordar que el primer intento privatizador de Pemex se dio durante el gobierno de Miguel Alemán al otorgarse 17 contratos de perforación o contratos de riesgos a empresas estadunidenses. Años más tarde, fue el presidente Adolfo López Mateos quien reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dejar clara la prohibición de realizar concesiones o contratos a empresas. Correspondió a Jesús Reyes Heroles, exdirector de Pemex, negociar el finiquito anticipado de los contratos existentes para recuperar el dominio de la nación sobre el petróleo, situación que cambió drásticamente durante el gobierno de Salinas de Gortari, en 1989, cuando se dieron las reformas a las leyes y los reglamentos en la materia para comenzar la sustitución del control directo del Estado en materia de petróleo, gas natural y petroquímica, con la participación de empresas nacionales y extranjeras. Pemex quedó dividida en cuatro subsidiarias y un corporativo para, supuestamente, maximizar el valor financiero del crudo. Un sexenio después, el expresidente Zedillo empeñó Pemex a cambio de un crédito de 20 mil millones de dólares para salir de la crisis conocida como el error de diciembre de

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1994, que provocaría a nivel mundial el “efecto tequila”. Silenciosamente, la privatización de Petróleos Mexicanos es ya una lamentable realidad: la Auditoría Superior de la Federación reportó en 2007 que al menos 22 empresas extranjeras tenían participación de negocios con la paraestatal. Además, con la reforma energética de 2008 se abrió la opción de diseñar los contratos incentivados mediante los cuales Pemex contrata por concurso a empresas privadas para que extraigan petróleo de sus yacimientos y les paga en efectivo el 75 por ciento de lo que invierten más un pago en dólares por cada barril producido. En este esquema ya legalizado, son las petroleras internacionales como Royal Dutch Shell, BP, Plc, ExxonMobil, Chevron Corporation, Statoil y Petrobras, las únicas con las soluciones integrales para explotar campos petroleros complejos, y aunque suelen mostrarse interesadas en los contratos incentivados de Pemex, su negocio es producir y comercializar petróleo, no ser contratistas. Como se deduce fácilmente, la reforma energética que ahora se plantea buscará flexibilizar aún más los canales de participación extranjera bajo dudosos modelos de coinversión, al poner a Pemex en manos de las voraces firmas extranjeras a las que puso en su sitio el general Cárdenas, pero a las que los políticos neoliberales de hoy les permitirán venir por la revancha en agravio del patrimonio de todos los mexicanos. Por eso, las organizaciones sociales y civiles del país hemos convocado a la movilización este 18 de marzo, a las 17:00 horas, para que marchemos juntos del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Porque estamos convencidos de que hoy, como ayer, la movilización de los obreros, campesinos y el pueblo debe ser por la defensa del patrimonio nacional, en rechazo de la pretendida involución histórica de los gobiernos neoliberales.


La entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de la CFE * ∗

Contralínea, 7 de abril

Martín Esparza Flores** Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

un conductor de aluminio. Tal modificación no fue obra de la casualidad, pues tenía como claro objetivo que parte del potencial de tales entidades públicas para dar servicio de voz, datos e imagen –incluido el servicio de internet– privilegiara a empresas como Televisa, Tv Azteca, Telefónica Movistar y WL Comunicaciones, entre otras. En esta última firma aparecen como socios mayoritarios nada menos que los exsecretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales, panistas a los que el gobierno de Calderón les ratificó sus concesiones al entregarles el uso de la infraestructura de Luz y Fuerza a precio de remate. En el caso de Luz y Fuerza del Centro se contaba con una red de distribución de 1 mil 100 kilómetros de conductor de cobre que hubiera permitido, a través de la conducción eléctrica, aprovechar el ancho de banda para dotar a los 6 millones de usuarios de la zona centro del país, sobre todo a los de más bajos recursos económicos, del servicio conocido como triple play –telefonía, televisión por cable e internet– a un bajo costo. La red de la Comisión Federal de Electricidad es de 21 mil kilómetros.

Además de la irregular cesión, también hay un trasfondo que no se ha aclarado, como es el desmantelamiento, o mejor dicho, desvalijamiento de la infraestructura, con que al menos en la zona Centro del país contaba la red del sistema eléctrico, muy independiente al robo cometido tras la ilegal desaparición de LFC en octubre de 2009 –en sus diversas instalaciones y centros de trabajo– de equipo, mobiliario y otros enseres, del cual nada ha reportado el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Como lo ha venido denunciando el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), las empresas contratistas que obtuvieron convenios de trabajo con la CFE en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza, se dieron a la tarea de cambiar, con el aval de los funcionarios de la paraestatal, el conductor de cobre en las redes de distribución para instalar en su lugar

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Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

Con la instalación del conductor de aluminio se le niega al sector público la posibilidad de otorgar estos servicios adicionales a la población, y se concesiona tal prestación a empresas privadas que visualizan estas áreas como un rentable negocio que les reporta multimillonarias ganancias al año, al imponer además, de manera arbitraria y caprichosa, sus propias tarifas. Pero al pueblo de México se le defrauda por partida doble, porque el aluminio es un material que, a diferencia del cobre, es un pésimo conductor de la electricidad, lo que no garantiza a los usuarios un servicio eficiente y de calidad, ni los exime de fallas en el sistema; además, nadie sabe a manos de quién o de quiénes fueron a parar las millonarias ganancias, producto de la oscura venta de los cientos de toneladas de cobre retirados de los sistemas de transmisión. Para que el lector tenga una idea de lo cuantioso del robo a la nación, basta decir que actualmente el precio del kilo de tan preciado metal oscila entre los 90 y 100 pesos.

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Cabe recordar que, en su momento, el SME propuso a la Dirección de Luz y Fuerza y a la propia Secretaría de Energía (Sener) un estudio para operar la fibra óptica en beneficio de los usuarios para el otorgamiento de los servicios ya señalados, y que hubiera reportado a la empresa pública recursos por más de 100 mil millones de pesos anuales. Cantidad que, además de haber coadyuvado al fortalecimiento de sus finanzas, hubiera tenido un impacto favorable entre la población de menores recursos que, con los bajos costos a los que se hubiera ofrecido el servicio, habría tenido la oportunidad de contar con internet en su hogar para apoyar a la educación de sus hijos.

En el documento que sirvió como excusa para justificar el decreto de extinción promovido por Calderón, falazmente la entonces titular de la Sener, Georgina Kessel, expuso que pese a haberse establecido convenios de productividad como el de 2008 para salvar las finanzas de la extinta empresa, éstos no se cumplieron. Deliberadamente, la funcionaria también ocultó la propuesta del SME en torno a la creación de una empresa que aprovechara los miles de kilómetros de la red de fibra óptica integrados en su infraestructura, como se mencionó líneas arriba. Ahora que los impulsores de la tendencia reformista y privatizadora buscan apoyar sus propuestas en imaginarios beneficios a la población, el trasfondo del porqué extinguir a Luz y Fuerza y de paso acabar con el SME sale nuevamente a flote: el objetivo toral era allanar el camino a las empresas privadas y trasnacionales para el manejo de recursos tan valiosos y rentables como el de la fibra óptica. Por eso, los que ahora se montan cual paladines de la patria en la ola reformista deben detallar al país las inverosímiles razones de haber entregado a favor de firmas extranjeras la generación de energía eléctrica en el país en condiciones igual de ventajosas que el otorgamiento de la explotación de la fibra óptica, como son los casos de Iberdrola México, SA de CV; EDF International, SA; Unión Fenosa; InterGen Energy, Inc; Mitsui & Corporation, Ltd; TransAlta Corporation, Mitsubishi Corporation

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y AES Corporation, monopolios que a través de financiamientos vía Pidiregas (proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto) han garantizado su inversión al obtener de la CFE el compromiso de adquirirles, al precio por ellas establecido, su energía, lo que ocasiona mayores costos operativos a la infraestructura eléctrica nacional que ahora es subutilizada, y que genera un excesivo margen de reserva de un 44 por ciento alcanzado en 2009 contra el 21 por ciento observado en 2000. Los entusiastas amanuenses de la encubierta privatización del sector energético, de igual forma nos deben detallar a todos los mexicanos por qué se ha consentido en forma galopante el otorgamiento a particulares del negocio de la electricidad en el país, cuando la Constitución Política establece la obligación del Estado a prestar el servicio con un incuestionable sentido social. También, deben explicar el altísimo costo que está representando para las finanzas públicas y para los millones de usuarios que ahora pagan las consecuencias con la arbitraria imposición de altas tarifas eléctricas, y este irresponsable modelo de inversión vía Pidiregas, donde el gobierno mexicano lleva todas las de perder. Valga mencionar que los proyectos desarrollados por la CFE bajo el esquema financiero de los Pidiregas y su pasivo acumulado de 1999 a 2043 ascenderá a 545 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con la tabla de amortización y pago de intereses del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2009, la CFE pagó 63 mil 700 millones de pesos de capital y 42 mil 200 millones de intereses, lo que significa que entre 2010 y 2043 tiene pendiente de pago una amortización de 435 mil 400 millones de pesos, y de costo financiero 131 mil 200 millones más.


Martín Esparza Flores** Como en el caso de la legalización que obtuvieron las arbitrarias subcontrataciones (outsourcing) al aprobarse la reforma laboral, de igual manera se busca que mediante la luz verde a la reforma energética en el Congreso de la Unión las empresas extranjeras reglamenten sus operaciones que ya realizan desde hace años al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), a pesar de estar prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

temas nacionales –como en la reforma laboral– a la población en su conjunto, de tal suerte que millones de trabajadores, a quienes los cambios en las leyes en materia afectan de manera directa, jamás tuvieron la oportunidad de hacerse escuchar o al menos tener el derecho a ser informados sobre el contenido de la aberrante regresión jurídica, lesiva a sus intereses laborales. Los efectos negativos de la antisocial medida comienzan a aparecer en todo el país: la Universidad Nacional Autónoma de México habla ya de 3.5 millones de empleos formales que se han perdido en los últimos 3 meses, al pasar al campo de la temporalidad y sin el amparo de la seguridad social. Respecto del Poder Judicial, los ministros, magistrados y jueces de consigna han actuado con base en los lineamientos dictados por el presidente en turno para dictar sus fallos en sintonía al interés de los empresarios nacionales y extranjeros en aras de, supuestamente, salvaguardar inversiones y evitar la fuga de capitales.

En la tendencia de regresiones sociales, históricas y hasta patrióticas que está caracterizando a la nueva administración, se busca concretar lo que en los hechos ya ha venido operando en la ilegalidad con el contubernio de los gobiernos en turno, como es el desplazamiento de las empresas públicas en el sector energético. No sólo en Pemex, sino también en la industria eléctrica, las trasnacionales se han burlado de nuestra Carta Magna al realizar labores de generación y hasta venta y comercialización de energía, reservadas para ser desempeñadas por las entidades públicas creadas para tal fin. Ante tal atropello a la Constitución y al estado de derecho, queda al descubierto que tanto el Poder Legislativo como el Judicial han perdido su esencia republicana de ser factores de control, equilibrio y hasta contención ante los embates e imposiciones del Ejecutivo. En el caso de los diputados y senadores se ha marginado de la discusión y el análisis de los grandes

** Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

La tónica de descalificar, a través de una envilecida guerra mediática, el descontento y los movimientos de diversos grupos sociales (como está sucediendo con las marchas y demandas de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los que tampoco se les tomó parecer ni opinión alguna sobre la reforma educativa) demuestra que el gobierno federal, como sucedió en el pasado sexenio, se niega a guiar la instrumentación de sus políticas públicas a través del diálogo y la concertación. Y es esta tendencia autoritaria e impositiva la que se busca aplicar en el caso de la aprobación de la reforma energética, vía mayoriteo, en el Congreso de la Unión, al plantear de manera abierta y cínica la apertura total al capital privado en todas y cada una de las áreas de Petróleos Mexicanos y del sector eléctrico. En el caso de Pemex, han aducido problemas financieros en la paraestatal y la falta de tecnología en áreas como la explotación y la exploración; en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ponderan la necesidad de mayores inversiones para atender requerimientos de energía a futuro que conlleven a disminuir las tarifas. En ambos casos, los argumentos son comprobadas

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falacias, pues bastaría con operar un cambio en el régimen fiscal de Pemex para que sus millonarios ingresos dejaran de subsidiar la evasión fiscal de los grandes empresarios y compañías trasnacionales, para permitirle invertir sus ganancias en desarrollo de tecnologías y proyectos de exploración sin necesidad de hipotecar nuestro petróleo ante el avasallamiento del capital privado, tanto nacional como extranjero.

Abrir de par en par las puertas del sector energético del país al capital privado de ninguna forma constituirá una garantía para que bajen los precios de los combustibles, pues el gobierno tendrá que sujetarse a las exigencias de sus nuevos socios, que como buenos empresarios carecen del menor rasgo de sentido social en sus negocios. Para ellos, la ganancia lo es todo, y entre mayor sea ésta, mucho mejor.

Respecto de la CFE y la ilegalmente extinta Luz y Fuerza del Centro, su desplazamiento ha sido más que documentado, pues la intención fue y parece seguir siendo entregar no sólo la generación, sino las áreas de transmisión y comercialización a firmas extranjeras que ya generan más del 50 por ciento de la energía eléctrica en el país. Como se demostró, el cierre de la entidad no produjo una disminución en las tarifas y muchos menos el otorgamiento de un mejor servicio, pero sí, en cambio, permitió sin problema alguno entregar el negocio de la fibra óptica a particulares y ocultar la compra a altos precios que la CFE viene haciendo desde hace varios años de la energía generada por las trasnacionales, en detrimento de millones de usuarios que, lejos de ver disminuir el costo de sus recibos, pagan los platos rotos para que el gobierno cumpla con los contratos pactados con las firmas extranjeras.

Si las mayorías alcahuetas y cómplices en el Congreso se niegan a debatir ante el país su tendenciosa y privatizadora reforma energética, al menos deben tener la cínica “honradez” de hablar con claridad al pueblo y decirle que la verdadera intención es arrebatarle a México sus riquezas naturales a favor de unos cuantos. ¿Para qué andarse con tantos rodeos? ¿No cree usted?

En la campaña política del actual partido en el poder, la población recibió el ofrecimiento de que habría una disminución en el precio de los combustibles como la gasolina, el gas doméstico y las tarifas eléctricas, pero hasta el momento millones de mexicanos se siguen preguntando dónde quedaron tales promesas que debieran ayudar a aligerar la pesada carga de su economía familiar.

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Martín Esparza Flores** Una y otra vez se repitió la protesta: “Nosotros contratamos con ustedes, no con CFE, y a ellos no los vamos a dejar entrar a nuestras colonias”. Un enojo que se ha transformado, a fuerza de repetidos abusos, en verdadera resistencia civil, y que ha obligado, ante la negativa de los usuarios, permitir los cortes desde sus medidores y a que los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad realicen las interrupciones del servicio desde los postes, creyendo que con esto obligarán a la gente a pagar los estratosféricos adeudos. Sin embargo, tan arbitraria y baja acción ha terminado por establecer un grito de guerra en defensa de su derecho constitucional a la prestación del servicio: “aquí no entra más la CFE”, advierten miles de colonos y habitantes de diversas Millones de usuarios de la energía eléctrica en todo el comunidades, cansados de los altos cobros y del territorio nacional están a la espera de una voz que los pésimo servicio. guíe y oriente para encauzar su justificado descontento Lo mismo en municipios conurbados y altamente por los altos cobros en sus recibos de luz y el pésimo poblados, como Ecatepec (Estado de México), servicio que viene prestando, a través de empresas Tulancingo o Tepeji del Río (Hidalgo), la gente, el contratistas, la Comisión Federal de Electricidad pueblo, la sociedad en su conjunto recibió con buen (CFE), no únicamente en las entidades de la zona talante al SME; escuchó las razones del porqué centro (antes atendida por Luz y Fuerza del Centro), realizar una Caravana por media República para sino en el resto del país. demostrar a la opinión pública nacional e internacional Fue éste uno de los más persistentes descontentos las violaciones jurídicas cometidas en contra de los recopilados a lo largo de la Caravana por el Derecho y trabajadores electricistas, a los que pese a haber la Justicia del Trabajador, organizada por el Sindicato obtenido una sentencia a su favor para ser reinsertados Mexicano de Electricistas (SME), que partió del laboralmente en la CFE como patrón sustituto, los Distrito Federal y que culminó el pasado miércoles ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 24 de abril con un trascendente evento realizado en la la revocaron. ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. A lo La gente no sólo escuchó atenta todos y cada largo de siete estados, el SME se convirtió de manera uno de los planteamientos, sino que se hizo partícipe natural en el catalizador de un descontento social al denunciando los abusos cometidos en su contra al que las autoridades han ignorado desde hace tres años tomar el micrófono y fundirse como sociedad a las y medio, en que se aplicó el ilegal decreto de extinción demandas del SME. En un mitin realizado en Tepeji que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores. del Río, por ejemplo, resultó emblemático que un Sin duda, una jornada agotadora, pero fructífera, integrante del cuerpo edilicio de ese municipio la verificada en 14 ciudades del país, donde la gente hablara por sí mismo a favor del SME, y denunciara el salió al encuentro del movimiento de resistencia civil uso de la fuerza pública federal, por parte de la CFE, y pacífica de los electricistas para denunciar los mil para obligar a humildes colonos del fraccionamiento y un abusos cometidos por la antes llamada, durante La Romera a pagar una inexistente deuda de 155 mil el sexenio de Calderón, “empresa de clase mundial”. pesos.

** Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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También las constantes fallas y el pésimo servicio que prestan las empresas contratistas a la supuesta “empresa de clase mundial”, es otro de los problemas más sentidos que enfrentan miles de usuarios no sólo en la zona centro, sino en el resto del país, como quedó de manifiesto en los actos organizados en ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo. El común denominador es una empresa que parece estar abriendo las puertas a la privatización del sector eléctrico al permitir que los constantes apagones no sólo ocasionen pérdidas a la industria y al comercio, sino que además consienta la operación de una infraestructura eléctrica fuera de norma. Los recibos impagables son lo mismo para los servicios domésticos como para la industria, el ramo del comercio y la prestación de servicios. Por doquier aparecen las pruebas de que con la complicidad de los líderes charros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, como Víctor Fuentes del Villar, las compañías contratistas han desplazado de la materia de trabajo a los propios trabajadores sindicalizados, lo que muestra la regresión de sus derechos laborales. Debemos citar que en el Norte del país la propia CFE reconoce que existe la amenaza de estar operando al límite de su capacidad, con lo que se reafirma que se preparan las condiciones para justificar la reforma energética que tanto anhelan las empresas trasnacionales, que ya se han adueñado de más del 50 por ciento de la producción de energía en el país, y ahora van por todo.

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En cada uno de los sitios donde el SME elevó su denuncia ante la sociedad, se expresó la solidaridad con la lucha que otros gremios han librado en los últimos años, también en la búsqueda de justicia, como sucedió en Saltillo, Coahuila, donde nos reunimos con las viudas y los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos; trabajadores asesinados mediante un crimen de industria por el magnate Germán Larrea cuyo delito sigue impune. Tras conocer de frente el rostro de la indignación de miles de mexicanos, el SME convocó a todas las fuerzas sociales del país para que el pasado 1 de mayo hiciéramos una gran marcha nacional, pero sin los charros sindicales (como los líderes de la Confederación de Trabajadores de México, entre ellos Víctor Fuentes del Villar), que son los traidores de la clase trabajadora y que están permitiendo que con la injusta aplicación de la reforma laboral se efectúen ya despidos masivos. Para ser exactos, se trata de 3 millones y medio de mexicanos que, desde su puesta en marcha en diciembre pasado hasta la fecha, han perdido su empleo.


Martín Esparza Flores** A de que en los primeros seis meses de gobierno la persistencia en la aplicación del modelo neoliberal ha estacando la economía, ha desplomado la generación de empleo y empobrecido a millones de mexicanos con el alza de la canasta básica, la energía eléctrica, el gas doméstico y las gasolinas, los nuevos tecnócratas –como el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray– insisten en alentar la reforma energética que, a su parecer, contribuirá a abaratar las tarifas eléctricas bajo el sofisma de que al existir una mayor participación de empresas privadas en el sector habrá mejores precios. Argumento similar al esgrimido para abrir las puertas de la privatización en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Es por ello oportuno y conveniente recordarle a la actual tecnocracia, incrustada en la administración de Enrique Peña Nieto, algunas lecciones de la historia del pasado siglo en que el país debió remontar una dura cuesta en aras de nacionalizar los recursos naturales y energéticos que Porfirio Díaz entregó a las empresas extranjeras y que representaron un muy alto costo social y económico al desarrollo de México.

Pero fue a raíz de la llegada al país, en 1902, de la empresa canadiense Mexican Ligth and Power Company (Mexligth) que nació uno de los monopolios más rentables para los extranjeros, apadrinado al igual que las compañías mineras y petroleras de capital foráneo por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien en la mayor de las irresponsabilidades históricas les entregó el manejo de nuestros recursos naturales y energéticos a precio de ganga. A sólo 3 años de su fundación, la Mexligth ya controlaba a las empresas Compañía Mexicana de Electricidad, Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica y Compañía Exploradora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso. Y por si fuera poco, en 1906, la poderosa trasnacional obtuvo nuevas concesiones del gobierno de Porfirio Díaz y de las autoridades locales de Puebla, Hidalgo, estado de México y Michoacán. Sobra decir que en esos años y con la manga ancha del dictador, la Mexlight contaba ya en la primera década del siglo XX con una poderosa filial, México-Trainways, la compañía de tranvías eléctricos de la ciudad de México. En pocos años, el naciente monopolio se había encargado ya de liquidar a las pequeñas firmas locales, avanzando como voraz pulpo en la reproducción de sus tentáculos. Además, las firmas extranjeras no tenían de qué preocuparse, pues en su erróneo sentido por “modernizar” al país, Díaz les había otorgado concesiones de 50 y 97 años de explotación a su favor no sólo en el área de la generación de electricidad, sino en las explotaciones de los recursos mineros y petroleros. Por citar un ejemplo de cómo se dilapidaban nuestros recursos naturales, el 24 de marzo de 1903, la Mexican Ligth obtuvo la concesión para explotar en su totalidad los ríos Necaxa, Tenango y Xaltepuxtla. El entonces presidente no estaba modernizando de forma alguna al país, sino entregando en bandeja de oro la dependencia económica al capital extranjero.

Desde que en 1880 se encendieron en la calle de Plateros (hoy Madero) las primeras bombillas eléctricas, pequeñas empresas productoras de electricidad hicieron paulatinamente su aparición Por supuesto que tanto la electricidad como el en el escenario de las principales ciudades como servicio de los tranvías no eran nada baratos y la Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Mérida y, población que escasamente tenía acceso a los mismos evidentemente, la Ciudad de México. debía pagar altas tarifas y soportar la imposición

*La Jornada, 18 de abril de 2013..

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También, se operó la reforma al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorgó al Congreso la facultad de legislar en materia de electricidad, declarando a la industria eléctrica de utilidad pública, así como la exclusiva jurisdicción del poder federal en la reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de energía Condiciones similares de injusticia fueron las que por medios industriales. Además, por primera vez, motivaron años atrás, en 1906 y 1907, las huelgas reguló, en la medida de lo posible, las tarifas y obligó de Cananea y Río Blanco donde fueron masacrados a las empresas generadoras a firmar contratos de cientos de obreros por exigir sus derechos. suministro con los consumidores. de arbitrarios aumentos; en sentido opuesto, el monopolio trasnacional pagaba sueldos de hambre a sus trabajadores, al tiempo que los obligaba a laborar en jornadas de más de 8 horas, en condiciones de inseguridad y sin el menor derecho a una indemnización en caso de accidentes.

Fue esta injusta relación laboral la que motivó el surgimiento de gremios como el de los tranviarios y los electricistas, lo que dio como resultado el nacimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en diciembre de 1914, ante los abusos cometidos por la Mexican Ligth y sus filiales, y que 1 año después, en 1915, conllevara a la consumación de la histórica huelga que abrió las puertas de la legítima lucha obrera en el país y –más tarde, en el Constituyente de 1917– representara una de las fuerzas sociales que alentaron la consumación de las conquistas de la clase trabajadora en el Artículo 123.

No obstante las nuevas reglamentaciones, el monopolio siguió haciendo lo que le venía en gana al grado de que en 1933 –y también como hoy sucede–, los consumidores de todo el país se organizaron para presionar a las autoridades a tomar medidas más drásticas contra los ya desmedidos e imparables abusos de ambas empresas extranjeras. Fue así que el gobierno de Abelardo L Rodríguez envió al Congreso el 2 de diciembre de ese año una iniciativa para dar facultades al Ejecutivo para la creación de la Comisión Federal de Electricidad, misma que fue aprobada en 20 de enero de 1934, pero que no se concretaría sino 3 años después, ya en el gobierno nacionalista del No obstante el triunfo de la Revolución y la general Lázaro Cárdenas. promulgación de la nueva Carta Magna, el monopolio de la electricidad controlado en la década de 1920 – dominado además de la Mexlight, por la American and Foreign Power– llegó a tales excesos como el obligar a la ciudadanía a pagar altas tarifas por un deficiente servicio –algo similar a lo que ocurre hoy con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, que al entonces presidente Álvaro Obregón no le quedó otra salida que crear, en 1923, la Comisión para el Fomento y Control de la Industria y Generación de la Fuerza Eléctrica, con lo cual trató de corregir los excesos prohijados por los permisos y concesiones de Díaz, así como restringir, en la medida de lo posible, sus excesivas ganancias. Pero la medida no fue suficiente para acabar con los abusos de las ya entonces poderosas e intocables trasnacionales, y el 30 de abril de 1926, cuando era presidente Plutarco Elías Calles, se expidió el Código Nacional Eléctrico que permitió por primera vez al gobierno controlar las concesiones y establecer los requisitos técnicos para la construcción, el manejo y la conservación de las empresas eléctricas.

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Martín Esparza Flores** Segunda parte

Cuando el general Lázaro Cárdenas asumió la Presidencia de la República en 1934, los energéticos se encontraban de forma absoluta en manos de empresas extranjeras; por ello, el crecimiento de la economía y el bienestar del pueblo de México se supeditaban a los caprichos e intereses de los voraces capitales internacionales.

Solapadas décadas atrás por el entreguista gobierno de Porfirio Díaz, las ya poderosas trasnacionales no únicamente imponían sus tarifas y condiciones de venta del petróleo, las gasolinas y la electricidad que consumían los mexicanos; además, se negaban de manera sistemática a pagar los salarios y prestaciones consagrados en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, al imponer, como en el caso de las compañías petroleras, condiciones infrahumanas y de alto riesgo a sus trabajadores. No puede dejar de mencionarse para entender el contexto político y social en que se dieron acciones trascedentes para el futuro del país y la defensa de su riqueza energética que, desde el inicio de su administración, Cárdenas mostró una política de apoyo a los obreros y a los campesinos, tanto en materia legal como de respeto a sus procedimientos para realizar sus demandas lo que, incluso, llegó a provocar fuertes críticas del llamado entonces Jefe Máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, en cuyo gobierno los trabajadores siempre estuvieron en franca desventaja ante los abusos laborales de los empresarios.

** Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En junio de 1935, el expresidente declaró en una entrevista que el país requería de cordura, y se lamentaba porque la administración de Cárdenas “toleraba la ola de huelgas” y movilizaciones de las organizaciones obreras en el país. Eran los tiempos en que el fantasma del fascismo recorría el mundo, por lo que no fue casual que tras las declaraciones de Calles los grupos de ultraderecha y simpatizantes de este sistema totalitario y represor buscaran organizarse en contra de las decisiones justas en favor de las clases populares enarboladas por Cárdenas, a través de organizaciones como los llamados Camisas Doradas, que contaban, por supuesto, con el respaldo de las firmas extranjeras, responsables en buena medida de orquestar campañas, desde el anonimato, acusando al entonces presidente de simpatizar con los “comunistas”. Las agresiones que ya se palpaban en todo el territorio nacional contra el general Cárdenas, apadrinadas por Calles, conllevaron a que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lanzara una convocatoria a todo el país, el 12 de junio de 1935, llamando a la unidad a las organizaciones obreras con carácter de urgente. Acudieron todas, menos dos: la radical Confederación General de Trabajadores y, por supuesto, la Confederación Regional Obrero Mexicana, aliada, a través de Luis N Morones, al general Calles. Firmaron el histórico documento de unidad los sindicatos de tranviarios, de las Artes Gráficas, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, la Federación de Sindicatos de Obreros del Distrito Federal, los gremios de ferrocarrileros, mineros y telefonistas, entre otros. De esta forma, el 15 de junio de 1935 las mismas organizaciones acordaron constituir el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), también bajo los auspicios del SME, y establecieron entre algunos de sus principales puntos: “se constituye el CNDP ante las amenazas contra los derechos conquistados por obreros y campesinos (…); Quinta: se establece la huelga general ante el asomo de manifestaciones fascistas que ponga en peligro los derechos de los trabajadores”. 23


El frente de apoyo a Cárdenas, propuesto por el SME, permitió al entonces presidente detener los avances reaccionarios en el país. Fue tal la fuerza del movimiento de masas que se volcó en apoyo a Lázaro Cárdenas del Río que, rebasado por las circunstancias históricas, Calles anunció el 16 de junio que se retiraba a la vida privada en su Hacienda de Santa Bárbara, para más tarde partir al extranjero. Dos meses después, el 16 de agosto de ese trascendente año, se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ante los crecientes y desmedidos abusos de las compañías petroleras, en su mayoría inglesas y estadunidenses que se negaban a la firma de un contrato colectivo y el reconocimiento de justas demandas, como la jornada de 40 horas y el pago de salarios por enfermedad. Más tarde, en febrero de 1936, y también con el apoyo del gobierno nacionalista de Cárdenas, nació la Confederación de Trabajadores de México, bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano. Fue en aquel año cuando empezó a gestarse en el proyecto de gobierno del general Cárdenas el nacimiento formal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre todo cuando sopesó aspectos como la intransigencia de la compañía MexLight por negociar dentro del marco del derecho laboral, la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con el SME, organización que comunicó al jefe del Ejecutivo el inminente estallido de la huelga, misma que se verificó el 16 de junio y que no fue levantada sino hasta en la madrugada del día 25, cuando la empresa firmó la aceptación completa del pliego petitorio. El mandatario corroboró el lastre en que se estaba convirtiendo, no únicamente para los trabajadores sino para el país, el monopolio de las firmas Mexican Light and Power y American and Foreign Power, ya que las mismas apenas y habían mantenido un crecimiento anual del 1 por ciento, insuficiente para atender la creciente demanda nacional de electricidad. De hecho, y como una muestra de su evidente desinterés por el futuro de México, las empresas ni siquiera se molestaban en reinvertir sus exageradas ganancias en proyectos que no consideraran altamente rentables. Todos sus excedentes de capital eran enviados al extranjero. Para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes y solamente tres empresas ofrecían el servicio de energía eléctrica a 7 millones de mexicanos, que representaban el 38 por ciento de la población. La

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demanda superaba con creces a la estancada oferta. Además, las fallas en el servicio eran constantes y las tarifas muy elevadas. Desgraciadamente, tal como hoy sucede. En este sentido y con el propósito de construir plantas generadoras para satisfacer sin fines de lucro la demanda existente, el presidente Cárdenas decretó en Mérida, Yucatán, el 14 de agosto de 1937, la constitución formal de la CFE, dependencia que se encargaría de estudiar la planeación del sistema nacional de electrificación, así como de ejecutar y adquirir obras relacionadas con la generación, transmisión y distribución eléctrica, cambiando con ello la perspectiva regionalista de la electrificación de modo que de acuerdo con el proyecto de gobierno del general Cárdenas, el campo se viera favorecido al poder bombear agua de riego, el arrastre y la molienda, pero también se buscaba impulsar el alumbrado público de las pequeñas ciudades. El 18 de marzo de 1938, y tras meses de agobiante lucha por lograr que las empresas petroleras les concedieran mejores prestaciones, los trabajadores petroleros vieron cristalizarse sus demandas a la par de que el país recobraba la riqueza de sus hidrocarburos. Al negarse las empresas extranjeras a reconocer su compromiso con los trabajadores y manifestarse en franca rebeldía por el laudo emitido en su contra por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –pese a que la Corte les demostró con cifras en la mano sus escandalosos dividendos–, el general Cárdenas tomó la determinación de llevar a cabo la expropiación petrolera. Y como ocurrió 3 años atrás, el mandatario no sólo recibió el apoyo solidario del movimiento obrero en su conjunto sino de todo el pueblo de México. La oligarquía internacional y la ultraderecha fascista vieron desmoronarse su intención de debilitar al gobierno cardenista y, con ello, aniquilar la lucha de la clase trabajadora por defender y conservar sus legítimas conquistas plasmadas en la Constitución de 1917; pero, sobre todo, la nación recobró el pleno dominio sobre la riqueza de sus hidrocarburos y fincó las bases de una industria eléctrica que en 1960, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, concretaría, con la misma visión nacionalista de Cárdenas, el control del Estado sobre sus energéticos, en aquellos gloriosos tiempos en que pueblo y gobierno iban de la mano, y en un mismo sentido, por la salvaguarda de las riquezas de la nación y de su progreso económico.


Martín Esparza Flores** Tercera y última

Luego de más de medio siglo en que el monopolio de las trasnacionales controló la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el centro del país, el presidente Adolfo López Mateos anunció –durante su Segundo informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1960– que procedería en los siguientes días a concretar la nacionalización de la industria eléctrica del país al adquirir la mayoría de las acciones de las empresas Mexican Light and Power y American and Foreign Power, que desde el gobierno de Porfirio Díaz se habían visto favorecidas con concesiones amañadas que les permitían manejar tan importante sector a la conveniencia de sus propios intereses, al grado de convertirse, al paso de las décadas, en un peligroso lastre para el desarrollo de la economía nacional.

La histórica y patriótica medida, que se concretó 27 días después, se apegó a la estrategia de que el suministro de energía eléctrica tenía que ser un servicio público con un claro compromiso social y nacional, por lo que no debía ser prestado por empresas extranjeras que a lo largo de varias décadas se negaron sistemáticamente a invertir en la expansión del sector para convertirlo en el detonante del desarrollo para el resto de las diversas ramas productivas, y de la población misma, que reclamaba no sólo un servicio más eficaz sino tarifas más justas.

** Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Para situar el contexto en que se dio la nacionalización de 1960, es importante señalar que a principios de esa década, el país tenía una población de 34.9 millones de habitantes, de los cuales, el 44 por ciento aún no contaba con electricidad en sus hogares, pues de los 2 mil 308 megavatios (MW) de capacidad instalada en el territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aportaba un 54 por ciento, mientras que la Mexican Ligth and Power Co contribuía con un 25 por ciento, la American Foreign con el 12 por ciento, y el 9 por ciento restante otras compañías. A diferencia del Decreto de la Expropiación Petrolera de 1938, el proceso de nacionalización de la industria eléctrica de la zona centro del país se echó a andar desde abril de 1960, cuando el gobierno del presidente López Mateos inició las negociaciones para la compra de las acciones de las empresas que tenían a su cargo el suministro de la energía eléctrica, así como de los bienes e instalaciones de las compañías privadas que operaban con serias deficiencias por la falta de inyección de capital, pues en vez de reinvertir seguían obstinadas en sacar sus ganancias fuera del país. El gobierno mexicano destinó 52 millones de dólares, de aquellos tiempos, a la adquisición del 90 por ciento de las acciones de la Mexican Light and Power, comprometiéndose a saldar los pasivos de la empresa, que ascendían a 78 millones de dólares. A la American Foreign Power se le pagaron 70 millones de dólares; la negociación se cerró con el compromiso por escrito de ambas firmas extranjeras para invertir en el país el dinero que recibirían, y evitar así una excesiva fuga de divisas, obligándolas a retribuir en algo lo mucho que exprimieron a la economía nacional. Fue así que pasaron a formar parte del patrimonio nacional 19 plantas generadoras que daban servicio a

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Puebla, Michoacán, Morelos, Hidalgo y el Distrito Federal, así como 16 plantas hidráulicas y tres térmicas; varios cientos de líneas de transmisión y distribución; dos subestaciones transformadoras; 38 subestaciones receptoras; bancos de transformadores; 11 mil transformadores de distribución y 6 mil 800 kilómetros de líneas de baja tensión; 15 plantas hidroeléctricas; 3 plantas termoeléctricas, el edificio de Melchor Ocampo y Marina Nacional y demás inmuebles y muebles de las plantas y estaciones hidroeléctricas y termoeléctricas, así como equipos y material de oficina. Igualmente fueron adquiridos los activos de las siete empresas administradas por la Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas. En cifras redondeadas puede decirse que la medida nacionalista del presidente López Mateos no sólo contribuyó a que el país reafirmará su soberanía nacional para el manejo de sus recursos energéticos; además, logró pagar las acciones de las empresas privadas en condiciones ventajosas para las finanzas públicas, pues si bien su gobierno erogó un promedio de 650 millones de pesos, la nacionalización le permitió entrar en posesión de activos que representaban en esos años un valor aproximado de 3 mil 375 millones de pesos. Ahora que la tecnocracia pretende echar a andar, mediante la reforma energética, la encubierta privatización o, mejor dicho, la desnacionalización del sector, es de vital interés para el país recordar algunos de los planteamientos hechos por Adolfo López Mateos durante la lectura de su Segundo informe de gobierno, pues muestran un perfil de desarrollo nacional diametralmente opuesto al que ahora se pretende imponer sin el consenso de millones de mexicanos. Textual, apuntó el entonces presidente: “He de informar a vuestra soberanía [Poder Legislativo] de la política que ha trazado el Ejecutivo a mi cargo en una materia de esencial importancia para el país, y cuyo alcance y significación van más allá de un ejercicio anual o de un periodo presidencial, pues trasciende a la vida futura de México, a su desarrollo y a las generaciones que nos sucedan. Está encaminada a que, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, la prestación de los servicios públicos de generación, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, sea realizada por instituciones gubernamentales, órganos de la nación, a través de los cuales esté

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siempre presente, como último mandante de toda su gestión, el pueblo mexicano”. Reafirmó también ante el Congreso: “Desde que inicié mi gobierno, tuve el convencimiento de que el desarrollo del país estaba íntimamente vinculado con la creciente electrificación del mismo, y que era conveniente realizar cuanto esfuerzo e inversión se requirieran para incrementarla. Como, además, la energía eléctrica ha alcanzado mundialmente un rango superior al de los combustibles en las necesidades primarias de las nuevas economías, la administración pública no podía desentenderse de los problemas que presentaba, máxime cuando en México hemos sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicos, han de estar al servicio del desarrollo y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano”. Y selló la histórica determinación al señalar a los miembros del Poder Legislativo: “Como culminación de este proceso de reivindicación, inspirado en el más puro patriotismo, promoveré la adición del Artículo 27 constitucional para que, como en el caso de los combustibles señalados en el párrafo sexto de ese precepto, no se otorguen concesiones a particulares para la prestación del servicio único de energía eléctrica”. Ahora, los tecnócratas buscan que con la complicidad de un Congreso dócil, cuya mayoría de sus integrantes ignoran la historia nacionalista del país, se aprueben reformas que den marcha atrás a lo establecido hace 52 años, cuando México logró fortalecer su soberanía al recuperar el control pleno de sus recursos energéticos, y entregarlos a la nación como patrimonio de todos los mexicanos. Patrimonio que, como quedó establecido en su momento por Lázaro Cárdenas, y años más tarde por López Mateos, pertenece al pueblo y no a una elite de neoliberales que busca, como en el porfiriato, devolver a las empresas extranjeras sus antiguos privilegios para saquear nuestras riquezas naturales en aras de un inexistente desarrollo económico y social.


Martín Esparza Flores** Primera parte

Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas. Si partimos de la base jurídica contenida en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece sin cortapisas que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público que dimana de éste debe instituirse para su beneficio y no para provecho de unos cuantos, es innegable que parte de esta soberanía descansó, por muchas décadas, en nuestra soberanía económica lograda, en buena medida, gracias a las nacionalizaciones de las industrias petrolera (1938) y eléctrica (1960). De hecho, y como hemos argumentado en Contralínea, en México parece existir una corriente inversa a la que rige en las naciones petroleras y del primer mundo, mismas que conceden a sus recursos energéticos un valor estratégico para sus soberanías y su propia seguridad nacional, evitando que tan invaluable sector sea infiltrado y controlado por empresas extranjeras. Alarmante resulta saber que, por ejemplo, funcionarios mexicanos de primer nivel, como la exsecretaria de Energía Georgina Kessel, sean recompensados por haber brindado millonarios contratos a empresas como la española Iberdrola, que en el pasado sexenio obtuvo concesiones para el

* La Jornada, 16 de abril de 2013. ** http://navegaciones.blogspot.com

establecimiento de parques de eólicos para generación de electricidad en estados como Puebla y Oaxaca, así como importantes proyectos de cogeneración en Tamaulipas y Guanajuato. La firma española contrató como asesora externa a la exfuncionaria con un sueldo trimestral de 35 mil euros –unos 600 mil pesos–, con lo que Kessel obtendrá un sueldo promedio de 200 mil pesos mensuales por haber incluido, en un nebuloso tráfico de influencias, a Iberdrola dentro de los 772 permisos otorgados por los gobiernos panistas para la generación de energía en México a diversas empresas multinacionales. Si en nuestro país se hiciera valer el estado de derecho, Kessel y otros muchos funcionarios deberían ser investigados por haber utilizado información privilegiada para favorecer a las trasnacionales en contra de los intereses de la nación, poniendo en riesgo nuestra soberanía y seguridad nacional, amén de los millonarios daños patrimoniales que han representado los compromisos adquiridos con las firmas extranjeras para comprarles, de forma obligatoria, su energía en las próximas décadas. Como lo han establecido con claridad organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su análisis de la Cuenta Pública de 2009, hasta diciembre de aquel año la compra de energía a las firmas beneficiadas por la exsecretaria Kessel le había costado al país 268 mil millones de pesos. Tal situación avizora un dramático futuro cuando el organismo señala con irrefutables pruebas que los contratos firmados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con las multinacionales de la energía representarán, de 2010 a 2040, una erogación global de 1.6 billones de pesos. Altísimo costo que ya empezaron a pagar millones de mexicanos con la imparable alza en sus recibos de luz. Esta errada política energética no sólo ha obligado a subutilizar a la infraestructura eléctrica, propiedad de la nación, sino condenar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a una virtual quiebra técnica por la silenciosa privatización en sus diversas áreas, echada a andar desde el gobierno de Vicente Fox y legalizada con la

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reforma calderonista de 2008, que abrió la posibilidad más bajo a los consumidores: una inducida quiebra cuyos verdaderos objetivos eran desaparecer a una de de los contratos incentivados. las organizaciones más combativas e independientes Ahora, y hay que denunciarlo al país, la del país, como el Sindicato Mexicano de Electricistas reforma energética busca dar garantías a los grandes (SME), para entregar valiosos recursos patrimonio corporativos que no serán expuestos al riesgo de que de la nación (como la fibra óptica) a empresarios la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad privados, muchos de ellos, por cierto, panistas, como reguladora o Pemex puedan declarar nulas las futuras los exsecretarios de Energía en la gestión de Fox, concesiones: las mismas y extralimitadas garantías de Fernando Canales y Ernesto Martens. que gozan las trasnacionales que se han adueñado del Los priístas, que ahora buscan emplear su fuerza sector eléctrico. numérica para imponer la reforma energética, deben La falsa escenografía que presenta al sector recordar lo planteado por sus antecesores de la LXI energético como un callejón sin salida para justificar Legislatura, cuando en julio de 2011, y siendo oposición, la reforma que, de acuerdo con el secretario de demandaron en su documento parlamentario 10 años Energía, Pedro Joaquín Codwell, será presentada de panismo (apartados de “Resultados”; “III Energía: este mes, debe ser echada abajo en foros de análisis y desperdicio y enajenación de bienes públicos”): “para debate nacional, pues no corresponde a la realidad que el PRI [Partido Revolucionario Institucional] está enfrentan tanto la CFE, como Petróleos Mexicanos. claro que el futuro de la energía en México se deberá Ambas entidades deben parte de sus debilitamientos discutir en un marco de apertura, certeza y honradez, financieros a esa encubierta privatización operada y en función de los mejores intereses del país; la por los panistas, situación de crisis que en el caso solución no consiste en privatizar los recursos de la de Pemex se ha acrecentado por el injusto régimen nación para ocultar los fracasos del PAN [Partido fiscal impuesto a sus ingresos. Los multimillonarios Acción Nacional]. México cuenta con los recursos recursos que paga la paraestatal al fisco son utilizados energéticos suficientes para enfrentar el reto. Sólo para tapar los gigantescos huecos presupuestales falta liderazgo”. ocasionados por la evasión de los grandes empresarios, En sus manos está honrar su propia palabra y ante la complicidad y complacencia de las autoridades hacer valer la soberanía nacional que radica, como lo hacendarias. establece nuestra Constitución, en el pueblo de México Tan sólo en 2004, de acuerdo con estudios de y no en funcionarios pillos que han configurado, en su la Universidad Nacional Autónoma de México, la delictivo proceder a favor de las trasnacionales, una evasión en nuestro país alcanzó la cifra de 610 mil verdadera traición a la patria. 800 millones de pesos, ingresos faltantes que fueron cubiertos por la carga fiscal impuesta a la paraestatal y que le costó erogar, ese año, 473 mil millones de pesos. Antes de tomar cualquier determinación a espaldas del país, se debe explicar a los mexicanos –en quienes reside la soberanía nacional como lo dicta el artículo 39 constitucional–, cómo es posible que se haya consentido que Pemex sea la única empresa petrolera en el mundo que pague más impuestos. Por ejemplo, en 2009, Exxon Mobile erogó, por la vía tributaria, 15 mil 100 millones de dólares; Royal Dutch Shell, 8 mil 300 millones de dólares; Petrobras, 5 mil 200 millones y, para no creerse, Pemex desembolsó ¡40 mil 500 millones de dólares! Con estos comparativos, difícilmente los panegiristas de la reforma podrán argumentar que Pemex es una empresa poco rentable e improductiva. Recordemos al respecto la urdida ineficiencia de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro, inventada por Calderón para desaparecerla, cuando sabía perfectamente que su gobierno la obligaba a comprar energía cara a la CFE y revenderla a un precio

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Martín Esparza Flores** Segunda parte Como quien comete un homicidio y con toda impunidad se pasea tranquilo por la calle muy quitado de la pena, así los panistas se atreven a señalar que la reforma energética presentada por el Ejecutivo se “queda corta” en comparación a la suya, que plantea un esquema total de concesiones a particulares.

petroleras y sus licitaciones con bancos particulares, la dependencia apenas emitió un somero informe. Por supuesto, al terrible hoyo negro en las finanzas de la paraestatal habrá que sumarle, sin excepción, los 70 mil millones de dólares también generados por los excedentes durante el sexenio de Vicente Fox y de los que nunca se explicó a detalle su paradero. Su pésimo manejo de la entidad y su errada política fiscal provocaron que por cada peso que entra a la paraestatal, 70 centavos se destinen al pago de impuestos y derechos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y como quebrada herencia, luego de sobreexplotar el yacimiento de Cantarell, derrumbaron la producción anual de un promedio de 3 millones de barriles a 2.5 millones. Por si fuera poco, en 11 años de administraciones panistas, Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 400 mil millones de pesos de capital, lo que le orilló a contraer deuda para subsanar el remanente que no alcanzó a cubrir con su utilidad operativa. Y, seguramente, cuando salga a relucir el tema en que habrán de operarse la transparencia en los contratos, tendrán que hacer mutis cuando salte a la palestra un escabroso asunto por todos ellos conocido de sobra, como las licitaciones entregadas en bandeja de plata a quien fuera secretario de Gobernación y amigo de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, quien mediante su empresa Transportes Especializados Ivancar, obtuvo millonarias ganancias por sus servicios prestados, a altos costos, a Pemex Refinación.

Voraces y desmemoriados, los exinquilinos de Los Pinos deberán meditar el alcance de sus palabras, porque el manejo que por 2 sexenios hicieron de la política energética en el país fue por demás desastroso. Y ya ni qué decir sobre asuntos de transparencia en donde, por el lado que se le quiera ver, no salieron bien librados, sobre todo en la corrupción solapada en empresas del sector energético que, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se convirtió en una cueva de ladrones con Alfredo Elías Ayub y Néstor Pero aún fuera del poder los panistas plantean, Moreno Díaz a la cabeza. en su descabellada y entreguista propuesta, que en En la discusión de la reforma energética no el ámbito del sector eléctrico se supriman todas las les asiste ni calidad moral ni razón alguna para restricciones para otorgar concesiones a particulares, buscar colgarse como defensores de los intereses tanto nacionales como extranjeros, no únicamente nacionales, cuando, en su momento, dilapidaron de en la generación de energía, sino también en su inescrupulosa manera los excedentes petroleros. Por comercialización. Olvidan que debido a su desastrosa ejemplo, en 2008 los recursos extras generados por política en este sector se terminó por entregar casi tal circunstancia llegaron a los 14 mil millones de el 50 por ciento de la generación de energía a las dólares, pero la reasignación de los mismos se manejó trasnacionales a un alto costo para el país, al haber de manera discrecional, pues la misma Auditoría pactado en desventajosos contratos por más de 25 Superior de la Federación, en su análisis de la Cuenta años. Pública 2009 sobre este asunto y en el de las coberturas ** Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), operada mediante el ilegal decreto de Felipe Calderón Hinojosa, los panistas no se cansaron de señalar, a la par que su presidente, que bajarían las tarifas eléctricas y se mejoraría el servicio, lo que redundaría en el fortalecimiento económico de la zona centro del país y en la creación de empleos. Al bajar la cortina de su desastrosa gestión, ninguno de los compromisos se cumplió. En cambio dejaron un servicio colapsado y a miles de usuarios en un franco descontento y rebeldía por los elevados cobros en sus recibos. Y como colofón, se negaron a aclarar las razones de haber otorgado, a precio de ganga, la fibra óptica de LFC a empresas privadas donde aparecieron como accionistas nada menos que los exsecretarios de Energía en el sexenio de Fox: Ernesto Martens y Fernando Canales. Ahora que se dé la discusión energética tendrán que explicar al país bajo qué criterios antinacionalistas abrieron de par en par las puertas del sector eléctrico nacional a las multinacionales, al otorgar 772 permisos a productores independientes de energía entre las que destacan Iberdrola –que ya genera el 17 por ciento de la energía en México y a la que asesora Georgina Kessel, extitular de Energía con Calderón–; EDF International; Unión Fenosa, Mitsubishi; Intergen; Mitsui; TransAlta y AES, entre otras. Muchas de las multinacionales, además de haber obtenido beneficios a través de financiamiento vía proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto (Pidiregas), han asegurado su inversión; 25 de ellas obtuvieron el compromiso de CFE para adquirirles, al precio establecido a su conveniencia, la compra de su energía, ocasionando con ello mayores costos operativos a la infraestructura eléctrica nacional que al final del sexenio de Calderón quedó subutilizada, generando un excesivo margen de reserva: del 44 por ciento alcanzando en 2009, contra un 21 por ciento observado en 2000. Los panistas tendrán que decirle a los mexicanos, en el marco de la reforma energética, cómo es posible que hayan aceptado no sólo dar todas las facilidades a las compañías extranjeras, sino además adquirir compromisos de compra de energía que tan sólo en 2009 ya había representado erogaciones de fondos públicos por 269 mil millones de pesos. De tal manera que, para cumplir los contratos con las 25 trasnacionales signados hasta 2040, el país deberá pagar 1.6 billones de pesos por una energía que sencillamente no necesita el país. Pero además deben un buen cúmulo de explicaciones, pues el costo de su extraviada política 30

en el sector eléctrico será mayor a la nación si se considera que los proyectos desarrollados y aprobados por la Comisión Federal de Electricidad a favor de las trasnacionales, bajo el esquema financiero de los Pidiregas, y su pasivo acumulado de 1999 a 2043, ascenderá a 545 mil 300 millones de pesos, según lo establecido en la tabla de amortización y pago de intereses registrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. Y pese a haber masacrado el sector energético por 12 años, aún se atreven a ponderar –como la mejor opción para el “futuro del país”– su iniciativa dictada, con toda seguridad, desde los escritorios de los monopolios internacionales a los que tan eficazmente sirvieron como gobierno.


Martín Esparza Flores** al desarrollo económico de México y a abatir la pobreza”. Y entre sus rubros de acciones inmediatas establece propósitos tales como: definiciones, “con miras al futuro”, de la generación de energía eléctrica en el país; impulsar la modernización del sector con el uso eficiente de la fibra óptica; un sistema comercial más transparente y mayores esfuerzos en el tema de las pérdidas técnicas. Analizando este adulterado racimo de buenos deseos no podemos menos que preguntarnos cómo le van a hacer para cumplirlos si tomamos en cuenta que, por ejemplo, ya más del 50 Informes difundidos por la Bolsa Mexicana de por ciento de la generación de energía eléctrica en el Valores, y elaborados con reportes suministrados por país es controlada por empresas extranjeras. la paraestatal, indican que en el primer semestre del Y ni qué decir de modernizar el sector mediante año las pérdidas de CFE se dispararon en un 167,8 por ciento para alcanzar la cifra de 35 mil 519 millones de la fibra óptica que ya se concesionó y puso en manos pesos, más del doble de las registradas en el mismo de empresas privadas. ¿Será acaso que ahora CFE periodo del 2012 y que arrojaron números rojos por tendrá que pagar por utilizar la infraestructura que es, y debe ser, patrimonio de todos los mexicanos? 13 mil 259 millones de pesos. Pero además, en relación a establecer un sistema de Lo señalado por los expertos del centro de comercialización más transparente, primero deberán finanzas más importante del país, le da con la puerta explicar a millones de usuarios el por qué han aplicado en las narices a Plascencia y a los altos funcionarios el arbitrario cobro “estimado” de los consumos, de la Comisión Federal como es el caso de su Director, cuando ni la Constitución ni la propia Ley del Servicio Francisco Rojas Gutiérrez, y su abogado general, Público de Energía Eléctrica lo contemplan. ¿Es así César Augusto Santiago, quienes en la legislatura como piensan abatir la pobreza? pasada y como integrantes del grupo parlamentario Tocante a las pérdidas de energía, ni qué hablar, del PRI, fueron los principales críticos en el Congreso de la pésima administración de CFE en el sexenio pues como lo corroboró el IFAI en un informe solicitado a CFE y publicado por un medio de pasado. comunicación, las mismas también se han disparado En múltiples ocasiones, expresaron a los medios luego de la extinción de Luz y Fuerza: de acuerdo que el problema esencial de la CFE era la enorme a los datos entregados por la entidad al organismo corrupción que le aquejaba, y exigieron, cual “dúo de transparencia, mientras en 2008 el monto por dinámico” de Batman y Robin, que los funcionarios pérdida de energía representó a LFC un monto de panistas hicieran justicia a los millones de usuarios 697 millones, el mismo bajó en 2009 a 677; pero afectados por las altas tarifas eléctricas y pusieran en contrasentido, en 2010, CFE lo elevó a mil 680 orden a los millonarios quebrantos en la entidad. millones, para llevarlo, en 2011, a mil 808 millones, y dejarlo en 2012, en mil 949 millones. Un total de 5 mil Ahora en su rol de nuevos funcionarios, esta 437 millones de pesos por robo de energía. ¿Es ésta pareja de embusteros firman sin recatos éticos ni la eficiencia a que se refieren de oídas Raúl Medina y pudor alguno, acuerdos como el Convenio para Elevar los altos directivos de CFE? y Democratizar la Productividad en el sector, nada menos que con la dirigencia charra del SUTERM; Es por eso la exigencia de infinidad de sectores encabezada por Víctor Fuentes del Villar, el mismo y organizaciones sociales para que el tema de la al que senadores de la legislatura pasada le exigieron Reforma Energética sea llevado a un debate nacional explicar la desaparición de más de 500 mil millones del que surja a la luz pública la fábrica de quimeras de pesos, producto del fondo de jubilación de miles oficiales en que se ha convertido la ilegítima Empresa de sus compañeros. de Clase Mundial. En la antesala de la reforma energética, las cifras siguen apabullando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la ahora risible y agonizante “Empresa de Clase Mundial”, va en caída libre y únicamente despistados como el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, en su ignorancia supina, aún se atreven a enaltecerla al afirmar que “la energía eléctrica es un servicio público que brinda la CFE, con un alto nivel de eficiencia”.

Según lo difundido por la propia CFE, el acuerdo busca una “plena eficiencia, que coadyuve

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Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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Los que suscriben, legisladores federales integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos en la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos Décimo Tercero y Décimo Cuarto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos Antecedentes La industria eléctrica es una área estratégica, de acuerdo al párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el desarrollo económico del país. A raíz de la nacionalización de la industria eléctrica, la electrificación de nuestro país ha tenido como objetivo el que todos los mexicanos tengamos acceso a la electricidad. De acuerdo a datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para finales del 2012 la media nacional de la población mexicana que cuenta con servicio eléctrico es de 98% aproximadamente. Esto es trascendente si recordamos el nivel de cobertura que tenía México antes de la nacionalización de la industria eléctrica, cuando los empresarios trasnacionales eran dueños de la electricidad. En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres empresas privadas. Asimismo, previo a la nacionalización apenas 44% de la población contaba con electricidad. Estos fueron algunos de los motivos por los que el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. A raíz de la inconstitucional extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, decretada por Felipe Calderón el 11 de octubre de 2009, la zona central del país (el Distrito Federal y los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos) quedó a cargo de la CFE. Sin embargo, de manera perversa y deliberada dicha empresa ha subcontratado empresas privadas, como por ejemplo Neutrón y Protón. Como resultado de esto, el servicio público de energía eléctrica ha empeorado severamente. De acuerdo a los datos oficiales, para finales del 2012, en el “Portal del Consumidor” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que cada tres meses

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actualiza la lista “Las 20+” (un registro de las empresas que más quejas han recibido), la CFE encabezó la lista, seguido por Dish, Telcel, Nextel, Iusacell, Telmex, etcétera. Por otro lado, es evidente que la tendencia de los gobiernos federales anterior y actual es la misma: eliminar los subsidios principalmente en las tarifas domésticas. En lo referente al incremento del precio medio de la tarifa doméstica es superior a 125%, 107% en la comercial, 81% por ciento en las agrícolas y 83% en servicios como el alumbrado público; del año 2000 a la fecha, la electricidad en México se ha convertido en una mercancía de lujo que coloca a más de 31 millones de usuarios domésticos en la disyuntiva de pagar la luz o comer, contradiciendo el carácter social de la electricidad como patrimonio nacional que se expresa en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución. Estos desorbitados incrementos colocan a México en el rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del mundo, muy por encima del incremento de 59% del índice nacional de precios al consumidor y del 54% de aumento a los salarios mínimos en los últimos 11 años. Todo esto es resultado de la privatización parcial del sector eléctrico mexicano, iniciado en 1992 con el entonces titular del Poder Ejecutivo Carlos Salinas de Gortari, quien a través de modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, abre la generación eléctrica a las empresas privadas, principalmente trasnacionales. La sola presencia de las empresas extranjeras como IBERDROLA, MITSUBISHI y Unión Fenosa, entre otras, vulnera la Soberanía e Independencia nacionales, pues acumularán ganancias de un billón 320 mil millones de pesos en los próximos 29 años, y quienes seguiremos perdiendo seremos la Nación y el Pueblo mexicano si no detenemos este proceso privatizador. Aunado a esto, la política represiva en materia eléctrica del Gobierno Federal va en aumento, en virtud de los constantes cortes realizados. Sólo en 2012, la CFE aplicó 219 mil cortes, particularmente a usuarios domésticos, los cuales sumaron 179 mil 941; así como 39 mil 282 a usuarios comerciales y 6 a usuarios industriales. El problema del aumento en las tarifas eléctricas y del futuro de la industria eléctrica en México no tiene solución en el marco actual del neoliberalismo y de la creciente privatización eléctrica. No se va a resolver con las iniciativas privatizadoras presentadas por el Partido Acción Nacional, la de Enrique Peña Nieto o las que propone el Partido de la Revolución Democrática. Para resolverlos se requiere suprimir los permisos ilegales otorgados al capital privado y abolir las modificaciones ejecutadas a la Ley del Servicio

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Público de Energía Eléctrica y su Reglamento promovidas por Salinas de Gortari en 1992. Asimismo, se requiere elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, derogar la tarifa Doméstica de Alto Consumo y cancelar los adeudos pendientes a millones de usuarios domésticos, derivados de los “cobros locos” de CFE. Condiciones en las que se encuentra el sector eléctrico. La generación de energía eléctrica del sector público está siendo desplazada por los permisionarios privados dentro del Servicio Eléctrico Nacional. En el servicio público, la generación de electricidad pasó de 191.4 miles de GWh en 2000, a 157 miles de GWh en 2009, mientras que la de los permisionarios, en esos mismos años, pasó de 12.9 miles de GWh a 105 .9 GWh, respectivamente.

El dominio del mercado eléctrico mexicano por parte de los permisionarios también se muestra en la capacidad de generación de electricidad. Los permisionarios tenían en 2000 una capacidad de generación de sólo 4.3% del total nacional, misma que se incrementó en 2009 a 21.2%. Mientras que el servicio público no incrementó su capacidad, los permisionarios sí lo hicieron en más de cinco veces, especialmente los productores independientes (PIEs).

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Entre las empresas que venden electricidad a la CFE algunas tienen contratos a 25 años. Iberdrola, que a esa fecha concentró una capacidad de 4.2 miles de MW; EDF Internacional, con capacidad de 1.8 miles de MW, Unión Fenosa, 1.5 miles de MW, y Mitsubishi, con 1 mil MW, entre otras.

Los contratos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía permisionarios se extienden hasta el año 2041 pero pueden ser renovados.

a

los

De 1992 a diciembre de 2009, los permisionarios se beneficiaron con ingresos por 268 mil millones de pesos. De 2010 a 2041, con la infraestructura actual, recibirán cinco veces más, es decir, hasta 1.32 billones de pesos.

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Entre 2000 y 2009, el Gobierno Federal aumentó el subsidio de 37.4 a 91.3 miles de millones de pesos en CFE.

Considerandos En el artículo 1º constitucional se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; siendo las autoridades las que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Es de resaltar que se contemplan no sólo los tratados cuya naturaleza y esencia sea de derechos humanos, sino las disposiciones que contengan tales derechos. Existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, por lo que planteamos enérgicamente que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas, circunstancias que además encuentran sustento en el propio artículo 27 constitucional. Tomando en cuenta que los derechos humanos están sujetos a su progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud, el agua, la educación, la información, el combate a la discriminación, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener los medios para el libre desarrollo de su dignidad y su personalidad.

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Entre los tratados internacionales que contemplan el derecho humano a la energía eléctrica, de forma explícita o implícita, están: -La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el documento en el que se basa todo el sistema internacional de derechos humanos. Es una declaración esencial cuyo contenido y significado establecen los principios fundamentales que rigen esta materia en todo el mundo. La Declaración afirma que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad […] Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

-El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual manifiesta en su Preámbulo que: “…no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos […] Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

En el contexto de las fuentes de energía, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que: “Todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

Por otro lado, establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”

Por lo que cabe hacer énfasis en el concepto de vivienda adecuada, que significa disponer de un lugar donde poder convivir, protegerse, e incluso aislar si se desea, para lo que se requiere de un espacio adecuado, con seguridad, ventilación e

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iluminación adecuadas, es decir, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que: “Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia […] Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso”.

-La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 14, inciso h, establece: “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”.

-La Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad dispone que el progreso científico y tecnológico se ha convertido en uno de los factores más importantes para el desarrollo de la sociedad humana, por tanto, el derecho de las personas a disfrutar del uso de la energía eléctrica como un avance científico y tecnológico resulta fundamental, en este sentido se establece que: “Todos los Estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población […] extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología […] tomar las medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.”

Así, el Estado mexicano, al estar inscrito en estos Tratados Internacionales, está comprometido a reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contemplados en ellos y en nuestra Carta Magna.

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En nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro proporcionan el servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8%, durante los últimos diez años.

Usuarios por sector (%)

Por lo tanto, 88.46% de usuarios corresponde al sector doméstico, quienes consumen 25% del total de la energía eléctrica. Cabe resaltar que el sector industrial representa sólo 0.75% de usuarios y consume 58.78% del total de energía eléctrica. En virtud de lo anterior, consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano y exigimos que se reconozca en la Constitución, como sucedió con el derecho al agua. Reconocida como un derecho humano, nunca a nadie más debe negársele el acceso a la energía eléctrica en su vivienda. Existen cientos de miles de quejas por parte de usuarios del servicio de energía eléctrica ante la Procuraduría Federal del Consumidor y se siguen multiplicando día con día sin ser resueltas. Muchas de las facturas de luz son arbitrarias, exageradas y no tienen que

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ver con los consumos de energía eléctrica de cada vivienda; en otros casos hay cortes de energía sin aviso, variaciones de voltaje que causan daños en los aparatos domésticos y falta de mantenimiento en la infraestructura de distribución de energía; aunado a ello, los cortes masivos de energía a barrios, colonias y comunidades, muchas veces van acompañados de represión y violencia, que constituyen violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales, así como a sus derechos políticos y civiles y la criminalización de la protesta social. Es de comentar que la infraestructura de generación hidroeléctrica y geotérmica del país aporta 35.56% de la producción total nacional y representa una riqueza del pueblo, producto de su esfuerzo histórico, la cual está completamente asociada a la soberanía de la nación.

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Al cierre de 2012, el costo medio de generación de cada KWH por éstas tecnologías era de 54 centavos, M.N., y no estaba atado al costo inestable de los energéticos de origen fósil.

Por ello, es menester desligar la lógica con que se determina el costo del consumo eléctrico y energético en general, de los precios fluctuantes del petróleo y el gas para vincularlo a la lógica de la producción hidráulica y geotérmica nacional, que constituye un medio propio de subsistencia de todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanos. El consumo doméstico en el país representa 25% del conjunto del consumo nacional total. La generación hidroeléctrica hoy se encuentra subutilizada y con déficit de mantenimiento. Siendo, como es, que en la actualidad se determina el precio de la energía eléctrica, y derivado de ello la política pública de tarifas a los usuarios, en virtud de la lógica de mercados mundiales de generación eléctrica, que por la vía de la importación de insumos y la inversión extranjera directa buscan el abasto vía tecnologías de ciclo combinado y nuevas técnicas aplicadas a las energías renovables (atadas a su vez a nuevas inversiones que promueven la sustentabilidad y la obtención de bonos de carbono), se ha desatendido un área de producción sustentable que, una vez rehabilitada la actual infraestructura, y sin mayores futuras inversiones más que las que impliquen su buen funcionamiento, puede garantizar lo que señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”. La electricidad es una condición material previa a la satisfacción del derecho al agua, a la salud, la educación, la vivienda, la información, y es, asimismo, un recurso disponible hoy a través de la generación hidráulica y geotérmica.

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Como se ha dicho, y desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares no deben impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera, como actualmente ocurre en varias entidades del país. En tanto que la energía eléctrica constituya un derecho humano, o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su obligación de reconocerlo como tal en su Constitución Política, para lograr con ello que la electricidad llegue a todas las comunidades mexicanas y que, por hacer uso de ella, se erogue sólo aquella cantidad que permita la realización de otros derechos. Esto significa que el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, además de incluirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe reflejar el efecto de su aplicación en una Tarifa Social Justa, es decir, que el precio unitario que fije el Estado por el consumo de energía eléctrica para los diferentes sectores de la sociedad, contribuya a la equidad social, encontrando sustento en el artículo 25 constitucional. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO AL ARTICULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo Primero.- Se adicionan los párrafos décimo tercero y décimo cuarto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar al tenor siguiente: Artículo 4o.- … … … … … … … … … … … …

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Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad. El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa. Transitorios Primero: La presente entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo: En un plazo de 90 días, se establecerá de acuerdo a las leyes correspondientes la tarifa social justa, que deberá ser erogada por los usuarios del servicio público de energía eléctrica en sus viviendas.

Cámara de Senadores

México, D. F., a 12 de septiembre de 2013

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John Saxe-Fernández** Días antes de que, como estaba previsto, el Trife formalizara la imposición de Enrique Peña Nieto (EPN) sin indagación sobre los graves cargos planteados por el movimiento progresista, los diputados del PRI anunciaron “que se daría prioridad a la privatización del gas shale”, parte del paquete de “reformas pendientes” impulsadas a lo largo de tres décadas por EU y sus fichas locales, desde el FMI, BID y Banco Mundial (BM), subrogados al Tesoro y por tanto al ejecutivo. Los “acuerdos de restructuración” –energética, laboral, fiscal, etcétera–, en realidad se imponen a miembros clave del gabinete –ahora con toda probabilidad al equipo de transición de EPN. Así se documentó en el pase de Salinas a Zedillo. En más de una ocasión los textos, en un inglés mal traducido, hasta se equivocan en el nombre de país. A decir de Joseph Stiglitz, ex primer economista del BM y Nobel, se trata de machotes a cuyos términos y fases prestan gran atención “mendigantes y quebrados” altos cargos, ya que cada “reforma” trae consigo un sustancioso paquete de empréstitos que incluyen jugosas comisiones (legales). A los préstamos de “ajuste estructural” para inducir la privatización de empresas públicas Stiglitz los llama “empréstitos de sobornización”. “En lugar de oponerse a la venta de industrias estatales”, dijo Stiglitz al periodista/investigador Gregg Palast, “los líderes nacionales usando como excusa las ‘exigencias del FMI’, liquidan alegremente sus empresas de electricidad, agua...Podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión pagada en cuentas suizas, por sólo haber rebajado unos cuantos miles de millones del precio de venta de bienes nacionales”. Luego, refiriéndose a la orgía privatizadora de Yeltsin, agregó: “y el gobierno de Estados Unidos lo sabía”, haciéndose de la vista gorda del fraude electoral, ante lo fabuloso del botín. En México una lista oficial de 33 empréstitos “estructurales” del BM-BID de 1983 a 2011, sólo en el área agrícola, que devastaron la economía y la vida de millones de familias campesinas e indígenas, llega a los 11 mil 100 millones de dólares (mmd). Con 10 por ciento de comisión calcule el lector los depósitos a la cúpula política y técnica en los bancos suizos. Para privatizar Pemex todavía más, EPN llega a los Pinos “priorizando”, dicen sus diputados, la apertura a “la participación de la IP en la exploración y explotación de los yacimientos de México de gas shale –que se estiman en 680 billones de pies cúbicos, la cuarta reserva mundial–”, según indican R. Garduño y E. Méndez (La Jornada, 29/8/ p.19). Tras el tóxico botín del gas shale están los

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potentados que en el sexenio que agoniza (un régimen de, por y para la IP) han fugado al exterior unos 145 mmd y atienden a venderlo todo. También interesadas están, con interés poco disimulado, petroleras que buscan tajada en el festín privatizador de Pemex que ofrece EPN: ya en Agenda (No. 1001) se anuncia la “Beca Exxon-Mobil para investigación en la UNAM”, dirigida a “la formación de ingenieros, geólogos y científicos que contribuyan al desarrollo nacional” (sic). Y acaso ¿para proteger el futuro de la juventud, fomentando respeto a la Constitución y a la soberanía nacional? ¿Fueron Rex Tillerson, CEO de Exxon y Tomás Hess, director de asuntos públicos, o nuestras autoridades las que nos advierten en letra muy chica: “el contenido y cumplimiento es responsabilidad exclusiva del anunciante”? Cuando el cabildo de Exxon-Mobil, la mayor petrolera del mundo, opera o presiona para explotar megayacimientos de hidrocarburos no-convencionales, como el gas de esquisto (shale) en los estados del norte de México o en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, Argentina, es porque les urge el control y explotación de ese recurso, por ser un negocio “fabuloso”, aunque con efectos ambientales “demoledores” por el uso del fracking. Al gran negocio se agregan “justificaciones” estratégico-militares y la baja en costos por la cercanía de arenas bituminosas en Alberta, Canadá, o gas shale en nuestros estados norteños. Pero, como lo indicó Colin Powell en calidad de secretario de Estado de Estados Unidos, la idea es “abrir el hemisferio de polo a polo a nuestras empresas”. Coda. Bajo Tillerson, con experiencia que lo vincula a la exploración gasera en Texas, Exxon, favorecida con gran “levedad fiscal” y enormes apoyos –junto a las petroleras de Estados Unidos se le subsidia con la depletion allowance–, utiliza sus vastas ganancias comprando empresas de gas con yacimientos, tecnologías o, de plano, en el caso de universidades que se presten a ello, las usa como plataforma, sea para “contrarrestar” advertencias de la comunidad científica sobre el vínculo del “cambio climático” con la quema de combustibles fósiles; fomentar nociones sobre la bondad de la “geo-ingeniería” para el calentamiento global o, como diría Thomas Jefferson, ¿acaso para otorgar justificación “académica” a la absorción de la prenda ambicionada?

∗∗

Docente e investigador de la UNAM. jsaxef.blogspot.com


John Saxe-Fernández** Los combustibles fósiles, gas y petróleo en particular, no son una mercancía más. Con la máquina de combustión interna y la petroquímica se colocaron como ejes de la mezcla mundial de energía y de una vasta transformación industrial, civil y militar, con efectos profundos en todas las áreas de la vida y de la economía. Gas y crudo son eje de la ecuación estratégica del poder y del calentamiento global, máxime cuando se agudiza el agotamiento de los estratos de alta calidad, acceso fácil y barato y los poderosos cabildos fósiles se aferran a negocios emisores de gases con efecto invernadero resistiéndose al cambio del patrón energético. Así lo indican estudios geológicos y de las ciencias de la atmósfera. También de la historia económica y militar del siglo XX, incluyendo la relación México-EU, cuyo análisis histórico, por ejemplo en México y Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942  (Colmex, 1981) de Lorenzo Meyer, resulta vital. En especial porque, como recordó Luis Videgaray, secretario de Hacienda (La Jornada 18/I/12, p. 27), cuando Peña Nieto todavía no era candidato del PRI jugó su carta fuerte desde el Financial Times para acceder a Los Pinos: cuestionó el artículo 27 de la Constitución vigente con un llamado a “superar atavismos ideológicos”  en torno al régimen legal de Pemex que excluye la participación privada, aunque ésta fuera alentada  de facto  por el régimen acreedor instaurado por Estados Unidos a través del Programa de Empréstitos de Ajuste Estructural (PAE) del FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, en vigor gracias a la torpe negociación de la crisis deudora de 1982 y a la decisión de privilegiar ante todo el impagable servicio de la deuda externa. Desde entonces es patente la desnacionalización del proceso de toma de decisiones en materia económica. Los altos cargos del gobierno fungen como country managers  del PAE que, dice Joseph Stiglitz, ex primer economista del BM, incluyen jugosas –y legales– comisiones en cuentas suizas ¿con Davos como ámbito discreto para consultar los depósitos? En esta materia persiste la atávica propensión del BM, estipulada en las condiciones atadas a las líneas de crédito, a gestar el manejo de la inversión extranjera en gas y petróleo, “en un marco orientado al mercado”, como repite Videgaray (ibid) algo que ninguna nación seria contempla, menos Estados Unidos, que utiliza instrumentos de “estado”  civiles (PAE) y militares, para acceder a los recursos naturales estratégicos que van quedando en la corteza: la petro-guerra contra Irak, el ataque a Libia, el

acoso a Irán, el vasto despliegue de bases en América Latina. Los esquemas de guerra irregular y terrorismo de Estado del Pentágono –Plan Colombia– avalados por Calderón (“guerra al narco”) al abrazar la Iniciativa Mérida y sus 400 millones de dólares anuales, llevan a la incautación imperial de las decisiones de “seguridad”. A la catástrofe humanitaria se añade el desplome de la soberanía nacional: el panismo nos abrió a la intervención militar y al desenfreno del contratismo en actividades sustantivas de Pemex. ¿Cuál “atavismo ideológico”  si Pemex es fuente principal de divisas “no condicionadas”, en espera de un gobierno que, como dice AMLO, no las dilapide en gasto corriente y estimule la inversión pública productiva y el empleo? La salvaguarda de la infraestructura, de los campos petroleros, puertos y el mar patrimonial, es vital para la “seguridad nacional mexicana”, noción subsumida en la de  “soberanía”. Así es en Estados Unidos, Europa y los BRICs. En Estados Unidos la enmienda (1988) a la Ley de Defensa de 1950 del senador J. James Exon y el diputado J. Florio, otorga al Ejecutivo el poder amplio de vetar toda inversión extranjera que amenace la seguridad nacional. En 2005 se canceló la oferta de la petrolera china CNOOC de adquirir Unocal. Poco después anularon la compra de seis puertos por Dubai. Mientras en Estados Unidos los sectores estratégicos son asunto de seguridad, acá la cúpula en el poder alienta la privatización y desnacionalización petroeléctrica, con grave riesgo para la seguridad humana y la integridad del país. Más que un arcaísmo neoliberal, es el desenfreno de la codicia oligárquica que saca raja de la sujeción a los PAE y a los intereses de grandes firmas extranjeras. Cuando la mira de esos intereses está en el gas y petróleo convencional y no-convencional de México (en el “Proyecto Truman de Seguridad” afirman que Peña Nieto cuenta con suficiente apoyo legislativo para –textual– “... hacer cambios al artículo 27 constitucional y permitir la inversión privada y los contratos incentivados en Pemex”) Peña, Videgaray et al, tendrán que decidir entre retomar y restablecer los fundamentos de la estabilidad, el empleo y la paz social o seguir la  “hoja de ruta” de la  “quinta columna neoliberal” que por 30 años acentuó el desgaste, la incoherencia interna y la endémica corrupción en Pemex, el ente de mayor facturación y peso fiscal, e hizo del país un sangriento y caótico casino.

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Carlos Fazio En su Breviario de podredumbre, Cioran decía que “la diferencia entre la inteligencia y la estupidez reside en el manejo del adjetivo, cuyo uso no diversificado constituye la banalidad”. En los últimos meses, el trivial discurso público oficial −demagógico, manipulador y viciado de origen− en torno a la contrarreforma energética desnacionalizadora y la profundización de la desarticulación/privatización de Pemex, que llama a superar “dogmas”, “tabúes” y “atavismos ideológicos” en torno al régimen legal de la paraestatal, para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, ubicaría a Enrique Peña (Ejecutivo), Luis Videgaray (Hacienda), Joaquín Coldwell (Energía), Emilio Lozoya (Pemex) y César Camacho (PRI) en la categoría utilizada por Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén: un informe sobre la banalidad del mal. Esto es –más allá de las diferencias obvias entre el régimen hitleriano, el mando medio nazi encargado de organizar el transporte de prisioneros a los campos de exterminio humano planificado–, el México actual y los funcionarios priístas de marras como personajes que no han reflexionado sobre las consecuencias de sus actos e impulsan males para la sociedad mexicana (la contrarreforma energética y la privatización de Pemex), al acatar órdenes de los amos de la economía neoliberal trasnacionalizada, de manera sumisa y obediente. Aunque cabe aclarar que más allá de la falta de inteligencia y capacidad de reflexión manifiesta de alguno de los funcionarios “modernizadores” citados, todos aplicarían como comisionistas de lo que el Nobel Joseph Stiglitz llama “empréstitos de sobornización”, ligados a los programas de “ajuste estructural” y lo que falta de las “reformas” neoliberales promovidas por el Tesoro estadunidense y sus perros guardianes, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ergo, como Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Gurría, Herminio Blanco et al, todos van por la lana. Y para eso les sobra inteligencia, como denota la picaresca delincuencial priísta del Pemexgate, el Monexgate y el Sorianagate. En materia de energía (hidrocarburos, electricidad, agua), el equipo peñista no hace sino continuar y profundizar los afanes privatizadores neoliberales desatados en el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando irrumpieron la ideología del mercado total y la dictadura del pensamiento único de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Hoy, la “puesta al día” del viejo/nuevo PRI −como señaló en estas páginas Javier Jiménez Espriú− pasa por cambiar “los dogmas de la Revolución y la expropiación petrolera, por los dogmas del FMI y el Banco Mundial”; con Barack Obama presionando desde la Oficina Oval, como lo hicieron antes Reagan, Bush padre, Clinton y Bush hijo, desde que en 1979 la asesora de inversionistas de Wall Street, Blyth, Eastman & Dillon, planteó, de cara a las convulsiones en Medio Oriente, que “procedía integrar los vastos recursos energéticos de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México)” al aparato económico, político

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y militar estadunidense, “mediante un sistema eficiente de distribución” energética y una suerte de “mercado común” (ver “Petróleo, trabajo, despojo”, John Saxe-Fernández, La Jornada, 15/11/12). En la coyuntura, la docilidad y obediencia del equipo gubernamental a los dictados del capital trasnacional −con el aval subordinado del Consejo Coordinador Empresarial y los integrantes locales del Comité Ejecutivo Bilateral México-Estados Unidos para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI−, está amarrada a los candados y objetivos del ambiguo Acuerdo sobre yacimientos transfronterizos, suscrito por Obama y Felipe Calderón en febrero de 2012, que persigue de facto la incorporación del petróleo y gas natural mexicanos a la “seguridad energética” estadunidense, y de Norteamérica como perímetro espacial geopolítico que subsume a Canadá y México bajo el paraguas de Washington; con la participación activa del ex embajador en México, Carlos Pascual, actual coordinador de Asuntos Energéticos del Departamento de Estado. Presiones a las que se sumó en su campaña presidencial el candidato republicano derrotado, Mitt Romney, y en enero último su correligionario Richard Lugar, el senador de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores, quien vio una “ventana de oportunidad” para la norteamericanización de la energía, en las contrarreformas anunciadas por Enrique Peña en Washington y Europa antes de su toma de posesión. Pero también, en el marco de la ahora llamada “geopolítica del gas esquisto” promovida por el propagandista Robert Kaplan desde el portal de Stratfor, las voraces presiones de los principales tenedores de bloques accionarios de corporaciones como la mayor petrolera del mundo Exxon-Móbil –entre ellos Citigroup, dueño de Banamex−, para que Pemex abra la explotación del gas shale y el petróleo no convencional de Chihuahua, SabinasBurro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz a compañías privadas. Vinculado a lo anterior, en una operación propia del “capitalismo de compadres”, destacan las labores de cabildeo del CEO de Exxon, Rex Tillerson, y las promociones de los hermanos Medina Mora: Eduardo, ex titular de la PGR, nombrado embajador en Washington, y el banquero Manuel designado copresidente de Citigroup para México y América Latina. En ese contexto, luego de la explosión ocurrida en el complejo administrativo de Pemex el 31 de enero, mientras se dilucida si fue accidente, imprudencia o atentado, no está de más alertar sobre una eventual intentona priísta de aplicar la doctrina del shock utilizando la tragedia. Sería una típica jugada del “capitalismo del desastre”, como lo llama Naomi Klein: que a partir del estado de shock y trauma colectivo provocado por las muertes se buscaran impulsar las “modernizaciones planeadas” para darle otra oportunidad al… mercado.


John Saxe-Fernández “¿Qué pasó?, vamos a determinarlo; vamos a encontrar la verdad, si fue un accidente, una imprudencia o un atentado, lo que sea.” Así sintetizó Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República el “estado de situación” hasta el primero de febrero, de la enorme explosión en el edificio B-2 de la sede de Pemex, un evento que, hasta el momento de escribir estas líneas, había causado 33 muertos, una centena de heridos y el colapso de tres niveles de esa torre –incluido el sótano. (La Jornada, 2/2/13, p2). Esperamos con sumo interés los resultados de la investigación, porque ocurre en el contexto de una larga secuencia de procesos técnico-administrativos, fiscales y presupuestales, encaminados, como se dice en documentos del Banco Mundial, a llevar Pemex “a un punto de venta”; es decir, a la extinción sustantiva, operativa, de la nacionalización petrolera. Escribo desde la Facultad de Economía de la Universidad Central de Ecuador, en Quito, afectado por la pérdida de vidas y la magnitud de lo ocurrido. Aquí presenté un estudio inicial sobre la naturaleza y características de la explotación en Estados Unidos del gas y petróleo no convencional (de esquisto, lutitas, shale) etcétera) sus devastadores efectos sobre la salud, fauna, flora y clima; sus fuertes impactos sociales, políticos y estratégicos que ha precipitado en los últimos años. La intención es aprender de lo ocurrido en Estados Unidos para derivar lecciones para “Nuestra América”, desde la cuenca de Burgos en el norte de México a Neuquén, Argentina. El fenómeno se vincula de manera directa a lo dicho por AMLO a fines de enero, cuando advirtió que la amenaza de privatización de Pemex, reiterada por la cúpula priísta, es algo “gravísimo” y que convocaría a una movilización nacional y resistencia ciudadana pacífica contra el despojo. En el contexto de los cambios que se observan en la explotación de gas y petróleo, convencional o noconvencional y la ofensiva desde las grandes petroleras encabezadas por Exxon-Móbil, Chevron-Texaco et al, es mejor atender ese llamado. Se arriesga mucho más de lo imaginable. Dadas las características técnicas de la explotación del shale utilizando la “fractura hidráulica o “fracking” (fracturahidraulicano) la instrucción de Peña Nieto a los diputados del PRI de dar “prioridad” a la participación de la IP en el “gas shale” conlleva, literalmente, la demolición de gran parte del territorio nacional, según mapas acreditados e investigaciones geológicas realizadas, por la Agencia Internacional de Energía del Departamento de Energía de Estados Unidos. Quienes en prensa y academia repiten la versión del cabildo fósil de que el fracking es seguro, que vivimos la “era dorada” del shale, que es el “puente dorado” hacia las energías renovables, deberían revisar el alud de evidencia

de los millones de familias afectadas en los 34 estados de Estados Unidos, donde 400 mil pozos fracking hacen de las suyas. Ya la privatización de facto de Pemex es tan intensa que el llamado de Peña a abrir más la paraestatal a la IP implica el finiquito de lo que van dejando los neoliberales en favor de las trasnacionales que operan con el respaldo de aparato de seguridad de Estados Unidos, interesadas en hacer “activos suyos” lo que es patrimonio del pueblo mexicano. Rex Tillerson, el gerente de Exxon, la mayor petrolera privada del mundo, líder en reservas y producción del gas shale en Estados Unidos, expresó al Council on Foreign Relations su interés “en la inmensa riqueza” mexicana, pero no mencionó que desde hace rato estableció “lazos operativos” dentro de Pemex. En verdad, la “quinta columna neoliberal” le ha venido preparando el terreno a las grandes petroleras desde hace rato, bajo “asesorías” a la Dirección de Pemex a lo largo de los últimos decenios por McKinsey y Cambridge Energy Research Associates. Fox nos hizo el favor de ingresar a Halliburton a los campos petroleros de Pemex. Junto a Schlumberger es la principal empresa mundial de servicios del ramo. Halliburton desarrolló el fracking y su ex subsidiaria Kellog Brown & Root (KBR) está asociada a grandes escándalos y fraudes en Irak, incluido el manejo de 15 mil mercenarios, con ganancias multimillonarias. Según The New York Times en 2009 KBR aceptó su culpa por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior por sobornos mientras todavía era parte de Halliburton, para obtener contratos en Nigeria por 6 mil millones de dólares. Peña, el Prian ¿y pactistas del PRD? avalan dar continuidad a la demolición en curso de Pemex: según la Unión de Trabajadores de Confianza los contratistas extranjeros controlan más de 60 por ciento de la perforación de pozos. Junto a esas grandes firmas de servicios petroleros pululan subcontratistas locales. El contratismo y subcontratismo absorbe el 70 por ciento del presupuesto de Pemex para tareas de exploración, producción, desarrollo, mantenimiento de campos, etcétera. Lo prioritario ahora es rechazar la privatización de Pemex y defender el petróleo.

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Pablo Moctezuma Barragán** Lamentamos profundamente la muerte de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex); les damos nuestras sentidas condolencias a sus familias y esperamos la pronta recuperación de los heridos; exigimos, asimismo, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los verdaderos responsables.

La Constitución se ha violado impunemente desde hace 20 años, cuando Carlos Salinas de Gortari introdujo los contratos de servicios múltiples y permisos de generación eléctrica a las empresas privadas, que han conducido a una situación en la que la mitad de la energía eléctrica ya está privatizada. Los gobiernos neoliberales han pisoteado sistemáticamente la Constitución, de manera descarada o veladamente, al impulsar nuevas leyes anticonstitucionales. Las llamadas reformas estructurales, en gran medida, vienen a “legalizar” lo que en la práctica son hechos consumados. La reforma laboral ha “legalizado” prácticas antilaborales generalizadas desde hace 30 años.

La explosión en el complejo administrativo de Pemex el 31 de enero pasado, y la lamentable muerte de decenas de trabajadores, se dio en momentos cruciales para el futuro de México. El siniestro en Pemex simboliza el momento que atraviesa la industria petrolera en particular y la energética en general. La tragedia y el drama coinciden con un momento en que se intenta por todos los medios desprestigiar a nuestra empresa petrolera paraestatal, así como la capacidad de los trabajadores y técnicos mexicanos para sacarla adelante. Las riquezas de nuestra tierra son para los mexicanos, y los sectores estratégicos de nuestra economía son propiedad exclusiva de la nación. Largos siglos de lucha en contra del colonialismo y la dependencia externa condujeron a la expropiación petrolera. La Revolución Mexicana produjo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la que se reivindican para la nación las riquezas del subsuelo, y para la nación y su gobierno el control de los recursos naturales del país. Los sectores estratégicos deben ser controlados y monopolizados por el Estado, en aras de la seguridad nacional y del desarrollo. Así lo marca la Constitución. Los Artículos 27 y 28 son claros y contundentes. Incluso se prohíbe cualquier concesión o contrato a empresas privadas. A raíz del desarrollo del neoliberalismo y del dominio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre el gobierno y la economía mexicanas, de la privatización de la aplastante mayoría de las empresas públicas, de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, y de los planes de integración o anexión de México en seguridad y energéticos, comenzó el proceso de privatización del sector energético.

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Las iniciativas de reforma petrolera que Felipe Calderón quería aprobar en 2008, y que frustró el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, se han venido aplicando en la práctica desde hace 5 años, con lo cual se han violado los Artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. El cinismo de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRIAN) ha sido patético. Calderón inventó la figura de contratos incentivados para darle entrada a las corporaciones extranjeras a la exploración y explotación petrolera. Pemex Exploración y Producción (PEP) ha dado 216 contratos a la compañía francesa Schlumberger Ltd, por 97 mil millones de pesos; a la estadunidense Halliburton, 128 contratos por 8 mil millones de pesos; a Weatherford, contratos por 9 mil millones de pesos; a Global Drelling, por 3 mil millones de pesos; Houston Texas JRH recibió contratos por 394 millones de pesos para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos de PEP sistema 4. También han sido contratadas ExxonMobil y BP Plc. Para cuidar la seguridad de la empresa contrataron a Bechtrl Y DuPont. Vicente Fox, en el periodo 2000-2004, le dio a Halliburton 156 contratos por 1 mil 222 millones de dólares. Desde hace años, con los contratos de obras y servicios y los contratos de servicios múltiples, hicieron de Pemex un gran negocio para compañías privadas. En 2012 se firmaron contratos integrales de servicios para la exploración y producción en aguas profundas, y también en Chicontepec. A las empresas extranjeras que participaron en las licitaciones se les entregó, sin costo alguno, el inventario de reservas y mapas que a Pemex le costó 50 mil millones de pesos. Así comprometieron los bienes nacionales a la avaricia de las corporaciones. Toda esta actuación ha sido totalmente anticonstitucional. Toda la gestión del PRIAN busca favorecer y enriquecer a las corporaciones extranjeras: a Shell le vendían el crudo más barato que el fijado por el Poder Legislativo para que lo refinaran en Deer Park. En 2007, cuando el petróleo ** Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía.


Se importa el 45 por ciento de la gasolina y no se estaba a un promedio de 61.6 dólares, se lo vendían a 20 invierte en construir una nueva refinería. El objetivo del dólares el barril y le compraban la gasolina a 74 dólares. actual gobierno es permitir refinerías privadas de capital El 20 de febrero de 2012, Felipe Calderón firmó extranjero; por eso el gobierno de Calderón no cumplió su con Barack Obama y Hillary Clinton un convenio para promesa de construir la nueva refinería de Tula, Hidalgo. aprovechar conjuntamente los yacimientos transfronterizos Se dice que es necesaria la inversión privada pues en condiciones que serán de gran ventaja para Estados Pemex no tiene recursos. ¿Por qué no los tiene? De 2000 a Unidos. 2012 pagó 687 mil millones de dólares de contribuciones, A Pemex la descapitalizan y casi todas las ganancias que significa hasta el 40 por ciento del presupuesto federal. se las lleva, vía impuestos, el gobierno federal. Una vez Por eso Pemex no tiene recursos. Es necesario otro régimen sin recursos, la endeudan. Pemex debe 150 mil millones de fiscal que le permita a la empresa tener lo suficiente para dólares. Tan sólo de Pidiregas (proyectos de infraestructura invertir. diferidos en el registro del gasto) se acumuló una deuda – Enrique Peña Nieto habló en Alemania y en Brasil de 1998 a 2008– por 70 mil millones de dólares en créditos. Hoy Pemex es la empresa petrolera más endeudada de abrir la exploración, producción y refinación al del mundo. Con su política fiscal –de 1995 a 2006 capital extranjero, y ha anunciado en todos los tonos que pagaron impuestos por 3 billones de pesos– obligan a la quiere abrir la competencia en refinación, transporte, descapitalizada Pemex a contratar créditos del extranjero, petroquímica, y eliminar subsidios. Así lo hizo firmar en el Pacto por México. así la renta petrolera se la llevan los acreedores. El petróleo es el mejor negocio: se extrae a un costo de 10 dólares y se vende en 100. Actualmente se obtienen 2.6 millones de barriles diarios de petróleo. En época del gobierno de Vicente Fox se llegaron a producir más de 3 millones de barriles diarios, la extracción ha sido irracional. Han ido agotando las reservas probadas. De 20.1 mil millones de barriles en 2002, disminuyeron a 14.7 mil millones en 2007, por la explotación rapaz y desmedida, y lo peor es que, tras ese saqueo y de que el 60 por ciento del petróleo se exporta, Pemex no tiene recursos para invertir en la industria.

Dicen que Pemex necesita recursos externos para la exploración, explotación y producción. Esto es falso. De 1972 a 1975, Pemex descubrió con sus propios medios los grandes yacimientos de Chiapas, Tabasco y la Sonda de Campeche y Cantarell, pues ha tenido los técnicos capaces de levantar la industria y cuenta con tecnología y metodología propias.

Pemex puede y debe ser una empresa estatal autosuficiente, que sea un motor para el desarrollo económico de México. Hemos de oponernos a los nuevos planes privatizadores para rescatar nuestra soberanía Respecto de las reservas, se ha insistido en que éstas energética. La movilización popular debe frenar las se agotarán en pocos años. En realidad lo que quieren es políticas entreguistas del PRIAN y llevar al triunfo nuestra asustar a la población y fingir la necesidad de abrir Pemex soberanía energética. al capital privado. Vivimos un momento crucial. El gobierno de Peña insiste en que no va a privatizar Pemex y, en efecto, las También concesionan el gas. A Repsol le entregan la instalaciones no las va a vender, pero sí le va a dar acceso Cuenca de Burgos mientras se quema el gas en Cantarell, a las corporaciones privadas a la renta petrolera. Andrés en Tula, en Salamanca y en todos lados, pero se importa Manuel López Obrador ha declarado que pretenden –a través de la trasnacional española Repsol– gas de Perú. llevarse hasta el 60 por ciento de esta renta, lo que dejaría al gobierno sin recursos suficientes para que el presupuesto En Repsol, Pemex invirtió 21 mil millones de dólares; cubra las necesidades económicas y sociales de México mientras la Comisión Federal de Electricidad firmó para el desarrollo, salud, educación. Entonces pretenden contratos por 37 mil millones de dólares, de los que 15 mil aumentar el IVA y meterlo en alimentos y medicinas, millones fueron también para Repsol. ¿Pero no hay dinero libros y transporte. Por eso insisten no sólo en la reforma para invertir en Pemex y se necesita inversión extranjera? energética, sino también en la reforma fiscal. Esta política Se ha invertido hasta en hoteles flotantes con la empresa es abiertamente antinacional y antipopular. Astilleros de Galicia, a donde se destinaron 38 millones de Hoy urge la organización y movilización para evitar que dólares. el Congreso de la Unión, dominado por el PRIAN y aliados, La Cámara de Diputados presupuesta el petróleo en haga valer lo que ya prometieron en el Pacto por México. Es 62 dólares y éste sube a 102 dólares, ¿y el restante?, lo necesaria la más amplia unidad del pueblo de México, por gasta el gobierno federal en lo que guste, porque no está encima de divisiones ideológicas, partidarias, religiosas, presupuestado. Los gobiernos de Fox y Calderón recibieron de edad, género, origen, preferencias y estilos de vida, miles de millones de dólares de ese excedente petrolero y para defender la soberanía y hacer prevalecer los intereses populares. Ya el Movimiento Regeneración Nacional y no le rindieron cuentas a nadie. otras organizaciones han iniciado una gran movilización Pemex ganó 142 mil millones de dólares en 4 años, por el rescate de nuestra soberanía energética. A la reforma ¿y no hay para construir una refinería? Gasta anualmente energética privatizadora tenemos que enfrentarla con el 25 mil millones en importar gasolina y 4 mil millones rescate energético, para que los mexicanos recuperemos lo en productos petroquímicos ¿No conviene construir que es de todos. Somos continuadores de una lucha que refinerías? Al Fondo Monetario Internacional y al Banco comenzó en 1901 y tuvo su momento más importante en Interamericano de Desarrollo le regalan 18 mil 838 1938. Con nosotros tenemos el ejemplo y el impulso de millones de dólares –250 mil millones de pesos a inicios Lázaro Cárdenas del Río, quien nos demostró que México de 2012– para ayudar a rescatar a Europa, ¿y quién rescata tiene la capacidad de hacer prevalecer sus intereses y lograr vencer. a México?

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John Saxe-Fernández “Hoy todos estamos perdiendo hasta la camisa. No ganamos dinero. Las cuentas, en rojo”, dijo Rex Tillerson, gerente de Exxon-Mobil (XOM), al Council on Foreign Relations al reconocer los pésimos resultados de las cuantiosas inversiones hechas en la explotación de gas de esquisto (shale) (Wall Street Journal (27/VI/12). Aquello fue un balde de agua fría para la exuberante retórica por fósiles “no-convencionales” de las grandes firmas encabezadas por XOM, principal productora de gas natural de Estados Unidos, tras comprar la gasera XTO en 2010 (ibid). Tillerson mencionó la “seguridad energética” de Estados Unidos y mostró “esperanza” por una “reforma” (léase desnacionalización energética) en México. Poco después y en línea con XOM, los diputados del PRI avisaron que se les instruyó “dar prioridad a la privatización del gas shale”, hoy parte de la Estrategia Nacional de Energía (La Jornada, 1/III/13, p.18). El desplome del precio del gas natural (en abril se espera sea de 3.46 dólares por mmbtu –millón de unidades térmicas británicas–) motivó los dichos de Tillerson que se agregan a delicados hallazgos del escrutinio de registros de producción diaria de pozos localizados en las formaciones geológicas de esquisto (cuencas) con mayor historial. Además, el New York Times publicó reveladores documentos, correos y opiniones de altos cargos y técnicos del sector público y privado que cuestionan las bases geológicas y económicas esgrimidas para alentar la industria shale. Los analistas Arthur E. Berman y Lynn F. Pittinger han demostrado que a pesar del gran aumento de la producción de gas de esquisto en Estados Unidos, “todavía no está claro que (las cuencas estudiadas) tengan valor comercial a los precios actuales, por los altos costos de capital requeridos para la compra de tierras y para realizar el ciclo completo de perforaciones, y porque las reservas y factores económicos cruciales dependen de cálculos sobre la recuperación última de modelos que asumen (y predicen) que las curvas de declinación se mantendrán en niveles adecuados por décadas, lo cual contrasta con los registros de la producción diaria” (“US Shale Gas: Less Abundance, Higher Cost”, The Oil Drum, August 5, 2011). En efecto, la producción de gas de esquisto en Estados Unidos pasó de menos de mil millones de pies cúbicos (mmpc) en 2003, a 20 mmdpc en 2008, cuando la producción y uso de la devastadora fractura hidráulica estaban en la cima. Berman y Pittinger piden cautela “debido a que la historia de producción de estas cuencas es de pocos años” y a que el modelo usado “no muestra ser correcto y puede ser demasiado optimista”.

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El análisis detallado de los perfiles de declinación de pozos individuales y en grupos en las cuencas Barnett, Fayetteville y Haynessvilee, que aportan el mayor historial de producción disponible en Estados Unidos, y ofrecen más confianza en la determinación de las tendencias reales que otras formaciones más recientes, indican (textual): “que la industria infló las reservas al menos 100 por ciento”. Los autores reconocen que toda cuenca es única, pero “hasta que no se disponga de registros con historiales más amplios, la cautela aconseja asumir que las cuencas con registros de producción más recientes seguirán una pauta similar a las que cuentan con más antecedentes en los registros de producción”. Los registros de Barnett y Fayetevill ofrecen “más que suficiente información” para afirmar que la metodología usada hasta ahora “sobreestima considerablemente las reservas recuperables”. De los registros de Haynesville resultó que la producción efectiva no alcanza los niveles proclamados por la industria. Para los autores, “es difícil entender cómo las firmas justifican el despliegue de 125 estructuras de perforación” (en Haynessville) “que no demuestra hasta ahora viabilidad comercial según las proyecciones presentes, hasta que los precios del gas excedan los 8.68 dólares por mmbtu”. En documentos, entrevistas y emails recabados por Ian Urbina del New York Times (25/VI/2011) se muestra que lo que más interesa y atrae a los inversionistas es el aumento en las reservas. En este sentido va el interés de Tillerson en el gas y aceite de México y su anuncio de que (pérdidas aparte) XOM seguirá perforando en Estados Unidos. Es por las exigencias legales: para incorporar reservas a los activos de cualquier empresa que cotice en bolsa, los pozos deben estar activos y mostrar viabilidad comercial. Como los diseños shale de Pemex ¿en “alianza estratégica” con XOM, Halliburton y Schlumberger? usan mapas y cálculos de la AIE, hechos por contratistas vinculados al “big oil”, vale recordar con Ian Urbina (New York Times 27/VI/11, Drilling Down Series) que abundan documentos y correos de altos cargos y técnicos de AIE “escépticos sobre la industria shale”. Les huele a Enron y a fraude Ponzi, por decir lo menos. No así a nuestros patrióticos altos cargos en Palacio y San Lázaro. Hugo Chávez, in memoriam


A todas las mujeres y los hombres libres de nuestra Patria.

Ante el desastre nacional y el pacto de los de arriba, la unidad ciudadana y popular. Nuestra Patria reclama el concurso de mujeres y hombres de buena voluntad, amantes de la paz, la libertad, la justicia, la dignidad y decididos a preservar y refundar a la Nación que atraviesa por momentos de suma gravedad y de extrema emergencia. Más de la mitad de la población se encuentra en la miseria, ocho millones de jóvenes carecen de empleo, escuela y futuro, millones de desempleados adultos y más de 15 millones de trabajadores informales, que junto al 80 por ciento de las personas de la tercera edad y de las poblaciones indígenas y campesinas que viven en situación de pobreza, dan cuenta del drama y la catástrofe social. El territorio se va ocupando por las bandas criminales en complicidad con autoridades de todos los niveles y se sigue entregando a las grandes empresas mineras, que al amparo de Ley Minera, cuyo artículo 6 hace preferente esta explotación a cualquier uso de la tierra, lesionando los derechos de los pueblos y de las comunidades. El suelo ya ha sido concesionado a las mineras en más del 26 % del territorio nacional. El miedo, la violencia, la inseguridad, el desplazamiento forzoso, los feminicidios, los desaparecidos y la militarización con su carga de violación a los derechos humanos, cubren los campos y las ciudades de luto, angustia y dolor por el territorio nacional. México se encuentra ante el grave riesgo de dejar de ser una nación libre y soberana. Hoy la injerencia del gobierno estadounidense en la definición del rumbo del país es un hecho incuestionable. Igual definen las políticas comerciales, que las leyes mineras, educativas y financieras. Imponen el cultivo de transgénicos y el consumo de alimentos y medicinas que en su país están prohibidas; definen quien ocupa los principales puestos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Seguridad Pública: Sus agentes y militares controlan el espacio aéreo, puertos y los sistemas de inteligencia del gobierno mexicano. Tienen como principal asesor al frente de la lucha contra el narcotráfico al colombiano Oscar Naranjo, policía colombiano, con fuertes ligas al crimen organizado y colaborador de las agencias estadounidenses reguladoras del tráfico de drogas, la DEA y la CIA. Hoy México es un país subordinado y ocupado. El retorno del PRI fue el resultado de un proceso electoral fraudulento que contó con la complicidad de las

autoridades electorales quienes hicieron caso omiso a las denuncias de compra generalizada de votos y a la injerencia de empresarios y grupos delincuenciales que aportaron recursos ilícitos. A esto se añadió la intervención ilegal de gobernadores y de corporativos de la comunicación como TELEVISA y TV-AZTECA, entre otros. El gobierno de Enrique Peña Nieto carece de legitimidad. Por su origen fraudulento es parte de la cadena de fraudes, magnicidios y golpes de estado “técnicos” inaugurados por Carlos Salinas de Gortari. El neoliberalismo, el Tratado de “Libre” Comercio, es decir, la ocupación, el despojo y el desmantelamiento de la economía, la cultura y los derechos del pueblo de México a favor de la oligarquía mexicana, las multinacionales y el imperialismo estadounidense sólo pudieron imponerse a través de la trasgresión del orden constitucional; el derecho al sufragio efectivo ha sido nulificado y la voluntad popular burlada. El retorno del PRI se da en medio de un grave retroceso de la vida democrática y de una acelerada descomposición del Estado y sus instituciones. En dicho contexto, el “Pacto por México” firmado inicialmente por el nuevo ocupante del poder ejecutivo y los dirigentes de los tres grandes partidos, es, en los hechos, un pacto sin los mexicanos: no cuenta con la opinión y ni el aval de la sociedad civil. Es un pacto entre la clase política vende patrias para profundizar las políticas neoliberales, el despojo y afianzar el autoritarismo. A pesar de los discursos de sus protagonistas no es ni será un acuerdo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y pueblos de México. Es un pacto que viene a lesionar aún más nuestra soberanía nacional, que representa una amenaza a las libertades políticas y a la democracia y que profundiza las injusticias y desigualdades sociales. Sin embargo, el verdadero pacto de los mexicanos y mexicanas, de la nación toda, está por venir. Se va abriendo paso desde las resistencias ciudadanas y populares en lucha por sus derechos, por un nuevo gobierno y por una Nueva Constitución. Va naciendo con la concurrencia de organizaciones sindicales, sociales, civiles; de intelectuales, militares democráticos, empresarios medianos y pequeños, comunidades y pueblos originarios, migrantes, mujeres y jóvenes, que en la resistencia, la autonomía y la desobediencia civil pacífica alumbran el rescate de la nación; el nuevo país donde la pobreza, el racismo, la explotación y todo tipo de humillación y discriminación serán superados.

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¡Ante la privatización de PEMEX, a luchar por renacionalizar los energéticos! El 75 Aniversario de la Expropiación petrolera, decretada por el gobierno del General Lázaro Cárdenas en 1938, la conmemoramos los mexicanos y mexicanas bien nacidos, en una situación de drama social y postración nacional; vivimos una de esas situaciones que en etapas anteriores de nuestra historia, hicieran exclamar a nuestros héroes: ¡la patria está en peligro! No obstante, Enrique Peña Nieto, en la línea de consolidar la neo colonización de México, está a punto de enviar una nueva iniciativa de Reforma Constitucional para privatizar la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Como garante del Acuerdo para la Seguridad Energética de los estados Unidos, ya hizo tratos con la EXXON MOBIL, la principal empresa del mundo y con otras como TEXACO, SHELL y REPSOL. Peña Nieto sostiene que Pemex no se va a privatizar, que sólo va a transformar y modernizar a la industria. Demagogia y simulación pretenden ocultar la entrega de la renta petrolera, a través de la incorporación del capital privado y trasnacional en áreas que deben ser exclusivas de explotación y producción del estado mexicano. A la inversa de los procesos de renacionalización de sus recursos energéticos en países como Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, en México el gobierno se dispone a seguir privatizando y entregando nuestros recursos y riquezas, patrimonio de todos los mexicanos. Los recursos energéticos en lugar de ser destinados para beneficio y bienestar de la población y del desarrollo económico con justicia social, como sucede en los países que ejercen su soberanía sobre ellos, el gobierno mexicano pretende obsequiar generosamente al capital privado nacional y trasnacional, lo que por derecho, por historia y por justicia pertenece a la nación y al pueblo. Por lo pronto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por orden del titular del ejecutivo, ya modificó sus estatutos para votar a favor de dicha reforma, dando la espalda a su propia historia y traicionando a su militancia. Y sin el más mínimo pudor y responsabilidad, les tiene sin cuidado a ellos y a los panistas el impacto negativo e inmediato que tendrá en el gasto público, en el presupuesto social y en los salarios de los trabajadores estatales el dar al capital privado una nueva tajada de la renta petrolera y energética. Está comprobado de que existe la capacidad para modernización y reformar la industria petrolera sin la intervención del capital privado a condición de combatir la profunda corrupción de directivos, dirigentes sindicales y funcionarios y políticos, como los presidentes de la República, quienes roban a la empresa. Son ellos quienes han saqueado a Pemex y los que han impedido su modernización. Debe acompañar al combate en contra de la corrupción las reformas que den autonomía financiera, fiscal, administrativa y de gestión bajo efectiva vigilancia

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ciudadana. Estamos seguros que el pueblo de México de hoy, sabrá responder con la misma entereza de los obreros y técnicos petroleros y de los mexicanos y mexicanas que en 1938 respaldaron y asumieron la Expropiación Petrolera como un acto de justicia y dignidad nacional ante el saqueo de los recursos petroleros por parte de las compañías inglesas, holandesas y estadounidenses, que, estamos seguros, ¡no volverán! Defender Pemex no basta, debemos enarbolar la lucha por renacionalizar la industria eléctrica y las fuentes de agua como parte del sector energético y de la lucha por el rescate de la nación.

El reto es: O ELLOS O NOSOTROS O LA BURGUESÍA VENDE PATRIAS Y EL IMPERIALISMO O EL RESCATE DE LA NACIÓN

En el proyecto de los neoliberales no hay lugar para el Pueblo de México. Las mexicanas y mexicanos sólo aparecen en su proyecto como parias sin memoria. El nuevo gobierno espurio no tiene la menor intención de negociar y de dar marcha atrás a sus planes antipopulares. A modo de preámbulo de lo que nos espera arrancó con la contrarreforma laboral, que elimina las trabas legales a la explotación y dificulta la organización y la resistencia de los asalariados a la política de esclavización que los agrede. Y por si existen dudas de que la agresión al trabajo sea una línea fundamental del proyecto de los neoliberales, la Suprema Corte de Justicia en una acción de servilismo al ejecutivo, anuló el resolutivo legal que mandataba emplear a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas en la CFE. En la misma línea esta su negativa a solucionar el conflicto minero, el de Mexicana de Aviación o el anticonstitucional aumento a los salarios mínimos de 2 pesos con 50 centavos. A la par, y en medio de un despliegue publicitario y de la postración de la mayoría de los diputados de la izquierda registrada, el gobierno de Peña Nieto y sus aliados impusieron una contrarreforma laboral disfrazada de educativa, que en lugar de fortalecer el financiamiento a la educación pública y mejorar las condiciones de vida y de trabajo del magisterio y de las comunidades escolares, como parte de un plan para superar el rezago educativo, arremete contra la seguridad en el empleo del profesorado y hace obligatorio el pago de cuotas de padres y madres


para mantener las escuelas. Avanzan en la privatización de la educación.

la defensa de la integridad y respeto a la dignidad de todo los migrantes.

En medio de un gran despliegue mediático, con demagogia y manipulación sobre la verdad y los motivos reales, el gobierno anuncia la supuesta gran apertura de los medios de comunicación a todos los mexicanos y mexicanas sin excepción. Peña Nieto envió al Congreso una reforma a los medios de comunicación, que en lugar de democratizarlos, los redistribuye entre los monopolios existentes, abriendo la posibilidad de nuevas cadenas y la inversión extranjera al 100 %, sin importar que el espacio radio-eléctrico tenga una importancia estratégica en la preservación de la soberanía nacional.

Nos convocamos a organizar en los próximos meses una gran consulta nacional que dé pie a un referéndum donde el pueblo decida si debe o no privatizarse el petróleo y aplicarse IVA a alimentos, medicinas y libros.

De la misma manera, con el argumento demagógico de que será para beneficio de los más necesitados, ya se anuncia la injusta y antipopular reforma fiscal que aumenta el IVA a medicinas y alimentos, en vez de que paguen más impuestos los que más tienen, de acabar con los privilegios fiscales de las grandes empresas y de que paguen impuestos los capitales golondrinos, que vienen a especular y obtener ganancias fáciles, que desangran la economía nacional. Si este cobro de impuesto en alimentos y medicinas se concreta, se agravará el hambre y las carencias de decenas de millones de compatriotas, que con salarios precarios y pensiones universales de indignantes 500 y tantos pesos, muestran que la cruzada contra el hambre del gobierno priísta es un ardid de manipulación política y mediática. Hoy tenemos que construir un camino de lucha y organización unitaria y convocante, que sume a decenas de millones en un movimiento de movimientos, que dispute la conducción del país y genere las transformaciones necesarias que nos coloquen en el camino de la justicia social, la soberanía nacional, la justicia y la libertad abierto por el pueblo durante las luchas de Independencia, Reforma y Revolución. Nos convocamos a generalizar la resistencia y la desobediencia civil pacíficas, a consolidar el poder ciudadano y popular para rescatar la nación al calor de la lucha por revertir las contrarreformas neoliberales. Respaldamos todo esfuerzo de unidad, de resistencia, de autonomía y de autodefensa que surgen esperanzadoramente con base comunitaria y popular. Nos convocamos a redoblar los esfuerzos en la defensa por el reconocimiento a los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, por la democratización de los medios de comunicación y el respeto a las policías comunitarias, por el derecho a la autodefensa de las comunidades, ante un Estado que criminaliza la lucha social y no garantiza la seguridad de la población, por el respeto a los autogobiernos de comunidades y pueblos, exigiendo justicia para mujeres, niños y hombres asesinados y amenazados por criminales y agentes corrompidos; reclamando empleo, mejores salarios, tarifa social en electricidad y agua. Por

Esta jornada de denuncia y movilización democrática y patriótica, que este 18 de marzo se está dando en muchas ciudades y comunidades del país, es un paso en el proceso de conformarnos como mayoría patriótica y democrática decidida a sustituir el actual gobierno entreguista y antipopular, por un gobierno de amplia confluencia, que active el desarrollo económico sustentable con justicia social, establezca relaciones dignas y justas con Estados Unidos, dé pasos para sumarse al proceso de integración con América Latina, que organice elecciones que garanticen sufragio efectivo y una asamblea constituyente, de la que salgan lineamientos para construir un Estado en que la democracia representativa sea complemento subordinado de la democracia directa y participativa. Nos convocamos a unir voluntades y esfuerzos para defender nuestros recursos energéticos y nuestras riquezas, a defender nuestros aires, aguas y territorios; a impedir que se nos despoje de nuestras conquistas plasmadas en derechos individuales, sociales, culturales y civiles; nos convocamos a defender los patrimonios de la nación, que son y deben ser para todos los mexicanos. Nos convocamos a promover, con absoluto respeto y tolerancia, este gran movimiento en donde cualquier mujer y hombre libre y de buena voluntad, y con independencia de su filiación política o de su creencia ideológica, esté dispuesto a luchar por el Rescate de nuestra Nación.

¡TODAS Y TODOS UNIDOS POR EL RESCATE DE LA NACIÓN!

Zócalo de la Ciudad de México, a 18 de marzo de 2013

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John Saxe-Fernández* En el foro Mitos y Realidades de Petrobrás realizado en el Senado la semana pasada, Fernando Siqueira, de la Asociación de Ingenieros de la petrolera brasileña, advirtió que a la menor rendija que se abra en la regulación petrolera se pierde rápido el control. Recordó cómo las grandes firmas del ramo (big oil) “se apoderaron del ciento por ciento del petróleo que explotaban; sólo pagaban 10 por ciento de impuestos y tampoco desarrollaron nuevas tecnologías”, por lo que “Lula tuvo que frenarlas” (Andrea Becerril, La Jornada –LJ–, 16/3/13 p.9). Javier Jiménez Espriú, del consejo consultivo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por su parte, alertó “sobre la decisión de Peña Nieto”  de profundizar la  “reforma de 2008”, cuando con  “una trampa jurídica de interpretación” (contratos incentivados) “se abrió la participación privada en el sector”. Asentó, además, que “ahora se paga 75 por ciento de los costos del trabajo que realizan las empresas extranjeras” y que “se les entregan, 4, 5, 6 o 9 dólares” por cada barril extraído. Ante este pillaje fue que se reafirmó el endoso del aparato de seguridad de Estados Unidos a la consumación de la entrega de la renta petrolera, una agresión técnicoadministrativa de corte “quintacolumnista”  perpetrada en Pemex paso a paso bajo guía de consultoras estadunidenses. Con el Calderonato, que llenó de horror al país al adoptar el esquema de guerra irregular del Pentágono –bajo fachada de guerra al narco– se colocó en grave riesgo a la población y a los grandes complejos económicoterritoriales involucrados en el manejo diario de Pemex/ CFE. La Iniciativa Mérida es manifestación concreta de la intención imperial de establecer jurisdicción interviniendo en el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad, de paso financiando  “entrelazamientos” clientelares con Estados Unidos en esa sensible área. El interés en acelerar el despojo de la renta petrolera se hizo patente durante una “cumbre de negocios” realizada en Toluca, en octubre 2010, cuando John D. Negroponte (JDN), embajador de Estados Unidos en México durante la negociación del TLCAN, quien luego encabezó al aparato de espionaje de Estados Unidos (LJ 13/I/2011 p. 31), dejó en claro la interrelación entre la política energética y la sucesión presidencial. En Toluca JDN consideró oportuno revelar que en las negociaciones del TLCAN, Salinas “propuso incluir el sector energético, sin embargo después manifestó que no era tiempo –de hacerlo–” (El Financiero, 27/10/10 p. 20) queriendo sugerir que el ex mandatario negoció y no

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sólo “cedió”  y también que luego de décadas de socavar Pemex, al mercado interno y al aparato productivo, ya habrían condiciones para “un TLC plus” energético, algo equiparable al despojo de 1848. En dicho foro Francisco Garaiocochea, presidente de la Asociación de Ingenieros Constitución 1917, dijo que “la privatización de Pemex hará que se generen empleos en EU, no aquí, porque nos van a vender equipos, herramientas y el servicio, además de llevarse el petróleo”. Apunta a un asunto nodal por la crónica desaceleración económica y el desplome del precio del gas shale en Estados Unidos. Según analistas financieros, si el  big oil  logra que en los contratos incentivados les paguen con petróleo, técnicamente podrían agregar a sus activos el recurso del o los yacimientos en cuestión. Por su parte, Halliburton (HA) y Schlumberger (SLB), grandes proveedores de equipo y de servicios para la fractura hidráulica o fracking, registraron pérdidas por mil millones de dólares (mmd) en el cuarto semestre de 2012, al hundirse las ganancias de la perforación fracking, según informó David Wethe, de Bloomberg (5/10/12) y la firma PacWest, de Houston, calculó una caída en los precios del fracking  de 14 por ciento en 2012 y de 8 por ciento en 2013. En materia de equipo HA formalizó pedidos por 10 mmd, excediendo 30 por ciento la demanda. Hizo pedidos por 15.6 millones de caballos de fuerza (HP) y la demanda fue de 12 millones. De aquí que aumente más el interés en la apertura que se les ofrece. Una situación en que firmas tipo Exxon-Móbil recurren a la persuación de sus cabildos para agilizar la toma de decisiones a su favor. Nuestros altos cargos cabalgan al rescate del  big oil ¿para incluir más millonarios en la lista Forbes, mientras el continuismo de la macroeconomía procíclica dictada durante 30 años por el FMI hunde al mercado interno y el “ajuste estructural” del Banco Mundial agrede al trabajo? A lo que es necesario añadir el enorme costo de oportunidad, en generación de empleo y encadenamientos productivos gestado por la desleal veda durante cinco sexenios en la construcción de refinerías y el sistemático ataque contra la petroquímica estatal. Desestabilizar más, entregando la renta petrolera y condenando a millones a las categorías de desempleo, subempleo, pobres patrimoniales y muertos de hambre, no es transformar sino “demoler” el país. Con big oil dentro y la CIA y el Pentágono metidos hasta la cocina, será difícil lograr su regreso a casa.


John Saxe-Fernández La vertiginosa tasa de declive de la producción de gas y petróleo en lutitas o gas shale detectada en estudios de Arthur Berman y Lynn Pittinger (La Jornada, 7/3/12 p.31) y por el geólogo J. David Hughes en los registros de producción diaria de 65 mil pozos en 31 cuencas de Estados Unidos, contrasta con el optimista arrebato de gobiernos, partidos políticos y legisladores del Bravo al Cabo de Hornos, propensos más al negocio fácil (por decirlo de manera generosa) que al análisis riguroso. Encabezados por Obama, el cabildo fósil y Wall Street, los promotores dicen que con gas y petróleo shale vendrá una revolucionaria bonanza energética centenaria, se auspiciará bienestar y empleo, la “independencia energética de Estados Unidos” y según firmas bancarias y de inversión tipo Citigroup dueño de Banamex ¡América del Norte será el nuevo  “  Medio Oriente”! Pero el dato duro indica que al sur del Bravo, como advirtió Berman a Peniley Ramírez (Reporte Índigo 10/4/13) el shale es “una aventura peligrosa”. La coincidencia del desplome del precio del gas en Estados Unidos y el furor por ampliar el mercado de capitales shale, que ya arrasó con los ahorros de miles de pequeños, medianos y grandes inversionistas, llamó la atención de Deborah Rogers, analista financiera cuyo estudio Shale and Wall Street, (Energy Policy Forum, 2013) detecta que las grandes firmas bancarias y de inversión de Wall Street se beneficiaron de ese colapso: en 2012 ganaron más de 45 mil millones de dólares –mmd– por servicios, honorarios y otros rubros vinculados a procesos de fusión y compra (merger & acquisition). Por lo que en más de un sentido son cruciales las mencionadas investigaciones geopetroleras para determinar si el shale puede gestar o no una era de bonanza energética. El reto es magno: desde los años 70 hasta hoy, recuerda Hughes, el consumo mundial de energía se duplicó y más de 80 por ciento vino de los combustibles fósiles (CF). Además, en paralelo al descenso de los CF  “convencionales”, “en los próximos 25 años el consumo aumentará otro 44 por ciento con 80 por ciento proveniente de los CF” (Ibid). Según datos oficiales, el petróleo convencional y noconvencional de Estados Unidos llegaría al máximo de producción de 7.5 millones de barriles diarios (mbd) en seis años (“muy abajo del máximo de 9.6 mbd del petróleo convencional en 1970”) mientras el inusitado aumento del 40 por ciento de la producción de gas  shale en Estados Unidos llegó a una meseta a finales de 2011: el 80 por ciento del gas shale viene de cinco cuencas, varias de ellas en declive” (Ibid). Por las altas tasas de declinación que muestran los registros diarios de los pozos, se perforaron

más de 7 mil pozos con una inversión de 42 mmd en 2012, sólo para mantener el nivel de una producción valorada ese año ¡en 32 mmd! El estudio de Hughes indica que la producción del tight oil  también creció mucho representando cerca de 20 por ciento de la producción total, revirtiendo años de descenso. Más de 80 por ciento viene de dos cuencas: Bakken en Dakota del Norte y Montana e Eagle Ford al sur de Texas. Otras fuentes representan menos de 20 por ciento. Por su alta tasa de descenso se perforan más de 6 mil pozos con un costo de 35 mmd anuales para mantener la producción. El autor estima que el techo llegará en 2017 a los 2.3 mbd declinando a 0.7 mbd en 2025. Entonces, ¿en base a qué cálculos, firmas y gobiernos siguen promoviendo el negocio shale? Hughes dice que es porque centran la atención en la cantidad estimada de recursos in situ asumiendo una fracción recuperable y procediendo luego a dividir esas  “reservas técnicamente recuperables”  por la tasa de consumo, resultando “en décadas” si no es que siglos de consumo futuro. Así se infla la burbuja shale dejando a un lado dos rubros esenciales para determinar la viabilidad de cualquier fuente energética: 1) la tasa de suministro de energía; es decir, aquella en que el recurso puede producirse. “Una gran cantidad de recurso in situ no dice nada si no puede producirse de manera consistente y en las grandes cantidades necesarias, características que”, dice Hughes, “son afectadas por factores geológicos, geotérmicos y geográficos (que luego se expresan en costos económicos)” y 2) la tasa de producción neta (TPN) de energía, que es la diferencia entre la cantidad de energía usada en la producción del recurso y la energía contenida en el producto final. Así, para Hughes no es tanto  “un problema de recursos sino de tasas de suministro”. La TPN de los fósiles no-convencionales es muy menor a la de los CF convencionales, su declinación es exponencial y su explotación (fractura hidráulica) se asocia a enormes costos en salud humana, animal e impactos ambientales por lo devastador y tóxico de esa técnica sobre gente, agua y atmósfera. En más de un sentido el gas shale  es “tóxico”:  big oil y Wall Street inflan la burbuja: ocultan pérdidas y –dice Berman– usan  “artilugios financieros”para mantener “la ilusión del gas shale como el futuro...energético mientras esperan tiempos mejores”.

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Antonio Gershenson** Los funcionarios de Pemex, en sus discursos a veces casi a gritos, dicen, por ejemplo, que Chicontepec tiene 40 por ciento del petróleo del país. Pero cuentan como buenas las reservas probables, que según datos oficiales tienen 50 por ciento de posibilidades de existir, y las reservas posibles, que tendrían 10 por ciento de la posibilidad de existir. En este caso, el supuesto 40 por ciento del 10 por ciento se quedaría en 4 por ciento. Además, esas reservas han sido impugnadas por instancias profesionales una y otra vez. E incluso la Comisión Nacional de Hidrocarburos hizo un estudio que no correspondía en todo con el de Pemex. Los funcionarios de Pemex recibieron estudios y los promovieron, en el sentido de que Chicontepec produciría cantidades casi milagrosas de petróleo, por nuevas tecnologías. Sin embargo, apenas ahora, 8 de mayo, el periódico Veracruzanos Info nos informa del despido de 3 mil 500 trabajadores en la región norte de Pemex: “8 de mayo de 2013. Poza Rica, Ver. La Subregión Norte de Pemex Exploración y Producción mantiene un desfalco de 2 mil 400 millones de pesos, mantenido desde 2012. No pueden pagar a empleados y a compañías. La mayor parte es de Chicontepec. ”Fuentes internas dijeron que los pagos se normalizarían hasta octubre o noviembre, por lo cual se prevén problemas con las empresas, trabajadores y demás a los que se dejó de pagar. Casi mil pozos están parados, por lo que las pérdidas de Pemex serán mayores.” Chicontepec no es sólo un fracaso, es el único yacimiento en explotación en el mundo que genera pérdidas. Los funcionarios cayeron en la fosa. El glorioso discurso lo ven sustituido por la ruina. Vamos a ver, más ampliamente, las verdaderas reservas y producción de Chicontepec. Salieron publicadas, con fecha inicial del primero de enero de 2013, la producción y las reservas de cada región del país, durante los recientes tres años, 2010, 2011 y 2012.

Empezamos por la producción de crudo. Producción de tres años con primero de enero de 2013, la del total del país fue de 40 mil 627 millones de barriles. El mismo total, para Chicontepec, 230 millones de barriles. Al comparar, vemos que la producción de Chicontepec para este período es la mitad del uno por ciento del total. La quinta parte del uno por ciento. La inversión total para 2012, para toda la producción, 183 mil millones de pesos. Para Chicontepec, 18 mil millones. Una décima parte del total de inversión. Pero la producción de crudo de Chicontepec resulta cuesta 50 veces más caro que el promedio nacional. Vamos a ver las reservas de Chicontepec: de las probadas, son 6 por ciento del total. ¡No 40 por ciento como en los discursos! Y estas reservas son en serio. Según las cifras oficiales, las reservas probables de Chicontepec son de 41 por ciento del total. Recordamos que hay 50 por ciento de probabilidad. Deberían estar aumentando si fueran tan probables. Pero estos porcentajes en los años anteriores fueron: en 2009, 53 por ciento y en 2010, 58 por ciento. Les cayeron y les dieron su bajón a 39 por ciento en 2011. En 2012 les dan otro empujoncito a 41 por ciento. ¿Quién puede tomar esto con seriedad? Peor para las reservas posibles en los mismos años, y recordamos que tienen 10 por ciento de probabilidad de ser de verdad. En los mismos años, las probabilidades fueron 53 por ciento, 52 por ciento, 36 por ciento y, para 2012, 54 por ciento. ¡Puros saltos! Por eso, mejor se deben quedar con el puro 6 por ciento, y no andar presumiendo con 40 por ciento de las reservas de Pemex que nadie que sepa algo se los va a creer. Y todavía derrochan dinero en donar a funcionarios de España, para ayudarles a salir de la crisis, como si nosotros estuviéramos muy bien.

Por supuesto, ahí veremos los datos de Chicontepec, renombrado también con el pomposo Aceite Terciario del Golfo, más palabras que petróleo pero en fin.

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** antonio.gershenson@gmail.com


John Saxe-Fernández “Si queremos superar los desafíos del Siglo XXI no podermos seguir operando con esquemas y procedimientos del siglo pasado”, dijo EPN la semana pasada en Cancún. ¿Qué quiso decir? ¿Alude los “esquemas y procedimientos” implantados desde 1983 para, como dice un documento del Banco Mundial (BM), llevar Pemex “a un punto de venta”? Así se infiere de las “Cartas de Política por Rama” del BM que en orden de importancia son: 1) permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero, 2) permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica, 3) dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia entre sí, 4) permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex y quinto paso: privatizar Pemex. Ese diseño del Siglo XX, regresivo, desarticulador y de despojo, acatado por el PRIAN y hoy vigente ¿es el que EPN va abandonar o el que va a consumar? La sistemática agresión a Pemex es parte de añejos diseños interamericanos en el Acta de Chapultepec (1945) para acotar y privatizar las empresas públicas y frenar la industrialización de  “las naciones americanas”. México los rechazó por su corte colonial y anti-obrero. No así los neoliberales que al calor de la torpe negociación de la crisis deudora (1982) se sometieron al mandato de entes de Estado, firmas de asesoría (tipo McKinsey) y bancos de inversión y en especial al poderoso cabildo de petroleras alarmadas por la insistencia de países del Tercer Mundo, México en particular, por industrializar sus recursos naturales  “desviándose”  del guión asignado de extraer y exportar materia prima, petróleo, gas, minerales, hacia los centros industriales del mundo y además, exportados por firmas extranjeras en territorios vigilados y protegidos por Estados Unidos. México fue el chico malo: nacionalizó el petróleo en 1938, desatendió el diseño colonial/militar de EU y desplegó gran esfuerzo en la preparación de trabajadores y técnicos, una verdadera gesta en la que participaron, además de la UNAM e IPN en docencia e investigación, el Instituto Mexicano del Petróleo en labores de investigación y desarrollo, para reforzar la industrialización del petróleo y del gas natural, gran generadora de empleo. José Felipe Ocampo Torrea, en Sector energético industrial: análisis y propuestas, La Energía en México(Ceiich/UNAM 2008) ilustra, entre otros rubros, cómo la petroquímica fue “desarrollada en forma extraordinaria en México”  obteniendo  “en su sector estatal producciones de cerca de 20 millones de toneladas anuales”  (p120). Pero el impulso de Pemex a encadenamientos productivos desde la petroquímica

preocupó a la cúpula de grandes firmas –ahora fusionadas– ExxonMóbil, ConocoPhillips, ChevronTexaco etc. A finales de los 60, recuerda Michael Tanzer, el Wall Street Journal destacaba que  “el monopolio petrolero nacionalizado”  de México  “es tan exitoso que preocupa a las firmas de la industria. Temen que otros países sigan el ejemplo de Pemex”  cuya  “eficiencia puede dañar las operaciones petroleras privadas en el resto de América Latina y en el Oriente Medio”. A un gerente citado por el WSJ, le alarmó que  “una empresa pública tan exitosa como Pemex (llegara a ser) modelo para otros países que se inclinan por nacionalizar su petróleo”. Así que, ¿Alude EPN a los “esquemas” implantados desde 1983 para revertir esos avances generadores de empleo y riqueza, abriendo Pemex a la inversión extranjera directa, como lo anunció en EU y Europa? ¿No dio línea a diputados del PRI para “abrir a la IP” el gas shale? ¿Va Pemex con EPN, al “quinto paso”? Lozoya Austin, el director de Pemex, anunció que se contempla la reintegración de las filiales –un paso correcto– que revierte la ¿torpeza? que significó desmembrar Pemex anulando su “integración vertical”. Esa medida, impulsada desde Washington e instrumentada por los neoliberales, provocó un colapso de la petroquímica al aplicar “precios de transferencia”  entre las filiales de Pemex, basados en los “precios eventuales” –lo que nadie usa de esa manera en el mundo. Junto al BM y en medio de risas del big oil, los neoliberales dijeron que  “al competir entre ellas las filiales serían más eficientes”. Como dice Ocampo Torrea, así  “ninguna operación petroquímica resulta rentable”. Aunque se ajustaron las leyes para abrir la petroquímica a la IED al 100 por ciento la avalancha de inversión no se dio: en su lugar “invadieron el mercado mexicano con productos elaborados...en EU”  y “actualmente (2005) sólo se producen “cerca de 6 millones de toneladas aproximadamente” (ibid). Ya el régimen de saqueo abrió la puerta grande a la intervención y ocupación extranjera con la  “guerra irregular”  del Pentágono, que EPN parece avalar en su versión  “anti-terrorista”. Con la tropa y el espionaje de EU metido hasta la cocina, nos anuncian los voceros del pacto que van por mutilar la Constitución para “la apertura total” de Pemex. ¿Llevan Pemex al quinto paso y México a la demolición?

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John Saxe-Fernández No se desanime, “puede modificar la Constitución”, dijo el senador Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda de Calderón, al ofrecerle a Enrique Peña Nieto los votos de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para  “la apertura total de Pemex al capital privado”. Parece que la labor de Calderón se extiende más allá de dar cátedra sobre  “liderato global”  a los estudiantes/clientes de la Harvard Corporation que lo acoge con su enorme cauda de muertos, desaparecidos y desplazados. Esa hospitalidad ¿es por promover los intereses y la guerra irregular del Pentágono en México, ya que en su junta ejecutiva figuran ex secretarios del Tesoro como Robert Rubin y Larry Summers? Rubin, además, presidió la junta ejecutiva de Citigroup, matriz de Banamex, inversionista en ExxonMobil, la mayor entre  “las mayores”  (BP, ChevronTexaco, Shell, Amoco, Arco) aspirantes a incorporar el gas y petróleo de México a sus activos. Rex Tillerson, gerente de Exxon, ya declaró que estarían dispuestos “... a invertir en el sector de petróleo y gas de México, sólo si el gobierno mexicano permite que la compañía sea dueña de algunas reservas energéticas”. (La Jornada,  28/6/12) La promoción para privatizar la exploración y producción petrolera ya empezó. La SE anticipó que el plan que presentarán en septiembre “incluirá la capacidad para realizar inversiones por medio de contratos de riesgo” y EPN reiteró al Financial Times que abrirá el petróleo a los privados agregando, como exigen Exxon et al, que la reforma sería “transformativa”  al incluir “los cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados”. Una todavía mayor regresión social y trato colonial –a la Afganistán– se deja ver en el reportaje del Wall Street Journal: “el plan contempla concesiones de 25 años (25year contracts) de áreas designadas, permitiendo a las firmas privadas registrar las reservas como parte de sus activos  (‘allowing private firms to book oil reserves’) lo que les facilita acceso a los mercados financieros globales”. Además, el plan incluye “la creación de una agencia nacional de petróleo, una suerte de fondo soberano que administraría los ingresos petroleros del país”. La fuente no especificó el “banco global” a cargo del manejo de los multimillonarios depósitos. “En el caso del gas y petróleo producido por los privados, dicha agencia le pagaría a las firmas los costos de producción y las ganancias (de haberlas) las compartiría el Estado con las compañías”, dijeron las fuentes al  WSJ. “Cuánto sería la parte del gobierno no ha sido determinado, aunque un alto oficial gubernamental dijo que podría ser de cerca de 70 por ciento (Ibid).

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“Las mayores” que operan con el ADN de la Standard Oil de Rockefeller, han soñado esto desde que Lázaro Cárdenas las nacionalizó en 1938. En los tiempos del  “techo del petróleo”  –convencional– cuando toda nación cuida sus recursos, cayó como anillo al dedo a las petroleras el entreguismo de la cúpula que opera en lo oscurito del  “Pacto ¿por México?”. Máxime cuando a “las mayores” se les dificultó lograr tasas adecuadas de reposición e incremento de las reservas, vitales para captar más inversión en el mercado. Desde el escándalo en Wall Street cuando Royal Dutch Shell infló el monto de sus reservas probadas en el mundo en 4 mil 350 millones de barriles (NYT, 19/4/04), la Securities Exchange Comission, encargada de certificar cada año ante los inversionistas el monto de las reservas de cada firma, intensificó la revisión de los informes sobre las reservas de gas y petróleo. El escándalo Shell, dice Steve Coll en su revelador Private Empire (Penguin, 2012 p. 158), “hizo obvio que en la era del nacionalismo por los recursos, las presiones sobre las grandes petroleras para reponer reservas son tan severas como para inducir estas groseras distorsiones”. Las iniciativas energéticas, de seguridad y el expedito mecanismo del pacto que  “desciudadaniza”  la dinámica política reflejan la urgencia de las grandes petroleras ante “las dificultades y obstáculos en el crecimiento de la produccion y el agotamiento de campos petroleros, que pierden entre 5 y 7 por ciento de su producción anual”. (“Exxon has an oil shortage” WSJ, 28/IX/12) “El plan” en México es semejante a diseños anteriores de ExxonMobil en África Occidental endosados por el Banco Mundial, con aprobación del Departamento del Tesoro entonces a cargo de J. Wolfenshon, y luego de Larry Summers, asesorados por T. Geithner: Exxon deposita a un “banco global” lo que estima le corresponde al gobierno por el gas y petróleo extraídos según “sus”  registros de producción diaria. El banco resultó ser Citigroup, actual dueño de Banamex y de un jugoso bloque accionario de ExxonMobil. Coda: un alto cargo de la SE mencionó al  WSJ  (18/6/13):  “Queremos dejar en claro en la Constitución cómo (las firmas privadas) pueden participar”. Esto sería la constitucionalización de un traspaso de riqueza sólo comparable al despojo territorial formalizado en 1848.


John Saxe-Fernández En una valiosa nota sobre un ataque a escondidas contra la transparencia en el pago por el petróleo (extraído), Oxfam. org informa que las grandes petroleras de Estados Unidos alientan la opacidad de los registros de extracción de gas y petróleo, con dedicatoria a México. La embestida la articula el American Petroleum Institute (API), poderoso cabildo del ramo, e incluye una estipulación, en apariencia inocua, al ya de por sí adverso Acuerdo Transfronterizo EU-México sobre Hidrocarburos –en el Golfo de México– diseñado para debilitar los requisitos legales de transparencia en la extracción de recursos registrada por las firmas petroleras, gaseras y mineras. Aunque en Estados Unidos hubo apoyo oficial a la transparencia en esos acuerdos, la trabazón de intereses oligárquico-imperiales beneficiados por la apertura de la reserva mexicana a los privados planteada por EPN, va por más secrecía y abuso de poder. En un contexto de beligerancia e intervención imperialista por la vasta militarización fronteriza y brutal violencia antinmigrante, que para nada toca el flujo de armamento de asalto hacia acá ni el lavado hacia Estados Unidos, se informó que el API, con apoyo de Exxon, Shell, Chevron y BP había entablado juicio a la Securities Exchange Comission (SEC), encargada de certificar ante los inversionistas los montos extraídos de las reservas, esperando que sus aliados en el Congreso les ayudaran a debilitar la ley que fortalece la transparencia en los registros de producción de gas y petróleo. El 2 de julio la Corte Distrital dio a conocer su fallo a favor del API para mantener en secreto los pagos por la explotación petrolera. Ante ello, un vocero de Oxfam afirmó que la pelea por levantar el velo al secreto sobre miles de millones de dólares no ha acabado y sostuvo que se considerarán todas las opciones legales, incluyendo el recurso de apelación contra esta medida. Con el plan transformador de Pemex anunciado desde Londres (La Jornada, 27/VI/2013) el lodazal que ya se anida y el riesgo que se avecina contra el patrimonio y jurisdicción de la nación es de calibre histórico. Corresponde a la ciudadanía y a los movimientos sociales de México determinar medidas en la dirección de una acción política serena y de efectiva resistencia pacífica ante este esquema de pillaje planteado bajo el embuste de una reforma energética, en medio de la descomposición socio-política gestada por 30 años de sabotaje a Pemex, de agresión a la economía popular, a los sindicatos y al aparato productivo.

Esa política económica, impulsada con préstamos de los programas de ajuste estructural (PAE) del FMI/ Banco Mundial (BM) es el mayor problema de seguridad nacional, agudizado por los planes para constitucionalizar la privatización y extranjerización de los hidrocarburos, fuente de más de 30 por ciento del presupuesto federal. Los atractivos y legales honorarios de los PAEs, depositados en cuentas suizas, agilizaron que nos dejaran sin banca, maíz, ferrocarriles y cientos de empresas, propiedades y otros activos públicos en buen funcionamiento. Ahora que las petroleras sacan el cobre ¿le apuestan a un gran estallido cargando a la ciudadanía el boquete presupuestal por el saqueo del petróleo, con más IVA y alianzas público/privadas (APP)? Ni los empresarios de dentro o los de fuera se disponen a renunciar a sus privilegios, subsidios o aumentar sus aportes al fisco. Desde hace años el paquete transformativo elaborado por Exxon y el BM, con luz verde del Departamento del Tesoro, incluyó planes de ingeniería social y operaciones legales para registrar como suyos ante la SEC yacimientos de otras naciones. En torno a la gran reserva de Irak, objetivo central de la guerra de agresión de Estados Unidos, la firma trató de dominar las actividades corriente arriba (exploración y producción) y corriente abajo (refinación, distribución, comercialización). Para influir en Irak, igual que aquí, con un contrato de servicios técnicos, Exxon ofreció vastas inversiones a cambio de registrar como suyos ricos yacimientos. Para los descendientes de Standard Oil, que atacan la transparencia e impulsan la discrecionalidad en la SEC, invertir es aceptable sólo si son dueñas, controlan las operaciones y la conducción de cualquier fusión, como detalla Steve Coll en Private Empire (Penguin 2012), por lo que su programa transformativo se rechazó. En Irak la soberanía del gas y petróleo sigue siendo vital. Acá, para los del pacto esa soberanía es un cuento, aunque para seis de cada 10 mexican@s sea esencial: en los últimos 12 años Pemex aportó al fisco 6 billones 412 mil 700 millones de pesos (mdp), 53.4 por ciento de sus ventas. Las 30 empresas que cotizan en la BMV pagaron impuestos por 123 mil 884 millones de pesos: ¡4.5 por ciento de sus ventas! (La Jornada, 4/XI/12). Ante un saqueo legalizado en Estados Unidos y constitucionalizado aquí, están en juego petróleo, empleo y todo lo público: escuelas, universidades, salud, infraestructura, la gestión del agua y más.

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John Saxe-Fernández ¿Por qué crece el apetito por Pemex?, ¿para qué si los interesados en privatizar Pemex, entre ellos Citigroup Inc (Banamex), accionista de ExxonMobil, dicen que la América del Norte es el Nuevo Medio Oriente ante el aumento en Estados Unidos de la producción de gas y petróleo no convencional (de lutitas, aguas profundas, arenas bituminosas) además de los biocombustibles, infiriendo así que es mejor abrir Pemex cuanto antes? La obsesión por Pemex se acentuó por los cambios en la ecuación energética mundial que luego del primer shock petrolero (1973) afectaron el área de exploración y producción (EyP) donde se obtienen las mayores ganancias pues antes los privados controlaban más de 85 por ciento de las reservas mundiales de gas y petróleo. Hoy 80 por ciento de esas reservas son públicas y sólo la OPEP puede aumentar la producción en el corto plazo, sostenerla al menos 90 días y controlar los aumentos en la oferta futura de petróleo como documenta Alfred Cavallo (Bulletin of the Atomic Scientists, Julio/ Agosto 2013) recordándonos también que la producción mundial de petróleo no ha aumentado desde 2005 y que los precios se han incrementado sustancialmente. Fuentes oficiales y privadas como la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Oficina de Investigación Geológica de EU y un estudio (2004) de ExxonMobil, “Perspectiva energética: una mirada a 2030”, retirado de circulación, plantearon que los yacimientos de los países que no integran la OPEP (no-Opep) llegarían al techo de producción en 2010, que mantendrían un flujo de crudo constante por unos años y luego éste empezaría a declinar. Pero el techo del petróleo convencional no-Opep llegó en 2006 y esos yacimientos, incluidos los de Exxon, se agotan de 5 a 7.1 por ciento anual, según la AIE-2008. El petróleo barato se agota, pero la información geológica recabada por Cavallo indica que tampoco la producción de fuentes no convencionales sea la panacea energética, al contrario, apenas compensa la declinación de los campos petroleros convencionales no-Opep. Agréguese que según análisis de J. D. Hughes (postcarbon.org /drillbaby-drill/) los pozos no-convencionales muestran altas tasas de declinación, según los registros de producción de 65 mil pozos en 32 cuencas en Estados Unidos, donde ese tipo de explotación se realiza desde hace varios años. Hughes estima que el techo del petróleo convencional y no-convencional de Estados Unidos llegaría en 2017 a los 2.3 millones de barriles diarios (mbd) declinando hasta 0.7 mbd en 2025. Así que frente al espejismo del Nuevo Medio Oriente los urgidos de cambios constitucionales en México para absorber las actividades sustantivas de Pemex y apropiarse de sus yacimientos son ellos y sus socios de acá.

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El interés en Pemex creció en Wall Street por estudios conjuntos entre Pemex y ExxonMobil encaminados, como dijo al Financial Times (3/IV/13) su gerente Rex Tillerson, “para irnos conociendo mejor” ¡sic! Agregó que “será un largo proceso. Y si el próximo paso ofrece un camino para que Exxon participe, lo haremos”. Tillerson condiciona toda inversión a que se modifiquen las regulaciones (Constitución) para que Exxon registre como suyos yacimientos mexicanos ante la Securities Exchange Comission (SEC). Constitucionalizada la proeza anti-nacional absorberán la renta petrolera, apoyados como están en la diplomacia de fuerza de Estados Unidos. Les urge porque en diciembre 2012 Goldman Sachs degradó las acciones de ExxonMobil. Según Arjun N Murti, analista de esa firma, la rebaja se hizo 1) porque se anticipa que en 2013 la actuación de Exxon en exploración, producción y rentabilidad sea menos robusta y 2) porque esperamos mayor apetito de los inversionistas... ante mejoría del PNB mundial. Lo que codician las grandes petroleras es un “meganegocio” con la EyP (actividades “corriente arriba”). Como a raíz del estudio de 2004 se informa que Exxon dejó de construir refinerías ¿será que también están interesados en el negocio “corriente abajo” (refinación, distribución, comercialización) de Pemex? Máxime que, como recordó Alfredo Jalife (La Jornada 14/7/13) al recurrir a la medición EBITDA (siglas en inglés de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) Pemex aparece entre las petroleras más apetecibles del mundo. A sus cómplices y aspirantes a la lista Forbes cuando mucho, por lo suculento del festín, migajas en cuentas suizas. Ya Oxfam informó que el American Petroleum Institute apoyado por ExxonMobil, Chevron, BP y Shell, entabló y ganó en una Corte de Distrito de Estados Unidos una demanda a la SEC que aumenta la discrecionalidad –léase más opacidad– al registrar el volumen de las reservas (y del pago) por la extracción. En juego: poco más de 13 mil millones de barriles de reserva probada ofrecidos por Peña, Calderón, Fox y antecesores en Los Pinos desde 1983, cuya hoja de ruta, trazada por Washington es: a la IP, no sólo la energía, sino cuanto hay en el país. Por eso ¡al Zócalo el 8 de septiembre!


John M. Ackerman**

La ideología neoliberal de Enrique Peña Nieto y sus aliados en el Pacto por México indica que el Estado debe limitarse a tender la cama y lavar los platos sucios del gran capital. En contraste, un enfoque pragmático facilitaría la liberación del Estado de su servidumbre actual y lo llevaría a trabajar junto con las fuerzas populares para generar un robusto desarrollo social para todos. En esta tarea son grandes aliados el texto vigente del artículo 27 constitucional y el régimen de control estatal sobre la renta petrolera. Ambos proporcionan al Estado herramientas fundamentales para garantizar los derechos constitucionales de la población a la vida, la salud, la alimentación, la educación y el trabajo.

y menos riesgosa para fortalecer la industria petrolera nacional sería reducir la carga fiscal a Pemex, combatir seriamente la corrupción no sólo en el sindicato, sino también en la licitación de jugosos contratos a empresas privadas, así como aumentar significativamente la inversión estatal en tecnología petrolera. México cuenta con grandes científicos e ingenieros en el Instituto Mexicano del Petróleo, la UNAM y el IPN quienes evidentemente están a la altura del reto histórico. Estas inversiones podrían ser financiadas con un pequeño aumento en los impuestos para las personas físicas y morales más ricas, junto con un fuerte combate a la evasión fiscal.

Es necesario rechazar las reformas energéticas privatizadoras no solamente porque constituirían un robo al patrimonio nacional, sino también porque minarían los cimientos del Estado social emergido de la Revolución Mexicana. Es nuestro avanzado texto constitucional lo que ha evitado que más ciudadanos caigan en la pobreza, la miseria y la violencia durante la larga noche neoliberal. No podemos permitir que los mitos y las fantasías de los oligarcas opaquen el pensamiento racional y ponderado que caracterizan la cultura popular mexicana.

Pero a Peña Nieto y sus socios no les interesan las soluciones pragmáticas, sino cumplirles a sus patrocinadores. Para la clase política reunida en el Pacto por México el objetivo de la reforma energética no es económico o técnico, sino netamente político e ideológico.

En principio, aumentar el control de empresas trasnacionales sobre la renta petrolera no generaría ganancia alguna para el pueblo, sino todo lo contrario. En lugar de que el gobierno reciba las ganancias para poder gastarlas en escuelas, centros de salud y carreteras, las recibirían estas empresas para poder complacer a sus accionistas. La privatización tampoco ayudaría con el combate a la corrupción. Las últimas dos décadas con experiencias similares en los sectores bancario, minero, telecomunicaciones, aviación, entre otros, han demostrado claramente que la desincorporación de activos estatales genera más, no menos, enriquecimiento ilícito. Tampoco existe garantía alguna de que las empresas transnacionales realmente vayan a invertir grandes cantidades de recursos en la extracción o la refinación del petróleo mexicano. Lo que les interesa a estas empresas es poder reportar a sus accionistas su control sobre los recursos (el famoso booking de las reservas) y no necesariamente su explotación directa. Asimismo, los numerosos desastres ecológicos causados por la irresponsabilidad de las empresas petroleras, incluyendo, por ejemplo, el masivo derramamiento en el Golfo de México por British Petroleum en 2010, demuestran que su tecnología tiene peligrosas fallas.

La regla básica de la ideología económica vigente es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Desde este punto de vista, el Estado no tiene derecho a generar ganancias propias, para después invertirlas en el desarrollo social, sino que su única función es mantener condiciones favorables para el aumento de los ingresos de las empresas privadas. De acuerdo con esta lógica, el Estado también debe asumir las pérdidas del sector privado por medio de costosos rescates cuando los integrantes de la oligarquía despilfarran sus recursos. El caso del millonario y fraudulento rescate bancario por medio de Fobaproa a finales de los años 90, para lo cual el pueblo hoy sigue pagando las deudas vencidas de las familias más adineradas del país, es solamente uno de muchos botones de muestra. Habría que invertir totalmente esta perversa lógica. Los ganadores tendrían que ser los ciudadanos más humildes y, en caso de que haya pérdidas, las empresas más poderosas deberían asumir los costos de manera solidaria. Afortunadamente, en México todavía contamos con una Constitución de vanguardia, surgida de una revolución social, que está basada precisamente en el principio de priorizar el bienestar general por encima de la avaricia personal o empresarial. Los ciudadanos conscientes tienen la responsabilidad de defender su valiosa Constitución, reflejo de un verdadero pacto nacional, del ataque de un grupo de personajes públicos desacreditados cuyos únicos intereses son el enriquecimiento personal y el poder político.

Resulta evidente que la estrategia más pragmática

** ∗∗ www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman

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John Saxe-Fernández De principio a fin la colonialidad impregnó la visita a México de Janet Napolitano, al mando del Department of Homeland Security (DHS), es decir, Departamento de Seguridad del Suelo Patrio. Entre sus últimas tareas antes de asumir un cargo universitario en California, vino con la encomienda de anunciar, urbe et orbi, la defensa del “suelo patrio” de Estados Unidos ¡en la frontera norte y sur de México!, a la usanza imperial, cuando las colonias contaban con autonomía, pero bajo tutela imperial en política exterior, económica y de seguridad, incluida la protección fronteriza. Lo hizo sin consultar a los países afectados, ¿para alejar a México de América Latina? Gracias al TLCAN, el Comando Norte y la Iniciativa Mérida se transformó a México en zona de guerra y “colchón migratorio”  como lo captó Contralínea en “Militares y crimen organizado atacan a migrantes” (Nº 344, Julio 2013). En materia petrolera la caricatura de Helguera “Estado Fallido en Venta”  con EPN clamando:  “ya no tenemos control del territorio, pero aún podemos privatizar el subsuelo”  (La Jornada  31/7/13) esbozó el diseño de expansión/explotación territorial que guía la gestión y narrativa del Pentágono y la Homeland Security en México, no menos que el enraizado entreguismo –por decirlo de manera muy generosa– de los del “Pacto” ante la urgencia de los grandes monopolios petroleros (Exxon, Shell etcétera) en los tiempos del fin del crudo convencional (barato, de alta calidad y fácil acceso) por cambios constitucionales que les permitan, entre muchos otros negociazos, registrar yacimientos convencionales y no-convencionales de México como activos suyos ante la Comisión de Regulación Bursátil de Estados Unidos, vital para operar en el mercado de capitales. El inminente arribo del crudo convencional del mundo al techo de producción anunciado desde los años 1990 coincidió, luego de la toma de la Casa Blanca por los petroleros Bush/Cheney y de 11/9, con la instauración de un estado de excepción mundial al adoptarse el principio de la“guerra de autodefensa anticipatoria” como eje de la política exterior y de seguridad energética y a nivel doméstico al desplegarse una sistemática ofensiva contra la normatividad constitucional, el habeas corpus y la Ley Posse Comitatus de 1878 (que prohíbe el uso de la fuerza militar dentro del territorio de Estados Unidos) vía la Ley Patriota, la Ley de Seguridad del Suelo Patrio (Homeland Security Act) –que estipula el DHS– la Ley Marcial y la Ley de Comisiones Militares. El rompimiento con el orden constitucional y el derecho internacional se complementó con la abrogación del Tratado Anti-Balístico (ABM) seguido por la “petroguerra” contra

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Irak y Libia, eventos que arrojan una sombra de riesgo para la paz mundial y un México bajo una dirigencia de mira corta, dispuesta a lanzar el país al abismo manoseando la Constitución para subastar la riqueza del subsuelo que sustenta su principal eje de acumulación (la industria petrolera) y más de 30 por ciento del gasto público. La agenda imperialista del DHS en México prosigue mientras se da cuenta de las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de la NSA mostrando sus ominosas implicaciones por el potencial tecnológico para instaurar un régimen tiránico, como advirtió desde 1975 Frank Church, al frente del comité senatorial que documentó un programa de asesinatos en ultramar: “no quiero ver este país cruzar ese puente...nunca crucemos ese abismo. (La tiranía) es el abismo del que no se regresa”, algo que detalla James Bamford en “Saben mucho más de lo que imaginas” (The New York Review of Books, 15/7/13). Un año antes del estallido de la gran recesión (2007) que sigue ocasionando hondos destrozos al tejido social de Estados Unidos por el feroz manejo clasista que da su cúpula gobernante a la crisis en curso, el abogado conservador Bruce Fein, ex subprocurador de Reagan, ante el endoso de Bush al espionaje sin aval judicial, advirtió al Congreso que “este es un momento definitorio en la historia constitucional de Estados Unidos”. Y al comentar la narrativa usada por el ejecutivo, agregó: “la teoría invocada por el presidente para justificar el espionaje de la NSA en contradicción con la ley federal del ramo, justificaría la apertura de correos, los allanamientos, la tortura o los campos de detención... A menos que lo detengamos esto será una arma cargada, lista a ser usada por cualquier sucesor so pretexto de alguna urgencia”  (Metapolítica, julio-sept/13). El desempleo crónico, el desenfreno especulativo del sector bancario/financiero y la vulnerabilidad energética de Estados Unidos, detectada por investigadores independientes que contradicen, dato en mano, el arrebato triunfalista de la panacea shale  del cabildo fósil, al que también son adictos los medios, la cúpula del Pacto y la de Pemex ¿que ahora anda  “conociéndose mejor”  con Exxon? indican que en centro y periferia estamos en zona de alta turbulencia. Mutilar el 25, 26 y 27 constitucionales es arriesgarlo todo.


La Jornada, 13 de agosto de 2013.

John Saxe-Fernández Enrique Peña Nieto cuenta con los votos de PRI y PAN para, como dijo el senador y ex secretario de Hacienda de Calderón Ernesto Cordero, consumar su aspiración máxima: “la apertura total”  del petróleo mexicano al capital privado (nacional y/o extranjero). Ese honorable senador le sugirió a Peña no “desanimarse” en el intento de constitucionalizar el gran despojo en curso y, en efecto, procedió  “rápido y furioso”  a consumar una hazaña antinacional que es componente vital del vasto programa de ajuste estructural en los tiempos del “techo del petróleo”, a sólo ocho meses de iniciado este sexenio. Tampoco escatimó invocaciones a Lázaro Cárdenas, como quien dejó las puertas abiertas a la privatización a lo largo del texto o aducir el agotamiento de los estratos convencionales –de bajo precio, fácil acceso y alta calidad– en la enmarañada e infundada argumentación histórica y técnica usada como  “sostén” de la iniciativa de decreto que presentó hoy, 12 de agosto de 2013, a la Cámara de Senadores para mutilar la Carta Magna, en artículos cruciales, obstáculos formales que los cabildos de la cleptocracia doméstica e internacional han querido vencer desde hace décadas. Me referiré sólo al petróleo. La iniciativa para reformar la Constitución, además de innecesaria, choca con los argumentos de que es para fortalecer el papel del Estado como rector de la industria petrolera, promover el “crecimiento”  económico, un  “desarrollo incluyente”, la  “seguridad energética”, la “transparencia”  y la  “sustentabilidad y protección del medio ambiente”, ¿abriendo las puertas a la explotación extranjera, entregando la renta petrolera, alentando el uso de técnicas de comprobada devastación ambiental? Ninguno de los argumentos, o excusas para entregar un patrimonio que no es suyo, tiene solidez histórica o técnica. Esa es una ausencia notable imposible de soslayar escudándose en una versión distorsionada del pensamiento y acción de Lázaro Cárdenas y en una versión sesgada de la experiencia internacional, en especial por su trascendencia regional y mundial, la de Brasil, que todavía se esfuerza por recuperar a plenitud su renta petrolera, luego de la “transformación” privatizadora y desnacionalizadora de F.H. Cardoso, en 1997, cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera, como ahora lo propone ¿Peña? aquí. Al respecto, Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, advirtió que “México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control de

Estado sobre sus recursos” (La Jornada, 12/3/2008). Además de esas distorsiones, uno de los principales problemas que saltan a la vista es la precipitación con que se quiere proceder con la iniciativa de modificación constitucional, sin argumentos ni convincentes ni técnicamente sólidos. No ofrece la iniciativa la mínima información cuantitativa sobre los recursos  “no convencionales” disponibles en aguas profundas o en gas y petróleo de lutitas. Sabemos, por informes públicos, que a los Rex Tillerson de este mundo sí les urge contar con reservas probadas, porque en los dos primeros trimestres de 2013, aunque Exxon obtuvo ganancias, la actuación del área de exploración y producción fue mediocre. Los legisladores tendrán que proceder sin información sobre dónde están localizados los recursos no convencionales, los plazos temporales involucrados y las cantidades esperadas de recuperación. A menos que recurran a la información y mapas que ofrece la Administración de Información sobre Energía (Energy Information Administration, EIA) del Departamento de Energía de EU –de confiabilidad comprometida– ya que fuentes anónimas citadas por The New York Times indican que algunos de sus geólogos y especialistas que diseñan sus mapas, a los que con frecuencia recurre la cúpula de Pemex en sus presentaciones, tienen vínculos contractuales con las grandes petroleras interesadas en operar en México o Argentina. La otra fuente sería la Agencia Internacional de Energía –con sede en París–, más confiable, aunque nacida para contrarrestar a la OPEP. Se nos dice que es necesario mochar la Constitución porque con los  “no convencionales”  estamos tratando con “yacimientos de gran complejidad que demandan capacidades de ejecución e inversión que sólo se pueden alcanzar con la concurrencia de diversas empresas petroleras”. Por eso, ¿modificar la Constitución? Acaso ¿no existen firmas especializadas en el mercado con recursos disponibles, sin saquear a la nación? Son “alianzas estratégicas”  muy comprometedoras. Si Peña insiste en tener referencias internacionales, mejor que revise la enorme semejanza entre “su” iniciativa y la compare con los “planes transformativos” de Exxon en África Central. ¿Y para qué hablar del  “eje”  de la iniciativa sobre “Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente”? ¿Cómo es posible colocar esas aspiraciones ambientales junto a un proyecto de explotación por medio de la “fractura hidráulica”?

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Antonio Gershenson**

Tras varios meses de postergaciones y anuncios en falso, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto envió ayer su iniciativa de reforma constitucional para legalizar la participación privada en las industrias petrolera y eléctrica, cuya explotación está actualmente reservada de manera exclusiva a la nación. La posición oficial en favor de la apertura energética se centra, como lo hiciera el régimen calderonista en 2008, en la pretendida necesidad de capitales para modernizar y expandir la industria petrolera. Para reforzar ese argumento, un reciente documento emitido por la Secretaría de Energía (Sener) plantea un diagnóstico casi catastrófico de la paraestatal. Tal discurso contrasta con el hecho de que Pemex es una de las empresas más rentables del mundo, y con sólo suspender el virtual saqueo fiscal que padece y combatir la corrupción directiva y sindical que la afecta contaría con los recursos suficientes para renovar su planta productiva y adquirir la tecnología que le permitiera mantener, e incluso ampliar, su producción actual. La presentación de la iniciativa oficial ha ido acompañada de promesas numerosas, pero vagas, de mayor desarrollo económico, mejores sueldos, generación de más puestos de trabajo y, en general, mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, el proyecto ha sido objeto de señalamientos críticos. Los más relevantes se refieren a la cesión de control territorial a empresas energéticas trasnacionales, con los consiguientes riesgos para el estado de derecho y para la soberanía nacional y a los contratos de utilidad compartida propuestos, los cuales implicarían privar al erario de una parte de la renta petrolera, que representa una porción sustancial del presupuesto público, con lo cual se afectaría la capacidad del Estado para invertir en educación, cultura, programas sociales e infraestructura. Asimismo, se cuestiona la perspectiva de que la carencia de recursos derivada de la privatización sea solventada mediante una reforma fiscal, ya anunciada,

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que incremente los impuestos –especialmente, el IVA– y las tarifas del sector público. Por otra parte, como muestran diversos sondeos de opinión, la idea de privatizar parcial o totalmente la industria petrolera, suscita el rechazo mayoritario de la sociedad. En tal circunstancia, el proyecto de reforma constitucional referido ha sido disfrazado de una recuperación de ideas del general Lázaro Cárdenas, artífice de la expropiación petrolera de 1938. La publicidad oficial ha recurrido incluso a apropiarse de la consigna opositora “no a la privatización”. “Pemex no se privatiza”, reza el discurso, en lo que constituye una declaración tramposa, habida cuenta de que no es necesario convertir a la paraestatal en una entidad privada para transferir a manos de particulares tramos sustanciales de la industria petrolera. En efecto, en la lógica de la modificación legal propuesta, Pemex podría terminar como oficina pública encargada de asignar contratos de exploración, explotación, refinamiento y transporte a consorcios privados nacionales pero, sobre todo, extranjeros. Se trata, pues, de una iniciativa vergonzante que no se atreve a enunciar su razón y su esencia verdaderas: la transferencia a manos privadas de una parte fundamental y estratégica de la riqueza pública del país y una operación sumamente lesiva para los intereses nacionales y populares.


Alejandro Nadal La reforma en materia energética impulsada por el gobierno pretende aniquilar la autonomía patrimonial de México. Las medidas propuestas carecen de sustento jurídico y no se justifican desde el punto de vista económico. Es un paso más en la consolidación del neoliberalismo y en el sometimiento del pueblo de México a la rapacidad del capital nacional e internacional. Es el último ejemplo de la profunda crisis por la que atraviesa el Estado mexicano. Desde el punto de vista económico, nada justifica la privatización embozada. El paquete de política macroeconómica y sectorial que constituye el alma del modelo neoliberal impuesto en México no permite crecer, ni mucho menos acercarnos al desarrollo económico y social. El tipo de inversiones que serán atraídas por la privatización no generarán un número elevado de empleos y carecerán de los eslabonamientos industriales que se requieren para dar impulsos dinámicos a la economía mexicana. La promesa de reducciones de precios de gasolinas y luz no tiene ningún fundamento. Recuerda las promesas huecas sobre la reducción del precio de la tortilla cuando se incluyó el maíz en el TLC y la palabrería sobre la disminución en el costo de los servicios financieros cuando se privatizó y se liberalizó la banca. En cuanto al régimen fiscal, ya sabemos que el gobierno buscará próximamente incrementar el IVA e imponerlo sobre alimentos y medicinas para compensar el agujero que dejará la privatización de Pemex. Claro que existen alternativas para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Pero no pasan por profundizar el modelo neoliberal que está detrás de la crisis que hoy hunde a la economía mundial. La inconstitucionalidad de la reforma propuesta es indiscutible. El gobierno pretende erigir al Congreso como un órgano revisor de la Constitución. No es la primera vez que lo hace, pero esta forma de proceder ignora que el Congreso en sus funciones normales no puede desempeñarse como revisor de las decisiones políticas fundamentales plasmadas en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien señaló Mario de la Cueva, para evitar la simulación y la destrucción de los conceptos medulares de una Constitución política, el poder revisor constitucional no puede ser ilimitado. El Congreso de la Unión no es depositario de las facultades y atribuciones que tuvo en su momento el poder Constituyente de 1917. No hay que olvidar un hecho fundamental. El texto original del artículo 27 de la Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos emanado del Constituyente de 1917 es muy claro: “Tratándose del petróleo y de los carburos del hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. Ningún órgano revisor puede alterar este precepto sin romper el orden constitucional. Es cierto que las constituciones pueden modificarse, pero para hacerlo, el poder revisor debe ser ejercido exclusivamente por una instancia que pueda equipararse al Congreso Constituyente. Para ello se requieren figuras jurídico-políticas que son esencialmente distintas del Congreso en sus funciones legislativas convencionales. A contrario sensu, si el Congreso de la Unión puede arrogarse facultades que sólo competen al Constituyente, el orden político fundamental estará constantemente amenazado. La simulación y el engaño pueden erigirse en norma de gobierno, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país. El caos y la violencia que hoy vivimos es en buena medida resultado de muchos años de convertir a la Constitución en un simple reglamento que fue modificado por una reforma constitucional cada vez que se le antojaba al gobierno en turno. El poder revisor consagrado en el artículo 135 constitucional no da un cheque en blanco al Congreso para reformar la Carta Magna. Ese poder revisor está limitado. El artículo 136 constitucional define que de establecerse un gobierno contrario a los principios que la Constitución sanciona, “tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia”. ¿De qué principios fundamentales está hablando el Constituyente? Por supuesto que está refiriéndose a la Constitución del Estado republicano, con división de poderes, basado en el reconocimiento de los derechos humanos y el régimen de derecho. Pero también está haciendo referencia a los principios relacionados y emanados de las luchas del pueblo mexicano por ser dueño de su propio destino. Y no hay mejor ejemplo que la resistencia del pueblo mexicano frente a los designios del imperio económico y las tentativas de despojo. Esa es la razón de ser del artículo 27 constitucional. El intento de llevar a cabo la privatización encubierta del petróleo mexicano es el último ejemplo de la captura de la que es objeto el gobierno mexicano por parte de las grandes corporaciones, nacionales e internacionales, desde que se impuso el modelo neoliberal. Debe ser rechazado enérgicamente por el pueblo de México.

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Jesusa Cervantes La reforma energética propuesta por Peña Nieto amenaza con atropellar a la industria eléctrica mexicana. La iniciativa va en el sentido de acotar el uso que la nación puede hacer de sus recursos generadores de electricidad para ofrecerlos a particulares, quienes ya controlan 45% de la producción en el país. Nada indica que este cambio vaya a disminuir las tarifas; en cambio, hay señales de que podría desatar la especulación –como ocurrió en Estados Unidos con Enron– en un mercado tasado en 329 mil millones de pesos. La reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto busca que la nación renuncie a aprovechar “los bienes y recursos naturales que se requieran” para la producción de electricidad. Su iniciativa –que implica suprimir partes de la Constitución– permitiría que el capital privado, en especial las grandes trasnacionales, generara toda la electricidad que quisiera para venderla al mejor postor. Incluso deja un resquicio para que se impongan proyectos de energía renovable aun contra la voluntad de comuneros. En juego está un mercado de 329 mil millones de pesos, que hoy todavía controlan manos públicas. De acuerdo con trabajadores y jubilados de la industria, esta reforma entrega “la pechuga del negocio eléctrico” a los empresarios. Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) consideran que la participación privada se concentraría en las zonas de mayor consumo, en detrimento de quienes no pudieran pagar un servicio de primera. Esto implicaría que la CFE deviniera en empresa deficitaria: “Se va a chatarrizar y en un futuro no muy lejano morirá de inanición porque le van a dejar la parte más costosa del negocio: las zonas populares”, vaticina Francisco Carrillo Soberón, jubilado de LFC y encargado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Ni siquiera bajarán las tarifas, pronostica. “No hay experiencia exitosa de mercado en el mundo. Aquí se correrá el peligro de que empiece una guerra especulativa en el mercado eléctrico, como lo hizo Enron en Estados Unidos. La especulación, el encarecimiento y el boicot

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entre empresas generadoras y vendedoras de electricidad es nuestro futuro”. Recuerda que en 2001 lo que pasó en Estados Unidos fue que las empresas de energía eléctrica se pusieron de acuerdo para golpear a la competencia y para que hubiera mayor demanda de energía. “De repente se descomponían todas las máquinas de muchas empresas y ya no había oferta de electricidad. Así las tarifas subían en lugar de bajar”, dice Carrillo.

A la vista

Según el balance de fuerzas en el Congreso federal y en las legislaturas estatales (donde dominan PRI, PAN, PVEM y Panal, partidos en favor de la apertura), la propuesta de modificar los artículos constitucionales 27 y 28 tiene grandes probabilidades de pasar. La reforma camina así en sentido contrario a los deseos de buena parte de los trabajadores del sector. El pasado miércoles 14 y durante el acto por el 76 aniversario de la CFE, el dirigente nacional del SUTERM, Víctor Fuentes del Villar, lanzó ante Peña Nieto: “Lo que solicitamos es que no haya una alta concentración de plantas generadoras en una sola empresa y que se impongan límites a la participación privada en cada modalidad de generación”. Lo dijo porque, de hecho, 45% de la generación de energía eléctrica en el país ya está en manos privadas, sobre todo de las trasnacionales estadunidenses AES, Intergen y Sempra Energy; españolas como Iberdrola, Unión Fenosa, Mareña y Endesa; la canadiense Transalta, la japonesa Mitsubishi y la belga Tractebel (heredera de Enron). En su mayoría, acusa, simulan permisos de autoconsumo, pero en realidad venden la energía, algo que hasta hoy es potestad exclusiva de la CFE. Por esto, expertos como el ingeniero Adolfo Miranda Torres (también jubilado de la CFE) presentan una demanda radical: “Que no se entregue ni un permiso más de ‘producción independiente’ y menos aún de ‘autoabasto’”.


Estas exigencias han sido desoídas por el gobierno peñanietista, que propone eliminar la exclusividad de la nación para “generar, conducir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público”, tal como establece el artículo 27 constitucional. Pero aún más grave, acusa el también jubilado de LFC Francisco Carrillo: “El Estado mexicano renuncia a su soberanía en viento, agua y sol” al eliminar totalmente la última frase del párrafo quinto del artículo 27, que a la letra dice: “La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. El peligro, advierte, es que “el derecho sobre las tierras y las aguas que hoy son de comunidades indígenas y campesinas se puede conceder a los extranjeros para que instalen sus parques eólicos o presas, sin importarles la parte social y la protección de recursos naturales”.

La pechuga

Antes de diciembre de 1992 todo el servicio de energía lo generaban, entregaban y comercializaban la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro. Luego el gobierno de Carlos Salinas de Gortari inició una lenta privatización. Como parte de su estrategia dejó intacta la parte de la Constitución que establece: “Es uso exclusivo de la nación” generar y distribuir la energía eléctrica “que tenga como objetivo el servicio público”. Sin embargo modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En su artículo tercero hizo excepciones de lo que se entiende por “servicio público”. Ahí englobó la generación de energía para “autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente y la exportación e importación”. El objetivo, se dijo, era aligerar la carga de las paraestatales sin menoscabar la soberanía estatal. Así, de 1994 a 2013 el gobierno ha entregado 918 permisos a particulares en todas las modalidades “excepcionales”. Los primeros permisos fueron entregados en 1996 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que depende de la Sener. La estadunidense AES y la española Iberdrola fueron las primeras trasnacionales en recibir permisos de “productor independiente”. Esta modalidad permite a un particular generar energía a condición de que toda se la venda a la CFE. Se espera que el costo de venta sea pequeño, para que la paraestatal pueda comprarla y así ofrecer un precio reducido a la población.

Sin embargo, nunca se estableció el círculo virtuoso. El ingeniero Adolfo Miranda Torres, quien durante 19 años fue jefe de Programación y Evaluación de Proyectos de la CFE, explica el procedimiento: “La empresa extranjera que tiene el permiso financia su planta generadora en 80% con dinero de un banco, que le cobra 6% de interés. El 20% del costo de la planta ella lo pone… pero se lo cobra a la CFE con 25% de interés. A final de cuentas la CFE termina pagando más por su energía debido al alto interés que le cobra la privada, lo que impide que las tarifas bajen”. En contraparte hay ejemplos que evidencian que sí es posible que las instalaciones de la CFE tengan costos más bajos que las privadas. “La planta Durango, de agosto de 2001 (operada por Unión Fenosa) y la Tamazunchale, de julio de 2011 (operada por Iberdrola), son de ciclo combinado. También hay dos plantas de la CFE, la San Lorenzo, de diciembre de 2009, y la Emilio Portes Gil, de octubre de 2007, también de ciclo combinado. La antigüedad y la tecnología utilizadas son las mismas, pero en las plantas de la CFE el costo de generación de energía es de 0.5% hasta 5% más bajo que el privado. Ésta es una muestra de que la Comisión Federal no requería de esos permisos que se le entregaron a los privados”, describe Carrillo Soberón. De 1997 a 2013 la CRE ha entregado 28 permisos sólo en la modalidad de “productor independiente”. De ellos, siete fueron para Iberdrola, que en abril pasado hizo integrante de su Consejo de Administración a Georgina Kessel, secretaria de Energía de Felipe Calderón y directora de la CRE en el último año de gobierno de Ernesto Zedillo. El octavo permiso está en manos del consorcio AES; dos los tiene Intergen; tres, Mitsubishi; tres, Unión Fenosa; dos, Transalta y cinco eran de la empresa francesa EDF, pero los traspasó a compañías estadunidenses. Los cinco restantes se otorgaron a empresas más pequeñas. Carrillo Soberón abunda: “Los cambios a la Constitución permitirían la venta y comercialización de la energía: estos permisos, que eran para venta exclusiva a la CFE, permitirán vender a cualquier usuario, quitándole mercado a la paraestatal”. Hay un segundo tipo de licencias: las de autoabastecimiento, de las que se han entregado 737 licencias. Según el ingeniero de la CFE Adolfo Miranda Torres, han sido “una verdadera simulación”. Esta figura avala que una empresa genere la energía que necesita. No obstante la ley ha sido burlada: se constituye una “sociedad de autoconsumo” formada por varios socios que “en realidad son clientes de un productor”.

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“Pero como según la Constitución no puede generar ni vender energía se le da la vuelta a la ley incluyéndolos como socios”, explica. En esta categoría las empresas líderes son, de nuevo, las españolas Iberdrola, Endesa y Mareña y las estadunidenses que recibieron las cesiones de EDF. Estas trasnacionales venden la energía “de autoconsumo” a cientos de municipios del país. En la mayoría de los planes de expansión de estas firmas se incluyen como futuros socios a más municipios y grandes empresas, del tamaño de Bimbo y Soriana. Así, los grandes consumidores le están pagando la luz a trasnacionales y no a la CFE. Existe un tercer tipo de permiso: el de “cogeneración”. Éste se expide a corporaciones con procesos que generan energía: “Hay una parte que utilizan para autoconsumo, pero lo que les resta lo deben vender a la CFE; es su excedente”, explica Jesús Navarrete Castellanos, del SUTERM. El problema, detalla, es que –como en la “autogeneración”– el empresario incluye a varios socios que en realidad son sus clientes. Es tal el absurdo, añade, que incluso existen zonas habitacionales registradas como “cogeneradoras”. La pregunta es cómo un fraccionamiento puede producir energía –y tener excedentes– si no posee una sola instalación industrial.

Un ejemplo es el permiso E/925/COG/2012, entregado a la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Valle Real A. C., en el fraccionamiento Valle Real de Zapopan, Jalisco. Aquí, la luz de los 139 colonos la vende la Asociación, cuando debieran comprarla a la CFE. De 1996 a 2013 se han entregado 85 permisos de este tipo. Otra licencia llama la atención. Fue entregada en 2000 a Enron, que un año después y tras un escándalo generado por la especulación en los precios de la energía en Estados Unidos, tuvo que declararse en quiebra. Dos de sus directivos más importantes siguen presos. Al estallar el escándalo, Enron se alió en México con la trasnacional belga Tractebel, a la que “cedió” su licencia (a la fecha ese permiso sigue operando). Tres años después, en 2003, Tractebel recibió de la CRE otro permiso de “cogeneración”. Hoy todos los avales entregados a la iniciativa privada, mexicana o extranjera, explicitan la prohibición

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de vender energía a empresas o al consumidor particular. Sin embargo, con las modificaciones constitucionales propuestas esta barrera se eliminaría para dar paso al libre mercado.

El titular de SCT, beneficiado

Un ejemplo claro de hacia dónde va la reforma eléctrica es el permiso E/295/AUT/2004, entregado en 2004 en la modalidad de “autogeneración” a la Operadora del Noroeste del Valle de México, S. A. de C. V. Entre sus “socios” la empresa incluye a personas físicas y consorcios. Con los años el permiso ha tenido modificaciones, entre las que destacan el aumento en la capacidad generadora de energía y, por consiguiente, el incremento de socios. Según la resolución RES/072/2013, entregada el 28 de febrero pasado, entre sus nuevos asociados figura un colaborador de Enrique Peña Nieto. Se trata del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien cuando se entregó el permiso era el director de Administración de la CFE (1999-2005). Es un hombre que según su currículum “coordinó las bases de la reforma energética instrumentada en 2003” por Vicente Fox, que nunca se aprobó pero del que abreva la actual iniciativa presidencial. “El titular de la SCT no le paga su luz a la CFE; se la compra a una empresa privada, como cientos de vecinos que están de socios en esa empresa. Y hacia allá va toda la reforma: que los privados sean quienes nos vendan la energía y no la paraestatal”, concluye Carrillo Soberón.


Arturo Rodríguez García Profesionales de la comunicación consultados por Proceso desmontan el mecanismo de la propaganda oficial sobre la reforma energética y advierten que no está dirigido a convencer con argumentos o a estimular la discusión; es, afirman, un intento de rebasar a la oposición por la izquierda, quitándole fuerza a sus protestas. Para ellos, las citas de Lázaro Cárdenas le ofrecen un asidero al sector del PRD que puede apoyar al presidente en el marco del Pacto por México y las imágenes idílicas satisfacen a un sector de la población… Lo que falta es que el Ejecutivo aporte datos duros, planes y estudios que sustenten la conveniencia de abrir más el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.

El promocional inicia con la toma aérea de una estructura petrolera. Un locutor en off dice “el petróleo es nuestro” y un niño muestra sus manos manchadas de negro; cuando la voz afirma “el sol es nuestro”, otro niño feliz voltea al cielo, y cuando dice “el viento es nuestro”, otro pequeño corre. Después, juegan entre celdas solares y en campos de energía eólica, mientras la voz dice que por eso “decimos no a la privatización y sí a la reforma energética”. Todos felices. Así promueve el gobierno federal la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales. Los mensajes, que se han apoderado de los medios electrónicos, así como de planas enteras pagadas en la mayoría de los diarios de circulación nacional, son congruentes con la iniciativa al menos en un aspecto: no explican los alcances del proyecto presidencial, la magnitud de la reforma, su impacto fiscal ni el significado de las palabras que en el debate público ya se están interpretando como eufemismos. Para el gobierno sólo se necesita una declaración, un eslogan: “No a la privatización y sí a la reforma energética”. Desde el lunes 12, cuando presentó su iniciativa, Peña Nieto refuerza la campaña publicitaria al insistir en que actúa conforme al artículo 27 constitucional que propuso en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas; también afirma que los beneficios se reflejarán en la economía familiar y que “Pemex y la CFE no se venden”.

Según los expertos en mercadotecnia política consultados por Proceso, el propósito es claro: usar la publicidad persuasiva, no informativa, para ganar el apoyo de la opinión pública y anticiparse a los argumentos nacionalistas, históricos y sociales de la izquierda, a fin de que ésta reme a contracorriente en el debate público. En la presentación de la iniciativa presidencial, 40 minutos bastaron para que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ofreciera el diagnóstico del sector y Peña Nieto describiera su propuesta en general. Según Coldwell, la generación de energía repercute en el 92.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y mientras que en otros países la producción crece y la demanda aumenta, México no ha avanzado a pesar de que la inversión en el sector se ha multiplicado por siete en los últimos 15 años; el país importa la tercera parte del gas que consume, y la producción de Cantarell se agota, en tanto que disminuye la exploración y extracción en aguas someras y en el subsuelo continental. El secretario siguió pintando de negro el escenario energético: Las pérdidas en refinación ya alcanzan 155 mil millones de pesos en nueve años, no hay producción de gas de lutitas (rocas gasíferas), faltan gasoductos, los poliductos están saturados y el transporte en vehículos es 13 veces más caro. Además, dijo, en México la electricidad es 25% más cara que en Estados Unidos y el subsidio eléctrico representa el .75% del PIB; se tiene que producir electricidad con diesel y combustóleo, ambos caros y contaminantes. La seguridad energética de México está en peligro. En el guión de Joaquín Coldwell se indica que el futuro está en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México; en campos de gas y lutitas, al norte, y en el yacimiento de Chicontepec, pero es necesario que el gobierno se asocie con quienes poseen el capital, la tecnología y los conocimientos. Y en el discurso de Peña Nieto predominó, a su vez, la promesa fácil: La reforma energética elevará la calidad de vida de los mexicanos, aprovechando sus recursos bajo la rectoría del Estado; la gente sentirá los beneficios en sus bolsillos; la economía volverá a crecer como no lo ha hecho en décadas; bajará el precio de la luz y el gas; se crearán cientos de miles de empleos y las empresas serán más

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competitivas. También habrá más fertilizantes, el campo será productivo y habrá más alimentos a mejor precio. En ningún momento el presidente ni su secretario de Energía abordaron aspectos técnicos claros. No mencionaron el artículo 28 constitucional, el cual establece la exclusividad del Estado sobre las áreas estratégicas. El discurso de Peña Nieto manoseó una cita de Lázaro Cárdenas bajo el supuesto de que el texto constitucional de 1938 admite la participación de particulares en la producción. Expuso otros cuatro planeamientos: un nuevo régimen fiscal para Pemex, que se propondrá con la reforma hacendaria en septiembre; la reestructuración de dicha paraestatal, cuyas subsidiarias se integrarán en las divisiones Exploración y Producción, y Transformación Industrial. Finalmente, aludió a “reglas de contenido nacional en las compras y proyectos de infraestructura”. En cuanto al sector eléctrico, Peña Nieto busca la participación de particulares en la producción de electricidad de uso público; mantener el control sobre las redes de transmisión y distribución; reducir los costos de operación y organización de la CFE; reforzar las facultades de planeación y rectoría de la Sener y la Comisión Reguladora de Energía y, finalmente, invertir más en fuentes de energía limpia. En resumen, según Peña Nieto, Pemex y la CFE no se venden ni se privatizan; sólo se fortalecerán y modernizarán para que haya más empleos, se beneficie la economía familiar y se impulse el crecimiento del país, como lo hizo Lázaro Cárdenas en 1938.

Madruguete Mediático

La iniciativa del Ejecutivo fue enviada a la Cámara de Senadores un día después de su presentación pública. Posteriormente los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y de Hacienda, Luis Videgaray, comenzaron a aparecer en programas de radio y de televisión para difundirla. De manera simultánea, el gobierno federal desplegó una costosa —y ostentosa— campaña en medios para decir lo mismo. Especialistas en comunicación estratégica y mercadotecnia política consideran que ese recurso propagandístico no informa sobre aspectos fundamentales

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del debate porque está diseñado para persuadir y ganar emotivamente a la opinión pública. Pero estiman que, pese a su falta de contenidos, su impacto llegará hasta el debate legislativo. Para los entrevistados, el gobierno acierta al usar la imagen de Lázaro Cárdenas en su actual campaña. Especialista en comunicación política por el Centro Europeo Universitario, de la ciudad italiana de Florencia, Manuel Alejandro Guerrero Martínez opina que el Ejecutivo es consciente de que el tema energético es fundamental y define la identidad del país, pues el nacionalismo revolucionario fincó la modernización del Estado en la expropiación petrolera. También investigador de la Universidad Iberoamericana, Guerrero Martínez dice que la administración de Peña Nieto se adelantó a la oposición con un movimiento dirigido a la ciudadanía, que históricamente, según diversas encuestas, se opone en su mayoría a la idea de privatizar la industria petrolera. Como Cárdenas es el ex presidente más popular y en el imaginario colectivo su gobierno se asocia a los intereses nacionalistas y el Estado social, explica, usarlo como referente de la reforma sirve para contrarrestar la legitimidad de las críticas. “¿Ahora con qué argumentos históricos la oposición puede contrarrestar el discurso? Se lo arrebataron. Al menos en este momento, en términos de este mensaje, discursiva y narrativamente la han descobijado”, puntualiza. Por eso, advierte, “la oposición tendrá que pensar muy bien cómo armar su discurso en cuanto identifique los aspectos concretos que sean contrarios al mensaje que el gobierno está dando. En este discurso y la narrativa muy amplia, los dejaron nadando a contracorriente”. El catedrático del área de Mercadotecnia Global del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Sergio Negrete Cárdenas observa que con su campaña publicitaria el gobierno invadió “el campo izquierdo” del debate frente al PRD, dividido entre la corriente que ostenta la dirigencia y quienes no se han ido a Morena pero responden a López Obrador, el único que se opondrá de manera activa a la reforma. Negrete, quien es doctor en economía política por la Universidad de Essex, en Reino Unido, señala que en esta coyuntura “usar la figura de Cárdenas le da un buen asidero a los agentes del PRD que son pro Pacto por México”. Explica: “Eso de por sí iba a ocurrir: el PRD, a diferencia del PAN, no había presentado iniciativa propia. Dejaron el campo abierto en todos los aspectos;


no se comprometieron ni fijaron postura antes de conocer la iniciativa. En ese sentido (Peña Nieto) lleva mano: el gobierno gobierna y las oposiciones se oponen o no, dependiendo de la circunstancia”. Añade que ahora el PRD tiene la posibilidad “cómoda” de pedir un plebiscito, que “dado el manejo electoral” en México no servirá más que para legitimar la reforma.

“Palabra por palabra”

Un hombre joven y desenfadado aparece a cuadro. Al fondo, una melodía a base de sintetizador acompaña su voz clara, amable y fresca, que en opinión de la experta Ana Vásquez Colmenares rompe los esquemas tradicionales de la comunicación política. Al fondo del joven se proyectan imágenes en blanco y negro, donde aparece el presidente Lázaro Cárdenas hace 75 años, en los días de la expropiación petrolera. Ahí ensalza la obra del general y afirma que su decreto se cumplirá “palabra por palabra”. Y aunque Peña Nieto promete transparencia y rendición de cuentas en el sector energético, ni siquiera la campaña es transparente. Hasta ahora no se sabe cuánto costó ni quién la diseñó, aunque fuentes consultadas señalan hacia Ana María Olabuenaga, creadora de los spots “Soy totalmente Palacio”, del Palacio de Hierro, y quien asesoró en marketing político a Peña Nieto como candidato presidencial. A fin de confirmar o desechar esta versión, el reportero solicitó entrevistas con Olabuenaga y con quienes son responsables de comunicación en la Sener. Asimismo se buscó la respuesta de la Secretaría de Gobernación en el área donde deben registrarse las campañas y planes de medios, y del coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, David López. Todo en vano. Los recursos destinados a promover la reforma se desconocen. La tarde del jueves 15 el propio David López y la directora general de Normatividad en Medios de Gobernación, Norma Angélica Morales, se reunieron en Los Pinos para evaluar la campaña con otros participantes en su diseño y seguimiento, pero no ofrecieron detalles de lo que abordaron.

Calderón la propaganda gubernamental se centró en símbolos y en imágenes asociadas al Estado (policía, Ejército, el Palacio Nacional…), mientras que con Peña Nieto se presenta a la sociedad como una extensión del Estado. En su opinión, esto implica un cambio notable en la política de comunicación. Ahora, con mensajes al estilo de Telcel, los productos publicitarios oficiales muestran gente feliz que sonríe y disfruta la vida, mientras se afirma que las fuentes de energía “nos pertenecen” y el gobierno no se las va a regalar a nadie. En cuanto a los símbolos, el doctor Negrete Cárdenas indica que se manejan imágenes de energía limpia cuando sólo uno de los 10 puntos enumerados por Peña Nieto aborda el asunto de manera muy general, ya que las prioridades son el petróleo y el gas, los combustibles más contaminantes. Vásquez Colmenares, quien también es catedrática del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), destaca otras formas de persuasión subjetiva: las imágenes de los niños y de escenarios energéticos, asociados con un discurso nacionalista, aluden al futuro del país, la música que se oye cuando los niños se mueven en cámara lenta refuerza el lenguaje no verbal para expresar que están felices, y el niño inmerso en el agua, que aparece en plana entera en los diarios, evoca el vientre materno: puros referentes positivos. Aun cuando la investigadora detecta que la producción de estos spots se basó en un trabajo intenso de medición de opinión pública y en grupos focales, critica la selección del destinatario del mensaje: el segmento ABC+, es decir, el público con poder adquisitivo al que se dirigen también las campañas comerciales en televisión. Sostiene que las campañas que hasta ahora ha desplegado la Presidencia no representan a los pobres ni a la sociedad mexicana en su conjunto. Y en el caso específico de la costosa promoción de la reforma energética, advierte: “Hay que decir que la publicidad no sirve para cambiar ideologías. No va a servir para que cambie su idea quien está en contra. La publicidad sirve para reafirmar ideas establecidas. En ese sentido, la campaña será útil para quien no tenga opinión, pero inútil para quien esté en contra; en él no hará mella”.

En cuanto al diseño de la campaña, el investigador Guerrero Martínez comenta que en el sexenio de Felipe

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Carlos Fazio El administrador-gerente de Los Pinos, se­de ejecutiva y razón social de la empresa encargada de la compra venta de México en su fase actual, miente. Pese a tener asegurados los votos del Pacto por México para consumar el atraco del siglo a la nación −esto es, la contrarreforma energética−, Enrique Peña ha venido desplegando una demagógica y millonaria campaña de intoxicación mediática, con eje en la falsificación histórica y una distorsión y manipulación ideológica informativas. En periodismo los adjetivos sobran; pero argumentados pueden ayudar a una comprensión de los hechos. Según su definición, una mentira es una expresión que resulta contraria (en todo o en parte) a lo que se sabe, se piensa o se cree. Lo opuesto de mentira es verdad. Mentir implica un engaño intencionado y consciente. Quien miente espera que el otro crea en la veracidad de su dicho. Quien miente sabe que está incurriendo en algo falaz, pero su interlocutor puede no advertirlo. La mentira implica una falsedad y opera como sinónimo de engaño, calumnia, embuste o falacia. A quien miente se le llama mentiroso. Demagogia es una práctica política que mediante promesas falsas o infundadas manipula los sentimientos y las emociones de la población para ganarse su apoyo y convencerlas de la conveniencia de aceptar un programa de gobierno. Para el caso, la contrarreforma energética. A través de la propaganda y la retórica (como técnica de expresión para lograr la persuasión del destinatario), el demagogo busca incentivar los prejuicios, miedos y los deseos o las esperanzas de la gente para conseguir el favor popular. En última instancia, la demagogia permite atraer las decisiones de los demás hacia los intereses propios (o de la clase dominante) a partir de la utilización de falacias o mentiras. La manipulación de la información, la seudohistoria, los datos fuera de contexto y las falsas dicotomías también forman parte de la demagogia. Aristóteles definió la demagogia como la forma corrupta o degenerada de la república. La práctica demagógica busca eliminar toda oposición y según Platón y Aristóteles puede conducir a un régimen autoritario oligárquico. Plutocrático y cleptocrático, diríamos hoy. Arrogándose el derecho de interpretar los intereses de las masas como intérprete de toda la nación (de la “mexicanidad” o el “verdadero cardenismo” para el caso de marras), el demagogo confisca todo el poder y la representación del pueblo e instaura una tiranía o dictadura personal. El demagogo busca servirse de las masas para sus propios fines personales y/o de clase. Para eso cuenta con equipos de profesionales que aprovechan situaciones histórico-políticas excepcionales, dirigiéndolas para fines propios, para ganar el apoyo de la población, mediante mecanismos publicitarios, dramáticos y sicológicos. Naomi Klein le llamó la “doctrina del shock”. Hardt y Negri cuestionan como demagógicas a las democracias occidentales porque utilizan de manera intensiva técnicas publicitarias características del marketing y manipulan

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a la población a través de los medios de difusión masiva, amén de que recurren de manera sistemática a polarizaciones absolutas (maniqueas): bien-mal, democracia-populismo, desarrolloatraso. Falacia es utilizar argumentos que equivocan las relaciones lógicas entre elementos, o bien adoptan premisas evidentemente inaceptables. Al presentar información incompleta sobre su iniciativa energética, excluyendo posibles problemas y dificultades u ocultando datos, el “mágico” Peña cae en una manipulación de significados. Además, al “privatizar” de manera burda, antiética y tramposa el pensamiento y las posiciones de Lázaro Cárdenas (quien siempre priorizó el dominio de lo público y los fines sociales versus el apetito de los consorcios petroleros privados), practica la seudohistoria; no sigue las convenciones historiográficas y del método histórico y de modo artificioso busca minar los ideales cardenistas. Realiza una manipulación ideológica y escamotea la verdad vía una mala imitación que pretende hacer pasar por el objeto original. Falsedad suele vincularse con hipocresía, que se produce cuando un sujeto finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente posee; ello exhibe una ausencia de coherencia entre las ideas y las palabras o acciones. Por todo lo anterior, el pragmático mesías épico que ha prometido casi el paraíso a los mexicanos, miente. Cuando Peña y su propaganda de saturación mediática dice que “Pemex ni se vende ni se privatiza”, miente de manera perversa, deshonesta y falaz. En la jerga orwelliana (donde dice paz leer guerra), hay que entender su mensaje en el sentido de que los hidrocarburos de la nación serán entregados a las trasnacionales ExxonMobil, Chevron, Shell, BP (ex British Petroleum), Total y Repsol YPF. Igual ocurrirá en el ramo de la electricidad, un área ya penetrada por Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y otras empresas extranjeras. En parte privatizados, los hidrocarburos y la electricidad son las joyas de la corona del proyecto neoliberal. La iniciativa-trampa del “negociante” Peña es gradualista: busca una contrarreforma constitucional (artículos 27 y 28) que elimine la exclusividad del Estado en petróleo, petroquímica básica y electricidad, y consumar luego −ese es el truco− el robo de la renta energética modificando la “letra chiquita” (leyes secundarias). El ilusionista de Los Pinos −nada de lo que parece es− funge como capataz del gobierno en las sombras de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan). Es el asalariado de un puñado de plutócratas; los verdaderos amos de México. De aprobarse la contrarreforma, Peña −no ya Pemex ni la CFE− extenderá los permisos y contratos. Su suculenta tajada, pues: Business is business. Para alcanzar todo ello, si la protesta social se desborda cuenta con la prensa amaestrada, la maquinaria del PRI y el uso de la violencia represiva como último recurso. El espectáculo continúa.


Pedro Miguel** presupuesto aprobado para la dependencia. Sin pensarlo dos veces, los otros integrantes del equipo presidencial siguieron el ejemplo del funcionario pionero y en cuestión de meses habían desaparecido todas las oficinas del gobierno federal y éste, reducido a su titular y al gabinete ampliado, empezó a funcionar mejor que nunca. El trabajo de los secretarios se redujo notablemente; de hecho, quedó limitado a transmitir las directrices del jefe de Y una vez que hubieron vendido las líneas aéreas, los Estado a los ejecutivos de cuenta que atendían a cada complejos metalúrgicos, los ferrocarriles, las una de las dependencias. telecomunicaciones y los ingenios; cuando ya habían Los resultados fueron espectaculares: la concesionado a particulares los yacimientos minerales, corrupción disminuyó bruscamente, se superó la los puertos y aeropuertos, las autopistas, las vías lentitud burocrática, cesaron de golpe las demandas urbanas, las cárceles y la vigilancia policial en puntos estratégicos; concretada la abdicación al dominio laborales y la proveedora de servicios, que hasta antes exclusivo del sector energético, y establecido el era una pequeña empresa propiedad de un pariente mercado del agua potable, empezaron a pelear entre político del secretario, se convirtió en un enorme ellos por los contratos, los mercados, las comisiones y corporativo de servicios que cotizaba en la bolsa, pagaba impuestos y, lo más importante, generaba las mordidas. decenas de miles de empleos bien remunerados. El problema se resolvió en el corto plazo porque Muchos de los trabajadores reclutados por esa aún era posible entregar en concesión la explotación de corporación cumplieron su sueño de adquirir casa los sitios arqueológicos y los monumentos nacionales. propia y automóvil austero; resultaron, por añadidura, Pero aquellas medidas no fueron suficientes. Al cabo sujetos de crédito a ojos de los bancos, los cuales de unos pocos años los hombres del poder volvieron a las recriminaciones mutuas porque la economía se emitieron alteros de tarjetas de crédito y préstamos para había estancado, el crecimiento resultaba insuficiente el consumo. De esa manera los sectores inmobiliario, y la inversión privada no encontraba alicientes para automotor y bancario resultaron fortalecidos, al igual que los grandes comercios, y unos y otros jalaron a la fluir al país. economía en su conjunto. El dinero corría a chorros Un secretario de Estado –no me acuerdo si fue el por el país, los centros comerciales se hallaban a de Agricultura o el de Energía– tuvo la idea genial: reventar y no había un hogar que no tuviera televisión tras estudiar cuidadosamente las leyes y comprobar de pantalla plana, alarma perimetral y refrigerador que no existía una prohibición expresa para llevarla a con fábrica de hielos; no, al menos, entre los hogares cabo, eliminó todas las plazas de la dependencia que de la gente seria y responsable, la que sabe apreciar le había sido encomendada, menos la suya, y contrató el sentido de la oportunidad, la que se esfuerza a una empresa en calidad de proveedor de servicios: la por alcanzar sus objetivos, no se arredra ante las compañía se haría cargo de todas las tareas, desde las dificultades y asume los valores de la competitividad decisiones que antes tomaban los subsecretarios hasta y la productividad. Los medios extranjeros cantaron la asistencia de oficina, pasando por la conformación las alabanzas de aquella clase política moderna y de un consejo de asesores, la venta de los bienes sagaz, y aplaudieron el ajuste estructural efectuado, el muebles e inmuebles de la secretaría (ya innecesarios), cual, dijeron, representaba un verdadero modelo para la operación de ventanillas de atención al público, el mundo. el sitio web y el suministro de comidas, material de Pero la felicidad nacional fue fugaz y en el sexenio oficina y papel de baño. A cambio, la proveedora de siguiente el modelo mostró signos de agotamiento: la servicios cobraría un cheque anual equivalente al delincuencia organizada empezó a proliferar entre las ** navegaciones.blogspot.com Twitter: Navegaciones navegaciones@yahoo.com

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colonias habitadas por personas pudientes, se hicieron habituales las balaceras entre los cuerpos de seguridad de distintos funcionarios y altos ejecutivos y algunos antisociales tomaron las calles para protestar porque se consideraban excluidos y porque los presupuestos otrora destinados a salud y educación públicas iban a parar, casi íntegros (es decir, descontando las comisiones de los funcionarios gubernamentales), a las proveedoras de servicios. Para colmo declinó el flujo de inversión extranjera directa y la economía perdió dinamismo. “No se contrajo –explicaba el director del Banco de México–; simplemente ocurre que pasa por una fase temporal y pasajera de pérdida de masa”. Poco después, sin embargo, las corporaciones que habían sustituido al gobierno quebraron una a una en forma estrepitosa y se hizo imperativo rescatarlas.

–Ya sé –dijo–. Vendamos el país.

Los presentes en la reunión de gabinete voltearon a verlo, horrorizados.

–Estás loco –le dijo el mandatario, mirándolo fijamente–. La oposición nos comería vivos. La ciudadanía nos acusaría de atentar contra la soberanía nacional.

–La oposición es nuestra desde hace tiempo y la soberanía nacional es un concepto obsoleto– argumentó el aludido con cierta altanería.

–¿Pero cómo? –se tronaba los dedos el secretario de Economía.

En esas, el consejero delegado de una de las –Simple: mediante créditos externos –lo consolaba principales prestadoras de servicios (varios de ellos su colega de Hacienda–. Somos socios modelo de tenían ya garantizada una representación en el los organismos financieros internacionales y no gabinete presidencial–, salió en defensa del secretario. tendrán objeción en colaborar en el saneamiento. En efecto, los organismos referidos acudieron en ayuda de la economía nacional; las empresas proveedoras –La idea no es mala –dijo, saboreando cada fueron adquiridas por inversionistas extranjeros palabra–. Pero necesitamos hacerla presentable a ojos (las operaciones correspondientes se realizaron vía de la población. bolsa de valores, por lo que resultaron exentas de impuestos), el gobierno volvió a funcionar, el país retomó su crecimiento y el jefe de Estado en turno –¿Qué propone usted? –preguntó el presidente en pudo entregar la banda presidencial a su sucesor sin apenas contratiempos, salvo por unas cuantas tono reverencial. protestas aisladas de fraude electoral por parte de ciertos opositores aferrados a la sed insaciable de poder que padecía su caudillo. –Qué sé yo. Consultemos con los mercadólogos.

Podríamos argumentar, por ejemplo, que en el país hay mucha corrupción y que eso se resolvería transfiriéndolo, todo, a la iniciativa privada. O bien digamos que no se trata de una venta, sino de una alianza necesaria para recuperar la productividad. Incluso podemos presentar el proyecto como una medida orientada al fortalecimiento de la soberanía.

El nuevo presidente, un político de nueva generación, brillante y previsor, consideró que era conveniente adelantarse a la crisis siguiente y empezó a consultar entre los integrantes de su gobierno (el Poder Ejecutivo federal ya había quedado, para entonces, reducido a siete personas, sin contar las fuerzas armadas y la policía, a las que no se consideró sensato privatizar). Todos se mostraban pesimistas Y así lo hicieron, y el país fue vendido. Por ante una realidad inexorable: ya no quedaba nada por desgracia, habrán notado, esto es una ficción y vender, desincorporar o concesionar. Pero de pronto cualquier semejanza con la realidad sea mera el secretario de Comunicaciones salió con una idea coincidencia. brillante:

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John Saxe-Fernández En medio de titulares en Estados Unidos sobre el fin del monopolio estatal (artículos 27 , 28 y Pemex) o que “ya era hora de que llegara la muerte, del monopolio de 75 años” (en Forbes México se anunció que “las petroleras... ya se frotan las manos”), Enrique Ochoa, subsecretario de Energía, que parece cabildero de esas petroleras, confirmó a los reporteros extranjeros en la ciudad de México que, literal: “(El plan de Peña Nieto) permite a firmas privadas como Exxon Mobil y Chevron extraer crudo por primera vez desde 1938, cambiando los artículos 27 y 28 de la Constitución”. Para calmar dudas de que el “plan” va en serio y, en efecto, aniquila la nacionalización petrolera, agregó que aunque el gobierno retiene la propiedad del petróleo, el plan es “suspender (lift) las restricciones para que las firmas registren el valor de sus contratos ante la Securities and Exchange Commission (SEC)”.

petroeléctricas.

Ochoa fue claro: “(Según la propuesta las compañías recibirían una porción de las ganancias en un modelo de riesgo compartido que también les permitiría registrarlas como un porcentaje de las reservas bajo las normas de la SEC a través de contratos de riesgo o de utilidades compartidas (que) contienen un interés económico de largo plazo, por lo que la SEC los incluye para definir el porcentaje que la compañía puede usar para registrar las reservas de un proyecto dado”. Mientras Bloomberg destacaba que para Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, los contratos propuestos son similares a los usados en Ecuador e Irán ¿para aplacar la crítica ya que ambos son integrantes de la OPEP? El orden de magnitud de la “transa/acción” lo calibró Citigroup (dueño de Banamex y de un importante bloque accionario de Exxon Mobil) así: “permitir a las firmas registrar algunas reservas les facilita financiarse”, pero quitar esas restricciones es algo secundario. Lo importante es “la propuesta del gobierno (mexicano) de modificar la Constitución para que los privados desarrollen campos (petroleros) por primera vez desde 1938”. Bloomberg agregó que si hasta ahora “el petróleo y toda la cadena productiva, refinación y distribución ha sido la propiedad legal del pueblo mexicano desde 1938” eso cambiaría. Ahora otras firmas podrían hacerlo “corriente arriba” (exploración y extracción) hasta agotar el recurso, interviniendo además “corriente abajo”, en la inmensa cadena de transformación, distribución y comercialización. La meta es que las grandes firmas le entren a todo, hasta a la combinación “petroeléctrica” que, aseguran especialistas, tiene mayor potencial para las ganancias que cada actividad por separado, algo que ha venido practicándose en México como actividad nacional desde tiempos de Cárdenas en petróleo y de López Mateos en electricidad. Lo que ahora se busca es terminar de desactivar y luego extranjerizar, las “sinergias” y ganancias

En Brasil los resultados de un “recetario” similar los sintetizó Fernando Siqueira, de la Asociación de Ingenieros de Petrobras en entrevista con Carmen Aristegui: “el cambio de la ley fue malo para Petrobras y pésimo para Brasil”. “Brasil, que tenía ciento por ciento de la propiedad del petróleo pasó a tener 10 por ciento de impuestos”. Por ser el sector tan estratégico y redituable, “una vez que se abre no se tiene más control. La apertura tiende a crecer cada vez más, las compañías, muy poderosas, presionan a la prensa, a la sociedad, presionan de tal forma que es difícil controlar (y) aunque esta apertura sea gradual, no tiene control”.

La apertura es estación de paso a más extranjerización y descontrol nacional, como en Ferrocarriles, agroindustrias, banca, etcétera. Dar curso a la competencia internacional significa que las refinerías y gasolineras de estas firmas, se desplazarían –como Coca Cola– por todo México (hasta el último rincón) –un negociazo con nuestro gas petróleo– alimentando y enviando fuera un enorme flujo de riqueza. Es todo un saqueo “integral” articulado paso a paso de tiempo atrás; una gran transa cuyo diseño por el Banco Mundial cumple la tecnocracia desde 1983, paso a paso, permitiendo: 1) contratos de riesgo, 2) que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir a Pemex en filiales separadas, 4) la competencia interna e internacional frente a Pemex y 5): privatizar Pemex.

Ya Lázaro Cárdenas advirtió a la nación que “la presencia de las compañías petroleras en México ha hecho mucho daño al país. La serie de crímenes y asesinatos dirigidos por los directivos de las empresas para asegurar sus instalaciones, su actitud altanera frente a las autoridades del país y su provocación constante para crear conflictos en el interior y en el exterior, son dolorosa experiencia de la nación mexicana, que ha pagado muy caro su vieja política de facilitar la inversión de capitales extranjeros para el desarrollo del país que habían usado algunos gobiernos anteriores como el de Calles y, por supuesto, el de Porfirio Díaz”.

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José Rigane** A poco de realizarse el acuerdo YPF-Chevron sobre Vaca Muerta impulsado por el Gobierno Nacional, y que fuera acompañado con el decreto 929/13 que habilita a más “Chevrones” en nuestro país, acaban de reprimir una de las primeras movilizaciones en su contra. La represión sobre la manifestación convocada por la CTA junto a organizaciones sociales, ambientales y políticas, que incluyó gases, balas de goma y de plomo, se produjo en las cercanías de la legislatura de la provincia de Neuquén, donde se debía tratar el acuerdo con la empresa. A poco de que se firme el acuerdo con la compañía transnacional (de origen estadounidense), demandada por Ecuador por 19 mil millones de dólares por contaminación. A poco de abrirle las puertas a la fractura hidráulica o “fracking” (técnica de extracción sobre los recursos no convencionales), que produce graves daños humanos y ambientales. A poco de firmar un acuerdo que garantizará el retroceso de la soberanía nacional: la respuesta son los palos al pueblo.

a la decisión política de entrega y sometimiento. Esto lo demuestra el acuerdo “YPF-Chevron”, que lamentablemente es una demostración más de esta política. El informe de la llamada “Comisión Zanelli” de Chile del año 2007 (la presidenta por entonces era Bachelet) y a cargo del especialista y científico Jorge Zanelli, dice: “la energía es un bien que incide directamente sobre el desarrollo. A su vez, éste constituye un factor fundamental de la seguridad nacional para un país, en tanto aporta estabilidad, cohesión social y una mejor o peor posición estratégica. Luego, es posible afirmar que la energía es un producto estratégico, en tanto constituye un recurso cuya escasez compromete el cumplimiento de los objetivos que se derivan del interés nacional”.

Entendemos, y cada vez más queda demostrado, que la energía es un bien estratégico y hace a la soberanía y a la posibilidad de desarrollo de un país. La energía hace al modelo productivo de un país, pero la situación energética mundial va empeorando con el correr de los años. Hoy más Desde hace 40 años, las políticas neoliberales que nunca ser un país productor de energía (o no implementadas en nuestro país son la base que serlo) hace a la dependencia, a la interdependencia sustentan los cambios a favor de los que detentan y al nivel de desarrollo económico y social. el poder: los grupos multinacionales. Esto es Tiene un valor estratégico mundial enorme. El imposible establecerlo sin un directo y concreto poder que tenga o no un Estado, va a depender perjuicio para el pueblo. directamente de la capacidad energética con que La instrumentación de las iniciativas que cuente. En este sentido, podemos afirmar que nada favorecen la lógica privatizadora desarrolladas de lo que sucedió y sucederá en Medio Oriente durante este tiempo, y aún vigentes en nuestro en los últimos 30 años, incluyendo guerras, territorio a través de las concesiones realizadas invasiones y procesos de desestabilización (como por décadas sobre nuestro suelo y recursos, son la inminente invasión a Siria que por estas horas realizarían tropas de los Estados Unidos y sus parte de la vigencia de aquel poder. aliados), es ajeno al tema energético. Existen La decisión de abandonar conceptos vigentes otras, pero la razón más importante es concreta, e ineludibles en el mundo, como el que proclama material y tiene que ver con el control sobre el que la energía es un “bien social” que pertenece al petróleo, el gas y el agua: sobre los recursos pueblo y que no es una mercancía (o un commodity estratégicos-energéticos mundiales. más del mercado internacional), como lo venimos También entendemos que la energía es un sosteniendo desde siempre, sigue dando sentido

* ∗ El presente artículo del compañero José Rigane, publicado el 28 de agosto de 2013, no obstante a que se refiere a hechos ocurridos en la República Argentina, se incluye en este número especial para que nos formemos una pequeña idea de lo que nos depara la reforma energética del gobierno federal (N. de Lux). ** Secretario Adjunto de la CTA Nacional y Sec. General de la FeTERA

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No! a la continua entrega de la soberanía. derecho humano. Nadie puede vivir con dignidad sobre este planeta tierra sin acceso al agua, al No! a las cláusulas secretas como tiene el gas y a la electricidad. Esta concepción sobre los acuerdo YPF-Chevron. recursos y bienes comunes requiere de mayores niveles de organización, coordinación y lucha de No! a la fractura hidráulica. Como dice el los pueblos. obispado de Neuquén: “el fin no justifica los Como dicen en su declaración sobre el medios”. acuerdo “YPF-Chevron” los compañeros de la No! a la explotación de los hidrocarburos CTA de la Provincia de Neuquén, que acaban no convencionales hasta que se certifique de ser tremendamente reprimidos: “no seremos que no contaminan ni que producen impactos cómplices de esta aberrante entrega”. ambientales. Por eso, los trabajadores y el pueblo en su No! al acuerdo con Chevron, empresa que conjunto, decimos: esta demandada en Ecuador por 19 mil millones No! a la prórroga de concesión hasta el año de dólares por contaminar  más de 500 mil hectáreas. Además, tiene juicios  similares en 2048 del área General Mosconi. Nigeria, Angola e Indonesia. No! a la entrega de los recursos estratégicos En definitiva, decimos No! a la política que son parte de nuestros bienes comunes. energética que ratifica el rumbo de la entrega, No! a la libre comercialización en el mercado el sometimiento, el saqueo de nuestros recursos externo del 20% de la producción de los y produce el daño al medio ambiente y a las personas. hidrocarburos. No! a la invasión de los territorios mapuches y demás pueblos originarios.

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Este post intentará explicar la enfermedad de Pemex, como un caso de Dr.House (y, como siempre, no es lupus). Petróleos Mexicanos (en el nombre lleva la penitencia) es una empresa paraestatal encargada de administrar los procesos de exploración, producción y comercialización del petróleo y ciertos derivados. Pemex es un operador (extrae hidrocarburos) pero no es dueño de los recursos, (le pertenecen a México).

¿Cuáles son los síntomas qué presenta Pemex? El paciente presenta anemia de capital (no tiene dinero para invertir), bajos niveles de hemoglobina (tiene pocas reservas petroleras) por lo que requiere transfusiones sanguíneas (inversión privada). El dolor le impide realizar cualquier tipo de esfuerzo (inversión), Pemex no está bien porque parte de la sangre (ingresos) va directo a otro paciente enfermo de recursos (Hacienda).

Historial clínico En 1938, Cárdenas nacionalizó el sector de la energía y creó Pemex. La medida fue fundamentalmente pragmática (es decir, práctica). Las empresas extranjeras podían invertir, aunque no podían poseer el petróleo que se producía, había un alto grado de riesgo político. Esto duró hasta 1958, cuando se estableció el régimen regulatorio vigente; Pemex podía celebrar contratos de obra o prestación de servicios, mientras las remuneraciones pactadas fuesen en efectivo y no como porcentaje de lo que se obtuviera; eliminando el régimen de concesiones. El descubrimiento del enorme campo Cantarell, en 1976, trajo abundancia, pero sin reposición de inversiones y las nuevas tecnologías. Desde 2004, México importa, a precios poco competitivos, 25% del gas natural que consume. Si sigue así, Pemex puede volverse importador neto de recursos que tiene, como gas y petróleo, pero que no puede extraer porque su estructura productiva es ineficiente, su legislación arcaica y sus empresas energéticas ineficaces.

Diagnóstico de la enfermedad Los médicos de cabecera de Pemex le dan un tiempo de vida de 10 años (las reservas probadas de petróleo alcanzan para una década). Pemex, durante mucho tiempo tuvo buena circulación sanguínea (México contaba con grandes yacimientos de fácil extracción, como Cantarell), pero le dio anemia (agotó su petróleo de fácil extracción). Pemex no tiene tecnología ni dinero suficientes para explotar nuevos campos. Necesita socios. Además, la gran enfermedad de Pemex proviene del régimen fiscal que tiene desde 1980. No existe una legislación fiscal para la industria petrolera, es decir, Pemex no puede invertir porque la mayoría de sus ganancias se van a Hacienda.

Tratamiento oficial Actualmente, Pemex sólo se ha tratado con transfusiones (subcontrata una extensa variedad de proveedores y servicios de perforación, ingeniería y construcción), porque su papá (el Estado) toma todas las decisiones por él porque es hijo único (monopolio estatal), impidiendo la participación de más donantes (inversión privada), como Pemex ya es un

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http://www.sopitas.com/site/242243-cual-es-la-enfermedad-de-pemex/


niño grande, quiere hablar con los directores del hospital (Congreso de la Unión) para que modifiquen sus reglas (Artículos 27 y 28) y permitir algunos intentos de transplante de médula ósea (reforma energética). Lo que esto significa es que, Pemex y otros pacientes con casos similares (Comisión Nacional de Energía), se mantendrán bajo el yugo familiar (propiedad estatal) pero se va a permitir que los donantes hagan su intento de transplantes (contratos de utilidad compartida) y compartirán los gastos del hospital (Estado, Pemex, empresas externas); si funciona el tratamiento, es decir, si las empresas privadas logran extraer petróleo de los pozos profundos, el papá (Estado Mexicano) les pagará (utilidad compartida). Es importante mencionar que se supone que este tipo de contratos implican que el Estado comparte sólo las ganancias del petróleo una vez vendido y no el petróleo mismo. Se sabe que el mejor donante sería algún hermano (alguna empresa mexicana) porque cuando se recurre a otros donantes no compatibles, los resultados de supervivencia son inferiores (inversión extranjera), el problema es que Pemex no tiene hermanos, así que la lista de posibles donadores incluye:

Las 7 hermanas del petróleo, (dicen que son 7, en realidad son 5 norteamericanas y 2 primas británicas): ESSO (Standard Oil de New Jersey) Mobil (Standard de New York) Gulf Oil TexacoChevron (Standard de California) Royal Dutch ShellAnglo Persian Co (más tarde British Petroleum o BP)

Las “nuevas 7 hermanas”: ARAMCO Gazprom-Rosneft China National Petroleum Corporation (CNPC) NIOC PDVSA Petronas Petrobrás

¿Y este enfermo por qué me importa? La importancia de Pemex radica en ser el mejor donante de México (es la empresa pública más grande y el mayor contribuyente fiscal). Desde hace aproximadamente dos décadas, los recursos de la nación provienen en un 30 por ciento por ingresos de la venta, producción y explotación de hidrocarburos. El problema es que, al estar en función del precio del petróleo, cuando éste disminuye, el presupuesto del gobierno federal también, provocando recortes en el gasto, principalmente en rubros sociales. Algo que no se cuestiona en las bondades de los donadores (inversión privada) es el costo de la corrupción. ¿Cuánto se pierde debido a la corrupción? ¿No será que ahora la renta petrolera en vez de que el Estado y el sindicato se la lleven, se la repartirán entre tres: sindicato, privados y el Estado? Antes del trasplante, podrían intentar la quimioterapia para destruir cualquier tipo de células cancerosas (corrupción en Pemex).

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El tratamiento que quiere impulsar el gobierno es paliativo, busca atraer la inversión extranjera directa, sobre todo en el desafío de las obras de aguas profundas y no convencionales, como el shale gas y el shale oil, resulta muy apresurado promover inversiones sin tener certeza acerca de las reservas de este gas en el país; ninguna apertura del mercado energético mexicano será exitosa sin una política transparente de precios y subsidios. México debería garantizar primero el suministro para las refinerías y hacerlas trabajar, con eso dejar de importar gasolinas.

Medicina alternativa Se debe diseñar una legislación fiscal petrolera específica para Pemex, sus organismos subsidiarios y sus filiales. Además debe existir una legislación fiscal para la industria petrolera privada y se debe crear una administración fiscal para atender a los contribuyentes del sector de hidrocarburos, sector eléctrico y sector de energías alternativas (es decir, un organismo que regule la cantidad de dinero que Pemex destina a hacienda y su gasto corriente). Pemex no invierte de acuerdo a la infraestructura que necesita sino de acuerdo al dinero que le tiene que dar a Hacienda. La experiencia mexicana nos ha demostrado con las concesiones de televisión, la privatización de Teléfonos de México y la privatización de la banca, los monopolios públicos se convirtieron en monopolios privados, el Estado mexicano nos entregó como consumidores en manos de capitalistas voraces que no tienen el menor interés en darnos un buen servicio y el abaratar los precios. Porque el interés de lo público es distinto que el privado. Una segunda opinión de Dr.Sopitas.com, indica que Pemex tiene Síndrome de Münchaussen, una enfermedad mental en la que el paciente simula los síntomas; es decir que esta empresa se causa a sí misma problemas con el fin de llamar la atención y recibir tratamiento médico (varo). Si la situación de la empresa paraestatal es poco alentadora, es porque en los últimos años, con la más alta renta petrolera, ha existido un desangre de Pemex (dispendio de recursos), un manejo poco transparente y el impulso hacia su propia quiebra.

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Adolfo Gilly

Escribo estas líneas con aprensión y con miedo: aprensión ante el proceso de entrega de la soberanía nacional a la poderosa nación vecina en el cual están embarcados el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados en el Pacto por México, porque qué es un pacto sino una alianza con fines precisos; miedo, porque es el sentimiento que hoy vive cada mexicano y cada mexicana por la suerte inmediata, cotidiana, de sus familias, sus amigos, su persona en esta tierra, que ha sido convertida en un país sin ley –y por tanto sin justicia y sin derecho– por la sólida alianza de intereses entre el crimen y las grandes finanzas nacionales e internacionales. Este es el contexto en el cual la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales se conforma como la entrega a un solo postor –Estados Unidos– de los derechos sobre el subsuelo y buena parte del suelo y de los recursos naturales de la nación.

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El petróleo es un recurso estratégico, según lo define hasta hoy el artículo 28 de la Constitución. Estrategia quiere decir “dirección y conducción de la guerra o de las guerras”. No hay soberanía nacional sin estrategia y sin recursos que la sustenten y, a su vez, sean protegidos por esa estrategia. Entregar la propiedad y el control de esos recursos al país vecino –es decir, a sus necesidades estratégicas, o sea bélicas– no es una simple decisión económica ligada a la soberanía. Es rendir una parte de la soberanía territorial (y la soberanía es territorial o no es) a las necesidades de una potencia y de sus múltiples e interminables guerras: la de Irak, la de Afganistán, la de Libia, la inminente de Siria. Es además una gran potencia colocada en este siglo a la defensiva ante un mundo cuyo control va escapando de sus manos, aunque por ahora nadie equivalente ocupe ese lugar perdido. Esa potencia militar ya controla con sus drones, sus sistemas de espionaje, sus espías, sus agentes a sueldo en el país y sus militares y policías instalados oficialmente en México, cuanto suceda en el territorio

de esta nación y a ellos les interese. A los efectos militares –es decir, estratégicos– México es territorio ya cubierto por Estados Unidos en sus insensatos pero reales planes militares en el actual estado de cosas en el planeta. La utilización en México de las fuerzas armadas de la nación –ejército, marina, aviación, cuerpos auxiliares– para tareas de policía interna, acentuada más y más por los gobiernos recientes, es una operación que, como es sabido desde siempre, destruye la moral y la razón de ser de un ejército. América Latina está plagada de casos de esta corrosión progresiva, desde Guatemala y el golpe contra Jacobo Arbenz en 1954, patrocinado por John Foster Dulles, hasta el caso extremo de Argentina bajo Videla y Galtieri, generales que en la guerra interior contra su pueblo prepararon la derrota en las islas Malvinas de un ejército con la moral destrozada. La traición de Zedillo en la negociaciones con el EZLN y la matanza de Acteal fueron abriendo el camino para la larga empresa de desgaste de la moral de la fuerza armada de la nación, como ha sido y sigue siendo su empleo en tareas policiales que la enfrentan con la floreciente industria multinacional del narco y, peor todavía, con los movimientos indígenas y campesinos, es decir, con el México más antiguo y más profundo, según el sabio decir de Guillermo Bonfil. Cuando las poblaciones desprotegidas –cada día más– se organizan en autodefensa contra los grupos armados del crimen, los gobiernos lanzan sus ejércitos y sus policías a desarmar a esos compatriotas a quienes ellos no protegen.

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Cientos de miles de desaparecidos y asesinados; territorios enteros donde los impuestos se pagan a la industria del narco como “derecho de piso”; denegación de justicia de la cual el caso Patishtán es hoy símbolo y emblema nacional; despojo de los

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derechos de organización sindical vía destrucción (SME) o vía corrupción y charros (Pemex, SNTE, la lista es larga); disolución por inseguridad reinante del derecho a circular libremente por las carreteras del propio país; destrucción del sistema ferroviario de la nación y de parte de su flota aérea; entrega de la banca al capital extranjero y sus socios nacionales; libertad plena a Wal-Mart, Dragon Mart, Soriana y sus similares para establecer monopolios de hecho sobre sectores enteros del comercio: este es el proceso de desorganización nacional que ahora se pretende culminar con la entrega del subsuelo y de la renta petrolera al capital multinacional y a las necesidades propias de la gran potencia vecina.

como había sido resuelto en principio en 2011; y que sea el gobierno del país del norte el que tenga que resolver su problema, pues la verdad es que a los indocumentados los necesitan como fuerza de trabajo pero sin derechos. Lo vuelve a denunciar Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, el 28 de agosto en La Jornada, con motivo del descarrilamiento de La Bestia y su cauda de muertos y heridos y abandonados:

“La principal responsabilidad del Estado mexicano es velar por la seguridad e integridad de las personas que transitan por su territorio, independientemente de (Dato curioso y revelador: parece imposible, pero su estatus migratorio, pero salta a la vista que sigue es verdad, que el secretario de Energía no sepa qué haciendo un trabajo de contención, de muralla. Los es la renta petrolera, según lo registra con asombro descarrilamientos forman parte de eso, junto con los secuestros, las extorsiones y las redadas”. Javier Jiménez Espriú ayer en La Jornada.) Innecesario agregar que esta entrega abrirá de par en par las compuertas para la penetración sin barreras y con violencia de esos mismos intereses privados en las tierras y las vidas de los pueblos indígenas y sus recursos naturales; y para la destrucción de esos pueblos y de sus mundos de la vida mediante las represas y los canales y las minas a cielo abierto, como sucede hoy en Sonora, en Chihuahua, en Guerrero, en Durango.

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“¿Pero acaso no nos pertenece a nosotros nuestro México?”, preguntaba en 1988 un campesino de Jalisco en una de las incontables cartas a Cuauhtémoc Cárdenas durante aquella campaña electoral.

Un cuarto de siglo después esa pregunta sin respuesta se nos ha ido volviendo más angustiosa año En esta vorágine de despojo están amagando y con año. preparando también el asalto en Chiapas contra el EZLN, las Juntas de Buen Gobierno, las comunidades zapatistas y el autogobierno en funciones de los pueblos indígenas de la región. Si aún no lo han lanzado, es porque esos pueblos están organizados y alerta y el mal gobierno, como ellos lo llaman, tiene cuestiones más urgentes y teme una reacción en cadena como ya antes la hubo. Pero la amenaza sigue planeando sobre aquellas tierras.

***

Una pieza capital de esta subordinación de la soberanía nacional a las necesidades de la gran potencia vecina es que el Estado mexicano haya asumido la tarea de filtro de la migración centro y sudamericana hacia el territorio de Estados Unidos, en lugar de dar un documento de tránsito temporal a los indocumentados,

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Historia de un compromiso: 75 años de la Expropiación de la Industria Petrolera https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ed6U0dpX4bw

El Petróleo y Yo https://www.youtube.com/watch?v=0R_60E3wP_8

No a la privatización de PEMEX http://www.youtube.com/watch?v=F9z91x1vDO0

Un video que ha causado controversia (Pemex) http://www.youtube.com/watch?v=GvU-oEWNW-M

Dr. John Saxe-Fernández: El caso Pemex, asalto a la Nación http://www.youtube.com/watch?v=qFmG5_z72xA

La semilla de la discordia 1. http://www.youtube.com/watch?v=86JRBo-m3Tk 2. http://www.youtube.com/watch?v=nMOHKJ0G1Ak 3. http://www.youtube.com/watch?v=8Jq9Pv0gdWY 4. http://www.youtube.com/watch?v=85ZBNKPnzAs

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“El Samet”

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Revista Lux | Número Especial Reforma Energética  

Este número especial de Lux se avoca a revisar las diversas opiniones y trabajos de especialistas en torno a la reforma energética presentad...

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