La Entrevista a Víctimas y/o Testigos en las áreas de Psicología y Trabajo Social

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ÁREA DE PSICOLOGÍA

Grisso (1986, 1987) plantea que deben propiciarse diversas líneas de desarrollo de investigaciones. Entre dichas líneas están: a. Establecer nuevos modelos conceptuales: El proceso de evaluación forense debe contar con modelos conceptuales que sean alternativos o al menos complementen a los modelos del proceso de evaluación clínica, dotándole de análisis y esquemas conceptuales legales. b. Efectuar la traducción del conocimiento psicológico: es vital traducir los conocimientos psicológicos para su aplicación en los contextos legales. c. Diseñar instrumentos de evaluación forense: es necesario desarrollar nuevos instrumentos de evaluación forense adecuados a los criterios que la Psicología aporta para el diseño de técnicas de evaluación. Las pruebas psicológicas son aplicables en todo tipo de proceso donde se requiera de un Psicólogo que emita un informe para la autoridad solicitante, y también cuando se requiere la afectación cognitiva, emocional y comportamental de la persona que ha sufrido un hecho que requiere de investigación penal. La evaluación psicológica forense se encuentra con algunas dificultades específicas, como la involuntariedad del sujeto, los intentos de manipulación de la información aportada (simulación o disimulación) o la influencia del propio proceso legal en el sujeto (Esbec y Gómez-Jarabo, 2000). A diferencia de la evaluación clínica, la evaluación forense suele estar marcada por la limitación temporal de la intervención (número reducido de sesiones) y por la dificultad de tener que realizar valoraciones retrospectivas en relación a diferentes aspectos de la vida del sujeto en momentos anteriores a la exploración o prospectivas referidas hacia acciones del futuro. Asimismo no siempre es fácil acceder a los sujetos implicados para completar la información (Buela-Casal, 2006). La población forense es más variada que la que se suele encontrar en la clínica, el espectro de edades oscila en un rango elevado desde niños de dos o tres años víctimas de abuso sexual hasta ancianos de 90 años (Ackerman, 2010).

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