El mapa eléctrico español (exactamente 40 años después de su apertura). Sin embargo, el primer Consejo de Ministros, que tuvo lugar el 5 de enero de este año, encargó un informe al Consejo de Seguridad (CSN) acerca de la viabilidad de que la central prosiguiera funcionando. La respuesta afirmativa posterior allanó el camino a la idea original del Partido Popular, firme defensor de que “España no puede permitirse renunciar a ningún tipo de fuente energética”, según se indicaba en el programa electoral de la formación. La decisión ha traído consigo también nuevas medidas de seguridad, adaptadas a las lecciones aprendidas tras el accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi (Japón), en marzo del año pasado, y amplían la gestión de la vida de Garoña hasta 2019. Para María Teresa Domínguez, presidenta del Foro de la Industria Nuclear, “es una decisión acertada, ya que es una instalación segura, que genera una electricidad necesaria y ofrece empleo y riqueza en la zona”. Precisamente, el accidente ocurrido en Fukushima ha reorientado el debate sobre las nucleares en otra dirección debido a la percepción de la opinión pública española: “El Eurobarómetro de 2010 hacía ver un cambio de tendencia hacia una posición más positiva, pero todo se fue por los suelos con lo de Fukushima, que nos hace ver que las nucleares no son tan seguras como nos dicen”, según explica el experto en energía y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, Ángel Ruiz de Apodaca. No obstante, Javier Muñoz González, del departamento de comunicación de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), no cree que la opinión pública influya tanto en la política gubernamental: “Las políticas en materia energética deben llevarse a cabo a largo plazo y ser consecuentes con los objetivos que tenemos como país”. El cementerio nuclear Otra decisión que ha tomado el Gobierno español es la que tiene que ver con la instalación de un almacén de residuos nucleares. Ya en 2004, el Congreso de los Diputados emplazó al Gobierno a crear un ATC (Almacén Temporal Centralizado) que albergara estos desechos, que eran enviados a almacenes franceses a cambio de una cuantiosa contra-
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prestación económica. En diciembre de 2008, el entonces ministro socialista Miguel Sebastián abrió el procedimiento para estudiar el emplazamiento de la instalación en un proceso en el que, con 8 candidatos finalistas, quedó pendiente la decisión sobre la ubicación final en la misma mesa del Consejo de Ministros. Así pues, fue finalmente el nuevo Gobierno el que escogió la localidad castellanomanchega de Villar de Cañas como el nuevo “cementerio nuclear”. Este proyecto supone la construcción de una instalación en superficie diseñada para guardar en seco hasta 12.816 metros cúbicos de residuos nucleares. El aislamiento se realizará mediante tres barreras: una cápsula de acero inoxidable, un tubo de almacenamiento también de acero inoxidable y una estructura de hormigón de casi dos metros de espesor, siendo el conjunto impenetrable por las radiaciones. Durante 60 años podrán acumularse en este lugar residuos, pese a la oposición de organizaciones ecologistas y diversas Comunidades Autónomas. Tampoco hubo unanimidad en el campo político, puesto que incluso dentro del propio Partido Popular hubo defensores y detractores de la medida. En Extremadura la formación votó en contra de albergar el almacenamiento, mientras que en Castilla La Mancha se optó por aceptar la propuesta. Pese a todos los inconvenientes conocidos, centrales como la de Garoña están ya amortizadas y solo proporcionan beneficios, lo que provoca que las nucleares sigan jugando un papel destacado en el suministro de electricidad: “Se ha beneficiado de que es una fuente de energía que no provoca la emisión de CO2”, comenta Ruiz de Apodaca. Refiriéndose a algunos ecologistas, critica que “haya gente que diga que no quiere nucleares cuando entonces se tiene que apostar por los combustibles fósiles, que son muy contaminantes para la atmósfera”. Por su parte, la presidenta del Foro de la Industria Nuclear comenta que “la operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas, al igual que ocurre en otros países como Holanda y Estados Unidos, es una estrategia energética realista y necesaria. Permite diversificar el abastecimiento eléctrico, ofrece estabilidad al sistema, respeta el medio ambiente y mejora la competitividad, entre
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Número 2.106