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europa
tratados de la UE (TTUE) por acuerdo intergubernamental para gestionar los instrumentos de rescate de los países PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) cuando la crisis financiera global, iniciada en 2007, puso al descubierto los fallos de diseño de la unión monetaria europea: la carencia de un banco central que actuase como prestamista de último recurso de los estados y de una unión bancaria real. Muchos analistas han coincidido en señalar estas carencias de la UME (pero a la mayoría de ellos se les olvida que aún más grave es la carencia de un gobierno federal). La la crisis financiera global se llevó por delante a muchos bancos. Ante un deterioro de los balances de los bancos privados la unión monetaria europea quedó al desnudo, dejando bien a la vista sus vergüenzas. Sin fondos europeos de garantía de depósitos, sin fondo de resolución bancaria, ni un banco central que actuase como prestamista de último recurso, solo quedaban unos estados privados de la capacidad de emisión requerida. Estos se veían abocados a dejar caer sus sistemas financieros o a la insolvencia. En un escenario cada vez más caótico algunos gobiernos de la zona euro concedieron préstamos a Portugal, Grecia, Irlanda y Chipre con el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional. Estos préstamos se instrumentaron a través del MEDE. Los estados que recibieron estas facilidades financieras tuvieron que someterse a una estricta condicionalidad supervisada por una troika formada por el BCE, el Fondo Monetario Internacional y el MEDE. Para rescatar a los bancos españoles el MEDE concedió una línea de crédito de hasta 100 mil millones de euros, de los que el gobierno de Rajoy dispuso inmediatamente de 40 mil millones. La mayor parte de esos fondos se dan por perdidos (A. Maqueda, 2019). No fue el MEDE la respuesta más eficaz para ayudar a estados que trataban de gestionar crisis bancarias de una envergadura sin precedentes. Como dice Warrren Mosler, no hay crisis financiera que no pueda resolverse con un déficit fiscal suficientemente grande. Pero la opción fiscal se le había cerrado a los países miembros de la zona euro. De hecho, la condicionalidad de las ayudas financieras a la aplicación de políticas de austeridad dificultó la recuperación de las economías periféricas. El mérito real de resolver la crisis financiera europea lo debemos al anuncio de Mario Draghi de que el BCE haría cuanto fuese necesario para sostener el euro. Un oportuno pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo permitió una interpretación de los TTUE que habilitaba al BCE para que iniciase políticas monetarias “no convencionales”: las compras de deuda pública en los mercados secundarios dentro del llamado programa de compra de activos (APP). Este programa de “flexi-
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bilización cuantitativa” causó una rápida caída de las primas de riesgo. La deuda pública española, italiana, portuguesa e italiana recuperaron su condición de activo sin riesgo lo cual salvó a los gobiernos de una inminente suspensión de pagos. El éxito del programa APP, cuya virtud no está en inundar los bancos de reservas –acción de nula eficacia para estimular la creación de crédito bancario y alcanzar los objetivos de inflación– sino en convertir a la deuda pública en un activo libre de riesgo, debería habernos convencido de que la solución para prevenir una futura inestabilidad financiera no es un MEDE, sino el apoyo de los bancos centrales a los gobiernos. En ausencia de un gobierno federal europeo que gestione un presupuesto que suponga un porcentaje significativo del PIB de la zona euro y pueda realizar transferencias a regiones en recesión y ejecutar políticas anticíclicas potentes y eficaces, lo prudente es que sean los estados los que emitan activos financieros sin riesgo, que por cierto necesitan mantener los bancos comerciales en sus balances. El programa APP del BCE debería ser permanente y no estar condicionado a ejercicios de virtuosismo presupuestario. Además el MEDE, embudo utilizado para que los países PIIGS tragaran, velis nolis, políticas de austeridad, ha contribuido a cercenar cualquier proyecto ambicioso con pretensiones de transformar nuestro tejido productivo, por ejemplo con
La financiación que aporte el MEDE a un estado miembro estará condicionada a programas de ajuste macroeconómicos.
un plan de trabajo garantizado, un green new deal, un plan de reindustrialización o un plan de inversión en I+D. Esta obsesión por las finanzas “responsables” nos condena al estancamiento económico cuando no al atraso. El rigor mortis de las economías periféricas. La crisis sanitaria que nos ha contagiado el coronavirus es un doloroso recordatorio de la incapacidad de reaccionar con agilidad y aplicar potentes medidas anticíclicas de los gobiernos europeos. Compárese la respuesta de nuestras autoridades con la hazaña china de construir en Wuhan un hospital en diez días poniendo de manifiesto la potencia de un gobierno que aprovecha la capacidad fiscal que le permite el disfrute de su soberanía monetaria. La designación de dos personas absolutamente contraindicadas para la situación de alarma actual como Von der Leyen y Lagarde acentúan la falta de orientación e impulso de las autoridades europeas.