La Opinión de México | Edición n.º 35 | 7 de noviembre de 2022

laopiniondemexico.mx

Ciudad de México

Del 7 al 13 de noviembre de 2022

Edición No. 35

$ 5.00

EDOMEX: RADIOGRAFÍA DEL NARCO Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

*Al menos treinta municipios del Estado de México están bajo el dominio del crimen organizado. Ahí operan La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco, aunque el primer grupo criminal es el que ejerce mayor dominio territorial: impone cobro de piso, impuestos a los productos de los campesinos y hasta vende permisos a las familias para organizar fiestas o eventos de todo tipo

*Es la ley del crimen que se aplica en la mayoría de las demarcaciones de la entidad gobernada por el priísta Alfredo del Mazo. Las personas que denuncian estos hechos son asesinadas, de tal suerte que, les guste o no, están obligadas a obedecer y a guardar silencio

Alfredo del Mazo

*Todo esto ocurre frente a la mirada de militares, policías y de miembros de la Guardia Nacional. Mientras el crimen devora a pueblos completos, las autoridades se muestran indiferentes y no menos impotentes ante este flagelo que se repite en otros estados del país Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/ Grupo Sol Corporativo Edomex.- En el Estado de México impera la ley del gatillo: cárteles como La Familia Michoacana o el Cártel Jalisco imponen su ley a sangre y fuego; imponen con violencia el cobro de piso a empresarios, comerciantes y agricultores y hasta exigen el pago de una cuantiosa cuota por autorizar fiestas y eventos de todo tipo. Todo cuesta y la gente debe pagar si no quiere ser asesinada.

¡SOCIOS DE LA COCAÍNA!

PAG. 7 NARCOTRÁFICO

Diana López Zuleta/Corresponsalías Nacionales/ Grupo Sol Corporativo *La exportación de cocaína desde Colombia ha llegado a niveles históricos. El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas reportó que el cultivo de hoja de coca aumentó 43%. Cada vez hay más mexicanos controlando el negocio en el país *Narcotraficantes de Colombia y México trabajan como si fueran una “outsourcing” y así, son los amos de la cocaína en el mundo *Es en Buenaventura, Cartagena y Santa Martha, donde mexicanos mueven la droga en Colombia a través de sumergibles

YUCATÁN

NEGOCIO REDONDO

*Vitro Fomento Industrial, de Juan Manuel Ponce Díaz, es la empresa que vende las placas metálicas a los gobiernos estatales sexenio tras sexenio a un costo de 245 pesos *El gobierno de Mauricio Vila Dosal, sin consideración alguna hacia los yucatecos, cobró mil 715 pesos por reemplacar, es decir, tuvo una ganancia de mil 470 pesos por placa *En el estado circulan más de 600 mil vehículos, por lo que obtuvo una ganancia de casi mil millones de pesos, por lo que todos suponen que hace su "guardadito" para buscar ser candidato blanquiazul para la Presidencia de la República

laopiniondemexico.mx Ciudad de México, del 7 al 13 de noviembre de 2022

EDOMEX: RADIOGRAFÍA DEL NARCO

Ricardo Ravelo/ Corresponsalías Nacionales/ Grupo Sol Corporativo

Edomex.- En el Estado de México impera la ley del gatillo: cárteles como La Familia Michoacana o el Cártel Jalisco imponen su ley a sangre y fuego; imponen con violencia el cobro de piso a empresarios, comerciantes y agricultores y hasta exigen el pago de una cuantiosa cuota por autorizar fiestas y eventos de todo tipo. Todo cuesta y la gente debe pagar si no quiere ser asesinada.

Así, las poblaciones de unos treinta municipios viven asoladas por la delincuencia: aunque estén incómodas por este acoso permanente están obligadas a obedecer si no quieren ser asesinadas o desaparecidas.

Así se impone la ley del crimen en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo.

Y es que la entidad se ha convertido en un territorio de cárteles que han desplegado su violencia por todo el territorio, cuna del llamado Grupo Atlacomulco que representara el profesor Carlos Hank González.

Con altos niveles de corrupción policiaca, esa entidad federativa se volvió muy atractiva para los grupos criminales: operan los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Guerreros Unidos.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Estado de México concentra más grupos criminales que cualquier otra entidad. Estos grupos operan, con apoyo oficial, el tráfico de drogas y han azotado a la población con extorsiones, secuestros, cobro de piso, tráfico de personas, venta de protección y asesinatos por encargo, una modalidad bastante socorrida en ese estado.

Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el mapa criminal no existe otra entidad federativa con mayor presencia de grupos dedicados al narcotráfico.

Y es que a pesar de que el gobernador Alfredo del Mazo –quien está por concluir su administración– ha dicho que trabaja por la seguridad del estado, lo cierto es que el territorio se ha convertido en un campo de batalla de los cárteles de la droga.

A lo largo y ancho de los 22 mil 500 kilómetros de te-

rritorio, los cárteles Jalisco, Sinaloa, La Familia michoacana, Caballeros Templarios y del Golfo disputan a sangre y fuego el control del tráfico de enervantes. Tanto de día como de noche son frecuentes las balaceras y asesinatos en demarcaciones como Tecámac y Ecatepec, los que concentran la mayor parte de esta narcodinámica.

Con base en la información de que dispone, la UIF considera que en el territorio nacional no existe otro estado donde haya tanta presencia de cárteles como ocurre en el Estado de México. En dicho territorio opera de todo: desde cárteles poderosos hasta células delictivas que han contribuido con su cuota de violencia; esa es la razón de que la entidad ocupe los primeros lugares a nivel nacional en homicidios, feminicidios, tráfico de drogas, extorsiones, robos y secuestros.

De acuerdo con la UIF, en México existen 19 cárteles considerados de “alto impacto”, los cuales dominan el lavado de dinero. De estos, ocho están afincados en el Estado de México.

CÁRTELES EN GUERRA

Desde hace varias décadas, el Estado de México es refugio de capos, sicarios y narcotraficantes, y ha cobijado a grandes redes de la delincuencia organizada. La Policía del Estado de México llegó a ser considerada, hasta hace una década, como una de las más corruptas y temibles del país, después de la de Tijuana en tiempos del alcalde Jorge Hank Rhon.

Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –este fue gobernador de esa entidad– el crimen organizado se empoderó abiertamente: durante años fue refugio de los hermanos Beltrán Leyva; también fue escondite de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su primera fuga del penal de Puente Grande, Jalisco. Y en su segunda huida, esta vez del penal de La Palma o Altiplano, situado en el Estado de México, fue auxiliado por su amplia red de cómplices para huir por un túnel, según la versión oficial.

El túnel por donde “El Chapo” huyó por segunda vez, en 2015, fue construido por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde el entonces poderoso jefe del Cártel de Sinaloa

tenía muy buenas relaciones: precisamente a través de un avión de esa dependencia –un CD-9– el Cártel de Sinaloa transportó varias toneladas de cocaína procedente de Colombia. Agentes de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) habían organizado un

amplio operativo en diversos aeropuertos para que el avión aterrizara sin contratiempos.

Acudieron al de Toluca, Mérida, Nuevo León, entre otros, donde intentaron corromper tanto a militares como a funcionarios del área de aeronáutica civil. El obje-

Alfredo del Mazo *Al menos treinta municipios del Estado de México están bajo el dominio del crimen organizado. Ahí operan La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco, aunque el primer grupo criminal es el que ejerce mayor dominio territorial: impone cobro de piso, impuestos a los productos de los campesinos y hasta vende permisos a las familias para organizar fiestas o eventos de todo tipo *Es la ley del crimen que se aplica en la mayoría de las demarcaciones de la entidad gobernada por el priísta Alfredo del Mazo. Las personas que denuncian estos hechos son asesinadas, de tal suerte que, les guste o no, están obligadas a obedecer y a guardar silencio *Todo esto ocurre frente a la mirada de militares, policías y de miembros de la Guardia Nacional. Mientras el crimen devora a pueblos completos, las autoridades se muestran indiferentes y no menos impotentes ante este flagelo que se repite en otros estados del país

tivo era que el avión bajara en uno de esos aeropuertos para volverlo vuelo nacional.

El avión después seguiría su curso hacia Toluca donde, por esa condición, ya no sería revisado por la Marina ni el Ejército, sino por policías federales que ya habían sido cooptados.

Según datos de la Sedena, en el Estado de México opera una gran cantidad de grupos criminales. Los informes militares dan cuenta, por ejemplo, de que el territorio mexiquense es asiento de los cárteles Unión Tepito, la fuerza Anti-Unión, Los Zetas, Cártel Jalisco, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. Este último cártel opera también en Guerrero y Michoacán, tierras de elevada violencia criminal.

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, expuso el mapa criminal del Estado de México. Dijo, por ejemplo, que La Familia Michoacana es encabezada por Johnny Hurtado, a quien en el mundo del hampa se le conoce como “El Pez”.

Por su parte, los Caballeros Templarios –quienes controlan el norte del estado– estaban liderados por Rodolfo Maldonado Bustos, “Don José”, hasta su captura, en noviembre de 2021. Además, los cárteles Guerreros Unidos y el Jalisco mantienen operaciones en el Valle de México, pero también controlan los municipios del noreste de la entidad mexiquense, el cual colinda con la Ciudad de México, donde también tienen fuerte presencia.

Con base en sus informes, Luis Cresencio Sandoval dijo que son once los municipios del Estado de México donde se concentra la mayor parte de la población y, por ello, esas demarcaciones registran las más altas tasas delictivas. Es el caso de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán, Atizapán y Tultitlán. A esta lista se suman Tecámac y Los Reyes La Paz. Estos municipios, según datos oficiales, concentran el 45 por ciento de la población mexiquense y también ocupan los primeros lugares en las estadísticas criminales. Pero lo más grave, según estos mismos datos, es que la mayor dinámica del crimen organizado y común se observa en Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Estas últimas demarcaciones colindan con la Ciudad de México,

refugio de capos.

Los informes de la Sedena coinciden con los que aporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): según estos informes, el cártel de La Familia Michoacana tiene presencia en 55 de los 125 municipios que conforman el Estado de México.

El Cártel Jalisco, comandado por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, controla 31 demarcaciones. Estos dos cárteles están confrontados por el control territorial. A base de balaceras, asesinatos, levantones, descuartizamiento de personas y entierros clandestinos –una forma de generar violencia y terror– los dos cárteles pretenden apoderarse del 44 por ciento del territorio restante.

El gobierno que encabeza Alfredo del Mazo no evade esta realidad: según los informes del gobierno estatal, son veinte los municipios los que concentran más del 70 por ciento de la actividad delictiva. En esos territorios operan La Familia Michoacana y el CJNG. EL VACÍO DE PODER Debido a su alta incidencia delictiva, imparable en gobierno de Del Mazo Maza, el Estado de México se ha convertido en “tierra de nadie”.

La entidad se ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional por el delito de las extorsiones. Los informes oficiales aseguran que el cártel que más explota esta actividad es La Familia Michoacana. Pero eso no es todo: este grupo delictivo, cuyo asiento está en el estado de Michoacán –otro territorio asolado por el crimen– impone su ley al controlar también los precios de productos alimenticios, entre otros, la tortilla, el huevo, la carne y el pollo, y se asegura que también mantiene a raya a los comerciantes de materiales de construcción. Sin importar el giro, a los negocios también les impone pago de piso.

Los mismos datos oficiales sostienen que el crimen extorsiona a unas dos mil personas. Y las estadísticas revelan que este delito –uno de los más perturbadores– ha ido en aumento desde el año 2018 (hubo mil casos) y 2019 (mil 500).

Leer reportaje completo en www.laopiniondemexico.mx

laopiniondemexico.mx Ciudad de México, del 7 al 13 de noviembre de 2022

GASTÓ 728.4 MDP EN OBRAS NO EJECUTADAS Redacción / La Opinión de México

Zacatecas.- Durante su paso por el gobierno de Zacatecas, el hoy senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, pagó 728.4 millones de pesos en obras no ejecutadas, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de acuerdo con el Informe Detallado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De un total de 369,469.4 millones de pesos, asignados durante el 2002 al estado de Zacatecas para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se revisó la aplicación de los recursos distribuidos en los municipios de Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, los cuales ascendieron a 76,143.5 millones de pesos, que representaron el 20.6% del monto total asignado para el estado.

Los resultados generales de la auditoría señalan que, como resultado de la revisión practicada a los cuatro municipios, se determinó que: la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas no transfirió en tiempo y forma los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal a los municipios de Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, en con-

travención de lo establecido en el artículo 32 segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los cuatro municipios no se apegaron a lo establecido en los apartados 5.3 y 5.8 de los Lineamientos Generales de Operación del Ramo General 33, para el 2002, ya que no contaron con una cuenta específica que permita conciliar el registro del ejercicio de los recursos.

Los cuatro municipios incumplieron el apartado 5.7 de los Lineamientos Generales de Operación del Ramo General 33, ya que la totalidad del soporte documental de las erogaciones no se canceló con el sello “OPERADO FISM”.

Del total de 76,143.5 millones de pesos asignados a cuatro municipios del estado de Zacatecas existen erogaciones sin soporte documental por 2,569.0 millones de pesos en Fresnillo, y 308.3 millones de pesos en Mazapil.

Existen irregularidades administrativas en la integración de los expedientes técnicos de obra en los cuatro municipios, según se desprende de la revisión documental, tales como: en algunos casos no existen bitácoras de obra y en otros están incompletos al no presentar nombre y firmas de quienes intervienen; hay estimaciones sin cumplir con los requisitos, ya que no muestran el detalle de con-

*Durante su paso por el gobierno de Zacatecas, el hoy senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, pagó 728.4 millones de pesos en obras no ejecutadas, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) *La ASF detectó que en los municipios de Fresnillo, Mazapil y Río Grande se contrataron proyectos que finalmente no tuvieron supervisión del Gobierno del Estado o de los Ayuntamientos; tampoco hubo evidencia de la terminación de los trabajos *Asimismo, se encontró que los contratos para al menos 69 obras fueron asignados de manera irregular, pasando por alto los procesos de invitación a cuando menos tres personas o licitación pública

Se determinaron conceptos de obra pagados no ejecutados en tres municipios por 728.4 MDP Desglosados de la siguiente manera: -En el municipio de Fresnillo: $470.6 MDP -En el municipio de Mazapil: $ 88.9 MDP

-En el municipio de Río Grande: $168.9 MDP

ceptos y no presentan firma de quien elabora, supervisa y autoriza; no se cuenta con el aviso por parte del contratista de la terminación de los trabajos y no existe evidencia de la supervisión por parte del personal del municipio, en algunos casos la falta del acta de entrega-recepción de la obra.

En el municipio de Fresnillo se determinó que una obra no fue licitada públicamente y 39 obras, por 8,767.6 millones de pesos, no fueron adjudicadas a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; igualmente en el municipio de General Pánfilo Natera, donde no fueron contratadas 10 obras por 2,202.0 millones de pesos, a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

En el municipio de Mazapil se presentó el mismo caso, pues se omitió contratar ocho obras por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y una mediante licitación pública, por 3,979.2 millones de pesos; por último en el municipio de Río Grande no se contrataron 10 obras por 2,911.9 millones de pesos a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

En los procesos de contratación de obras llevados a cabo por los municipios de Fresnillo, General Pánfilo Natera y Río Grande no se

presentaron fianzas de cumplimiento ni de vicios ocultos.

En el municipio de Fresnillo, el Consejo de Desarrollo Social Municipal realizó cambios al programa de obras originalmente aprobadas por 2,420.1 miles de pesos, sustituyéndolas por otras que amparan la cantidad de 2,280.2 millones de pesos, pero sin dar aviso a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Zacatecas.

Del total de 620 obras ejecutadas en los municipios de Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, por 76,143.5 millones de pesos, se seleccionaron para su verificación física 94 obras por 25,761.3 millones de pesos, que representaron 33.8 por ciento del total, y se determinó que en algunos casos están sin terminar o presentan deficiencias técnico-constructivas.

Se determinaron conceptos de obra pagados y no ejecutados en tres municipios por 728.4 millones de pesos, desglosados de la siguiente manera: en el municipio de Fresnillo, 470.6 millones de pesos; en el municipio de Mazapil, 88.9 miles de pesos, y en el municipio de Río Grande por 168.9 millones de pesos.

Duarte de Ochoa pague, no nada más por enriquecimiento ilícito, sino por desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad, y que hay muchísimas pruebas”, dijo en entrevista, Rosalía Castro, quien desde diciembre del 2011 busca a su hijo, Roberto Carlos Casso, “levantado” por un comando armado cuando viajaba en carretera junto con su novia.

La integrante del Colectivo Solecito insiste en que el exgobernador debe ser juzgado a nivel internacional por el delito de lesa humanidad.

“Pero no sólo él. Deben rendir cuentas muchos de sus colaboradores, pues estas desapariciones forzadas no las realizó solo. Todo su Gabinete, la gente de Seguridad Pública y todos los que estuvieron involucrados, Ministeriales, Policías… no actuó él solo”.

En Veracruz, durante el sexenio del priista Javier Duarte fueron hallados tres

grandes cementerios clandestinos ocupados por la organización delincuencial de Los Zetas y por el Cártel Jalisco Nueva Generación para enterrar a sus víctimas -civiles víctimas de secuestro o civiles confundidos con enemigos-, a sus rivales, a policías y a sicarios y narcomenudistas que consideraban desechables.

Sin embargo, estos mismos narcocementerios también fueron utilizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para enterrar a víctimas no de la delincuencia, sino del órgano encargado de velar por la seguridad de los veracruzanos.

Grupo Sol presenta testimonios del horror, documentados a lo largo y ancho de Veracruz, de estas desapariciones que no han cesaron ni en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares y tampoco en el del morenista Cuitláhuac García Jiménez.

Leer reportaje completo en laopiniondemexico.mx

LOS DESAPARECIDOS DE DUARTE

Noé Zavaleta/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Veracruz.- El Colectivo Solecito -uno de los 17 colectivos de desaparecidos que hay en Veracruz- ha presentado una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda, en contra del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa por las miles de “desapariciones forzadas” ocurridas durante el sexenio 2010-2016.

El Colectivo Solecito lo hizo apoyado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y por I(DH)EAS, una asociación civil que auxilia al colectivo en el litigio estratégico para sancionar violaciones graves a derechos humanos, con quienes se presentó el informe: “Hasta Encontrarlos”, Desapariciones Forzadas en Veracruz, México.

Duarte de Ochoa, detenido en abril del 2017 en el

balneario turístico de Panajachel, Guatemala, y, tras un largo proceso de extradición, traído al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde ya ha cumplido más de la mitad de su condena de nueve años, por los delitos de lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa, podría enfrentarse a un nuevo proceso penal por “desaparición forzada”, el cual afrontaría junto a su cercano colaborador, el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, conocido al interior de la organización como “Capitán Tormenta”, junto con un equipo basto de policías de élite, conocidos como “Los Fieles” y quienes eran los encargados de ejecutar las “desapariciones forzadas”.

“Con pruebas contundentes… ahora sí tenemos nuestra esperanza en la Corte (de La Haya), que analice nuestros casos y los casos que se llevaron para que tengamos resultados y que en realidad

*A seis años del peor sexenio en la historia del Golfo de México, el Colectivo Solecito expuso testimonios sobre las desapariciones forzadas que ocurrieron en Veracruz durante el gobierno del priísta *Han entregado a la Corte Penal Internacional en La Haya, en Holanda, una denuncia por desapariciones forzadas cometidas por los policías de Duarte, quienes trabajaban de la mano, primero con Los Zetas y posteriormente con el Cártel Jalisco Nueva Generación *Oficialmente hubo más de 3 mil 600 desapariciones forzadas en el sexenio de Duarte de Ochoa. En fosas clandestinas de Alvarado, Puerto de Veracruz y Úrsulo Galván han sacado más de 800 cuerpos

Leer reportaje completo en laopiniondemexico.mx

laopiniondemexico.mx

Del 7 al 13 de noviembre de 2022

Ciudad de México

Edición No. 35

$ 5.00

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

GASTÓ 728.4 MDP EN OBRAS NO EJECUTADAS

QUINTANA ROO

¡FONDEÓ EMPRESA INMOBILIARIA!

*Durante su paso por el gobierno de Zacatecas, el hoy senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, pagó 728.4 millones de pesos en obras no ejecutadas, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) *La ASF detectó que en los municipios de Fresnillo, Mazapil y Río Grande se contrataron proyectos que finalmente no tuvieron supervisión del Gobierno del Estado o de los Ayuntamientos; tampoco hubo evidencia de la terminación de los trabajos

*Con recursos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, su extitular Jorge Pérez Pérez y su hijo, el síndico municipal Adrián Pérez Vera, fondean al Grupo Inmobiliario Luk´Ul Kin S.A. de C.V. *La empresa, creada a principios de 2022, incluye como socios a empresarios vinculados al exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, acusado del secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho

*Asimismo, se encontró que los contratos para al menos 69 obras fueron asignados de manera irregular, pasando por alto los procesos de invitación a cuando menos tres personas o licitación pública Redacción/La Opinión de México Zacatecas.- Durante su paso por el gobierno de Zacatecas, el hoy senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, pagó 728.4 millones de pesos en obras no ejecutadas, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de acuerdo con el Informe Detallado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De un total de 369,469.4 millones de pesos, asignados durante el 2002 al estado de Zacatecas para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se revisó la aplicación de los recursos distribuidos en los municipios de Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, los cuales ascendieron a 76,143.5 millones de pesos, que representaron el 20.6% del monto total asignado para el estado.

Los resultados generales de la auditoría señalan que, como resultado de la revisión practicada a los cuatro municipios, se determinó que: la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas no transfirió en tiempo y forma los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal a los municipios de Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, en contravención de lo establecido en el artículo 32 segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

CAMPECHE

ESTRATEGIA VORAZ

Se determinaron conceptos de obra pagados no ejecutados en tres municipios por 728.4 MDP Desglosados de la siguiente manera: -En el municipio de Fresnillo: -En el municipio de Mazapil: -En el municipio de Río Grande:

$470.6 MDP $ 88.9 MDP $168.9 MDP

*Entre el 2021 y el 2022, Construcciones Trizcar S.A. de C.V., representada por Beatriz Asunción Poot Ek, ha obtenido la suma total de 11 millones 088 mil 546 pesos en contratos entregados por presidentes municipales acusados de malos manejos que terminaron dañando el patrimonio municipal

LOS DESAPARECIDOS DE DUARTE Noé Zavaleta/Corresponsalías Nacionales/ Grupo Sol Corporativo

*Oficialmente hubo más de 3 mil 600 desapariciones forzadas en el sexenio de Duarte de Ochoa. En fosas *A seis años del peor sexenio en la historia del Golfo clandestinas de Alvarado, Puerto de Veracruz y Úrsulo de México, el Colectivo Solecito expuso testimonios so- Galván han sacado más de 800 cuerpos bre las desapariciones forzadas que ocurrieron en Veracruz durante el gobierno del priísta Veracruz.- El Colectivo Solecito -uno de los 17 co*Han entregado a la Corte Penal Internacional en lectivos de desaparecidos que hay en Veracruz- ha preLa Haya, en Holanda, una denuncia por desapariciones sentado una denuncia en la Corte Penal Internacional de forzadas cometidas por los policías de Duarte, quienes La Haya, en Holanda, en contra del exgobernador priista trabajaban de la mano, primero con Los Zetas y poste- Javier Duarte de Ochoa por las miles de “desapariciones riormente con el Cártel Jalisco Nueva Generación forzadas” ocurridas durante el sexenio 2010-2016.