SOL CAMPECHE | EDICIÓN N.º 46 | 28 DE FEBRERO DE 2022

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022

Edición No. 46

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ROBARON 38 MILLONES Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

*El último tramo de la administración priista de Carlos Miguel Aysa González se convirtió en desfalco total a las arcas públicas, pues de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación se incurrió en la malversación de fondos federales destinados a obra pública e infraestructura *Unas de las obras con más irregularidades fueron la Cancha de Usos Múltiples en Candelaria, por un importe de 3 millones 370.7 mil pesos, y el Palacio Municipal de Palizada por un importe de 22 millones 870.5 mil pesos, las cuales no están concluidas, ni en operación *La Secretaría de la Contraloría del Estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/ASF/575-FAFEF-21/79/2021

NEGOCIO REDONDO EN CAPAE *El titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, Álvaro Miguel Gutiérrez Castro, metió como proveedor del organismo a una empresa de su propiedad, denominada “Exclusivas Empresariales”

*Entre 2020 y 2021, la empresa de Álvaro Gutiérrez recibió un total de 733 mil 954 pesos en contratos de adjudicación directa a través de Indesalud *El titular de la dependencia cuenta con lazos de compadrazgo con Carlos “El Negro” Sansores y con “Alito” Moreno, quien instituyó el premio de motonáutica “Álvaro Gutiérrez González”

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ROBARON 38 MILLONES

Campeche, Campeche. Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022

Redacción/ Sol Campeche

Campeche. - El último tramo de la administración priista de Carlos Miguel Aysa González se convirtió en desfalco total a las arcas públicas de cara a la sucesión de la gubernatura, pues de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se incurrió en la malversación de fondos federales destinados a obra pública e infraestructura.

Dentro de la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2020, se detectaron presuntos daños a la hacienda pública federal por parte del sustituto de Alejandro Moreno Cárdenas, por más de 38 millones de pesos en los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

En la auditoría de cumplimiento: 2020-A-04000-190575-2021 575-DS-GF, la ASF halló un presunto daño financiero en el FAFEF por 30 millones 529 mil 908.67 pesos que están pendientes de aclaración, por lo cual se generaron tres pliegos de observaciones.

El órgano fiscalizador señala que el Gobierno del Estado de Campeche recibió en 2020 un total de 263 millones 175 mil pesos, los cuales fueron transferidos a través de la Secretaría de Finanza (Sefin), así como las dependencias ejecutoras designadas.

Los recursos fueron utilizados en proyectos de investi-

gación científica y desarrollo tecnológico; sistema de protección civil; apoyo a la educación pública; a fondos constituidos para proyectos de infraestructura; pago de obras públicas; y a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía y otros bienes y servicios relacionados con las mismas.

Unas de las obras con más irregularidades fueron las denominadas Cancha de Usos Múltiples en la localidad de El Porvenir del municipio de Candelaria (Construcción), por un importe de 3 millones 370.7 mil pesos, y Palacio Municipal de Palizada (Construcción) por un importe de 22 millones 870.5 mil pesos, las cuales no están concluidas ni en operación, por la cual se hallaron anomalías que suman un monto de 26 millones 241 mil 185.31 pesos, por los pagos que se realizaron con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2020.

En el caso de la cancha de usos múltiples, se comprobó que fue ejecutada por el Gobierno del Estado de Campeche por medio de la Secretaría de Obras (SEDUOPI), con el contrato número SEDUOPI/SSOP/PE/ E04/2020, a favor del proveedor Carlos Padilla Ramírez, pero no cumplió con el plazo de ejecución establecido en el contrato de 117 días naturales, que concluyó el día 11 de agosto de 2020, y presentaba un atraso en la ejecución de obra de 10 meses, sin que se hubieran celebrado los convenios modificatorios respectivos.

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Carlos Miguel Aysa González y Alejandro Moreno Cárdenas. *El último tramo de la administración priista de Carlos Miguel Aysa González se convirtió en desfalco total a las arcas públicas, pues de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación se incurrió en la malversación de fondos federales destinados a obra pública e infraestructura *Unas de las obras con más irregularidades fueron la Cancha de Usos Múltiples en Candelaria, por un importe de 3 millones 370.7 mil pesos, y el Palacio Municipal de Palizada por un importe de 22 millones 870.5 mil pesos, las cuales no están concluidas, ni en operación *La Secretaría de Contraloría del Estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/ ASF/575-FAFEF-21/79/2021 Asimismo, se verificó que no se aplicaron penas convencionales por incumplimiento a la fecha de terminación por un importe de 579 mil pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. Asimismo, existen conceptos de obra pagados no ejecutados.

También en la revisión del expediente técnico-unitario de la obra con número de contrato MPIODOSP-FAFEF-SE-001-001/2020, denominada “Calles transversales en la localidad de Reforma Agraria en el municipio de Champotón (pavimentación)”, por un importe contratado de 4 millones 500 mil pesos, y adjudicada bajo el procedimiento de Adjudicación Directa.

Se observó que el dictamen de excepción a la licitación pública se motivó en que no se contaba con el tiempo requerido para celebrar el proceso de licitación y adjudicación; por lo que no se dispone de la justificación y el soporte suficiente que acredite los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que funden y motiven la selección del proceso de excepción y que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado.

A todo ello se suma que, de 91 expedientes técnicos-unitarios de obras públicas pagadas con recursos del FAFEF del ejercicio fiscal 2020, se constató que en 24 obras el Gobierno del Estado de Campeche, por medio de su ejecutora la SEDUOPI, adjudicaron 7 obras por la mo-

dalidad de adjudicación directa y 17 obras por invitación restringida, en las cuales fueron fraccionados los importes de dichas adjudicaciones para ubicarlos en los supuestos de excepción y con ello evitar realizar los procesos de licitación pública e invitación restringida correspondientes, por lo cual no fueron adjudicados de conformidad con la normativa aplicable.

Por tales hechos la Secretaría de Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/ASF/575-FAFEF-21/79/2021.

Y en la obra con número de contrato SEDUOPI/SOP/ AD/012/2020, denominada “Cancha techada en el barrio de San Francisco en la localidad de Hecelchakán, municipio de Hecelchakán (Trabajos complementarios) (Construcción)”, el contratista no presentó la fianza de vicios ocultos al término de la obra.

Por ello se inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/ASF/575-FAFEF-25/81/2021.

Y más, también se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 709 mil 325.96 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación,

por los pagos que se realizaron en estudios técnicos, asesorías, consultorías y/o proyectos de ingeniería especializada de preinversión y que no disponen de la documentación comprobatoria del gasto.

Todo ello deja claro el total desaseo de la administración de “Alito” Moreno, y el sustituto Carlos Aysa en el manejo del dinero federal, el cual fue malversado con fines electorales justo un año antes del proceso de 2021, en el cual perdieron el poder estatal.

DESFALCO TRAS DESFALCO Pero las irregularidades de Carlos Miguel Aysa González no pararon ahí, también en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) se descubrieron fraudes financieros.

Campeche recibió 111 millones 988 mil pesos de este fondo durante 2020, de los cuales se detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7 millones 862.4 mil pesos.

Las observaciones se realizaron por la falta de aplicación de penas convencionales a los contratos números CODESVI/FISE/CHAMPO-

TÓN/011/2020, por la Construcción de cuarto dormitorio en las localidades de Vicente Guerrero, Moquel, Mayatecún I, Adolfo López Matéos, Chilam-Balam, Revolución, Seybaplaya, Ley Federal de Reforma Agraria, Champotón y Felipe Carrillo Puerto en el Municipio de Champotón; y CODESVI/ FISE/CAMPECHE/013/2020, por la Construcción de cuarto dormitorio en las localidades de San Francisco de Campeche, Lerma, Chiná, Castamay, Pich, Alfredo V. Bonfil, Cayal, Chemblas, Kobén e Imi, en el Municipio de Campeche.

Esto debido a un atraso en la ejecución de las obras por 9 meses, sin haber celebrado los convenios modificatorios respectivos, obras que fueron pagadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2020, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

Con todo ello, el pasado gobierno estatal constituyó irregularidades que podrían ser constitutivos de graves delitos financieros, por lo que ahora corresponde a la administración de Layda Sansores San Román, llamar a cuentas al ex gobernador Carlos Aysa, o protegerlo con impunidad marca 4T.

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IMPUNIDAD EN BIENESTAR EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción/ Sol Campeche

Campeche. - La delegación estatal de la Secretaría de Bienestar federal se convirtió en un nido de corrupción que identifica al gobierno lopezobradorista, pues la súper delegada Katia Meave Ferniza incurrió en casos de presuntas irregularidades financieras mediante contrataciones a empresarios de su preferencia.

Este febrero Katia Meave fue movida a operar los programas asistenciales a Jalisco, y en la delegación campechana fue puesto un incondicional de la gobernadora, Carlos Martínez Aké, quien operará millones de pesos de los programas sociales a su antojo.

Entre los casos más sonados de irregularidades se encuentran la protección e impunidad que Katia Meave otorgó al funcionario federal José Antonio Cardozo Rivera, Coordinador de Programas de la Secretaría de Bienestar en Campeche, quien fue acusado de despojo de tierras en las localidades de Xbacab y Revolución en el municipio de Champotón.

Pese a los juicios emprendidos en contra de este personaje, Katia Meave siempre lo defendió y obstaculizó las investigaciones en

su contra, dejando el cargo con esta problemática como si fuese una bomba de tiempo para el nuevo superdelegado Carlos Martínez Aké.

DESPOJO DE TIERRAS

Desde 2020, pobladores de los ejidos Xbacab y Revolución, en el municipio de Champotón, denunciaron a la delegada de los Programas Federales, Katia Meave Ferniza, las anomalías cometidas por el coordinador de Programas de la Secretaría de Bienestar (Sebien), José Antonio Cardozo Rivero, quien presuntamente despojó a 47 ejidatarios de dos mil 700 hectáreas de terrenos ubicados estratégicamente en zonas privilegiadas donde pasará el Tren Maya.

Aquel año, el dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), Pedro Celestino May Can, acusó que el funcionario se registró como avecindado de los ejidos en las actas de asamblea ejidales, con lo que manipuló escrituras para apropiarse de mil 300 hectáreas en Xbacab y mil 400 en Revolución, y utilizó firmas apócrifas para consumar el delito de despojo en contra de los ejidatarios.

Todo esto con el respaldo de Meave Ferniza, incluso Cardozo

Katia Meave Ferniza. *José Antonio Cardozo Rivera, Coordinador de Programas de la Secretaría de Bienestar, despojó a 47 ejidatarios de Champotón de dos mil 700 hectáreas de terrenos ubicados estratégicamente en zonas privilegiadas donde pasará el Tren Maya *Se registró como avecindado y manipuló escrituras para apropiarse de mil 300 hectáreas en Xbacab y mil 400 en Revolución, y utilizó firmas apócrifas para consumar el delito de despojo en contra de los ejidatarios *La delegación estatal de la Secretaría se convirtió en un nido de corrupción, pues la súper delegada Katia Meave Ferniza incurrió en casos de presuntas irregularidades financieras mediante contrataciones a empresarios de su preferencia Rivero regateó el precio de esas tierras, pues las pagó a 50 o 60 centavos por hectárea, cuando su valor real era de 180 mil pesos, según las denuncias realizadas.

De acuerdo con Celestino May, son las mismas personas que operaron con Javier Duarte de Ochoa y Moisés Mensur Cisneiros en 2011 en el despojo de Lerma; José Alberto Cámara fue uno de los actores que trabajaron en la Procuraduría Agraria de Campeche y él mismo orquestó todo este fraude en Xbacab.

En sus denuncias exigieron al

Redacción/ Sol Campeche Campeche. - El piloto aviador de profesión, Álvaro Miguel Gutiérrez Castro, ha aprovechado su designación como titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE) para hacer de las suyas con el presupuesto de este organismo, esto debido a un evidente conflicto de interés al colocar a una empresa de su propiedad, denominada “Exclusivas Empresariales S. de R.L. de C.V.”, como proveedora de la dependencia a su cargo.

Por si fuera poco, en el currículum de Gutiérrez Castro presentado al ingresar a la CAPAE, afirma que actualmente es administrador en activo de la misma compañía a la cual está beneficiando desde su cargo, y con la cual saca dinero para sus bolsillos.

La compañía en cuestión se dedica a la venta de artículos de limpieza, por lo que al menos desde 2020 ha obtenido contratos con el Gobierno Estatal con Carlos Miguel Aysa González, pero lo grave es que mantuvo ese flujo de dinero público ahora con la administración de Layda Sansores San Román, pese a que éste es uno de sus funcionarios estatales. Álvaro Gutiérrez fue designado al frente de la CAPAE el pasado 28 de septiembre del 2021 de manos de la

precisó ante medios de comunicación: “Solo quiero señalar que este es un tema que sucedió antes de que él fuera funcionario de esta administración y es un procedimiento que él llevo con el ejido al parecer de forma legal y bueno si ellos tienen elementos para considerarlo de otra manera, están en su derecho proceder y se les dará la asesoría para que sepan a dónde acudir y cómo”.

No obstante, Meave fue removida como superdelegada de Campeche y trasladada a Jalisco, ante los crecientes señalamientos de corrupción a su alrededor, a lo cual se suma la entrega de recursos de la Delegación Campeche de la Secretaría de Bienestar, a empresas predilectas.

HIZO LO QUE QUISO Durante el año electoral del 2021, Katia Meave entregó recursos por 7 millones 525 mil pesos a cinco contratistas predilectos.

Una de las más beneficiadas fue la proveedora y militante priista Karina Berenice Uc Quijano, quien recibió dos contratos por 850 mil pesos cada uno, con los contratos IA-020000027-E30-2021 y IA-020000027-E35-2021, lo cual sumó 1 millón 700 mil pesos por

Tribunal Agrario Unitario (TAU) que anule las actas de asamblea y haga comparecer a Cardozo Rivero como a cualquier campesino, pero todo intento de acción ante la justicia fue entorpecido por Katia Meave, e incluso no fue cesado de su cargo del Gobierno Federal.

En enero de 2021 buscaron el apoyo de la Procuraduría Agraria, pero la delegada Meave Ferniza una vez más cobijó a Cardozo con el manto de impunidad, pues esta instancia se negó asesorar a los labriegos.

Tras estos hechos, Meave

NEGOCIO REDONDO EN CAPAE

gobernadora Sansores, primer día dio de alta de “Exclusivas Empresariales” como proveedora de este organismo.

Sin embargo, el nuevo titular de la Comisión de Agua ha impuesto un manto de opacidad, pues no ha revelado los contratos que se han realizado durante el cuarto trimestre del 2021, en los tres primeros meses de su gestión, por lo que sólo existe registro de su empresa como proveedora, pero mantiene oculto cuánto se le ha entregado de recursos del mismo organismo.

Asimismo, omitió declarar el conflicto de intereses, pues contaba con contratos por adjudicación directa ante el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud).

DE PROVEEDOR A FUNCIONARIO De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), “Exclusivas Empresariales S. de R.L. de C.V.” cobró un total de 733 mil 954.74 pesos entre 2020 y 2021 con el Indesalud, por medio de seis contratos de adjudicación directa.

El último de estos contratos fue de abril a junio de 2021, por un monto

el “Servicio de impresión y elaboración de material informativo para la operación, publicidad y difusión de los programas sociales a cargo de la Delegación”.

Asimismo, a Guillermo Jesús Zárate Carpizo, quien también recibió 1 millón 700 mil pesos en dos contratos, expedientes IA-020000027-E33-2021 y IA-020000027-E36-2021, para el “Servicio de arrendamiento de toda clase de mobiliario, para la operatividad de los Programas Sociales”.

Con esto, Meave Ferniza privilegió a dichos empresarios incurriendo en probables hechos ilegales, así mismo fue acusada de permitir el tráfico de influencias y promover la corrupción en los programas federales que deberían apoyar a las y los campesinos.

Uno de ellos son las irregularidades del programa “Sembrando Vida”.

En Candelaria este programa comenzó a ejecutarse en tierras posesionadas que no fueron reguladas, que por orden de Meave fueron deforestadas para preparar los terrenos. Esta irregularidad se dio también en Calakmul, donde se taló la Reserva de la Biosfera a pesar de las quejas de la corrupción por parte de los habitantes de la región.

Alejandro Moreno Cárdenas y Álvaro Gutiérrez Castro. *El titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, Álvaro Miguel Gutiérrez Castro, metió como proveedor del organismo a una empresa de su propiedad, denominada “Exclusivas Empresariales” *Entre 2020 y 2021, la empresa de Álvaro Gutiérrez recibió un total de 733 mil 954 pesos en contratos de adjudicación directa a través de Indesalud *El titular de la dependencia cuenta con lazos de compadrazgo con Carlos “El Negro” Sansores y con “Alito” Moreno, quien instituyó el premio de motonáutica “Álvaro Gutiérrez González”

de 179 mil 753 pesos, pero la única clave que identifica al contrato de Indesalud es el número 60.00, para la adquisición de materiales accesorios y suministros médicos.

Asimismo, de abril a junio del año pasado le pagaron a Álvaro Gutiérrez Castro 168 mil 200 pesos por material de limpieza, contrato identificado como 29.00; además de 19 mil 23 pesos también por material de limpieza de enero a marzo de 2021 contrato 30.00.

Mientras que en 2020 de octubre a diciembre, el mismo Indesalud le otorgó tres contratos de adjudicación directa por los mismos montos, 179 mil 753 pesos, 168 mil 200 pesos y 19 mil 23 pesos, pero en esa ocasión no se especificaron los expedientes de los contratos, en una clara muestra de opacidad y encubrimiento.

PAGO DE FAVORES

Cabe mencionar que detrás de las transas de Álvaro Miguel Gutiérrez Castro en la CAPAE, se encuentra el pago de favores personales de la gobernadora Layda Sansores San Román, pues resulta ser un viejo amigo y protegido de su padre Carlos “El Negro” Sansores.

Todo ello apunta a que Álvaro Gutiérrez contará con total impunidad para operar a sus anchas el presupuesto de la Comisión de Agua, desviando recursos a su empresa “Exclusivas Empresariales S. de R.L. de C.V.”, la cual de entrada ya está dentro del padrón de proveedores lista para recibir jugosos contratos.

El vínculo entre la familia Sansores y el titular del CAPAE data desde el año 2000, cuando en una de las últimas apariciones públicas, Carlos Sansores Pérez presentó a Álvaro Miguel Gutiérrez Castro como candidato del partido entonces llamado Convergencia Democrática, para contender por la alcaldía de Campeche. De la mano de Layda, “El Negro” Sansores apadrinó a un joven Álvaro Gutiérrez.

Sin embargo, su acercamiento no ha sido sólo con los Sansores, el actual titular de la CAPAE es hijo de Álvaro Gutiérrez González, acaudalado concesionario cervecero de Grupo Modelo, impulsor de la motonáutica en la entidad.

Por tal motivo, su vástago se volvió muy cercano también del ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien en 2015 instituyó el premio de motonáutica “Álvaro Gutiérrez González”, y tanto padre e hijo recibieron de manos de “Alito” un reconocimiento en la edición 2016 del certamen.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022

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IMPUNIDAD EN BIENESTAR Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

*José Antonio Cardozo Rivera, Coordinador de Programas de la Secretaría de Bienestar, despojó a 47 ejidatarios de Champotón de dos mil 700 hectáreas de terrenos ubicados estratégicamente en zonas privilegiadas donde pasará el Tren Maya *Se registró como avecindado y manipuló escrituras para apropiarse de mil 300 hectáreas en Xbacab y mil 400 en Revolución, y utilizó firmas apócrifas para consumar el delito de despojo en contra de los ejidatarios *La delegación estatal de la Secretaría se convirtió en un nido de corrupción, pues la súper delegada Katia Meave Ferniza incurrió en casos de presuntas irregularidades financieras mediante contrataciones a empresarios de su preferencia NARCOTRÁFICO

GARCÍA LUNA: EL EXPEDIENTE DE LA CORRUPCIÓN Ricardo Ravelo/Sol Campeche

*Mientras sus principales cómplices están encarcelados en México, aunque no acusados de narcotráfico, el policía estelar del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, sigue esperando fecha para enfrentar a la justicia norteamericana *Su juicio se ha pospuesto en tres ocasiones. La nueva fecha está programada para el mes de octubre de este año *Además de las pruebas de que disponen las autoridades norteamericanas, García Luna enfrentará a dos testigos de cargo que pueden hundirlo: Iván Reyes Arzate, uno de sus cercanos colaboradores, quien ya se declaró culpable en Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa, y el “Rey” Zambada, hermano de Ismael Zambada, quien confesó que en varias ocasiones sobornó con sumas millonarias al policía consentido de Felipe Calderón.