El Fin del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA)

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compromisos que adquirieron en el ANSA no son de su competencia. En el ANSA se establece: “El combate a esta epidemia es un reto tan urgente como complejo, pero existe un amplio sector social, con el liderazgo y responsabilidad central de la SS, dispuesto a poner manos a la obra”. En total contradicción con el papel central que se le da a la Secretaría de Salud en el “combate a esta epidemia”, destacan las repuestas de esta dependencia señalando que no se avanzó en diversos compromisos fundamentales que tomó en el ANSA, por “falta de recursos”. El ANSA no ha avanzado en la dirección de la mayor parte de sus objetivos. No ha fomentado la actividad física (1); no ha aumentado la disponibilidad, accesibilidad y consumo de agua simple potable (2); no ha logrado incrementar el consumo de frutas, verduras, leguminosas y granos enteros (4); no ha mejorado la toma de decisiones informadas de la población a través de un etiquetado útil (5), en sentido contrario, COFEPRIS ha permitido que las empresas desarrollen un etiquetado que engaña más a los consumidores; no ha promovido ni protegido la lactancia materna (6), y no ha orientado a la población sobre el tamaño de las porciones (9). En cuanto a los demás objetivos (3, 7,8 y 10) su impacto ha sido muy limitado y aún no evaluado.

La incidencia de sobrepeso y obesidad ha llegado, posiblemente, a su clímax en México. Por lo mismo, es posible que la incidencia del sobrepeso y la obesidad en México presente alguna reducción en ciertas edades. Sin embargo, el aumento en los casos de diabetes y diversas enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, continuará. En cuanto la población de menores de edad, con muchos mayores índices de sobrepeso y obesidad que la que tenían sus padres a la misma edad, siga creciendo, las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad aumentarán en edades más tempranas, incluso, cuando los individuos sean económicamente activos. La viabilidad sanitaria y económica del país se enfrenta ya a un panorama crítico, por no decir catastrófico. Existe una serie de políticas públicas que deben implementarse de manera urgente para reducir el impacto de esta epidemia, para modificar el ambiente obesigénico que resquebraja la salud de la población y sus finanzas, tanto las personales y familiares, como las estatales. Se requiere, de manera urgente, de una política integral de combate a la obesidad sustentada en leyes, reglamentos y normas, como han recomendado a México diversas instancias internacionales. Se requiere urgentemente de un poder ejecutivo y legislativo que deje de someterse a los intereses empresariales y sirva al interés público.


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