¿Quién era Arturo Beltrán Leyva? Señalado de Sobornar a García Luna

La estrella en el primer día de testimonios contra Genaro García Luna ha sido Arturo Beltrán Leyva, uno de los hermanos del cártel del mismo nombre y señalado por haber entregado al exsecretario mexicano de Seguridad millones de Dólares e incluso una Harley Davidson, por su “colaboración” con el cártel de Sinaloa.

Nacido en Badiraguato, Sinaloa, Arturo Beltrán comenzó su carrera criminal como escolta del narcotraficante Amado Carrillo

Fuentes, “El Señor de los Cielos”. A la muerte de éste, junto con sus hermanos Carlos, Alfredo y Héctor comenzó a trabajar para Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El cártel se extendió rápidamente. De acuerdo con el testimonio de Sergio Villarreal, alias “El Grande”, y lugarteniente de los Beltrán Leyva, fue en aquella época en que comenzaron los contactos con el jefe de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien habría entregado millones de dólares a cambio de apoyo y protección. Sin embargo, con la guerra contra el narcotráfico que lanzó el gobierno de Felipe Calderón vino la escisión entre los Beltrán Leyva y “El Chapo”. Arturo culpó a este último por la detención, el 11 de diciembre de 2006, de Alfredo Beltrán. Pensaba que Joaquín Guzmán entregó a Alfredo al Gobierno de Calderón a cambio de protección y de que los dejara seguir con su negocio.

La venganza vino en 2008, con el asesinato de Edgar Guzmán, hijo de “El Chapo”, atribuido a Arturo Beltrán, llamado ya “el Jefe de Jefes”.

Arturo Beltrán decidió además aliarse con el Cártel de los Zetas, para desmantelar al Cártel de Sinaloa.

El “Jefe de jefes” murió en un operativo de la Armada de México, el 16 de diciembre de 2009. De acuerdo con el testimonio de “El Grande”, hasta el momento de su muerte Arturo Beltrán siguió pagando a García Luna. Sun

Mientras el nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Carlos Alberto Santiago Hernández sigue durmiendo el sueño de los justos, en la última semana se ha triplicado el ingreso de migrantes de distintas nacionalidades a territorio mexicano.

Según denuncias ciudadanas, debido a esta situación, ciudades importantes de la entidad, como Tapachula, se encuentran invadidas de migrantes, quienes deambulan por las calles en espera de una oportunidad para continuar su viaje a la frontera norte del país con Estados Unidos.

La estancia de los indocumentados sigue generando una gran diversidad de problemas en esta ciudad fronteriza.

Se esperaba que con la llegada del nuevo funcionario migratorio en la entidad, se implementaran nuevas acciones, y se fortaleciera la vigilancia en la línea divisoria de nuestro país con Guatemala. Sin embargo ha sucedido todo lo contrario, y se tiene la percepción de que pareciera que se le han abierto las puertas de par en par a los migrantes.

Además de que diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de personas han venido intensificando sus actividades en distinto pasos fronterizos ilegales.

Se tiene la sospecha que la dependencia federal, ha replegado sus elementos desde que entro en funciones el nuevo delegado. Así como se han disminuido los operativos de vigilancia por parte de los elementos del INM. ¿Será que ya no tienen para la gasolina?

Una de las rutas por donde se ha incrementado el ingreso masivo de migrantes ilegales a nuestro país, es la de Suchiate, ahí a diario no solo cruzan migrantes, sino todo tipo de mercancías. El rio Suchiate es el testigo mudo de todo el movimiento que existe en la zona.

Las oleadas de indocumentados generan también problemas de salud y de seguridad en zonas céntricas de la ciudad de Tapachula, la segunda en importancia en la entidad.

La pregunta es ¿Qué está pasando al interior del Instituto Nacional de Migración?

La ruta de trasiego de indocumentados de Suchiate a Tapachula, está provocando también, que día con día, se sature aún más de migrantes a la perla del Soconusco.

Hace un par de días, habitantes de Suchiate, denunciaron ante este espacio informativo, que uno de los principales puestos de verificación y control migratorio, de los más visibles, ubicado abajo del puente a desnivel en la entrada de este poblado fronterizo, había sido retirado por completo. Sin embargo, días después, fue restablecido, al parecer por algunas denuncias de la misma población.

Y mientras los traficantes de personas “siguen bateando duro”, como se comenta en esta zona; Tapachula se sigue saturando de migrantes de distintas nacionalidades.

Se Atiborran Oficinas de Atención a Migrantes.

Cientos de migrantes indocumentados siguen llegando a Tapachula sin problemas, y están abarrotando por completo las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), así como las oficinas de Bienestar.

Es un secreto a voces, que la gran mayoría de los migrantes que obtienen el estatus de “refugiado” en nuestro país, solicitan de inmediato al gobierno mexicano ser empadronados para recibir apoyos económicos en los programas federales que se otorgan cada mes, a través de la Secretaria de Bienestar, es por ello que los extranjeros también saturan las oficinas ubicadas en esta ciudad.

Ironía de la vida, ya que muchas familias mexicanas que viven en extrema pobreza todavía no son tomados en cuenta en ningún programa del gobierno federal. En pocas palabras, aquí en territorio mexicano también tenemos nuestros pobres, desafortunadamente, el gobierno federal en México sigue sin encontrar la fórmula para atender la crisis migratoria y humanitaria en esta región de la frontera sur. Y están intentando retener a los migrantes entregándoles apoyos económicos mensuales. ¡Son unos genios! Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

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Ahora resulta que la elección de las cuatro consejerías del INE, incluida la de su presidente, para remplazar a quienes concluyen en abril próximo su gestión dentro del Consejo General del órgano electoral, apunta a resolverse mediante una especie de tómbola cargada por Morena.

No se trata, por cierto, de otra ocurrencia o reforma de AMLO, pues recuérdese que los cambios a la Constitución que propuso sobre la materia fueron rechazados por el Congreso y que su llamado Plan B, que solo toca leyes federales, fue regresado al Senado por la Cámara de Diputados.

Se trata, entonces, de mecanismos previstos en la legislación vigente. Pero ocurre que lo que anteriormente se dirimió mediante negociaciones y acuerdos políticos de cuotas partidistas en la designación de consejeras y consejeros electorales, ahora se sujetará a los mecanismos previstos en la norma correspondiente, donde resultará aplastante el peso de la mayoría. Trataré de explicar algo que en lo personal me resultó enredado y que permite vislumbrar encendidos jaloneos en San Lázaro a partir del 3 de febrero próximo.

La ley mandata que se designe un Comité Técnico de Evaluación (CTE) que revisará perfiles y propondrá quintetas por cada consejería a designar, conforme a la idoneidad de los aspirantes. Los tiempos y procederes de dicho Comité fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados (449 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones) el pasado 13 de diciembre.

El CTE deberá contar con siete integrantes: dos propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y tres por la Cámara de Diputados.

En este último caso, es previsible que el peso mayoritario de Morena imponga a través de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro (Jucopo), a por lo menos dos de los tres representantes de la legislatura que sumados a los dos propuestos por la CNDH, proclives a la 4T, den cuatro de los siete votos requeridos por el CET para la integración de las listas de aspirantes a las cuatro consejerías electorales.

La instalación del CET debió realizarse entre el 22 de diciembre y el seis de enero pasado, según el acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados del pasado 13 de diciembre, pero no se cumplió el plazo por dos razones: la impugnación de algunos de los designados y una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, para su acatamiento, obligó a la cámara baja a detener el pasado 2 de enero el proceso, hasta que inicie el período ordinario de sesiones el primero de febrero próximo.

Vamos por partes.

La CNDH propuso para el CET al académico veracruzano Ernesto Izunza Vera y a María del Socorro Puga Luévano. De ésta última la oposición a puesto en duda su idoneidad para el cargo, sobre todo porque en su currículo se presenta como certificada en Yoga de la Risa por Hilarante México (¿?). Ante esto, la Comisión de Derechos Humano propuso en lugar de Puga Luévano a la candidata a investigadora del Conacyt, Araceli Mondragón González.

En INAI, a su vez, designó a los académicos María Esther Azuela y Sergio López Ayón. Éste último, ex director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), ha sido impugnado por Morena por sus posiciones críticas a la reforma electoral propuesta por AMLO y por ser promotor de la marcha en defensa del INE y el árbitro electoral, realizada en la Ciudad de México el pasado 13 de noviembre.

Entre tanto, el TEPJF revocó el pasado 23 de diciembre el acuerdo tomado por el pleno de la Cámara de Diputados diez días antes para la designación del CET, la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales y los criterios específicos de evaluación. Fundó su sentencia, sobre todo, en que el referido acuerdo debe distinguir la elección del cargo de consejero presidente y la de consejeros electorales, dado que tienen atribuciones distintas y funciones específicas.

Ordena, en ese sentido que el CET presente una lista específica con una quinteta para consejera o consejero presidente y tres quintetas para las consejerías, que deberán llegar al pleno legislativo para su votación en cédulas diferenciadas.

Una vez ajustadas y resueltas todas estas complejidades, se procederá a la designación de quienes sustituirán a Lorenzo Córdova en la presidencia del órgano electoral, a la consejera Adriana Margarita Favela Herrera y a los consejeros Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña.

El CET deberá remitir a la Jucopo, a más tardar el 22 de marzo las listas de aspirantes y ésta a la Mesa Directiva el 27 de marzo, para que el pleno de diputados realice la votación al día siguiente 28 de marzo. La votación deberá ser calificada, es decir, de las dos terceras partes de los integrantes del pleno, para lo cual Morena y aliados no completan los 334 votos requeridos.

Líneas arriba decíamos que, por la composición del Comité Técnico de Evaluación (CET), es previsible que los aspirantes a consejeras y consejeros sean afines a Morena, por lo que difícilmente la oposición permitirá que pasen.

De ser el caso se recurrirá a la insaculación por el pleno de la Cámara de Diputados, la cual tendría lugar el 30 de marzo. Insacular es poner en una urna u otro recipiente papeletas o bolas con nombres de persona o cosas, para un sorteo. La tómbola de la que hablábamos al inicio de esta columna.

Las cuatro quintetas para esa insaculación (una para presidente del INE y tres para consejeros o consejeras) deberán ser propuestas por el pleno de la Cámara de Diputados de acuerdo con la evaluación del CET, mediante una votación de mayoría simple (la mitad más uno de los votos), donde Morena y aliados podrían sin problema imponer su mayoría.

Si los resultados son impugnados, se remitirían las listas a la Suprema Corte de Justicia para que el 3 de abril (un día antes de que deban estar designados los consejeros) lleve a cabo la insaculación.

Ante este panorama, el asunto sacará chispas. ¿Serán los prolegómenos de una crisis preelectoral? Sun