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Ataques con Ácido se Equiparan Como Feminicidio en Grado de Tentativa Ciudad
de México, 11 de Marzo.-El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, en el que se incluyó la propuesta de diputadas federales del PRI para que los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas, se pueden equiparar en mejor medida a un feminicidio en grado de tentativa.


Las legisladoras priistas Montserrat Arcos, Ana Lilia Herrera, Adriana Campos Huirache, Melissa Vargas Camacho y Jacqueline Hinojosa, promoventes de esa iniciativa a la que se sumaron integrantes de otras bancadas, sustentaron que un ataque con ácido tiene una afectación grave sobre la víctima, poniendo en riesgo su vida, pero también su dignidad, su integridad personal y amenaza su forma de vida.
En tribuna, la diputada Montserrat Arcos destacó que las víctimas de este tipo de ataques tienen una “muerte social” debido a que una niña o mujer “marcada” en su cuerpo o rostro es propensa a ser excluida por su aspecto.
La representante popular tamaulipeca expuso que el dictamen vela por el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, frente a los 11 feminicidios diarios en nuestro país y la misoginia que las aqueja día con día.
Refirió que el año pasado, falleció una mujer identificada como Mirta ltzel, producto del ataque que sufrió y que le ocasionó graves daños en el rostro y pecho, mientras que a Luz Raquel le arrojaron alcohol y prendieron fuego, quemándola viva.
En México, dijo, las cifras de violencia contra las mujeres en razón de género siguen aumentando, y mientras no se aprueben más leyes que nos protejan, esta situación se vuelve una lamentable historia sin fin.
“En mi partido tenemos un compromiso por defender a las mujeres. Por eso promovimos esta iniciativa, porque una mujer que ha sido atacada con ácido nunca más será la misma”, subrayó la
*Sostienen en el Senado.
Piropos, Halagos, Miradas Lascivas ya Están Tipificadas Como Acoso
Ciudad de México, 11 de Marzo.-La reciente reforma que sanciona el acoso hacia las mujeres en el transporte público ya tipifica los piropos, halagos, comentarios y miradas lascivas como delito, destacó la senadora del PVEM, Gabriela Benavides.
En entrevista expuso que los espacios públicos son el lugar de encuentro para realizar la vida en sociedad. En ellos se desarrollan diversas actividades, generando la interacción social, el encuentro cultural, el desarrollo deportivo, entre otros.
“Deben ser espacios llenos de luz, desafortunadamente se oscurecen por el registro de agresiones y hostigamiento sexuales en contra de las mujeres”.
Expuso que han sido muchos años donde las mujeres callaban y dejaban pasar los comentarios sexuales, miradas lascivas en estos espacios públicos, por miedo a ser criticadas, a ser agredidas, por no aceptar un supuesto halago.
Subrayó que “los piropos, las miradas, los sonidos, las señales de índole sexual e incluso los comentarios sobre nuestro físico, no son un halago, son expresiones que violentan, que lastiman, que atemorizan a las mujeres que sólo queremos vivir libres”.
Indicó que desafortunadamente, el 70% de las mujeres mexicanas se sienten inseguras en su ciudad. Los cajeros automáticos, el transporte público, las calles que usualmente utilizamos son lugares donde las mujeres se sienten inseguras.
Asimismo, la incidencia de delitos sexuales contra las mujeres es de cuatro por cada 100 habitantes, cifra que aumenta al considerar que muchas mujeres no denuncian estos delitos.
“Si consideramos cifras no oficiales, 60 mujeres son violadas en un solo día. ¡Basta ya!”, agregó Benavides.
La reforma expone que el acoso sexual en espacios públicos “es una forma de violencia que conlleva un abuso de poder respecto de la víctima, sin que medie relación alguna con la persona agresora”.
“Se manifiesta a través de una conducta física o verbal de connotación sexual no consentida ejercida sobre una o varias personas, en espacios y medios de transporte públicos, cuya acción representa una vulneración a los derechos humanos”.
Por ello y por ellas es nuestra obligación abordar este tema en el Pleno del Senado, Reconocer las problemáticas existentes y garantizar los cambios legislativos que permiten erradicar cualquier forma de agresión hacia la mujer. Sun
*Impondrán legisladora, para luego agregar que en estas causas no hay colores ni hay partidos, “tenemos que sumarnos todas, y yo no me quiero quedar callada”, dijo. Sun
Avanza en Senado Reforma Penal Contra el Matrimonio Infantil
Ciudad de México; 11 de Marzo.- Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron una minuta para reformar el Código Penal Federal, a fin de establecer un tipo penal autónomo que sancione a las personas que obliguen a un menor de edad a casarse.
En el dictamen, que aprobaron estos órganos legislativos que presiden la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Rafael Espino de la Peña, se destaca la importancia de establecer como delito una nueva conducta que sancione la manipulación de menores “para adoptar un estilo de vida idéntico al del matrimonio, sin que se verifique una unión o formalización jurídica. La minuta plantea que se comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con una persona mayor de 18 años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio. Al responsable de este delito, agrega, se le impondrá pena de ocho a 15 años de prisión y una sanción económica que va de mil a dos mil 500 días multa. Dicha pena aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciera a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En el documento, las y los Senadores exponen que el matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos de niñas niños y adolescentes, ya que se les obliga o manipula para adoptar un modo de vida idéntico al de un matrimonio, sin que se contraiga un vínculo jurídico formal entre ella y otra persona, frecuentemente adulta. Subrayan que este tipo de uniones tiene consecuencias negativas, ya que, al ser separados de su familia y amigos, pierden la libertad de relacionarse con personas de su edad, participar en actividades comunitarias, sus oportunidades educativas se reducen, así como la construcción de un proyecto de vida.
Incluso, puede acarrear a la realización de trabajos forzados, prostitución y violencia contra los infantes, embarazos prematuros, mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, entre otras. La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, consideró que se trata de un gran paso para proteger a las niñas que viven en comunidades indígenas, de la zona de la montaña de Guerrero y de otras partes de país que son obligadas a estas uniones o matrimonios forzados. De Morena, el senador José Narro Céspedes destacó que se trata de un tema que continúa presente en las regiones marginadas, principalmente en las poblaciones indígenas y afromexicanas; por ello, consideró que estos cambios son necesarios para contribuir a una vida sana para menores de edad. Sun
*Denunciado por Lavado de Dinero.