Comunicado oficial de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones (ADAFP) a medios de comunicación
POR LOS FONDOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS Un llamado a la reflexión y a la sensatez Santo Domingo, 16 de junio de 2020.- El pasado viernes 12 de junio, la Cámara de Diputados aprobó, en primera lectura, el proyecto de Ley que propone entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores afiliados a las administradoras de fondos de pensiones que así lo soliciten. Ante el manejo improcedente y apresurado de un tema de tanta trascendencia para el futuro de los trabajadores y para la economía nacional, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) expresa su rechazo a dicho proyecto de Ley, y hace un llamado a la reflexión y a la sensatez a todos los sectores de la vida nacional. En su misión de administrar y cuidar, con transparencia y estricto apego a las leyes vigentes el patrimonio de los afiliados, las AFP miembros de la ADAFP, dan a conocer su posición en relación con las graves consecuencias que tendría una nueva modificación de la Ley 87-01, a todas luces inviable, sin las debidas ponderaciones y necesaria participación de los trabajadores afiliados y de sus empleadores, ni de las autoridades gubernamentales, los tres actores fundamentales del sistema previsional. En tal virtud, llamamos a la reflexión en torno a algunos de los principales efectos negativos que implica seguir adelante con ese proyecto de Ley: •
Los fondos de pensiones fueron creados con el fin de garantizar un retiro de calidad a los trabajadores afiliados. Con el adelanto de un 30%, estos asumirían con sus propios ahorros el costo de la crisis económica provocada por el Covid-19, cuando ese es un deber del Estado, para lo cual hizo una emisión de bonos soberanos denominados Covid-19 por RD$40 mil millones.
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En razón del impacto negativo que tendría en la economía, encareciendo los precios y debilitando nuestra moneda, el valor de la pensión de los trabajadores disminuiría doblemente: por retirar parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha y, además, por las implicaciones que la operación tendría en el valor patrimonial de los fondos, colocándolos en una situación de precariedad a futuro.
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Como señaló el gobernador del Banco Central, la modificación de la Ley 87-01 tendría consecuencias perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, así como para la estabilidad y el crecimiento económico. Aumentaría desproporcionadamente la emisión monetaria en más de 64% respecto al nivel actual, provocaría altos índices de inflación, mayor presión y deslizamiento de la tasa de cambio, incremento de las tasas de interés y reduciría el poder adquisitivo de las personas, en particular de los hogares de menores ingresos.