Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara
sus más diversas manifestaciones, como lo son: el aumento de la informalidad e inestabilidad laboral, la destrucción de fuentes de empleo, crecimiento del parasitismo social alrededor de un Estado populista, aumento del costo de la vida, fruto de la inflación y las continuas devaluaciones que han mermado aceleradamente el poder adquisitivo de la población trabajadora, a lo que hay que agregar la corrupción extendida a todos los niveles del Estado y de la sociedad venezolana. Estos factores son, entre otros, las condiciones socio económicas que crean un marco para el incremento de la violencia y la inseguridad que azota tanto al estado Lara como al resto del país. Es esta la realidad que necesariamente debe contrastarse con las cifras presentadas por la propaganda oficial que pregona supuestas mejoras en los niveles de vida de los venezolanos. Si la realidad fuese como muestran los avisos publicitarios, estaríamos en presencia del único caso en la historia de la humanidad, en el cual elevar los niveles de vida de la población, disminuir la pobreza, erradicar el analfabetismo, mejorar el sistema de salud y el acceso a la educación, implementar planes de viviendas dignas, etc. conduce al aumento de la violencia y el crimen. Sin embargo tanto en el estado Lara, y como en la mayoría de los estados del país, a las anteriores condiciones ya mencionadas, -también llamadas «causas estructurales» de la violencia social- se les añade un potente catalizador como lo es el estímulo manifiesto al delito por parte de los propios representantes de los poderes públicos nacionales y algunos regionales para instituir un Estado delictivo. Se trata de una verdadera organización al amparo del Estado nacional y sus representantes regionales, sostenida sobre la base de extendidas alianzas y colaboraciones entre delincuentes comunes y organizados, léase funcionarios militares y policiales de los llamados organismos de seguridad, fiscales, jueces, alguaciles, secretarias, peritos que, como si de una cruzada criminal se tratara, se unen formando un Circulo de Impunidad muy difícil de romper. Son ejemplo de ello la proliferación de bandas integradas, o en las que participan, funcionarios militares y policiales; la corrupción de un poder judicial mercantilizado y sometido a los dictámenes y órdenes del poder ejecutivo o de caudillos regionales. El caso Makled, los sucesos de El Rodeo y el insólito final de la fuga, con armas y dinero incluidos, de setenta delincuentes, en medio de un cerco militar, luego de la mediación de Diosdado Cabello, son hechos palpables del poder de la delincuencia en el seno del Estado, realidad que a nuestro entender no ha sido debidamente considerada por las organizaciones defensoras de los DDHH y que «conveniente y olímpicamente» son evadidas por la llamada oposición política.
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