Ministerio de Seguridad manipula datos sobre armas registradas ligadas a delitos en Costa Rica

Ministerio de Seguridad manipula datos sobre armas registradas

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Ministerio de Seguridad manipula datos sobre armas registradas 4 de enero de 2022

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Costa Rica, Investigación, Noticias

08/01/2022, 17:50

Ministerio de Seguridad manipula datos sobre armas registradas

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Policías destruyen armas en un acto público.

El Ministerio de Seguridad Pública emitió el 11 de marzo de 2019 un comunicado de prensa titulado “53% de armas registradas están vinculadas a delitos”, justo cuando la Asamblea Legislativa discutía los proyectos de ley número 20508 y 20509 que buscaban limitar el número de armas que podían portar las personas en Costa Rica. El comunicado hacía referencia a los resultados obtenidos de un “estudio” realizado por el Departamento de Sistemas de Dirección de Tecnologías del Ministerio de Seguridad.

El comunicado y su contundente titular fue utilizado por grupos políticos que apoyaban la reducción de cantidad de armas inscritas que pudiera portar una persona, sosteniendo el argumento de que las armas legalmente inscritas terminarían utilizándose para cometer delitos. Por ejemplo, Ana Yancy Espinoza Quirós, directora en ese momento de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, dijo a Diario Extra en una entrevista publicada el 2 de diciembre de 2019 que el 53% de armas registradas estuvieron vinculadas a delitos, haciendo referencia a los datos del comunicado y reprochando a los portadores legales por ello.

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Esconden la información El mismo 11 de marzo, horas después de que tanto Casa Presidencial como el Ministerio de Seguridad publicara el comunicado, le solicitamos a los señores Juan Francisco Campos, Jacqueline Sequeira y Adolfo Enrique Meneses, jefe del Departamento de Sistemas del Ministerio de Seguridad Pública, Directora de Informática del Ministerio de Seguridad Pública y Subdirector de Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad, respectivamente, que nos hicieran llegar el estudio para examinarlo y analizarlo, pues dicho estudio no fue puesto a disposición del público.

De ellos, solamente contestó Campos, quien cuestionó al suscriptor de esta nota periodística por sus calidades y alegando que dicha información (el estudio) pertenecía al Poder Judicial y “los dueños del (sic) información son los únicos autorizados a revelar esta información”, por lo que le consultáramos al Poder Judicial al respecto.

Esto a pesar de que se trataba de información pública y de interés público muy relevante para el debate político sobre el derecho a portar armas.

Luego de más de un año sin obtener el estudio y ya habiéndose aprobado los proyectos de ley que limitaban aún más el derecho a portar armas, se interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad para que la Sala Constitucional les obligara a proporcionar el fundamento de ese comunicado que alegaba que la mayoría de armas legales son utilizadas en delitos. Finalmente, mediante la sentencia 2021000281 la Sala Constitucional condenó al Ministerio de Seguridad a brindar la información solicitada.

Correo de Campos Araya negando brindar la información y cuestionado la solicitud.

¿Qué dice el estudio?

Por medio del oficio MSP-DM-VA-DGAF-DTI-DS-01-2021, el director del Departamento

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de Sistemas del Ministerio de Seguridad nos indicó que el estudio se trata en realidad de un “cruce de información” solicitado por correo electrónico a ese departamento. Este “cruce” es una comparación entre un Excel de la Dirección de Armamento con la lista de 7227 armas de fuego que “se encuentran en custodia en la Bodega de Evidencias Judiciales” como evidencia de diversos procesos judiciales. Es decir, no se trata de un estudio como tal sino de una interpretación de una lista de armas que se almacenan como evidencia, por lo que no se puede concluir que sean armas con las que efectivamente se cometió algún delito.

El “estudio” consistió en determinar cuántas de esas armas estaban inscritas y cuantas no, para así sacar su porcentaje respecto del total. Es a partir de ese cálculo donde aparece el mencionado porcentaje de “53%” que se menciona en el comunicado, pues según el cruce de datos, un total de 3820 de las armas de la lista se encuentran inscritas. Sin embargo, del material brindado es imposible realizar el cruce de información para corroborar la información y los cálculos que realiza el Ministerio de Seguridad Pública, por lo que no es posible para el público verificar la veracidad y exactitud de los datos.

Imagen de parte del listado que fundamenta el cruce de datos del Ministerio de Seguridad.

A pesar de ello, el equipo del Instituto EJR analizó la lista y se pudieron obtener los siguientes resultados: • 3247 de las armas están relacionadas con delitos de portación ilícita o ilegal de armas como infracción a la Ley de Armas, es decir, un 45% del total de las armas del estudio están relacionadas con delitos que tienen que ver con su propia tenencia y no con delitos contra la vida o propiedad.

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• 1030 armas están relacionadas a procesos de delitos no violentos, como por ejemplo venta o tráfico de droga (785 armas), legitimación de capitales (34), estafa (6), caza ilegal (14), entre otros, lo que representa un 14%.

• 903 armas están relacionadas a procesos judiciales cuyo delito no se indica.

• 41 armas están relacionadas a delitos que se catalogan como “atípicos”, es decir, no se consideran delitos.

Por lo tanto, según el análisis realizado, se puede concluir que un 72% de las armas “relacionadas a delitos”, inscritas o no, no se pueden ligar a delitos violentos y, en consecuencia, con ellas no se cometió ningún delito contra la vida ni tampoco se cometieron asaltos.

Manipulación de datos La investigación realizada por el Instituto EJR evidencia que Casa Presidencial junto con el Ministerio de Seguridad Pública difundieron información inexacta, derivada de estudios poco o nada rigurosos y que no puede ser contrastada ni analizada adecuadamente por el público.

La lista de armas en la que se basa el “cruce de información” se trata de una lista de armas almacenadas como evidencia de diversos delitos, por lo que no se puede determinar que estas fueron utilizadas para cometer delitos, como parece que pretendía hacer el ejecutivo y su bancada oficialista en la Asamblea Legislativa.

Por ejemplo, si la policía allana una vivienda por algún delito económico como fraude o estafa y en dicho allanamiento encuentra un arma registrada y la decomisa, esta arma estaría “relacionada a un delito” según los términos de Casa Presidencial y Ministerio de Seguridad, cuando en realidad esa arma no se ha utilizado para cometer el delito que está siendo acusado y que todavía depende de una sentencia en firme para que así se declare.

Recientemente la diputada oficialista Hidalgo Herrera ha impulsado el proyecto de ley 22812 que pretende reducir el número de armas que una persona física puede inscribir a su nombre, para que solo pueda registrar una en lugar de dos como la legislación lo permite en la actualidad.

Categorías las Publicaciones PuedeTodas encontrar la documentación relacionada con este artículo en issuu.com/eliasinstituto

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