Opinión

Misael Tamayo N Ez Despejar

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, el pasado lunes, la consulta que el año pasado realizó el Congreso local en materia de seguridad, derechos y cultura indígena, se viene para los pueblos adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRACPC), una nueva lucha, ahora por la derogación de las reformas que comenzaron en 2018, en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, y que se ratificaron el año pasado en este gobierno, con algunos cambios fundamentales.

Por ejemplo, se elimina el sistema de justicia indígena, que se basa en los usos y costumbres de los pueblos originarios y que el sistema de reeducación.

Esto incluye la detención de presuntos delincuentes, su investigación por parte de los coordinadores, la presentación del inculpado ante una asamblea regional, donde se determina el tiempo de su reeducación (según el delito de que se trate).

Este sistema ha demostrado ser bastante efectivo, pues a la gente indígena no se le tiene encarcelada, sino que los reos trabajan en obras de desarrollo comunitario, y se ganan su comida. Además de que los ancianos de las localidades van a darles consejos.

Teléfono Rojo

dígenas. Pero ciertamente podría ser peor.

¿Qué se destaca de este sistema? Que a diferencia de lo que hacía la UPOEG, que carecía de reglamentos y era una fuerza itinerante, moviéndose de un municipio a otro y de una región a otra, la CRAC-PC está diseñada desde 1995 para brindar seguridad en las comunidades indígenas, como su nombre lo indica, donde los policías son electos en asamblea de cada pueblo, y trabajan bajo las órdenes del comisario en turno, durante un año, como labor social. Es decir, sin recibir pago alguno, pues el pueblo sostiene su manutención.

Esto ha permitido que la mayoría de los pueblos adscritos a la CRAC-PC, cuente con seguridad propia, y que los protocolos para actuar sean menos engorrosos que en el sistema de seguridad oficial.