Opinión

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Misael Tamayo N Ez

Como parte de la secuela del Caso García Luna, hay que decir que quedaron muchas interrogantes y a todas luces se observa que el suyo fue un juicio bastante quirúrgico de parte del juez Cogan, quien cuidó que éste que es uno de los escándalos internacionales más graves de lo que va del presente milenio, no se saliera de control.

De haberse dejado a la Fiscalía en libertad, en este momento estarían surgiendo infinidad de nombres de funcionarios de alto rango, tanto de México como de los Estados Unidos, donde incluso se le condecoró y se le reconoció por la lucha militar que emprendió el ex presidente Felipe Calderón en 2006.

Esto lo trajo a colación en la mañana de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se preguntó porqué la propia defensa, en el ánimo de salvar a su defendido, no colocó como testigo a favor al ex presidente Felipe Calderón, o al expresidente Vicente Fox, pues con ambos trabajó el súper policía de la era panista, primero como titular de la AFI, y luego como secretario de Seguridad Pública.

Y el presidente mencionó que es imposible que los presidentes no estuvieran informados de lo que hacía su subordinado, sobre todo en asuntos tan graves como el programa Rápido y Furioso, que el gobierno de Estados Unidos impulsó con el visto bueno del gobierno de Calderón, para inundar de armas de fabricación estadounidense este país.

Federico Berrueto

que fueron pagando tipo Elektra, en abonos chiquitos. Nadie les cree, obviamente, pero parece haber una especie de pacto de alto nivel para que solamente caiga García Luna, sin que el fuego ascienda más allá, ni se extienda para ningún otro lado.

Pese a que la corte de Nueva York se precia de ventilar estos asuntos frente a un jurado cuidadosamente electo y constituido por ciudadanos comunes y corrientes, a estos se les dio una muy baja dosis de información.

Y aunque determinaron por unanimidad que el titular de Seguridad del sexenio calderonista era culpable de los 5 cargos de que se le acusa, en México queda un resabio a desagrado, pues se esperaba más de este juicio, que es el primero de un funcionario de alto rango que es llevado a una corte en el vecino país.

AMLO espera que García Luna haga uso de su derecho a testificar en contra de Calderón y Fox, lo cual le ayudaría a reducir su condena. Esperan lo mismo los personajes que alertaron a Calderón acerca de la actuación de García Luna, como el General Tomás Ángeles Dauahare, quien en lugar de ser escuchado fue encarcelado.

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Antonio Gonzalez

Producci N Y Taller

Antonio Gonzalez

Periodico el Faro de la Costa Chica es una publicación diaria que se imprime en sus propios talleres con circulación en la región de la Costa Chica de Guerrero, Tlapa y Oaxaca

Marquelia

Según expertos, quedaron muchas líneas de investigación sin explorar y tampoco se tocó la parte del escandaloso enriquecimiento. Y como si se tratara de un acto concertado, para vergüenza del Poder Judicial de México, mientras que en Estados Unidos García Luna era declarado culpable, quedando sólo en espera de su sentencia, en este país un tribunal judicial dio la orden para que la Unidad de Inteligencia Financiera desbloqueara las cuentas de la esposa de García Luna.

Vergonzoso de verdad, pues lo mismo hicieron con el que fue uno de los brazos del súpersecretario, Luis Cárdenas Palomino. Entonces, no importa si García Luna paga en Estados Unidos por sus delitos, mientras que su familia goce de su fortuna en México.

Para controlarlo todo, el juez Cogan palomeó sólo a unos cuantos testigos, de la larga lista que se le presentó, desechando a muchos; e incluso restringió aún más las comparecencias que se presume durarían un mes, a tan sólo dos semanas.

La Fiscalía sólo tuvo oportunidad de presentar a un testigo “secreto”, que fue el Rey Zambada, mientras que la defensa presentó a la esposa de García Luna, quien explicó que su riqueza inició con créditos blandos,

La historia Ángeles Dauahare, por cierto, es espeluznante. Logró sobrevivir a intentos de asesinato dentro de la cárcel y tuvieron que liberarlo, cosa de la que forzosamente tuvo que dar el visto bueno el presidente Calderón, como mínimo, pues no se confrontaría a ese grado con los poderosos generales de las Fuerzas Armadas. De hecho, todo fue a valores entendidos.

Tan sólo este caso sería suficiente para determinar hasta qué grado el gobierno calderonista estaba podrido, cómo la militarización que emprendió en 2006 fue una mera simulación, algo realmente perverso.

En cuanto a la sociedad estadounidense, también hay interrogantes. Ayer, el senador republicano Charles Grassley (Iowa) exigió a la DEA y al FBI reportes detallados que permitan determinar qué hicieron cuando supieron del caso García Luna.

“La seguridad y el éxito de los esfuerzos de las agencias del orden de los EU dependen de la administración adecuada de los activos y la información”, indica el Senador en su misiva dirigida a Anne Milgram, administradora de la DEA, y Christopher Wray, director del FBI.

Grassley les dio un listado de datos que ambas agencias deberán presentar en los próximos días, para su análisis.

En resumen, el caso García Luna está lejos de terminar. Falta el periodo en el que la ley permite impugnar la decisión del jurado, lo cual abre una rendija a su libertad (aunque se duda), y en junio se le estaría dictando una condena.

Para la abrumadora mayoría este 26 de febrero será un domingo como cualquier otro. No así para muchos quienes han sido convocados para expresar su voluntad para defender a la democracia mexicana en concentraciones en lugares emblemáticos en más de 75 ciudades, la más relevante en el zócalo de la Ciudad de México. La preocupación ciudadana es fundada y genuina. La embestida del régimen contra el INE es realidad y se presenta de diversas formas. Al encuentro ciudadano le anteceden no solo los golpes legislativos y la parcialidad en el proceso de renovación de los cuatro consejeros del INE, a concluir los primeros días de abril muy probablemente por la vía de la insaculación sobre propuestas que habrá de seleccionar un comité técnico evaluador parcial. En ese respecto no hay espacio al optimismo. Sí lo hay en el plano judicial. La decisión del Ministro Alberto Pérez Dayán para resolver la inconstitucionalidad del plan B de la reforma electoral, determinó una medida cautelar que suspende los cambios legales ya aprobados por el Congreso en tanto se realiza el examen del fondo de las impugnaciones constitucionales de partidos y fracciones parlamentarias. Entre otros criterios el Ministro señala como argumento para la suspensión: “porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”. Bajo esta misma consideración es muy probable que una vez que sea promulgada la parte sustantiva de la reforma, ya aprobada por el Senado, también sea objeto de análoga prevención judicial.

Quienes convocan y concurren no aspiran a que el presidente López Obrador reflexione o reconsidere su postura. Se sabe de antemano que es inflexible su determinación, la que transita en su gobierno, en las fuerzas políticas afines y en sus representantes legislativos. Por esta misma consideración debe estar presente la traición o la extrema ingenuidad con la que los diputados de la oposición se abstuvieron de rechazar la designación a modo de los tres representantes le- gislativos del comité técnico evaluador para la selección de aspirantes a consejeros electorales.

La batalla a futuro habrá de dirimirse fundamentalmente en el plano judicial. El Tribunal Electoral, el Poder Judicial Federal y, particularmente, en la Suprema Corte de Justicia. Las acciones legales contra la reforma serán diversas y la de mayor trascendencia es la que atienda el pleno de la Corte, ya que podrá suspender como medida cautelar, primero, los cambios aprobados por la mayoría morenista en el Congreso y, después, resolver la inconstitucionalidad de la reforma, eventualmente, con una mayoría de 8 votos y de esta forma conjurar una parte del golpe contra la institucionalidad democrática.

Por ello ha sido un acierto que en la concentración se haya seleccionado al prestigiado académico y ministro en retiro, José Ramón Cossío, para emitir un mensaje a los presentes. Desde ahora la movilización ciudadana debe entender que la ley y la acción judicial son los recursos más relevantes y eficaces para defender y proteger a la democracia nacional y a sus instituciones. También hay necesidad de una voz enérgica, valiente y representativa de los ciudadanos preocupados por el curso autoritario del régimen. Así, otro acierto es el que haya sido invitada Beatriz Pagés, directora de Siempre!, ícono de la libertad de expresión.

Los números de los asistentes importan, el precedente del 13 de noviembre sorprendió a todos y significó un oportuno y esperanzador despertar ciudadano que seguramente habrá de replicarse este domingo.

Quienes observan y comentan los asuntos de la vida pública deben considerar la expresión cualitativa de la irrupción ciudadana. Se trata de razones y emociones que en su acumulado y evolución representan un promisorio movimiento con una causa irrefutable: la vigencia plena de las libertades, de la democracia y del régimen republicano de división de poderes. La pulsión autocrática del régimen ha dado origen a un proceso ciudadano con enorme potencial no sólo para defender lo mejor de sus instituciones, sino para transformar para bien al país.