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Opinión
Misael Tamayo N Ez
Aunque la gobernadora
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Evelyn Salgado fue elogiada por el presidente de la República, la semana anterior, por los méritos de su trabajo y esfuerzo frente al gobierno de Guerrero, vale la pena destacar dos aspectos que, si se resolvieran, le serían de mucha ayuda.
Primero, la rebatinga en el Congreso local afea a la Cuarta Transformación en Guerrero. El hecho de que los diputados morenistas estén siempre de la greña, ventilando hasta los conflictos más pequeños, y acusándose mutuamente, deben de saber que eso crea caos, confrontación y una muy mala imagen al partido lópezobradorista.
Podrá argumentarse que eso no importa, porque hay división de poderes y una cosa es el Poder Ejecutivo, que preside Evelyn Salgado, y otra el Poder Legislativo, que lidera Morena (bajo el sello de los personajes que por ahí han desfilado). Pero eso es mentira. Al final del día, la gente no hace esa distinción y termina por meter a todos en el mismo costal. Además, no olvidemos que el éxito del gobierno estatal pasa forzosamente por lo que se maneje en el Poder Legislativo, pues ahí es donde se deben agilizar proyectos de leyes, planes y programas. No podemos imaginar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya tenido un avance importante en muchas áreas de la administración pública federal -incluidos los programas sociales- si los diputados morenistas hubieran estado como los de Guerrero, metiéndose zancadillas unos con otros, ventilándose hasta su vida privada, lugar de trabajar por un mismo objetivo y de la mano del inquilino del Palacio Nacional.
Número Cero
propio, igual que los panistas y verde ecologistas. No en balde hay gente que ya es eterna en el Congreso. Los “niños verdes” de Guerrero,por ejemplo, estuvieron durante años rolándose las plurinominales, sin permitir a los alcaldes que ganaban una elección bajo sus siglas, acceder a esos cargos, truncándoles de ese modo sus carreras.
El caso es que eso de los chantajes desde el Congreso es parte de la vieja política que se resiste a caducar. Cuentan una anécdota de tiempos de Zeferino Torreblanca, cuando el finado Armando Chavarría Barrera dejó la Secretaría General de Gobierno para ser diputado “pluri” por supuesto, con el objetivo de saltar de ahí a la gubernatura. Pues en medio de la negociación de una iniciativa de Zeferino, se dice que Armando estaba poniéndole precio a la aprobación y era obviamente un precio muy elevado. El gobernador en turno optó por retirar su propuesta y Armando y sus muchachos se quedaron con un palmo de nariz, incluidos los prístas, que para entonces eran “amiguis” de don Armando. Esto realmente era lo que los hermanaba, aunque en la calle se gritaban improperios, hasta que sus intereses terminaron por unirlos. Hoy son lo mismo.
En tiempos de Morena, aunque se observa que las cosas han cambiado, no es suficiente. Ahora los diputados “gestionan” obras y servicios para sus distritos, pero las obras las ejecuta el gobierno del estado, no se aplican los recursos de manera directa, aunque no se descarta que les permita elegir a los contratistas, para que el diezmo les quede a ellos, esa sería su paga.
García Luna, ¿qué sigue tras el fallo?
El fallo sobre García Luna en Nueva York es difícil de predecir, pero no menos que pronosticar las secuelas del trauma de un juicio que pretende dar forma al crecimiento de la delincuencia organizada en México en un lustro. ¿Qué es lo que sigue? El país tendría que estar listo para investigar las tramas de narcopolítica y aprender del grave error de renunciar a juzgar esos crímenes en sus tribunales, sino quiere ver a la justicia como espectador de una serie de Netflix.
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Suele ocurrir que los diputados cobran por sus votos a las iniciativas. En tiempos del PRIAN-RD se decía que cada voto podría costar hasta 1 millón de pesos, dependiendo del tema de que se tratara, y de la urgencia del gobernador. Si era un tema “gordo”, pues del mismo tamaño era el pago por firma.
Aparte, los diputados pedían dinero para manejarlo de manera directa en supuestas gestiones de sus distritos, pero era dinero que nadie vigilaba ni se sabía si realmente lo aplicaban, pues lo cierto es que se trataba de “regalos” del gobernador en turno para mantener a los diputados contentos, sin hacer olas ni dar declaraciones en contra.
Esto funcionaba sobre todo para la oposición, que estaba bastante dócil. Lo vimos así en los tiempos en que gobernaba el PRI y el PRD estaba en la banca. Los amarillos se hicieron expertos en este tipo de chantajes y por eso vemos cómo los líderes de las viejas tribus perredistas siempre estaban pululando ahí como diputados, saliendo y entrando, y hasta la fecha por ahí quedan uno que otro dinosaurio de esa época.
Al revés, si en cambio gobernaba el PRD, entonces los priísta hacían lo
Pero lo que no se resuelve son las intrigas palaciegas. Eso, sin embargo, no es nuevo. Desde la pasada legislatura, que fue presidida por el ahora diputado federal y fallido aspirante al gobierno de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el Congreso se convirtió en la vecindad del Chavo. Un verdadero lavadero público, en donde el que detenta el poder dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se ensaña contra los que están debajo, repegándolos a la pared, imponiéndoles reglas de conducta, y sujetándolos a su propia visión.
Y si le sumamos que la Jucopo maneja también el presupuesto del Congreso, entonces ya podemos saber de qué se trata todo. Eso es siempre un asunto de muchos pesos y centavos.
En segundo lugar, la gobernadora debe afinar su equipo. Está a tiempo de hacerlo. Hay personajes de todos los niveles que no están a la altura. Aunque los secretarios y subsecretarios trabajan, escaleras abajo no todo camina, sobre todo en las delegaciones.
Si los del Congreso se acomodan y dejan de dar la nota escandalosa, y los funcionarios se aclimatan a las nuevas reglas del servicio público, otro gallo le cantará a la Cuarta Transformación en Guerrero.
La pasarela de historias de 26 testigos de excabecillas de cárteles y agentes de seguridad mexicanos y de la DEA sobre nexos del crimen y la política dejan la imagen de una narcodemocracia que necesita ayuda de EU para combatir y hacer justicia. El daño para la confianza en la ley y la justicia es inocultable, aunque el juicio se circunscriba a los gobiernos de Fox y Calderón, de los que García Luna llegó a ser el súper policía que limpiaría la seguridad pública en la guerra contras las drogas. Las menciones de los testigos sobre sobornos del Cártel del Pacífico a cambio de protección muestran la ruta de su expansión, aunque al final fuera absuelto.
Cual sea el desenlace del juicio, ahora deja la acción en la cancha mexicana, aunque su Fiscalía y los tribunales pocas veces procesen a los grandes capos. García Luna tampoco es una excepción, dado que en NY se le juzga por el daño infringido a EU por introducir droga desde la visión de la justicia norteamericana, y no por los delitos que lo persiguen en México. El presidente López Obrador puede decir que aquí el tribunal popular ya lo condenó, lo que sirve de poco como escarmiento contra la impunidad que cobija la expansión territorial del narco, tal como quiere mostrarse en Brooklyn.
El caso es paradigmático de nuestra debilidad institucional y de la reacción de EU cuando necesita que la justicia se involucre en problemas para su seguridad y salud pública como las drogas. En el marco del juicio, la responsable de la DEA, Anne Milgram, acudió al Senado para elevar enérgicos reclamos a México por mayor cooperación para intercambiar información de de- comisos de fentanilo, operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios y extradición de narcos mexicanos. Así, el juicio parece ser un marco para recordar a México que no es una buena idea restringir la colaboración con la DEA o la extradición de Ovidio Guzmán o Rafael Caro Quintero, reclamados por la Justicia de EU. Los criminales “están muy equivocados si creen que México no irá tras ellos”, dijo en redes el embajador Ken Salazar, mientras la DEA espera que su reclamo sea escuchado por un vecino desconfiado de su operación en México. EU envía el mensaje de estar listo para colaborar con el país para cortar la expansión de los cárteles y juzgar a sus líderes en sus tribunales. Las acusaciones de narcos procesados (y beneficiados) allá contra García Luna han tenido seguimiento puntual en las mañaneras, con objeto de ventilarlas en la opinión pública, así como las respuestas a la DEA de que México no hace lo suficiente contra el fentanilo. Pero no en los tribunales porque, primero, en el caso de García Luna sus cómplices también fueron extraditados a EU, y segundo, dado que aquí no se le persigue por delincuencia organizada que sí involucrara cárteles con actores políticos.
Ningún gobierno en México ha querido investigar a García Luna a pesar de las denuncias desde hace 15 años por corrupción y vínculos con el crimen. Ya iniciado el juicio en NY, la FGR, siguiendo la ruta del dinero de los sobornos, presentó en Florida una demanda en su contra por desviación de recursos públicos por 700 millones de dólares. Y luego se informó de otras dos carpetas, una por entrada ilegal de armamento en la operación Rápido y Furioso”, que comandó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU; la otra, por corrupción en penales federales privatizados cuando estaban bajo responsabilidad del exsecretario de Seguridad de Calderón.
Ninguno de los delitos tiene vinculación con el proceso en NY, confiesa la FGR. Tras el fallo ¿México estará listo para reclamarlo y llevarlo a tribunales, hay voluntad política y capacidad de juzgarlo? Son las preguntas abiertas del juicio de Brooklyn.