El Ecologista Vol. 20

SEGURIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO

1ER TRIMESTRE 2023 • Vol 20

INTRODUCCIÓN

Quienes participamos en tu Revista EL ECOLOGISTA, estamos muy contentos de iniciar un año más, en el cual, prometemos presentarte muchos y nuevos temas que estamos seguros serán de tu interés; es por ello que, te invitamos a seguir con nosotros durante este 2023; en dónde, con fines únicamente de investigación e información, llevaremos a ti interesantes y destacables artículos sobre nuestra entidad y de relevancia para los mexiquenses.

Es así que, en nuestra edición número 20 que estas por iniciar su lectura, abordaremos el tema de la Seguridad en el Estado de México; tema coyuntural y de importancia, en virtud de los incrementos en la inseguridad que se presenta en los primeros meses del año, esto, a causa de las afectaciones derivadas de la cuesta de enero y; del hecho de que los delincuentes saben que las personas están estrenando artículos que les fueron regalados o que adquirieron en la época decembrina.

En este contexto, es que te presentaremos los principales delitos que se cometen en la entidad, destacando que, en esta edición solo abordaremos aquellos que presentan los mayores índices, pero no por ello los únicos que afectan a la población, pues en materia de seguridad, el Estado de México, se encuentra reprobado en un sinfín de actos ilícitos que se cometen a diario.

También, te hablaremos de las víctimas y sus derechos, es importante que nuestros lectores estén informados respecto de las garantías que la ley les otorga cuando se convierten en víctimas de la delincuencia; que conozcan de la protección legal e institucional de la que todos los mexiquenses gozan.

Los Centros de Readaptación Social, también serán parte de nuestra investigación que te presentaremos; de los derechos humanos al interior de ellos y de la efectividad en la readaptación y reinserción en la sociedad.

Y justo para cerrar nuestro tema de seguridad, no podemos dejar de lado el papel tan importante que juegan las corporaciones policiacas, conoceremos un poco más de sus condiciones laborales y de la importancia que revisten en el combate a la delincuencia.

Como podrás darte cuenta, con esta edición buscamos brindar información oportuna a nuestros lectores, a fin de preservar la seguridad en nuestros entornos, trabajar en conjunto y emprender acciones colectivas que nos permitan desarrollarnos en un ambiente sano, los mexiquenses exigimos y tenemos derecho a disfrutar de en un espacio libre de la delincuencia y la impunidad◆

El Ecologista año VI, Nº 20 Enero-Marzo 2023

Periódico oficial del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México.

Consejo editorial: José Alberto Couttolenc Buentello María de los Angeles Romero Ochoa

Dionisio Manuel Deseano Domínguez Pedro Edgar Cortes de Jesus

El ecologista, año 6, número 20 Enero/Marzo 2023

Es una publicación Trimestral, diseñada por MV MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD, con dirección en Cda 2 de Marzo, MZA F LT 4, Casa 104C, Fracc Valle de Lerma, C.P. 52004, Lerma, Estado de México. Diseñado en México. Septiembre 2022

Correo: info.mvmkt@gmail.com

Es una publicación Trimestral editada y distribuida por el Partido Verde del Estado de México, con dirección en República de Belice, número 109, Col. Las Américas, C.P. 50103, Toluca, Estado de México. Tel: 7229147192

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1. INSEGURIDAD. LA REALIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO

Es oportuno iniciar nuestro artículo señalando que el Estado de México, es la entidad más poblada del país con cerca de 16 millones 992 mil 418 habitantes, conforme a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta situación implica indiscutiblemente mayores retos y problemáticas en materia de seguridad, derivadas de las las múltiples necesidades que la población requiere y que no son satisfechas.

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

reconoce que el dinamismo y el crecimiento demográfico en la entidad, aunado a la deficiente vinculación con políticas de desarrollo, han derivado en temas de inseguridad que claramente impactan en la calidad de vida de la población.

En este contexto, no podemos dejar de observar los compromisos internacionales que el Estado de México debe cumplir en razón de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030; que determina como una de las principales aspiraciones, el contar con ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles; sin embargo, la entidad mexiquense se encuentra muy alejada de poder cumplir con estos compromisos que deben ser garantizados en poco menos de 7 años.

En temas de números, durante el 2021, se cometieron cerca de un millón 871 mil 808 delitos en el país, de los cuales, 389 mil 493 ocurrieron en el Estado de México, lo que representa el 20.8% del total nacional, esto es, 1 de cada 5 delitos se cometieron dentro del territorio mexiquense. Asimismo, durante los últimos meses del 2022, el INEGI, reporto que cerca del 64.4% de la población de 18 años y más, señaló sentir vivir en un entorno de inseguridad.

Asimismo, el INEGI publicó en abril de 2022, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Primer Trimestre de ese año, en el que arrojó que el porcentaje de la población mexiquense de 18 años y más, que identificó a la inseguridad como la principal problemática en su ciudad fue: un 84.8% de la población de Cuautitlán Izcalli consideró vivir en un entorno de delincuencia; en Ecatepec un 80.9%; Toluca 75%; Chimalhuacán 74.3%; Naucalpan 71.4%; Tlalnepantla 66.4%; Nezahualcóyotl 57.9% y; Atizapán 48.7%.

Asimismo, durante los primeros meses del 2022, la Secretaria de Seguridad del Estado de México, registro que se habían cometido 45,595 robos; 19,712 lesiones; 1258 extorsiones; 1,243 homicidios y; 33 secuestros. Y no podemos dejar de mencionar la alta peligrosidad que representa la entidad mexiquense para las mujeres, quienes son unos de los grupos más vulnerables ante la inseguridad, cifras que mitad del año pasado aumentaron en un 85.8% en violaciones y; en un 60% hostigamiento sexual; sin dejar de referir que seguimos siendo la entidad número uno en feminicidios.

No esta demás referir que alrededor del 90% de los delitos cometidos en la entidad no son denunciados, siendo las principales razones por la que las víctimas no denuncian: el considerar que es una pérdida de tiempo en primer lugar y; en segundo, porque existe desconfianza en las autoridades; con esto, podemos inferir que las cifras que de por sí ya son alarmantes, realmente no reflejan la realidad a la que se enfrentan los mexiquenses, lo que hace aún más preocupante el tema de inseguridad.

En este contexto, la percepción y el desempeño de las instituciones encargadas de brindar seguridad en la entidad, también juega un papel importante; al ser las encargadas de la preservación y respeto a la las disposiciones normativas, de la conservación del orden social y de la protección a la población, como parte de las obligaciones del Estado; desafortunadamente una gran parte de la ciudadanía no aprueba ni confía en las autoridades.

Considerando que la seguridad es una obligación del Estado, podemos concluir que ésta encomienda constitucional no está siendo garantizada, ya que, todos los días escuchamos noticias de homicidio, robo, extorción, violencia y demás delitos que se comenten en la entidad y que reflejan el ambiente de inseguridad que se vive en el Estado de México.

Es por ello que, hoy presentamos a nuestros lectores este tema tan relevante y que forma parte el hartazgo social que demanda mejores condiciones de vida y un entorno sin miedo; un reto que requiere de un verdadero compromiso de todas las partes que convergen en la lucha contra la delincuencia◆

2. PRINCIPALES DELITOS

En un ambiente de inseguridad que se viven en el Estado de México, resulta sumamente complicado determinar qué delitos son los principales o más alarmantes; y aún resulta más difícil señalar aquel que genera mayores afectaciones a la población; pues desafortunadamente; las cifras colocan a la entidad mexiquense a la cabeza de varias listas de delitos a nivel nacional e incluso internacional.

La principal víctima por supuesto, es la sociedad en general quien resiente en su esfera patrimonial, personal, familiar, laboral, económica e incluso psicológica; las consecuencias que derivan de la inseguridad y la impunidad, y es que constantemente la población se ve afectada por algún tipo de conducta delictiva que afecta el pleno goce de sus derechos.

No es una novedad referir que la entidad mexiquense presenta el mayor índice de violencia principalmente la familiar; extorsiones; robo de vehículos, en el transporte público y a transeúntes; feminicidios y; por su puesto, trata de personas; y eso solo por mencionar algunos; convirtiendo al garantizo de la seguridad, en uno de los retos más ambiciosos de cualquier gobierno; un desafío que requiere de una adecuada estrategia, de políticas públicas eficientes y acordes a las problemáticas y de una reestructuración que permita abordar el tema de raíz.

Es importante mencionar que, la posición geográfica en la que se ubica el Estado de México, contribuye a la ejecución de delitos y a la alta peligrosidad que representan. Lo anterior, es así en virtud de ser un lugar de paso y conexión con la Ciudad de México, así como, por su colindancia con entidades como Guerrero y Michoacán; en donde el crimen organizado ha ganado espacios, traspasándose a la entidad mexiquense.

La comisión de delitos en un área determinada presenta efectos negativos; esto es; ante el estado de inseguridad; el desarrollo de actividades tales como el comercio y la industria se ven disminuidos; pues difícilmente una persona quiere invertir en un espacio en el que constantemente será víctima de la delincuencia.

Los delitos en la entidad parecen ir en aumento y con pocas esperanzas de disminuir; la crisis económica tras la pandemia por Covid-19, el incremento a los productos de la canasta básica, la falta de oportunidades laborales y el narcotráfico, se han convertido en factores que han acrecentado esta problemática social, a la que no se le ve solución.

Considerando que la seguridad es una obligación del Estado, podemos concluir que esta encomienda constitucional no está siendo garantizada por las autoridades, ya que, todos los días escuchamos en los distintos medios de comunicación; tenemos conocimiento; somos testigo; o peor aún, víctimas de la delincuencia; proyectando únicamente el quebrantamiento social que se vive en el Estado de México.

Nosotros como sociedad, también estamos inmersos en el tema de seguridad, por ello, es importante estar informados, denunciar y en su caso colaborar en el esclarecimiento de hechos, exigir a las autoridades y pugnar por un estado de derecho, por el respeto y garantismo a nuestros derechos; en esta tesitura; es que a continuaciabordaremos los delitos de homicidio, robo y extorción, a fin de brindar a nuestros lectores conocimiento y datos oportunos, que nos ayuden en esta lucha contra la delincuencia.

Es así que, te invitamos estimado lector, a que des vuelta a la página y te sigas adentrando con nosotros en estos temas de inseguridad, que seguramente serán de tu interés◆

2.1 ROBO

La seguridad es una obligación que corresponde al Estado garantizarle a los ciudadanos, sin embargo, los altos índices de delincuencia en la entidad mexiquense reflejan nulos o deficientes resultados en el garantismo de este derecho que tiene la población y del que claramente no goza.

La situación no es nada alentadora querido lector; pues las cifras no ceden y las realidades cada vez se tornan en ambientes de mayor inseguridad; llevando a la entidad a encabezar los primeros lugares en diversos rubros en materia de delincuencia; destacando el robo en el transporte público, a transeúntes, así como el robo de vehículos y autopartes.

Entrando en materia, es de relevancia referir que el delito de robo en el transporte público, se ha convertido en un tema sensible de inseguridad y malestar social por parte de la población que durante sus trayectos cotidianos, se han visto afectados en su patrimonio y/o en su integridad física, y en donde desafortunadamente las familias con un bajo nivel socioeconómico son las que se encuentran más expuestas al no contar con otras alternativas para desplazarse, de igual forma, resultan ser el sector de la población más vulnerable, si consideramos que muchos de ellos se trasladan con sus salarios en el bolsillo o simplemente, son a los que les resulta más complicado volver a reponer los bienes de los que son despojados.

En el Estado de México, el robo a transporte público y a transeúntes, son los que más afectan a la población, es así que, dicho estado acumula más del 50% total a nivel nacional en este tipo de delitos, colocándose así en una de las entidades con el mayor número de casos en este tipo de ilícitos, junto con la Ciudad de México.

La inseguridad en los Municipios del Estado de México, ha ido en notorio aumento, principalmente en aquellos que colindan con la Ciudad de México, los cuales, reportaron desde el 2021, un incremento del 55%, destacando los Municipios de Ecatepec, el cual presenta el mayor número de denuncias, seguido de Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, La Paz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Por lo que hace al robo de vehículos y autopartes, las cifras se vieron incrementadas en un 38% a partir del 2021, en la mayoría de los casos, con violencia; siendo los Municipios de Tlalnepantla y Naucalpan, los que reportaron mayores casos; esto, se convirtió en una práctica común entre la ciudadanía, quienes, al salir de sus hogares, empleos o a las calles, simplemente no encontraban sus vehículos o los encontraron desvalijados.

Ante el particular, podemos referir que el delito de robo que se suscita en la entidad, presenta diversos impactos sociales, entre ellos se encuentran: el menoscabo en el patrimonio de las personas y las familias, la compra y venta de artículos robados, las afectaciones psicológicas que experimentan las víctimas y que se traducen en miedo o pánico; sin dejar de mencionar, el aumento de violencia en las calles propagado no sólo por los delincuentes, sino también por la ciudadanía que cansada de sufrir estos estragos hacen justicia por propia mano; no podemos dejar de referir que, esta problemática social, también se encuentra vinculada con la comisión de otro tipo de ilícitos tales como las violaciones, lesiones e incluso homicidios.

Las encuestas claramente colocan a la Ciudad de México y al Estado de México como las entidades más inseguras, con lo que podemos inferir el grado de violencia a la que se expone la ciudadanía, y en donde las probabilidades de sufrir un asalto son tan altas que, lo único que se respira en las calles, es un sentimiento de miedo, pánico y de impotencia.

Dentro de las acciones que los diversos gobiernos de la entidad mexiquense han implementado, podemos referir los operativos de revisión, botones de pánico, recomendaciones entre la población, mayor vigilancia en puntos calificados como de riesgo, entre otras acciones; sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para inhibir este tipo de conductas tan reprochables, es decir, las acciones gubernamentales no se encuentran a la altura del titánico problema que representa la delincuencia en la entidad.

No es una novedad que en los medios de comunicación se escuchen a diario casos de robos en el transporte público, a transeúntes o de autopartes, en dónde en tan solo 30 segundos los usuarios son amenazados, golpeados y despojados de sus bienes; e incluso, en cuestión de segundos los vehículos son abiertos y desvalijados.

Pareciera que la batalla la esta ganando la delincuencia, quienes tienen bajo el asecho a la población en general, saliendo con miedo de convertirse en víctimas de la delincuencia, de ser despojados de sus bienes ya sea en el transporte público, en sus vehículos particulares, en sus negocios o en el simple transitar por las calles.

Desconocemos el siguiente paso que darán las autoridades para que el Estado de México deje de ocupar las primeras posiciones en materia de robo; sin embargo, si podemos mantener informados a nuestros lectores, para que, en pleno ejercicio de su derecho a la seguridad, exijan y colaboren, para que juntos podamos hacer de nuestra entidad un mejor lugar para vivir◆

El quebrantamiento social se expresa a través de uno de los delitos de irreparable reparación que ha ido en aumento en nuestro país y que culmina con el principal derecho humano del que goza la humanidad, que es la vida.

Es así que, en este artículo abordaremos el tema de los homicidios; destacando que su definición la podemos encontrar en el artículo 302 del Código Penal Federal, mismo que a la literalidad siguiente: “comete el delito de homicidio: el que prive de la vida a otro”. Mismo que se refrenda con la definición que al respecto ha emitido la Real Academia Española, quien lo conceptualiza como la “muerte causada a una persona por otra”.

En México, durante el 2022 se registraron 26 mil 923 homicidios dolosos, lo anterior de acuerdo con los reportes diarios generados por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; por su parte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presento la incidencia delictiva del fuero común con corte al 30 de noviembre del 2022, el cual contiene datos más detallados de los delitos cometidos en el país, en el cual, podemos encontrar que los homicidios registrados de enero a noviembre, constituyeron un total de 42 mil 878, de los cuales 26 mil 273 fueron homicidios dolosos, de estos 18 mil 258 fueron cometidos con arma de fuego, con arma blanca 2 mil 207, 4 mil 990 con otros elementos y 818 no se especifica.

Haciendo un análisis de las altas cifras que presenta este delito, destacamos lo alarmante de esta problemática social, en virtud de que, a la cabeza se encuentran los homicidios de tipo doloso, en los cuales, queda clara la intención de producir ese resultado por parte del delincuente.

*Grafica realizada con datos de la Incidencia delictiva del fuero común Nacional, 2022.

Si te estas preguntando ¿por qué ocurre este fenómeno en México? es importante que sepas que, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha referido que el incremento en la tasa de homicidios que se comete en el país se encuentra vinculada a diversos fenómenos, destacando el crimen organizado, la inestabilidad o fragmentación de los carteles que ha generado un aumento en los índices de violencia en su lucha por el poder y control de territorio; aunado a las desigualdades sociales y económicas; factores como el desempleo e incluso; la deficientes o carentes políticas públicas; que en su conjunto contribuyen a la creación de espacios violentos e impunes.

No es menester referir que los países que presentan mayores rezagos sociales, son los que reportan altas tasas de homicidios, en comparación con aquellos en dónde la brecha de las desigualdades es menor. Asimismo, el factor educación también ha sido determinante, ya que, la referida Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que, las regiones con bajo índice educativo son los que presentan mayores incidencias delictivas.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha determinado que el tema de la inseguridad, deberá seguir siendo una prioridad de los distintos niveles de gobierno en el país; pues la incidencia delictiva continúa con la misma tendencia; arrojando que, Guanajuato encabeza la lista de entidades con mayor peligrosidad con cerca de 101 asesinatos en los primeros 15 días del 2023; seguida del Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Baja California y Jalisco.

Como podrás darte cuenta querido lector, el Estado de México, nuevamente se ubica dentro de las primeras posiciones en materia de inseguridad, específicamente, en homicidios; situación que nos refrenda el ambiente de vulnerabilidad al que se exponen todos los días los mexiquenses.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dentro de su comunicado de prensa número 376/22, de fecha 26 de julio de 2022, menciona que en el Estado de México se registraron 3 mil 114 homicidios, lo que representa una tasa de 18 asesinatos por cada 100 mil habitantes. La cifra de homicidios en años recientes no ha hecho más que incrementar, incluso podemos señalar que no hay año en el que ese número no sea mayor al de años pasados.

Por otra parte, los municipios con más casos de homicidios en la entidad son Naucalpan, Chimalhuacán, Ecatepec, Tultitlan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, sin dejar de referir que, no todos los homicidios que se cometen en la entidad son denunciados; muchos de ellos se ejecutan en la opacidad y en la impunidad.

Tristemente el delito de homicidio se encuentra vinculado a otros males sociales que aquejan a la población y que pareciera no se están tomando en consideración a efecto de atender desde raíz este tipo de delitos, que se sustentan en las carencias sociales, desigualdad, desempleo, bajo nivel educativo, el crimen organizado, sistemas legales y normativos laxos o poco eficientes. El crecimiento de estos fenómenos que parecieran ser ajenos, también debe ser atendidos si queremos disminuir el número de homicidios en la entidad y en el país, hay mucho por trabajar si queremos dejar de ocupar las primeras posiciones en este tipo de delitos que deja más muertes que incluso los conflictos de armas entre países y el terrorismo◆

2.3 EXTORSIÓN

En México el Código Penal Federal en su artículo 390, nos ofrece una definición de los actos que son considerados extorsión, señalando lo siguiente: “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo para si o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”. Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española precisa que se trata de aquella “Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener asi dinero u otro beneficio”.

Actualmente se reconocen dos tipos de extorsiones, la directa y la indirecta; la primera de ellas es la que se realiza de manera presencial en el establecimiento o domicilio de la víctima; en dónde de manera física se dan las amenazas exigiendo algún tipo de remuneración o pago a cambio de no generar un daño; por cuanto hace la segunda tipología, esta es la que se realiza mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, siendo la modalidad más común; y en la que los delincuentes establecen contacto simulando una situación de peligro para las víctimas o a sus familiares

Este tipo de delitos se destaca por la violencia psicológica que el delincuente ejerce sobre la víctima, abusando de su vulnerabilidad y buena fe; sin dejar de referir que en la generalidad de los actos; el sujeto activo hace uso de la intimidación, amenazas, uso de la fuerza y armas; e incluso; este tipo de conductas puede ocasionar la pérdida de la vida de quienes no se sujetan a los actos de extorsión.

Y es que la víctima puede ser cualquiera; esto es, los que se dedican al comercio; pequeños locatarios; quienes acuden a realizar algún tipo de tramite; propietarios de tierras de cultivos o cosechas; e incluso, cualquier persona de la que de manera aleatoria obtengan su número telefónico; ya sea derivado de sus redes sociales, de alguna base de datos o simplemente de un directorio telefónico.

Durante el 2021, las extorsiones en el país correspondieron al 17.5% de los delitos que se cometieron, esto equivale a 4.9 millones de este tipo de ilícitos, destacando que el 90.3% se ejecutó vía telefónica; de los cuales, el 9% de las veces se entregó lo solicitado; lo anterior, conforme a datos reportados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica; misma que resaltó el hecho de que las zonas urbanas son los lugares más afectados por reunir el mayor número de personas y centros de negocios.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica, estima que, del total de delitos de extorsión cometidos en el país, cerca del 97.4% presenta Cifra Negra, es decir, no son denunciados; ya sea porque la víctima lo consideran una pérdida de tiempo, por miedo o simplemente por desconfianza en las autoridades. Este alto porcentaje nos lleva necesariamente a cuestionarnos, cuáles serán entonces las cifras reales si tan solo se denunciaron el 2.6% de ellos, asimismo, si en el 2021, se reportaron cerca de 5 millones, esto necesariamente nos llevaría a deducir que más de 180 millones de extorsiones no fueron denunciadas.

*Grafica realizada con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2022.

Ahora bien, es importante que nuestros lectores sepan que, a nivel nacional el Estado de México, es una de las Entidades más afectadas por el delito de extorsión, ya que, varios de sus Municipios reportan las más altas cifras en todo el país de este tipo de delitos; es así que, Ecatepec encabeza la lista, seguido de Toluca, Nezahualcóyotl en tercer lugar, Naucalpan en cuarto y de ahí pasamos al octavo puesto que obtuvo Tlalnepantla.

Conforme a datos de la Secretaria de Seguridad del Estado de México; se estima que durante el 2022, en la entidad mexiquense se denunciaron alrededor de 3 mil 820 extorsiones, en donde los mexiquenses fueron despojados de cerca de 60 millones de pesos por este tipo de delitos, teniendo un repunte del 29% en comparación con el 2021.

Las extorsiones cometidas en la entidad durante el 2022 representan el 40% del total nacional, lo que significaría que 4 de cada 10 extorsiones se cometieron en el Estado de México, el segundo lugar con mas delitos de este tipo son Veracruz con apenas 779, seguido de Nuevo León con 688, Jalisco con 601 y Guanajuato con 463.

Sin duda, las extorsiones representan un tema de inseguridad en la entidad y en país; que ha ido ganado espacios y la batalla a las autoridades; lo anterior, considerando que este delito comenzó como una actividad propia de organizaciones delictivas, personas privadas de su libertad y del narcotráfico; sin embargo, hoy la realidad nos muestra que esta actividad ilícita ya no es propia del crimen organizado, convirtiéndose en una forma de vida y sustento, de sujetos que, bajo el animo de obtener dinero fácil o algún otro servicio; se hacen pasar como integrante de algún grupo delictivo o banda de alta peligrosidad que opere en las zonas, replicando los actos de extorsión.

No esta demás mencionar que, las victimas son amenazadas para entregar cantidades especificas de dinero que los mismos extorsionadores determinan a cambio de una supuesta “protección”, cuota a la que coloquialmente se le conoce como “derecho de piso”, mismo que, si no es pagado puede costar la vida de la víctima o de sus familiares. No omitimos referir que también algunas autoridades se han visto inmiscuidos en este tipo de actos delictivos

Por cuanto hace a las llamadas telefónicas de extorsión, es preciso referir que, este modus operandi, representa un menor riesgo para los delincuentes; ya que su localización se vuelve casi imposible; y la probabilidad de que logren su cometido puede ser mayor, ante el uso del engaño, la obtención de información personal o la intimidación.

Y qué decir de las extorsiones en el servicio público, en dónde en la prestación de algún servicio, el pago de alguna contribución o la ejecución de algún trámite; queda sujeta a la entrega de cantidades de dinero o de algún otro beneficio de carácter patrimonial, abusando así de la necesidad de quienes se convierten en víctimas.

En nuestro artículo te hemos expuesto de manera muy general el delito de extorsiones; sin embargo, este tema podría ser materia de una revista completa ante la gran diversidad en la que se esta desarrollando esta actividad; sus múltiples formas de ejecutarse y la gran afectación que genera en el desarrollo económico, social y comercial de nuestra entidad y del país. Por el momento, lo importante es que tengas conocimiento de este tipo de fenómenos delictivos que afectan a la población, y así prevenir que tú y los tuyos, se conviertan en una víctima más◆

VÍCTIMAS

Es oportuno iniciar nuestro artículo señalando que la Ley General de Víctimas, aplicable en todo el país; nos proporciona la definición respecto de a quiénes debemos considerar como víctimas y al mismo tiempo, hace una distinción de los diferentes tipos en las que las clasifica, siendo las siguientes:

Víctimas directas: personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

Víctimas indirectas: se refiere a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Víctimas potenciales: personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Es importante referir que la Ley General de Víctimas aludida con anterioridad; señala que los grupos, comunidades u organizaciones sociales que se ven afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos a consecuencia de la comisión de un delito o la violación de derechos, también son consideradas como víctimas.

Es oportuno referir que el papel que juega la víctima es de suma trascendencia, ya que, sin esta figura, el delito sería imperfecto y no contaría con todos los elementos constitutivos del tipo penal a efecto de poder encuadrar la conducta dentro de la descripción señalada en ley, es decir, no hay delito sin parte afectada.

En esta tesitura, resaltamos el hecho de que, históricamente los estudiosos del derecho, principalmente del penal, han basado sus diferentes teorías en el estudio del delito propiamente, del sujeto activo (delincuente), e incluso, se han basado en las penas; pero poca importancia otorgan a las víctimas. Es así que, los primeros registros que se tienen en dónde se empezó a considerar a la víctima en las investigaciones y en las teorías, data de 1946; ubicando a ésta como la parte débil o afectada; en tanto que el actor del delito, se relacionaba con la fuerza o se le consideraba como el ganador por consumar su conducta.

En México, fue hasta 1993, cuando a nivel Constitucional se introdujo la palabra “víctima”, ya que, en toda la normativa que regulaba el sistema procesal penal mexicano, se hacían alusión a la figura del “ofendido”; al respecto, algunos estudiosos del Derecho, señalaban que se trataba de la misma figura; sin embargo, otros argumentaban que son dos conceptos totalmente diferentes.

Ahora bien, la normativa, las acciones y enfoques van dirigidas al delincuente, a su conducta, tratamiento, reinserción e incluso protección; pero ¿y qué hay de la víctima?

Y es que la víctima tiene un papel preponderante, no sólo por ser el que reciente la conducta delictiva, sino porque también es quien activa el ejercicio de la función jurisdiccional y de impartición de justicia a partir de la denuncia que presenta; sin dejar de mencionar que, el hecho de que denuncie el acto delictivo, permite contar con cifras más apegadas a la realidad y al mismo tiempo, se busca evitar que otras personas también se conviertan en víctimas.

La víctima al resentir la conducta delictiva requiere de especial atención; ya que, ante su exposición al acto delictivo puede requerir de la prestación de servicios médicos o incluso psicológicos, ante el experimento de impotencia o miedo; situación que si se replica en cada persona que sufre un acto delictivo; nos genera como resultado, un ambiente generalizado de inseguridad en la sociedad.

Desafortunadamente; el calvario de la víctima no sólo queda en el momento en que sufre el acto de afectación; sino que este trasciende y se acrecenta cuando no encuentra en las autoridades la atención o información adecuada; exponiéndose a otros fenómenos como el soborno, la ignoración, la corrupción y la impunidad.

Existe una tendencia en fijar nuestra atención en el delincuente y no así en la víctima; lo anterior, se explica en virtud de que nuestra mente y sentidos se enfocan en la peligrosidad que representa el sujeto activo; ya que éste puede replicar la conducta y generar mayores afectaciones o continuar cometiendo los actos delictivos, de los que, en cualquier momento podemos ser víctimas.

Lo cierto es que, para poder hablar de una verdadera impartición de justicia, del respeto y garantismo a los derechos humanos, de un verdadero estado de derecho y de un combate a la delincuencia desde la raíz, es indispensable que la víctima sea tomada en consideración desde su afectación e integridad, y no sólo como un testigo principal de los hechos; destacamos que, sí las víctimas son tomadas en cuenta por las autoridades encargadas de la seguridad; esto permitirá incentivar la cultura de la denuncia, aumentando la credibilidad en el sistema penal mexicano◆

3.1 DERECHO DE LAS VÍCTIMAS

Iniciaremos este artículo haciendo alusión a la dignidad humana; valor sobre el cual giran derechos fundamentales que permiten a la población tener un mínimo básico para su desarrollo en lo particular y en sociedad, y que conceptualizan a su titular, como un sujeto de derechos y obligaciones.

El respeto a, la dignidad humana y al cumulo de derechos de los que todo individuo goza, constituyen la principal esfera de respeto por parte de la autoridad, es el primer freno, que limita la actuación gubernamental; y no sólo el Estado tiene el deber de respetar ese cumulo de prerrogativas, sino que, tiene la obligación Constitucional de garantizarlas y hacerlas valer.

En esta tesitura, es importante referir que toda persona considerada como “víctima”, se encuentra protegida por un conjunto de derechos e instrumentos normativos reconocidos en por el derecho internacional; nacional, estatal y municipal, destacando que, los derechos entre uno y otro ámbito, no son excluyentes, sino que, complementan la esfera de protección de cada individuo.

Haciendo un breve recorrido histórico respecto de los derechos de las víctimas; es importante mencionar que el punto de partida para pugnar por sus derechos, se dio a raíz de las constantes violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, cometidos principalmente por las misas autoridades; lo que generó una preocupación incluso a nivel internacional.

Es así que, en 1985, se da uno de los primeros antecedentes que a todas luces muestra su preocupación por las víctimas; emitiéndose la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder; en el caso de México, uno de los hechos más destacables en el tema, fue precisamente la reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1993, ya que a partir de ésta, se desencadenaron diversas modificaciones a la normativa legal; con una mayor protección y reconocimiento a los derechos de las víctimas,

En posteriores reformas al cuerpo normativo mexicano y mexiquense; se le fue otorgando un papel más activo a las víctimas durante el proceso penal, quienes originalmente, sólo tenían la calidad de testigos; las modificaciones a la ley fueron incorporando programas de atención a víctimas e incluso a los ofendidos; atención médica, psicológica, legal, especializada, talleres de prevención, grupos de ayuda; servicios de búsqueda.

Es importan referir que, algunos de los servicios referidos ya se prestaban a las víctimas; sin embargo, éstas se ajustaron a nuevos modelos con enfoques dirigidos a la dignidad y a los derechos humanos; haciéndose también extensivos a los ofendidos.

El reconocimiento a los derechos de las víctimas se encuentra plasmado en el artículo 20, apartado C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el que les otorga:

■ Asesoría jurídica.

■ Ser informados de sus derechos.

■ Ser informados del desarrollo de su proceso.

■ Coadyuvar con el Ministerio Público.

■ El desahogo de diligencias.

■ Intervenir en el juicio e interponer recursos.

■ Recibir atención médica y psicológica.

■ La reparación de daño.

■ Resguardo de su identidad y de sus datos personales.

Es importante que sepas estimado lector, que corresponde al Ministerio Público garantizar y proporcionar protección a las víctimas, a los ofendidos eh incluso a los testigos y que cualquier persona que forme parte de un proceso penal.

Otro parteaguas en México, en materia de protección a víctimas de delitos, se dio en el 2013, con la publicación de la Ley General de Víctimas, en la que se hizo una ampliación al catálogo de derechos de las víctimas, con un mayor enfoque vinculado al respeto a los derechos humanos, contemplando de igual forma, derechos de otras ramas tales como la penal, civil, administrativa y laboral.

Adentrándonos a la Ley General de Víctimas, la cual es aplicable en todo el país, nos refleja que el legislador busco la mayor protección hacia las víctimas y los ofendidos; y aunque su catálogo es muy amplio, la misma ley determina que los mismos son de carácter enunciativo y no así limitativos; por cuanto hace a su interpretación, la misma norma constriñe a la estricta observancia de lo determinado en la Constitución Federal, en los Tratados Internacionales y en las leyes que resulten aplicables en materia de atención a víctimas.

Adicionalmente, aquí te presentamos otros de los derechos de las víctimas de delitos, mismo que se contemplan en la referida Ley General de Víctimas:

■ A una investigación pronta y eficaz

■ Reparación por el Estado de manera integral

■ Conocer la verdad de lo ocurrido

■ Que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal

■ A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y derechos humanos

■ A la verdad

■ A la justicia

■ Derecho a la protección de su intimidad

■ A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria

■ A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos

■ A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente

■ A ser escuchada por la autoridad

■ A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido

■ A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad

■ A ser beneficiaria de programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos

■ A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral

■ A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos

■ A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;

Autoridades y sociedad civil, tenemos un gran compromiso con las víctimas de delitos; respecto del garantismo a sus derechos humanos y la protección a su dignidad humana, y que constituyen un reto que pareciera inalcanzable pero que es muy necesario para el desarrollo de la vida misma y de nuestra entidad, ya que, si bien es cierto, la evolución en las leyes a favor de las víctimas ha brindado grandes aportaciones, la realidad pareciera estar muy alejada de las mínimas aspiraciones que establecen las normas, la vulneración y revictimización de quienes sufren algún tipo de delito va en aumento y la impunidad sigue siendo el eje motor de los males sociales◆

■ A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos

■ A expresar libremente sus opiniones e intereses

■ Derecho a ejercer recursos legales

■ A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua,

■ A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos

4. CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

La figura de la privación de la libertad en los centros de readaptación social, es producto de la evolución de las penas; que no ha guardado la misma naturaleza en su paso a través de la historia, pero que tienes sus orígenes en épocas antiguas; en dónde las personas consideradas como peligrosas, eran separadas y llevadas a lugares apartados del resto de la población para que no causaran mayores problemas ni daños. A través de los años, aquellas personas que irrumpían el orden social eran castigadas en calabozos; pero es justo en Roma y Grecia durante el Siglo VII, cuando se empezaron a edificar las primeras “cárceles”, palabra proviene del latín “coercendo” que significa restringir o coartar.

Un dato curioso querido lector, es que justo en la Edad Media la figura de las cárceles solo servían para retener a las personas en tanto se llevaba a cabo su juicio, debido a que las penas que en esa ápoca se aplicaban eran de índole corporal y que eran presenciados por la población en espacios públicos; con el nuevo renacer y aportaciones de grandes filósofos y teóricos del derecho, los actos sanguinarios que utilizaban para aplicar la justicia quedaron en el pasado para abrir la puerta a nuevos tipos de penas.

Es así que, fue ya hasta finales del siglo XVIII, cuando la figura de la prisión se instauró para quedarse dentro de los sistemas de penalidades, siendo la medida más aceptable, por considerarse que no era tan cruel como la pena de muerte o los castigos corporales, pues la principal función de la pena de privación de la libertad, es castigar a quienes irrumpen las leyes y el orden social como una medida de asegurar a los delincuentes.

Es importante diferenciar el término cárcel y prisión, ya que, usualmente son utilizados como sinónimos, sin embargo, tiene una diferente connotación, pues el primer concepto atiende tan solo al lugar de custodia en el se pasa el tiempo que dure el proceso en el que se determine su situación penal; en tanto que el segundo; se refiere al espacio destinado para el cumplimiento de la pena, que posteriormente fue conocido como Penitenciaria, por considerarse el espacio de arrepentimiento por parte de los presos.

En México los primeros indicios de los penales y las cárceles apareció hasta 1871 con el Código Penal, dejando a un lado las leyes del virreinato aplicables

hasta ese momento en la impartición de penas; pero fue hasta 1880, cuando se promulgó el primer Código de Procedimientos Penales y, en 1900 se inauguró el famoso penal de Lecumberri, lugar conocido como uno de los más inhumanos.

La figura de los penales, sufrieron diversas reformas tras los nuevos requerimientos y necesidades que a su interior se presentaban, pues la sobrepoblación en los centros penitenciarios, los actos de corrupción y la constante vulneración a derechos humanos de presos y familiares, se empezaron a dar con más frecuencia; rebasando la capacidad de las autoridades y convirtiéndose en un problema social más.

Esta figura siguió evolucionando hasta llegar a lo que hoy conocemos como Centros de Readaptación Social, en dónde se le dio un enfoque más humanitario y de reintegración; esta figura es reconocida a nivel Constitucional, en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, en el que se determina que el sistema penitenciario mexicano, se sustenta y organiza con base en el respeto a los derechos humanos, implementando el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

En la actualidad en México de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federales y Estatales 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la infraestructura penitenciará nacional se conforma por un total de 319 Centros, de los cuales 15 son federales, 251 estatales y 53 especializados “de tratamiento o internamiento para adolescentes”.

Nuestro Estado de México, es la entidad con el mayor número de Centros de Readaptación Social del país, con un total de 24, de los cuales, uno atiende al ámbito federal; 22 son estatales y; uno es especializado “de tratamiento o internamiento para adolescentes”; mismos que se distribuyen en tan solo 20 de los 125 municipios, siendo Nezahualcóyotl el que cuenta con un total de tres de ellos, que son: el Sur, Norte y el Bordo de Xochiaca.

Conforme al referido Censo Nacional, al cierre del 2021, el número de personas que se encuentran en los Centros de Reinserción ascendió a 220 mil 420; asimismo se destacó que, a nivel federal la entidad que concentra el mayor número de población privada de la libertad es el Estado de México con 34 mil 072 personas, lo que representa el 15.5% del total nacional, mientras que los Centros Penitenciarios federales apenas cuentan con el 7.3%.

Se estima que la población en los Centros de Reinserción Social ubicados en el Estado de México, asciende a 31 mil 925 hombres y 2 mil 147 mujeres, esto es, que por cada 100 mil habitantes la tasa de personas privadas de la libertad atiende a 371.2 hombres y 23.8 mujeres.

La privación de la libertad constituye hoy en día la pena máxima en nuestro país, pues no olvidemos que actualmente aún algunos países como China, Irán, Egipto Estados Unidos, por mencionar algunos, conservan aún la pena de muerte dentro de su catálogo de sanciones.

Los Centros de Readaptación Social, hoy se encaminan no solo a convertirse en el espacio en el que los reos tienen la posibilidad de hacer conciencia de su actuar; y en el que se busca su preparación para su inmediata reinserción a la vida en sociedad; si bien esta máxima, es el ideal del Sistema Penitenciario Mexicano; pero la realidad pareciera no atender a este nuevo enfoque, a pesar de la evolución en las figuras de nuestro sistema penal se encuentra en decadencia y con resultados ineficaces.

En la evolución de las penas se ha apostado por implementar figuras con las que se aspira a un sistema de justicia garantista de los derechos humanos, tal es el caso, de la implementación del reciente sistema penal acusatorio, y que entró en vigor hace apenas 7 años, cuyas principales aportaciones además de la oralidad y celeridad en los procedimientos, fue la implementación de penas alternativas y sustitutivos penales, destacando el arresto domiciliario y el trabajo a favor de la comunidad.

Hay mucho por trabajar en materia de Centros de Readaptación Social, que se han convertido en un foco rojo ante los actos de corrupción y vulneración de derechos humanos que se cometen al interior de ellos y que constantemente se pone en duda su eficacia y la existencia de una verdadera reinserción◆

4.1 ¿EXISTEN LOS DERECHOS

HUMANOS DENTRO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL?

Por mandato Constitucional, el sistema penitenciario mexicano, se sustenta y organiza con base en el respeto a los derechos humanos, implementando el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad e inhibir el hecho de que vuelva a delinquir.

Las leyes reconocen para todas las personas, incluidas aquellas que se encuentran privadas de su libertad; el goce de derechos humanos de primera necesidad, tales como la alimentación de calidad, trato digno, atención médica, espacio digno y seguridad; por mencionar los primordiales y que deben ser garantizados al interior de los Centros de Reintegración Social.

Sin embargo, de acuerdo con el Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en México; el Sistema Penitenciario se caracteriza por la constate violación a derechos humanos que se da al interior de los centros de reclusión todos los días; observándose una sobrepoblación que supera la capacidad con la que éstos pueden operar.

Ahora bien, la sobrepoblación se ha convertido en el principal factor creador de condiciones inhumanas para las personas privadas de su libertada; pues al existir un rebase en su capacidad; se afecta la disponibilidad de alimentos, una ausencia de espacios dignos, y por supuesto, se presenta una carencia de seguridad interna ante el rebase de reos en relación con la capacidad humana con la que cuentan las autoridades.

En 17 de las 32 entidades federativas existe una sobrepoblación de ocupación de camas útiles de los centros penitenciarios, siendo el Estado de México el que presenta una mayor superación poblacional con una tasa del 237.2%; ya que, tan solo cuentan con 14 mil 366 camas útiles, esto es, que se necesitan otras 19 mil 706 camas para la cantidad de reos que se encuentran en los Centros de Reinserción, seguido tenemos a Nayarit con 171.6% y, en tercera posición Durango con un 155.4% con rebase de reos.

En este contexto, es loable mencionar que, de los 319 Centros de Reintegración Social que existen en el país, tan solo 154 cuentan con una unidad y/o área encargada de la recepción y atención de quejas presentadas por las personas privadas de la libertad; de las cuales, se tiene el registro de que fueron presentadas 4 mil 845 quejas, destacando los siguientes temas: un 37.5% exige atención médica y psicológica; un 9.2% hicieron alusión a su situación jurídica; el 7.8% expresa temor a agresiones por parte del personal; el 6.1% refiere amenazas, agresiones y lesiones; un 3.3% respecto a condiciones insalubres; 1.7% por tortura o trato crueles y; 0.1% por acoso o abuso sexual. En estas cifras que se presentan, cabe destacar que el Estado de México no contabilizo quejas, lo anterior, en virtud de que en dicha entidad no se cuenta con una unidad o área encargada para recibirlas y atenderlas.

Si bien es cierto, la máxima aspiración es que, al interior de los Centros de Reintegración Social, la justicia y el respeto a los derechos humanos sean lo que imperen, la realidad se encuentra muy alejada de esta situación, pues para nadie es un secreto la serie de actos de corrupción, extorsión y violación reiterada de derechos humanos que sufren los reos y sus familiares.

En este tema tan interesante no podemos dejar de referir, las condiciones de autogobierno o cogobierno, que imponen los distintos grupos al interior de los penales; es decir, la constante violación a derechos fundamentales, no sólo por parte de las autoridades del lugar, sino también por la misma población de presos.

Simplemente durante el 2021 se registraron 2 mil 840 incidentes dentro de los centros penitenciarios de la República, donde estuvieron involucradas 8 mil 830 personas y donde fallecieron 110 personas y 691 resultaron heridas, el 42.7% de los incidentes está relacionado con riñas.

Es importante también referir que, uno de los factores que impiden las mejoras en las condiciones y trato de las personas que se encuentran en los centros de reclusión, son la falta de conocimiento y capacitación del personal en materia penitenciaria y de derechos humanos, la ausencia de perfiles adecuados y de vocación por el trabajo.

La cuestionable existencia de derechos humanos al interior de los Centros de Reclusión, es un tema que no sólo afecta a la población que se encuentra privada de su libertad, sino que también repercute en sus familiares; quienes constantemente sufren de a actos de corrupción y soborno, de injusticia, e incluso de abuso en sus derechos de visita; sometidos a revisiones que traspasan los protocolos de respeto y que en la mayoría de los casos resultan humillantes.

En las distintas leyes internacionales y nacionales, así como en la concepción ideal de los Centros de Readaptación Social, el goce de derechos humanos forma parte del desarrollo de todas y cada una de las personas que se encuentran al interior de ellos; sin embargo, la realidad parece no ir acorde con lo que establecen las normas; pues las cifras y las historias que a diario se viven en estos espacios reflejan una constante vulneración a su esfera de derechos, aquellos que se encuentran estrechamente vinculados con la dignidad de las personas; y que no se pierden por el hecho de estar recluidos.

Existen derechos que son inherentes a las personas y que deben ser respetados y fomentados; aun más, si la máxima principal de la privación de la liberta, es crear conciencia en quién quebranto el orden social y lograr su reincorporación a la vida en sociedad; no sin dejar de referir, que la seguridad y el respeto a los derechos humanos, aun de las personas en reclusión es una obligación del Estado◆

4.2 LA CUESTIONABLE REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD

Demos comienzo a este artículo haciendo referencia a la reinserción social; a la que entenderemos como esa obligación del Estado de asegurar y generar los mecanismos necesarios para reintegrar a la sociedad a las personas privadas de su libertad. Por su parte, el término “reinsertar” es conceptualizado por la Real Academia Española como “volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o marginado”, de ambas definiciones, podemos rescatar la importancia que reviste el reincorporar a quienes estuvieron alejados de la vida en sociedad; bajo un enfoque integrativo y de respeto al orden legal y las normas sociales.

La Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en su artículo 18, segundo párrafo, determina como una de las máximas aspiraciones del sistema penitenciario, la reinserción del sentenciado a la vida en sociedad, así como, la procuración de que no vuelva a delinquir; es por ello que, el Sistema Penitenciario mexicano, en miras a alcanzar esta meta, se sustenta en el trabajo, la capacitación, educación, salud y en el deporte.

Por su parte, el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que, el procedimiento dentro del Sistema Penitenciario debe regirse bajo el principio de la reinserción social, a la que cataloga como la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada.

Ahora bien, lo establecido en ley representa un ideal que nuestro sistema penal mexicano y mexiquense quisieran asegurar; sin embargo, la realidad y la experiencia hace totalmente cuestionable la reinserción a la vida en sociedad de quienes en su momento fueron privados de su libertad; pues la reincidencia o la consecución en la comisión de delitos, ha sido una constante que se observa en las altas cifras delictivas; las cuales, lo único que denotan son las fallas en las políticas empleadas para intentar garantizar la reincorporación a la estructura social.

El tema es complicado estimado lector, ya que, no omitimos referir que las personas que salen a intentar reintegrarse a la vida en sociedad, se enfrentan al rechazo social e incluso familiar, a la ausencia de oportunidades, a la discriminación y falta de empatía; situación que los impulsa nuevamente a delinquir.

Conforme al Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022, se reporta que, en el 2021, salieron de los centros penitenciarios 106 mil 847 personas de los cuales 92.3% fueron hombres y 7.7% mujeres, la entidad con el mayor número de egresos fue Baja California con 11 mil 416, seguido del Estado de México con 9 mil 215; ahora bien, dicho censo también arrojó que, se cometieron 131 mil 098 delitos, por personas que presentan antecedentes penales.

Siguiendo con los datos duros; en el país, cerca de 220 mil 420 personas se encuentran privadas de su libertar en los centros penitenciarios, de los cuales, 74 mil 655 tienen alguna adicción a sustancias psicoactivas, mientras que tan solo 149 mil 274 personas practican algún deporte en los Centros de Reinserción Social.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, establece que el 84.7% de la población privada de la libertad señalo haber trabajo alguna vez. La misma encuesta menciona que el 20.5% de la población en reclusión manifestó haber sido juzgada por algún delito de manera previa a su reclusión actual y el 17.4% estuvo recluida previamente en un centro penitenciario.

Y la situación se torna más preocupante al saber que a nivel nacional, el 4.5% de las personas recluidas, manifestaron como “muy probable” el volver a delinquir después de salir de los centros penitenciarios; lo que hace indispensables la reestructuración y enfoque de políticas públicas y acciones que hagan más efectiva la reinserción social.

Los estudiosos del derecho, especialistas y la población en general, coinciden en que en México no existe la reinserción social; lo anterior, considerando que al interior de los centros penitenciarios se viven actos de corrupción, delincuencia organizada, maltrato a los reos, ausencia de perspectiva de género, condiciones de estancias inhumanas; por mencionar los factores negativos principales, que dificultan e incluso podemos decir, que hacen imposible la reinserción social.

Para hablar de una efectiva reinserción social, se necesita una política pública estructurada, de recursos públicos etiquetados y de los esfuerzos coordinados de autoridades, instituciones, reclusos, familiares y de la sociedad civil en general; actores que juegan un papel preponderante y que aunados a las normas legales ya establecidas en las que se enmarcan las aspiraciones y, bases para alcanzar una verdadera reintegración a la sociedad; se podrían alcanzar mejores resultados para dejar de ser letra muerta y desacelerar las problemáticas que representan la delincuencia en la entidad◆

5. HABLEMOS DE LAS CORPORACIONES POLICIACAS DE LA ENTIDAD

Recuperar la seguridad en el Estado de México se ha convertido en un asunto pendiente por saldar; la entidad mexiquense a nivel nacional es uno de los lugares más peligrosos para vivir y en dónde la credibilidad de sus instituciones policiacas y de seguridad es constantemente cuestionada.

Para que una entidad y su población puedan desarrollarse, es fundamental contar con un Estado de Derecho consolidado, en el que la gente confié en sus autoridades, principalmente en quienes integran las corporaciones policiacas y los ministerios públicos; por ser estas las que tiene mayor contacto con la ciudadanía.

Es importante que nuestros lectores sepan que, en el 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizó una encuesta en materia de seguridad y justicia, en la que, a partir del número poblacional de sus Estados miembros, se determinó como estándar a nivel internacional en materia de seguridad, el que, por cada cien mil habitantes se debe tener al menos 2.8 policías. En 2017, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobó la implementación del Modelo Óptimo de la Función Policial, señalando como referente a nivel nacional, que la fuerza mínima con la que las entidades federativas deben contar es de por lo menos 1.8 policías por cada mil habitantes.

Ahora bien, conforme al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022 (CNSPE), determinó que el Estado de México se posiciona como una de las entidades más inseguras del país, con una tasa de 0.9 policías por cada mil habitantes; cifra que, lo único que nos índica es lo alejados que estamos de alcanzar los estándares mínimos en materia de seguridad policial.

La entidad mexiquense cuenta con tan solo 16 mil 920 elementos adscritos a las corporaciones policiales, 14 mil 338 son de prevención y mil 788 de reacción, convirtiéndola en el segundo estado a nivel nacional con el mayor número de personal; tema bastante preocupante considerando que el Estado de México, se encuentra muy por debajo de los estándares mínimos con los que se debe contar a fin de garantizar seguridad a la población.

El Estado de México, se encuentra muy por debajo de los estándares mínimos con los que se debe contar a fin de garantizar seguridad a la población

También es importante mencionar que nuestro Estado de México, conforme al ya referido Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, concluyó que la entidad mexiquense era la tercera con mayor número de policías que perdieron la vida durante su jornada laboral; aunado a lo ya mencionado, también reportó que 52 elementos fueron lesionados en el cumplimiento de su deber.

Otro de los puntos destacables en relación con la actuación que brindan los cuerpos policiacos, son las condiciones con las que cuentan para desarrollar sus funciones; es así que, de los 16 mil elementos de seguridad en el Estado de México, tan solo reciben; botas, camisola, pantalón, gorra, chamarra y alguno que otro elemento básico no especificado, sin embargo, en la práctica a muchos de ellos se les descuenta el uniforme que portan, se les venden las balas, los cartuchos, gas lacrimógeno, insignias, percheras, chalecos, entre otras herramientas que les resultan necesarias para el cumplimiento de su labor y para su seguridad.

Y qué decir de los bajos salarios, las bajas o precarias prestaciones, materiales de baja calidad o deficientes; que inhiben el buen desempeño de las corporaciones policiacas y propician su participación en actos de corrupción e incluso, que los involucra con la delincuencia organizada.

La deficiente actuación de los cuerpos policiacos, ha llevado a que la población lejos de sentir seguridad por parte de estos elementos, es de quienes más se cuidan; simplemente para el 2021, las quejas ciudadanas que se presentaron en contra de las corporaciones policiacas ascendieron a 11 mil 455, siendo el Estado de México y la Ciudad de México las entidades con el mayor número de denuncias.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en septiembre de 2022 presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en la cual, menciona que los policías de tránsito, son los elementos en los que la gente menos confía, seguidos de los policías municipales, los ministerios públicos, policías ministeriales, policías de investigación y policías estatales. Por lo que hace a la percepción de corrupción se considera nuevamente en primer lugar a los oficiales de tránsito, seguidos de los jueces, policías preventivos municipales, ministerios públicos y policías estatales.

Las actuaciones de las corporaciones policiacas, carecen de la aprobación ciudadana; quienes prefieren evitar denunciar o tener algún tipo de contacto con los cuerpos de seguridad; por considerar que es una pérdida de tiempo o por existir desconfianza de la misma autoridad, así como por la actitud de hostilidad y los constantes actos de corrupción que empañan su actuación.

Cabe referir que no todos los elementos de seguridad se desempeñan al amparo de la ilegalidad o la opacidad; muchos de ellos, presentan y creen en un servicio de verdadera ética y vocación; que luchan por mejorar la seguridad de su comunidad, de su familia y del país, pero que desafortunadamente se enfrentan a sueldos bajos, mínimas o deficientes prestaciones y condiciones precarias que incluso ponen en riesgo su integridad.

Actualmente, la mala imagen de los cuerpos policiacos ha generado que las personas no quieran pertenecer a estas instituciones, hoy en día la percepción de la policía esta tan desgastada que ya no es un honor ser parte de ellas; más bien resulta ser un tema de burla y que brinda a las personas poca credibilidad.

La seguridad es un compromiso que se tiene con la población; esto como parte de sus esferas de prerrogativas que deben ser garantizadas por el Estado; asimismo, constituye un compromiso internacional adoptado a través de la Agenda 2030; que tiene como fin la de fortalecer la paz y el acceso a la justicia, los estados miembro de las Naciones Unidad entre ellos México aceptaron su participación en la implementación de esta Agenda, la cual tiene diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre ellos el número 16 referente a la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Es así que, no es difícil concluir que existe un gran déficit en el número de personal que integra las corporaciones policiacas, que la falta de adiestramiento, capacitación y equipación adecuada hacen deficiente el servicio, aunado a los altos índices de inseguridad y violencia que se vive en la entidad; el incremento en los actos de corrupción que nos llevan a replantear la verdadera actuación de quienes deberían garantizar seguridad.

La actuación policial necesita una reestructuración y replantear su enfoque hacia una estricta observación a los derechos humanos, al servicio profesional y ética, como parte esencial de su actuación; no es menester referir que, los cuerpos policiacos también necesitan una revalorización y la búsqueda de condiciones dignas que hagan nuevamente de estas instituciones la mejor opción para servir a la entidad y al país◆