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ACTUALIDAD
Santo Domingo, República Dominicana. Año 4. Nº 159. Jueves 08 de marzo de 2018
La economía en la historia Juan de la Cruz
delacruzjuan508@gmail.com
La economía dominicana durante la Anexión a España
Los profesores agrupados en la ADP realizan una serie de protestas en los últimos días.
El sector empresarial rechaza las protestas que desarrolla la ADP Maestros se oponen a ternas en designación de directivos elDinero
Santo Domingo
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iversas organizaciones del ámbito empresarial y de otros sectores de la sociedad muestran su rechazo a las protestas que desarrolla la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) con el objetivo de que el Ministerio de Educación modifique una ordenanza que dispone que deben ser designados mediante “ternas” los directores regionales y de distritos. La ADP exige que los postulantes para ocupar los cargos sean considerados en forma decreciente de acuerdo a los puntajes que alcancen en los concursos y que se elimine la palabra “terna”, bajo el alegado de que “limita y discrimina a la mayoría de los posibles postulantes”. Vigilias, manifestaciones y movilizaciones en distintos puntos de la geografía nacional afectan a los estudiantes del sector público. La ADP desarrolla un plan de lucha que tiene programado una “concentración nacional” frente al Ministerio de Educación para el próximo 13 de abril. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó la resolución de Educación y planteó que la enseñanza pública del país “re-
Los profesores tienen programada una concentración nacional.
EL GREMIO EXIGE “SENSATEZ”
«EXIGENCIAS. La ADP pide
a Educación que modifique la Ordenanza 24-2017 y alega: “La palabra terna sólo aparece en nuestra normativa para escoger las Juntas Regionales, Distritales y Centros Educativos. La Ordenanza 24-2017 debe hacer valer el artículo 139 de la Ley General de Educación, 66-97 y el Art. 19 del Estatuto del Docente que establece
quiere de procesos de gestión que cada día busquen una mayor eficiencia y calidad”. Su presidente, Campos De Moya, dijo que “no se trata solo de un elemento que afecta la competitividad económica, sino también de la formación de ciudadanos y ciudadanas”.
que, los postulantes se ubicarán en un orden decreciente, de acuerdo a los puntajes que estos hubieren alcanzado”. El gremio resalta su importancia y reclama que “los asuntos controvertidos como algunos conceptos y procedimientos contenidos en la Ordenanza 24-2017, pueden y deben ser resueltos con la normativa vigente, el diálogo y la sensatez”.
También la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) expresaron su respaldo a la decisión del Ministerio de Educación, que encabeza Andrés Navarro.
El 18 de marzo de 1861 el general Pedro Santana pone en manos del imperio español el destino de República Dominicana, tras ejecutorias contrarias al interés nacional de los gobiernos de Buenaventura Báez y del propio dueño de la Finca El Prado, como fue la aplicación de políticas financieras perturbadoras, llegando a efectuarse para esa fecha más de 30 emisiones monetarias sin respaldo. Esto significa que la economía dominicana fue llevada a la ruina por los gobiernos entreguistas y corruptos de Báez y Santana. Para el año 1861 la población dominicana total alcanzaba la cifra de 250 mil personas. Las actividades productivas más importantes continuaban siendo el corte de madera preciosa y la agricultura. La producción de tabaco se había elevado ese año a 80 mil quintales y la exportación del producto dejó un saldo de 700 mil pesos fuertes. La miel de abeja y la cera habían logrado un sitial muy importante, ya que para ese año se exportaron alrededor de 30 mil libras por un valor de 25 mil pesos fuertes. La producción de otros rubros como el azúcar, el café y el cacao comenzaron a repuntar, pero se obtenían cantidades intrascendentes que sólo servían para abastecer el mercado interno. La crianza de ganado vacuno había sufrido enormemente, en virtud de los conflictos civiles y la guerra con Haití, que era el principal comprador de las carnes que producía el país. Los cueros sí tenían una gran demanda en el mercado europeo. Aunque existían minas muy ricas en oro, plata, sal y otros minerales con importantes mercados en el exterior, los yacimientos mineros estaban abandonados. Ingresos del Estado y altos gravámenes Los ingresos del Estado antes de la anexión, es decir en el 1860, provenían mayormente de los impuestos a las importaciones y en menor medida a las exportaciones, alcanzando para ese año la cifra de 303 mil pesos fuertes, mientras que los gastos superaban los 500 mil pesos fuertes. Al ser entregada República Dominicana a los españoles, éstos impusieron medidas opuestas radicalmente a los intereses y a las expectativas de los sectores productivos del país, de la pequeña burguesía y de los sectores populares dominicanos. Los peninsulares establecieron altas tasas impositivas a los artículos de consumo masivo y tasas mayores para todas aquellas mercancías que no eran importadas desde España o no eran transportadas en embarcaciones españolas. Por ejemplo, las tasas que pagaban las mercancías provenientes de España eran de un 9 por ciento, mientras que las mercancías provenientes del resto de Europa y de otros países debían pagar un 30 por ciento de aranceles. Asimismo, se aplicaron gravámenes a los beneficios obtenidos por los pequeños, medianos y grandes productores en sus haciendas y propiedades, al tiempo que se creó el impuesto sobre la renta a los sueldos y los salarios de los trabajadores y empleados públicos y privados. El pueblo dominicano no estaba acostumbrado a este festival de gravámenes, ya que, tal como nos revela el general Gregorio Luperón (1992, Tomo 1: 80), hasta entonces en el país “no se conocían más impuestos que los del papel moneda y la contribución aduanera, cuya intangibilidad no se sentía”. Amortización de la moneda y retiro de mercancías Por otro lado, los españoles prohibieron el retiro de mercancías de las aduanas o comprar todo tipo de producto en los establecimientos comerciales con los billetes inorgánicos y/o vales con que los anexionistas habían inundado anteriormente el mercado interno. Esto significaba que todos los sectores del país estaban obligados a cambiar sus billetes y vales en metálico para poder retirar sus mercancías de aduanas y comprar aquellas que necesitaban. Esta situación implicaba una pérdida de tiempo y dinero enorme para los comerciantes y para la población dominicana en general, ya que los responsables de ejecutar las amortizaciones rechazaban la mayor parte del papel moneda en circulación, al considerarlo falso o muy deteriorado. Gregorio Luperón (1992, Tomo I: 82) dice que esto se hacía con el único propósito de “exasperar a los portadores que, viendo la injusticia, destruían, unos sus papeletas, y otros las vendían a ínfimo precio, a esos mismos funcionarios que la cambiaban a la par”. Todo esto revela la gran felonía e inmoralidad con que actuaban los funcionarios y empleados públicos españoles y los criollos pro hispánicos, lo que contribuyó a exacerbar los ánimos del bien intencionado pueblo dominicano, al darse cuenta de la mala fe y de la búsqueda de ventajas en que incurría una gran parte de los agentes de cambio peninsulares. Completa en eldinero.com.do
El autor es comunicador social, profesor de Historia de la UASD y Premio Anual de Historia “José Gabriel García” 2017.