Informe 2do Congreso Interamericano de Derecho Ambiental

Informe II Congreso Interamericano sobre Estado de Derecho Ambiental

INFORME II Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho Ambiental 4 al 6 de septiembre de 2017 Santiago de Chile, República de Chile LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 El Parlamentario por la República del Ecuador Fausto Cobo, en representación del Parlamento Andino, se encuentra participando del II Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho Ambiental que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de Chile, los días 4, 5 y 6 de septiembre en Santiago de Chile.

1. Sesión de Instalación.

Durante la sesión del lunes, se llevó a cabo la instalación del evento a cargo de S.E. Luis Almagro (videoconferencia), Secretario General de la OEA y S.E. Enrique Dolmestch Urra, Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vale la pena destacar que, como lo hizo el Secretario General de la OEA, este II Congreso tiene por objetivo avanzar y propiciar el desarrollo en toda América de sociedades pacíficas, inclusivas y justas ambientalmente, libres de contaminación y que garanticen la vida digna de las generaciones presentes y futuras.

2. Panel de Alto Nivel Tras la finalización de la instalación, se llevó a cabo un panel de alto nivel, donde se realizó un primer debate sobre el estado y los desafíos, así como las oportunidades y tendencias del derecho ambiental en el continente americano. Esta sección contó con la participación de S.E. Sergio Muñoz, Ministro, Suprema Corte de Justicia en calidad de moderador y de los panelistas: S.E. Ricardo Lorenzetti, Ministro Presidente, Corte Suprema de la Nación Argentina; S.E. Antonio Benjamín, Ministro, Tribunal Superior de Justicia de Brasil; Jorge Bermúdez, Contralor General de la República de Chile, y Andrés Zaldívar Larraín, Presidente del Senado de la República de Chile.

Foto (de izquierda a derecha): Antonio Benjamín, Ricardo Lorenzetti, Sergio Muñoz, Andrés Zaldivar Larrain, Jorge Bermúdez.

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En cuanto al Estado de Derecho Ambiental, se resaltó la importancia de lograr una verdadera democracia ambiental, la cual sólo se logrará si se garantizan tres derechos de acceso, a saber: derecho a la información, derecho a la justicia ambiental y derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Este sistema de derecho ambiental incluye tanto derechos, como deberes y procedimientos.

Los grandes debates de la humanidad se encuentran en las temáticas ambientales. Por eso es necesario que sean incluidas y debatidas seriamente en la agenda política y en los sistemas educativos. Esto porque en la actualidad pareciera que no se habla sobre estos temas, se quiere ocultar problemas como el cambio climático, sólo se habla de los beneficios actuales, pero no de la situación futura y los problemas que estamos generando para las generaciones que los afrontarán.

Para superar esta situación, es necesario participar de un gran y serio debate, caracterizado por el diálogo de poderes sobre la naturaleza, los recursos naturales y los problemas del mediano y largo plazo; en especial, porque la cuestión ambiental está estrechamente ligada a la inclusión social.

Asimismo, es indispensable modificar nuestra visión reactiva frente a los problemas ambientales; debemos tener una actitud preventiva y no esperar a que problemas como el cambio climático se agudicen. Igualmente, para lograr la eficiencia tanto del derecho nacional ambiental como del derecho internacional ambiental, es necesario la construcción de normas globales vinculantes.

Por último, se debe contar con: a) una consciencia ambiental de la sociedad, b) una legislación eficiente que dé cuenta del Estado de Derecho Ambiental, c) una administración que haga efectiva, día a día, la implementación de esta legislación, d) una judicatura especializada que garantice la legislación que se ha dado la sociedad, y e) transparencia para combatir la corrupción que la mayoría de veces se presenta desde las altas esferas públicas y privadas.

Parlamentario Andino Fausto Cobo y Senador Andrés Zaldívar Larraín, Presidente del Senado de la República de Chile.

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3. Sesión Temática I: Marcos legales para la gestión de los recursos hídricos.

El panel estuvo presidido por Michael Hantke Domas, Ministro Presidente, Tercer Tribunal Ambiental de Chile y contó con la participación de los expertos Julián Álvarez Restrepo, Patrick J. Lynch (abogado norteamericano), Denisse Charpentier, Pablo Aranda Valenzuela y Pablo Lorenzetti.

Durante esta sesión, los expertos presentaron diferentes iniciativas, tanto desde el sector público como el sector privado para la gestión de los recursos hídricos.

Foto (de izquierda a derecha): David Lynch, Pablo Lorenzetti, Julián Álvarez Restrepo, Michael Hantke Domas, Denisse Charpentier, Pablo Aranda Valenzuela

En este sentido, se planteó que este tipo de recursos deben considerarse como un sujeto de reparación y un sujeto de derechos. Lo anterior será vital para lograr su restauración, descontaminación y reconfiguración. Un caso emblemático y el primero en América es la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que declaró como sujeto de derecho el río Atrato en el departamento colombiano del Chocó. Esta declaratoria es innovadora, ya que no sólo busca garantizar el derecho a la vida, sino también los derechos culturales de las comunidades, en su mayoría indígenas, que conviven con el río.

Por otro lado, se explicó que para una eficiente gestión del agua, es necesario que haya un apoyo desde el sector privado a la gestión pública. De esta manera, es vital aumentar el caudal del diálogo entre los sectores sociales y todas las partes interesadas, fortaleciendo, especialmente, la acción de los grupos locales.

También, se expuso el proceso de gestación de la ley que regula los servicios sanitarios rurales en Chile. En este país, el sector sanitario rural es muy distinto al de las zonas urbanas, ya que está soportado por cooperativas comunitarias; es decir, el Estado construye la infraestructura y las cooperativas son quienes operan el servicio público. Este modelo ha sido de gran eficacia, ya que se sustenta y permite una amplia democracia ambiental; garantizando el derecho al acceso a la información, a la justicia ambiental y a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el sistema sanitario. www.parlamentoandino.org

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Para finalizar, se presentó la evolución que ha tenido el derecho del agua a nivel internacional. En este sentido, se explicó que el derecho del agua ha sido considerado tradicionalmente como derivado de los derechos humanos; no es conceptualizado como un derecho humano individual, sino en su relación con el derecho a la vida o a la salud. Ahora bien, los nuevos avances normativos, como el caso del río Atrato, requieren que se revise la conceptualización tradicional, con el objetivo de lograr que el derecho al agua sea considerado como un derecho humano individual.

4. Sesión Temática II: Comercio, Inversión y Medio Ambiente.

El panel estuvo presidido por Gustavo Alanis Ortega, Presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Vicepresidente del Comité Consultivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA-TLCAN), quien estuvo acompañado de los expertos Mónica Navas, Gustavo Alanis, Gabriela Eslava, Pablo Lorenzetti y Matheus Bassani.

En esta sesión se exploraron diferentes tendencias y proyectos para fomentar el desarrollo sostenible desde ámbitos comerciales. En este sentido, se expuso el proyecto de pago por servicios ambientales para la construcción de capacidades a nivel local. En esta estrategia son las mismas comunidades las que se encargan de ofrecer los servicios ambientales, como la conservación de los ecosistemas. Este modelo tiene como base la democracia ambiental, ya que se hacen pagos a la ciudadanía y sus comunidades por la rehabilitación, recuperación y protección de los ecosistemas.

Por otro lado, se expuso que existe un vacío legal en materia de gestión de residuos electrónicos en América Latina. Considerando que los países latinoamericanos importan equipos electrónicos, es necesaria la generación de legislación y normativa para la gestión de los residuos que generan.

Igualmente, es indispensable desarrollar una conceptualización adecuada de lo que son “residuos electrónicos”; para esto último, se puede adaptar como una ‘buena práctica’ la definición que se presenta en el artículo 20 del GATT. Foto (de izquierda a derecha): Mónica Navas, Gustavo Alanis, Gabriela Eslava, Pablo Lorenzetti, Matheus Bassani

Por último, se expusieron los avances en bioeconomía de la República del Ecuador. Esta iniciativa busca cambiar el rol del derecho ambiental, para que deje de lado su papel de penalizador y se convierta en un incentivador de la protección de los ecosistemas. Para esto, es necesario que las normas ambientales articulen todas las instituciones gubernamentales y sociales, ya que no se puede continuar con un manejo sectorial de la economía y el medio ambiente, sino que deben tener un tratamiento integral. www.parlamentoandino.org

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MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Durante este día de trabajo del II Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho Ambiental que se llevó a cabo en la Corporación Administrativa del poder Judicial en Santiago de Chile, el Parlamentario Andino por la República del Ecuador Fausto Cobo participó de las tres sesiones temáticas y el grupo de trabajo de Parlamentarios.

1. Sesión Temática III: Prevención y manejo de conflictos asociados al desarrollo.

“El derecho ambiental, mediante mecanismos judiciales y alternativos como la mediación, debe aminorar el impacto y prevenir los conflictos socio ambientales.”

Este panel estuvo presidido por Eduardo Abbott, Ex secretario Ejecutivo Panel de Inspección y por Peter Lallas, Consejero Solución de Conflictos del FMAM, y contó con la participación de los expertos Margarita Restrepo, Ricardo Serrano Osorio, Sibel Villalobos y Angelina Valenzuela.

Foto (de izquierda a derecha): Angelina Valenzuela, Ricardo Serrano, Peter Lallas, Eduardo Abbott, Margarita Restrepo, Sibel Villalobos.

Durante esta sesión, los expertos establecieron que el deterioro ambiental y los daños a los ecosistemas han generado nuevos conflictos y exacerbado los existentes. Estos conflictos tienen un carácter interdisciplinario y multidisciplinario, es decir, tienen tanto un componente social, como uno económico y otro ambiental. Por ejemplo, en el caso de la minería y las externalidades negativas que puede generar se presentan conflictos entre las comunidades, las empresas mineras o los individuos que realizan esta actividad económica, ya sea de forma legal o ilegal, las instituciones estatales y los ecosistemas, incluyendo todos los seres vivos que residen en ellos. www.parlamentoandino.org

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Informe II Congreso Interamericano sobre Estado de Derecho Ambiental Considerando esta problemática, la institucionalización del Estado de Derecho Ambiental requiere que existan mecanismos efectivos que resuelvan los conflictos socioambientales y que promuevan una efectiva reparación del daño ambiental. Estos mecanismos pueden encontrarse al interior del sistema judicial, mediante el establecimiento de jueces ambientales, o a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación. La existencia de mecanismos efectivos y eficientes lleva a la existencia de sociedades más pacíficas.

En cuanto a los mecanismos tradicionales, es necesario que los jueces y tribunales ambientales tengan las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley y para lograr que aquellos que realizaron un daño ambiental lo reparen y rehabiliten las comunidades y ecosistemas. En lo que se refiere a los mecanismos alternativos para la resolución de controversias ambientales, se planteó la necesidad de instaurar mecanismos de mediación.

Esta mediación se fundamenta en el diálogo entre las partes y la existencia de un tercer observador técnico e imparcial que, si bien no tiene capacidad de decidir, tiene como objetivo facilitar la obtención de acuerdos que lleven a una reparación del daño ambiental.

A manera de conclusión, se expresó que, además de los mecanismos de resolución de conflictos, es necesario cambiar la forma cómo abordamos los conflictos ambientales.

Tradicionalmente se lleva a cabo una acción reactiva, es decir, esperamos a que sucedan los conflictos para buscar las formas de afrontarlos; no obstante, es necesario instaurar una visión preventiva, establecer estrategias que prevengan la aparición de los conflictos, que afronten las situaciones que pueden llegar a generar problemas socioambientales. Para lograr esta prevención, es vital la educación de todos los sectores sociales sobre las consecuencias del deterioro ambiental.

2. Sesión Temática IV: Aplicación y Cumplimiento Ambiental.

“Para una verdadera implementación del Estado de Derecho Ambiental, es necesario pasar de la ley ambiental escrita, de las palabras en el papel, a estrategias eficientes para su cumplimiento por todos los actores políticos, económicos y sociales” Este panel estuvo presidido por Scott Fulton, Presidente del Environmental Law Institute (ELI), y contó con la participación de los expertos María Amparo Alban (Directora del Centro Ecuatoriano de Ley Ambiental), Patricia Farnese, Cristián Delpiano Lira y Lira Belén Olmos.

En esta sesión se abordaron las tendencias y problemas emergentes para la implementación del Estado de Derecho Ambiental. Es decir, se analizaron estrategias para pasar de la ley escrita, de las palabras en el papel, a un cumplimiento e implementación efectivos y eficientes. Para los gobiernos lograr una observancia casi general de sus leyes es uno de los procesos más difíciles. www.parlamentoandino.org

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Foto (de izquierda a derecha): María Amparo Alban, Scott Fulton, Cristián Delpiano Lira, Patricia Farnese.

En primer lugar, para lograr una verdadera implementación y cumplimiento, la ley debe proteger los derechos fundamentales y reflejar los valores de las comunidades que va a regular. Si la ley no está en concordancia con estos derechos y valores, su observancia e implementación se encuentra con grandes obstáculos, ya que las comunidades no se sentirán identificadas y no considerarán necesaria su aplicación. Por ejemplo, los expertos mencionaron que cuando se establece una ley, entre el 10 y el 20% de las personas tenderá a evadir su cumplimiento, mientras que entre el 60 y 70% sólo la cumplirá si se siente identificado con ella y existen los mecanismos para garantizar su aplicación.

Frente a los mecanismos necesarios para garantizar la aplicación y cumplimiento de la ley, en necesario la existencia de dos tipos de estrategias. El primero, debe tender a una disuasión especifica del incumplimiento de la ley que se aplicará sobre los individuos; y en segundo lugar, una disuasión general que debe dirigirse a la percepción que tiene toda la ciudadanía sobre esta.

Por otro lado, es importante examinar y realizar un análisis crítico de la arquitectura institucional y jurídica que se genera para poder lograr la implementación de los nuevos derechos y principios ambientales que han surgido e institucionalizado en las constituciones de los países. Por ejemplo, en el Ecuador se han establecido principios pro natura, de responsabilidad objetiva en materia ambiental, de imprescriptibilidad del daño ambiental, y derechos innovadores como el acceso humano al agua.

Por último, es indispensable limitar la discrecionalidad que tienen los actores para el cumplimiento de las leyes ambientales y propiciar el desarrollo de evaluaciones de impacto ambiental para conocer con claridad sobre qué se debe legislar. www.parlamentoandino.org

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Informe II Congreso Interamericano sobre Estado de Derecho Ambiental 3. Diálogo e intercambio de información: Grupo de Trabajo de Parlamentarios.

Este grupo de trabajo se encontró presidido por la asambleísta Ana Belén Marín, Integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional del Ecuador y Parlaméricas, y contó con la participación del parlamentario Fausto Cobo por el Parlamento Andino, el Diputado Patricio Vallespín de la Cámara de Diputados de la República de Chile y el congresista Juan José Porras del Congreso de Guatemala.

Foto: Grupo de Trabajo de Parlamentarios.

Luego del debate, se aprobó el siguiente documento:

Grupo de Trabajo: Parlamentos y la Agenda de Derecho Medio Ambiental Santiago de Chile, 5 de septiembre de 2017 En la actualidad, es imposible concebir la conducción de un Estado sin la existencia de un Congreso que dé justo equilibrio a la división de poderes y que, mediante el libre debate, la negociación y el consenso, garantice el espíritu democrático.

Ahora bien, el peligro sobre el sistema representativo radica en que el esfuerzo político no sea suficiente para reducir de manera efectiva el flagelo de la pobreza, y que el individuo no se sienta parte de una sociedad pacífica, estable e igualitaria en sus oportunidades y en el disfrute pleno y adecuado de su medio ambiente. En tanto eso no se logre, no se puede decir con la certeza, que el sistema está funcionando. www.parlamentoandino.org

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La estrecha vinculación entre lo económico, lo social, lo medioambiental y lo político es compleja, y a menudo no hacemos el esfuerzo por entenderlo. Los Poderes Legislativos representan el eje más puro de la expresión popular, por ser un producto en su totalidad del sufragio y porque su papel en el debate político es crucial para canalizar las expectativas y sentimientos ciudadanos.

Específicamente en el campo del medio ambiente, la labor de los parlamentos debe ser más dinámica en atender el alcance y contenido de la regulación, la política y justicia medioambiental, así como, en ejercer una función más crítica y transparente en sus señalamientos.

No se trata sólo de recibir de manera protocolaria los informes anuales de los ministros y otros funcionarios, sino de fiscalizar las acciones concretas de conducción de la política medioambiental que se realiza en sus respectivos países.

El real equilibrio de poderes requiere de un Congreso con plena presencia en la vida política del país, con el respaldo moral que le confiere la representatividad que el pueblo le ha delegado. En este proceso de reflexión no podemos olvidar sin embargo, que en el centro mismo de esa representatividad que asumen los Congresos, se encuentra “el sistema de partidos políticos”, que deben funcionar como verdaderos catalizadores y encausadores de las ideas y aspiraciones del pueblo.

Las organizaciones políticas constituyen la entidad estratégica que posibilita que la expresión popular tenga voz. Su intermediación dentro de la democracia representativa es vital para que el engranaje funcione y para que el sistema se arraigue.

Si el ciudadano identifica al partido político como una fuente para canalizar sus aspiraciones políticas, la institucionalización se afianza y se le percibe como una entidad seria y digna de su militancia y simpatía; si por el contrario, la percepción del ciudadano es que ese partido sólo representa una fachada de intereses espurios de una minoría, la credibilidad de todos los partidos políticos, no sólo de uno, se verán afectadas por la desconfianza y por la falta de legitimización.

Los partidos políticos que no poseen un proyecto político para afrontar los retos y desafíos del medio ambiente en el siglo XXI, le hacen un daño sensible a la credibilidad del sistema representativo, socavan la democracia y desalientan la participación del pueblo en la solución de sus propios problemas, lo cual tiene un efecto directo en el medio ambiente.

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El fortalecimiento de la seguridad y certeza jurídica medio ambiental se encuentra ligado al eje estratégico: partidos políticos – sociedad civil - sector privado y sector público. Únicamente un diálogo y una colaboración activa entre ellos, permitirá una mayor consolidación democrática regional, una integración y armonización de marcos normativos y una más eficiente protección al medio ambiente. Fortalecer el Derecho Medio Ambiental es una necesidad real, objetiva y trascendente. Es fundamental que los parlamentos trabajen mancomunadamente por mantener espacios y canales abiertos al diálogo, avanzar en la implementación de mecanismos eficientes de cooperación para trabajar en lograr una legislación medioambiental eficiente y eficaz.

Puntualmente, la mesa de trabajo obtuvo como resultado de las reflexiones y el intercambio realizado lo siguiente: 1. Los parlamentos y la agenda de derecho ambiental deben partir de la necesidad de dar seguridad y certeza al Derecho Ambiental mediante la integralidad del enfoque ajustado a la realidad del territorio, mirándolo como un sistema multidimensional.

2. La institucionalidad para la gobernanza, creando leyes para aplicar convenios internacionales, teniendo en cuenta que las leyes nacionales deben estar armonizadas con los compromisos internacionales, y además contar con el debido respaldo presupuestario.

3. El manejo integral de las emergencias desde los parlamentos, ya que estas instancias pueden reforzar y avanzar la legislación en temas como el manejo de desastres y seguridad.

4. El cómo controlar los avances y la aplicación de las políticas ambientales, garantizando el acceso público a la información.

5. La construcción de un instrumento de participación ciudadana para la toma de decisiones de políticas públicas.

6. La necesidad de institucionalizar el diálogo entre los diversos poderes del Estado, garantizando la independencia de sus funciones.

7. La importancia de exigir la especialización y profesionalización en temas ambientales del equipo de apoyo, con la finalidad de hacer una transferencia de información internamente en el parlamento.

8. El posicionamiento en la agenda de temas a largo plazo, independientemente de la coyuntura política.

9. La cooperación internacional en los países debe continuar apoyando los procesos de integración, y proyectos de interés regional.

10. Tener información sistematizada por parte de las instancias internacionales en temas ambientales para evitar la duplicación de esfuerzos.

11. La formalización de un espacio de trabajo inter parlamentario para dar seguimiento a los acuerdos generados en los diferentes espacios de integración regional. www.parlamentoandino.org

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4. Sesión Temática V: Derechos de Acceso: Información, Justicia y Proceso.

“El acceso a la información ambiental es una necesidad no sólo nacional sino global, que se convierte en la base para lograr una verdadera justicia ambiental, una participación ciudadana eficiente y una implementación de la agenda de derecho ambiental”.

Este panel se encontró presidido por José Ignacio Vásquez, Ministro del Tribunal Constitucional de Santiago, y contó con la participación de María del Lujan Flores, Miguel Ángel García Sánchez, Ricardo Pereira y Jorge Iván Hurtado Mora.

Foto (de izquierda a derecha): María del Lujan Flores, José Ignacio Vásquez, Jorge Iván Hurtado Mora, Ricardo Pereira, Miguel Ángel García Sánchez.

En este panel se abordaron los tres pilares para una verdadera democratización ambiental, a saber: el acceso a la información, el acceso a la justicia y la participación ciudadana.

Para lograr una verdadera democratización ambiental, es necesario primero una concientización sobre el vínculo entre el medio ambiente y los derechos humanos. Esto porque la contaminación y el deterioro del medio ambiente influyen negativamente en la capacidad de garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y el derecho a la salud. Por lo anterior, la protección del medio ambiente es vital para las sociedades actuales.

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No obstante, esta concientización parte de garantizar un derecho muy importante, a saber, el libre acceso a la información ambiental. En especial, porque la participación ciudadana, fundamento de la democracia, sólo puede existir en la medida que haya una información clara y de fácil acceso. Únicamente, cuando existe información de calidad puede existir una participación ciudadana eficiente para la toma de decisiones políticas.

De esta manera, el acceso a la información pública empodera a las personas. Por esta razón, es necesario desmonopolizar la información, la cual muchas veces se encuentra acaparada por sectores políticos y científicos.

Por otro lado, para lograr un acceso pleno la justicia, es necesario que la información llegue no sólo a los ciudadanos sino también a los jueces. La necesidad de especializar a los jueces ambientales para que realmente sean la luz al final del túnel en la resolución de controversias ambientales, tiene como principio el acceso a la información por la rama judicial.

Si bien existe un desarrollo jurisprudencial sobre el acceso a la información a nivel internacional y, en especial, para su protección; es indispensable aclarar que no nos encontramos en la meta final sino en una etapa del camino.

Por esta razón y a manera de conclusión, es necesario fortalecer las normativas nacionales para que haya una participación efectiva. El acceso pleno a la información es la concretización de la igualdad ante la ley, por eso existe una necesidad de consolidar mecanismos efectivos de participación que son vitales para lograr una justicia ambiental y una verdadera democracia.

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Informe II Congreso Interamericano sobre Estado de Derecho Ambiental MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Durante el último día del II Congreso Interamericano de Derecho Ambiental sobre el Estado de Derecho en Santiago de Chile, el Parlamentario Andino por la República del Ecuador Fausto Cobo participó en el Cabildo Abierto y la Sesión de Clausura.

1. Cabildo Abierto.

“En estos tiempos, lo que más contamina es la corrupción” Esta sesión se encontró presidida por Jorge Abbott, Fiscal Nacional de Chile, y contó con la participación de los expertos Rabino Sergio Bergman, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina, Juan José Porras Carrillo, Diputado de la Asamblea Legislativa de Guatemala y S.E. Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

Foto (de izquierda a derecha): Rabino Sergio Bergman, S.E. Luis Almagro, S.E. Jorge Abbott, Juan José Porras Castillo.

Durante el último panel del Congreso, se desarrolló a cabo un debate abierto con los expertos sobre los diferentes temas tratados y los desafíos para lograr el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Paz, Justicia e Instituciones Fuertes.

De esta manera, en lo que se refiere al acceso a la justicia, la solución pacifica de conflictos ambientales y la construcción de instituciones fuertes, se concluyó que el principal problema ambiental no es tecnológico, ni científico, ni económico, es ético. Por esta razón, es necesario generar un cambio de consciencia en todos los actores sociales, políticos y económicos, para lo cual es indispensable fortalecer la educación ambiental y el acceso a la información. www.parlamentoandino.org

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Solamente si cambiamos la actitud con la que nos relacionamos con el medio ambiente y la manera como utilizamos los recursos naturales podremos disminuir la huella ecológica, las excesivas emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de diversidad y el deterioro de los suelos. Únicamente mediante un actuar ético podremos solucionar los conflictos existentes y garantizar la salud y la vida de las generaciones actuales y futuras.

2. Sesión de Clausura.

La Sesión de Clausura del II Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho Ambiental estuvo a cargo del S.E. Hugo Enrique Dolmestch Urra, Presidente de la Corte de Justicia de Chile, y S.E. Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

Foto (primer plano de izquierda a derecha): S.E. Luis Almagro, S.E. Hugo Enrique Dolmestch Urra.

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