El Ciudadano & la gente
Sábado 15 de mayo de 2010
Política y Economía
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NUEVO SISTEMA PENAL. Continúan los cruces por la implementación del Código Procesal Penal
Legisladores oficialistas cuestionan al procurador Los diputados Javkin (ARI-CC) y Mauri (PDP) defendieron la constitucionalidad de la reforma judicial Corresponsalía Santa Fe
En la Legislatura resonaron fuerte los ecos del conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial. Los diputados oficialistas Pablo Javkin (ARI) y Luis Mauri (PDP) criticaron al procurador Agustín Bassó y defendieron la reforma impulsada a partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal y de la ley de Ministerio Público Fiscal. “La reforma del proceso penal no sólo es legal, sino también legítima y constitucional”, dijo Mauri. “Es legal porque las leyes han sido dictadas conforme el sistema institucional y resguardan la formalidad y materialidad que el mismo exige; es legítima porque ha sido la expresión de todos los sectores políticos con representación en la Legislatura, que a pesar de sus disensos y diferencias, aprobaron los instrumentos de cambio para reformar el proceso penal; y es constitucional porque dichas normas no son violatorias de las garantías constitucionales”. El diputado del PDP cuestionó a Bassó por su pedido de inconstitucionalidad de la ley de Ministerio Público Fiscal y sugirió que al procurador lo mueven las ansias de no resignar sus cuotas de poder. “Hay un nuevo paradigma y también un cambio ideológico. Las funciones y atribuciones del procurador no devienen de la Constitución sino de las leyes que reglamentan su ejercicio, y esto no puede ser desconocido por nadie”, agregó Mauri. Para el legislador, la distribución de funciones que emanan del nuevo Código Procesal Penal no supone el avance del Poder Ejecutivo sobre la Justicia sino que busca terminar con “la actual inconstitucionalidad” que faculta a Bassó para ser, a la vez, jefe de los fiscales y de la defensa. “Se trata de asegurar el debido proceso y el derecho de defensa. En ese sentido, el procurador no ha hecho nada”, cuestionó Mauri. “La mayor violación consiste en poner en una sola cabeza la acusación, la defensa y la eventual posibilidad de revisar dichos pronunciamientos. Esto no
Aiello: “Hay un sistema que debe ponerse en marcha”
La reforma de la Justicia sigue siendo materia de polémica entre poderes.
resiste el menor análisis constitucional. El procurador intenta, en su aventura jurídica, nulificar por medio del ejercicio de control de constitucionalidad un caso abstracto y no judiciable, atacó el diputado. Luego agregó: “Creo, personalmente, que existe un acuartelamiento de mala fe por parte del procurador y una estrategia dirigida, pero equivocada, que obliga a la Corte a pronunciarse ante la gravedad institucional que esto significa. La cultura del secreto y el ocultamiento de las argumentaciones del recurso presentado (por Bassó en febrero, que recién se conoció hace dos semanas) avalan esta afirmación. Es necesario que la Corte actúe coherentemente, ya que ha sido parte integrante y participó desde el inicio en este proceso de reforma penal que aquí se intenta atacar”. Por su parte, Javkin también le apuntó al cuestionado procurador: “Bassó tiene una interpretación retrasada y cavernícola de la Constitución provincial”. Javkin siguió: “Bassó demuestra su ig-
norancia sobre la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que incorpora la reforma del 94 al artículo 75 inciso 22, tratados que dejan absolutamente en claro que no puede haber una misma persona como jefe de quien acusa (los fiscales) y a la vez como jefe de quien defiende. Esto no resiste un mínimo test de constitucionalidad. Sin embargo, es lo que está defendiendo el procurador Bassó”. Según el legislador del ARI, la reforma judicial santafesina no menoscaba ningún derecho del procurador. “Las potestades que tiene el procurador no se las dio la Constitución de la provincia sino un decreto de un gobierno de facto, para ser el jefe de los fiscales y los defensores”, apuntó Javkin. Y también se refirió a la Corte, que aún no resolvió el planteo de Bassó: es una demora que no puede entenderse. Qué tema más importante puede tener la Corte Suprema de la provincia al cual abocarse que no sea éste. La tiene ni interpretación ni justificación posible”.
El presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Salvador Aiello, se metió ayer en la polémica entre el Poder Ejecutivo y la Justicia santafesina por la reforma del sistema penal que impulsa la Casa Gris. “Hay un sistema que necesita ponerse en marcha”, reclamó el letrado, aludiendo al nuevo Código Procesal Penal. Y opinó que el enfrentamiento entre el gobernador Hermes Binner y algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia “es como una recaída en una enfermedad que uno pensaba que se podía curar”. “No vemos con buenos ojos este tipo de enfrentamientos. Si el cuestionamiento fuera para optimizar los funcionamientos, en buena hora”, opinó ayer Aiello en declaraciones periodísticas. “Yo creo que hay que levantar la mira y atender los gravísimos problemas que tiene la sociedad y no entrar en enfrentamientos que pueden parecer de tenor político partidario; eso no le hace bien a la credibilidad de la Justicia”, añadió el titular del Colegio de Abogados con jurisdicción en la capital provincial. Aiello coincidió con el argumento del oficialismo respecto de la necesidad de una reforma de la Carta Magna, que el gobernador puso una vez más de manifiesto el 1º de mayo pasado ante la Asamblea Legislativa: “Nuestra Constitución provincial no está adaptada a la nacional”, concluyó el abogado.