Los bonos del Congreso

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Editorial

Tratar la trata con escalpelo

EL GOBIERNO HACE BIEN al retirar el Proyecto de Ley Integral de Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. Con esa actitud recoge un clamor generalizado y frena el revuelo provocado por la iniciativa legislativa.

El error, el retiro así lo indica, radicó en solo atender a la loable intención de procurar mecanismos de cooperación para proteger la dignidad humana y los derechos de personas migrantes y perseguir y sancionar el delito del tráfico ilícito.

Pero ignoró la particularidad histórica de que ningún otro país de los que pueden asumir el Protocolo de Palermo tiene a Haití de vecino ni es una isla con dos naciones tan dispares. Ni tiene tantas situaciones cotidianas que involucran a haitianos con las que se podría denunciar al país como promotor de trata de personas.

En la redacción de proyectos de este tipo no se puede apelar a recetas generales. Tampoco atar al país a compromisos internacionales que podrían crearle al Estado dominicano cargas que desborden sus recursos, o su capacidad de respuesta a situaciones en nuestra frontera terrestre.

La mejor manera del Gobierno evitar que se desnaturalizara y politizara el tema, era proceder como hizo en junio del año pasado en la Cumbre de Las Américas en Los Ángeles. Allí se negó a firmar la declaración final sobre refugiados porque significaría dar ese estatus a los migrantes haitianos, con una vaga promesa de financiamiento y asistencia internacionales.

La discusión de ahora no es nueva. Se debe recordar que a finales del 2014 el Gobierno, contraviniendo a la ONU y a otros organismos y acuerdos internacionales, tampoco firmó en Marruecos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, con argumentos similares a los enarbolados en Los Ángeles.

Ante los problemas concretos de nuestra realidad concreta, sin dejar de lado la protección de la dignidad humana y los derechos de los migrantes, República Dominicana no debe variar ni sujetar su política migratoria a protocolos y estándares internacionales.

La premisa en esta temática es priorizar la seguridad y bienestar del pueblo dominicano, la defensa de su Constitución y sus leyes.

Es una posición de principios que no quita que se busque en la sociedad el consenso que pretende lograr el Gobierno en 45 días, pero se puede adelantar que el mismo parece imposible de alcanzar en las actuales circunstancias. l

MIGUEL GUERRERO mguerrero@mgpr.com.do / @guerreromiguele

El Congreso carece de potestad para gastar su presupuesto en dudosas obras sociales que solo alcanzan a beneficiar a sus miembros. La Constitución es muy clara en cuanto a las funciones que les conciernen a ese poder del Estado. Su compe- tencia es crear las leyes que organicen la vida institucional del país y vigilar las actuaciones del Poder Ejecutivo.

La Carta Magna, que sus miembros aprobaron, condena la práctica de legislar en provecho propio, un concepto de observación obligada. Su violación, la práctica de auto aprobarse bonos por cualquier pretexto no es solamente insano sino sujeto a acciones legales.

Se ha llegado a saber que anualmente con motivo del Día de las Madres, para citar solo un caso, se han llegado a distribuir bonos por decenas de millones de pesos. La pírrica defensa de la acción de que se trata de una práctica vieja no es válida en sentido alguno, como tampoco lo es el que haya sido resultado de una decisión mayoritaria de sus miembros.

El hecho de que se trate de una práctica ancestral no le da legalidad y mucho menos la ingenua e infantil explicación de que la suma de los bonos se ha ido reduciendo, como si se tratara esta vez de un acto de honestidad y transparencia legal. Es desde décadas usual que cada año los legisladores de ambas cámaras se otorguen, del dinero público, bonos para el día de las madres, el de los padres, de los enamorados, de los santos difuntos y especialmente en Navidad. Pero ninguno me ha parecido más gracioso y ofensivo que los bonos para las habichuelas con dulce de Semana Santa.

De manera pues que lo menos que debería hacerse a partir de ahora es excusarse ante el pueblo que los eligió no para otorgarse irritantes privilegios. l