Proyecto castiga malas prácticas de limpiavidrios Solicitan al TSA anular ordenanza sobre libros

RECURSO. La editorial Casa Duarte anunció que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue apoderado de un recurso que demanda la anulación de una ordenanza del Ministerio de Educación que “establece la Preparación de Contenidos, Estrategias, Materiales y Recursos para el Aprendizaje” , alegando que viola preceptos constitucionales y varias disposiciones legales.

El recurso considera que la citada resolución no sólo viola el debido proceso administrativo, consagrado en los artículos 69.10 y 139 de la Constitución y los artículos 4.8, 4.26, 6.9, 30 y 31 de la Ley 107-13, sino que vulnera la Ley General de Educación, la Ley del Libro y Bibliotecas, y los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa de la Ley 107-13.

El recurso contra la Ordenanza 032022 es sustentado por la empresa editorial Casa Duarte SRL, representada por los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Boris De León Reyes e Ismael Tavárez Beras.

La casa editorial asegura que la ordenanza emitida el 12 de diciembre de 2022 por el Consejo Nacional de Educación, suscrita por el ministro de Educación y presidente del Consejo, doctor Ángel Hernández, incumple los requerimientos legales, al realizarse sin la ejecución de un procedimiento administrativo y sin la participación de las personas afectadas. De acuerdo al comunicado enviado a este medio, el recurso indica que la ordenanza contiene tres faltas fundamentales que ameritan su nulidad. Uno de ellas es que instruye la preparación, selección y difusión de nuevos libros de texto, entre otros recursos educativos; y dispone la creación de la “Unidad Editorial del Minerd”, que elaboraría contenidos educativos y trabajaría en coordinación con la Dirección General de Currículo.

Además, dispone la contratación de autores independientes para elaborar los materiales educativos del currículo regulado por el Minerd.l elCaribe

INICIATIVA. Un proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional el pasado martes busca eliminar las malas prácticas de limpiavidrios, vendedores de limpia parabrisas y pedigüeños en todas las avenidas y carreteras del país.

La iniciativa incluye a las mujeres y hombres pedigüeños, y aquellos que, en violación a la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, incentivan, obligan, patrocinan o permitan a los menores de edad pedir en las calles, avenidas y semáforos, en todo el territorio nacional.

Si el órgano bicameral logra convertir el proyecto en ley, cualquier ciudadano, entidad, organización, empresa, ONG e institución pública y privada podrá presentar una queja pública ante el Defensor del Pueblo, las alcaldías, el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Ministerio Público y el Conani.

Las malas prácticas

Pena accesoria Es la que no siendo contemplada de forma expresa para un delito, se impone a otro

El pliego legislativo, sometido a la Cámara de Diputados por Alexis Jiménez (PRM), presidente de la Comisión Permanente de Justicia, tiene entre sus objetivos incorporar, en la Ley 550-14 del Código Penal de la República Dominicana, la pena accesoria del delito de participación en las malas prácticas de quienes hacen dichos oficios.

A los responsables de participar en las malas prácticas y que provoquen de forma implícita “graves molestias ciudadanas, accidentes, riñas, heridos y muertos”, se le aplicará las sanciones establecidas en los artículos 53, 54, 55, 57, 62, 63 y 327 de la Ley 550-14. De acuerdo a esos artículos, las multas serán hasta de 60 salarios mínimos del sector público, en caso de haber infracciones graves. También se contempla prisión.

Los padres y tutores de los niños, niñas y adolescentes pedigüeños serán apresados y sometidos a la justicia, y los niños, niñas y adolescentes los enviarán de inmediato al cuidado y tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El diputado Alexis Jiménez explica, en sus considerandos, que los limpiavidrios “casi obligan” a los conductores a satisfacer sus ofertas y pedidos, y sorprenden a los choferes y propietarios de vehículos “lanzándoles a sus vidrios trapos sucios” con la intención de obligarlos a que se les dé propina por el alegado servicio prestado. Sobre los cambiadores de limpiaparabrisas, precisa que de una manera “indecente”, “abusiva” y “obligatoria” quieren cambiar la escobilla del vehículo sin el consentimiento expreso del propietario y sin importar la protesta del chofer, para que les den dinero.

l ABED-NEGO PAULINO

LOS TRABAJADORES INFORMALES

Deberán registrarse en programa Supérate

El programa Supérate tendrá un plazo de tres meses luego de la promulgación de la ley para hacer inventario. Los trabajadores informales tendrán el mismo plazo para acudir al programa para ser inscritos como personas vulnerables; se les entregará sus tarjetas de inclusión social, como forma de protección e inserción por parte del Estado. Al cumplirse los tres meses, las autoridades tendrán que actuar conforme a la ley. El MIP ejecutará la ley.