O G S LA EXPLOTACIÓN MINERA EN GUAYANA: VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE UN PARADIGMA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA REGIÓN
MANIFIESTO En la Guayana Venezolana existen minerales que se han explotado desde hace centenares de años. En el caso del oro se ha venido haciendo de varias formas: Artesanal, Monitores Hidráulicos, Balsas, Galerías Pequeñas, Galerías Industriales y Excavación Superficial Industrial. Actualmente, estas modalidades se realizan sin ningún control del Estado y generan importantes impactos socio-ambientales; algunos de ellos, de carácter irreversible. El 24 de febrero del año 2016, el gobierno nacional creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), mediante Decreto Nº 2248, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.855, con el propósito de intensificar la explotación de minerales en una superficie de 111.843,70 km2. Existen muchas razones para considerar que ese decreto debe ser derogado por ser inconstitucional e ilegal: no se realizó consulta pública de los debidos Estudios de Impacto Ambiental y Socio-Cultural, no existe una sólida institucionalidad ambiental que supervise ese tipo de proyectos de alto impacto, promueve inversiones y contratos con empresas transnacionales sin la autorización de la Asamblea Nacional y contiene violaciones al ordenamiento territorial en diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Además, en paralelo, se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), con la finalidad de ejecutar actividades en estos sectores de la economía nacional, constituyéndose en una violación del artículo 329 de la Constitución Nacional (1999) que define las responsabilidades de la Fuerzas Armadas y del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (2015). El AMO plantea atraer inversiones extranjeras para ejecutar grandes proyectos; pero casi todas las áreas con alto tenor aurífero ya estaban siendo explotadas por miles de mineros ilegales, controlados por organizaciones delictivas armadas, mal llamadas "Sindicatos" y organizaciones paramilitares extranjeras. Tales grupos han protagonizado numerosos enfrentamientos entre sí, con el ejército y Cuerpos de Seguridad del Estado, ocasionando numerosas fatalidades. Hasta el presente, no se ha observado una decidida y permanente actividad del Gobierno Nacional para desarticularlos, derivando esta situación en el tráfico del llamado "oro de sangre", el cual beneficia principalmente a estos grupos delictivos, miembros de los cuerpos militares y policiales y, funcionarios civiles de todo rango; sin que se destinen recursos para sustentar un desarrollo económico y social a mediano y a largo plazo en dichas áreas. La imposibilidad de desarrollar proyectos de minería con empresas formales, ha determinado la constitución de las denominadas "Brigadas Socialistas Mineras", que agrupan pequeños mineros realizando minería ilegal. Existen serias dudas de que estas brigadas tengan la capacidad técnica, administrativa y