Transición Democrática Energética - CASO: Catalunya

Tabla de contenido 1.

Datos generales sobre el modelo energético de Catalunya............................2

2.

Empresas del sector energético en Catalunya................................................5

3.

Soberanías, dependencia y seguridad de suministro......................................6

4.

Gobierno energético........................................................................................ 9 4.1.

Competencias en materia energética de Catalunya................................9

4.2. El sector eléctrico como espacio de transformación del gobierno energético............................................................................................................ 10 4.3.

Propuestas de transformación del gobierno energético............................11

4.4.

Propuestas de transformación del gobierno energético............................12

5.

a.

Experiencias históricas locales i/o municipales......................................12

b.

Caso del Ajuntament de Barcelona........................................................13

c.

Som Energia........................................................................................... 15

d.

Viure de l’aire del cel. Vivir del aire del cielo..........................................17

Pobreza energética........................................................................................ 20 5.1 Definición de pobreza energética: causas y consecuencias.......................20 5.2 Pobreza energética en Catalunya: indicadores...........................................22 5.3 La lucha contra la pobreza energética: Alianza contra la Pobreza energética........................................................................................................ 23 5.4 Marco legal de la pobreza energética: el caso de la lay 24/2015 en Catalunya......................................................................................................... 24

6.

Género y energía........................................................................................... 27 6.1 Mujeres y sector energético.......................................................................27 6.2 Desigualdad de género y pobreza energética...........................................29

Referencias.......................................................................................................... 33

1. Datos generales sobre el modelo energético de Catalunya El modelo energético de Catalunya se puede caracterizar por su doble dependencia: depende de recursos no renovables (fósiles y nucleares) que tienen que ser importados por la práctica inexistencia de recursos y extracción doméstica. En términos de política energética, Catalunya no dispone de competencias para determinar su propia política energética y depende de las políticas del Estado español.

18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución del consumo de energía final por sectores (ktep)

Industria

Transporte

Doméstico

Servicios

Primario

Fuente: Institut Català de l’Energia – ICAEN Nota: la categoría “Otros” contiene carbón, gas natural y residuos no renovables A pesar de la crisis económica y financiera, que ha provocado una caída de hasta el 14% del consumo en el período 2007-2014, las fuentes no renovables han mantenido su manifiesta hegemonía en el mix energético de Catalunya. Los datos disponibles de la evolución del consumo de energía primaria muestran que del 1990 al 2014, el petróleo se mantiene siempre por encima del 50% del consumo total antes del año 2000, y entre el 40 y el 50% tras la irrupción del gas natural. Precisamente el consumo de gas es el que ha tenido un mayor crecimiento puesto que en el año 1990 solamente suponía un 10% del total y actualmente oscila entre el 20 y el 25%. Este hecho también ha reducido la presencia de la energía nuclear que al principio del período de estudio (1990) suponía más del 30% del mix energético y en los últimos años también está entre el 20 y el 25%. El conjunto de energías renovables 1, aunque tienen un baja participación, ha aumentado del 3 al 6% gracias principalmente a la penetración de la energía eólica. Cabe destacar que, a diferencia de otros territorios, el consumo de carbón en Catalunya es prácticamente inexistente 2.

1Para ICAEN: solar térmica, solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica, hidráulica, biomasa agraria, animal y forestal, residuos renovables, biogás y biocarburantes.

2El cierre de la Central Térmica de Cercs en 2011, una central inaugurada en 1971 y con 160MW, acabó con el último gran consumidor de carbón de Catalunya.

Potencia instalada por empresa (MW) ENDESA GENERACIÓN ANALP /ALPIQ %3,66 %3,34 %1,46 %0,69 %8,24 TARRAGONA POWER %11,54 %71,07 REPSOL PETRÓLEO

GAS NATURAL SDG IBERDROLA GENERACIÓN REPSOL QUÍMICA

Fuente: Institut Català de l’Energia – ICAEN Nota: la categoría “Otros” contiene carbón, saldos de intercambio eléctrico y residuos no renovables La evolución del consumo de energía final por sectores está liderado por el transporte que ha ido aumentado progresivamente su consumo hasta representar más del 40% en la actualidad, seguido del sector industrial y doméstico.

Media de horas semanales de las actividades del hogar y la familia y trabajo remunerado. Catalunya 2011.

Hombres Mujeres 27,18

28,34

19,25 14,58

Trabajo remunerado

Hogar y familia

Fuente: Institut Català de l’Energia – ICAEN Si analizamos en detalle el consumo por tipo de fuente para el año 2014 vemos como los derivados del petróleo, en especial el gasoil, son los más utilizados. En segundo lugar la energía eléctrica, con un mix donde domina la energía nuclear, y a cierta distancia el gas natural, que también se utiliza para la generación eléctrica en los ciclos combinados.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i Institut de l’Energia de Catalunya (ICAEN).

Nota: La categoría “Otros” contiene: coque de petróleo (2,2%), gases licuados del petróleo (2,0%), residuos no renovables (1,3%), solar térmica (0,6%), fueloil (0,6%) y carbón (0,5%). La categoría “Resto” contiene: eólica (1,9%), fotovoltaica (0,3%), otras no renovables (0,2%), biogás (0,1%), RSU renovable (0,1%) y biomasa forestal y agrícola con porcentajes más pequeños, y las centrales de carbón, fuel-gas y gasoil-gas que no participan del mix eléctrico.

Si nos fijamos en el tipo de energía que consume cada sector, podemos observar como el sector transporte es el mayor consumidor de derivados del petróleo (gasoil, gasolina y queroseno, principalmente) con un 83% de total. En contraposición, su consumo de energía eléctrica solamente alcanza el 2% del total, en cambio la industria suma un 40% seguido del sector servicios (34%) y el doméstico (23%). Algo similar sucede con el gas natural: el transporte solo consume un 1% mientras que el sector industrial se dispara hasta casi el 60%, seguido del doméstico 30% y del sector servicios (10%).

Personas en riesgo de pobreza en función de la actividad. Catalunya 2015 Hombre Mujer 82,40%

80,30% 72,00%

49,60% 30,50% 18,00%

Ocupada/o

12,00%

Parada/o

Jubilada/o Tareas 0,00% domésticas

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

En resumen, Catalunya no tiene prácticamente recursos energéticos propios. Su mix energético se basa en las importaciones de petróleo, gas natural y combustible nuclear. En 2014, por ejemplo, estas tres fuentes de energía supusieron el 92% del mix energético catalán. El sector más consumidor es el del transporte que suma más del 40% del total del consumo y se alimenta de los derivados del petróleo. En 2014, un 95% del transporte se movió gracias a los derivados del petróleo: gasoil (60%), queroseno (21%) y gasolina (14%). Los sectores industrial y doméstico se sustentan a través del gas natural y la electricidad (representan 84% para los dos sectores). Por último, el mix eléctrico de Catalunya está dominado por la energía nuclear que representa más de un 50% de la generación total, seguida de la hidráulica y los ciclos combinados.

Pese al potencial renovable de un territorio mediterráneo como el catalán, en términos generales, solamente se puede destacar la participación eólica, mientras que la penetración de la fotovoltaica sigue siendo muy baja.

2. Empresas del sector energético en Catalunya.

El sector energético del Estado español está dominado por grandes corporaciones privadas. En Catalunya pasa exactamente lo mismo, las grandes empresas privadas tienen el control de un sector tan estratégico como el de la energía. Por ejemplo, en el caso del petróleo, REPSOL posee una de las principales entradas de crudo en el Estado en el puerto de Tarragona y tiene su complejo petroquímico3. En él se producen butano, propano, naftas, queroseno, fuel y gasoil. A pesar del importante volumen de producción, no es suficiente para abastecer las necesidades de Catalunya que también tiene que importar productos refinados. En cuanto a la red de oleoductos, esta pertenece a la

3https://www.ara.cat/2014/07/14/1174762518.pdf? hash=3d5473297cd7cbb494db05e5cff830de98a56715

empresa CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos); una escisión de la antigua CAMPSA que surgió del proceso de liberalización del sector petrolífero 4.

En cuanto al gas natural tenemos dos empresas que dominan el panorama: Enagás en lo que se refiere a las infraestructuras de importación y transporte, y Gas Natural Fenosa (GNF) para la distribución y comercialización. Enagás es el gestor técnico del sistema gasista español, una empresa que fue privatizada y donde el SEPI5 conserva un 5% del accionariado. Enagás gestiona y opera la regasificadora de Barcelona, la de mayor capacidad del Estado y una de las mayores de Europa, donde llegan los barcos metaneros de los países exportadores. Por otro lado, GNF tiene gran implantación en Catalunya tanto por la extensión de su red de distribución de gas como por su origen catalán, puesto que proviene de una primera fusión entre Catalana de Gas y Gas Madrid.

Por lo que respecta a la energía nuclear, cabe destacar que en el Estado español no se enriquece uranio desde el año 2000 y éste se importa enriquecido en su totalidad. En el Estado, ENUSA es la empresa pública encargada de fabricar los elementos de combustible para las centrales nucleares españolas y ENRESA es la empresa pública que se encarga de los residuos. La energía nuclear catalana supone un 40% de la generación nuclear del Estado, y las 3 centrales nucleares en activo, están controladas por Endesa.

Continuando con el sector eléctrico, la generación está dominada por Endesa que controla la nuclear, la de ciclos combinados y la hidroeléctrica. Además, tiene el monopolio natural de la distribución en Catalunya y se disputa la hegemonía de la comercialización con GNF.

Object 11

4http://www.clh.es/section.cfm?id=6&side=189&lang=sp 5Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una entidad pública empresarial española, creada por Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio, convalidada el 10 de enero de 1996 por la Ley 5/1996 de Creación de determinadas Entidades de Derecho Público, con la finalidad de gestionar las participaciones empresariales de titularidad pública.

Object 13

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En resumen, hablar de energía en Catalunya supone hablar principalmente de Endesa, Repsol y Gas Natural Fenosa; 3 corporaciones transnacionales que controlan el modelo energético y que se han mostrado y se muestran hostiles hacia cualquier cambio que les pueda suponer la pérdida de esa hegemonía.

3. Soberanías, dependencia y seguridad de suministro.

Para la mayoría de territorios que padecen la doble dependencia (fósil e importaciones), el discurso de la dependencia y la seguridad energética forma parte de las agendas políticas de alto nivel. En la Unión Europea, un territorio con un claro déficit de recursos energéticos domésticos, el indicador de dependencia 6 ha resultado en uno de los argumentos más utilizados para dirigir la política energética de la Unión. Si miramos la fórmula por la que se calcula el indicador vemos que solamente contempla una dimensión de la dependencia; la dependencia del exterior:

Importaciones−Exportaciones Consumo interior bruto+ Almacenes marinos internacionales Si el mix energético de un territorio está basado en combustibles fósiles de extracción propia y el consumo interior bruto se nutre de esa extracción, el indicador de dependencia desciende. Es decir, un país puede tener dependencia 0% porque “autoconsume” su producción fósil, como si esa extracción no 6El consumo bruto terrestre se define como la cantidad de energía necesaria para satisfacer un área geográfica determinada. Los almacenes marítimos internacionales son las cantidades de combustibles suministrados a los barcos de navegación internacional.

Suministran principalmente petróleo y otros derivados y pero para el caso del gas en Europa su valor es siempre cero.

produjera dependencia y severos impactos 7. De ahí que, en los últimos años, el avance de la frontera extractiva en forma de combustibles no convencionales, más conocido como fracking, esté estrechamente conectado, al menos discursivamente, con la consecución de la independencia energética, un objetivo irrefutable cuando se vincula dependencia y vulnerabilidad. Esa misma vulnerabilidad se utiliza para justificar políticas de seguridad energética con una fuerte dimensión exterior y cada vez más ofensivas y agresivas.

De lo expuesto anteriormente se traduce que los planes para obtener una plena soberanía energética no deben confundirse con la proclamada independencia energética y deben contemplar el avance en la dimensión exterior y fósil.

Desafortunadamente, las instituciones catalanas han tenido posiciones ambiguas en este sentido, y no tuvieron posiciones claras ante los primeros pasos en la explotación doméstica de combustibles fósiles, tanto en el uso del fracking, como en las prospecciones marinas. Por ejemplo, la empresa Capricorn Spain Limited, filial de la escocesa Cairn Energy, solicitó en 2011 los permisos de investigación de hidrocarburos en la Costa Brava y el Golfo de León 8, frente la costa catalana, aunque no llegaron a presentar la documentación necesaria para llevarlas a cabo. Por lo que respecta a los combustibles extraídos por métodos no convencionales, Catalunya cambió una ley de urbanismo para impedir su exploración9 aunque la ley ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por exceder las competencias de Catalunya. El fracking causó mucha controversia entre la población canalizada a través de la Plataforma Aturem el Fracking y desde las instituciones se acabó por desestimar, aunque la decisión pareció responder más a las limitadas reservas de Catalunya que a la respuesta a la demanda social de desterrar esta técnica tan agresiva.

7http://www.odg.cat/sites/default/files/acaparamiento_energetico.pdf 8https://aturemprospeccions.wordpress.com/projectes-a-catalunya/ 9https://aturemfracking.files.wordpress.com/2014/02/llei_2_2014.pdf

Año

GINI

1-1672Pos.

percepciónÍndice

Tipo régimen

Pos. 1-167

Índice de

Categoria IDH

Combusti ble

Pos. 1-188

País

IDH

Las políticas del Estado español que afectan directamente a Catalunya tampoco no van encaminadas a la reducción de ninguna de las dos dimensiones de la dependencia. La mayor preocupación asegurar el suministro a través de una diplomacia energética que actúa más allá de las propias fronteras y forja relaciones estables con gobiernos de dudosa reputación que, en muchos casos, se benefician directamente de la venta de hidrocarburos.

Petróleo/G as natural Petróleo/G as natural

0,74 5 0,53 3

83

Alto

150

Bajo

3.9 5 3.3 5

Saudi Arabia

Petróleo

0,84 7

38

Muy Alto

1.9 3

160

Colombi a

Carbón

0,72 7

95

Alto

6.6 2

62

Kazakhst an

Petróleo

0,79 4

56

Alto

3.0 6

140

Lybia

Petróleo

-

-

-

Namibia

Nuclear

125

Medi o

Niger

Nuclear

0,64 0 0,35 3

187

Bajo

6.3 1 3.8 5

0,52 7 0,85 6 0,80 4

152

Russia

Gas natural Gas natural Carbón, nuclear

49

Bajo Muy Alto Muy Alto

4.6 2 3.1 8 3.3 1

South Africa

Carbón

0,66 6

119

Medi o

7.5 6

Algeria Angola

Nigeria Qatar

-

33

118 131

-

72 121 108 134 132

37

Autoritari o Autoritari o Autoritari o Democra cia deficient e

Democra cia deficient e Autoritari o Régimen Híbrido Autoritari o Autoritari o Democra cia deficient e

15

88 16 3

27, 6 42, 7

201 1 200 8

52

48

-

-

37

83

51, 1

201 5

28

12 3

26, 5

201 5

-

-

36

-

-

53

45

61

34

99

34

200 9 201 4

26

13 6

43

200 9

29

22 11 9

37, 7

201 5

44

61

63, 4

201 1

71

Tabla 1. Índices de los principales suministradores de Catalunya 10 Las políticas de seguridad energética parecen dirigidas a perpetuar el neocolonialismo energético11 y a asegurar el suministro fósil y nuclear apuntalando los regímenes que lo sostienen. Al mismo tiempo, parecen ignorar la promoción de un modelo más justo, social y ambientalmente; un modelo que asegure el suministro desde la gestión de la demanda y utilice de manera sostenible los recursos renovables autóctonos.

Además, la factura de las importaciones supone una parte importante del PIB nacional y las fluctuaciones de los precios de los recursos energéticos y la exposición a los mercados, también son un punto de fuga de soberanía.

10Human Development Index. United Nations (2016) http://hdr.undp.org/en/composite/HDI Democracy Index. The Economist (2015) www.yabiladi.com/img/content/EIUDemocracy-Index-2015.pdf Corruption Index. Transparency International (2016) www.transparency.org/cpi2015 GINI Index. Worldbank (2016) http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI? end=2014&start=2014&view=bar 11http://www.odg.cat/sites/default/files/colonialismo_energetico_argelia_cast_1.pdf

Grupos como la Xarxa per la sobirania energètica (Xse, Red por la soberanía energética), han criticado el concepto de seguridad energética y han redefinido la soberanía energética añadiéndole el adjetivo “popular” y abriendo las miras hacía una propuesta que incluya la dimensión de justicia ambiental y social global, quedando de esta manera: El derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar las propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de manera que éstas sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, y siempre que no afecten negativamente a terceros.

4. Gobierno energético.

4.1.

Competencias en materia energética de Catalunya

En principio, el Estatut d’autonomia de Catalunya atribuye a la Generalitat la competencia compartida en materia de energía, lo que implica que, en principio, le corresponde el despliegue de las bases estatales, a través del cual debería de poder establecer una política propia en materia energética, y el ejercicio de la función ejecutiva. Aunque la realidad es que Cataluña no dispone de ninguna competencia en materia de legislación básica sobre la energía y eso hace que no pueda desarrollar las políticas más adecuadas para el territorio, ni regular el sector. Cataluña únicamente tiene competencias en el desarrollo legislativo supeditado a la legislación básica estatal, tales como la autorización de pequeñas infraestructuras o la inspección del conjunto. El Parlamento de Cataluña aprobó la Llei 18/2008, de garantía y calidad del suministro eléctrico 12.

En la vertiente administrativa, Catalunya no tiene competencias para definir un modelo propio de gestión energética (no puede fijar precios de los carburantes o electricidad, ni decidir las infraestructuras prioritarias) y, por tanto, no puede tomar las decisiones que le serían más favorables. La Generalitat de Catalunya sólo gestiona parte de la autorización administrativa, la inspección y el control de las instalaciones energéticas y tiene participación en la planificación estatal de infraestructuras de transporte.

Los esfuerzos de negociación 12https://www.ara.cat/2014/07/14/1174762518.pdf? hash=3d5473297cd7cbb494db05e5cff830de98a56715

intergubernamentales llevados a cabo durante las últimas décadas únicamente han permitido conseguir la encomienda de funciones en materia de protección y vigilancia radiológica ambiental así como el Convenio para la tramitación de grandes infraestructuras eléctricas. En ambos casos, Cataluña simplemente hace de tramitador. La única herramienta que tiene el Gobierno catalán para incidir en el comportamiento de los operadores energéticos es la sanción o la negociación basada en la buena voluntad.

4.2.

El sector eléctrico como espacio de transformación del gobierno energético.

La falta de competencia de las instituciones catalanas en materia energética no es un freno para que surjan numerosas experiencias que rompen los patrones caducos de gobierno del modelo energético centralizado, fósil y oligopólico. La mayoría de estas experiencias están centradas en democratizar el sistema eléctrico porque, paradójicamente, la liberalización del sector ha permitido la entrada de nuevos actores en las actividades de producción y comercialización que apuestan por democratizar la energía. A su vez, este avance dentro del sector eléctrico se augura estratégico porque parece que en el futuro inmediato la electricidad estará más presente en el mix energético. Los cambios tecnológicos hacia las redes inteligentes 13, la generación distribuida14, el desarrollo del transporte electrificado, el autoconsumo, etc. harán que la electricidad y una mayor electrificación, junto a muchas otras medidas, sean uno de los pilares de la transición energética para conseguir el abandono de los combustibles fósiles y nucleares, y para luchar de manera certera contra el calentamiento global. Incluso pensando en un deseable y necesario decrecimiento del consumo de energía, la proporción de electricidad aumentará y, por tanto, también su valor estratégico.

En este sentido, uno de los mayores problemas que tiene el Estado es el Oligopolio Eléctrico y, a su vez, la connivencia de éste con el poder político. Las cinco empresas que controlan la práctica totalidad del sistema: Endesa, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico, Iberdrola y Viesgo, tienen una gran capacidad económica y de influencia política, con el fenómeno de las puertas giratorias como parte más visible, y dificultan enormemente que las propuestas transformadoras se puedan replicar con la celeridad deseada. Y esto viene de lejos.

En el Estado español, a diferencia de otros países europeos, el sistema eléctrico siempre ha tenido una presencia muy destacable del sector privado. En el caso de Catalunya, la llegada de la electrificación vino de la mano de capital privado y extranjero. El papel de las instituciones públicas se limitó a actuar desde el marco legal y los reglamentos, intentando controlar el precio de la electricidad.

Fuera del ámbito del Estado español, en cambio, la situación fue bien diferente.

13La red eléctrica inteligente es una forma de gestión eficiente de la electricidad que utiliza la tecnología informática para optimizar la producción y la distribución de electricidad para equilibrar mejor la oferta y la demanda entre productores y consumidores.

14La generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica mediante muchas pequeñas fuentes de energía en lugares lo más próximos posibles a los consumidores.

En Alemania, la tradición de la economía comunitaria y el denominado “socialismo municipal”, que heredaba una tradición histórica de la intervención de los municipios en la organización y gestión de los servicios, consiguió que, en el año 1913, el 45% de las fábricas de generación de electricidad fueran completamente de colectividades locales y casi un 30% estuvieran en un régimen mixto. Parte de esa tradición aún está presente en el país germano.

A pesar de que en los años treinta se habían abierto paso en toda Europa las tesis favorables a la nacionalización del sector eléctrico, especialmente con el interés de la ejecución de grandes obras públicas que pudieran reactivar la economía y generar trabajo después del crack del 29, en el Estado español la iniciativa del sector eléctrico continuaba siendo privada. En el año 1944 se constituye UNESA, con las 18 principales empresas del sector 15. UNESA tenía la misión de promover las interconexiones de los diferentes sistemas eléctricos regionales y de estas con las centrales eléctricas. En el mismo año, el Instituto Nacional de Industria creó la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA) y en el año 1949 la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER).

Tanto ENDESA como ENHER eran parte pública del sector y, seguramente, la herramienta del régimen para mantener cierto control del sector.

4.3.

Propuestas de transformación del gobierno energético.

Las propuestas de transformación del gobierno energético deberían comportar la creación de nuevos espacios de debates estratégicos y toma de decisiones donde los diferentes actores y actoras puedan interactuar. Tradicionalmente, estos espacios, denominados de manera general como “espacios de participación ciudadana”, han recibido duras críticas por ser jerárquicos, condicionados e insuficientes, tanto en cuanto al debate que se genera, como por su capacidad ejecutiva. De ello se pueden extraer tres retos a enfrentar: 1) la creación del propio espacio 2) el tipo de decisiones que se toman en él y 3) quién participa. En respuesta a ese triple reto, en los últimos años, el término gobernanza aparece con fuerza y se impone como el nuevo paradigma que, en principio, debe ampliar los espacios de participación, incluyendo más actores/as, y sus relaciones e interdependencias [ CITATION Jos06 \l 3082 ]. Aunque su uso se ha extendido entre muchas sectores, resulta un término fuertemente controvertido puesto que sus impulsores, el Banco Mundial y la Unión Europea, lo promovieron para expandir sus recetas neoliberales y porque, en los espacios de participación, no se reconocen las desigualdades entre actores/as y se utiliza un lenguaje higiénico, aséptico y muy tecnificado, que pretende alejar las situaciones de conflicto de la acción de gobierno[ CITATION Bag17 \l 3082 ]. Si queremos que los espacios tengan una “participación auténtica”, se deberían de constituir sin ser controlados por ninguno de los actores. Deberían de ser fruto 15UNESA estaba formada por Hidroeléctrica Ibérica, Electra de Viesgo, Mengemor, Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Energía Eléctrica de Cataluña, Compañía de Riegos y Fuerzas del Ebro, Compañía Sevillana de Electricidad, Compañía de Fluido Eléctrico, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Energía e Industrias Aragonesas, Compañía Eléctrica de Langreo, Unión Eléctrica Madrileña, Saltos del Alberche y Hidroeléctrica del Chorro, Hidroeléctrica Española, Sociedad General Gallega de Electricidad y Saltos del Duero.

del interés colectivo, con una igual correlación de fuerzas, con decisiones tomadas colectivamente, donde las tareas y el acceso a la información y las herramientas (plataformas virtuales, redacción de informes, propuestas, etc.) se llevan a cabo de forma distributiva desde los principios de equidad y corresponsabilidad, entre las partes implicadas [ CITATION Bag17 \l 3082 ].

Por otro lado, el reto de qué se debate y qué se decide en este tipo de espacios, resulta un desafío mayúsculo en un mundo como el de la energía, que siempre ha reservado estas funciones y responsabilidades a las personas expertas. Con toda certeza, hará falta distinguir entre diferentes tipos de debates: los de gobierno, los que tengan que ver con la gerencia y los burocráticos. En el debate de gobierno se vendrían a tomar las decisiones estratégicas, en el de gerencia las de carácter técnico y operativo y la burocracia sería todo lo administrativo [ CITATION Jos06 \l 3082 ]. Por tanto, si queremos apostar por una participación que tenga un valor decisivo, los actores de estos nuevos espacios de gobierno deberían trabajar, fundamentalmente, en el ámbito estratégico. De esta manera se puede romper con la cultura de los expertos técnicos, ya que el conocimiento objetivo, técnico o ingenieril, a pesar de ser interesante, ya no es el preeminente ni el definitivo, mientras que cada vez más, es el conocimiento social el que va ganando primacía. Además, si la propuesta pasa por (re)municipalizar, a diferencia del conocimiento técnico, que puede ser globalizado, el conocimiento social es localizado y muy específico. De alguna manera, se podría decir que la complejidad ha pasado de estar en los despachos de ingeniería a estar en la calle y en los territorios [ CITATION Jos06 \l 3082 ].

Por último, la pregunta de quién debería participar en el gobierno energético parece también clave. En este sentido, lo que se puede extraer de las propuestas que han hecho los grupos que promovieron la remunicipalización en Berlín y Hamburgo, y que genera cierto consenso para las apuestas de Ciuda gobierno público-ciudadano o públicodania comunitario, es incluir a la administración pública, la ciudadanía y las personas trabajadoras del sector. Otra gran cuestión es en qué proporción y con qué peso cuentan cada uno (Re)muni cipalitzac de los actores.

El movimiento por la Admini ión remunicipalización de la energía en Berlín stració propuso que las empresas municipales tuvieran Trabaj n adoras una junta directiva con seis representantes de la públic ciudadanía, escogidos directamente por los a berlineses y berlinesas, la concejala de Medio Ambiente y la de Economía, y siete representantes de los trabajadores. El referéndum para la remunicipalización no llego al mínimo de participación para ser válido y, por tanto, no se pudieron aplicar las medidas.

En el caso de Hamburgo, donde el referéndum sí validó la remunicipalización, se creó un órgano de gobierno con una junta directiva de 20 personas en representación de la sociedad civil, la academia, la industria, los sindicatos y las compañías energéticas de la ciudad. La junta se reúne un mínimo de dos veces

al año en encuentros abiertos donde puede participar la población, aunque como se puede imaginar, su avance está limitado por las tensiones internas. 16

4.4.

Propuestas de transformación del gobierno energético.

Por lo argumentado en el (apartado 5.2) es difícil encontrar propuestas que tengan un sentido de transformación profundo del gobierno energético. Las experiencias que se presentan a continuación tienen un gran valor porque representan avances desde lo municipal, lo colectivo, lo cooperativo y lo financiero, pero siguen distando del modelo que se presenta en el apartado anterior, donde se propone la presencia de la administración pública, de las personas trabajadoras y de la ciudadanía, en los órganos de gobierno. Pero, otra vez, dada la situación de oligopolio histórico y presente del sector energético, las experiencias que tienen una lógica diferente son el ejemplo vivo de que el modelo energético puede ser, y se puede gobernar, de otra manera. a.

Experiencias históricas locales i/o municipales

En Cataluña existen casos de municipios que tienen sus propias eléctricas locales y que han resistido el paso del tiempo y los rigores del sector. Estas eléctricas municipales históricas, según el caso, dan el servicio de comercialización, distribución y generación eléctrica 17. Tenemos los ejemplos en el municipio de Centelles (Osona, Barcelona) que tiene una distribuidora y comercializadora íntegramente local, o el caso de Almenar (Segrià, Lleida), que además de la distribución y comercialización, genera electricidad a través de un canal de riego. También nos encontramos eléctricas municipales históricas en Santa Coloma de Queralt, Tírvia, Torres de Segre, Llavorsí y Ponts, muchas de ellas ya preparan su cien aniversario 18.

En el caso de los municipios que tienen distribuidoras locales, se da la situación que, al ser la distribución una actividad regulada y remunerada a través de los presupuestos del Estado, el dinero público sigue un ciclo de público a público, beneficiando y dinamizando la economía local. Cabe decir que las grandes empresas del Oligopolio que tienen en régimen de monopolio natural de esta actividad, como es el caso de Endesa en Catalunya, no ejecutan la actividad sino que la subcontratan a terceros con un porcentaje de beneficio por ser gestores de la distribución.

16https://esf-cat.org/esferes-19-recuperant-control-lenergia-accions-remunicipalitzardistribucio-electrica/ 17Explicar el sector

18En la Comunidad Valenciana, en cambio, se concentran el 85% de las cooperativas eléctricas del Estado español: 9 en la provincia de Valencia (Algímia d'Alfara, Castellar, Guadassuar, Alginet, Xera, Sot de Xera, Vinalesa, Meliana, Museros), 4 en Alicante (Catral, Crevillent, Biar, Callosa de Segura) y 2 en Castellón (Almenara y El Serralló de Castelló).

Otra dimensión a valorar es el propio servicio prestado. Las empresas municipales conocen bien a sus clientes que además, son vecinos y vecinas. La relación de proximidad es siempre bien valorada por las personas que reciben el servicio, en contraposición con lo que pueden ofrecer las grandes empresas, equipos de teleoperadores/as que, en condiciones de precariedad laboral, atienden a clientes con una limitación de tiempo por llamada y más orientados a acciones comerciales que a la atención ciudadana. Por otro lado, el mantenimiento y reparación de las redes también tiene un componente local importante. Las personas trabajadoras de la empresa municipal conocen bien la situación de la red y sus puntos débiles. Tienen el histórico y la experiencia necesaria para actuar con eficacia. En el caso de las empresas subcontratadas por el Oligopolio, cambian sus equipos de trabajo según conveniencia y someten a las personas trabajadoras a condiciones laborales muy precarias, que pueden atentar contra su seguridad personal.

A pesar de que tener el servicio eléctrico municipalizado es un cambio substancial respecto a tener el servicio con las empresas del Oligopolio, por la cercanía con la ciudadanía, por el conocimiento de las técnicas municipales y porque los beneficios revierten en las arcas municipales; estas experiencias locales no incorporan formas de gobierno en las que haya una participación activa de la ciudadanía y de las personas trabajadoras. Las decisiones sobre “energía” continúan estando en el ámbito de lo técnico o de las personas expertas. b.

Caso del Ajuntament de Barcelona.

La victoria de Barcelona en Comú (BeC) en las elecciones municipales de mayo 2015, en combinación con otras grandes ciudades como Madrid, Zaragoza, A Coruña, Oviedo y Valencia, ha puesto un foco de atención en la esfera municipalista. Pese a que el ordenamiento jurídico del Estado no favorece que el municipalismo pueda transformar su realidad desde las instituciones locales, los gobiernos locales autodenominados “ciudades del cambio” han creado expectativas sobre el potencial del ámbito local en cuanto a la gestión de lo público y sobre las (re)municipalizaciones como herramienta necesaria para dicho cambio.

En el ámbito de la energía, la administración local no tiene competencias de planificación, ejecución y explotación de infraestructuras, pero si tiene la capacidad de influir sobre la gestión energética, el acceso a la energía, la gestión de la demanda, la eficiencia y el conocimiento, concienciación y extensión de la cultura energética19. Por ello, el actual gobierno del Ajuntament de Barcelona, liderado por BeC, ha propuesto una serie de medidas para recuperar la soberanía energética en la ciudad. En el documento “Transición hacia la soberanía energética”20 publicado el pasado mes de julio de 2016, se encuentran diferentes referencias a la participación ciudadana y al papel central de la ciudadanía en la transición energética: 19http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/MesuraGovern_Trans icioSobiraniaEnergetica.pdf 20http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wpcontent/uploads/2016/07/operadorenergia_2016_07_13.pdf

La apuesta del Ajuntament pasa por recuperar la idea de servicio público asociado a la energía y democratizarla. Un nuevo modelo que utiliza principalmente fuentes renovables donde la producción sea distribuida y de proximidad, energía de km 0, que haga posible la soberanía energética e incorpore la participación ciudadana en todo el proceso.

Entre los objetivos de la política energética municipal existen dos muy relacionados con las nuevas formas de gobierno: Fortalecer el tejido económico local, desarrollar modelos de gestión públicociudadana y el fomento de la ocupación en una actividad económica propia.

Aumentar el liderazgo público y ciudadano en la gobernanza energética de la ciudad y posicionar Barcelona como ciudad referente en la política energética.

Por el momento, la medida estrella del gobierno de BeC es la creación de Barcelona Energia, una comercializadora pública de energía eléctrica. Barcelona Energia prevé iniciar su actividad en febrero como representante en el mercado de la energía generada en las placas fotovoltaicas municipales, la incineradora de residuos de Sant Adrià del Besos y el vertedero del Garraf 21. Su objetivo principal es gestionar de manera integrada la generación eléctrica de fuentes renovables i comercializar los excedentes de la generación de la ciudadanía y de las instalaciones municipales. La empresa municipal también garantizará el cumplimiento de la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética y tendrá funciones de asesoramiento y promoción de la cultura energética.

La idea inicial es que ofrezca una tarifa para ayuntamientos, una para pequeñas empresas del terciario y otra para clientes vulnerables. La comercialización, en una primera fase, podrá suministrar al Ajuntament y a 20.000 viviendas, consiguiendo un ahorro aproximado de 500.000€/año22.

Esta propuesta de tener una comercializadora pública en la ciudad de Barcelona viene del gobierno anterior de Xavier Trias 23 (Convergència i Unió), i BeC la impulsa definitivamente ampliando su alcance y función, pero con las limitaciones del ordenamiento jurídico puesto que éste impide la creación de una nueva empresa pública mercantil. De ahí que la empresa Tratamiento y Selección de Residuos, S.A. (TERSA) 24 hay sido escogida para cumplir dicha función. TERSA tiene la experiencia necesaria porque gestiona la generación eléctrica del Ajuntament y la idea es crear una marca comercial “Barcelona Energia” bajo una unidad de negocio ejecutiva que llevará la generación y comercialización. TERSA, además, es una empresa del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), por tanto, los otros municipios de la AMB podrían hacer lo mismo. Una vez constituida, Barcelona Energia será la empresa energética pública más grande del Estado español. Se prevé que suministre energía al Ajuntament en julio de 2018 y a partir de 2019, a la ciudadanía.

21La pérgola fotovoltaica del Fórum de 2686 módulos de 165W, 85 instalaciones en edificios municipales y la incineradora del Sant Adrià de Besòs com 5,5MW y el vertedero del Garraf tiene 12MW instalados.

22La factura anual eléctrica del Ajuntament ronda los 30 millones de euros 23https://elpais.com/ccaa/2015/05/06/catalunya/1430941372_642798.html 24TERSA es una empresa pública que opera en el área metropolitana de Barcelona, con la misión es gestionar servicios medioambientales relacionados con la economía circular, la valorización de residuos municipales, la generación y comercialización de energías renovables, y la promoción del compromiso de la ciudadanía por la sostenibilidad.

Tanto la imposibilidad de crear una nueva empresa pública mercantil como la obligación de utilizar esta forma societaria, tienen consecuencias directas en la capacidad de transformación de los órganos de gobierno de estas nuevas eléctricas. Por un lado, la sociedad mercantil es una entidad esencialmente capitalista, en la que las aportaciones de los socios deben traducirse necesariamente en acciones o participaciones y el valor de sus votos está en relación directa con el número de éstas cuya titularidad ostenten, con el objetivo primordial de obtención de ganancias y donde existe, por imperativo legal, una importante rigidez orgánica y funcional. La tenaza legal también aparece desde la Ley del Sector Eléctrico que apuntilla con la obligación de que las comercializadoras sean sociedades mercantiles o cooperativas de consumidores y usuarios.

En un estudio jurídico encargado por el Ayuntamiento de Pamplona al Col·lectiu Ronda25 se exploran diferentes escenarios para conseguir un gobierno más participado de las comercializadoras. Los explorados son cuatro: 1) sociedad mercantil 2) constitución de una cooperativa de consumidores y usuarios que haga de comercializadora y que el Ayuntamiento haga de socio de pleno derecho 3) constitución de una cooperativa de consumidores y usuarios que haga de comercializadora y el Ayuntamiento sea socio colaborador y 4) constitución de una cooperativa de consumidores y usuarios que haga de comercializadora y el Ayuntamiento adquiriría la energía eléctrica mediante convenios de colaboración. Los escenarios 2, 3 y 4, abren la posibilidad a la participación activa y directa de la ciudadanía pero el encaje de la administración local no acaba de quedar claro porque, dependiendo de la Ley de cooperativas de la Comunidad Autónoma, en casos como en Navarra, los socios solamente pueden ser personas físicas.

En el caso de Barcelona, además de los obstáculos jurídicos, la empresa pública TERSA tiene más de 30 años y las dinámicas propias de una empresa pública de largo recorrido. La concejalía de Energía y Agua del Ajuntament de Barcelona también está explorando formas de cogobierno donde la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones dentro de Barcelona Energia sea algo realmente efectivo. Por el momento, a pesar de que el Ajuntament indica claramente que la transición energética “supone implicar y capacitar a la ciudadanía, repensar las soluciones de financiación y diseñar nuevos modelos de gobierno adecuados”26, el papel de la ciudadanía sigue siendo de sujeto pasivo en relación a las propuestas energéticas municipales, aunque hay que valorar muy positivamente que uno de los pilares de Barcelona Energia sea el cumplimiento de la Ley 24/2015, porque eso representa un primer paso hacia el reconocimiento de la energía como un derecho ciudadano. c.

Som Energia.

Som Energia es una cooperativa de energía verde sin ánimo de lucro que nació en 2010. Su fórmula de trabajo ha sido realmente exitosa y ha conseguido un 25El Col·lectiu Ronda es una cooperativa de abogados y abogadas dedicadas a la asesoría jurídica, laboral, fiscal, económica y social y que entiende el derecho como un ejercicio para construir un mundo más solidario.

26http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/MesuraGovern_Trans icioSobiraniaEnergetica.pdf

aumento constante de contratos y personas socias y equipo contratado. El alto grado de implicación de parte de las personas cooperativistas ha sido el mayor baluarte de Som Energia. Las cooperativistas ejercen de manera voluntaria la función de difusión y captación de nuevas socias, y por el momento, el sistema funciona a la perfección. La mala reputación, ganada a pulso, de las empresas del Oligopolio, hace el resto, y cada día más personas contratan el suministro de energía eléctrica con proyectos como el de Som Energia.

Ahora bien, una de las preguntas que siempre está encima de la mesa es: ¿Cuál es la escala idónea para poder conservar ese vínculo y sentimiento de pertinencia? ¿Qué tipo de órganos de gobierno necesita un proyecto de este tipo para tener capacidad ejecutiva y, a su vez, seguir profundizando en la democratización de la energía?

Som Energia define su estructura organizativa como flexible y centrada en las personas, la corresponsabilidad, coordinación, liderazgos que fomenten la autonomía, etc. El equipo contratado, que ha pasado de 3 personas al inicio, 12 en 2013 i más de 40 al inicio de 2018, se distribuye en cuatro ámbitos de actuación: comercialización, que incluye facturación, gestión de contratos e impagados; generación, con generation kWh y nuevos proyectos; actividad cooperativa, que gestiona el servicio a las socias, la participación y los grupos locales, AG,EdS,TdGL; e incidencia social, que contiene proyectos europeos, intercooperación y apoyo a proyectos de transformación. –Una quinta área de servicios comunes asegura aquello necesario para los cuatro ámbitos, es decir: comunicación, informática, jurídica, laboral y RRHH, contabilidad y gerenciacoordinación. El equipo de coordinación toma las decisiones sobre el día a día de la cooperativa.27 Pero la estructura asalariada de la cooperativa solamente es una parte de Som Energia. El Consejo Rector, por ejemplo, es el órgano al que se elevan ciertas decisiones cuando la coordinación/gerencia de los equipos de trabajo lo considera oportuno, según la relevancia del asunto a tratar. El Consejo Rector, a su vez, está conformado por 9 personas que de manera voluntaria, participan en las decisiones de la cooperativa de cierto alcance y/o complejidad. Si las propuestas o las decisiones a tomar son substanciales o suponen un cambio de rumbo de la cooperativa, se llevan a discusión en las asambleas generales anuales de personas socias, el máximo órgano de decisión de la cooperativa.

Hasta este punto, el organigrama de gobierno de Som Energia, podría responder a otros tipos de cooperativa. Lo que hace a Som Energia verdaderamente genuina, en términos de modelo organizativo, son los grupos locales. La comercialización eléctrica, actividad principal de la cooperativa, es una actividad que surge a partir de la liberalización del sector eléctrico en 1997 y se despliega finalmente en el año 2009. La comercialización se encarga de comprar electricidad en el mercado eléctrico o a través de acuerdos bilaterales con las generadoras para vendérsela a los clientes. Es una actividad que no tiene activos físicos del sector eléctrico, es un trámite administrativo que se puede ejercer en cualquier parte del Estado sin necesidad de una ubicación territorial concreta.

27https://blog.somenergia.coop/som-energia/2016/11/organitzacio-interna-delequip-tecnic-i-del-consell-rector/

Pues bien, precisamente los grupos locales dan territorialidad a la comercializadora, la dotan de las raíces que no tiene el mercado. Esto es un hecho substancial porque las personas que desde los grupos locales difunden la necesidad de la transición energética y captan nuevos cooperativistas, lo hacen desde grupos que dinamizan actividades en el territorio al que pertenecen. No llaman a la puerta, ni acosan por teléfono; organizan charlas informativas y formativas, participan en eventos de otros colectivos, animan a la gente a unirse al grupo y lo hacen de manera voluntaria.

Actualmente existen unos 40 grupos locales activos que se autogestionan y hacen su papel de difusión y representación de la cooperativa. Los grupos se reúnen anualmente para intercambiar ideas sobre el trabajo y compartir visiones de presente y futuro. La cooperativa los dota de un pequeño presupuesto para sus actividades.

Por otro lado, Som Energia también tiene un esquema de participación en la financiación de proyectos donde las socias pueden hacer sus aportaciones. En 2015, la cooperativa planteó la compra de la minihidráulica de 1MW La Valteina en Peñafiel, Valladolid. La aportación voluntaria al capital social de la cooperativa para la adquisición de la central logró recoger 900.000 € en menos de 2 horas.

En el año 2017, se propuso una nueva aportación al capital social, esta vez para tres plantas fotovoltaicas: Planta de Tahal de 841kW en Tahal (Almería), Planta La Florida de 1,5 MW en Lora del Río (Sevilla) y Planta Matallana de 2MW también en Lora del Río. Los 5 millones de euros necesarios se consiguieron en menos de 10 días a pesar de haber limitado la cantidad de participación para cada socio en los primeros días. Som Energia también ha puesto en marcha una línea de financiación aún más innovadora que rompe con la idea de rentabilidad financiera: la Generation kWh. A diferencia de las aportaciones a capital social que tienen un interés anual revisable por la asamblea (el año 2017, 1,75%), las aportaciones al Generation tienen interés cero, pero las personas que participan pueden disfrutar de una tarifa Generation donde el precio se determina por los gastos de generación de las plantas de generación de Som Energia, el cual resulta sensiblemente inferior a la tarifa 2.0 estándar 28. d. Viure de l’aire del cel. Vivir del aire del cielo.

El proyecto Viure de l’aire del cel ha conseguido instalar un aerogenerador de 2,35MW en el municipio de Pujalt, Alta Anoia a través de la participación de personas a título individual, colectivos y organizaciones. El molino de propiedad compartida generará energía limpia y verde aprovechando el “aire del cielo” para una demanda equivalente de 2.000 familias.

La idea del proyecto surgió en el año 2009, durante la conmemoración del vigesimoquinto aniversario de la puesta en marcha en 1984 del molino de Vilopriu (Girona), el primer aerogenerador moderno de Catalunya. En el encuentro se citaron diferentes actores del sector de las renovables y entre algunos de ellos, rondaba la idea de poder replicar el modelo eólico de Dinamarca en Catalunya, donde las comunidades locales son propietarias de los aerogeneradores en forma de cooperativas.

Dinamarca es sin duda un referente mundial en la implantación de energía eólica participada. Su particular orografía, siendo un territorio plano no apto para la 28Llibre Xse.

generación hidráulica, impulsó desde el inicio de la electrificación la utilización del viento para producir energía. Pero quizás su mayor logró fue el nacimiento, en los años 70, de un movimiento popular que transformó su rechazo a la energía nuclear en una propuesta de implantación comunitaria de las renovables. La base local del movimiento estimulaba y dinamizaba la economía local. Las pequeñas empresas de maquinaria agrícola empezaron a construir los primeros molinos y los herreros de los pueblos se esmeraban en producir las piezas necesarias para los molinos. En esa época, se instalaban pequeños aerogeneradores que no llegaban a los 50kW. Teniendo este referente en mente, sugieronsurgieron las preguntas de ¿por qué no hacemos como en Dinamarca? De esta manera, Eurosolar Cataluña (sección local de Eurosolar - Asociación Europea por las Energías Renovables) lanzó una iniciativa pionera: Vivir del aire del cielo. Consiste en la instalación de un aerogenerador de propiedad compartida entre la ciudadanía que voluntariamente aporte el dinero necesario para poder hacer realidad el proyecto. La idea rompía con el modelo eólico del Estado español impulsado por empresas privadas y fondos de inversión, sin ninguna propuesta de sentido colectivo y/o comunitario.

De hecho, entre los asistentes del encuentro de Vilopriu también estaban los miembros de Ecotècnia, un grupo de ingenieros que conformaron una cooperativa en 1980 para desarrollar la tecnología necesaria para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, que también formaran parte del Viure de l’aire del cel. En más detalle Ecotècnia quería ofrecer una serie de productos y servicios a través de los que poder desarrollar y promover una tecnología al alcance de todos, que proporcionase más autonomía a trabajador(a)s y usuario(a)s, que permitiese un mejor aprovechamiento de los recursos locales y fuese más respetuosa con el medio ambiente y natural, que permitiese la utilización de energías renovables y no contaminantes, que no resultase a precios hinchados por razones de mercado o de organización irracional y que, en la vertiente de la organización del trabajo, resultase participativa y no alienante. Siendo muy vigente el ideario de Ecotècnia, el desarrollo tecnológico renovable tiene suficiente impulso e inercia en la actualidad. De ahí que bajo la pregunta ¿y que podemos aportar ahora? Algunos de sus miembro impulsaron “Viure de l’aire del Cel” La idea del molino de financiación colectiva fue publicada en un artículo de la Vanguardia y más de cien personas se interesaron por el proyecto. De ahí nació, EOLPOP, empresa que llevaría a cabo todos los trámites administrativos del proyecto. EOLPOP fue creada por 4 personas para tener la estructura mínima necesaria en formato de SL. para poder llevar adelante el proyecto. En el momento de depositar el aval de 40.000 € para el punto de conexión, los miembros de Ecotècnia accedieron a poner el aval y entraron a formar parte de EOLPOP. Los promotores intentaron encontrar un emplazamiento que no necesitara de medidas de viento, que tuviera una línea de distribución cercana y donde no se tuvieran que hacer accesos nuevos para llegar al molino, con el objetivo de minimizar el impacto y el coste inicial del proyecto.

La búsqueda dio como resultado un emplazamiento que cumplía todos los requisitos, el municipio de Pujalt. Las personas de este pequeño pueblo de 200 habitantes recibieron el proyecto con cierto escepticismo porque, aunque

conocían lo que suponía la instalación de aerogeneradores porque en la comarca existen otros parques eólicos con un esquema clásico y convencional, la fórmula de propiedad colectiva les producía cierta extrañeza.

En el año 2012 empezaron los trámites administrativos y también se empezaron a pensar los esquemas de financiación. Parecía evidente que el pueblo de Pujalt no podía cubrir el presupuesto total del proyecto valorado en unos tres millones de euros, así que se abrió a la participación a otros actores siempre dando preferencia, en caso necesario, a gente de la zona. Actualmente participan más de 400 personas con aportaciones de capital por valor de más de 2 millones de euros. Las aportaciones van de 100 € a 50 o 60 mil € con una media de 3 a 6 mil €. Las condiciones desfavorables para el mundo renovable en el Estado español hacen que el retorno de las aportaciones se dilate más que en otros países y el esquema de financiación acordado retornará las aportaciones en los 20 primeros años sin ningún tipo de beneficio y del año 20 al 25 serán beneficios limpios a repartir entre las personas participantes. El fabricante garantiza la duración de la máquina por un mínimo de 25 años pero seguramente el aerogenerador pueda durar muchos años más. El propietario del terreno donde se instala la máquina, recibirá el alquiler del terreno como una participación equivalente, cosa que también le hace partícipe del molino. Asimismo, Som Energia ha participado con 1 millón de euros para poder completar el presupuesto necesario. El Ajuntament de Pujalt está mirando la fórmula por la cual pudiera participar en el proyecto pero la llamada ley Montoro, que controla las cuentas municipales, dificulta mucho este tipo de apuestas desde la esfera pública municipal.

El aerogenerador se acabó de instalar a finales de 2017 y la conexión se hizo justo a principios de 2018. Ahora quedan los últimos trámites administrativos y pruebas para poner definitivamente en servicio el primer aerogenerador de financiación colectiva de Catalunya.

Según las personas promotoras del aerogenerador, la burocracia administrativa ha sido una de las mayores trabas. El Decreto del Gobierno de Catalunya que regula parques eólicos y solares, define parque eólico como agrupación de máquinas pero este mismo decreto ha sido aplicado para EOLPOP, complicando y exigiendo ciertos trámites administrativos que consideran prescindibles y que han retrasado el proyecto. Reclaman un mejor calibrado de los trámites según el factor de escala del proyecto porque puede convertir en inviables los pequeños emprendimientos colectivos de renovables. Además, destacan la importancia de este tipo de propuestas frente a las de las grandes empresas.

“La gente no es consciente de lo que representa pagar la factura de la luz a según quién. Es una extracción de los territorios, una política extractiva de dinero de los territorios hacia fuera. Si tú pagas a Endesa ese dinero se volatiliza de la comunidad. Si generas localmente y reviertes los beneficios en la comunidad estás generando economía local. En Dinamarca hay una normativa que aconseja que el 20% del capital tenga que poseerlo la gente del territorio. El movimiento popular reclama participar en un 100%; se oponen a un porcentaje tan pequeño porque consideran que una gran empresa o fondo de inversión que aparece en tu territorio te da las migajas y se queda con pingües beneficios. Esto es economía extractiva igualmente, aunque venga acompañada de renovables.”

Comenta Pep Puig, miembre de EOLPOP.

El proyecto “Viure de l’aire del cel” es sin duda una fuente de inspiración que estimulará emprendimientos similares. A la vez, sería importante buscar fórmulas de gobierno participadas donde las comunidades locales se apropian del proyecto y de la tecnología. En este sentido, en Reino Unido, la cooperativa Energy4All (Energía para todos), acompaña a las comunidades que quieren poner en marcha un proyecto de producción con renovables con su experiencia profesional en el sector industrial, las finanzas, los trámites administrativos y el contexto jurídico. Su enfoque es hacer participar a las comunidades desde inicio en el proyecto para que lo sientan suyo, se empoderen y creen sus propias formas de organización. Esta manera de tratar los proyectos hace que se disipe el efecto NIMBY (del inglés "Not in my backyard", "no en mi patio trasero"), que provoca que las comunidades locales los rechacen porque los consideran ajenos a sus realidades, y asegura una mayor integración de los proyectos en los territorios.

5. Pobreza energética Los apartados anteriores del estudio tenían como finalidad conocer y profundizar en las características del modelo energético en Catalunya tanto desde su dimensión exterior como desde su gobernanza y sus posibilidades como espacio de transformación.

Comienza aquí la segunda parte del trabajo, que consiste en introducir el concepto de pobreza energética, las acciones que se han llevado a cabo en Catalunya para luchar contra ella y su relación con la desigualdad de género.

5.1 Definición de pobreza energética: causas y consecuencias En primer lugar, debemos decir que no hay un consenso claro a la hora de definir la pobreza energética. La definición más común es la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada o de disponer de servicios energéticos esenciales para garantizar unas condiciones de vida dignas.

Una definición más multidimensional sería la “incapacidad [de un hogar] de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía” (Bouzarovski y Petrova, 2015). Este planteamiento permite aunar el

concepto de privación térmica, económica y de disponibilidad, abordando la pobreza energética como un problema que afecta “por diferentes vías a las poblaciones vulnerables tanto de países del Sur como del Norte global” (Tirado, 2018).

Según el informe publicado por la Asociación de Ciencias Ambientales en abril de 2016 (de ahora en adelante, ACA), las consecuencias de la pobreza energética comprenden todos los aspectos de la vida de la persona que la sufre.

Del aspecto de la salud se derivan enfermedades causadas por el frío (problemas respiratorios, circulatorios o riesgo de hipotermia) con complicaciones severas en el caso de niños o gente mayor. Se asocia también la pobreza energética a un valor designado como el 30% de la tasa de mortalidad adicional en invierno, que a nivel estatal suponen 7.200 muertes anuales.

Aunque no hay evidencias empíricas contrastadas para España, este indicador está avalado por la Organización Mundial de la Salud.

En el aspecto económico, la pobreza energética a menudo se ve acompañada de dificultades para hacer frente a una vivienda digna o a una alimentación adecuada. Asimismo, comporta un riesgo evidente de exclusión social provocado por la propia situación de vulnerabilidad y por el estigma que comporta. La falta de acceso a los suministros energéticos influye muy negativamente en el desarrollo escolar de niños y adolescentes.

Finalmente, las consecuencias psicológicas sobre las personas afectadas son devastadoras y persisten durante años, derivadas de la incapacidad de mantener unas condiciones de vida dignas, sentimientos de exclusión y de impotencia que conducen a depresiones y otras enfermedades. Es de resaltar el acoso que sufren las afectadas que contraen algún tipo de deuda con las compañías y reciben numerosas llamadas de presión por parte de empresas de recobro.

Actualmente, no obstante, el trabajo de muchas organizaciones sociales se centra en ir a las causas que provocan esta situación y proponer las acciones necesarias para contrarrestarlas. Economics for Energy (2014) define tres causas principales: -

Bajo nivel de ingresos; las personas no pueden hacer frente a los costes que implica vivir en condiciones adecuadas y la pobreza energética va acompañada de dificultades para acceder a todos los bienes básicos vitales.

-

Eficiencia energética; el estado de deterioro y falta de aislamiento de muchas viviendas provocan que el coste necesario para mantener el hogar a una temperatura adecuada no sea asumible o que no existan las instalaciones adecuadas. Es importante no confundir este aspecto con incidir sobre “hacer un buen uso de la energía”. La estigmatización de la pobreza que sufre la sociedad actual lleva la opinión pública a juicios del tipo “tienen que ahorrar”, “consumen demasiado”, etc., pasando por alto una perspectiva de derechos que defiende proporcionar a todos las mismas oportunidades y capacidades. No se condena a las personas acomodadas por el sobreconsumo, pero se nos hace creer que la solución de la pobreza energética es reducir el consumo de familias con potencias mínimas instaladas que hacen equilibrios para llevar a término las necesidades de la vida diaria.

-

Impacto de la energía en el presupuesto familiar; el preámbulo de la Ley de Pobreza Energética 24/2015 nos indica que en Catalunya el precio de la luz se ha incrementado en un 60% y el del agua un 66%. Este hecho, junto con los impactos de la crisis en las familias con dificultades, afecta directamente la incapacidad de hacer frente a las facturas de suministros.

Por otro lado, el Vulnerable Consumers’ Group de la Comisión Europea establece los siguientes factores: Factor de mercado - Precio de la energía

Circunstancias individuales - Nivel de ingresos

-

Niveles de competencia del mercado energético

-

Estado de salud

-

Prácticas de venta

-

Habilidades internet

-

Facturas fáciles de entender

-

Educación

-

Métodos de pago disponibles

-

Edad

-

Calidad de los servicios de atención al cliente

-

Familias monoparentales numerosas

-

Parados y pensionistas

-

Falta de una red de soporte

Entorno - Estado de la economía -

Clima

-

Gobernanza

-

Mecanismos social

de

inclusión

y

acceso

a

o

Condiciones de la vivienda Calidad de la vivienda -

Eficiencia y tipo de sistema de calefacción

-

Ocupación de la vivienda

-

Régimen de tenencia

Fuente: Diputació de Barcelona (2016). La pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. Propostes d’actuació des de l’àmbit local. Sèrie Benestar i Ciutadania.

Analizar las causas de la pobreza energética es imprescindible para proponer soluciones que no deriven en actuaciones puntuales sino que se traduzcan en cambios estructurales. Analizando las propuestas anteriormente descritas vemos que, por un lado, es necesaria una rehabilitación (o incentivos a la rehabilitación) del parque de viviendas con bajos niveles de eficiencia energética; esto implica acabar con especulaciones inmobiliarias y garantizar la mejora energética para las viviendas y las personas que viven allí.

Se deben encarar también la impunidad y los abusos del oligopolio energético que han redundado en un gran incremento de los precios del gas, la luz y el agua en un contexto de empobrecimiento de la población. Abusos cometidos en connivencia con los poderes públicos que desvisten los suministros básicos de su carácter de derecho y actúan claramente en favor del oligopolio.

En palabras de Xavier Sobrepere, “¿Tiene sentido que un bien de primera necesidad, como es la energía, tenga el IVA (que es el impuesto menos progresivo de todos) más elevado posible? ¿Tiene sentido que las tres principales empresas energéticas – responsables de proporcionar un bien de primera necesidad a los ciudadanos- obtengan estos resultados operativos?”. Los resultados operativos a los que hace referencia son, por ejemplo, la inestimable cantidad de 11.861 millones de euros en el año 2012.

Si respondemos que no tiene sentido veremos que, si el Estado dejara de cobrar el IVA a las facturas de las personas afectadas y las empresas renunciaran a aproximadamente un 1,3% de su resultado operativo, la pobreza energética sería más sostenible a corto plazo y podríamos pensar en proponer un mercado eléctrico público, eficiente y más localizado, con el objetivo real de “proporcionar un bien de primera necesidad a los ciudadanos” o, mejor dicho, un derecho básico.

De hecho, tal como recoge el informe publicado por la Diputación de Barcelona 29, en mercados poco competitivos aumenta la vulnerabilidad del consumidor. En España la distribución eléctrica está dominada por cinco empresas que condicionan los precios finales; en ser las únicas que ofrecen las tarifas reguladas por el gobierno los consumidores tienen poco margen para salirse del oligopolio. A parte, la lectura de las facturas es a menudo compleja y dificultosa y las prácticas de venta puerta a puerta aumentan la vulnerabilidad de personas que pasan mucho tiempo a casa como parados o mayores de 65 años.

Por último, en referencia a las circunstancias individuales, hace falta saber cuáles son los factores que conducen las personas a una situación de pobreza energética, los factores de riesgo: un mercado de trabajo desigual, liberalizado y con condiciones poco seguras para los trabajadores; sueldos mínimos irrisorios y ayudas y pensiones insuficientes; un paro por sobre el 20%, etc.

Estos factores de riesgo determinan y conducen a la vulnerabilidad energética, que es el concepto central que trabajan las organizaciones actualmente y que incluye la concepción de dinamismo en el fenómeno de pobreza energética como un fenómeno temporal y no permanente en los hogares.

5.2 Pobreza energética en Catalunya: indicadores Dada la ausencia de consenso en la definición de pobreza energética resulta difícil establecer indicadores únicos y las cifras son variables en función de las premisas que se tengan en cuenta. Ello conduce a controversia ya que según el indicador elegido el escenario cambia y puede ser usado por instituciones y empresas para edulcorar la realidad. Este hecho nos demuestra, una vez más, la intencionalidad de los datos que a menudo se nos presentan como objetivos. Un ejemplo de ello serían los indicadores que el ACA nos propone a nivel estatal.

Un 10% de los hogares españoles se encuentran en dificultades si cogemos como baremo el indicador de pobreza energética del Reino Unido (indicador LIHC de ahora en adelante); es decir, que sus ingresos 29Diputació de Barcelona (2016). La pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. Propostes d’actuació des de l’àmbit local. Sèrie Benestar i Ciutadania.

una vez descontados vivienda y energía se encuentran por debajo del límite de pobreza monetaria y que su gasto en energía se encuentra por encima de la media equivalente en el Estado.

En cambio, si hablamos desde una perspectiva de “mínimos aceptables”, el 21% de los hogares (12,1 millones de habitantes), una vez pagados vivienda y energía, se encuentran por debajo de la Renta Mínima de Inserción – Minimum Income Standard –más alta del Estado Español (Euskadi) – indicador MIS2.

Como vemos, ambos indicadores tienen una variabilidad considerable del 10%; por otro lado, otro dato de uso común es el porcentaje de hogares que destinan más de un 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía. En el caso del Estado Español hablamos de un 15% de hogares mientras que, según un informe de Ivàlua de diciembre de 2016, en Catalunya se cifra en el 18,7%. Este indicador es útil para conocer la desproporción del gasto energético aunque contiene aquellos hogares que hacen un uso excesivo de la energía y no se encuentran en situación de pobreza energética.

Posiblemente los dos indicadores más usados en la actualidad y que reflejan mejor la situación de acuerdo con la definición del fenómeno sean el porcentaje de hogares que se declaran incapaces de mantener su casa a una temperatura adecuada en los meses de invierno y el porcentaje que declara retrasos en el pago de facturas, incluyendo las de energía.

Según los datos proporcionados por el último informe del Ayuntamento de Barcelona a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2016, podríamos resumir los indicadores en la tabla siguiente.

No pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno

Retrasos en el pago de las facturas de agua, gas y electricidad en los últimos 12 meses

% hogares

Personas

% hogares

Personas

Estado Español

10,20%

4.620.000

6,60%

7.300.000

Catalunya

9,10%

640.000

7,30%

470.000

Fuente: Elaboración propia a partir del informe del Ayuntamiento de Barcelona (Tirado 2018)

Cabe destacar en estos datos que, al contrario de lo que pueda parecer, en la ciudad de Barcelona se confirmó, en un análisis detallado de las encuestas, que el solape entre ambos indicadores es muy limitado (17 hogares de 899 en la ciudad), con lo que en ningún caso podemos afirmar que uno incluya al otro y debemos trabajarlos ambos.

5.3 La lucha contra la pobreza energética: Alianza contra la Pobreza energética La Alianza contra la Pobreza Energética nace en febrero 2014 de la necesidad de diversos colectivos de aunar sus fuerzas para combatir la pobreza energética. Si bien la iniciativa nace localmente en la ciudad de Barcelona pronto se reproduce en otros puntos del territorio catalán.

Los objetivos del APE son lograr el acceso universal a los servicios básicos para garantizar a todas las personas unas condiciones de vida dignas, parar el corte indiscriminado de servicios en hogares vulnerables y que las empresas asuman los costes de velar por un subministro básico de energía. Asimismo, exige transparencia en la publicación de datos -cortes realizados desde 2005 por ejemplo- y en la información a las usuarias.

El APE se basa en un proceso de empoderamiento de las afectadas que mediante asesoramientos colectivos quincenales, campañas de sensibilización y en redes y acciones directas conciencian de la necesidad de reconocimiento del derecho a la energía y hacen prevalecer sus derechos en la lucha contra la pobreza energética. La estrategia de la APE ha resultado ser muy incómoda a las grandes empresas energéticas, pero es esa misma visibilización del problema, y el hecho que la cuestión esté tan presente en los medios, lo que ha conseguido avances que las anteriores propuestas desde la sociedad civil o los ayuntamientos (con un enfoque más asistencialista con las familias y amable con las compañías) nunca antes habían conseguido.

En palabras de Mónica Guiteras, miembro de la Alianza, “el empoderamiento y la capacitación de cada persona que participa en el APE proviene de un vasto conocimiento colectivo donde cada uno es protagonista de su caso. De esta manera los periplos que cada persona afectada ha tenido que vivir para conseguir tener luz en su casa, o para dejar de ser perseguida por una deuda, se convierten en un aprendizaje para el grupo. La experiencia del APE proporciona evidencia del potencial de las respuestas de acción colectiva para transformar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad experimentadas individualmente.”

Las redes de solidaridad y resistencia ciudadana entre personas afectas dan la posibilidad de re-politizar la mitigación de la pobreza energética rompiendo fronteras previamente limitantes del debate político sobre los cortes de suministro, que lo relegaban a algo meramente técnico (Tirado y Bouzarovski, 2015).

5.4 Marco legal de la pobreza energética: el caso de la lay 24/2015 en Catalunya De manera análoga a la definición de pobreza energética, no existe tampoco una regulación única a nivel estatal que afronte la pobreza energética y nos encontramos con distintas ayudas en función del suministro.

En referencia al sector eléctrico, su publicó en 2017 el esperado Real Decreto 897/2017 del 6 de octubre que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica.

Dicho decreto aporta modificaciones sustanciales respecto al mecanismo anterior en materias como los descuentos ofrecidos, los consumidores que pueden acceder a ellos o el régimen de interrupción del suministro. La norma define por primera vez tres tipos de consumidores: el vulnerable, el vulnerable severo y el consumidor en riesgo de exclusión social, que según el nivel de renta tendrán un descuento en la factura del 25 o del 40%. Además, la última tipología estará protegida de corte siempre que los Servicios Sociales correspondientes hagan frente al pago de la mitad de la factura previa a los descuentos aplicados.

La segunda modificación remarcable que encontramos en la nueva regulación del bono social tiene que ver con los requisitos establecidos para poder acceder.

Después de esta reforma el nivel de renta pasa a ser el principal condicionante, ya que según los ingresos de la unidad familiar, el número de miembros de la misma y en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se tendrá derecho a uno de los dos descuentos ofrecidos. Otras situaciones, como por ejemplo el hecho de poseer un certificado de discapacidad o haber sido víctima de violencia machista o terrorismo, ampliarán la lava máxima permitida para facilitar el acceso al bono social a ciertos colectivos.

Además, se conservan los descuentos para familias numerosas y para unidades familiares las que todos sus miembros perciban pensiones mínimas y según el nivel de renta les permite acceder también al 40% de los consumidores vulnerables severos. Por lo tanto, de la anterior regulación dejan de encontrarse cubiertos los suministros con una potencia contratada inferior a 3 kWh y los hogares con todos sus miembros en situación de desempleo.

En tercer lugar, hay que destacar el nuevo procedimiento de interrupción de suministro cuando deriva de un impago. Este nuevo mecanismo afecta por igual a aquellos suministros que se encuentran en el mercado regulado (la tarifa llamada PVPC) como los que cuentan con los servicios de una comercializadora que opera en el mercado libre.

El Real Decreto establece un conjunto de obligaciones a las compañías eléctricas, que deberán enviar entre tres y cuatro comunicaciones antes de realizar el corte. Asimismo se amplía el periodo previo al corte a cuatro meses en el caso de los consumidores vulnerables acogidos al bono social, a diferencia de los dos meses con que cuentan el resto. De todas formas, hay que considerar que el plazo se inicia cuando la empresa tiene constancia de la notificación del primer requerimiento de pago.

El Real Decreto ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por una pluralidad de actores. Entre ellos, destacan la patronal UNESA, las principales compañías del sector (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP), la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) o el Ayuntamiento de Barcelona.

En Catalunya el Real Decreto convive con la Ley 24/2015 de 29 de julio de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Se trata de la ley sin duda más garantista de todo el Estado y que establece el principio de precaución por el que las compañías suministradoras de electricidad, gas y agua deben contactar con los Servicios Sociales municipales antes de realizar cualquier corte. Si la persona consumidora es considerada en riesgo de exclusión residencial (en función de sus ingresos) se deberá garantizar su suministro.

Si analizamos ambas regulaciones desde la perspectiva de derechos de la ciudadanía podemos poner en consideración diversos factores. En primer lugar la

Ley 24/2015 es producto de una ILP elevada al Parlamento por colectivos y movimientos sociales: “fue construida gracias al conocimiento "en terreno" que estas organizaciones y movimientos sociales tenían de primera mano por parte de las personas afectadas. Las urgencias que el día a día había mostrado se plasmaron en el borrador con la ayuda de expertos juristas, también miembros de estas organizaciones, a la vez que se compartía el contenido y la estrategia con las bases de las plataformas y movimientos sociales” (Guiteras, 2018). Una ley, por lo tanto, construida desde abajo hacia arriba.

Otra cuestión relevante es donde ponemos el foco de la responsabilidad, si en el consumidor vulnerable que debe ser seguido por los Servicios Sociales para evitar un corte (Real Decreto) o en las empresas e instituciones que es a quienes se obliga a comunicarse para conocer la situación de las familias (ley 24/2015) Es fundamental, para luchar contra la estigmatización de la pobreza, no hacer recaer el foco de la responsabilidad en el hogar vulnerable sino hacer valer la responsabilidad de las instituciones como garantes de derecho y la de las empresas como proveedoras de un bien que es indispensable para garantizar condiciones dignas de vida.

Cabe decir también que el Real Decreto, como decíamos, ha sido recurrido por el Ayuntamiento de Barcelona que denuncia que mediante sus nuevos baremos dejará fuera del bono social un 43% de los hogares que actualmente están acogidos a él y elevará en 1,67 millones de euros el coste de los Servicios Sociales que son obligados por la norma a financiar el 50% de las facturas de hogares vulnerables.

6. Género y energía En febrero 2018 tuvo lugar en Bilbao un encuentro en el que bajo el cartel “Género y Energía” mujeres vinculadas al sector energético de todo el Estado Español ratificaron la necesidad de una transición energética desde una óptica ecofeminista. Esta necesidad surge del análisis de un sector profundamente androcéntrico en su gestión, que funciona bajo una lógica de mercado liberalizando el acceso a una necesidad básica y un derecho como debiera ser la energía y que contiene desigualdades inherentes que generan fenómenos de exclusión como la pobreza energética.

En palabras de Maitane Arri, miembro de Ekologistas Martxan, en un entrevista a Radio Nacional, “hay una falsa dicotomía que dice que hay que elegir entre expertos o mujeres que hablen de energía y no, esa dicotomía es completamente falsa, tenemos muchas mujeres expertas que han visibilizado su trabajo y quieren conocer qué otros aspectos hay en el ámbito de la energía”.

6.1 Mujeres y sector energético La Xarxa per la Sobirania Energètica nos proporciona, en su libro colectivo Tenim Energia, en el capítulo Energía, género y miradas feministas, algunos datos relevantes para analizar la presencia de mujeres en los diferentes ámbitos de gestión del sector energético.

Según un estudio publicado por Ernst&Young en 2016, solo el 16% de los lugares en el consejo de administración de las 200 empresas más relevantes a nivel global en el sector de la energía eran mujeres. Si hablamos de cargos con poder ejecutivo o de decisión real en dichas empresas el porcentaje baja al 5%.

En el sector público, en el Gobierno del Estado, la cartera de Energía nunca ha sido ocupada por una mujer y, en el sector académico, en la Universidad Politécnica de Cataluña, los hombres ostentan un 90% de las cátedras y conforman el 75% del profesorado, según datos del último anuario estadístico realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2017). De entre las publicaciones accesibles en el apartado de energía de la web del Real Instituto Elcano, uno de los think tank más influyentes de España, sólo un 20% están firmadas por mujeres.

Es importante resaltar también, en cuanto a divulgación, la composición de los paneles de los años 2016 y 2017 de los Encuentros Anuales del Sector Energético en que intervenían 2 mujeres y 50 hombres.

Estos datos nos confirman que la gestión y el proceso de toma de decisión del sector energético está profundamente masculinizado; sin embargo, las mujeres están efectivamente relacionadas con dicho sector en términos de uso y dependencia.

En el gráfico expuesto a continuación podemos ver cómo las mujeres dedican semanalmente el doble de horas (casi dos diarias, en concreto) al hogar y la familia; es decir, la responsabilidad del hogar e hijos aún recae mayoritariamente sobre la mujer. Los cuidados y el hogar son actividades en las

que resulta fundamental disponer de agua, en cantidad y calidad adecuadas y energía para cocinar, para mantener el hogar a una temperatura adecuada y para garantizar un buen desarrollo de niños/as y jóvenes.

Object 17

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatori IQ

Esto no solo ocurre en términos de distribución horaria semanal en ambos géneros sino que también se ve reflejado en la distribución de la actividad laboral, también según género.

De nuevo, el rol de cuidados es asumido también por las mujeres en su aspecto laboral, vinculándolas de nuevo estrechamente a la energía doméstica para generar condiciones de vida dignas.

Debemos destacar también que, tal y como se pudo observar en el encuentro Género y Energía de Biblao, si hay mujeres expertas y vinculadas con el sector, mujeres que demandan una mirada diferente sobre el modelo energético. No hablamos solamente de paridad en la gestión, sino de un modelo que no se sustente en la lógica de mercado y no invisibilice los trabajos de cuidados. Un modelo cíclico que incluya la sostenibilidad ambiental en sus premisa básicas y elimine las externalidades negativas en el Sur global y la pobreza energética; un modelo con una mirada feminista que nos aleje del capital y del bien de

consumo y nos conduzca al derecho y al respeto e inclusión de los cuidados y del medio ambiente.

Quizás una de las peores externalidades negativas del modelo, presente tanto en el Sur global como en el Norte, sea la pobreza energética. Sobre este fenómeno y su vinculación con la desigualdad de género nos ocupamos en el siguiente apartado.

6.2 Desigualdad de género y pobreza energética Para abordar la relación entre desigualdad de género y pobreza energética deberemos tener en cuenta varios de los factores analizados anteriormente; factores como la masculinización de la toma de decisiones en el sector de la energía, como el aspecto multidimensional de las causas de vulnerabilidad energética y como la vinculación horaria y laboral de las mujeres al consumo de energía doméstica.

La pobreza energética está muy ligada a la vulnerabilidad económica de los hogares. En el estudio de las causas de la vulnerabilidad debemos hablar del proceso de feminización de la pobreza que se está dando desde la crisis del 2008 (aproximadamente) entre la población.

La tasa de riesgo de pobreza desagregada por género en Catalunya en el año 2015, extraída de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, es de un 18,9% en varones y un 19% en mujeres. De esto podríamos deducir que no existe la "feminización de la pobreza", puesto que hay sólo un 0,1% de diferencia. La pregunta es, así como destacan el Crític y otros estudios realizados por entidades como el Observatori del Tercer Sector, cómo se construye el indicador.

La Encuesta de Condiciones de Vida proporciona datos de ingresos para cada hogar encuestado: posteriormente, estos ingresos se dividen entre los miembros adultos que conforman el hogar (aplicando una corrección sobre la base de personas tanto mayores como menores de edad o dependientes). Esto implica suponer que los ingresos se reparten equitativamente entre los adultos en el hogar y también implica que en el indicador final la percepción es que el ingreso

por persona es igualitario. Según un extracto de Francesc Valls et al., 2009, "la adopción del hogar como unidad de análisis en el estudio de la pobreza hace difícil observar lo que sucede al interior de este (Tortosa, 2001). Este mecanismo supone que las relaciones entre hombres y mujeres dentro del hogar son asuntos de pareja y no relaciones de tipo sistémicas y, por lo tanto, considera que todas las personas en un hogar disfrutan de las mismas condiciones de vida y del mismo grado de control sobre éstas. Entonces, los mecanismos de medida de la pobreza tradicionalmente olvidan las relaciones de explotación, discriminación, marginación o dominación ocasionadas por el hecho de que las relaciones entre los géneros son asimétricas, es decir, parten de posiciones desiguales. (Brunet et al., 2008) ".

Lo más curioso es que, una vez hecha esta división basada exclusivamente en criterios matemáticos que esconde las desigualdades de género, se ofrecen unos datos finales oficiales desagregados de nuevo por género que enmascaran una realidad muy diferente.

La Cátedra de Inclusión Social de la Universidad Rovira i Virgili propone otro indicador para evaluar el riesgo de pobreza, la tasa de riesgo de pobreza bajo el supuesto de autonomía, que se calcula en base a los ingresos individuales. En este caso, obtendríamos una tasa de riesgo de pobreza de un 25,7% en hombres y hasta un 49,7% en mujeres.

A ello debemos sumarle la existencia en Catalunya de una brecha salarial recogida en el siguiente gráfico:

Object 20

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2015

Por otro lado, las políticas de reforma laboral de carácter neoliberal aplicadas durante la crisis no han hecho sino ahogar aún más la situación de la mujer en el mercado laboral; recordemos que un 21,67% de las mujeres trabaja a tiempo parcial frente un 7,07% de los hombres (IDESCAT, 2015) viviendo, por tanto, con sueldos y condiciones más precarias e inestables.

Más allá de los datos generales, podemos ahondar también en las interseccionalidades y asi detectar colectivos con una vulnerabilidad más elevada. Un primer grupo identificable y perfectamente visible a través de la tasa de riesgo de pobreza por composición del hogar (IDESCAT, Catalunya 2015) es el de un adulto con uno o más hijos a cargo, con un porcentaje del 34,1%. En Catalunya, en el 80% de los hogares de estas características el adulto es una

mujer; por tanto, una de cada tres mujeres de un hogar monomarental se encuentra en riesgo de pobreza. Las familias monomarentales son, pues, un grupo especialmente vulnerable.

En el gráfico siguiente podemos destacar dos colectivos más en situación de riesgo: las mujeres jubiladas y las que se dedican a las tareas domésticas.

Object 23

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatori IQ

Dentro del grupo de trabajadoras destacamos también aquellas que lo hacen dentro del sector de servicio doméstico. A nivel estatal, según el Informe Sombra de la CEDAW, el 95% son mujeres y el 60% inmigrantes. Cabe decir que dentro del colectivo de mujeres inmigrantes, el paro era de un 36,6% el 2013, diez puntos por encima de la media femenina.

A partir de estos datos podemos afirmar sin duda una clara feminización en la vulnerabilidad económica que es el principal desencadentante de la pobreza energética. Podemos contrastar estos valores con datos desagregados por género proporcionados por el Ayuntamiento de Barcelona sobre receptoras de ayuda por pobreza energética.

Object 25

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSS

Claramente podemos concluir que tanto por distrito como por franja de edad el número de mujeres beneficiarias de ayudas es muy superior: un 70% de las mismas fueron concedidas a mujeres.

Al no tener datos sobre la situación familiar de estas mujeres, no podemos asegurar que, a pesar de que ellas sean las titulares de la ayuda, no haya hombres que sufran la misma situación. De todas formas, son un punto de partida que confirma los datos presentados anteriormente y la hipótesis que trabajamos; cuanto menos, demuestran que la responsabilidad (tiempos, estigmatización, gestión) recae mayoritariamente sobre las mujeres.

Podemos concluir por lo tanto que el género es un factor de riesgo para sufrir pobreza energética por la marcada feminización de la vulnerabilidad económica y, a partir de los datos relacionados con la distribución -laboral y temporal- de los cuidados vistos en el apartado anterior, podemos asegurar también que las consecuencias del fenómeno de pobreza energética son especialmente duras en mujeres por su vinculación con el uso de energía doméstica para garantizar condiciones de vida digna.

CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente estudio arrojan un primer factor a tener en cuenta: Catalunya padece una doble dependencia energética, depende de recursos no renovables que, además, tienen que ser importados. Su mix energético se basa en las importaciones de petróleo, gas natural y combustible nuclear que suponen más del 90% de la energía primaria. El sector del transporte representa el 40% del consumo final de energía y la energía nuclear más del 50% del mix eléctrico.

En segundo lugar, el sector energético en Catalunya está dominado por grandes corporaciones privadas que ejercen su hegemonía y se muestran hostiles hacia cualquier cambio que les pueda suponer la pérdida de su posición: Endesa, Repsol y Gas Natural.

En tercer lugar, Catalunya no tiene competencias para definir un modelo energético propio y no puede tomar decisiones en este sentido. Y aunque así fuera, los gobiernos de la Generalitat hasta el momento, se han mostrado ambiguos y alineados con el régimen fósil.

Por tanto, abogar por un gobierno energético en Catalunya que camine hacia la soberanía energética popular supone, por un lado, reducir drásticamente la dependencia fósil y del exterior, por otro lado, disputar la hegemonía a las grandes corporaciones energéticas, y nuevos espacios de soberanía a parte de la autonómica o nacional. también Generalitat y Estado. + espacios en el sector eléctrico + local Cuidao con la profundización del mercado!

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