Derechos Humanos la doctrina de AI a través del esfuerzo combinado de la fuerza legítima, la política social y las acciones de las demás instituciones del Estado y de la sociedad civil”. Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP), establece que “se ejecutará un plan estratégico de AI para dar protección a la población en zonas con mayores grados de deterioro en seguridad
y prepararlas para la llegada de todas las instituciones del Estado”. En el mismo sentido, la Guía de Planeamiento Estratégico de las Fuerzas Militares de Colombia, vigente entre 2011 y 2014, establece como una de las estrategias de la PISDP, “El fortalecimiento de la AI en aquellas zonas donde aún se conservan condiciones críticas de violencia, con el fin de hacer de las Fuerzas Militares el primer enviado del Estado a ofrecer alternativas de vida
a ciudadanos que han estado por décadas bajo el control de los terroristas”. En esa medida se pretende que mientras se recupera la seguridad, se vayan preparando las demás condiciones necesarias para la llegada del conjunto del Estado y se evite el regreso de los agentes generadores de violencia.
El Ejército y la Consolidación Durante más de cuatro décadas el país ha estado so-
metido a la violencia de distintos grupos armados al margen de la ley, algunos de los cuales se han convertido en verdaderos carteles de narcotráfico. Esta situación, como ya se mencionó representa una dificultad a la hora de negociar la finalización del conflicto. ¿Qué se puede ofrecer a un grupo ilegal para que abandone su actividad delictiva, cuando ella representa cuantiosos ingresos? Aunque se logre terminar con las hostilidades, el efecto remanente del narcotráfico será uno de los
principales desafíos para lograr la consolidación del Estado. En este primer aspecto, la participación del Ejército es definitiva. Unidades como la Brigada Especial Contra el Narcotráfico tendrán que ser fortalecidas para enfrentar una amenaza cuya neutralización ha requerido del trabajo conjunto de la Fuerza Pública. Enfrentar las bandas que resultarán de la atomización de los grupos guerrilleros será, en una fase final, una actividad eminentemente policiva. Pero la consolidación del poder del Estado en las zonas donde el narcotráfico alcanzó grandes proporciones, corresponderá inicialmente al conjunto de las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército. El secuestro y la delincuencia organizada serán otros aspectos que requerirán de la participación de la Fuerza durante la primera fase de la consolidación. De manera similar a como ocurrirá con el narcotráfico, aquellos delincuentes que hoy viven del secuestro y la extorsión, continuarán con sus prácticas delictivas y conformarán pandillas dedicadas a financiarse con esos delitos. Mientras el control de estas bandas exceda la capacidad de la Policía Nacional, el apoyo del Ejército será indispensable. La consolidación no será posible sin que confluyan todos los poderes del Estado en apoyo a la seguridad; por ello se requiere la presencia de los organismos que representan la institucionalidad de Colombia. De ahí que la justicia debe ser una de las primeras garantes del proceso y los servicios que ofrece el Estado a los ciudadanos deberán llegar progresivamente durante la etapa de consolidación.
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