Cholula, Puebla, a 14 de diciembre de 2021.
Declaración y pliego petitorio de la Comunidad UDLAP
Exigimos la entrega inmediata de nuestro campus a la rectora interina Dra. Cecilia Anaya Berríos. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos del gobierno del Estado con la comunidad UDLAP.
Declaratoria de la Comunidad UDLAP Desde la toma violenta del campus universitario de la UDLAP el pasado 29 de junio, nuestras autoridades legítimas han trabajado por resolver este conflicto a través de los canales determinados por la Constitución y las leyes. De esta forma, el pasado 15 de julio se otorgó una suspensión provisional a favor de nuestra universidad ordenando restituir el control de las cuentas bancarias y la devolución del campus a la administración encabezada entonces por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. El 4 de noviembre este mandato judicial fue reafirmado por el juzgado 24 de la Ciudad de México al otorgarse una suspensión definitiva a favor de la UDLAP, mandato que se ha cumplido solo parcialmente con la posesión de las cuentas bancarias, porque nuestro campus continúa secuestrado por un patronato y una rectoría espurias. La comunidad UDLAP ha actuado todos estos meses respetando los tiempos y procedimientos legales, a pesar de enfrentar prácticas dilatorias reiteradas en las distintas instancias judiciales. Las autoridades legítimas de la UDLAP han obtenido resoluciones favorables en el ámbito federal que, sin embargo, en cuanto los documentos oficiales llegan al estado de Puebla han sido ignorados y no se han cumplido. Esto representa la deliberada violación de los derechos humanos a la justicia y a la educación establecidos en nuestra constitución, al igual que actos que corrompen profundamente el sentido del debido proceso y el acceso a la justicia. El pasado 27 de octubre, dicho juzgado 24 emitió un exhorto ordenando la devolución inmediata de nuestro campus a la Dra. Cecilia Anaya Berríos, rectora interina, el cual fue entregado el 7 de diciembre al Juzgado de Exhortos del estado de Puebla con conocimiento del Tribunal Superior de Justicia del estado. Sin embargo, la jueza María de Lourdes López Herrera del Juzgado de Exhortos del Estado, determinó regresarlo al juzgado 24, y en lo que es a todas luces una práctica dilatoria, lo envió por correo ordinario. En ningún momento se otorgó recurso legal o explicación alguna de este hecho a la UDLAP como parte agraviada. Esta conducta, arbitraria e irregular, representa un nuevo agravio a los derechos de la comunidad UDLAP. La decisión de la jueza María de Lourdes López Herrera de no hacer cumplir el exhorto y devolverlo en forma arbitraria al juzgado 24 de la Ciudad de México y, atenta en contra del principio pro persona y la responsabilidad que tienen todos los servidores públicos de proteger los derechos humanos garantizando su aplicación más amplia en favor de la parte agraviada, la UDLAP. Acto que además tuvo lugar inmediatamente después de que los secretarios de Gobernación y de Educación de Puebla, la Dra. Ana Lucía Hill Mayoral y el Dr. Melitón Lozano Pérez, se comprometieron ante la Comunidad UDLAP a devolver el campus a la administración encabezada por la Dra. Cecilia Anaya Berríos. La ley debe respetarse, la justicia debe prevalecer en Puebla. En nuestro país y en el estado de Puebla no puede haber espacio para la corrupción, la violación de la ley y de los derechos humanos. El gobierno del estado tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Todas las autoridades tienen el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Las autoridades de la UDLAP han actuado respetando el principio de legalidad y han seguido los procesos legales para obtener la restitución de nuestro campus y para garantizar el regreso a nuestras actividades académicas presenciales en condiciones de normalidad. Ahora corresponde a las autoridades del estado de Puebla actuar en consecuencia, hacer cumplir la ley y respetar la palabra dada el 9 de diciembre del presente.